Una auditoría efectuada por la Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, determinó una serie de graves irregularidades ocurridas entre 2016 y 2017, en el rol que el organismo estatal debió cumplir como fiscalizador de la gran industria minera del norte, a firmas como Antofagasta Minerals, SQM, Codelco, BHP y Rockwood.
De acuerdo a un reporte de radio Bío Bío, en este caso han aparecido evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo; 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad que no han sido cumplidas por las mineras; atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, e irregularidades en las actas de inspección. Todas, fallas detectadas por las cuales Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Los “errores” incluso van más allá, ya que se constataron problemas en actas de fiscalización, tales como inconsistencias y diferencias entre las registradas en el sistema respecto de los documentos físicos, “todo lo cual hace vulnerable el sistema y lo expone a la manipulación y al uso indebido de la información”, como se lee en el informe.
Por ello, añade la nota de la emisora, este lunes, cinco días después de la publicación, la Asociación de Funcionarios del Sernageomin, Afuser, emitió un comunicado dirigido a sus asociados, un texto de ocho puntos donde la asociación manifiesta su completo rechazo a la actual administración del servicio, afirmando que su posición ya fue planteada al ministro de Minería, Baldo Prokurica, en marzo de este año.
“Se le informó de una serie de situaciones que vienen ocurriendo desde un tiempo a la fecha en esta repartición publica, que incluso llevó a los funcionarios a manifestar su rechazo en sendas movilizaciones a nivel nacional durante los meses de junio y Julio”, precisaron los funcionarios.
“Luego del reportaje realizado por Radio Bío Bío (…) para esta asociación todo lo ocurrido son el resultado de una serie de problemas administrativos y de gestión que nacen de una paupérrima Dirección del servicio, que son la herencia de la antigua administración y que al día de hoy aún sigue vigente en la institución”, añade la declaración.
En esa línea, anunciaron que la asociación “no permitirá que se quieran endosar responsabilidad a funcionarios que han mantenido siempre su trabajo y labor al día, que incluso han aportado y entregado la información necesaria para que esta investigación se haya podido llevar a cabo, y que lamentablemente se ha caído en la omisión de aclarar los supuestos conflictos de interés de los mismos, ya que gran parte de esta información el Sernageomin la tenía en conocimiento y que sabían los cursos de acción y medidas correctivas que se estaban implementando”, puntualizaron.
“Todo lo anterior, nos genera una profunda desilusión y molestia, que la Dirección Nacional teniendo todos los antecedentes sobre la materia y a sabiendas que el reportaje estaba en desarrollo no haya hecho uso de su derecho a réplica en el momento de su emisión o anteriormente contestando las consultas de este medio de prensa”, finalizaron los funcionarios del organismo estatal.
Rodrigo Loyola se reunió con ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para plantearle esta inquietud.
Soluciones ambientales para la comuna de Huasco y darle urgencia al Plan de Prevención de Latencia exigió el alcalde de dicha localidad, Rodrigo Loyola, a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una reunión sostenida el viernes.
Loyola planteó ante la secretaria de Estado algunos puntos que espera se puedan implementar en la comuna, con el fin de que no se repita la situación de Quintero, Ventanas y Puchuncaví; o como ya ocurrió en Huasco, tras el episodio ocurrido en el año 2003 y 2005, cuando el puerto se encontró en estado de saturación ambiental sin que el Estado dictara el plan de descontaminación.
«Considerando la actual contingencia nacional con las emergencias de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, y con las que poseemos una historia ambiental común, solicitamos que se extienda a Huasco la medida que el Estado se haga cargo de la supervisión de monitorear la calidad del aire de la comuna«, dijo la autoridad comunal.
«Solicitamos que el Estado se haga cargo, con seriedad y urgencia, del pronto término de la depositación de relaves mineros en el mar, y si ello implica una acción conjunta de inversión de recursos desde el Estado, en conjunto con la empresa titular del vertimiento, pues deberá hacerlo», manifestó Loyola.
Cifras oficiales
Son dos las principales industrias que funcionan en Huasco: la Termoeléctrica Guacolda y CAP Minería, empresa dedicada a la extracción y exportación de hierro. El Plan de Descontaminación Atmosférica vigente para Huasco de la zona considera cifras que se modificarán tras su ejecución.
Actualmente, CAP Minería emite 2.017 toneladas anuales de MP10 en la zona, 71 por ciento de las cuales corresponden a emisiones combustibles y 29 por ciento a transporte de cargas. Tras la implementación del Plan, se espera que reduzca sus emisiones en un 70 por ciento (609 ton/año).
En el caso de la Termoeléctrica Guacolda, esta emite 992 toneladas anuales de MP10 en la zona, correspondiendo un 93 por ciento de ellas a emisiones combustibles y un 7 por ciento principalmente a transporte de cargas. Tras la implementación del Plan, se espera que reduzca sus emisiones en un 22 por ciento (776 ton/año).
La dirigenta local Gloria Becerra aseguró que hay diversas iniciativas mineras que amenazan la sustentabilidad de la comuna Chile Chico y la región de Aysén: «Si tenemos esta región, hay que cuidarla, no hay otra posición posible. El agua vale más que todos los gramos de oro que puedan sacar de ahí», aseguró.
Durante el pasado martes, dirigentas del sector campesino y turístico de Chile Chico expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para evidenciar sus visiones y dudas sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia, una propuesta poresentada Bachelet que no termina por convencer en el territorio.
En entrevista con El Desconcierto, la dirigenta Gloria Becerra, de la Agrupación Gremial de Chacareros y Ganaderos de la zona, acusó que el proyecto “pretende venir a construir encima de la conservación que tenemos, y ellos están haciendo el lobby al revés: no conservar para darle espacio a una minera”.
Según palabras del ministro de Bienes Nacional, Felipe Ward, hay cinco concesiones mineras de explotación y otras once de exploración en el territorio del parque. Una de las más polémicas es “Los Domos”, de Equus Mining, que incluso fue sorprendida en labores de prospección ilegal al interior de la Reserva Nacional Jeinimeni.
Al respecto, Becerra asegura que “si se explotara esta minera, está en un sector que es altamente turístico, de conservación, donde tenemos arqueología, paleontología, tenemos ganaderos cerca, río abajo tenemos la ciudad de Chile Chico, lugares productivos como las chacras, donde se producen alimentos para la comunidad. Si eso se llega a aprobar tendría un impacto gigante”.
Además, la prospección realizada se concretó en un lugar donde cualquier desperdicio caería al río Quebrada Honda, que confluye con el río binacional Jeinimeni. “También desemboca en el lago General Carrera, de donde tomamos agua para el consumo doméstico, para el uso en jardines e invernaderos”, añadió la dirigenta.
En la cita con las autoridades de Medio Ambiente y senadores, las mujeres quisieron expresar otra visión sobre el tema, ya que algunos pobladores se han mostrado a favor de la iniciativa. “Habrán algunos que tienen intereses, está bien. Peor también tenemos que ver cuál es el impacto real que vamos a tener a futuro. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrino, tenemos familia, ¿que vamos a dejar?”, se pregunta Becerra.
“El tema es que si esto sigue, se hipoteca la Patagonia. Es así de drástico y no lo podemos permitir. Tenemos la región más linda de Chile, entonces hay que cuidarla”, advierte.
“No es que no queramos mineras: es que no queremos más”
En Chile Chico se libra una lucha potente. La región ya cuenta con la presencia de dos empresas mineras: la primera, ubicada en la Viña Mañihuales, propiedad de la compañía minera estadounidense El Toqui, apuntada como un foco de contaminación ambiental en la zona. “Se hizo un estudio de salud que corroboró que existe contaminación severa en el sector, pero los políticos hacen oídos sordos a problemas que no les afectan directamente”, explica la dirigenta campesina.
La segunda es Delia NW, a cargo de la empresa Cerro Bayo, que se encuentra cerrada tras el accidente fatal donde dos mineros quedaron atrapados y perdieron la vida, en junio de 2017. Sin embargo, el problema de la contaminación de las mineras sigue vigente y toma más fuerza ante eventuales nuevos proyectos en la zona.
“Se está convirtiendo en una zona de sacrificio. Es terrible, seríamos afectados de una manera impresionante. La contaminación en las aguas no tiene solución, si sucede eso no hay vuelta atrás”, recalca Gloria Becerra.
A juicio de la dirigenta, las autoridades no están entendiendo el efecto que estas intervenciones podrían tener a largo plazo en el territorio. De hecho hace poco se autorizó a vaciar un pozo minero a una laguna cercana a Bahía Jara, un sector de Chile Chico conocido por su carácter agrícola, que sufriría un daño directo a raíz de la posible contaminación del agua.
“La pena es que las autoridades no están mirando esto. Queremos hacerle un llamado de atención para que no solo tengan una mirada de lo productivo extractivo, sino que a lo productivo que tiene que ver con la conservación”, argumentó.
Hoy son varias las organizaciones sociales que están trabajando en el tema, decididos a proteger el futuro del territorio para sus hijos y nietos y para las generaciones que se aproximan. Colectivos dedicados a la defensa del turismo, organizaciones indígenas y la misma pelea en común: “Estamos dando la lucha para que no se nos instale una minera en ese lugar. Esto no significa que estemos en contra de la minería, así al 100%. Si la empresa dice que tiene 5 años para cerrar su infraestructura, perfecto. No es que no queramos mineras, es que no queremos más mineras. Esa es la diferencia”.
Gloria Becerra señaló que es necesario defender el territorio y sus recursos “con unas y dientes, porque el futuro va a ser de la lucha por el agua. La mayoría del país tiene problemas de agua. Si tenemos esta región, hay que cuidarla, no hay otra posición posible. El agua vale más que todos los gramos de oro que puedan sacar de ahí”, cierra.
Esta semana se definió en el Congreso la solicitud para que las aguas del segundo lago más grande de latinoamérica sean revisadas. Se cree que pueden estar contaminadas producto de la actividad minera. Activistas locales viajaron para frenar los avances de un eventual futuro proyecto minero en Chile Chico.
El 9 de junio de 2017 un derrumbe en la mina Delia II, en la región de Aysén y a cargo de la minera Cerro Bayo, terminó con la vida de dos trabajadores. Luego del acontecimiento, la empresa despidió a 235 funcionarios y suspendió sus faenas, las que todavía no son retomadas.
Por otro lado, se encuentra en periodo de prospección el proyecto Los Domos, adyacente a la reserva nacional Jenimeni, de Chile Chico. La zona es de alto interés turístico, pero con el absoluto respaldo del alcalde DC de Chile Chico, Ricardo Ibarra, es una posibilidad cierta que se instale en el sector. Esto, a pesar de las intensas manifestaciones producidas para que se contemple dentro del parque Patagonia, lo que permitiría evitar que un proyecto así se desarrolle dentro de la comuna.
A través de un inserto pagado, el alcalde publicó en el Diario Aysén un artículo en el que señala que “no hay ningún decreto presidencial que pueda cambiar la vocación minera de nuestra comuna de más de 80 años”.
Gloria Becerra es una de las principales activistas campesinas en contra de lo que ha denominado “invasión minera” en la región y en su localidad, Chile Chico. Esta semana viajó a Santiago para participar de un conversatorio en la Universidad d Chile sobre el cuidado del agua y la tierra, y para asistir a una sesión de la comisión de Medio Ambiente del Senado y exponer sobre los perjuicios que podría traer una eventual instalación minera. Según señala, “nosotros antiguamente nunca fuimos mineros. Llegó esta actividad el año 89’. Antiguamente éramos ganaderos y agricultores. En honor a esa gente, que fue la primera en trabajar la tierra y que trató de mantener nuestra cultura de una manera sana, hoy en día debemos volver. Lo que pasa es que los hijos ya no quieren ser ganaderos, porque tienen una mirada distinta. Hay que volver a encantar a los mismos jóvenes de la localidad, porque tenemos que volver a la tierra. Todo parte por ahí”.
Y esa es la principal piedra de tope de las comunidades locales. La actividad agrícola y ganadera se vería particularmente perjudicada con la llegada de una minera que atentaría contra el equilibrio y la estabilidad ambiental del sector y, sobre todo, del Lago General Carrera, que ya ha comenzado a ser contaminado por la actividad minera. “Una minera no es amigable para el medio ambiente. Se instaló una minera y lo único que tenemos son desastres ambientales. Si se instala una minera en el sector tendremos contaminación ambiental, contaminación de las aguas, más invasión minera, más desastre natural, y seguimos teniendo una pobreza social, porque las autoridades están basando el desarrollo de la localidad en las empresas. Las gigantescas empresas extractivistas no dejan la plata en las localidades y a los trabajadores los mantienen con migajas”
Uno de los principales motivos de la visita de Becerra a la zona central del país dice relación con la necesidad de que se hagan estudios sobre la contaminación del Lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.
En la ocasión se acordó oficiar al Ministerio de Minería sobre los distintos intereses, prospecciones y proyectos mineros en la zona aledaña a la actual reserva nacional Jeinimeni. La decisión se adoptó luego que el subsecretario de la cartera, Pablo Terrazas, expusiera en un mapa proyectos concretos mineros, informando que Equus Mining (empresa minera australiana) está planteando la posibilidad de adquirir las instalaciones de Cerro Bayo para avanzar en sus operaciones en el sector de “Los Domos”, en las cercanías del circuito turístico Cueva de las Manos, Valle Lunar y Piedra Clavada.
Las preocupaciones de Becerra tienen su fundamento. El agua del Lago General Carrera es la columna vertebral de una zona que basa prácticamente toda su actividad en torno a ella. “Dentro de las cosas que solicitamos, es que se haga un estudio serio de lo que son las aguas del Lago General Carrera, porque nosotros tomamos agua de ese lago. Hay que pedirles a las autoridades que no solo se beneficien de lo maravilloso que es el lago, sino que consideren a la gente que vive de eso. Hay gente que bebe el agua de ese lago, la ocupa para sus cultivos y hay que avanzar a que la autoridad también tenga esta mirada, que no contaminemos tanto”.
La solicitud para la revisión del lago fue realizada oficialmente por la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, recogiendo el planteamiento de diversos expositores de la región que concurrieron a la cita.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado acordó este martes oficiar al Servicio Nacional de Geología y Minería y otros organismos del Estado con el fin de que entregue toda la información que posean sobre pasivos ambientales y contaminación por actividad minera en la cuenca del lago General Carrera. Esto, durante la sesión que se realizó este mediodía en Valparaíso para conocer las diversas visiones en torno al Parque Patagonia que existen en Chile Chico y la región de Aysén, además de las actividades de desarrollo productivo y conservación.
La solicitud de antecedentes fue realizada por la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, recogiendo el planteamiento de diversos expositores de la región que concurrieron a la cita: la dirigenta campesina de Chile Chico Gloria Becerra, la vicepresidenta de la Corporación Chelenko Miriam Chible y la presidenta de la Federación de Gremios del Turismo Ilsie Wolf.
La legisladora recordó que la paralización de faenas de Cerro Bayo “fue una tragedia que tiene a dos trabajadores desaparecidos. Eso fue lo que ocurrió, cuál es la responsabilidad de la empresa lo dirá el sumario, cuál es la responsabilidad de los entes fiscalizadores lo dirá la investigación. Pero lo que ocurrió ahí es eso”. Y concluyó: “Nadie pretende negar las actividades tradicionales de Aysén. Está la ganadería, la agricultura, la minería, pero a la escala que han sido”, en el sentido de que por lo menos esta última no puede pretender avanzar a otras zonas a costa de otras actividades y vocaciones productivas ya concordadas.
Recordando los problemas históricos de la minería, señaló que “quiero pedir que se oficie a Sernageomin y a los entes que correspondan, porque tenemos que aprender del pasado también, sobre cuál es el impacto ambiental de nuestras actividades tradicionales”.
En la ocasión además se acordó oficiar al Ministerio de Minería sobre los distintos intereses, prospecciones y proyectos mineros en la cuenca, particularmente en la zona aledaña a la actual reserva nacional Jeinimeni. La decisión se adoptó luego que el subsecretario de la cartera, Pablo Terrazas, expusiera en un mapa proyectos concretos mineros, informando que Equus Mining está planteando la posibilidad de adquirir las instalaciones de Cerro Bayo para avanzar en sus operaciones en el sector de “Los Domos”, en las cercanías del circuito turístico Cueva de las Manos, Valle Lunar y Piedra Clavada.
A su turno Gloria Becerra indicó que “siempre es importante tener acceso a las autoridades que toman decisiones para que conozcan lo que pasa en los territorios. Que hayan escuchado todas las posiciones, a favor y en contra del parque, entendiendo que tenemos que avanzar cada día, porque en términos de desarrollo rural hay mucho que hacer. La desinformación es un punto que nos juega en contra, pero de alguna forma hay que trabajar en una mesa seria y representativa de la comuna”.
Miriam Chible, en tanto, destacó la oportunidad, sin embargo expresó que “a veces se siente que es un espacio donde se pueden decir cosas que no son así. Me llamaron la atención cosas que se afirmaron y que no ocurren en la Patagonia, como que las personas no tienen acceso a los parques. Eso es una mentira”. Relevó que “hayamos podido venir dirigentas tanto del mundo campesino como turístico, donde pudimos hacer ver al resto de la comisión que la región se ha trazado un camino que va hacia el desarrollo sostenible, no solo en el turismo sino en todas las áreas productivas que debieran pasar la prueba de la blancura”, toda vez que “hoy la región tiene una oportunidad histórica de hacer un desarrollo cuidando y manteniendo en pie sus recursos naturales, manteniendo sus aguas limpias”.
En coherencia con este planteamiento, Ilsie Wolf expresó que “siempre es bueno sentarse a conversar con las distintas instancias”. Sobre el debate, planteó que “hay un desconocimiento muy fuerte o falta de información de las personas que están habitando la comuna con respecto a lo que la Red de Parques significa o la importancia de aquello”. Agregó que esta “es un producto esencial para nuestra región para poder despegar en términos turísticos, pero también es un aporte con respecto de cómo vislumbramos una región que se basa en un desarrollo sustentable”.
En este sentido cuestionó que por intereses políticos de ciertos actores se llegue a “controversias en comunas que debieran convivir en términos de amabilidad y que de alguna forma debiéramos poder solucionar estos problemas de mucha mejor manera”.
Proteger los glaciares es una demanda que por años las organizaciones medioambientales y diversos expertos en la materia han reclamado como esencial dentro de las políticas públicas del país, sobre todo por la gran cantidad de industrias que intervienen diversas áreas naturales de Chile. Además, el calentamiento global ha puesto en jaque a estos ecosistemas, por lo que se ha hecho necesario garantizar que no existan otras intervenciones que afecten las reservas de agua.
Sin embargo, hasta ahora no se ha podido concretar ninguna iniciativa, y varias continúan siendo revisadas en el Congreso, situación que mantiene en alerta a la industria minera, desde donde aseguran que se verán perjudicados si alguna medida se aprueba.
Según consignó El Mercurio, un estudio realizado por Cochilco, al que solo dicho medio ha tenido acceso, indicaría que de aprobarse medidas de protección de glaciares se reduciría la producción de cobre en un 22,5 por ciento, disminuyendo la producción de 5,7 millones de toneladas a menos de 4,4 millones.
Por dicha situación es que los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Minería estarían manteniendo reuniones con el Consejo Minero, agrupación que ha tomado el liderazgo frente a este tema con el fin de conversar sobre posibles medidas que cumplan con las expectativas de todos los actores involucrados.
Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile, señaló a nuestro medio que las empresas mineras están intentando mantener sus privilegios sin importar el daño al medio ambiente que esto pueda provocar, y que en ello, el Consejo Minero está teniendo un rol clave.
“El principal problema para contar con una protección adecuada de glaciares en Chile es el Consejo Minero, la ambición de las mineras para mantener sus privilegios a costa del patrimonio ambiental de América Latina es inaceptable”, indicó.
Además, Asún desmintió que una ley de protección pueda afectar la industria del cobre, y aseguró que la emisión de ese discurso es una “campaña de pánico, que demuestra la bajeza en la que están cayendo, de suponer que un proyecto de ley de glaciares, que es urgente en un planeta que se calienta, podría detener las operaciones mineras”.
En la misma línea, indicó que los problemas que ha enfrentado la industria durante el último tiempo o los que pueda tener en el futuro no tienen nada que ver con la protección del medio ambiente. Por el contrario, comentó que una normativa legal que proteja los glaciares podrá mejorar la fiscalización ambiental a la que deben someterse estas industrias, evitando así, daños como los que se ven hoy en Quintero y Puchuncaví, donde la División Ventanas de Codelco se ha visto involucrada.
Por otra parte, Matías Asún afirmó que “la ciudadanía está muy atenta a esta situación y no podemos permitir que en el Senado el lobby logre pasar un proyecto de ley que no garantice la protección completa y absoluta de todos los glaciares que existen en Chile”.
En la actualidad existen dos proyectos que se están revisando, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, sin embargo, aún no se ha garantizado la pronta aprobación de ninguna iniciativa.
Frente a esta situación, Matías Asún comentó que es tarea del presidente Sebastián Piñera garantizar que en su Gobierno los intereses económicos no se opongan o dificulten la promulgación de políticas de protección de glaciares.
La extracción del litio, elemento clave para el desarrollo de China, Estados Unidos, Europa y Japón, a través de la fabricación y uso de baterías eléctricas, significa también detrimento para los países productores del mineral.
Chile, Bolivia y Argentina conforman el “triángulo del litio”, donde se concentran las mayores reservas a nivel mundial, sin embargo, también son las comunidades que viven en los territorios los principales afectados por la irrupción de las compañías que bregan para tener una parte de la extracción del llamado oro blanco.
También , el método utilizado y más económico para la obtención del mineral, la evaporación de agua y la decantación de salmueras, es uno de los principales causantes de que se estén secando acuíferos subterráneos, devastando territorios y formas de vida de comunidades originarias que han vivido por miles de años en torno al pastoreo, agricultura y comercio.
“No hay que solo hablar de litio, hay que hablar de salares. No basta con discutir quien se queda con el litio, sino que hay que evidenciar los impactos sociambientales que genera un mineral que se aprecia como elemento fundamental para la reconversión tecnológica verde. Pero esta modificación tiene un lado oscuro, colonial, que significa repetir el mismo extractivismo de siempre, que actúa contra los habitantes locales con el fin de satisfacer una matriz energética carbono cero de las sociedades industriales que no ven lo que está sucediendo acá”, afirmó.
En todos los salares altoandinos de Chile, Bolivia y Argentina se utiliza agua dulce para la extracción del mineral, a través de un método arcaico como es la evaporación, que va secando los mantos acuíferos, eliminado flora y desplazado a la fauna, lo cual excluye también a la ganadería, la agricultura y el turismo local, debido a la afectación de reservas nacionales.
“El factor común en todas estas naciones es que se extrae indiscriminadamente agua, sin fiscalización alguna y sin tener conocimiento de la dinámica hidrológica de los salares, no existen estudios veraces, sin embargo, se siguen autorizando faenas sin tener cereza de los daños que esto produce. Otro de los problemas que se oculta es el que va contra las comunidades, que han sufrido una fuerte erosión de sus tejidos sociales, divisiones, conflictos, engaños y resistencia que de manera conjunta han afectado gravemente la convivencia comunitaria. Las empresas irrumpen con convenios y entregando ayudas asistenciales a cambio de controlar la voluntad de las comunidades que finalmente aceptan a las compañías y soportan las graves consecuencias socioambientales de la extracción minera en sus territorios”, argumentó.
La autora de la publicación “Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur”, Bárbara Jerez , recalcó que el caso más grave se da en norte de Argentina. Precisó que ahí existen territorios explotados que se ubican en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y que no tienen control alguno sobre las actividades empresariales.
No existe fiscalización, información pública y menos transparencia en los procesos. Además, agregó, la legislación vigente del país trasandino no considera medidas de control que rijan al litio e hidrocarburos. A diferencia de Chile, precisó, donde se asoma un tenue control, a través de la Corfo.
Para el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), César Padilla, la ganancia a corto plazo para los países productores y el mayor beneficio exclusivo para las naciones desarrolladas, esconde la trasgresión de derechos, la única defensa legal que tienen las comunidades afectadas por los impactos de la minería del litio.
Precisó que esto se da principalmente porque son territorios extremos, donde muchos piensan que no vive nadie, pero que existen los llamados pueblos de sacrificio, que mueren por compensaciones económicas.
El coordinador de OCMAL. Cesar Padilla, precisó que en Chile las empresas trasnacionales operan a través de la compra de autorizaciones de faenas a sus habitantes, que sufren del abandono Estatal. En Argentina, comentó, es aún desconocido, por la falta de información y la irrupción sin control de las empresas a la zona desértica del norte del país trasandino. En tanto, en Bolivia, se explota a cambio de más renta para el Estado, sin tener conocimiento de lo que se realizará en el futuro con los dineros.
“Hay varias distorsiones aquí, cosas que no están a la luz y que lo tiene que saber la gente, las mismas personas que hoy ven al litio como la salvación económica. La salvación en realidad yo no sé para qué. Va a pasar lo mismo que históricamente ha sucedido con nuestros recursos naturales, vamos a perder doblemente, porque se regala el litio sin proceso alguno a naciones desarrolladas, produciendo solo la destrucción de ecosistemas desconocidos, que pueden tener mucho potencial y que no están vinculados con la explotación del mineral”, subrayó.
Cesar Padilla aseveró que para contrarrestar los daños que produce la explotación indiscriminada por parte de, principalmente, compañías trasnacionales, es imperiosa una discusión regional en base a estudios sólidos y evaluaciones serias sobre los reales límites y posibilidades que tiene el territorio para el desarrollo de estas actividades económicas.
Además, sentenció, se requiere un debate en torno a la instalación de proyectos no solamente en base al aumento de la demanda internacional de litio o de otro recurso natural de turno. Es decir, “repensar la sustentabilidad energética abarcando los procesos territorialmente desiguales de apropiación-producción-comercialización-utilización del litio, y no sólo su uso final como materia prima para la generación de tecnología de reemplazo de las energías fósiles de unas sociedades y territorios a costa de otras”, finalizó.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, donde se concentra uno de los sectores económicos más importantes del país, como es la extracción de cobre y litio. La revisión reveló múltiples deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, destacan falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood. El ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación. En otras palabras, evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo. Y no es todo. Se estableció que 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad no han sido cumplidas por las mineras. Se agregan atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, irregularidades en las actas de inspección, entre otras fallas. Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. El informe lo publica -íntegramente- la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Antofagasta es la región minera por excelencia, donde se concentra la mitad de la producción del cobre del país y es la única zona en la que se produce litio. Allí operan grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas, Codelco, Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, SQM y BHP.
El fiscalizador de estos gigantes del sector es el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que no estaría cumpliendo su labor a cabalidad, actuando de forma laxa y deficiente, lo que favorecería a las firmas.
Así lo sostiene un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), donde se acredita que exempleados de estas empresas -que hoy son funcionarios estatales- no se abstuvieron de fiscalizar faenas en las que tuvieron participación, evidenciando un potencial conflicto de interés.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez detectó más de 500 casos de medidas correctivas ordenadas por el Sernageomin a las firmas mencionadas que estaban pendientes y fuera de plazo. Respecto de ellos, además, no se inició un procedimiento para cursar multas que superan, en total, los 500 millones de pesos.
Las fallas incluso van más allá, ya que se constataron problemas en actas de fiscalización. En ellas se encontraron inconsistencias y diferencias entre las registradas en el sistema respecto de los documentos físicos, todo lo cual hace vulnerable el sistema y lo expone a la manipulación y al uso indebido de la información, como se lee en el informe.
Atendido los hechos, la Contraloría ordenó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en esas situaciones. El informe íntegro, que revisó la fiscalización del cumplimiento del reglamento de seguridad minera por parte del servicio, lo publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. (Lea el informe completo acá).
“Todas estas deficiencas de control debilitan la efectividad de los procedimientos dispuestos por esa entidad pública para la fiscalización del cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, con los consiguientes riesgos asociados”, concluyó la CGR.
Radio Bío Bío envió preguntas con varios días de anticipación al servicio actualmente dirigido por Mario Pereira, pero pese a que se insistió para obtener su versión, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Potenciales conflictos de interés
La CGR descubrió en su auditoría que tres funcionarios del Sernageomin realizaron labores de fiscalización en faenas en las cuales habían trabajado en un espacio menor a dos años antes de desarrollar la respectiva inspección.
Uno de ellos es Daniel Fajre Flores, quien indicaba en su currículum vitae (CV) que trabajó hasta 2014 en Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Pese a ello, entre febrero de 2015 y marzo de 2016 realizó cinco inspecciones de fiscalización a esa compañía. Otro caso es el de Yaneth Godoy Cortés, en cuyo CV consignaba que se desempeñó en SQM S.A. hasta octubre de 2013. Tras ello, durante 2015 realizó efectuó cuatro inspecciones a la compañía. El tercer caso es el de Hipólito Hurtado Astorga, quien cesó sus funciones en Mantos Blancos en noviembre de 2012, de acuerdo a lo detallado en su CV. Una vez en el Sernageomin, hizo una inspección en febrero de 2014 a esa firma.
Según la Contraloría, esta situación vulnera el principio de abstención consagrado en la legislación, el cual exige que los servidores públicos tengan una conducta intachable y un desempeño honesto de su cargo, donde prioricen el interés general sobre el particular, al tiempo que deben ejercer estricta imparcialidad en sus decisiones.
“En este sentido, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría (…) ha sostenido que el principio de probidad administrativamente impone a los funcionarios públicos el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su ‘actividad particular’, aun si la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre cuando la actividad incide o se relaciona con el campo de las labores esenciales de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate”, remarcó la CGR en el documento.
Tras ello, desde el Sernageomin precisaron al organismo fiscalizador que, pese a lo que aparecía en el currículum de cada uno, no se desempeñaron directamente en dichas empresas. En el caso de Fajre Flores acotaron que trabajó para una empresa contratista de Minera Centinela, mientras que Godoy Cortés se desempeñó en SQM Industrial y no en SQM S.A., y respecto a Hurtado Astorga, éste no trabajó para Mantos Blancos.
En ese escenario, la CGR comprobó que los dos primeros trabajaron para las empresas informadas por el servicio, las cuales de todos modos tenían vínculo con las compañías fiscalizadas, mientras que en el caso de Hipólito Hurtado no se pudo acreditar que no tuviese relación con Mantos Blancos.
“Como se señaló precedentemente, los funcionarios deben evitar conflictos de intereses en sus funciones, aun si la posibilidad de que se produzca sea solo potencial. Al efecto, corresponde precisar que el hecho de no haber desempeñado labores como contratado por la empresa titular no implica necesariamente que no exista el riesgo descrito”, determinó.
Productores sin control
Otro ámbito donde se evidenciaron múltiples anomalías fue en el proceso de cumplimiento que deben hacer las empresas mineras a los requerimientos realizados por los funcionarios tras las actividades de fiscalización.
Uno de ellos tiene que ver con que se encontraron medidas correctivas supuestamente implementadas por las compañías, pero que no estaban acreditadas. En ese sentido, se percataron que existían 30 medidas indicadas como corregidas en las actas físicas, las que en el sistema informático aparecían como pendientes de ser regularizadas. Tras ser consultados por la Contraloría, desde el Sernageomin no entregaron documentación que acreditara la supuesta regularización, ni tampoco los antecedentes proporcionados por las firmas.
En ese contexto, cabe destacar que las medidas correctivas están asociadas a multas que ascienden a 620 unidades tributarias mensuales (UTM), las que equivalen a casi 30 millones de pesos, según el valor de la UTM de abril, que fue el considerado por la CGR.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de seguimiento a las medidas correctivas pendientes que se encuentran fuera de plazo. Así, el ente contralor detectó que de las 4.306 medidas generadas por la Dirección Regional de Antofagasta de Sernageomin, entre 2016 y 2017, 556 de ellas estaban pendientes y fuera del plazo establecido para regularizar las observaciones.
Las más de 500 medidas pendientes se encontraban vencidas en un promedio de 365 días, donde habia 118 casos en los que los requerimientos acumulaban más de 600 días corridos sin ser atendidos. Todas las medidas no implementadas están asociadas a sanciones pecuniarias que ascienden al menos a 12.126,3 UTM, es decir, un poco más de 573 millones de pesos.
Desde el regulador minero le explicaron a la CGR que la existencia de medidas pendientes fuera de plazo se debía a que los productores mineros no cumplían con subir al sistema los respaldos que acreditaran la implementación de lo requerido. Por ello, aunque el fiscalizador revise en terreno el cumplimiento y lo constate, no puede cerrar la medida, pues es una obligación del productor. También indicaron que cursarían sanciones a las empresas que reiterativamente no den cumplimiento a las medidas exigidas.
Pese a la respuesta, el ente contralor afirmó que “el servicio no proporcionó información que permita acreditar el cumplimiento efectivo de las medidas que se encuentran pendientes en el sistema, por lo que se debe mantener el hecho reprochado en todas sus partes”. Además, enfatizó que esta situación “deja en evidencia la falta de control y de seguimiento de las medidas correctivas a aplicar por los productores mineros”.
Atrasos y deficiencias en el cobro de multas
Una de las herramientas disuasivas más importantes que tiene el Sernageomin para castigar a las empresas mineras que no cumplen con el reglamento de seguridad es la aplicación de sanciones. Sin embargo, la CGR detectó que hay algunas anomalías que dificultan que estas se hagan efectivas: existe demora en el levantamiento de solicitud de la sanción, se genera una dilación en la emisión de la resolución que aplica multas y hay atrasos en el envío de los antecedentes para el cobro de multas a la Tesorería General de la República (TGR).
Sobre el primer punto, el inspector de seguridad minera cuenta con un plazo de 15 días hábiles para realizar el formulario de solicitud de sanción. Tras ello, es revisado por el coordinador de Seguridad Minera y el director regional para luego ser enviado al jefe del Departamento de Fiscalización y Seguridad Minera a nivel central del servicio.
En ese contexto, el ente contralor revisó 31 solicitudes de aplicación de sanción y verificó que 24 de ellas fueron realizadas con una demora promedio de 68 días hábiles. Dentro de ellas, se consignó una sobre la División Chuquicamata, de 104 días hábiles fuera del plazo, una de Rockwood Lithium, por sobre 75 días hábiles, y otra de Minera Antucoya, controlada por el grupo Luksic, que sobrepasó en 67 días hábiles el plazo establecido.
Por su parte, la entidad auditada informó que 21 de los 24 casos correspondían a accidentes graves y fatales, por lo que para poder formular la solicitud debía tenerse a la vista el informe de investigación del respectivo accidente. Esto explicaría la demora mencionada. Sin embargo, la CGR enfatizó que el servicio no aportó antecedentes que lo avalaran. De todos modos, el Sernageomin se comprometió a acortar los plazos del procesamiento sancionatario realizando una evaluación del proceso y una sistematización de la información, junto con desarrollar una capacitación al personal sobre el tema.
Respecto a la dilación para elaborar la resolución que aplica multas, se debe considerar que desde que el director regional remite la solicitud de sanción al nivel central, éste cuenta con 24 días hábiles para emitir el documento que la concreta. Como sea, se constató que en la práctica se consideran 10 días hábiles adicionales de plazo, en particular para los descargos del afectado, lo cual no está contemplado dentro del procedimiento. Así, se desprende que la entidad cuenta con 34 días hábiles para formalizar una multa.
El examen de la Contraloría arrojó que 25 de las resoluciones para aplicar sanciones se hicieron con una demora promedio de 110 días hábiles por sobre el plazo. Esto contraviene el procedimiento del Sernageomin y la legislación sobre la administración pública. Dentro de los atrasos, sobresale un procedimiento sobre Minera Antucoya, con 237 días hábiles fuera del plazo, uno de la División Radomiro Tomic de Codelco, con 230 días hábiles, de Rockwood (196 días hábiles), de la División Chuquicamata de Codelco (189 días hábiles) y uno de SQM Salar, que se hizo 136 días hábiles tras vencer el tiempo correspondiente.
En cuanto al atraso en el envío de antecedentes para efectuar el cobro de las multas, el servicio tiene un convenio de colaboración con la TGR. Ahí se estipula que esta última se obliga a recaudar y efectuar la cobranza judicial y administrativa de las multas a beneficio fiscal impuestas por la entidad.
El análisis de la CGR reveló que hay un promedio de 67 días corridos desde que el servicio emite la resolución que aplica la multa hasta la fecha en la que carga la información al portal de la Tesorería. De esos casos, sobresale un proceso contra Rockwood, con 175 días de demora, uno sobre la División Chuquicamata de Codelco, con 88 días, de Antucoya (42) y de SQM Salar (39).
Todas las anomalías involucradas durante el proceso generaron un promedio de 279 días corridos desde que se levantaron las 25 solicitudes en cuestión por la dirección regional hasta que se notificaron a la Tesorería General de la República. Incluso hay tres casos en los cuales el proceso superó los 450 días.
Actas en riesgo
Luego de finalizar una inspección a alguna faena minera, el funcionario del Sernageomin sostiene una reunión de cierre con su contraparte de la empresa fiscalizada. Ambos firman el acta y se generan dos copias, de las cuales una queda inserta dentro del denominado “Libro del Sernageomin”. En ese documento se plasman todos los antecedentes, observaciones realizadas y acciones correctivas que surgen de la actividad de fiscalización.
Este sistema que debería ser infalible e invulnerable, no lo es. Al menos así lo determinó la Contraloría dentro de su informe de auditoría. Tras revisar 20 actas de fiscalización firmadas por las empresas supervisadas, detectó que en cinco casos existían diferencias en la información contenida en ese documento respecto del acta almacenada en el sistema informático. También descubrió un acta firmada con fecha posterior a la registrada en el sistema como finalizada.
Las diferencias consistieron, principalmente, en la hora de emisión del acta y hay un caso en que el documento registrado en el sistema cuenta con todos antecedentes de la compañía, mientras que el acta física no indica el RUT, ni el estado ni la producción de la feana.
“La situación precedentemente expuesta, da cuenta de una debilidad de control interno que impide mitigar el riesgo de que el acta pueda ser modificada con posterioridad a la fecha en que fue firmada por los participantes de la reunión de cierre de la fiscalización en terreno pudiendo generarse modificaciones en el sistema SIMIN 2.0, que no son parte de los acuerdos suscritos por los intervinientes”, estableció al respecto el ente encabezado por Jorge Bermúdez. A su vez, esto contraviene una resolución exenta que se refiere al registro inmediato y pertinente de las operaciones para asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información para la toma de decisiones.
En su respuesta, el director regional subrogante del servicio dijo que la diferencia en las fechas y horas se debía a que los inspectores están varios días en terreno, en general, de lunes a jueves, tras lo cual los días viernes realizan el proceso de sincronización de dichos documentos en el sistema. Agregó que lo anterior se podía solucionar con un reforzamiento del proceso de entrega de las actas de inspección a los productores mineros y que se desarrollaría una capacitación a los inspectores y coordinadores de Seguridad Minera.
Como sea, la explicación del director regional no dejó conforme al ente contralor. “Lo expuesto por la autoridad del servicio auditado ratifica los riesgos detectados en cuanto a la probabilidad de efectuar modificaciones en las actas de fiscalización con posterioridad a la reunión de cierre con las empresas fiscalizadas, y si bien indicó que efectuará acciones para corregirlo, ello no desvirtúa lo objetado, considerando que las situaciones representadas corresponden a hechos consolidados y que la debilidad del sistema, en este aspecto, no se ha regularizado”.
Pero este no es el único problema detectado en cuanto a las actas. También se constató que existe un resguardo deficiente de ellas. El lunes 26 de marzo de 2018, el equipo de supervisores de la Contraloría revisó cómo se guardan las actas físicas y descubrió que éstas eran almacenadas en la oficina de las asistentes técnicas, la cual no posee llave ni puerta para resguardarlas de forma segura. Incluso no contaban con controles de acceso para prevenir la pérdida, sustracción, intervención o alteración de los documentos, como tampoco un posible uso indebido de ellos.
Esto adquiere especial importancia debido a que en el sistema informático no se almacenan las copias de las actas originales firmadas por las partes, por lo cual quedan sin aprobaciones.
Dicha situación, estableció el ente contralor, vulnera una resolución exenta y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.
A partir de la intervención de la CGR, el Sernageomin informó que desde mayo implementó un sistema para darle más seguridad al resguardo de las actas.
Junto con todo ello, se hallaron inconsistencias en cuatro actas de 24 que fueron revisadas. Estas consisten en que primero se observa un requerimiento que debe ser subsanado, luego se dice que ya fue corregido y finalmente se indica que persiste la observación.
Uno de esos casos tiene que ver con una inspección realizada a Mina Julia, ubicada en Taltal. En febrero de 2017, en el acta se observó que al interior de la mina faltaba señalización de las vías de emergencias. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, un numeral del documento señaló que se constató la implementación de las correcciones, pero contradictoriamente dentro del mismo acta se precisó que aún no estaban señalizadas las salidas de emergencias.
Cabe recordar que entre medio de ambas fiscalizaciones, el 24 de octubre de 2017, se produjo un derrumbre en Mina Julia, tras lo cual quedaron atrapados dos mineros a más de 100 metros de profundidad, los que afortunadamente lograron ser rescatados al día siguiente(ver nota).
Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
Monitoreo muestra un caudal de desecho minero de hasta 9.506 m3/día, dos veces el promedio permitido.
Chile se encuentra actualmente definiendo el futuro de una de las minas de hierro más importantes del país. Se trata de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la que es acusada de verter sus relaves mineros al mar sin autorización ambiental.
Esta empresa opera en Huasco, ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, al norte de Chile, un lugar declarado como zona de sacrificio hace seis años por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación.
La minera, que pertenece al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico), que es el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país, ha sido denunciada repetidas veces por la población por causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.
Pero esta vez el escándalo ha tomado proporciones distintas. La organización de conservación marina Oceana ha denunciado a la Compañía Minera del Pacífico (CMP) por arrojar sus desechos mineros en la Ensenada de Chapaco, sin la autorización respectiva. La denuncia se hizo ante La Superintendencia de Medio Ambiente que es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales. Este organismo inició un proceso sancionador y ha acusado a CMP de cometer 20 infracciones. El vertimiento de relaves al mar, fuera de la norma, es una de ellas y fue catalogada de gravísima. La empresa arriesga el cierre de sus operaciones.
En respuesta, la empresa presentó al organismo un Plan de Cumplimiento. Es decir, un paquete de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la autoridad, se cumpla con la normativa ambiental. Pero mientras la Superintendencia evalúa la propuesta de la empresa, el relave minero continua siendo vertido al océano.
Relaves tóxicos
Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales generados para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. En dichos procesos son utilizados métodos de extracción química. Es por ello que, dependiendo del mineral procesado, los relaves pueden contener concentraciones de arsénico, cobalto, níquel, mercurio, plomo, zinc, así como residuos de procesamiento como cianuro de sodio, lima y otros ácidos.
Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile. Según datos del Grupo de Expertos Científicos Independientes, que asesora al sistema de las Naciones Unidas, sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP), solo 16 de las 2500 grandes minas industrializadas de todo el mundo vierten sus relaves mineros al mar.
En Chile, según el catastro de marzo de este año, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen un total de 740 depósitos de relaves en todo el territorio nacional. El depósito de CMP, en la Ensenada de Chapaco, es el único marino y existe desde hace 50 años.
Según coinciden diferentes estudios científicos, entre los principales impactos de los relaves marinos se cuenta la asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales. Lo anterior, ha sido reconocido y citado por el Senado de Chile, en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.
Una historia de contaminación sin regulación
El proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), cuenta la historia de cinco décadas de contaminación marina. Según detalla el documento, las descargas al mar de los desechos de esta mina de hierro, comenzaron en 1978 cuando no existía en el país regulación ambiental. En aquella época, los desechos eran arrojados en la costa a la altura de las rocas que desaparecen bajo el agua o aparecen, según sea la marea. En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual se depositan los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad.
Ese mismo año entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y en 2001 la autoridad de evaluación ambiental aprobó el proyecto “Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de Hierro” presentado por CMP. En dicho proyecto, según señala la Superintendencia, el depósito de relaves no fue evaluado ambientalmente debido a que estaba autorizado desde 1993 y que, según había declarado la empresa, era monitoreado constantemente.
Algunos años después, CMP presentó a la autoridad de evaluación ambiental, el proyecto “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. En 2010, dicho proyecto fue aprobado con condiciones y se autorizó mediante la Resolución de Calificación Ambiental RCA 215. La condición para autorizar las operaciones de la empresa era que esta debía presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Además, la empresa, unavez aprobado el proyecto, debía implementar el sistema en un plazo máximo de dos años.
En 2013, para dar cumplimiento a lo que se le había exigido, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización del sistema de depositación de relaves de planta pellets”. Dicho proyecto proponía prolongar el emisario submarino hasta aguas profundas del mar. A 6,6 km de la costa y a una profundidad de entre 200 y 800 metros.
En esa propuesta la empresa señalaba, entre otras cosas, que “se estima que el proyecto, en fase de operación, es susceptible de generar o presentar efectos adversos significativos (…) específicamente sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, en virtud de la cantidad de residuos sólidos asociados al sistema de depositación de relaves mineros en el fondo del mar. Asimismo, existen en el área del proyecto, especies de flora que pudieran ser afectadas en la etapa de construcción y que se encuentran en estado de conservación (en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas)”.
Debido a los impactos ambientales que el nuevo sistema de depositación de relaves auguraba, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones. La empresa debía entregar soluciones a cada una de ellas, si es que quería ver aprobada su propuesta. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.
Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado, por medio de la RCA 215, estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.
Al mismo tiempo, según se especifica en el proceso sancionatorio, el efluente que CMP vierte en el mar, sin autorización, tampoco cumple con las condiciones de flujos máximos autorizados y composición del residuo. El documento señala que este ha sido descargado al mar “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente –en la RCA 215— correspondiente a 4.700 m3/día”. Los monitoreos publicados en el mismo documento especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue de 9.506 m3/día. Es decir, el doble de lo permitido.
Victoria Caroca, química de Fundación Relaves, advierte que los desechos mineros que son vertidos al mar deben cumplir con condiciones específicas en cuanto a su solidez. “Si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes”.
Por otro lado, Sanguinetti señaló que “hay excepciones establecidas en diferentes decretos ley y acuerdos, donde se autoriza verter al mar. Ello, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Sin embargo, el abogado enfatizó en que “se ha demostrado que ese no es el caso de CMP”.
En efecto, en 2015, Bernard Dold, jefe de área en Geoquímica Aplicada de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia y presidente de SUMIRCO (Sustainable Mining Research & Consultancy) realizó un estudio, para la Subsecretaría de Pesca, sobre el relave marino de CMP. Según la investigación, los óxidos de hierro, contenidos en el relave, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.
Las consecuencias de 50 años de relave
Héctor Zuleta, presidente de la federación de pescadores artesanales y representante de la mesa de pesca de Huasco, contó a Monagabay Latam que, en su juventud, buceaba en la Ensenada de Chapaco. Ahí, recogía los mariscos que nacían en las praderas marinas.
“Debajo del mar, es igual que arriba en la tierra. Hay cerros, cuevas, bosques… ahí está la vida. Así era la Ensenada, pero desde hace años que todo eso se tapó. Está todo cubierto de arena”. Chapaco dejó de ser, hace décadas, un sector de pesca. Hoy, los pescadores salen de la bahía, mar afuera, para poder pescar. Los más perjudicados, explica Zuleta, son los mariscadores cuya fuente laboral se encuentra en sectores cercanos a la costa. “Antes, a 10 minutos de camino encontrábamos mariscos. Hoy tenemos que andar mínimo dos horas para encontrar algo” dice. “Nuestras preocupación es esa. Que cada vez quedan menos terrenos donde ir a trabajar”.
Lo anterior es confirmado por el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente el cual señala que “se puede identificar ausencia de determinadas especies en el sector de la Ensenada Chapaco, en comparación con otros fondos marinos del sector. Se revela una disminución tal de recursos que puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”.
De hecho, la misma empresa reconoció los efectos del vertimiento al señalar que, si cerrara el actual sitio de depositación de relaves, “se prevé que se produzca una mejora gradual del hábitat para las comunidades bentónicas, en un mediano largo plazo. Los efectos positivos anticipados sobre la abundancia de los peces y las comunidades de macrofauna intermareal y submareal, posiblemente tengan a su vez un efecto positivo sobre los mamíferos y las aves de la costa”.
“Las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto” declaró el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato. El mandatario hacía referencia a las cuatro zonas que han sido declaradas “de sacrificio”, entre ellas Huasco. Y es que los 9000 habitantes de esta ciudad puerto conviven no solo con la planta de hierro de CMP, sino también con cuatro unidades termoléctricas a carbón, pertenecientes a AES Gener. En 2012, Huasco fue declarada zona latente por material particulado (PM10) o zona de sacrificio, tras constatarse que las concentraciones anuales de PM10 estaban sobre un 80 % del límite establecido por la norma.
Miedo al desempleo
Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra. El Plan cuenta con una serie de medidas para cumplir rápidamente y satisfactoriamente con la normativa ambiental.
Carlos Pineda, Gerente General de CAP Minería, declaró a medios nacionales que “ha sido un muy buen plan de cumplimiento el que estamos presentando a la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente nos compromete con soluciones de largo plazo y de muy buen nivel, para poder dar una sustentabilidad a esta fuente laboral y a nuestro negocio que mantenemos en el Valle del Huasco”.
CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.
El Ministro de minería, Baldo Prokurica, se trasladó hasta Huasco en apoyo a los trabajadores de CMP que temen la pérdida de sus empleos, en caso de que la empresa se vea obligada a cambiar su tratamiento de residuos industriales en el corto plazo. “Hay funcionarios que extreman las disposiciones”, declaró Prokurica, a propósito de las exigencias medioambientales. “Queremos que el medio ambiente mejore, pero queremos también que los tiempos para que estos cambios se produzcan sean los necesarios para evitar efectos que nadie quiere” añadió.
La provincia de Huasco tiene actualmente una tasa de desempleo del 11 %. Una de las más altas del país. Es por ello que autoridades de gobierno han señalado que “la paralización o cierre de parte de los establecimientos de CAP, representaría una situación de enorme gravedad, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía”.
Luego de la visita del ministro Prokurica, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló en un comunicado que aunque “la comunidad de Huasco y las asociaciones ambientales son contrarias a cualquier paralización de faenas y su consecuente pérdida de fuentes laborales (…) solicitamos que el Gobierno deje a las instituciones funcionar de manera seria, exentas de presiones mediáticas (…) No nos parece razonable que mientras se evalúe técnicamente el Plan de Cumplimiento de un titular infractor ambiental, las autoridades del gobierno avalen una alarma pública de despidos para adelantarse al rigor técnico de las instituciones. Aquello no es digno de un país responsable, ni habla bien de nuestra democracia”.
La minería está afectando los glaciares en Chile, lugar que alberga el 82 por ciento de los cuerpos de hielo en Sudamérica.
No, no es que seamos alarmistas, pero la situación es delicada. Lo supimos el otro día al enterarnos de que el hielo más grueso del Ártico se rompió por primera vez, pero esta situación no sólo se vive en el Polo Norte, sino que existe también en el sur.
Porque ahora además del cambio climático, también la minería amenaza con acabar con los glaciares, sobre todo el Chile, país que cuenta con el 82 % de los glaciares de América del Sur.
¿Por qué la minería?
Según Fabrice Lambert, profesor de climatología de la Universidad Católica de Chile, esto se debe al polvo que genera la actividad minera, lo cual pone, según sus palabras, en verdadero peligro a los 24 mil 114 glaciares chilenos.
“El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie blanca (refractaria a los rayos del sol) y esas partículas absorben la energía solar y provocan el deshielo rápido de los glaciares”.
¿Qué dice la industria minera?
Que no, pues qué otra cosa van a decir. Joaquín Villarino, presidente del consejo Minero chileno, dijo que esto es imposible debido a que “más del 70 por ciento de la actividad minera se desarrolla en zonas donde no hay glaciares”.
Además recalcó que existe una legislación que protege e impide que las compañías mineras hagan daño a glaciares existentes.
Entre que sí y que no, Lambert reconoce que no está diciendo que se suspenda la minería y que hay que ser realistas: “hay que encontrar una manera de proteger los glaciares sin destruir la industria minera, que es esencial para la economía del país”.
Esta disminución de la superficie helada en Chile corresponde con la tendencia global según el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, situación que puede provocar muchos más efectos negativos de los que prevemos.
Por ello, urgen políticas públicas para cuidar al medio ambiente, pues en toda Sudamérica sólo Argentina cuenta con una legislación específica para la protección de sus glaciares. ¿Hasta cuándo se tomarán cartas en el asunto?
Una auditoría efectuada por la Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, determinó una serie de graves irregularidades ocurridas entre 2016 y 2017, en el rol que el organismo estatal debió cumplir como fiscalizador de la gran industria minera del norte, a firmas como Antofagasta Minerals, SQM, Codelco, BHP y Rockwood.
Rodrigo Loyola se reunió con ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para plantearle esta inquietud.
Durante el pasado martes, dirigentas del sector campesino y turístico de Chile Chico expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para evidenciar sus visiones y dudas sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia, una propuesta poresentada Bachelet que no termina por convencer en el territorio.
Esta semana se definió en el Congreso la solicitud para que las aguas del segundo lago más grande de latinoamérica sean revisadas. Se cree que pueden estar contaminadas producto de la actividad minera. Activistas locales viajaron para frenar los avances de un eventual futuro proyecto minero en Chile Chico.
Proteger los glaciares es una demanda que por años las organizaciones medioambientales y diversos expertos en la materia han reclamado como esencial dentro de las políticas públicas del país, sobre todo por la gran cantidad de industrias que intervienen diversas áreas naturales de Chile. Además, el calentamiento global ha puesto en jaque a estos ecosistemas, por lo que se ha hecho necesario garantizar que no existan otras intervenciones que afecten las reservas de agua.
La extracción del litio, elemento clave para el desarrollo de China, Estados Unidos, Europa y Japón, a través de la fabricación y uso de baterías eléctricas, significa también detrimento para los países productores del mineral.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, donde se concentra uno de los sectores económicos más importantes del país, como es la extracción de cobre y litio. La revisión reveló múltiples deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, destacan falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood. El ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación. En otras palabras, evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo. Y no es todo. Se estableció que 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad no han sido cumplidas por las mineras. Se agregan atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, irregularidades en las actas de inspección, entre otras fallas. Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. El informe lo publica -íntegramente- la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
