Marco Fajardo 02/11/2021
Se trata de uno de los casos más paradigmáticos en materia medioambiental y que lleva veinte años de debate. «Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Según esta, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la compañía intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho. Desde el comienzo, organizaciones locales acusaron a la firma de destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de la Ley de Glaciares, un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso tras el fracaso de iniciativas anteriores. Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

A más de un año del dictamen de clausura del Primer Tribunal Ambiental del proyecto minero Pascua Lama, en la zona cordillerana de la Región de Atacama –y sin que se concrete aún–, organizaciones locales y ambientalistas acusaron a la compañía canadiense Barrick Gold de querer contaminar un río en las operaciones de cierre, y de pretender seguir con la idea de materializar el proyecto.

Pascua Lama es un caso paradigmático, ya que organizaciones locales acusaron a la firma de buscar destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de ley en un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, en medio de las presiones de las mineras, incluyendo a Codelco.

Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

De acuerdo a una declaración de las entidades agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la empresa intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho.

«Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea.

«Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental», agregó la organización.

Mantener vivo el proyecto
Recientemente, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, comentó –en Expomin 2021– que “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí”, pues tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando, porque sigue siendo un activo de la compañía”, según reseñó el Diario Financiero.

Vives explicó que «el Tribunal Ambiental nos revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no nos quitó los derechos mineros ni los derechos de agua. Seguimos con nuestras concesiones y este sigue siendo un proyecto atractivo, no solo para Chile sino que para la región».

«Estamos viendo si es que esto algún día se puede realizar en el futuro o no y, ciertamente, si es que se hace, tiene que pensarse muy bien y hacerlo de una manera muy pensada, pero también muy en coordinación con nuestras comunidades», añadió.

La iniciativa, que fue suspendida el 2013, incluye, en el lado chileno (Pascua), «un rajo, un túnel, un botadero que es el 1% de lo que debiera haberse construido y un sistema de manejo de aguas. Mientras, en Lama, en el lado argentino, está toda la planta», precisó.

Ley en trámite
Pascua Lama fue uno de los símbolos de la controversia en torno a los hielos cordilleranos, que son materia de la Ley de Glaciares, actualmente en trámite en el Senado.

Han sido quince años de distintas iniciativas en la materia. El último proyecto, de 2018, es una iniciativa del senador Guido Girardi, inspirada en una norma homónima argentina.

«La razón fundamental por la que no hemos tenido una Ley de Glaciares se debe fundamentalmente a la cantidad de intereses económicos que entran hoy en día en directa contradicción con la protección de glaciares, especialmente mineros», señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Sin embargo, Girardi se muestra optimista.

«Creo que esta ley va a ser una de las más exigentes del planeta, porque establece la protección de los glaciares como bien nacional de uso público y, además, una sanción penal a la intervención de los glaciares», comenta.

Asimismo, señala que es retroactiva, con lo cual obliga a los involucrados a adaptarse a la ley, una vez que entre en vigencia, aparte de incluir sanciones penales, es decir, de cárcel.

Moción perdida
Los tropiezos que ha tenido esta nueva versión de la ley muestran las dificultades que ha atravesado.

Por ejemplo, Girardi impulsaba que la zona periglacial –ubicada en el entorno– tuviera la misma protección que el glaciar en sí, pero esa indicación se perdió en el trámite en la Cámara Alta. El legislador espera que pueda recuperarse cuando vuelva a la Cámara de Diputados.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y deberá pasar a Sala, aunque no hay una fecha cierta. Girardi es partidario de que se vote en las próximas semanas, antes de la elección presidencial.

El 31 de agosto pasado fue la última vez que se trató. Fue en la Comisión de Medio Ambiente, donde está en el Primer Trámite Constitucional de la Cámara Alta, integrada por Isabel Allende y Alfonso De Urresti (ambos PS), José Miguel Durana (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Rafael Prohens (RN).

Lo ocurrido en la instancia es otra muestra de las controversias. Allí expuso el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. La entidad agrupa a las principales mineras de Chile, incluidas AngloAmerican, Barrick, BHP y Codelco.

Entre otros aspectos, Urenda comentó que no era apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros proyectos sobre delitos ambientales, y que la sanción que implicara privación de libertad solo debía aplicarse de existir dolo y un daño grave.

Sin embargo, la senadora Allende lo refutó. Frente a la observación realizada por Urenda, referida a las sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificó a estas de necesarias, debido a que los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.

Proyecto simbólico
Una de las más críticas con Pascua Lama es la constituyente Constanza San Juan, electa por la Región de Atacama y que justamente participó en una larga lucha contra Barrick Gold, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2001.

Ella recuerda que, en su momento, la empresa «no declaró que había glaciares en su zona de impacto y, es más, tampoco dijo que pretendía destruirlos».

Tras la oposición de la comunidad, «la empresa ofreció (en 2005) trasladar los glaciares, hito que marca el inicio de este conflicto». En ese marco surgieron las primeras iniciativas para la protección de los glaciares.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), «los glaciares se incluyeron como elementos susceptibles de daño significativo, por lo que las empresas estaban obligadas a declarar cuando un proyecto está en la cercanía de un glaciar». Hubo proyectos legales en 2005 y 2008, pero ninguno se materializó.

De forma paralela, «aumentó también el conocimiento de las comunidades respecto de estos. Ahora se comprende que son resultado y forman parte de un ecosistema glaciar que tiene distintos tipos de glaciares y crioformas, las que tienen la misma importancia o tal vez más que los glaciares blancos que se ven a simple vista. Nos enteramos de que existían glaciares de roca y otros cubiertos que casi no se notan; también, de la existencia del permafrost, que es el suelo congelado a 0° o menos, pero que aporta gran cantidad de aguas. Tomamos conocimiento de la necesidad de resguardar todas las condiciones y características morfogeológicas contiguas a los glaciares para su preservación, así como también de los bofedales y de las lagunas altoandinas».

«Bancada glaciar»
Un nuevo proyecto de ley surgió promovido en 2014, por la que se conocía como la “Bancada Glaciar”, compuesta por nueve senadores y catorce diputados de todas las bancadas.

Dicho proyecto de ley contenía una visión integral del ecosistema glaciar y la necesidad de preservarlo y protegerlo en su totalidad; es decir, a los glaciares y sus ambientes, y sus distintos tipos y crioformas.

No obstante, según San Juan, el proyecto fue truncado vía indicación sustitutiva del Gobierno de Bachelet, «por medio de la cual se tergiversó todo su espíritu».

En ese marco, nació la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. En un encuentro en San Felipe, más de 30 organizaciones de norte a sur se unieron para lograr la defensa colectiva de los glaciares, y luchar contra la ley de la «Bancada Glaciar».

«Era preferible quedarnos como estábamos a tener este proyecto que finalmente permitiría y regularía la intervención de los glaciares, lo que no se puede permitir», subraya San Juan.

Incluso, en 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) planteó la vulneración de derechos en que incurría el proyecto de glaciares.

“La necesidad de la protección de los glaciares obedece principalmente a un aseguramiento de la provisión de agua para consumo humano, así como también para la protección del medio ambiente y la subsistencia de grupos en condición de vulnerabilidad. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares», señalaba el reporte.

El tiro de gracia
El tiro de gracia lo dio la Corte Suprema, el año siguiente, en 2016. Expresó que el proyecto en curso permitiría desarrollar iniciativas económicas en los glaciares que no sean declarados como reserva estratégica glaciar, dejándolos sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que –según la Suprema– no debiera permitirse.

También determinó que los glaciares no eran un bien explotable, bajo circunstancia alguna, y no podían ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que no debía permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

A su vez, defiende que “los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce”, y que “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales”,

Ello significó el fin del proyecto de la «Bancada Glaciar».

Nuevo proyecto
El nuevo proyecto, de 2018 y actualmente en curso, sigue la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y busca la protección de los glaciares y sus ambientes, junto con la prohibición expresa de realizar actividades en ellos.

La aceptación de su ingreso y tramitación fue resultado de una negociación que exigió que la iniciativa se viese primero en la Comisión de Minería y luego pasara a la Comisión de Medio Ambiente.

Este proyecto motivó una indicación sustitutiva por parte del Presidente Piñera, en septiembre de 2019, que, tal como sucedió con Bachelet, «torcía su espíritu y lo convertía en otra iniciativa que, en lugar de proteger, apuntaba a regular la intervención. En esta oportunidad, algunas de las materias que determinó fueron las siguientes: limita lo que se entiende por glaciar a su tamaño, estipulando que quedaran fuera de dicha categoría los de menos de 0,1 hectáreas; permite actividades en glaciares y sus entornos por medio del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringiendo solo la remoción, el traslado y el cubrimiento (como si eso estuviese permitido hoy); y permite que los proyectos que afectan a glaciares, hoy lo pueden seguir haciendo», critica San Juan.

Para el director nacional de Greenpeace, una ley de protección de glaciares resulta «urgente», especialmente «por la gravísima crisis climática que estamos viviendo».

«Hoy, en Chile, el agua es un recurso escaso, además concentrado en manos de unos pocos. Proteger los glaciares permitiría que Chile cuente con una mucho mejor resiliencia hídrica. No protegerlos, por el contrario, supone desperdiciar un patrimonio gigantesco y liquidar la resiliencia hídrica que tenemos en las nacientes de las cuencas».

En sus palabras, esta norma debiera surgir del Congreso con dos condiciones fundamentales: primero, que el glaciar mismo, sin importar su tipo, quede protegido, y, segundo, que «todo aquello que permite que el glaciar se encuentre saludable quede también protegido», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/02/minera-barrick-gold-nuevamente-en-la-picota-por-contaminar-rio-en-el-cierre-de-pascua-lama-e-insistir-con-el-proyecto/

….mientras su director de medio ambiente defiende su “derecho” a reevaluar y revivir el proyecto

Comunidades retrucan: “Barrick solo tiene el deber de ejecutar la clausura total y definitiva. Por engañoso, no aceptaremos ese plan de cierre propuesto”.
Alto del Carmen, 28/10/2021.
A más de un año de la victoria comunitaria que significó el dictamen de clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama –y sin que esta se concrete aún– la compañía Barrick Gold acaba de presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Además de ello, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, se dio el lujo de comentar en la reciente Expomin 2021 que: “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí” porque tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando porque sigue siendo un activo de la compañía”.

Como comunidad organizada y habitantes del Valle del Huasco declaramos lo siguiente:

1. Barrick no es cualquier empresa ni Pascua Lama es cualquier proyecto. Se trata de una empresa criminal y ecocida que destruyó con su mina los ecosistemas en la alta cordillera que nos sostiene –incluyendo glaciares, humedales y llaretas– y contaminó con metales pesados el río y a la población que depende de este, poniendo en riesgo la salud de la población de Chollay y el Valle.

2. Tampoco es una empresa confiable. Previo al fallo de clausura, recibió más de nueve sanciones, razón por la cual no se le pudieron aplicar más multas y la única solución fue decretar su cierre definitivo. Siempre ha actuado con trampas, incumpliendo la legislación ambiental, como incluso intenta hacer ahora cuando propone un plan de cierre que pretende descargar aguas contaminadas a la cuenca del río Estrecho de manera “controlada”, con el fin último de no incurrir en más gastos y desmantelar el ya precario sistema de tratamiento de aguas que tiene instalado.

3. Esta empresa no puede reclamar “derechos”, ni menos plantear que hará las cosas “muy en coordinación con nuestras comunidades”, según los dichos del mismo ejecutivo. Es una empresa que está sancionada y, por lo tanto, lo único que le cabe es el deber de ejecutar la clausura definitiva cumpliendo el fallo y en conformidad con la ley ambiental, y dejar de intervenir la cordillera y contaminar a las comunidades. Otro aspecto inaceptable es que Barrick hable de “nuestras” comunidades, cuál señor feudal. No somos sus comunidades: somos los habitantes de estas tierras y ellos un mal vecino al cual no queremos ver más.

4. Si bien el fallo del Tribunal Ambiental mandata la actualización del plan de cierre, la empresa –con su desfachatez y actitud abusiva de siempre– está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando.

5. Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental. Llama poderosamente la atención que el mismo ejecutivo falte a la verdad e intente confundir a la opinión pública diciendo lo contrario en la nota de prensa aludida.

6. En el momento constituyente en el que nos encontramos como país, nos alegramos de las señales claras que ha dado la Convención en cuanto a la protección de los derechos de la naturaleza y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Son esos los derechos que deben orientar cualquier actividad económica: el bien común por sobre el bien privado.

7. Como comunidad reiteramos que Barrick Gold no tiene licencia social para seguir operando en la cordillera y nuestra voluntad de continuar luchando por el buen vivir en nuestro Valle. Seguiremos defendiendo las nacientes de las aguas en la alta cordillera porque ¡son lo que garantizan la vida de todo lo que viene aguas abajo!

¡El agua vale más que el oro!

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

En el escrito piden desechar la propuesta para la instalación de la minera por poner en peligro la vida natural de la zona, así como su fuente de trabajo y el futuro de las comunidades.
Diario Uchile
28/10/2021
Punta de Choros
Los abogados y abogadas en representación de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros ingresaron una nueva reclamación ante el Comité de Ministros, que busca invalidar la aprobación otorgada en agosto pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo al proyecto minero portuario Dominga.

“Los comparecientes de esta reclamación presentaron observaciones muy relevantes durante la participación ciudadana que no fueron tomadas en cuenta”, aseveró Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA. “Con este recurso se busca que el Comité de Ministros, de forma imparcial y de frente a toda la ciudadanía, se pronuncie sobre los argumentos técnicos que demuestran que este proyecto no ha sido correctamente evaluado, amenazando así el sustento de vida y trabajo de los recurrentes”, agregó.

En la reclamación, a la que también suscriben las personas naturales Cristóbal Díaz de Valdés, en representación del Movimiento Ciudadano Chao Pescao, José Aliro Zarricueta, presidente de la Federación de Pescadores de La Higuera y Ernesto Fredes se señala además que, de haberse considerado sus observaciones, el proyecto no podría haberse aprobado ya que no responde sobre aspectos como la contaminación por descarga de salmuera, la introducción de especies exóticas por el funcionamiento del puerto, el peligro para las aves, la probable afectación de áreas de manejo y el turismo, entre otras.

Esta acción se suma a la reclamación presentada por Oceana a principios de octubre ante la instancia presidida por la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y que está integrada por los titulares de salud, economía, agricultura, energía y minería.

“Solicitamos a los ministros que tendrán que revisar el caso que rechacen este proyecto por ser nefasto para nuestra fuente de trabajo y para el futuro de nuestros hijos. Es una vergüenza que Dominga siga con vida aún más con todo el escándalo político que se desató hace algunas semanas, sería impresentable que siguiera en tramitación”, señaló Gabriel Molina, secretario de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros.

En paralelo a estas reclamaciones, el equipo legal de Alianza Humboldt se encuentra a la espera de que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación que buscan anular la sentencia del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), en la que se ordenó que la COEVA volviera a votar el proyecto Dominga.

“Es importante que no perdamos de vista que un proyecto de estas características no puede desarrollarse si amenaza un lugar único como el Archipiélago Humboldt y las formas de vida y costumbres de sus vecinos”, señaló Berríos. “Estamos recurriendo a todas las instancias para frenar a Andes Iron, con los recursos de casación ante la Corte Suprema y las reclamaciones ingresadas al Comité de Ministros”, añadió.

Hay que recalcar que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.

Comunidades changas solicitan invalidar permiso

A los recursos judiciales antes descritos se sumó una nueva acción, esta vez por parte de las comunidades changas de la comuna de La Higuera, quienes presentaron ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo una solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga. En ella, señalan que el permiso otorgado a la empresa es ilegal al no haberlos considerado dentro del medio humano afectado por el proyecto.

Los representantes de la comunidad changa, reconocida como pueblo originario por ley en 2020, esperan que se invalide la RCA y se vuelva atrás para realizar un proceso de consulta indígena que evalúe impactos a grupos humanos y costumbres protegidas.

Recordemos además que hace diez años existe una propuesta para crear un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago Humboldt, la cual ha sido apoyada por la comunidad local y el mundo científico. Esta figura de conservación permitiría continuar con el desarrollo de actividades sustentables como la pesca artesanal en las áreas de manejo y el turismo, protegiendo definitivamente un ecosistema que ha estado en peligro de convertirse en una zona de sacrificio.

Asociación de Pescadores presenta reclamación ante el Comité de Ministros y exige rechazo definitivo de proyecto Dominga

Por: El Desconcierto 22/10/2021
La ubicación del proyecto minero de capitales nacionales, podría sufrir un serio traspié derivado de una moción que busca prohibir la actividad minera durante 20 años, obedeciendo a criterios de protección del medio ambiente. atendiendo además a que el área de extracción del negocio de Antofagasta Minerals, considera una reserva de agua dulce y un área de protección con más de 400 hectáreas de bosques y vida silvestre.

Este viernes, La Segunda informó respecto del adverso momento que atraviesa en Estados Unidos, Twin Minerals, el negocio minero de propiedad del holding de empresas Luksic.

Específicamente, el proyecto de cobre, níquel y cobalto, que entre los años 2010 y 2015 adquirió Antofagasta Minerals, está al borde del colapso, luego de que el Servicio Forestal del país liderado por Joe Biden, propusiera levantar, en el área que está el yacimiento de propiedad chilena, Boundary Waters, una prohibición que amenaza seriamente el negocio.

La restricción apunta a 20 años de prohibición para la actividad minera y dejaría de manos atadas al holding chileno, terminó revirtiendo una determinación del ex mandatario Donald Trump, y dio curso a una revisión en este país.

La decisión obedece a criterios de protección al medio ambiente, considerando que la actividad minera podría afectar a esta zona, que tiene una reserva de agua dulce y un área de protección ambiental sobre 400 mil hectáreas de bosques y vida silvestre en la frontera de Canadá y Estados Unidos.

Respecto del proyecto de capitales chilenos, se trata de una planta subterránea que compromete una inversión de 1.700 millones de dólares cuyo propósito es abastecer al mismo EE.UU de cobre, principalmente pensando en su industria de vehículos eléctricos.

Un proyecto no exento de problemas

Pese a que desde hace más de una década la filial de la minera nacional busca consolidar su negocio en Estados Unidos, ha enfrentado más de un traspié. De hecho en el 2010 ya hubo gestiones para convencer a las autoridades locales para que lo autorizaran.

Sin embargo, el escollo principal es justamente su ubicación en zonas de conservación ambiental, lo que nuevamente pone en alerta al negocio de Luksic.

Según consigna un artículo de El Dínamo, la comunidad local se opuso al proyecto de Andrónico Luksic, al que apuntaron aludiendo a gestiones vinculadas al cohecho.

Previamente, el 1966 y en el contexto de la administración del demócrata Lyndon B. Johnson, el gobierno de Estados Unidos entrega por primera vez las licencias mineras federales para el proyecto minero en Minnesota. Prácticamente medio siglo después, Antofagasta Minerals adquirió a través de un acuerdo con Duluth Metals, el 40% del proyecto.

Finalmente, el 2014 la minera de Luksic se hace de Deluth íntegro y del control total de la propiedad del proyecto Twin Metals Minnesota, que a casi siete años de concretado el negocio, nuevamente se ve seriamente amenazado.
https://www.eldesconcierto.cl/economia/2021/10/22/twin-metals-la-mina-que-luksic-tiene-en-ee-uu-esta-a-punto-de-fracasar.html

Santiago Escobar 22/10/2021
Crédito: ATON
Un aspecto totalmente desenfocado en el debate es si efectivamente Minera Dominga es un proyecto minero de hierro viable, según la calidad del yacimiento y la lógica del mercado internacional. O si, como sostienen algunos expertos, es solo una especulación minera a la caza de inversionistas, en que la mina sería solamente el pretexto para lograr la construcción de un puerto en una zona de alto riesgo medioambiental. Sin Dominga no hay puerto, pero una vez autorizado el proyecto minero, ello conlleva la construcción de un puerto, que dispararía su valor nominal de manera exponencial, aunque luego nunca llegara a ser un yacimiento minero en explotación.

El honor y la reputación de Chile como un país minero se juega todos los días en los mercados internacionales. No por el hierro sino por el cobre, mineral del cual el país es uno de los principales productores mundiales. Este solo hecho obliga a mirar de manera estricta y objetiva los datos técnicos del proyecto minero Dominga, que solo es de hierro, y que ha puesto en el tapete el funcionamiento de la institucionalidad minera, la responsabilidad política de Sebastián Piñera y la probidad de su Gobierno. El Presidente enfrenta hoy una acusación constitucional por un contrato de venta de ese proyecto minero, suscrito al margen del control legal de las leyes chilenas, en un paraíso fiscal –las Islas Vírgenes Británicas– y que el Mandatario declara no haber conocido.

Un aspecto totalmente desenfocado en el debate es si efectivamente Minera Dominga es un proyecto minero de hierro viable, según la calidad del yacimiento y la lógica del mercado internacional. O si, como sostienen algunos expertos, es solo una especulación minera a la caza de inversionistas, en que la mina sería solamente el pretexto para lograr la construcción de un puerto en una zona de alto riesgo medioambiental. Sin Dominga no hay puerto, pero, una vez autorizado el proyecto minero, ello conlleva la construcción de un puerto, que dispararía su valor nominal de manera exponencial, aunque luego nunca llegara a ser un yacimiento minero en explotación.

Para hacer más complejo el escenario, detrás de toda esta especulación estaría la integración geoproductiva con Argentina a través del Túnel de Agua Negra, con un complicado juego económico y geopolítico de corredores bioceánicos. Toda una apuesta especulativa que El Mostrador ya expuso el año 2017 en dos sendos reportajes de Investigación (lea aquí Túnel de Agua Negra: el meganegocio de infraestructura y su desconocido vínculo con los proyectos Dominga y Cruz Grande ; y Complejo portuario en Coquimbo amenaza convertir santuarios naturales en una nueva zona de sacrificio ambiental).

Hoy todos los materiales disponibles adquieren relevancia ante la acusación constitucional contra el Presidente, pues podrían clarificar los motivos del contrato de venta con cláusula condicional para el pago, suscrito en las Islas Vírgenes Británicas entre las familias Piñera y Délano. Y la efectividad de que sí puso en juego la política exterior de Chile, su honor como país minero, y la probidad y transparencia de sus instituciones, lo que por mandato constitucional corresponde al ámbito de responsabilidad del Presidente de la República.
La punta del iceberg en Dominga: la mala calidad del metal

En un reportaje de mediados de agosto de 2021, de la revista digital Vocería Virtual (17/8/2021), el geólogo Mario Rojo Lara sostuvo que “Minera Dominga es especulación pura y dura. No es un negocio de minería real. Lo que ha hecho Andes Iron es desprestigiar la imagen minera del país”.

Experto en minería de hierro y de uranio, lo declarado por Mario Rojo apenas tuvo eco en la prensa. Rojo se desempeñó 11 años en la Comisión Chilena de Energía Nuclear de Chile (CCHEN) y 32 años en la Compañía Minera del Pacífico (CMP), dueña del Mineral El Tofo y principal productora de hierro en la costa americana del Pacífico. Allí fue jefe de la Unidad de Geología, y conoció muy bien Dominga, respecto a la cual dice que “es la continuación del mismo paño minero de El Tofo”, y está separado solo por una línea que marca en un plano las pertenencias mineras.

Como jefe de Geología de la compañía, analizó Dominga durante una oferta de venta motivada por el boom del precio del hierro a fines del 2000. Allí volvió a determinar que “el material es de mala calidad, lo que incide en una baja recuperación en peso para lograr un producto vendible”, dijo, razón por la cual “se suspendieron los estudios”.

Años después, Andes Iron volvió a ofrecerle Dominga a CMP, y revisó nuevamente el proyecto, confirmando lo dicho anteriormente. Tras este fracaso, trataron de venderla a Mitsubishi en Japón, pero esta consulta sus proyectos mineros de Sudamérica con CMP y desistió rápidamente. Andes Iron declara que producirán concentrado de hierro de alta calidad y bajo costo, es decir, “un producto premium y competitivo”, cuyo costo de inversión es de US$2.500 millones.

En un reportaje de mediados de agosto de 2021, el geólogo Mario Rojo Lara sostuvo que “Minera Dominga es especulación pura y dura. No es un negocio de minería real. Lo que ha hecho Andes Iron es desprestigiar la imagen minera del país”. Por ejemplo, para producir los 12 y medio millones de toneladas anuales, Dominga requeriría chancar más de 65 millones de toneladas de roca y mover casi 200 millones de estéril al año. Un verdadero desastre ambiental con muy poco olor a negocio rentable.

Según Rojo, ninguna de las dos afirmaciones cuadra con la realidad. Lo que hay de mineral en Dominga, “son tobas mineralizadas con magnetita que en su parte superior contienen este mineral oxidado. Para efectos prácticos es estéril y debe llevarse a desmontes, lo que significa que el costo de producción es muy alto para generar ganancias. La ley media de hierro de Dominga es de 23%. Como comparación, la ley media de El Romeral es de 52%, lo que implica que hay que mover menos roca para sacar el mineral. Y la ley de cobre que declara Dominga (mineral adicional) es 0,09%. Pero ‘en la minería de cobre menos de 0,1% se considera estéril’, por lo que no podría declararse como un recurso cobre adicional”.

Para producir los 12 y medio millones de toneladas anuales, Dominga requeriría chancar más de 65 millones de toneladas de roca y mover casi 200 millones de estéril al año. Un verdadero desastre ambiental con muy poco olor a negocio rentable.

Por otra parte, es difícil saber cómo Dominga llega a la suma de US$2.500 millones de inversión. Según sus cálculos, Rojo señala que, para producir lo prometido, requiere al menos un puerto y una planta de filtros en la costa, que cuestan unos US$450 millones; después, cada tonelada de producto anual cuesta como capital US$260 millones la tonelada, que se debe multiplicar por 12.5, según la producción calculada; y aparte hay que sumar la planta desaladora, que son unos US$ 300 millones como mínimo, además de otros gastos. Eso suma mucho más que US$2.500 millones. Se pone esa cifra porque en minería toda inversión sobre 3.000 millones de dólares es de alto riesgo, disminuye sensiblemente el interés de los inversionistas y todos la miran con lupa. Y en otra parte de su entrevista recalcó que “lo único que puede hacer rentable el proyecto es el puerto”.

Es relevante y preocupante que en Chile una empresa minera puede declarar lo que quiera sobre las leyes del mineral o los costos de inversión, sin que Sernageomin u otro organismo público lo certifique o cuestione. Existe la ingeniería de pares, como en ciencias, pero no es obligatoria y Andes Iron no lo hizo. Solo tiene empresas contratadas y formularios declarados, que cita a cada rato pero que no certifican nada, por lo que quien desee conocer la verdad del proyecto, debe contratar sus propios expertos y revisar partida por partida o creerle al propietario. Esto último es lo que al parecer espera la empresa, que llevaría gastados unos US$400 millones y espera vender en US$2.500 millones.

Tal vez revisar rigurosamente el proyecto deba ser parte de lo que haga el Congreso con motivo de la acusación constitucional en marcha. Porque, más allá del daño ambiental asociado y las ambigüedades presidenciales, si no queda claro cuál es el negocio real, cuál su viabilidad y quienes forman parte de él, como ideólogos o gestores, la reputación del país habrá experimentado un duro revés y quedará impresa la imagen de otro fraude impune, permitido por el Estado de Chile.

El año 2017, cuando se analizaba ambientalmente Dominga, Iván Garrido, gerente general de Andes Iron, declaró a la prensa: “A nosotros nos están dando como bombo en fiesta, pero nadie habla de Cruz Grande. Hay una inconsistencia. Pero eso no me lo tienes que preguntar a mí, tienes que ir a preguntarle a Oceana, a Modema (Movimiento en Defensa del Medio Ambiente), ¿por qué no alegan contra Cruz Grande si, en rigor, les interesan las especies protegidas?”.

E interrogado sobre el hecho de que los documentos oficiales del Túnel Binacional Agua Negra reconocían a Dominga como parte de la finalidad que tendrá, señaló: “Nadie se nos ha acercado ni hemos tenido ninguna conversación respecto al Túnel de Agua Negra. Por lo tanto, nuestro estudio de impacto ambiental es solamente para sacar el mineral de Dominga, es decir, si fuéramos aprobados, habría que hacer otro estudio para ver si es posible usar ese puerto para otros fines. Por lo tanto, no tenemos ninguna relación formal con Agua Negra. Nunca nos han invitado, y es raro que nos nombren”. Poco creíble en gente que invierte tanto dinero.
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2021/10/22/podria-ser-dominga-un-gran-fraude-minero/

“Nuestras operaciones de cobre en Chile continúan trabajando arduamente para mitigar el riesgo de disponibilidad de agua debido a los desafíos que se presentaron como resultado de la sequía más extensa que se registra en la región”, aseguró Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American.
21/10/2021
Minería Chilena
Anglo American dio a conocer su informe de producción para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre pasado.

Al respecto, Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American, afirmó que “en términos generales y según lo planificado, estamos bien encaminados para cumplir con nuestra guía de producción del año completo con todos nuestros productos, mientras aprovechamos la oportunidad para ajustar la guía para diamantes, cobre y mineral de hierro, dentro de nuestro rango actual a medida que nos acercamos al final del año. Nuestras operaciones de cobre en Chile continúan trabajando arduamente para mitigar el riesgo de disponibilidad de agua debido a los desafíos que se presentaron como resultado de la sequía más extensa que se registra en la región, incluyendo el suministro de agua que no es apta para otros usos, y el aumento del reúso del agua”.
Producción de cobre

La minera informó que la producción de cobre disminuyó en 6% a 156.000 toneladas debido a la mantención planificada de la planta en Collahuasi.

En el caso de Los Bronces, la producción de 79.600 toneladas estuvo en concordancia con el año anterior. Un aumento en el procesamiento de la planta fue totalmente contrarrestado por menores leyes planificadas (0.70% vs. 0,73%), y una menor recuperación de cobre (79,7% vs. 80.9%).

Cabe indicar que en Collahuasi la producción atribuible disminuyó en 14% a 65.300 toneladas debido al mantenimiento mayor planificado de la planta.

Por su parte, la producción de El Soldado aumentó en 7% a 11.600 toneladas, reflejando el desempeño de la planta, parciamente contrarrestado por menor ley planificada (0,73% vs. 0,78%).

Efecto sequía

La compañía advirtió que la zona central de Chile continúa enfrentando condiciones climáticas difíciles con la continuación de la sequía más prolongada registrada en el país. Estas condiciones están ejerciendo una presión significativa sobre la disponibilidad de agua y representa un riesgo continuo para la producción en Los Bronces durante el cuarto trimestre de 2021 y 2022.

En esa línea, es que la minera señaló que la guía de producción se ajustó a 650.000-660.000 toneladas (previamente 650.000-680.000 toneladas), debido a los desafíos del desempeño de la planta en Los Bronces, sujeto a la disponibilidad de agua y al alcance de las interrupciones relacionadas con el Covid-19.
https://www.mch.cl/2021/10/21/anglo-american-advierte-que-sequia-representa-un-riesgo-continuo-para-la-produccion-en-los-bronces/

El Mostrador 21/10/2021
Cinco comunidades changas firmaron una declaración donde expresan que los antecedentes revelados en las últimas semanas sobre la compra-venta de Dominga que involucran a la familia Piñera-Morel constituyen un punto relevante en el rechazo del proyecto por parte de los changos. «Los casos de corrupción, faltas a la ética y probidad de ciertas autoridades que han surgido en las últimas semanas, ligadas a la tramitación del proyecto minero-portuario ‘Dominga’, involucrando incluso al Presidente de la República, no hacen nada más que reafirmar nuestro profundo rechazo a este proyecto que nace desde las sombras, buscando su aprobación con malas prácticas a nivel territorial como también en su tramitación», expresa el documento.

Comunidades indígenas del pueblo chango rechazan el proyecto minero portuario Dominga que busca instalarse en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo. En una declaración publicada esta semana por cinco comunidades changas, aseguraron que el proyecto en tramitación de la empresa Andes Iron pasaría a llevar parte de la historia del pueblo chango.

“Declaramos el rechazo absoluto del proyecto minero­ portuario ‘Dominga’ ejecutado por la empresa ‘Andes lron’, puesto que desconoce y pasa a llevar cientos de años de historia de nuestro pueblo, con la imposición de un sistema que nos asedia en nuestro mismo territorio además de un modelo extractivista que vulnera sistemáticamente nuestra cosmovisión del buen vivir, poniendo en grave peligro el lugar donde nacimos y vivirá nuestra descendencia”, expresa la declaración.
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En el primer punto de la declaración expusieron que los hechos revelados por «Piñera Papers» que involucran al presidente Sebastián Piñera reafirma el rechazo por parte de las comunidades changas de la zona.

«Los casos de corrupción, faltas a la ética y probidad de ciertas autoridades que han surgido en las últimas semanas, ligadas a la tramitación del proyecto minero-portuario ‘Dominga’, involucrando incluso al Presidente de la República, no hacen nada más que reafirmar nuestro profundo rechazo a este proyecto que nace desde las sombras, buscando su aprobación con malas prácticas a nivel territorial como también en su tramitación», expresa el documento.
Protección del medio ambiente

Además, las comunidades aseguran que los changos son habitantes ancestrales del territorio del Archipiélago de Humboldt, que comprende desde la zona de Sarco, en la región de Atacama, hasta Chungungo Viejo, en la región de Coquimbo.

«El pueblo chango del Archipiélago de Humboldt ha habitado este territorio de manera extensiva y de forma ancestral, haciendo uso del borde costero de manera sustentable y armónica con la naturaleza. en un rincón único de importancia ecológica de nivel mundial. Nuestras comunidades han sabido vivir al alero de esta riqueza natural, complementando nuestros oficios y tradiciones con el cuidado del medio ambiente, en una mirada de respeto absoluto por la flora y fauna de nuestro territorio», detalla la declaración.

En la declaración expresaron que desde el inicio de la tramitación del proyecto minero portuario Dominga no han sido tomados en cuenta. Ante esto denuncian que pasa a llevar “lo establecido en la Ley Indígena 19.253, Titulo V, art. 34, donde se establece la obligatoriedad de la participación indígena en los procesos de consulta previa. Este es un tema que nos parece grave. por lo que consideramos todo el procedimiento de Evaluación Ambiental como inválido y no atingente a la realidad territorial”.

El documento fue firmado en conjunto por Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgio y Descendencia; Agrupación Cultural Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de lobo de Caleta Chañaral de Aceituno; Comunidad Indígena Chanca Juana Vergara Familia; Agrupación Cultural y Social Del Pueblo Los Changos de Punta de Choros; Agrupación Cultural y Social Del Pueblo Los Changos De Punta De Choros y la Comunidad indígena Pueblo Chango Del Archipiélago De Humboldt.

Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia.
19/10/2021
Minería Chilena
Este martes se admitió a trámite en el Primer Tribunal Ambiental una nueva reclamación de la ONG Atacama Limpia que tiene como fin que se dicte la medida provisional de clausura temporal del Puerto de Caldera y Serviport por 30 días.

Dicha medida, que fue rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había sido solicitada por la ONG en el marco de un procedimiento sancionador llevado a cabo por el organismo fiscalizador contra Puerto de Caldera S.A. y Serviport.

En el marco de su reclamación, Atacama Limpia asegura que los vecinos del puerto han denunciado que las faenas de acopio, transporte y embarque de minerales se han llevado a cabo con gran negligencia, principalmente respecto al control de la emisión de material particulado a la atmósfera y del derrame de mineral al mar en el proceso de embarque.

“A pesar de haberse iniciado el proceso sancionatorio las faenas de acopio, transporte y embarque se han seguido ejecutando al margen de cualquier evaluación de sus impactos ambientales”, asegura el escrito.

También en el documento, el organismo no gubernamental explica que el rechazo de la medida provisional genera indefensión “debido a las irregularidades y la completa ilegalidad actual de las labores que ejecutan los titulares (Serviport y Puerto Caldera S.A.) y las consecuencias relacionadas con la inminencia de un daño ambiental producto de la falta de regulación de las actividades de acopio y embarque masivo de minerales”, dicen.

“[…] no existe la más mínima certeza científica respecto de la afectación que se pueda generar al medioambiente y a la salud de las personas por lo que la precaución es un elemento que debe primar para el otorgamiento de estas medidas”, agregan.

Para Atacama Limpia, la negativa de la SMA autoriza implícitamente el funcionamiento de faenas no sometidas al SEIA y descartan la inminencia de un daño ambiental y de la afectación a la salud de las personas sin una fiscalización asociada.

Además, aseguraron que persiste la inminencia de un daño al medioambiente y a la salud de las personas por las “deplorables” condiciones en las cuales operan tanto el acopio de mineral como el muelle y las faenas de embarque.

En el escrito se detalla que el procedimiento sancionatorio llevado adelante por el organismo fiscalizador determinó dos infracciones, tanto por el fraccionamiento del proyecto y por el incumplimiento de la medida provisional previa dictada por las emisiones de material particulado proveniente del proyecto Cancha Acopio de Minerales, por el acopio de hierro y el transporte de mineral desde la cancha hasta el Puerto Muelle Punta Caleta
Fraccionamiento

Respecto al fraccionamiento, las personas reclamantes aseguran que se ha pretendido evaluar ambientalmente por separado el proyecto de acopio, transporte y embarque con el fin evitar el ingreso del proyecto a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Para la ONG Atacama Limpia se trata del funcionamiento al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de un puerto de embarque de hierro y otros minerales, que sigue operando sin ninguna autorización de la autoridad ambiental y bajo la pasiva supervigilancia de la SMA, el cual funcionó hasta antes de la formulación de los cargos y de la apertura del procedimiento sancionatorio, bajo la aparente legalidad otorgada por una serie de pertinencias de ingreso y que tuvieron como finalidad principal eludir el sistema fraccionando un proyecto.

Más aún indican que el titular del proyecto ha ingresado diversas consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con el fin de que este organismo se pronuncie respecto a la vía de ingreso del proyecto, es decir a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA9, o a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, “las pertinencias no corresponden a autorizaciones de funcionamiento y corresponden a declaraciones de juicio del SEA en base exclusivamente a los antecedentes que tuvo a la vista”, detallan.
https://www.mch.cl/2021/10/19/ong-atacama-limpia-solicita-clausura-temporal-del-puerto-de-caldera/

18/10/2021
Un posible conflicto de interés en la compra de un proyecto minero en Vallenar nuevamente involucra a la familia Piñera Morel. La transacción se habría realizado en el mismo periodo de la polémica venta de Dominga, que actualmente tiene contra las cuerdas al presidente Sebastián Piñera, enfrentado a una nueva Acusación Constitucional en el Congreso. En este caso, el entonces dueño del proyecto fue nombrado por el Mandatario como su representante en el directorio de la estatal Enami.

En el mismo periodo en que se fraguó la polémica venta de la mina Dominga, que tiene al presidente Sebastián Piñera nuevamente enfrentado a un juicio político que busca su destitución, la familia Piñera Morel negoció la compra de un proyecto minero de hierro y escandio en Vallenar por 13 millones de dólares.

La operación, cuyos detalles publicó Ciper Chile este domingo, una vez más pone foco en los cuestionamientos por posibles conflictos de interés en el proceso de compra, realizado entre 2010 y 2012, cuando el Mandatario ya estaba instalado en La Moneda en su primer periodo.

En concreto, la publicación denuncia que el entonces dueño del proyecto, Arnaldo del Campo, fue nombrado por el presidente Piñera como su representante en el directorio de la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), justo en el momento en que se iniciaron las negociaciones para la compra.

No obstante, Nicolás Noguera, máximo ejecutivo de los negocios de la familia Piñera, y quien participó en la negociación de Imán, aseguró para ese reportaje que no se consideró que esta relación implicara un conflicto de interés.

El proyecto Imán contempla 14 concesiones mineras que contienen hierro y escandio, que suman más de 11.200 hectáreas, que actualmente están en etapa de exploración. En 2017 la unidad de investigación de Radio Bio Bío contó por primera vez sobre la existencia de este proyecto, debido a una querella que presentó la exesposa de Arnaldo Del Campo.

De este modo, dichos antecedentes siguen poniendo en la palestra los negocios de la familia presidencial, en un complicado periodo para el Gobierno de Piñera, donde incluso parlamentarios de su sector están reflexionando frente a la idea de aprobar la acusación constitucional que actualmente se tramita contra el Mandatario en la Cámara de Diputados.
https://www.canal9.cl/programas/notas/2021/10/18/el-conflicto-de-interes-en-otro-proyecto-minero-comprado-por-la-familia-pinera-proyecto-iman.shtml

Tras dos jornadas de debate y votación, la Sala del Senado despachó la iniciativa a su segundo trámite en la Cámara Baja.
Sustentabilidad
13/10/2021

Tras dos jornadas de votación y debate, la Sala del Senado despachó la ley marco que regulará la nueva institucionalidad del cambio climático y los instrumentos que permitan hacer la gestión del mismo, de modo de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050 (carbono neutralidad).

De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando así cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile, con el fin de adaptarse al cambio climático, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.

En la anterior jornada se dieron por despachadas unánimemente, todas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones. Durante el debate hubo un consenso transversal sobre la necesidad de aprobar este nuevo marco normativo que definirá el futuro de nuestras generaciones, en las próximas décadas.

En tanto, en esta última sesión, se sometieron a votación las modificaciones que se aprobaron por mayoría y las solicitudes de votación separada. Todas alcanzaron los quórums requeridos con excepción de un inciso relativo a la creación de un departamento específico en la Contraloría.
Proceso

En su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Ximena Órdenes informó a la Sala sobre el estudio de la iniciativa y explicó que “el cambio climático es un cambio global que requiere el apoyo de todos los estados independientemente de si son desarrollados o no”. Señaló además que, en el segundo informe, de la Comisión se recibieron 847 indicaciones y se celebraron 34 sesiones a contar de noviembre de 2020 que contaron con la participación y aporte de diversos especialistas y científicos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón dio cuenta de los aspectos financieros del proyecto tanto del gasto en régimen como de los planes y estrategias. Al respecto, señaló que, “en los primeros 3 años se consideran recursos por $5.700 millones repartidos en diversos ministerios donde se pretende actualizar las estrategias de cambios climático y diversas certificaciones, mientras que en régimen se disponen de $3.400 millones anuales”.

Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, valoró esta ley marco que permitirá generar un nuevo modelo de desarrollo sustentable. “El objetivo general del proyecto, es alcanzar la carbono neutralidad como máximo al año 2050 y la meta se revisará cada 10 años“, expresó.
https://www.mch.cl/2021/10/13/cambio-climatico-carbono-neutralidad-al-ano-2050-y-senadores-piden-agilizar-los-reglamentos/