17/02/2020
Los 16 empleados deberán hacer frente a cargos de homicidio, mientras que las empresas también se enfrentan acusaciones adicionales por delitos contra la flora y la fauna, así como por contaminación ambiental.
La justicia brasileña ha admitido la demanda contra la minera brasileña Vale, la filial de la empresa alemana de servicios de inspección técnica TÜV Süd y 16 trabajadores de ambas compañías, por la tragedia de la ruptura de la presa de Brumadinho que se saldó con 259 personas muertas.
Los 16 empleados deberán hacer frente a cargos de homicidio, mientras que las empresas también se enfrentan acusaciones adicionales por delitos contra la flora y la fauna, así como por contaminación ambiental.
La Fiscalía había presentado su acusación poco antes de que se cumpliera el primer aniversario de la tragedia. De acuerdo con las investigación, los acusados intentaron ocultar la verdadera situación del dique. Los investigadores creen que estaban al tanto de su inestabilidad.
El dique, en la mina Córrego do Feijão, colapsó el 25 de enero de 2019. Un alud de agua y barro avanzó sobre partes de la represa y sobre las zonas vecinas cerca de la localidad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, sepultando a su paso personas, casas y animales.
La empresa brasileña filial de la alemana TÜV Süd había revisado poco antes del desastre las instalaciones del dique y las había considerado seguras.
Los fiscales estatales en Brasil acusaron a Fabio Schvartsman, el ex presidente ejecutivo de la compañía minera Vale, y a otras 15 personas por homicidio en relación con un desastre en una presa de relaves en enero pasado que mató a más de 250 personas.
Jamie Kneen es coordinador de comunicaciones y divulgación con MiningWatch Canada. Kneen dijo que su organización está presionando para una revisión global de la seguridad de las presas de colas.
«Realmente necesitamos un tercero independiente con mucha influencia y credibilidad para tener la autoridad para entrar e investigar y observar la ingeniería, pero también las condiciones del terreno», dijo.
Vale y la compañía responsable de inspeccionar la presa también han sido acusados de delitos ambientales.
Kneen declaró que ha habido niveles de negligencia vinculados a la operación, que dice que la compañía ha intentado desviar.
Kneen dijo que el colapso de la presa debería haberse evitado.
«La responsabilidad existe en el sentido de que esas estructuras están diseñadas y ejecutadas de manera bastante técnica», dijo. «Y en este caso, hubo signos de inestabilidad y se permitió que continuara», agregó.
Kneen explicó que los cargos son específicos de la operación brasileña. «Pero espero que tenga un efecto mayor al hacer que la compañía esté mucho más atenta a sus propios ingenieros y sus propios informes internos, pero también a las demandas de la comunidad», agregó.
En cuanto a las presas de relaves en Sudbury, Kneen dijo que «se ha determinado que son bastante seguras y estables, pero al mismo tiempo, si algo saliera mal, las consecuencias serían muy, muy graves».
Kneen dijo que si bien los ingenieros y las personas en la línea del frente tienen una gran responsabilidad, debe quedar claro que la debida diligencia y la responsabilidad van hasta la cima.
«Creo que es importante ver cómo eso se desarrolla legalmente en Brasil, y qué podemos sacar de eso para Canadá o cualquier otro lugar del mundo», dijo.
Un portavoz de Vale compartió una declaración de la oficina de prensa de Vale en Brasil, que dice en parte:
Es importante tener en cuenta que otras autoridades están investigando el caso y, en este punto, es prematuro afirmar que hubo una suposición consciente de riesgo de causar una violación deliberada de la presa.Vale confía en la aclaración completa de las causas de la violación y reafirma su compromiso de continuar cooperando plenamente con las autoridades.
En el norte
Mining Watch Canada reacciona a los cargos presentados contra el ex CEO de Vale en Brasil
Un ex ejecutivo de Vale fue acusado de homicidio tras un desastre mortal en una represa en Brasil el año pasado. El 25 de enero de 2019, un estanque de relaves Vale se derrumbó, matando a más de 250 personas. El ex CEO de la compañía fue acusado. Jamie Kneen con MiningWatch Canada pesa.
La primera romería convocada por la Arquidiócesis de Belo Horizonte por la Ecología Integral hacia Brumadinho, se llevará a cabo el 25 de enero del 2020, cuando se cumple un año de la tragedia ocasionada por la empresa la Vale con el rompimiento de la represa de residuos tóxicos de la Mina “Corrego do Feijão” que mató a 272 personas, algunas de las cuales aún no han sido encontradas y que causó serios daños socioambientales.
Dom Vicente Ferreira, obispo de Brumadinho, hace un llamado a todas las personas e instituciones solidarias hacerse presente en esta peregrinación “como una forma solidaria con las víctimas, una exigencia de justicia y a anunciar la urgencia de un nuevo tiempo”.
La organización de la romería que se realizará el 25 de enero, busca también responder “a los llamados de la Iglesia en Brasil que, en sus nuevas directrices sobre la acción evangelizadora, los obispos decidieron incluir la Ecología Integral como un punto importante del proceso de evangelización en el Brasil y a los llamados de proclamar la palabra de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que al inicio del año decidió líneas muy claras para llevar en serio la Ecología Integral frente a tantas violaciones, de tantos daños terribles que hemos causado, como ese de Brumadinho, de Mariana, en nuestro Estado de Minas Gerais y en todo Brasil”, explica Dom Vicente.
“Rezar y reflexionar, concientizar e indignar, cantar y esperanzar” son los objetivos de esta primera romería en memoria de las víctimas de este crimen en concordancia con los llamados de la Laudato Si del Papa Francisco que nos convoca a una conversión ecológica buscando una nueva relación del ser humano con el medio ambiente. Basada en la sustentabilidad, en la vida, en la defensa de la vida integral tanto del ser humano como de todo el maravilloso mundo que Dios nos dio, dice Dom Vicente Ferreira.
Para Dom Vicente, hacer memoria de las víctimas, significa “no dejar que caiga en el olvido un crimen, una tragedia tan dramática que impuso tanto dolor en los corazones de las familias de Brumadinho y de toda la región”.
“Denunciar las violaciones, los daños de un sistema de minería insustentable que debe ser cambiado. Por eso, que con la denuncia nosotros queremos también anunciar, de acuerdo con las directrices de nuestra Iglesia, de su doctrina social, proyectos de sustentabilidad para nuestra región”.
Para eso, reafirma DomVicente, “necesitamos unir nuestras fuerzas, hacer caravana, peregrinar, rezar, cantar, vivir nuestros momentos culturales, recibir artistas, grupos variados, movimientos sociales, para confirmar nuestra fe por un tiempo nuevo, por los cambios radicales que nuestra sociedad debe pasar”.
“Para nosotros, Brumadinho no es y nunca fue, desde el día 25 de enero del 2019, un asunto local. Brumadinho es una cuestión GLOBAL, una metáfora, un símbolo de aquello que nosotros no queremos para nadie en nuestro planeta”, reitera Dom Vicente.
La romería será el “anuncio de la esperanza por un nuevo tiempo, inclusive con pistas concretas para nuestra sociedad. Defendiendo a las comunidades indígenas, a nuestras comunidades que viven de la agricultura familiar, de la artesanía, de las pequeñas iniciativas económicas. Para que el mando, el dueño único de las grandes empresas multinacionales no continúen burlando todas las leyes, dominando todo nuestro territorio, llevándose la riqueza y dejando el dolor, la tristeza y la pobreza”, concluye Don Vicente.
La Red Iglesias y Minería expresa su solidaridad con las familias de las víctimas, exige justicia y reparación inmediata por parte de las empresa y el estado brasileño y comunica que estará presente, acompañando todas las actividades relacionadas a este primer aniversario del crimen de Brumadinho, una de las mayores tragedias socio-ambientales sufridas por el pueblo brasileño.
El próximo 25 de enero se cumple un año más de la terrible tragedia de Brumadihno (municipio del estado de Minas Gerais), ocasionada por el colapso de un dique de la mina de Feijão (de propiedad de la empresa Vale). El colapso del dique de residuos mineros provocó la muerte de 270 personas y toda una tragedia ambiental en toda la zona.
Eran las 12:28 del viernes 25 de enero de 2019, cuando más de 13 millones de toneladas de residuos acumulados se desbordaron, generando un tsunami que arrasó todo lo que encontraba a su paso en la localidad de Brumadihno, a lo largo de más de 80 kilómetros. Las primeras víctimas fueron los propios trabajadores de la mina.
Según el procurador Carlos Eduardo Ferreira Pinto, quien había tenido a su cargo la investigación del caso Mariana (otro caso similar ocurrido años antes en la misma zona) lo ocurrido en Brunadihno tenía que pasar, era cuestión de tiempo, porque este tipo de represas continúan funcionando sin ningún tipo de control riguroso: “una presa se rompe porque le entra agua a sus estructuras y eso ocurre por el descuido de la empresa, la falta de fiscalización de las autoridades y las consultoras independientes”. Alessandra Cardoso, asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, dijo en una entrevista para la BBC, que el hecho de que la represa llevara inactiva tres años, sin recibir residuos, habría desgastado la estructura. Para Cardoso, cuando una mina o represa paraliza sus actividades, «la tendencia es que la empresa dé menos atención» a los criterios de seguridad.
Como se puede apreciar, los especialistas aluden a negligencias, ausencia de controles, fiscalización y normas que se han relajado en los últimos años. El procurador Ferreira Pinto que finalmente fue apartado de las investigaciones de Mariana, señala: “las autoridades continúan dando autorizaciones para la construcción de represas, al mismo tiempo que se flexibilizan los controles y las regulaciones”. Todo esto se ha ido comprobando con las investigaciones de la propia Fiscalía brasileña. Como señala recientemente el diario El País de España, los fiscales afirman que la empresa Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad y que la cúpula directiva aparentemente sabía, al menos desde 2017 que la balsa que colapsó “había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería”. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas”, señalan. Tremendas revelaciones de la Fiscalía.
Este dramático caso ha puesto en debate en Brasil y en todos los países donde hay actividad minera, cómo se construyen las represas que se siguen multiplicando e implican enormes riesgos para las poblaciones y todo el entorno. Lo que es más preocupante es que en Brasil y en toda América Latina se siguen debilitando las regulaciones ambientales.
Autor: Naiara Galarraga Gortázar Beatriz Jucá , El País.com
Casi un año después de que una lengua de residuos mineros a 80 kilómetros por hora engullera a 270 personas en una mina de Brumadinho (Brasil), la Fiscalía presentó este martes una acusación demoledora contra la empresa propietaria y la auditora. El expresidente ejecutivo de la multinacional brasileña Vale Fabio Schvartsman -el mismo que cuando asumió el cargo después de un desastre similar pero menos letal en 2015 proclamó “Nunca más”- es acusado de homicidio con dolo y delitos medioambientales junto a otros 15 altos cargos e ingenieros de la compañía, una de las mayores del sector, y de la firma alemana Tuv Sud, que certificó seis meses antes que aquella inmensa balsa de desechos era estable.
En el escrito de acusación, los fiscales afirman: “Con apoyo de Tuv Sud, Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad de la empresa que buscaba evitar, a cualquier precio, impacto en su reputación y, por consiguiente, alcanzar el liderazgo mundial (del sector) en valor de mercado”. Un juez deberá decidir ahora si acepta los cargos y los sienta en el banquillo. Se arriesgan a penas de entre 12 y 30 años de cárcel. Tras difundirse el pliego de acusaciones, la multinacional se declaró “perpleja ante las acusaciones de dolo”.
Eran las 12.28 –hora de comer en Brasil– del viernes 25 de enero de 2019 cuando una balsa con 13 millones de toneladas de residuos acumulados durante años se hicieron líquidas generando un tsunami que arrasó en minutos el comedor y las oficinas administrativas de la mina. La alarma no sonó. El encargado de activarla estaba almorzando. Aquel mar de desechos mató a 270 personas. Casi todos trabajaban para Vale, que genera enorme riqueza para Brasil pero también es una empresa reincidente.
La ruptura en 2015 de un depósito similar al de Brumadinho en la mina de Mariana, de la que Vale era copropietaria mató a 19 personas y causó el peor desastre medioambiental de la historia de Brasil. Entonces también hubo lamentos, comisiones de investigación, un caso judicial… pero nadie fue juzgado. La minuciosa búsqueda de cadáveres aún continúa porque quedan unos pocos por localizar.
Vale, con 55.000 empleados en Brasil, es una de las mayores multinacionales del gigante sudamericanon, la primera productora mundial de mineral de hierro del mundo. Fuente clave de riqueza sobre todo en el estado de Minas Gerais, posee un gran poder e influencia en la economía y la política brasileña.
Los investigadores sostienen que la cúpula de Vale sabía, al menos desde 2017, que aquella balsa había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas de la empresa”, según la fiscalía.
Schvartsman fue apartado de su cargo dos meses después de la catástrofe a petición de las autoridades. Las diversas pesquisas del último año trazan un escenario en el que la empresa asumió riesgos por encima de los autorizados, presionó a una auditora alemana para falsear la situación de la balsa ante las autoridades y eludir otros controles porque su gran prioridad era convertirse en la minera que más valía en Bolsa. Tras el desastre, otras auditoras se negaron a certificar 18 balsas y represas de Vale, según The Wall Street Journal.
El propio presidente ejecutivo de Vale recibió semanas antes de la tragedia un correo electrónico anónimo que alertaba: “Las balsas están al límite”, según reveló el informe final de la comisión de investigación de la Cámara de los Diputados. En vez de tomar medidas, Schvartsman pidió a los suyos que identificaran al autor del mensaje.
El diputado federal Rogerio Correia, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fue relator del informe de la comisión parlamentaria sobre Brumadinho y que años atrás, cuando era diputado estatal en Minas Gerais, participó de otra comisión sobre el desastre de Mariana, es categórico: “El peligro era inminente y ellos optaron por el lucro”, decía este martes en una entrevista telefónica en referencia a las dos empresas acusadas. Preguntado por qué la multinacional minera no trasladó el comedor y las oficinas a un lugar más alejado del depósito que se rompió, Correia dice que, “si los hubieran movido, habría quedado en evidencia que había problemas, habría llamado la atención. Por eso lo escondieron”.
Uno de los supervivientes de Brumadinho, empleado de Vale e hijo de una víctima, dijo a los parlamentarios: “La balsa estaba a punto de estallar seis o siete meses antes. Ellos con miedo de parar y perder el empleo, ¡Y miren lo que pasó! Sé que se murió allí, comiendo, pobrecitos, comiendo”.
Cuando la Bolsa brasileña abrió tras la tragedia, Vale se desplomó un 24%. Las acciones se han recuperado en estos meses. Y la empresa remunerará a sus accionistas con 7.250 millones de reales (1.560 millones de euros, 1.700 millones de dólares), una cantidad algo mayor de lo que se calcula que ha desembolsado en indemnizaciones a los afectados de Brumadinho.
Falsos informes de la auditora alemana
Gestionar los residuos es una de las tareas de mayor riesgo en las empresas mineras que, además, no implica ganar dinero. Como la agencia pública brasileña encargada de fiscalizar el sector minero no alcanza para cubrir la demanda del sector, el control suele quedar en manos de las propias empresas. La Fiscalía acusa a Vale de imponer riesgos extraordinarios a la sociedad, con el apoyo de la empresa que debería haberla auditado de manera independiente, que firmó los falsos informes de estabilidad de la balsa de Brumadinho.
El fiscal que dirige la investigación sobre las responsabilidades penales del caso, William García, describió en rueda de prensa cómo funcionaba el sistema de represalia recompensa con el que Vale presionaba a las auditoras para que certificaran que las balsas estaban dentro de los parámetros legales de seguridad. Según él, “las compañías de auditoría externa que no acordaron coludir fueron objeto de represalias y fueron retiradas de los contratos”. El fiscal sostuvo que, una vez Tuv Sud se plegó a las exigencias de Vale, la firma fue recompensada convirtiéndose en la gestora de riesgos de la empresa. Aquellos informes ejercieron, según el fiscal, de “escudo para las actividades arriesgadas de Vale”.
Estamos à véspera do início das atividades da jornada de lutas dos atingidos e atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho-MG.
O MAB vem através de este reforçar o convite a todos os parceiros à participar da programação da Jornada. Foram centenas de vidas ceifadas e a destruição socioambiental de uma bacia hidrográfica. Um crime contra a humanidade, que precisamos continuar denunciando e exigindo justiça.
Através desta, vimos trazer as informações organizativas da jornada e dizer que Vossa presença é importante.
1. Programação:
20 a 25 de janeiro – Marcha dos atingidos/as
Seminário internacional: O LUCRO NÃO VALE A VIDA! 1 ano do crime da Vale em Brumadinho – MG – 24 de janeiro. Local: Auditório da Congregação das Filhas de Nossa senhora do Monte Calvário. Rua Miguel Pereira, 43, bairro MonteCalvário, Citrolandia, Betim – MG. – Anexo programação.
Al cumplirse más de cuatro años del crimen cometido por el rompimiento de la represa de residuos de la minería en Mariana y un año del crimen cometido en Brumadinho en Brasil, que afectó cientos de kilómetros de la cuenca del Río Doce y Río Paraopebas, y con esto, afectó también la vida de miles de familias, destruyendo sus casas, sus formas de vida, sus trabajos y asesinando a cientos de personas habitantes de las cuencas y trabajadores de las empresas, exigimos que la empresas criminales VALE BHP BILLION Y SÁMARCO sean responsabilizadas penalmente por estos terribles sucesos y no se les permita seguir ejerciendo dicha actividad minera ni de ninguna otra que tenga que ver con los bienes de la naturaleza. En el mismo sentido, exigimos que se realicen los desmantelamientos de las presas de manera preventiva, priorizando los niveles de riesgo.
Con dolor y solidaridad en nuestros corazones el Movimiento Ríos Vivos proceso nacional en el que se articulan procesos territoriales de familias campesinas de Colombia afectadas por la política energética en el país, acompaña a las familias pescadoras, campesinas, trabajadores y trabajadoras afectadas por la acción criminal de dichas empresas. Y nuestra voz se une a la de las poblaciones afectadas, al llamar a la empresa de criminal puesto que:
1. Los informes e investigaciones demuestran que se pudo haber hecho algo para contener o mitigar la catástrofe y no se hizo nada.
2. A la fecha las familias siguen sin techo y las medidas de atención no corresponden a las necesidades del pueblo ni mucho menos a la situación generada por estas empresas.
3. Existen varias decenas de otras represas en las que el rompimiento es inminente, allí la tranquilidad se ha perdido, la empresa activa alarmas en medio de la noche sin comunicación con las comunidades. Tampoco se sabe de planes para desmantelar preventivamente y seguir evitando catástrofes.
La situación de Brumadinho y Mariana en Minas Gerais, muestra el horizonte de las externalidades de los grandes proyectos mineros, al igual que se desarrollan en Colombia y América Latina, dado que el vertimiento de lodos tóxicos jamás fue el desarrollo que prometieron, y dado que, a pesar de ser evidente y demostrada la responsabilidad frente a los daños, las empresas continúan empecinadas en negarlo, en dividir a las comunidades y en dilatar los procesos judiciales, para buscar los menores costos de reparación.
Para la VALE solo es el dinero, para los afectados es su vida.
Lo que la VALE destruye, el pueblo construye.
Animamos a las familias afectadas a continuar con dignidad en la reclamación de sus derechos, no permitan que les hagan sentir que sus reclamaciones no tienen efecto, por cada voz levantada son miles de corazones conmovidos. Para nosotros en Colombia, para el Movimiento de Afectados por Represas en América Latica –MAR- y el resto del mundo su lucha nos anima a seguir construyendo un mundo para el mañana sin represas y sin abandonar nuestra dignidad.
Enviamos saludos a las conmemoraciones que ocurrirán los próximos días en una masiva movilización desde Belo Horizonte hasta Córrego do Feijão y Brumadinho.
¡Aguas para la VIDA, no para muerte!
#TransicionEnergetica justa de y para los pueblos
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!
Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos.
Entenda como o modelo mineral no Brasil segue deixando marcas irreversíveis na natureza e na vida de pessoas para além do território mineiro, como é caso das comunidades maranhenses, Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
No dia 25 de janeiro de 2020, o crime socioambiental de Brumadinho completa 1 ano. Exatamente às 12h28 de uma sexta-feira, a barragem da Mina do Córrego Feijão, da mineradora Vale se rompeu na Região Metropolitana de Belo Horizonte, despejando 12 milhões de metros cúbicos de resíduo. Um verdadeiro mar de lama com rejeito de minério matou o rio Paraopeba, destruiu casas da região do Córrego do Feijão, matou mais de 250 pessoas (11 ainda seguem desaparecidas) e continua afetando a vida da população mineira, em especial aquela que vive próxima à barragem de rejeito.
A Vale também está envolvida com o rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana (MG), que ocorreu em 2015. Além de Minas, a empresa também segue ceifando o bem viver de comunidades no Maranhão, como é o caso de Piquiá de Baixo, comunidade impactada pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) – de responsabilidade da Vale – e pelo polo siderúrgico, e Santa Rosa dos Pretos, que sofre impactos aos seus costumes, tradição e ao direito básico ao acesso a água em seu território, provocados pela implantação e ampliação da EFC, usada para transporte do minério, que é exportado principalmente para a China.
Em todos os casos, a água é o bem universal mais afetado. Por exemplo, em Barcarena no Estado do Pará, em fevereiro de 2018, o despejo de rejeitos tóxicos da refinaria Hydro Alunorte, da norueguesa Norsk Hydro, atingiu comunidades e rios. Em Mariana, o Rio Doce foi contaminado com 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Piquiá sofre com problemas de abastecimento de água e o rio que passa pela comunidade é poluído pelas siderúrgicas. Santa Rosa dos Pretos teve um dos seus maiores igarapés concretados durante a duplicação da ferrovia.
A onda gigante de lama tóxica e os impactos diários causados pela infraestrutura logística e cadeia mineral como um todo, revelam que a exploração mineral no país segue anulando sonhos de crianças, mulheres e homens e toda e qualquer possibilidade de vida saudável próximo aos grandes empreendimentos.
É uma cadeia de impactos irreversíveis a vida humana e ao meio ambiente e que causam ainda mais indignação pela impunidade. Em todas as situações citadas, as empresas tentam eximir-se de suas responsabilidades, utilizando um recurso também violento: o discurso de que foi um acidente. Em várias entrevistas coletivas após a tragédia ambiental de Brumadinho, o então diretor presidente da Vale, Fábio Schvartsman disse não ter sido alertado sobre os riscos e caracterizou o rompimento da barragem como acidente, entretanto, documentos internos apreendidos durante as investigações apontaram que havia pelo menos dez barragens acima do limite aceitável e que de forma deliberada, o comando da empresa “se blindava de informações que poderiam incriminá-los para evitar ser responsabilizados, com práticas de táticas de retaliação e intimidação em um setor que a companhia dominava”, segundo matéria da Agência Brasil.
Acidente ou crime tem pesos diferentes no imaginário coletivo e judicialmente para a responsabilização penal.
Para entender melhor o que caracteriza um e outro, entrevistamos Danilo Chammas, advogado que atua em prol de direitos humanos em comunidades impactadas pela mineração no Maranhão e Minas Gerais. Na entrevista, o advogado comenta sobre a diferença entre crime e acidente, como também, sobre os impactos do grande projeto de mineração operado pela Vale no Brasil, em especial Brumadinho e comunidades no Maranhão.
Qual a diferença entre crime e acidente? Esse tema é importante porque mostra de maneira explícita a disputa de narrativas que ocorre em contextos de conflitos socioambientais. Não por acaso, temos visto a todo o tempo maneiras diferentes de se referir ao mesmo fato, a depender do autor do discurso.
No caso de Brumadinho, vemos por um lado a Vale S.A., maior responsável pelo fato, esforçando-se para qualificar o rompimento da barragem (e suas trágicas consequências) como um “acidente”. Foi assim por exemplo no inesquecível depoimento do então diretor presidente da empresa, Fabio Shvartsman, à Comissão Externa da Câmara dos Deputados, ainda em fevereiro de 2018, em que ele declarou que: “a Vale é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu em uma de suas barragens, por maior que tenha sido a tragédia.”
Por sua vez, também em Brumadinho, vê-se a insistência de alguns familiares de vítimas fatais e atingidos em geral em afirmar que “não foi acidente, foi crime”. Essa narrativa traz em si o anseio pelo reconhecimento de que os causadores sejam punidos (justiça) e sejam obrigados a reparar os danos sofridos (reparação integral).
Voltando ao depoimento de Fabio Shvartsman, a palavra “acidente” não foi casualmente empregada por ele. Por um lado, perante a opinião pública, essa palavra passa a ideia de que o que aconteceu foi algo inesperado, imprevisível e que não podia ter sido evitado pela Vale. Espalhar essa ideia é fundamental para a preservação da imagem e reputação da empresa perante a opinião pública. Uma empresa com boa reputação tem mais facilidade para estabelecer parcerias, firmar contratos, conquistar financiamentos, angariar investidores, obter do poder público benefícios fiscais, licenças e outras autorizações para suas operações e desqualificar a narrativa daqueles que são atingidos por seus empreendimentos e lutam pelo reconhecimento de seus direitos.
“Da mesma forma que a Vale busca ser absolvida no julgamento da opinião pública, o uso da palavra acidente também tem implicações do ponto de vista jurídico”.
Em primeiro lugar, no âmbito do Direito Civil, quando uma situação é considerada inevitável, ela pode ser enquadrada como “caso fortuito” ou de “força maior” o que acaba por liberar o causador do dever de reparar o dano por ele provocado. “Caso fortuito” é justamente um evento proveniente de uma ação humana que é imprevisível e, portanto inevitável. “Força maior”, por sua vez, se refere às situações em que mesmo previsível, o evento é inevitável. Essa última expressão se refere aos eventos da natureza, como furacões e grandes tempestades, por exemplo.
Por outro lado, a palavra “acidente” também pode influir na responsabilização penal das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Lembremos que o “acidente” traz também a ideia de que o agente causador do dano não tinha a intenção de provocá-lo. Isso pode ter efeitos importantes do ponto de vista da responsabilização penal, posto que há vários delitos que, por definição, não preveem aplicação de pena ao infrator se a conduta se dá de forma culposa (não intencional). Por outro lado, para os crimes em que a forma culposa é também penalizada, a diferença se expressa na quantidade de pena, que normalmente é muito menor do que na forma dolosa (intencional). Basta ver o exemplo do crime de homicídio simples, que, se for doloso, tem como pena mínima a de 6 anos e pena máxima a de 20. Porém, se for culposo, a pena aplicada ficará entre 1 e 3 anos.
Atuando em diversas comunidades com assessoria jurídica como você observa o discurso sobre acidente chegando nas comunidades? Existe algum fato que queira relatar? O discurso sobre acidente também é empregado pela Vale S.A. e outras empresas da cadeia da mineração em outros contextos, exatamente com o objetivo de defender a sua reputação perante a opinião pública e de se esquivarem de seu dever de reparar o dano causado. Isso se dá por exemplo nos casos de atropelamentos ocorridos ao longo da Estrada de Ferro Carajás e também nos casos de queimaduras decorrentes do contato de crianças com os resíduos incandescentes da produção de ferro gusa depositados pela Gusa Nordeste na comunidade de Piquiá de Baixo, em Açailândia.
De que maneira, o discurso de que em Brumadinho foi acidente reverbera nas demais comunidades impactadas?
Tenho circulado por diversas comunidades e vejo que as pessoas em geral têm rejeitado essa expressão. Lembro inclusive de uma consigna que vem sendo entoada em muitos atos: “Não! Não! Não foi acidente! A Vale mata rio, mata peixe e mata gente!”, que é utilizada desde o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana em 2015. Essa disputa de narrativa é, portanto, muito relevante para a definição do futuro, pois além de definir como a história será contada, influi diretamente sobre as condições de vida das pessoas: tanto aquelas que já sofreram os danos e que poderão não contar com medidas de reparação, quanto aquelas de outras localidades que poderão vir a sofrer dos mesmos males, se essas situações continuarem sendo vistas como meros acidentes.
Além das ações judiciais em busca da punição e reparação dos danos, a luta dos familiares das vítimas também é pela mudança de discurso: “foi crime e não acidente!”. Como esse reconhecimento se insere no conceito de reparação e qual tem sido o posicionamento dos familiares para disputar as narrativas? Em Brumadinho, muitos atingidos e atingidas também estão conscientes disso e por essa razão é comum encontrar em suas faixas e discursos a afirmação de que o rompimento da barragem não só se tratou de um acidente, mas também de um crime doloso. Há, porém, um complicador. A definição de “acidente de trabalho”, conceito do Direito Laboral, acaba ampliando a confusão, especialmente em um caso em que a grande maioria das vítimas fatais é composta de trabalhadores diretos ou indiretos da empresa. Isso porque esse conceito é aplicado mesmo quando o fato é previsível, evitável ou decorreu de uma conduta intencional de quem o causou.
Cabe também salientar que o referido discurso de Fabio Shvartsman, no qual ele qualificou a Vale como uma “jóia brasileira” fez com que os familiares de vítimas fatais adotassem como bandeira essa mesma expressão para se referir a seus entes queridos que perderam suas vidas em decorrência do rompimento da barragem. “A minha mãe, Malu, é que era uma joia brasileira. Não é a Vale quem julga quem é ou não uma joia”, disse Patricia Borelli, filha de Maria de Lourdes da Costa Bueno, em artigo publicado na Folha de São Paulo, poucos dias depois do depoimento de Shvartsman. “A Vale assassinou com requinte de crueldade todas essas pessoas que nós chamamos de joias”. “A Vale e outras empresas mineradoras não são joias. Elas matam a fauna, a flora, os rios, destroem famílias. Hoje eu vejo o minério como uma forma de crime. Crime contra a vida em todas as instâncias”, disse Andresa Rodrigues, mãe de Bruno Rodrigues. Essa disputa de narrativas se insere no que a jurisprudência do direito internacional dos direitos humanos definiu como o DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE.
Você poderia nos falar um pouco mais sobre o direito à memória e à verdade e também sobre o conceito de reparação integral?
O direito à memória e à verdade tem sido reivindicado com ênfase pelos movimentos e organizações de direitos humanos nos processos de transição de ditaduras para regimes democráticos. Esses atores buscam afastar o medo de se conhecer e de se contar os fatos tais como eles realmente aconteceram. No caso do Brasil, embora muito tardiamente, contamos com o trabalho da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos, que publicou seu dossiê em 2007.
O conceito da reparação integral desenvolvido pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos inclui as “medidas de satisfação”, que são medidas a serem impostas aos violadores de direitos para aliviar a dor das vítimas através da reconstrução da verdade, da difusão da memória histórica e da dignificação das vítimas. Na prática, isso se expressa através do reconhecimento público de responsabilidade, pedidos de desculpas públicas, atos de homenagens, construção de memoriais ou de outras formas de se propagar a verdade sobre os fatos.
A mentira e o esquecimento são úteis aos perpetradores pois os ajudam a se livrar da punição, da responsabilidade de reparar o dano e do dever de tomar medidas efetivas para que os mesmos fatos nunca mais ocorram. O lema é: “que nunca se esqueça para que nunca mais aconteça”.
Como essa disputa pelo direito à memória e à verdade tem ocorrido em Brumadinho?
No caso de Brumadinho, essa disputa também tem ocorrido na prática. Em uma das ações judiciais, proposta por familiares de vítimas fatais, foi requerido que a Vale exibisse por 20 anos, nas entradas das sedes e filiais da empresa e de suas subsidiárias em todo o mundo, fotografias com texto em homenagem às vítimas, além da leitura de um texto no início de todas as assembleias de acionistas da empresa que começava com a frase “a vida vale mais do que o lucro”. Existe também a luta da associação de familiares de vítimas fatais (AVABRUM) pela construção de um memorial em homenagem às vítimas.
Na mesma linha, o Movimento Águas e Serras de Casa Branca está desenvolvendo uma frente de resgate e dignificação da memória histórica da luta de seus membros em defesa da água e em oposição à mineração na região. Uma exposição será lançada em um evento público a ser realizado no próximo dia 23 de janeiro, na Escola Municipal Carmela Caruso Alluoto, às 18h30, em Casa Branca, no contexto das atividades que marcarão o aniversário de 1 ano do rompimento da barragem. Nos dias 24 e 25 de janeiro a exposição estará no centro de Brumadinho. No dia 26 de janeiro, domingo, haverá uma coletiva de imprensa e uma caminhada pelas ruas de Casa Branca.
En el próximo 25 de enero, se completará un año de uno de los mayores crímenes sociales y ambientales cometidos por la empresa minera Vale en Brasil: la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão estalló en Brumadinho (MG), matando al menos a 259 personas ya identificadas, así como dos niños no nacidos, Lorenzo y María Elisa, quienes murieron en el vientre de sus madres. Once personas siguen desaparecidas.
La avalancha de unos 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que enterró a mujeres, hombres, animales y vegetación también mató al río Paraopeba a 40 km de la presa rota, impactando a pueblos nativos, fauna y flora que dependían de él.
En 2015, Samarco, una subsidiaria de Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton, había cometido el mismo crímen en Minas Gerais. La ruptura de la presa del Fundão en el municipio de Mariana mató a 19 personas y dejó un rastro de destrucción con 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que arrasó animales, vegetación, comunidades, hogares, el Río Doce y parte de la costa brasileña.
Tanto Samarco como Vale conocían de antemano el riesgo real de la ruptura de las presas, pero no tomaron medidas para evitar las tragedias. Hasta ahora, nadie ha sido castigado por ninguno de los delitos.
La indignación con la impunidad, con la connivencia y la omisión del Estado y el poder de operación de las compañías mineras en Minas Gerais llevaron a los miembros del Movimiento por las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) a crear la campaña “Enero Marrón”. El objetivo de la campaña, según Maria Teresa Corujo, miembro del movimiento y ambientalista en Minas Gerais, es recordar, durante todo enero, el crimen de Vale en Brumadinho y hacer visible el papel del estado y los aliados de las compañías mineras que también son responsables del crimen.
Además, existe el alerta “sobre la minería que mata y atormenta a las personas, destruye comunidades y biomas, vidas, fauna, flora, paisajes, calidad del aire y del suelo, manantiales, acuíferos y ríos, y avanza sin descanso por territorios tornando inviables otras formas de vida, viola los derechos y hace uso de las estrategias más diversas para tomar a la población como rehén ”, agrega María Teresa, quien también es parte del Movimiento para la Preservación de la Sierra do Gandarela y SOS Serra da Piedade.
Alianza entre ¡Agua para los Pueblos! y Enero Marrón
Durante el mes de enero, el capítulo brasileño de la campaña “¡Agua para los pueblos!” irá unirse a la campaña “Enero Marrón” publicando en este sitio reportajes sobre el crimen de Vale y contenido exclusivo en Twitter, Facebook e Instagram sobre Brumadinho y la resistencia de los pueblos y comunidades a violaciones cometidas por empresas mineras. Las tragedias de Mariana y Brumadinho muestran, de manera superlativa, las tragedias diarias de cientos de comunidades brasileñas como Piquiá de Baixo (Açailândia/MA) y Santa Rosa dos Pretos (Itapecuru-Mirim/MA), violadas por Vale y la minería durante décadas. A continuación, lea la entrevista dada por Maria Teresa Corujo al sitio.
¿Qué es el “Enero Marrón” y cómo surgió?
Enero Marrón es una campaña de concientización y alerta, similar a Octubre Rosa y Noviembre Azul, que ahora forman parte del calendario anual de campañas. Surgió en diciembre de la idea de Guto quien, junto con otros miembros del Movimiento para las Montañas y las Aguas de Minas (MovSAM) en el que participa, desarrolló el plan inicial que se compartió con otros activistas para su realización.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa consiste en una campaña a través de las redes sociales basada en la adhesión de organizaciones, movimientos y personas que se unen en un colectivo para abrazar y alcanzar su objetivo. A lo largo de enero, se publicará material que reúne datos, información, aclaraciones, reflexiones y noticias relevantes sobre la minería y sus impactos en las comunidades y el medio ambiente y cómo el Estado ha estado en silencio o coludiendo. La campaña también dará visibilidad a los actos, eventos y manifestaciones relacionados con el hito de un año de la ruptura el 25 de enero de 2019, como la primera peregrinación arquidiocesana para la ecología integral de Brumadinho.
¿Cómo pueden las personas, grupos y entidades apoyar a “Enero Marrón”?
Uniéndose a la campaña como ya está sucediendo con el uso del lazo marrón en las fotos de perfil en Facebook y logotipos de organizaciones y movimientos que ya participan en el Enero Marrón. Siguiendo a la campaña @janeiromarrom en Instagram y Twitter y compartiendo con amigos; grabar un video de apoyo de la campaña usando el [hashtag] #janeiromarrom (máximo 1 minuto), realizar acciones de Enero Marron en su municipio y enviar fotos / videos para ser publicado ([email protected]) y siguiendo las publicaciones del blog de la campaña.
¿En qué contexto se creó la campaña?
Enero Marrón fue creado porque estamos indignados con la impunidad con respecto a los crímenes de Samarco (2015) y Vale (2019) y la hegemonía y el poder que tiene la minería en Minas Gerais a pesar de los graves impactos y violaciones durante décadas. La verdad es que para las compañías mineras y la mayoría de las autoridades, gobiernos, municipios, políticos y el poder judicial, es como si nada hubiera sucedido en Brumadinho. Es como si 272 personas no hubieran muerto (dos bebés murieron junto con sus madres embarazadas), parte del río Paraopeba ha sido destruida y destruyeron la cuenca hidrográfica que abastecía a miles de personas. Es como si en 2015 el Río Doce y la costa no hubieran sido impactados como lo fueron, 19 personas no hubieran sido muertas, Bento Rodrigues y otras comunidades destruidas, el pueblo Krenak perdido su río Watu y miles de personas sufrido varios tipos de pérdidas.
Hemos visto al Estado respaldar repetidamente, con opiniones favorables, proyectos mineros donde hay represas que son “bombas de tiempo”. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2019, en una reunión del Consejo de Estado para Actividades Mineras (CMI) del Consejo de Estado para Política Ambiental, que duró 12 horas ininterrumpidas, se otorgó una Licencia de Operación para la elevación de la presa de Anglo American en Conceição do Mato Dentro (MG) que tendrá alrededor de 300 millones de metros cúbicos de relaves, incluso con comunidades en la llamada Zona de Auto Rescate (que llamamos Zona de Alto Riesgo de Muerte), que la Ley, conocida como el Mar de Lodo Nunca Más, prohíbe expresamente. Con opinión legal favorable del Fiscal General del Estado que no cumplió con una recomendación del Ministério Público del Estado. Diez de los doce consejeros votaran a favor de la otorga de la licencia mismo contra la ley
La posibilidad de nuevas rupturas de presas es muy real por la forma en que se aborda el problema porque las autoridades no hacen ninguna acción efectiva. Tenemos regiones en Minas Gerais como Itabira, Alto Rio das Velhas y Paracatu con presas de relaves con una gran cantidad de personas alrededor. En Itabira hay alrededor de 10,000 personas que viven en la Zona de Auto-Rescate de las 17 represas de relaves de Vale y en el Alto Río das Velhas hay más de 50 represas de relaves que, si se descomponen, van río abajo e interrumpen el suministro de agua de dos millones de personas de Belo Horizonte y su región metropolitana. Algunas presas con un volumen que puede destruir incluso el río São Francisco.
Estamos indignados y no nos gusta que las soluciones ofrecidas sean, por ejemplo, capacitar a las personas para salvarse mientras permiten que la minería continúe operando presas y expandiendo los complejos mineros donde se incluyen estas presas, sin mencionar las nuevas licencias. No aceptamos que las soluciones sean simplemente colocar sirenas, señales de ruta de escape y puntos de encuentro, mientras que el status quo de la minería continúa como si nada hubiera sucedido y las empresas mineras continúen con licencia. Y todavía tenemos lo que llamamos “terrorismo de presas” que ha estado evacuando a personas de los territorios alegando riesgos que no están confirmados y que aún justifican grandes trabajos de “emergencia” que causan graves impactos sociales y ambientales y se construyen después de las comunidades, lo que significa que de nada sirven, a excepción de los intereses de expansión o nuevas minas en estas regiones.
De ahí la necesidad de aumentar la conciencia de la población sobre la minería y revelar la verdad sobre esta actividad extractiva que es casi como una caja negra porque la industria protege y desarrolla estrategias de comercialización para que la población sea engañada. Una vez que la mayoría de la población sepa lo que los ambientalistas hemos sabido durante años, lo que las comunidades mineras circundantes han experimentado durante años, el sufrimiento y el impacto, tendremos mucha presión social para poner contra la pared estas empresas y autoridades. Es vergonzoso, cruel y violento lo que vivimos en Minas Gerais.
Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.
Entre o sábado 7 e a segunda-feira 9 de dezembro, o relator está no estado do Maranhão, onde as consequências desastrosas da mineração e da siderurgia sobre a saúde dos habitantes de Piquiá devido à poluição ambiental e sonora, denunciada há anos por nossas organizações, permanecem impunes. Após sua visita nessa área, o Relator interpelará as autoridades estaduais e federais sobre o caso do Piquiá, a partir de hoje, segunda-feira, na capital do Maranhão e em Brasília.
“Esperamos que esta visita dê maior visibilidade internacional a este caso, por tanto tempo ignorado pelo Estado, pressionando as autoridades para que a legislação ambiental seja reforçada e efetivamente implementada. Por sua vez, é necessário um forte apelo do relator à Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste e Aço Verde Brasil e Cimento Verde Brasil (as três últimas do Grupo Ferroeste), para que essas empresas repararem integralmente os danos causados e cumpram com as regulamentações existentes”, afirmou Sandra Carvalho, vice-presidente da FIDH e coordenadora da Justiça Global.
O relator especial, que tem o mandato de monitorar os efeitos nocivos provocados por substâncias e resíduos perigosos, deve alertar os órgãos da ONU das violações constatadas na comunidade de Piquiá e apresentar recomendações.
Os moradores enfrentam com dignidade e perseverança, dia após dia, a louvável tarefa de lutar pelo exercício dos seus direitos violados. Enquanto a mudança para o novo bairro Piquiá da Conquista lhes dá esperanças, sua situação na comunidade continua grave.
A notícia encorajadora é que, mesmo diante dessa situação, a comunidade de Piquiá não desistiu. Apesar dos escassos recursos e apoio, os moradores conseguiram se organizar e exigir com que recursos fossem alocados para a construção de Piquiá da Conquista, onde vislumbram um futuro longe da poluição. No entanto, existe o risco de que as políticas de restrição orçamentária para os programas sociais do governo de Jair Bolsonaro afetem diretamente a conclusão desse projeto.
“Enquanto a comunidade de Piquiá continuar enfrentando problemas de saúde devido à poluição do ar e continuar exposta a resíduos tóxicos e perigosos que resultam do gerenciamento inadequado de resíduos por empresas siderúrgicas, não haverá reparação integral. A mensagem do relator também deve exigir garantias de não repetição, para que as gerações futuras de Piquiá possam usufruir do direito a um ambiente saudável”, disse Danilo Chammas, da Justiça nos Trilhos.
Hoje, solicitamos concretamente que o Estado brasileiro garanta a rápida conclusão e implementação das decisões judiciais e garanta reparação efetiva às famílias afetadas negativamente pela indústria de mineração, ferro gusa e aço; que processos investigativos sejam iniciados e imponham sanções às pessoas físicas e jurídicas responsáveis; que seja estabelecido um tempo específico e limitado para que as empresas se alinhem às normas legais atuais e apresentem garantias de não repetição; e que as empresas tomem as medidas necessárias para proteger as famílias dos resíduos tóxicos e parem imediatamente as operações sem licença.
Esperamos que a visita do relator especial sirva para colocar Piquiá de volta na agenda pública. Tuncak fará uma conferência de imprensa no dia 13 de dezembro de 2019 às 14h, em Brasília, onde ele compartilhará suas observações preliminares de sua visita a Piquiá, Brumadinho e Recife. O Relator Especial apresentará um relatório completo com sua análise e recomendações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro de 2020.
17/02/2020
Los fiscales estatales en Brasil acusaron a Fabio Schvartsman, el ex presidente ejecutivo de la compañía minera Vale, y a otras 15 personas por homicidio en relación con un desastre en una presa de relaves en enero pasado que mató a más de 250 personas.
La primera romería convocada por la Arquidiócesis de Belo Horizonte por la Ecología Integral hacia Brumadinho, se llevará a cabo el 25 de enero del 2020, cuando se cumple un año de la tragedia ocasionada por la empresa la Vale con el rompimiento de la represa de residuos tóxicos de la Mina “Corrego do Feijão” que mató a 272 personas, algunas de las cuales aún no han sido encontradas y que causó serios daños socioambientales.
El próximo 25 de enero se cumple un año más de la terrible tragedia de Brumadihno (municipio del estado de Minas Gerais), ocasionada por el colapso de un dique de la mina de Feijão (de propiedad de la empresa Vale). El colapso del dique de residuos mineros provocó la muerte de 270 personas y toda una tragedia ambiental en toda la zona.
Casi un año después de que una lengua de residuos mineros a 80 kilómetros por hora 
Estamos à véspera do início das atividades da jornada de lutas dos atingidos e atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho-MG.
Al cumplirse más de cuatro años del crimen cometido por el rompimiento de la represa de residuos de la minería en Mariana y un año del crimen cometido en Brumadinho en Brasil, que afectó cientos de kilómetros de la cuenca del Río Doce y Río Paraopebas, y con esto, afectó también la vida de miles de familias, destruyendo sus casas, sus formas de vida, sus trabajos y asesinando a cientos de personas habitantes de las cuencas y trabajadores de las empresas, exigimos que la empresas criminales VALE BHP BILLION Y SÁMARCO sean responsabilizadas penalmente por estos terribles sucesos y no se les permita seguir ejerciendo dicha actividad minera ni de ninguna otra que tenga que ver con los bienes de la naturaleza. En el mismo sentido, exigimos que se realicen los desmantelamientos de las presas de manera preventiva, priorizando los niveles de riesgo.
Entenda como o modelo mineral no Brasil segue deixando marcas irreversíveis na natureza e na vida de pessoas para além do território mineiro, como é caso das comunidades maranhenses, Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
En el próximo 25 de enero, se completará un año de uno de los mayores crímenes sociales y ambientales cometidos por la empresa minera Vale en Brasil: la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão estalló en Brumadinho (MG), matando al menos a 259 personas ya identificadas, así como dos niños no nacidos, Lorenzo y María Elisa, quienes murieron en el vientre de sus madres. Once personas siguen desaparecidas.
Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.