La Senadora Ximena Ordenes planteó su preocupación por el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales habría dado luz verde a modificar los límites del Parque Patagonia, en la Región de Aysén, beneficiando a proyectos mineros que buscan instalarse entre las reservas de agua más importantes del país.

Tras conocerse la información sobre un eventual acuerdo entre el Gobierno de Sebastián Piñera –a través del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward- y distintos representantes de la comunidad de Chile Chico para reducir los límites del Parque Patagonia y delimitar un polígono destinado a la minería, la senadora Ordenes dijo que “han actuado otro tipo de intereses en esta decisión”.

Añadió que “si como Estado hemos resuelto dar el máximo de protección a este territorio, elevando su categoría de reserva a Parque Nacional, resulta una contradicción instalar como vecino una labor de extracción minera que, sin duda, causará un daño irreparable a este territorio”.

“No es preciso decir que la iniciativa del Parque Patagonia afectaría fuentes de trabajo, porque el proyecto minero que se ve directamente beneficiado con este supuesto acuerdo aún no se construye, y lo que está haciendo el Gobierno es actuar en función del lobby minero, que está presionando fuertemente en la Región de Aysén”, aseguró.

Es por ello que la senadora de Aysén solicitará “conocer los atributos que se le otorga a este nuevo territorio de acuerdo al Informe Técnico Justificatorio que debió elaborar CONAF con los nuevo límites, y señalar los pronunciamientos tenidos a la vista por la DIFROL y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad frente a esta nueva definición de límites para el Parque Nacional Patagonia, tan esperado por Chile y la comunidad internacional”.

“El Ministro Ward también debe aclarar cuánto se disminuye la superficie en Jeinimeni para entregarla a Eqqus Mining, y decir cuánto se disminuyó la destinación al Ejército en Valle Chacabuco para destinarla a “compensar” tal disminución”, agregó.

Asimismo, la senadora Ordenes dijo que tal acuerdo es “peligroso y preocupante para el patrimonio hídrico del país: lo que hace el Gobierno es dar luz verde para un proyecto minero que producirá residuos tóxicos en medio de las principales reservas de agua con las que cuenta nuestro país y eso sería un error estratégico”.

“Pareciera ser que el principal interés de las autoridades que abogan por instalar la minería en la Patagonia no es precisamente la generación empleo”, señaló la parlamentaria.

Además, Ximena Ordenes dijo que “si el preocupación del Gobierno fuera la generación de empleo en la zona, se habría tomado el camino de invertir en las capacidades naturales y turísticas que tiene la Región de Aysén, que tiene proyecciones internacionales de primer nivel y que es nuestra propuesta de desarrollo para esa zona, pero no tomar el camino del extractivismo, que dejará residuos ambientales que destruirán nuestra riqueza”.

Fuente:http://aysenlinea.cl/gobierno-da-luz-verde-a-la-extraccion-minera-en-medio-de-las-mayores-reservas-de-aguas-del-pais-ubicadas-en-la-region-de-aysen/?fbclid=IwAR2Z8QAh8X78fwjYT_BCIxr0e-SNPcQhyzR3Ld01SeBHfqZIlZIv3rXQnKo

Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:http://www.terram.cl/2018/10/chile-relaves-mineros-son-arrojados-al-mar-en-huasco/

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajó hasta Chile Chico, en la región de Aysén, para anunciar a la comunidad que el conflicto de los límites de la futura Red de Parques Nacionales de la Patagonia, ya está solucionado.

A finales de enero de este año, la expresidenta Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacional de la Patagonia para proteger el ecosistema y su conservación, así como también fomentar el turismo.

La Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consiste en ocho parques nacionales que suman un total de 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, tras la donación de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins.

Sin embargo esta iniciativa afectaba directamente las fuentes de trabajo de los habitantes de Chile Chico. Entre los parques se encuentra el Parque Nacional Patagonia que, en su decreto original, incluyó terrenos fiscales  donde se practican actividades ganaderas como el uso de veranadas y la minería.

De esta forma el ministro Felipe Ward, informó el día de ayer que se logró “firmar un acuerdo muy emblemático e histórico” luego de “una labor muy profunda” en la que se recorrió la provincia para ver qué familias se veían afectadas por la propuesta que se efectuó durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Esta solución consiste en excluir de la superficie del Parque las actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de la zona, reemplazándolas por otras áreas. Así, de las 4.279.760 hectáreas (aprox.) de la Red de Parques de la Patagonia, el Parque Nacional Patagonia contará con una superficie total de 305.712,15 hectáreas.

El ministro aseguró quedar “muy contento” ya que “suscribimos un acuerdo donde fuimos capaces de representar como Gobierno a todas las fuerzas viva de la comuna”.

La minera australiana Equus Minig realizó exploraciones cerca del Parque Patagonia, el cual ha sido fuertemente cuestionado.

A fines de enero de este año, a menos de dos meses de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consistente en ocho parques nacionales, que suman 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y que son fruto de un aporte de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins en conjunto con el Estado.

Entre ellos, se encuentra el Parque Nacional Patagonia (Aysén), que en su decreto original incluyó terrenos fiscales donde hoy existen zonas de actividades ganaderas llamadas veranadas y, además, un área aledaña a la Reserva Jeinimeni, donde una minera (la australiana Equus Minig) realizó exploraciones para un nuevo proyecto minero.

Fuente:https://www.vcchile.com/es/noticias/nacional/gobierno-de-pinera-reduce-limites-del-parque-nacional-patagonia-para-permitir-las-exploraciones-de-mineras/15/10/2018/29067.shtml

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de ley para declarar de interés nacional a las empresas privadas que explotan litio.

“Ello en el fondo implicará que estas compañías son expropiables por el Estado, como una forma de recuperar el litio para Chile”, explicó la presidenta de esta instancia, diputado Marcela Hernando (PRSD).

Este proyecto de autoría del diputado Daniel Núñez (PC) concitó 7 votos a favor y 3 en contra de los diputados Diego Paulsen (RN), Nicolás Noman (UDI) y Sofía Cid (RN), tres de los 6 representantes de Chile Vamos que estaban presentes en la instancia.

“Esperamos que la próxima semana se ponga en tabla en la Sala. Necesitamos mayoría simple para que sea aprobado”, indicó Hernando.

La diputada comentó que el Ejecutivo manifestó que el proyecto no era necesario porque actualmente la Constitución establece que el litio no es concesionable, pero los parlamentarios fundaron el proyecto en que los contratos actuales de arrendamiento no se cumplen a cabalidad por la empresa privada. Citaron los problemas de pago de SQM y las desaveniencias sobre el precio preferente de venta de litio con Albemarle.

“Hoy no hay cómo controlar los contratos de arrendamiento, y las empresas faltan en el cumplimiento, y no nos referimos sólo a SQM sino también a Albemarle. Hasta en una concesión el Estado tiene más herramientas para resguardar su parte. Por eso queremos que el Estado recupere esas pertenencias y después determine si quiere explotarlas o concesionarlas”, explicó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-mineria-aprueba-expropiacion-empresas-litio/364801/#

Lo vienen diciendo los investigadores desde hace décadas ya.  Se han sumado políticos, líderes intelectuales, sociales, filósofos e incluso empresarios. El modelo de desarrollo global nos ha hecho avanzar hacia el antropoceno, era geológica de la Tierra donde los cambios globales ya no son producidos por agentes naturales sino por la acción humana.

Un modelo donde la naturaleza es vista principalmente como una despensa, en el proceso de extracción, y un vertedero, luego de la transformación.  Y así se mide el éxito y fracaso de continentes, naciones, regiones, territorios, mientras mayor es la producción, mejor para la sociedad.  Si es bueno para la economía (una economía de corto plazo, claro está) es bueno para la gente, es el mantra.

Así lo hemos visto últimamente con la crisis de Quintero-Puchuncaví, los contaminados por el plomo en Arica, la salmonicultura en la zona sur-austral del país.  Productividad que mata y que atenta día a día contra la fábrica más importante del mundo: la naturaleza, que lleva años fabricando vida.  La nuestra y la de las demás especies.

Las zonas de sacrificio desperdigadas por doquier son el mejor ejemplo de aquello.  Realidad que ciertos medios, empresarios y políticos pretenden revertir señalando que quienes se quejan y ahí viven responden a la clasificación nimby (del inglés “not in my backyard”, es decir, “no en mi patio trasero”): personas que quieren las soluciones a los problemas sociales y materiales pero no asumir los costos de éstas.  Insensatez, plantean los adalides del modelo, porque para que todos vivan bien alguien debe pagar la factura.

El problema es la doble trampa de esta visión.

Primero, porque ningún modelo de sociedad debiera permitir, mediante su institucionalidad, la vulneración de los derechos más básicos de las personas. Ninguna termoeléctrica debiera poder contaminar el aire a niveles de intoxicación, ninguna salmonera vaciar sus desechos en las costas usadas por la pesca artesanal afectando su sustento, ninguna minera destruir glaciares y afectar las reservas de agua que permiten la vida de las comunidades.

Y segundo, porque cuando nos hablan de que alguien debe sacrificarse por el modelo de sociedad normalmente los que asumen los costos son los mismos.  Poblaciones carenciadas, que por necesidad de trabajo están dispuestas a sacrificar su presente y futuro porque los mismos que esto argumentan no están disponibles para apoyar el que sea la sociedad en su conjunto, el Estado por ejemplo, la que garantice los mínimos básicos en educación, salud, vivienda, previsión social y todo lo que definamos como fundamental para vivir con dignidad.

Por ello el concepto de “compartir beneficios” que se utiliza para justificar que industrias alta y negativamente impactantes se instalen en los territorios tiene un déficit.  Sus controladores no debieran solo compartir beneficios.  Tendrían, en justicia, que compartir los perjuicios de sus actividades.

¿Quiere instalar una termoeléctrica en un pueblo?  Pues bien, que sus hijos vayan a sus escuelas.  ¿Quiere verter desechos de salmón en las costas del sur? Pues bien, que sus hijos se bañen en esas aguas. ¿Quiere contaminar el agua con la extracción de oro? Pues bien, que sus hijos beban de esas fuentes.

Hace pocos días el gobierno anunció su decisión de dejar fuera del futuro Parque Patagonia el área fiscal donde la australiana Equus Mining, a través de la sociedad Southern Gold, busca instalar su mega proyecto minero de oro y plata “Los Domos”.  Sociedad constituida por Sergio Romero Guzmán, cuyo padre fue presidente del Senado por Renovación Nacional -partido matriz del Presidente Sebastián Piñera- y la cual ha hecho un intenso lobby para avanzar en sus pretensiones.

“Los Domos” ya fue priorizado por el gobierno (es la única iniciativa en Aysén consignada en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables), adyacente a la nueva área silvestre protegida, en el área de un rico patrimonio arqueológico, paleontológico y geológico como el caso del circuito Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar.

Una nueva zona de sacrificio es lo que proyectan.  En la cuenca del lago General Carrera, la principal reserva de agua dulce del país.

Pero la historia, incluso de Aysén, nos ha demostrado que no necesariamente anhelos hoy serán realidades mañana.  Más aún cuando se despejaron las intenciones del Ejecutivo, señal fundamental para enfrentar los procesos sociales que vendrán.  Procesos que, definitivamente, están anclados en el sentido de responsabilidad territorial local y, también, global.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49790

Finalmente, el monitoreo al daño a los glaciares de la zona fue uno de los detonantes de la determinación.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cierre definitivo de Pascua Lama, tras la solicitud realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), debido a varias faltas en las que incurrió la empresa, cuyas faenas se ubican en Alto del Carmen y que habrían afectado la condición de los glaciares de la zona, provocando un daño irreparable para el lugar.

Al respecto, el ministro Mauricio Oviedo comentó que «finalmente lo que hace el tribunal en esta sentencia es aprobar la sanción de clausura definitiva, decretada por la SMA».

«La resolución dictada no es impugnable, pero lo que en rigor podría ocurrir es que una vez notificada la determinación se interpongan un recurso de reclamación por parte de la empresa afectada o por las comunidades que no se sostienen, conforme a lo decretado por la SMA», detalló.

Vale decir que la solicitud fue hecha en enero de 2018 por la SMA, la que decretaba 33 sanciones, donde cinco de ellas solicitaban el cierre definitivo, siendo el monitoreo de glaciares la que motivó el cierre de la faena Pascualama.

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/tribunal-ambiental-de-antofagasta-aprobo-el-cierre-de-pascua-lama/20181012/nota/3811438.aspx

Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/10/oceanos-relaves-mineros-son-vertidos-al-mar/

Hace dos meses la empresa Pan Pacific Copper, de capitales japoneses, envió a la comunidad de Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad para realizar exploraciones, situación que provocó un rechazo de la comunidad y también del municipio de Paihuano.

Consultado al respecto al seremi de Minería, Roberto Vega, señaló que «lo primero que hay que aclarar con lo que han denominado el proyecto Perejil, se trata de una solicitud de mensura, es decir los pasos previos a poder hacer cualquier tipo de desarrollo minero y claramente acá existe un cierto sesgo porque la actividad minera es parte de Chile, nuestra región es minera y no podemos sacrificar un proyecto sin haberlo conocido».

«Las declaraciones del alcalde dicen relación con un desconocimiento completo del proyecto, en el cual hay que dejar claro a la ciudadanía que todavía no ha ingresado ningún proyecto ni de planta, ni de tranque, solamente hay una solicitud de mensura respecto a determinadas pertenencias que están dentro de la legalidad y corresponden en un país minero como Chile, que quiere atraer inversiones que se respete» agregó el seremi.

Según Vega hay que respetar la legalidad en los procesos y abrir las puertas para que la inversión llegue a la región, «sobre todo no podemos negar las plazas de trabajo para la gente, hay que ser categórico y hacer un poco de memoria el desarrollo y progreso que tuvo la minera El Indio para la conurbación La Serena y Coquimbo, en la cual se le cambió la cara a nuestra región gracias a minería» acotó.

«Sin escuchar a las partes ni tener un diálogo previo, no podemos como autoridades decir no a un sector, acá somos una región que quiere desarrollar emprendimientos, quiere atraer inversiones y lo primero que hacemos como autoridad política de este sector es garantizar que exista el respeto a la legislación» puntualizó.

Por su parte, Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que «me tiene muy preocupado e indignado la actitud de las autoridades alcaldicias de Paihuano, es una actitud negativa contra la minería no una exploración puntual, declara zona libre de minería pero no sé a qué se refiere con eso, porque Paihuano se extiende hasta la cordillera donde está el proyecto El Indio, le cierra las puertas a todas las mineras no solo a una».

«Lo único que desea es hacer una concesión minera, ya no es una exploración, después viene un trámite con la autoridad de dos años para poder construir la propiedad, pero de antemano cerrar las puertas tan tajantemente, la cordillera de esa zona es muy extensa y amplia, Paihuano tiene una gran jurisdicción» añadió Castillo.

De acuerdo al presidente del gremio, «negarse de buenas y primeras, sobre todo un alcalde que es partidario de un gobierno que ha declarado el libre mercado y el fomento a los desarrollos mineros, me parece muy extrema la actitud».

Castillo apunta al diálogo como clave en el proceso, «Chile es un país minero, por lo tanto tenemos que dialogar porque es como que mañana nos opusiéramos a algún tipo de agricultura, nadie puede decir tajantemente yo declaro libre esta zona, no es así, la minería ha sobrevivido por siglos en este país por lo tanto la actividad puede continuar con limitaciones, reglas, pero tiene que sobrevivir porque de una manera u otra somos parte de la sociedad».

Respuesta del alcalde: «Existen temas de voluntades»
Si bien desde el municipio se habían referido al tema a través de un comunicado, Diario LA REGIÓN conversó con el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien señaló que «cuando esta noticia se hizo pública, los grupos ambientales reaccionaron y nosotros también como comuna».

«El tema es que justamente donde esta empresa quiere hacer su estudio es donde comienza el Río Cochiguaz y eso significa que esa agua posteriormente llega al río Claro y después al Elqui, que es el agua que proporciona el suministro para Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, o sea que toda el agua que toman los vecinos sale de ese afluente» aclaró.

Respecto a los dichos del seremi de Minería, Ahumada fue enfático en señalar que «entiendo y respeto mucho la opinión de Roberto (Vega), aparte que lo conozco hace mucho tiempo, probablemente tiene que ver los intereses de la parte económica… está bien, pero soy el alcalde de una comuna elegido democráticamente, soy nacido y criado acá, conozco cada uno de los lugares de mi tierra, aparte que hace unos meses fuimos declarados zona de interés turístico».

«Independiente de los permisos, sabemos el impacto de las mineras, pero sabemos que estaríamos tapando el sol con un dedo diciendo que las mineras no van a entrar porque tienen una ley que perfectamente pueden hacer caso omiso a todo lo que nosotros hagamos, pero sí existen temas de voluntades» agregó el acalde.
La decisión del edil fue respaldada por el concejo municipal que en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado lunes, mostró de forma unánime su rechazo a la posible instalación de empresas mineras en la alta cordillera de la comuna, específicamente en donde se ubica el Estero Derecho.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/seremi-y-asociacion-minera-cuestionan-posicion-de-alcalde-de-paihuano/

Más de 150 personas de los pueblos originarios del territorio Arica y Parinacota, junto a organizaciones sociales, culturales, ambientales y personas de los valles y ciudadanía en general, participaron en la “Gran Movilización por la Defensa del Territorio y Aguas: No a la Minería”, que se realizó este 27 de septiembre en Arica.

La acción autoconvocada por los pueblos de Belén, Chapiquiña, Pachama, Copaquilla, Lupica, Saxamar, Tignamar, Guallatire, Livilcar, Zapahuira, Socoroma, Putre, Caquena, Timar, Pachica y el valle de Azapa, buscó visibilizar la oposición de los pueblos a la minería que amenaza las formas de vida tradicionales y afectación al medioambiente, exigiendo al gobierno que reconozca los territorios ancestrales y no los apropie como fiscales. Asimismo, cuestionaron el Plan Maestro de Repoblamiento para Parinacota que anunció el gobierno, estrategia que no cuenta con la participación de los pueblos.

Marcha

La movilización pacífica partió en la plaza Los Leones donde se dirigió hasta SERNAGEOMIN, organismo que recibe las solicitudes de exploraciones minera; luego las y los manifestantes llegaron a la CONAF institución pública a la que emplazaron a informar los daños de flora y fauna que están realizan los proyectos mineros que hoy están afectando a la Región. Por calle Juan Noé la marcha se detuvo en CONADI, Poder judicial y oficinas de enlace de las comunas de Camarones y Putre, ocasión donde se solicitó a las autoridades comunales que expresen públicamente su postura ante la minería y apoyen en esta lucha a los territorios.

Finalmente, la movilización llegó al frontis de la Intendencia Regional para hacer entrega de una carta donde se exige que: el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.

La reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.

La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.

Y eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Cabe destacar que la Gobernación Provincial no autorizó el recorrido solicitado, a pesar que la carta fue enviada hace más de 15 días de anticipación, hecho que los pueblos calificaron de arbitrario y discriminatorio. Según las y los organizadores, no descartan realizar las acciones pertinentes por vulneración de derecho a la libertad de expresión a los pueblos originarios.

COMUNICADO PUBLICO

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, autoconvocados en la ciudad de Arica, en el marco de la defensa de los DERECHOS TERRITORIALES establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente:

Que el actual gobierno del Presidente Sr. Sebastián Piñera, tiene el deber de reconocer el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, donde su fundamento no descansa en la existencia de un título o una inscripción en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI, sino, en la ocupación y el uso tradicional que de las tierras y territorios han hecho o hacen desde tiempos inmemoriales.

Que el gobierno tiene el deber de tomar las medidas que sean necesarias para regularizar la propiedad territorial, con el fin de garantizar su debida protección y dar solución a las legítimas reivindicaciones territoriales, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT.

Que la titulación de territorios indígenas, ya tiene precedentes en los gobiernos anteriores, que mediante la acción del Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena lograron titular territorios indígenas en la segunda región, situación que demuestra que solo se requiere de voluntad política del actual gobierno para delimitar los territorios de las comunidades indígenas territoriales de esta región.

Las comunidades indígenas rechazamos la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, al establecer que nuestro sistema jurídico no reconoce el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, desconociendo la dimensión colectiva y espiritual; relación especial que poseen nuestras comunidades indígenas territoriales. Asimismo, condenamos la separación de la tierra y el agua, establecida en el Código de Aguas, pues la correspondencia de ambas es necesaria para la supervivencia, desarrollo y continuidad de nuestras formas de vida.

Exigimos la derogación del Decreto Exento Nº215 emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destina aproximadamente 9.000 hectáreas al Ministerio de Defensa para la instrucción y entrenamiento militar de la VI División del Ejército, territorios que le pertenecen histórica y ancestralmente a la Comunidad de Socoroma.

La comunidades indígenas territoriales rechazamos como eje de desarrollo la minería en nuestros territorios, ya que se contrapone a nuestra visión de desarrollo basada en la agricultura, ganadería y el turismo patrimonial, decisión que se toma bajo el amparo de los derechos a la autonomía territorial y la libre determinación, establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, rechazamos la exploración minera de la empresa transnacional Rio Tinto Mining and Exploration Ltda., en territorio de la comunidad territorial de Belén, debido a que afecta su forma tradicional de vida, provoca un daño irreparable al patrimonio cultural y natural existente en su territorio y genera división en su comunidad.

Por lo tanto, exigimos al gobierno, a través su representante en la región, la Intendenta Sra. María Loreto Letelier Salsilli, lo siguiente:

1. a) Que el Ministerio de Bienes Nacionales reconozca el derecho a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas territoriales en esta región, dando cumplimiento a la titulación de los territorios al amparo de la normativa internacional.
2. b) Que la reforma al Código de Agua reconozca la propiedad y el uso que ancestralmente hacen las comunidades indígenas territoriales de la región, respetando nuestra cosmovisión indígena.
3. c) La reforma al Código de Minería la cual otorga concesiones mineras en territorios indígenas, dañando irreparablemente nuestro patrimonio cultural y natural, vulnerando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada.
4. d) Eliminar la minería como eje de desarrollo en la región de Arica y Parinacota y, en nuestros territorios, respetar nuestro derecho a decidir nuestro propio desarrollo.

Los pueblos precordilleranos y cordilleranos, comunidades indígenas aymaras y quechuas, y las organizaciones sociales, culturales, ambientales y de los valles de la región de Arica y Parinacota, continuaremos con el proceso de defensa y protección de nuestros territorios y aguas, no cederemos ante la arremetida de proyectos mineros y no descansaremos hasta que el Estado elimine la minería como eje de desarrollo en nuestros territorios y reconozca jurídicamente nuestros derechos territoriales ancestrales.