Rubén Escobar Salinas | 18/05/2022
La filial de SQM, empresa ligada al empresario Julio Ponce Lerou, ha sido acusada por años de mantener una relación opaca con la directiva del principal sindicato. El Desconcierto tuvo acceso a documentos internos que muestran relaciones comerciales por montos millonarios entre la minera y una empresa de propiedad de Claudio Castillo, presidente sindical. La última de las transacciones ocurrió este año, poco tiempo antes de iniciar una nueva negociación colectiva. Expertos apuntan a un conflicto de interés.

En marzo de este año, el principal sindicato de trabajadores de SQM Salar, filial de la conocida minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou, difundió un comunicado a los trabajadores. “Con esta fecha acusamos el recibo de la carta con la invitación a negociar anticipadamente por parte de nuestra empresa empleadora”, fue parte del mensaje firmado por el sindicato.

Claudio Castillo Barraza, dirigente sindical por 12 años y cabeza de la organización de trabajadores, fue a quien le correspondió un rol protagónico en las negociaciones. Sin embargo, la gestión de Castillo ha sido objeto de críticas y cuestionamientos al interior de la compañía, a quien acusan de ser “pro empresa” y de protagonizar una serie de hechos desafortunados.

Fue en 2015 cuando estalló el caso de boletas falsas y financiamiento ilegal de la política conocido como “Caso SQM”. Ese mismo año, El Mostrador hizo pública una serie de antecedentes sobre la opaca relación entre SQM Salar y Castillo. Las denuncias buscaban mostrar que las presuntas prácticas de ofrecer beneficios para lograr aliados políticos en el Congreso, también se habrían dado dentro de la empresa.

En esa oportunidad se denunciaron triangulaciones de dinero a través de un club deportivo, además de acusaciones de entregas de beneficios a dirigentes sindicales para “mantener el orden y evitar conflictos”. También, trabajadores de la compañía críticos del sindicato, dieron cuenta de amenazas y advertencias de desvinculación.

En esta oportunidad, sin embargo, la situación habría escalado a compras por parte de la compañía a una empresa de propiedad directa del presidente del Sindicato de Trabajadores SQM Salar. El Desconcierto tuvo acceso a documentos internos que dan cuenta de la relación comercial entre SQM Salar y la empresa de Claudio Castillo. Todo esto ocurrido pocas semanas antes de una nueva negociación colectiva.
Más de $30 millones en contratos

En septiembre de 2016, cuando ya era dirigente sindical, Claudio Castillo creó la sociedad Blue Service SpA, en Antofagasta. De acuerdo a la información del Diario Oficial, Castillo es el único propietario de la empresa y dentro de su giro incluye servicios de publicidad; comercialización de trofeos, galvanos, medallas; confección de timbres y copia de llaves; fabricación de ropa de trabajo y de accesorios de vestir.

Fue esta empresa creada por Castillo con la cual la filial de SQM realizó transacciones para la compra de distintos artículos. Entre noviembre de 2020 y enero de 2022, en al menos ocho ocasiones SQM Salar emitió órdenes de compra a Blue Service. En ese plazo de alrededor de 1 año y dos meses, la minera desembolsó más de $30 millones en compras para la empresa de Castillo.

Los objetos que Blue Service vendió a SQM son principalmente de índole deportiva. Camisetas de fútbol, poleras de running, balones, shorts, galvanos y medallas fueron parte de las transacciones.

La orden de compra más cuantiosa a la que este medio tuvo acceso corresponde a la adquisición de casi 400 camisetas con logos, de distintas tallas y por un valor promedio de alrededor de $15 mil cada una. La orden se emitió en octubre del año pasado y ascendió a un total de $7.239.960.

A la anterior, se agrega $6.661.358 por la adquisición de 162 galvanos de madera, 334 medallas y 32 petos en sublimación por una orden de compra emitida el mismo mes.

Si bien la mayoría de las transacciones tuvo que ver con elementos deportivos, SQM Salar también emitió compras por chalecos geólogos, un tipo de indumentaria de seguridad que se utiliza por los trabajadores de la empresa para sus labores industriales. Es decir, para la operación de la empresa. Fueron $3.579.330 por la compra de estos chalecos geológicos estampados con el logo corporativo. SQM compró 165 chalecos en marzo de 2021 por $19.400 cada uno.

En concreto, el total de las órdenes de compras sumó $31.626.571. La última de las órdenes se emitió el 13 de enero de este año, solo dos meses antes de que la compañía invitara al sindicato a la negociación anticipada.
“Hay un conflicto de interés evidente”

“(…) aquí, lo que uno ve, de buenas a primeras, es que hay un conflicto de interés manifiesto”, dice el profesor Luis Lizama, abogado experto en derecho laboral y académico de la Universidad de Chile. “No parece razonable que quien representa a los trabajadores tenga una relación comercial con la contraparte, ese es el punto”, agrega.

Sin embargo, de entrada Lizama lanza una aclaración: “no hay ningún tipo de regulación que impida que una sociedad de propiedad del director sindical, o que tiene alguna participación, pueda proveer servicios a la empresa a la cual trabaja y que además represente a los trabajadores”. Es decir, los negocios entre trabajadores y los empleadores no es algo que esté regulado, incluso tratándose de dirigentes sindicales.

El jurista explica que este tipo de situaciones que puedan conllevar un conflicto de interés es materia de regulación interna de la compañía. “Ese conflicto de interés suele ser regulado por las empresas en el reglamento interno o derechamente en el código de conducta”, detalla. No obstante, el abogado enfatiza en que “no está prohibido, pero parece ser que hay conflicto de interés evidente”.

Lizama comenta que generalmente las empresas establecen deberes de informar posibles conflictos de interés y en otras ocasiones más complejas se establece la prohibición de ciertas relaciones. Sin embargo, el tema se mantendría dentro del ámbito privado de la empresa y quien puede hacer valer estos sería el propio empleador, no las instituciones públicas.

Para Eduardo Caamaño, abogado laboralista y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el caso de Castillo con SQM “se ve extraño”. Pero, en la misma línea de Lizama, sostiene que “yo veo que la alarma que se enciende es más bien de carácter ético”.

Caamaño considera que Castillo “al ser el presidente del sindicato, tiene una responsabilidad con quienes lo eligieron, esto supone que tiene que mantener una relación de independencia y autonomía frente a la parte empleadora”.

“El riesgo que uno puede ver en abstracto desde el punto de vista ético, es que tal vez como dirigente podría ser que -en base a los intereses económicos que tiene como empresario- sus intereses ya no estén tan alineados con lo colectivo sindical, sino que podría estar más alineado con la empresa”, agrega.

El académico ejemplifica con el caso de una negociación colectiva: “(…) si hay una relación comercial, uno podría tener legítima sospecha de que no hay tanta imparcialidad o transparencia, por eso el sindicato debería estar informado de esa situación, a lo menos, y asumir algún tipo de acción”.

El abogado enfatiza en que “quienes deberían asumir algún tipo de acción, si eso les parece cuestionable, son las propias bases del sindicato”. Para esto, los trabajadores tienen la posibilidad de censurar al directorio del sindicato y luego poner fin al mandato de la mesa directiva.

Finalmente, sostiene que en el caso hipotético en que se pudiese comprobar que las compras a Blue Service se hicieron con la finalidad de influir sobre la posición del sindicato “se podría estar configurando una práctica desleal”. La práctica desleal es un comportamiento “lesivo de la libertad sindical”. En caso de configurarse puede acarrear multas para la empresa, además de obligación de indemnizaciones por parte de la misma y del dirigente sindical.

El Desconcierto se contactó con SQM Salar para conocer sus comentarios sobre los negocios celebrados con Castillo, si es que hubo más órdenes de compra a Blue Service y cuál fue el destino de los implementos comprados, pero declinaron referirse al tema. Por otro lado, esta redacción intentó conversar con Claudio Castillo, quien no contestó a los reiterados mensajes y llamadas.
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2022/05/18/los-cuestionados-negocios-entre-sqm-salar-y-el-presidente-del-sindicato-de-la-empresa.html

Leonardo Cárdenas 12/05/2022
Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio. Según el Consejo de Defensa del Estado, la entrega de las servidumbres a Simbalik, un grupo de inversionistas taiwaneses socios del Grupo Errázuriz, «se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”.
La semana pasada, el abogado procurador fiscal de Copiapó del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Adolfo Rivera, presentó en la Corte Suprema un recurso de casación que es mirado con atención por grandes mineras.

Se trata del último intento del Estado de Chile por resguardar sus intereses en la industria del litio, cada vez más pujante debido a la alta demanda del mineral que es utilizado en baterías de larga duración para vehículos eléctricos.

La acción busca revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó del 12 de abril de 2022, que rechazó el recurso de apelación del CDE y confirmó el fallo del 1° Juzgado de Letras del 7 de octubre del 2021. Este último dictamen viene a ser clave para la trama, pues acogió la demanda interpuesta por Simbalik Group Inversiones Limitada -propiedad de inversionistas taiwaneses y socios del Grupo Errázuriz- y otorgó una servidumbre minera en un terreno de 292 hectáreas en el Salar de Maricunga, en la Región de Atacama.

En el escrito, el CDE exigió la nulidad de ambas sentencias y alertó un eventual perjuicio para Codelco en caso de confirmarse los fallos de primera y segunda instancia.

“El área pedida en servidumbre por Simbalik Group Inversiones Limitada se superpone en su totalidad con el perímetro que el Estado de Chile reservó a una de sus empresas para explotar litio”, consignó en su presentación. En efecto, el 9 de marzo de 2018, el Estado de Chile celebró un contrato con la cuprera a través de la empresa filial Salar de Maricunga SpA, para la operación de un yacimiento de litio en la zona.

Consultada Codelco sobre el contenido de este artículo, declinó efectuar comentarios.

Para el CDE las últimas sentencias han incurrido en una “infracción de derecho”, ya que se ha constituido una servidumbre minera, sin que concurriera uno de los presupuestos normativos, como es la necesidad o utilidad que justifique su otorgamiento.

“El demandante solicitó este gravamen sobre el predio de dominio fiscal, con la finalidad de explorar y explotar litio, siendo el caso que sus concesiones mineras sólo le permiten explorar y explotar cloruro de sodio, cuestión que fue pasada por alto por los sentenciadores de la instancia, accediendo igualmente a la pretensión del actor”, acotó el escrito.

“Hay un antecedente de derecho que la Corte de Apelaciones de Copiapó esquiva al momento de confirmar la sentencia de primera instancia, acogiendo en definitiva la demanda del actor, esto es que, la demandante sociedad Simbalik Group Inversiones Limitada, no puede explorar ni explotar el litio que exista en las entrañas de sus concesiones mineras denominadas Cocina”, añadió el mismo documento.
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“El Consejo de Defensa del Estado está errado”

Desde Simbalik explicaron que “el Consejo de Defensa del Estado está errado, porque el CEOL de Codelco respeta todas las pertenencias antiguas e incluso las mismas de Codelco en el Salar de Maricunga y esta servidumbre que se ha solicitado es sobre pertenencias antiguas que ya están otorgados los permisos de Comisión Chilena de Energía Nuclear”.

Pero en el trasfondo del conflicto radica un millonario proyecto que mantiene en marcha el Grupo Errázuriz con Simbalik y que hoy en Copiapó se encuentra en etapa de pruebas. La iniciativa busca la explotación de litio por medio de un novedoso sistema que requeriría un menor consumo de agua y considera una inversión total de US$400 millones, como informó en febrero de 2017 Pulso.

La iniciativa cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, aunque actualmente está sujeta a consulta indígena. Esto, luego que una comunidad alegara que no fue consultada y que la Corte Suprema ordenara que el proceso de evaluación ambiental del proyecto se retrotraiga a dicha etapa.

Las pertenencias que tienen ambas empresas están un paso más adelante que el resto para ser explotadas, puesto que estas ya cuentan con la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Esto, puesto que fueron adquiridas antes del Decreto Ley Nº 2.886 de 1979, que definió al litio como reserva del Estado, por lo que no es susceptible de ser explotado a través de una concesión minera, salvo aquellas concesiones constituidas con anterioridad.

El Grupo Errázuriz destacó que “será el primer proyecto con tecnología de extracción directa que no tendrá impactos ambientales, porque se reinyecta la salmuera que se le extrae al litio. Tiene un 95% de recuperación del litio retenido en la salmuera versus los procesos tradicionales que evaporan y que sólo extraen entre el 40% a 45%”.
Exploraciones en marcha

Por otro lado, a finales de enero, Codelco obtuvo el último permiso sectorial para iniciar la habilitación de los accesos que le permitirán iniciar su campaña de exploración en el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama.

Este hito marca el comienzo de esta etapa del proyecto. Se estima que los sondajes se iniciarán a fines de marzo y que durarán cerca de 10 meses. Dependiendo de los resultados de la campaña, específicamente de las concentraciones de litio disuelto en las salmueras de dichas propiedades mineras, la empresa definirá si es medioambiental y económicamente viable continuar con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

“La Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016, le encargó a Codelco que, junto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar el litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales”, consignó la cuprera estatal en un comunicado de prensa.
https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/fisco-vs-simbalik-la-guerra-por-el-litio-del-salar-de-maricunga-que-perjudica-a-codelco/KD2ELLIQ3RDCLHPVXCUKAKE27M/

El llamado del Presidente de México AMLO de discutir experiencias con sus pares de Argentina, Chile y Bolivia, fue destacado por el presidente del Movimiento el Litio para Chile, Miguel Soto.
Osciel Moya Plaza
30/04/2022
El presidente del Movimiento el Litio para Chile, Miguel Soto, afirmó que es necesaria una coordinación regional para analizar los alcances que tiene el desarrollo de la explotación y comercialización de este producto en el mundo.

El dirigente señaló que el llamado del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para reunirse con sus pares de Argentina, Chile y Bolivia para intercambiar experiencias sobre el mineral, está en la línea que las organizaciones sociales están pidiendo.

“Cuando comenzamos con el movimiento, lo que se veía como más importante era el triángulo del litio que era Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, los descubrimientos en otros países, como México, por ejemplo, y la iniciativa de AMLO va en el camino correcto y surge de un seminario organizado por Bolivia, donde participó la ministra de minería, Marcela Hernando. Lo que se persigue es una coordinación para que los países puedan explotar esta riqueza que tiene un futuro imprevisto”, dijo el dirigente.

Soto agregó que esto también está en la política del Gobierno, porque en su programa está la propuesta para que el Estado se haga cargo de la explotación del litio y la creación de la empresa nacional, que son también parte de las demandas que vienen impulsando desde hace muchos años. En ese sentido, el dirigente valoró que el encargado de impulsar esta empresa sea el destacado académico de la Universidad de Chile, doctor en Física, Gonzalo Gutiérrez.

Al respecto, dijo que comparten con Gutiérrez que “el Estado se haga cargo de la explotación del litio, desde el punto de vista de la creación de una empresa productiva, que respete la composición absoluta del salar, porque este no es solo litio, potasio u otros minerales. Es un elemento vivo que tiene otras proyecciones. Por lo tanto, es necesario preservarlo para el futuro y no terminemos como siempre en la minería, dejando el desastre posterior. Por ello, la Empresa Nacional del Litio debe conservar esos procesos”.

En tal sentido, el dirigente afirmó que el Gobierno debe acelerar la creación de la empresa pública y aprovechar lo que está en los propios contratos de las empresas privadas que hoy explotan el mineral, para que entreguen una cantidad del producto a precio preferencial para el desarrollo y su industrialización.

Aunque el llamado del presidente de México aún no tiene respuesta, lo concreto es que en el país existe una visión muy similar. Solo cabe recordar las declaraciones del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), José Miguel Ahumada, quien señaló que “Chile, Argentina y Perú tenemos un gran poder de mercado en lo relativo al litio, y es un sector que hay que aprovechar, para que de ahí Chile pueda generar encadenamientos productivos de carácter regional”.

Movimiento el Litio para Chile insta al Gobierno a acelerar creación de Empresa Nacional