Por: Edgar Pfennings de la Vega | 06/01/2022
Vecinos se toman ingreso a tranque del grupo Luksic: «No toman en serio el conflicto» Corte de ruta hacia el tranque El Mauro / Twitter @daniel_nunez_a

La comunidad acusa que la empresa dejó de asistir a una mesa de diálogo en que los vecinos estaban acordando una compensación con la minera para reparar el daño causado en la zona producto de la contaminación ambiental que está provocando el tranque «El Mauro», proyecto que fue instalado sin un proceso de participación ciudadana.

Un gran grupo de vecinos de la localidad de Caimanes desde este miércoles se han tomado el camino de ingreso al tranque de relave «El Mauro» de la Minera Los Pelambres, que es propiedad del grupo Luksic.

El motivo de la protesta es el quiebre en una mesa de diálogo que desde hace dos meses estaba sosteniendo la empresa con la comunidad, quienes reclaman que la compañía no se está haciendo cargo del importante daño ambiental que está generando en la zona.
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«En las últimas semanas hemos tenido conversaciones con la empresa para ver si podemos ponernos de acuerdo entre la comunidad y la minera para resolver el conflicto que nos afecta desde hace muchos años«, comenzó explicando a El Desconcierto el vocero de las comunidades cercanas a Caimanes, Cristian Flores Tapia.

Flores agregó que «en ese sentido la minera tenía que llegar antes de ayer a la mesa que se estaba sosteniendo, pero no llegó. Por eso la comunidad tomó la decisión de tomarse los caminos hasta que vuelvan a retomar el diálogo, considerando que la minera no está tomando en serio el conflicto con la comunidad«.
Tranque de relave «El Mauro»

El tranque de relave «El Mauro» ha generado desde que comenzó sus trabajos de instalación episodios generalizados de contaminación del agua y el aire, que han sido numerosas veces denunciados por los vecinos, quienes también aseguran que informes de la Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) los respaldan.

«Los que no tienen plata para comprar en bidones o en supermercados, lo están haciendo desde las llaves, asumiendo las consecuencias de que el agua está contaminada. Hoy día la comunidad se encuentra permanentemente respirando el polvo que emana el tranque de relave. Hemos tenido las pruebas de que en algunos momentos es mucho más fuerte y en otros es menor», sostiene Flores.

Es por este motivo, junto con que no se realizaron instancias de participación ciudadano para autorizar el proyecto, que un grupo de vecinos judicializaron el caso, causa que llegó hasta la Corte Suprema y finalmente concluyó con un acuerdo con la minera de entregar a estos miembros de la comunidad $32 millones a modo de compensación.
Vecinos fuera del acuerdo

Sin embargo, los vecinos que no fueron parte de este acuerdo por no tener información del proyecto reclaman a través de la nueva mesa de negociación que merecen recibir el mismo trato. Pero la minera respondió públicamente este jueves que «de acuerdo a los permisos y normativa vigente, esta exigencia no corresponde».

El dirigente de la comunidad opina que «ya hay una jurisprudencia, que significa que lo que se opta para grupos en las comunidades que tengan la misma tendencia obviamente tiene que ser para toda la comunidad. Eso es lo que está alegando hoy día toda la comunidad. Pero es una sentencia de tribunales, no es que nosotros hayamos querido llegar a un acuerdo en términos económicos, sino que simplemente hay una sentencia que tiene que socializarla con toda la comunidad».

Hasta la noche de este jueves el bloqueo del camino por parte de los vecinos continuaba y la empresa ha dispuesto de un «puente aéreo» para que algunos trabajadores puedan llegar al tranque de relave.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/01/06/vecinos-se-toman-ingreso-a-tranque-de-los-pelambres-no-toman-en-serio-el-conflicto.html

El fallo, tuvo los votos a favor de los ministros Juan Opazo y Fabrizio Queirolo, mientras que el ministro Mauricio Oviedo estuvo por acoger la reclamación en atención a que el proyecto carece de información de base que hace imposible su evaluación ambiental.
03/01/2022
Por dos votos a favor y uno en contra, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación que buscaba invalidar en su totalidad la evaluación ambiental del proyecto Playa Verde de Chañaral.

El fallo, tuvo los votos a favor de los ministros Juan Opazo y Fabrizio Queirolo, mientras que el ministro Mauricio Oviedo estuvo por acoger la reclamación en atención a que el proyecto carece de información de base que hace imposible su evaluación ambiental.

En esta causa se determinaron tres controversias respecto al proceso de evaluación ambiental del proyecto. La primera de ellas en relación con las observaciones ciudadanas y su no consideración por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. La segunda respecto del alcance de las facultades del Comité de Ministros y; la tercera, que dice relación con información requerida por este comité y que no se encuentra en el proceso de evaluación.

Luego del análisis efectuado por el tribunal, en el fallo se explica que “no se puede sostener que no se consideraron las observaciones ciudadanas” porque cuando esto es reclamado ante el Comité de Ministros, este ordena al SEA retrotraer la evaluación y complementar con información faltante, lo que permite incluso incorporar nuevas exigencias a la empresa.

Respecto a la segunda controversia, en primer término se precisa el alcance de las facultades que la ley le otorga al Comité de Ministros y se aclara que – a juicio de los magistrados- se ha estimado que “puede abarcar desde rechazar el proyecto, hasta establecer condiciones o exigencias para su realización, teniendo la posibilidad también de subsanar evaluaciones defectuosas que no hayan considerado todos los eventuales impactos presentes, pudiendo incluso retrotraer la evaluación para que esta sea complementada o subsanada en la misma sede administrativa, tornando el proceso de evaluación ambiental de esta manera más eficiente”.

Además, se establece que otra de las características del comité es su carácter discrecional en sus decisiones, el que está limitado a evaluar los impactos que han sido identificados en el proceso de evaluación ambiental y no aquellos que no fueron detallados.

La sentencia, hace hincapié en que la autoridad administrativa no rechazó el proyecto por información insuficiente por lo cual no se puede revisar el mérito de esa decisión, y enfatiza en que el sistema de evaluación acepta la revisión de parámetros en distintos momentos y que el proceso no es necesariamente lineal, “lo que permite concluir que retrotraer el proceso a una etapa anterior se encuentra completamente ajustado a derecho”.

“La amplitud de las competencias del Comité es una materia reiteradamente establecida por la Excelentísima Corte Suprema, ya que en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N°19.300 ha sostenido que su competencia es amplia, incluyendo tanto la revisión formal como de mérito, pudiendo incluso modificar las RCA, e imponer condiciones, exigencias y medidas”.
Certezas

Finalmente, la tercera controversia también es rechazada por los magistrados, fundamentando su postura en que “no resulta lógico considerar un modelo de evaluación (ambiental) rígido que no permita deambular en los diferentes requerimientos que cada proyecto exija, aún más si se considera que conforme avanza la ciencia, tecnologías y conocimientos técnicos, sumado a la demora institucionalizada en las evaluaciones ambientales, van a aparecer nuevas soluciones o problemas asociados”.

Se expresa, además, que la institucionalidad ambiental está llamada a entregar certeza a los distintos actores que participan, como el titular de un proyecto, comunidad y Estado. “Para estos sentenciadores el espíritu de la norma precisamente dice relación con que cada proyecto debe superar aquel estándar mínimo exigible, pero luego, debe procederse a un diseño mancomunado del estándar concreto al proyecto en estudio. Aquí se requiere la participación de todos los actores involucrados en el proyecto como de aquellos respecto de los cuales este generará efectos, pasando por la opinión de los organismos especializados en materia ambiental que conforman esta institucionalidad y bajo el rol coordinador del Servicio de Evaluación Ambiental”.

Uno de los aspectos cuestionados por el reclamante había sido el posible impacto a la salud de la población, lo que fue descartado en el fallo, ya que se estipula que “el titular deberá realizar todas aquellas adecuaciones o complementaciones necesarias para que el proyecto sea viable ambientalmente” y que en este caso el Comité de Ministros resolvió que la empresa incorporara antecedentes técnicos “suficientes y adecuados” para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población derivado del manejo de residuos propuestos por el proyecto”.

También, el tribunal ante las dudas sobre la afectación a aguas marinas y subterráneas, luego de hacer un análisis de los antecedentes entregados por la empresa y los organismos técnicos, explica que “la mayoría de las materias abordadas se encuentran contenidas en los diferentes apartados del expediente de evaluación ambiental y que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, permite enmendar y complementar la información faltante o nueva”.
Voto disidente

El voto disidente del ministro Mauricio Oviedo dice relación con lo que este magistrado considera como un “vicio de nulidad” respecto a la resolución impugnada por el reclamante, ya que explica que el Comité de Ministros se atribuye potestades que no detenta al ordenar retrotraer el proceso de evaluación ambiental con el objeto que se complemente información, lo que no se ajusta a las atribuciones que tiene ya que el procedimiento “únicamente permite aclarar, rectificar o ampliar información acompañada oportunamente, más no agregar tardíamente información mínima o de base de aquella que permite a la Administración hacer una correcta evaluación de impactos y sus consecuentes medidas”.

El ministro Oviedo asegura que no se pueden disponer trámites o diligencias no contempladas en evaluaciones sucesivas o extemporáneas de proyectos o actividades que han ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con información de base deficiente o derechamente inexistente.
https://www.mch.cl/2022/01/03/tribunal-ambiental-rechaza-reclamacion-presentada-en-contra-de-proyecto-playa-verde-de-chanaral/

por Emilia Aparicio 03/01/2022
Créditos Imagen: Fernando Campos-Medina.
En Chile existen 742 depósitos de relaves, cuyos desechos tóxicos contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero, que se acumulan en millones de millones de toneladas, o sea, se estima que cada 30 horas se depositan relaves equivalentes al cerro Santa Lucía, es decir, 2.572.263 toneladas. Y se prevé que para el 2026 se producirán más de 915 millones de toneladas al año, un aumento de 74% en la generación de relaves en comparación con 2014 (525 millones de toneladas por año). Estas cifras sitúan al país como el tercero con más depósitos de ese tipo en el mundo, después de China y Estados Unidos, y la mayor concentración de dichos relaves se encuentra en la Región de Coquimbo. A nivel internacional, el Mining, Minerals and Sustainable Development Project (2002), a comienzos del 2000, ya sugería que alrededor del 75% de los desastres en el rubro minero a nivel mundial provenía de fallas en los depósitos de relaves. En Chile existe legislación para regular estos basurales tóxicos, sin embargo, investigadores del Laboratorio de Sociología Territorial (LST), de la Universidad de Chile, indican que es necesario subir los estándares de las medidas públicas, dado que el mal manejo de estos residuos conlleva problemas de salud fatales a la población expuesta y al medio ambiente. «Hablamos de un problema que es temporalmente extendido y de alta complejidad, es un problema que viene desde el inicio de la minería en Chile, que es hace muchos años, y que también se proyecta al futuro y por eso es un problema tan importante», explicó Iván Ojeda, investigador del LST.

La minería consta en la extracción de minerales de mayor valor económico, en cuyo proceso es necesario separarlo de minerales, químicos y otros compuestos resultantes del tratamiento. El conjunto de estos desechos se llama material de relave y la infraestructura donde son descartados es la de los depósitos de relaves.

Para los expertos en minería, estas estructuras conllevan dos preocupaciones. La primera es que no existan fallas constructivas que puedan producir desmoronamientos o desbordes; y la segunda, concerniente a la estabilidad química del relave, donde se busca minimizar y controlar las reacciones de acidificación, como también que los compuestos no contaminen el ecosistema circundante. Ambas preocupaciones tienen relación con que el material de relave contiene metales pesados que pueden ser nocivos para la salud y el ecosistema. Actualmente, cada 30 horas se depositan relaves en Chile equivalentes al cerro Santa Lucía, es decir, 2.572.263 toneladas.

Estos gigantescos depósitos de desechos tóxicos contienen arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero que se acumulan en millones de toneladas. Las consecuencias sobre la vida humana y el medio ambiente que provocan estos confinamientos de material contaminante son incalculables.

Ante esta amenaza latente, la gran industria extractiva no ha logrado conjugar su desarrollo con el de las comunidades cercanas a sus explotaciones, de manera de evitar el colapso del ecosistema por fallas o accidentes.

«Chile es un país más extractivo que minero, porque un país minero es Australia, que construye infraestructura e institucionalidades lo suficientemente innovadoras para poder efectivamente estar abocadas a la minería. En Chile pasa todo lo contrario, solo sacamos, pero no tenemos ni la infraestructura ni la institución, entonces, es relevante porque tenemos una gran cantidad de depósitos que están, pero no sabemos su situación actual», explica Iván Ojeda, licenciado en Sociología y estudiante de Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile.

Adicionalmente, Ojeda es diplomado en Planificación y Ordenamiento Territorial y diplomado en Dirección y Gestión Pública. Becario del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, y coordinador e investigador del Laboratorio de Sociología Territorial (LST) de la Universidad de Chile.

Según cifras publicadas por Fundación Chile en 2019, en el país existen 742 depósitos de relaves. De esta cifra, dos están en construcción y solamente 104 se encuentran activos, mientras que 463 están inactivos y 173 abandonados.

A su vez, 214 depósitos corresponden a tranques construidos aguas arriba, método considerado menos seguro, y cuya construcción está prohibida en nuestro país desde el año 2007. Estas cifras sitúan al país como el tercero con más depósitos de relaves en el mundo, después de China y Estados Unidos.

Los depósitos de relaves impactan directamente los territorios donde estos están ubicados. En el Laboratorio de Sociología Territorial realizan investigaciones sobre este tema, debido a que desde su perspectiva existe un problema, toda vez que pareciera que no hay una dimensión socioterritorial en la definición que la política pública construye respecto a los depósitos.

«Chile es un país minero y no tiene solo que ver con lo productivo sino también lo que significa en la historia, la composición de relaciones sociales y laborales en el norte, por ejemplo», sostiene Iván Ojeda.

En una de las investigaciones realizadas por Ojeda, concluyeron que la mayor concentración de relaves se encuentra en la Región de Coquimbo.

Fuente: Ojeda, I. & Campos-Medina, F. (2021). A socio-territorial approach to the Mining Tailings in Chile: Agglomerations and densities. En Revisión en Environmental Sociology.

¿Cuáles son los riesgos de los depósitos de relaves?

A nivel internacional, el Mining, Minerals and Sustainable Development Project (2002), a comienzos del 2000, ya sugería que alrededor del 75% de los desastres en el rubro minero a nivel mundial provenía de fallas en los depósitos de relaves.

Ojeda explica que hay dos tipos de riesgos de los relaves: «El primero es meramente por existir donde se ha documentado, por ejemplo, aumento en las probabilidades de cáncer pulmonar, daños hematológicos, entre otros. Ese es un tipo de contaminación que es por metales pesados. El segundo tipo, tiene que ver con las fracturas o las fallas, es decir, cuando se rompe una presa la gente tiene que imaginarse un alud, como que viene agua y barro a mucha velocidad que pasa por arriba de las casas. En Brasil destruyó completamente un poblado y dejó casi en todo el poblado dos metros de barro tóxico».

Dentro del segundo tipo de riesgos también puede haber contaminación de napas subterráneas por filtración, saturación de los depósitos por aumento de lluvias, fracturas en los tranques por terremotos, fisuras en los ductos de transporte del Relave desde la Mina al Depósito por errores humanos y contaminación constante por material particulado.

En Chile, en 2012, luego del terremoto que impactó a la Región del Maule, la familia Chamorro murió en su casa luego de un derrumbe de un tranque de relave de la minera Las Palmas. El caso llegó a la justicia y lograron un acuerdo compensatorio.

Sin embargo, a nivel internacional ha habido casos con más afectados. En tal sentido, el año 2014, en la región de Columbia Británica en Canadá, colapsó la presa de Relaves de la mina Mount Polley. Producto de esta falla se derramaron aproximadamente 17 millones de metros cúbicos de agua y 8 millones de metros cúbicos de Relaves, es decir, un total de 25 millones de metros cúbicos contaminantes. Esto afectó gravemente al medio ambiente y a la fauna, en especial a los lagos Polley, el río Cariboo y el arroyo Hazeltine, donde arribó la mayoría del material que además obligó a cortar el suministro de agua potable de más de 300 familias en la región de Columbia Británica.

En el año 2019 otra tragedia de la industria minera azotó esta vez a Brasil, cuando colapsó y se derrumbó una represa de relave de la mina Córrego de Feijao, ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región de Minas Gerais. Se derramaron 13 millones de metros cúbicos de residuo, los que llegaron a avanzar a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esto arrasó con prácticamente la totalidad del ecosistema aguas abajo y con un número importante de poblados, dejando una dramática cifra de más de 150 personas muertas y 200 desaparecidos.
La legislación actual

Iván Ojeda manifiesta hay que reconocer que en Chile sí hay legislación en torno a los relaves, más que en los países vecinos. Por ejemplo, entre esas leyes están la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que establece que, al momento de crear un depósito, las empresas deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); y el Decreto Supremo Nº 248, para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos De Relaves, del Ministerio de Minería.

«Hablamos de un problema que es temporalmente extendido y de alta complejidad, es un problema que viene desde el inicio de la minería en Chile, que es hace muchos años, y que también se proyecta al futuro y por eso es un problema tan importante», expresa Ojeda.

El investigador sostiene que se puede avanzar en subir los estándares, más aún dentro de un contexto económico donde se planea reactivación económica minera.

«Hay que aumentar los estándares, cómo la legislación tiene una incidencia en la realidad territorial cotidiana. Aumentar el estándar sin fiscalización no sirve de nada, y hacer un incentivo al desarrollo de tecnologías e investigaciones para gestión de depósitos de relaves ojalá pensando en los abandonados», sostiene Iván Ojeda.
La investigación del LST

Los análisis realizados en el LST arrojaron la existencia de cuatro conglomerados de cuadrantes construidos a partir de configuraciones regulares entre las variables observadas. Aquello tensiona inmediatamente la noción de singularidad y pone de manifiesto que, al observar el nivel global o general, no solo existen densidades sino que también patrones socioterritoriales de ubicación, es decir –según Ojeda–, los depósitos de relaves no deben ser estudiados y fiscalizados individualmente, dado que estos influyen directamente en los territorios en conjunto.

«Todo el foco se ha centrado en ir dando soluciones a procesos internos y singulares de los relaves, entiéndase mantener estabilidades físicas y químicas. El problema de esto es que, al quedar en aquella escala, no han reconocido ni tampoco implementado programas que consideren la existencia de densidades, y no solo de aquello, sino también de patrones socioterritoriales», menciona el experto.

Igualmente agrega: «Lo que estos resultados tensionan, podría ser abarcado en dos vías de salida alternas. La primera, dice relación con la inclusión de la variable territorial a los programas existentes. En esta línea, carece de sentido, por ejemplo, que, en zonas afectas por el Patrón de Aglomeración Intensificado Crítico, empresas adopten y sigan operando sobre depósitos. Lo que aquí discutimos es la transversalidad territorialmente homogeneizante de los programas, los cuales –desde nuestra perspectiva y a la luz de los resultados– debiesen considerar incentivos y desincentivos que hagan justicia a la heterogeneidad de la geografía de los depósitos de relaves en Chile. La segunda vía, recupera aquella idea desde una posibilidad bastante transformadora e implica construir nuevos programas que, considerando la existencia de zonas más críticas, se propongan avanzar en la remediación o estabilización de los depósitos que susciten mayor riesgo para los habitantes y para los ecosistemas».

En la Imagen se expone la localización de los depósitos y, en conjunto con los cuatros patrones, cada uno de ellos es señalado con diferente color para facilitar su observación. Como primer elemento a mencionar, en el mapa queda en evidencia que los relaves en Chile se localizan principalmente en la zona centro norte, considerando también algunos cuadrantes aislados en la zona centro sur y austral del país.

Fuente: Ojeda, I. & Campos-Medina, F. (2021). A socio-territorial approach to the Mining Tailings in Chile: Agglomerations and densities. En Revisión en Environmental Sociology.

Avanzar en gobernanza

De acuerdo al Ministerio de Minería, el 2026 se producirán más de 915 millones de toneladas al año, un aumento de 74% en la generación de relaves en comparación con 2014 (525 millones de toneladas por año). Al respecto, Iván Ojeda, insiste en que hay que pensar en cómo gestionar de mejor manera la minería. Otro de los ejes de discusión es el calentamiento global.

«El cambio climático es una vertiente que recién estamos empezando a investigar, aún no sabemos cómo va a ser, porque la ciencia ve a posteriori, entonces, lo vamos a saber cuando ya esté pasando. Igual nos hace levantar la alarma, por ejemplo, en el caso de que llueva mucho un día, perfectamente puede llevarse una presa», explica.

Desde su perspectiva, una solución sería tratar el tema de los relaves desde la gobernanza, es decir, integrar a distintos actores en la toma de decisiones, a diferencia de la gobernabilidad, donde la implementación de medidas públicas es vertical.

«¿Cómo gestionamos esto? Desde mi punto de vista desde la de gobernanza, que todavía hay que trabajarla, pero debemos sentar a todos los actores. El Estado debe entender que el relave, por más que esté en un lugar privado, puede tener un impacto público y, como es un impacto público, todos deben estar sentados a la mesa. No puede ser solamente una relación entre el dueño de la minera y el Estado, deben estar integrados otros actores», sostiene.

Finalmente, el sociólogo afirma: «¿Qué minería queremos defender? Esa es la pregunta que hay que abrir, es muy utópico pensar que en Chile se va a terminar la minería».

El trabajo que se desarrolla al alero del Laboratorio de Sociología Territorial (LST) es dirigido por el académico del Departamento de Sociología Fernando Campos Medina, y, al mismo tiempo, han participado en otras investigaciones sobre relaves Joaquín Quiroz (Lic. En Sociología UCH), Joao Guzmán Gutiérrez (sociólogo UCH), Paula Ponce (Lic. En Sociología UCH), Hernán Pezoa (estudiante de Geografía UCH) y Santiago Orellana (Lic. En Planificación Territorial PUC). La temática comenzaron a explorarla al alero del proyecto Fondecyt “Modernización Ecológica en Chile”, del cual Fernando Campos Medina fue investigador principal.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/01/03/el-avance-de-las-montanas-toxicas-cada-30-horas-se-depositan-relaves-en-chile-equivalentes-al-cerro-santa-lucia/