Agencia Uno
Por Ladera Sur
15 de Septiembre, 2020
Científicos examinaron 1035 artículos periodísticos publicados entre 2004 y 2018, e identificaron 238 proyectos industriales, relacionados mayormente con minería y energía, que amenazan a los ecosistemas naturales y bienestar humano. El estudio, que reveló una disociación entre conservación biológica y políticas públicas, también generó un ranking con los 10 proyectos más conflictivos, siendo Pascua Lama el primero de la lista. Desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad nos cuentan los detalles a continuación.

Un verdadero mapeo y análisis de conflictos socioambientales a lo largo de Chile, que abarca 15 años de exploración, es el que realizó un equipo de ecólogos y estudiantes de postgrado de la Región de Coquimbo.

El estudio, publicado en la revista científica Environmental Science and Policy, analizó 1035 artículos periodísticos, divulgados entre 2004 y 2018, que abordaron esta temática. Utilizando como frase clave “conflicto ambiental”, los investigadores identificaron 238 proyectos industriales que aparecieron en artículos de prensa y que documentaban los conflictos surgidos entre éstos y las comunidades circundantes. Estos relatos, generalmente, involucraban zonas y población afectada por la contaminación generada por los proyectos -mayormente del área minera y energética-, o bien, abordaban la alarma ocasionada por iniciativas en vías de aprobación o ejecución.

©Cortesía Fundación Terram

La investigación, realizada por científicas y científicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, Universidad Católica del Norte (Coquimbo), Universidad de La Serena, y Núcleo Milenio ESMOI, buscó entender si estos proyectos constituían no sólo una amenaza al bienestar humano, sino también a la biodiversidad de nuestro país.

“En este trabajo, realizado con nuestro equipo de biología de la conservación, también quisimos ver si esas percepciones tenían una relación con las Áreas de Alto Valor para la Conservación en Chile (AAVC), es decir, áreas protegidas o lugares reconocidos por su alta biodiversidad. Y ahí estuvo la sorpresa. Vimos que uno de cada tres proyectos estaba dentro de éstas. Por otro lado, nos percatamos que la mayoría de los conflictos medioambientales se referían a zonas de sacrificios, donde las personas son directamente afectadas”, explica Francisco Squeo, investigador del IEB.

Termoeléctricas en Ventanas ©Claudia Pool
En ese contexto, el documento señala que los impactos directos e indirectos de las actividades industriales sobre la biodiversidad, afectan los sistemas naturales, generando destrucción de hábitat, el arribo de especies invasoras, enfermedades, contaminación y mayor liberación de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático.

De acuerdo a ello, el trabajo también advierte la existencia de una disociación entre la actividad económica y los esfuerzos de conservación del país, lo que según los autores es un desafío fundamental a resolver.

Puntos críticos y top 10

Los proyectos pesquisados a través de la prensa -en curso, paralizados o considerados a futuro-, también fueron clasificados por sector productivo – 14 en total- y origen del financiamiento, nacional, internacional o mixto. Además, se estableció un ranking para definir las zonas de Chile con mayor presencia de proyectos en Áreas de Alto Valor para la Conservación. Asimismo, se determinó cuáles iniciativas productivas específicas eran las más mencionadas y divulgadas por los medios.

Salmonera (referencial) ©Gonzalo Zúñiga
Las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Los Lagos concentraron el mayor número de proyectos dentro de las Áreas de Alto Valor para la Conservación, seguido por las regiones del Bío Bío y la Araucanía. En tanto, se estableció que el polémico proyecto minero Pascua Lama -situado en Atacama y clausurado el año 2018 por la Superintendencia de Medioambiente-, era el número uno de lista, con un total de 68 artículos que lo mencionaban. Enseguida, se ubicó el proyecto minero-portuario Dominga, en la Región de Coquimbo, con un total de 65 apariciones.

Debajo de éste, se identificó a Hidroaysén, con 48 publicaciones, y luego los siguientes: Minera Los Pelambres (Coquimbo), Parque Industrial Quintero – Puchuncaví (Valparaíso), Mina Invierno (Magallanes), Planta de Cerdos Freirina (Atacama), Alto Maipo (RM), Planta Celulosa Valdivia (Los Ríos), y la Planta de tratamiento de residuos industriales de Til Til (RM).

Conflictos socioambientales por región – Gentileza IEB

“Tanto Pascua Lama como Hidroaysén son proyectos que se ubican en lugares más bien remotos. Sin embargo, éstos son percibidos por la comunidad como problemas ambientales serios. En el caso de Dominga, que es el único proyecto marino -terrestre, vemos que éste sí afecta directamente a la población que habita el territorio. Por otro lado, cuando cruzamos la información, también observamos que la presencia en medios de comunicación también es mayor cuando las iniciativas si se sitúan donde hay más cantidad de población, como es el caso de la Región Metropolitana y la de Valparaíso”, comenta el investigador del IEB.

Barrick Gold, con su proyecto minero Pascua Lama, ya tiene un historial en la destrucción de glaciares. ©www.elciudadano.com

¿Cuáles son las principales contribuciones que esperan lograr con esta investigación? Francisco Squeo señala que, pese a los esfuerzos y creación de estrategias y políticas medioambientales, como país aún no estamos cumpliendo con los estándares internacionales de conservación y que, en muchos casos, la compensación para ello es crear áreas de sacrificio, un tema altamente conflictivo. Es por ello que para el ecólogo, una de las alternativas es darle prioridad a las Áreas de Alto Valor para la Conservación que estén cercanas a zonas de conflictos socioambientales. “Pero para esto, es necesario que se puedan resolver esos conflictos”.

Los impactos en la biodiversidad

El estudio señala que la mayor cantidad de proyectos generadores de conflictos se ubicaron en la región de Antofagasta, con un total de 42, seguida por Valparaíso, con 36 proyectos. Ambas regiones estuvieron dominadas por conflictos de la industria energética y minera. Las regiones que siguieron con el mayor número, fueron Bío Bío y Los Lagos (9,5% cada una), la Metropolitana (9,2%) y Coquimbo (8,5%).

Del resto de los sectores productivos, se destacaron la pesca y la acuicultura, los puertos, las instalaciones de fabricación y las de saneamiento ambiental. También, se estableció que el 46% de los proyectos eran propiedad de empresas de capital chileno y que de éstos, el 77% era de origen privado.

En ese contexto, Squeo también destaca los conflictos medioambientales que afectan principalmente a población indígena del sur de Chile, asociados mayormente al sector forestal, y la instalación de plantas de celulosa.

Tala para plantación forestal ©Matías Barceló

Respecto al impacto de las actividades extractivas sobre la biodiversidad, el estudio explica que todas éstas generan algún tipo de residuo que no siempre recibe un tratamiento adecuado, siendo esta “basura”, una amenaza transversal tanto en ecosistemas terrestres como marinos. El sector energético, que incluye centrales térmicas e hidroeléctricas, afecta los ciclos migratorios de especies acuáticas y ocasiona la muerte de muchos organismos, debido a cambios de temperatura del agua u otros factores. Estas instalaciones también promueven la liberación de sustancias tóxicas al agua y la atmósfera, y facilitan el desarrollo de lluvias ácidas.

En tanto, la minería elimina especies de flora, degrada los suelos, y contamina aguas y glaciares con metales pesados y otras sustancias tóxicas, que también afectan la salud humana. El ruido de perforaciones y tronaduras también tiene efectos negativos, ya que puede ahuyentar a los animales y degradar hábitats.

Con todos estos antecedentes, los autores del estudio enfatizan en que la reducción de la deuda ambiental también requiere de la voluntad política para implementar soluciones adecuadas, a partir del análisis de los sistemas socioecológicos, y una eficaz gobernanza ambiental que incluya una mayor vigilancia, fiscalización y participación ciudadana. Todo esto, considerando la demanda ciudadana por el bienestar, el acceso equitativo a la naturaleza y sus servicios, y los valores intrínsecos de la biodiversidad.

Desarrollan mapeo de conflictos socioambientales en Chile y analizan su impacto en la biodiversidad

16/09/2020
Legisladores de oposición buscan que la iniciativa se ponga en votación la primera semana de octubre.

Pese a que lleva varios meses detenido el proyecto de ley con el que se busca definir la protección de los glaciares que hay en el país, sigue existiendo movimiento alrededor de la moción. La comisión de Minería del Senado dio inicio a las reuniones de los asesores de cada uno de los congresistas, con el objetivo de llegar a acuerdos que destraben la situación.

Dichos encuentros se dieron por una solicitud del senador Alejandro GarcíaHuidobro (UDI), buscando aunar criterios, luego del nulo avance que existió cuando se intentó tramitar el proyecto. En la instancia, si bien participan asesores de cada uno de los senadores de la comisión de Minería, también se sumó el exsubsecretario de Minería Ricardo Irarrázabal, quien trabaja con GarcíaHuidobro. También se suma el presidente de la comisión de glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, Jaime Illanes.

Los demás senadores son representados por el abogado Matías Ortiz en el caso de Guido Girardi (PPD); Leonardo Contreras, con el senador Rafael Prohens (RN); Alejandro Sánchez, por el senador Álvaro Elizalde (PS); y Rodrigo Vega, con la senadora Yasna Provoste (DC). Mientras que por el Ejecutivo, está el jefe del Departamento de Asuntos Legislativos de Minería, Felipe Curia. La idea del Gobierno es que se logre una normativa que proteja a estos depósitos, pero que sea compatible con la actividad económica, especialmente la minería, industria que se vería afectada de prosperar un proyecto como el original.

Por otra parte, senadores de oposición buscan medidas más restrictivas, estando en disputa la protección de la zona periglaciar, que incluye a las cercanías de los depósitos, pero que incluso puede extenderse por varios kilómetros. Según trascendió, el principal eje en discusión de las primeras sesiones ha estado sobre los objetos de protección, enfocados en el resguardo del ambiente periglaciar y el permafrost. Sin embargo, no ha habido consensos.

Según cuentan fuentes conocedoras, en un inicio hubo acercamientos respecto a que se iba a detallar tanto la protección de glaciares, permafrost y ambiente periglaciar como objeto de protección independiente, pero durante las últimas sesiones hubo un retroceso, luego de que se cuestionó si se pueden fijar esos tres objetos de manera genérica, sin tener estrategia de protección específica para cada uno.

“Esta es una prioridad absoluta, porque estamos entrando en una etapa de colapso hídrico desde Copiapó al sur, y el escenario que viene por el cambio climático es malísimo. Los glaciares hoy no están protegidos y el Gobierno busca mantener una lógica de intervención de glaciares”, sostiene el senador Girardi, uno de los impulsores de la iniciativa, quien confirmó que enviarán una carta al presidente de la comisión para que el proyecto sea votado durante la primera semana de octubre.
Fuente: El Mercurio

Senadores impulsan comisión para avanzar en proyecto de protección de glaciares

Desde la Seremía de Salud, informaron que empresa ya había dejado de funcionar por otro foco.
10/09/2020
(El Diario de Atacama) Luego del brote y contagio de 72 trabajadores mineros de una empresa contratista y subcontratista, que presta servicios a Candelaria, desde la Seremía de Salud explicaron que hubo incumplimiento del protocolo 594, que dice relación a la obligación de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los más de 600 trabajadores que podrían haberse contagiado en el lugar, por lo que la empresa debe cumplir los puntos encomendados por la autoridad sanitaria para volver a su funcionamiento.

Condiciones sanitarias
Durante la jornada del martes, fue el mismo seremi de Salud de Atacama, Bastián Hermosilla, quien confirmó que todo esto comenzó cuando detectaron una cantidad de casos positivos el fin de semana, quienes estaban asociados a esa empresa.

“Desde la vigilancia activa de los casos, como nuestro equipo revisa detalle a detalle, los antecedentes de los casos nuevos, pudiendo identificar factores comunes a los casos nuevos, determinando que existe una cantidad personas asociadas a un espacio de trabajo”, sostuvo.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]https://www.diarioatacama.cl/impresa/2020/09/10/full/cuerpo-principal/5/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=6

“Estamos en la segunda semana de septiembre y no hay dictamen.”

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El 2 de agosto de 2019 los jueces del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta llegaron a acuerdo sobre el fallo que confirmaría el Cierre Definitivo o no del Proyecto Pascua Lama por las faltas gravísimas en materia ambiental cometidas por la empresa Barrick. A más de un año y con diversos anuncios intermedios por parte del propio Tribunal sobre la pronta divulgación del fallo, no entendemos la razón de esta demora.

El último anuncio vino del propio presidente del Tribunal: el fallo se daría a conocer en agosto. Pero ya estamos en la segunda semana de septiembre y no hay dictamen. Ante esto, con fundada preocupación, declaramos lo siguiente a la opinión pública:

1- La evidente incertidumbre jurídica derivada del caso aumenta ostensiblemente con avisos oficiales incumplidos. Según la ley, el Tribunal dispone de un mes para redactar el fallo una vez tomado el acuerdo. En agosto de 2019 el Tribunal avisó que se demoraría cuatro meses, pero ya hemos superado un año de espera. Aunque entendemos que la crisis sanitaria ha perturbado el funcionamiento de todas las organizaciones, no es menos cierto que los Tribunales deben cumplir su quehacer en los tiempos y en la forma que los rigen, actuando con transparencia en cada una de las fases del proceso, sobre todo en un caso de tanta notoriedad pública como este.

2. Esta incertidumbre aumenta aún más considerando que Barrick es conocida por su manipulación e influencia a todo nivel en nuestro país. Incluso estando sancionada, ha mantenido gran notoriedad pública (particularmente en la Provincia del Huasco) durante este período, entregando donaciones y sumándose a campañas y proyectos ligados a la reactivación económica. No podemos dejar de ver en ello evidentes presiones y aprovechamiento político de la actual pandemia, en un afán por aparecer como benefactora para que las autoridades correspondientes la excusen de sus faltas y le permitan “legal y arbitrariamente” seguir explotando la naturaleza, destruyendo glaciares, flora y fauna, y contaminando las aguas.

3. Particularmente, muchas autoridades de Gobierno –desde el presidente de la República hasta alcaldes locales– han prestado su apoyo a Barrick, situación que ya hemos denunciado. Más que agradecimientos, parecen verdaderas campañas de limpieza de imagen con la presencia de autoridades en ceremonias ampliamente cubiertas por los medios de comunicación.

4- Expresamos con fuerza y convicción que las pruebas contundentes de daños gravísimos a los ecosistemas y comunidades de este Valle provocados por Barrick, y que están comprobados en la exhaustiva investigación realizada durante cinco años por la Superintendencia del Medio Ambiente, obligan al Tribunal Ambiental a ratificar el cierre definitivo de Pascua Lama. Como comunidad que se resiste a morir, no podemos aceptar otro resultado.

5. Seguimos en alerta máxima, esperanzados en que la tortura que ha significado este proyecto termine de una vez por todas. Continuamos con la campaña por el Cierre Definitivo de Pascua Lama y seguimos pidiendo más que nunca todo el apoyo de las comunidades y pueblos hermanxs para que por fin se CLAUSURE ESTE PROYECTO DE MUERTE y nunca más se vuelva a replicar algo similar en otro lugar. Para hacerte parte de la campaña, sigue a la Asamblea Guasco Alto en Facebook e Instagram.

¡Fuera de Chile, Perú y Argentina, Fuera la Barrick de América Latina!

EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO #CierreDefinitivodePascuaLama

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

Contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Análisis
Por: Francisco Contreras / Ingeniero Ambiental / 03.09.2020

Los organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna que evidencia la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos.

En julio pasado se inició un procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y una demanda por daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que sintetizan de manera dramática lo que ocurre con la fiscalización ambiental en el país.

A continuación, se presentan brevemente ambos casos.
Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (MNT)

En el caso de MNT, las actividades de extracción de aguas subterráneas fueron aprobadas ambientalmente, el año 1997, a través de un EIA, por un periodo de 21 años.

En el EIA se comprometió un máximo umbral de descenso en el nivel del acuífero de 25 cm para evitar la afectación de la vegetación azonal en el sector de Tilopozo, y, se reduciría a menos de 21 años la actividad de extracción de aguas en caso de superarse dicho umbral.

Esta evaluación dio pie para que el año 2001 la DGA implementara una Plan de Alerta Temprana (PAT) en el área, el cual entregaba a la autoridad la facultad de suspensión del ejercicio de los derechos concedidos, o la reformulación de los planes de explotación del acuífero en el caso de que se sobrepasara el mismo umbral de 25 cm del EIA.

En este marco es que el Titular informaba descensos en los niveles en sus informes, pero nunca más allá del umbral de 25 cm.

Luego de 19 años de extracción de aguas, de 16 años desde la vigencia del PAT, y luego de la información entregada en otra evaluación ambiental en el área que mencionaba que la recuperación de acuífero sería por allá en el 2040 o incluso después del 2200, la DGA realizó en el año 2017 una revisión de los niveles reportados, verificando un descenso de hasta 66 cm en cuatro pozos de monitoreos de la red del PAT.

Esto, sin implementar las facultades correctoras que le entregaba el mismo PAT, la DGA informó a la SMA, en abril de 2018, el incumplimiento del umbral de 25 cm comprometido.

Con estos antecedentes y actividades de fiscalización propias, en Julio del 2020 la SMA formuló cargos por el incumplimiento del umbral de 25 cm desde el año 2005, “sin ejecutar la medida de reducir el periodo de explotación a menos de 21 años” provocando una afectación en la “superficie y vigorosidad” de la vegetación de Tilopozo.
Salar de Pedernales

Las actividades de extracción de agua en el Salar de Pedernales se remontan a la década del ´80.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 19.300 hasta aproximadamente el año 2010, el Titular presentó 37 evaluaciones de impacto ambiental en las cuales no consideraron las afectaciones de las extracciones de agua desde el salar, ya que se tomaban como derechos adquiridos.

A partir de la década pasada, la DGA comenzó solicitar antecedentes ambientales de las extracciones, ante lo cual el Titular justificaba la no afectación del recurso hídrico por una serie de modelos hidrogeológicos y comparaciones de los niveles históricos en el área.

Ya en el año 2013 la DGA declara zona de restricción de extracciones de agua los dos sectores hidrogeológicos del Salar de Pedernales, dado a que la demanda superaba un volumen de extracción sustentable.

Como en el caso de MNT, todo cambió en una evaluación ambiental. El Titular informó sobre un descenso constante de los niveles freáticos en un sector del Salar de Pedernales, lo que fue observado por la DGA en el marco del SEIA.

En forma paralela a la evaluación ambiental, la DGA y la SMA elaboraron de forma sectorial estudios para corroborar y analizar la afectación de la disminución declarada por el Titular. En estos estudios se concluyó que en el sector del Salar de Pedernales se ha registrado un descenso sostenido de los niveles del acuífero en 23 pozos a partir de 1983, y que este descenso ha afectado a las unidades vegetacionales azonales presentes en el área.

Estos estudios fueron la base para que en Julio del presente año el CDE presentara una demanda por daño ambiental en el sistema hídrico, ecosistemas acuáticos continentales, vegetación azonal y servicios ecosistémicos.
Fiscalización reactiva y tardía

Los casos descritos de forma muy resumida, muestran que organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna.

Reactiva, ya que en ambos casos los Titulares debieron declarar la disminución de los niveles del acuífero en un procedimiento de evaluación ambiental para que la DGA ejerciera sus facultades de fiscalización, y cuando detectó incumplimientos en el PAT, en el caso de MNT, no tomó las medidas que lo facultaba el instrumento de gestión (no suspendió el ejercicio de los DAA ni modificó el plan de explotación).

En cuanto a la SMA, esta sólo actuó en ambos casos ante los oficios de la DGA, no ejerciendo las facultades para iniciar por si sola una fiscalización en base a la información aportada por los seguimientos ambientales.

Consecuentemente, las actividades de fiscalización son tardías, ya que las afectaciones provocadas por las extracciones de aguas (disminución en los niveles y en la vegetación azonal) ya se manifestaban hace varias décadas.

En la materia, es ejemplificador el caso de MNT, en donde las extracciones sólo se autorizaron por 21 años (hasta finales del año 2019), pero el inicio del procedimiento sancionatorio comienza recién el año 2020.

¿Alguien podría decir cuántos otros sistemas se han afectado significativamente o dañado? Así como demostramos estar, se duda que alguien pudiera siquiera dar una estimación al respecto.

La reactividad y tardanza en la actuación de ambos organismos públicos ponen en relevancia la capacidad de su procesamiento y análisis de información dada la magnitud y a la complejidad de ésta.

Las razones pueden ser muchas: desde la falta de recursos humanos, financieros, un sistema fiscalización con un enfoque general en vez de uno por riesgos, hasta la falta de voluntad política para ejercer el rol fiscalizador.

Cualquiera sea la razón, los dos casos presentados hacen dudar de la eficacia y eficiencia fiscalización, evidenciando la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos, cambios que provoquen una sinergia positiva para una mejora significativa en el sistema de fiscalización ambiental del país.

Así mismo, de lo que no cabe duda es que la recuperación de los sistemas hídricos y bióticos tardará varias décadas o centenares de años en volver a la condición anterior a la explotación de los acuíferos, debido principalmente a la falta de una fiscalización ambiental oportuna.

Salar de Pedernales. Foto: Francisco Contreras
https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/03/analisis-que-ocurre-con-la-fiscalizacion-ambiental-en-chile/