La propuesta de la liberación de la Reserva Nacional del Cobre para la explotación minera en Brasil , despertó el debate global en las últimas semanas.

Aunque la iniciativa fue negada por un juez , para los grupos ambientalistas la idea representa una regresión en la defensa del ambiente y se cuestiona los esfuerzos conservacionistas que se realizan en el país sudamericano.

Brasil tiene la mayor extensión de la Amazonía , que es el territorio considerado como»el pulmón del mundo? por la cantidad de biodiversidad que alberga. A pesar de que es el hábitat del 10% de la fauna y flora del planeta, esta zona está amenazada por la construcción de represas, la industria maderera y la minería.

La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó en el 2015 por primera vez en 10 años. Solo entre agosto de ese año y julio del 2016, la cifra subió a 800 mil hectáreas.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio, este número representa un aumento del 29% del área deforestada en comparación con el año anterior. Si se compara esta cifra con el año 2004, el área sin bosques se incrementó en un 71%.

La problemática aumentaría con proyectos como la explotación minera en la Reserva Nacional del Cobre. Esta zona, nombrada como reserva nacional en 1984, cubre más de cuatro millones de hectáreas y está ubicada entre los estados de Amapá y Pará .

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza Brasil ( WWF ), este tipo de decisiones ocasionarían un incremento de la deforestación y una pérdida de la biodiversidad y de los recursos hídricos . Las áreas alrededor de la reserva que permanecerían bajo protección, también estarían en riesgo.

En una publicación del diario Nexo de Brasil se muestra que, desde 1988 hasta el 2016, se ha deforestado un área que equivale al tamaño de Suecia (421 870 km2).

Ante las críticas de ambientalistas , figuras reconocidas y opositores, el gobierno de Brasil aseguró que las tierras indígenas y las áreas protegidas, que equivalen al 69% de la reserva, serían conservadas.

En julio pasado, se presentó una propuesta para fomentar la actividad minera . Según medios locales, se propuso la apertura del 10% de todas las zonas de selva protegida, para que puedan ser utilizadas en esta industria , que emplea a alrededor de

200 000 personas. Con estas medidas se buscaría la reactivación de la economía .

Estos anuncios han tenido una repercusión mundial. La organización de defensa de la Amazonía Avaaz logró recolectar 600 mil firmas en tres días en una petición dirigida al Gobierno con el mensaje de»impedir que la Amazonía se convierta en un desierto» Organizaciones como Greenpeace también expresaron su rechazo a través de redes sociales y en movilizaciones que se realizaron en ese país.

Edgardo Latrubesse , investigador de la Universidad de Texas en Austin, explica que la construcción de represas en la cuenca del río Amazonas es otro de los problemas que afecta sobre todo a Brasil.

Con estas obras se busca generar energía para que sea una fuente de desarrollo para los países amazónicos , dice. Pero la acumulación de hidroeléctricas ocasionaría la pérdida de especies y un cambio en la dinámica de los ríos.
Fuente:  http://www.entornointeligente.com/articulo/85572/ECUADOR-La-mineria-preocupa-a-la-Amazonia-brasilena

Eran miembros de una tribu no contactada que recolectaba huevos a lo largo del río en una parte remota del Amazonas. Parece que tuvieron la mala suerte de encontrarse con mineros de oro.

Ahora, los fiscales federales en Brasil han abierto una investigación sobre la presunta masacre de unos 10 miembros de la tribu, la evidencia más reciente de que las amenazas a grupos indígenas en peligro de extinción están aumentando en el país.

La agencia brasileña de asuntos indígenas, Funai, dijo que había presentado una denuncia ante la fiscalía del estado de Amazonas después de que los mineros de oro fueron a un bar cerca de la frontera con Colombia y se jactaron de los asesinatos. Ellos blandieron una pala tallada a mano que, según decían, había pertenecido a la tribu, dijo la agencia.

“Fue una charla grosera en el bar», dijo Leila Silvia Burger Sotto-Maior, coordinadora de Funai para las tribus desconectadas y recientemente contactadas. «Incluso se jactaron de desmembrar los cuerpos y tirarlos al río”. Los mineros, dijo, afirmaron que «tenían que matarlos o morir».

Sotto-Maior dijo que los asesinatos se habían producido el mes pasado. La oficina de asuntos indígenas realizó algunas entrevistas iniciales en la ciudad y luego llevó el caso a la policía. “Hay muchas pruebas, pero hay que demostrarlas», dijo.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Luz de Beltrand, confirmó que se había iniciado una investigación, pero dijo que no podía discutir los detalles del caso mientras estaba en marcha. Afirmó que el episodio se produjo en el valle de Javari, la segunda reserva indígena más grande de Brasil, en el lejano oeste.

“Estamos haciendo un seguimiento, pero los territorios son grandes y el acceso es limitado», dijo Beltrand. «Estas tribus no son contactadas, incluso Funai sólo tiene información esporádica sobre ellas. Así que es un trabajo difícil que requiere que todos los departamentos del gobierno trabajen juntos».

Beltrand explicó que era el segundo episodio que estaba investigando este año. “La primera denuncia de asesinatos de indios no contactados en la región se produjo en febrero, y ese caso sigue abierto. Era la primera vez que teníamos este tipo de casos en esta región», dijo en una entrevista telefónica. «No es algo que haya pasado antes”.

Survival International, un grupo mundial de derechos indígenas, advirtió que dado el pequeño tamaño de las tribus amazónicas no contactadas, este último episodio podría significar que un porcentaje significativo de un grupo étnico remoto fue eliminado.

Si la investigación confirma los informes, será otra masacre genocida más que resultará directamente del fracaso del gobierno brasileño en la protección de las tribus aisladas, “algo que está garantizado en la Constitución», dijo Sarah Shenker, una de las principales activistas del grupo de derechos humanos.

Bajo la presidencia de Brasil, Michel Temer, los fondos para los asuntos indígenas se han reducido drásticamente. En abril, Funai cerró cinco de las 19 bases que utiliza para vigilar y proteger a las tribus aisladas, y redujo la dotación de personal en otras. Las bases se utilizan para prevenir invasiones de madereros y mineros y para comunicarse con tribus recientemente contactadas.

Tres de esas bases se encontraban en el valle del Javari, conocido como la Frontera Incontactada y se cree que es el hogar de más tribus aisladas que en ningún otro lugar de la Tierra. Aproximadamente 20 de las 103 tribus no contactadas registradas en Brasil se encuentran en el Valle. “Tuvimos problemas con gobiernos anteriores, pero no de este tipo“, dijo Sotto-Maior, coordinadora de Funai.

El presupuesto de su agencia para este año para el departamento de tribus aisladas fue de sólo dos millones de reales, o cerca de 650.000 dólares, menos que los 7,5 millones de reales de 2014. «¿Qué puedo hacer con dos millones de reales?», dijo.

El presidente Temer, que es profundamente impopular, ha buscado el apoyo de poderosos grupos de presión agrícolas, ganaderos y mineros para impulsar cambios económicos a través del Congreso y protegerlo de una investigación de corrupción. El mes pasado, la cámara baja del Congreso votó para evitar que fuera sometido a juicio por corrupción en la Corte Suprema, pero sólo después de que el presidente repartiera empleos y acordara una serie de concesiones, muchas de las cuales afectaron a la deforestación.

Un decreto de Temer que abrió una gran reserva en la Amazonía a la minería provocó una protesta internacional. Después de que un juez bloqueara el decreto, el gobierno anunció que revisaría su decisión, pero los críticos se muestran cautelosos. Con las disputas por la tierra en aumento en muchas zonas remotas de Brasil, los grupos indígenas, los trabajadores rurales y los activistas por la tierra han sido todos blanco de ataques violentos. Más de 50 personas habían sido asesinadas a finales de julio, en comparación con 61 en todo el 2016, según la Comisión Pastoral de Tierras.

En algunos casos, se ha culpado a agentes del gobierno o de la policía por la violencia. Las autoridades están investigando una redada policial en la región amazónica que terminó con la muerte de 10 activistas. Ningún oficial resultó herido.

Los activistas temen que los grupos indígenas del país, y especialmente las tribus desconectadas, sean los más vulnerables en las disputas por la tierra.

“Cuando sus tierras están protegidas, prosperan», dijo Shenker, defensora de los derechos humanos. «Cuando su tierra es invadida, pueden ser exterminados”.

Fuente: https://columnacero.com/internacional/5214/miembros-de-una-tribu-no-contactada-del-amazonas-asesinados-por-mineros-de-oro/

En estos días de Oración por el Cuidado de la Creación, le escribimos para pedirle encarecidamente que su Santidad, nos brinde una palabra de aliento, desde lo profundo de su corazón, en defensa de la RENCA y en comunión con los pueblos que la habitan y preservan”, dice el texto de la carta dirigida al papa Francisco, en ocasión de su visita al país de Colombia.

Como es de conocimiento público, el gobierno de Temer emitió un decreto de ley que permitía la explotación de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), ubicada en la Amazonía brasileña. Dicho decreto extinguía una extensa reserva amazónica y permitía su explotación por empresas mineras. La reserva que fue creada en 1984 protege a los pueblos indígenas y a más de cuatro millones de hectáreas de una región de selva amazónica situada entre los estados de Amapá y Pará, al norte del país.

La presión de organizaciones ambientalistas locales e internacionales, iglesias, activistas y medios de comunicación en defensa de la Renca, logró que el decreto fuera suspendido temporalmente por un juez federal de Brasil, sin embargo, la reserva de la Renca continúa en peligro de muerte ya que el gobierno de Temer, ha reiterado la necesidad de explotar la reserva.

“Se trata, Santo Padre, -señala el texto de la carta- de un área de reserva de 46,450 Km2 que engloba nueve áreas protegidas, siendo tres de ellas de protección integral habitadas por los pueblos indígenas Waiãpi y Rio Paru d`Este, entre otros.  Toda esta área (del tamaño de Suiza), se encuentra amenazada por un Decreto Presidencial emitido sin consulta a ninguna de las poblaciones locales ni a la sociedad brasileña, abriendo la región a las empresas mineras”.

La Red, es una articulación ecuménica de comunidades, equipos pastorales, iglesias y movimientos sociales de América Latina, que defiende la vida, los territorios y el conjunto de la Casa Común, frente a las agresiones de los grandes proyectos extractivos.

“Rezamos para que usted, querido Papa Francisco, continué caminando y cantando junto a nuestros pueblos; para que las luchas y preocupaciones por este planeta nunca nos quiten la alegría de la esperanza”, señala la carta pública del 06, setiembre de 2017.

La Red Iglesias y Minería, siguiendo las recomendaciones de la encíclica “Laudato Si”, trabaja en sintonía con el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y en permanente colaboración con la Red Eclesial Panamazónica -REPAM- para promover la vida y el respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas y amazónicas en América Latina.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2017/09/07/red-iglesias-y-mineria-pide-al-papa-francisco-apoyo-para-defender-la-reserva-amazonica-renca-en-brasil/

La justicia brasileña suspendió este miércoles la aplicación de un polémico decreto que autorizaba la explotación minera privada en una gigantesca área de la selva amazónica, sumando un nuevo cuestionamiento a los planes de apertura económica del presidente Michel Temer.

El juez de Brasilia Rolando Spanholo ordenó «suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA)», una zona de 47.000 km2 (mayor que la superficie de Dinamarca), situada entre los estados de Pará y Amapá, indica el acta judicial.

El magistrado argumenta que el decreto no fue «precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional», como lo impone la Constitución, y podría «colocar en riesgo la protección ambiental (…) y la protección de las comunidades indígenas locales».

La Abogacía General de la Unión (AGU, que defiende los intereses del Gobierno) anunció que recurrirá la decisión.

El decreto fue publicado la semana pasada por Temer, que el martes lo reemplazó por uno nuevo, con mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental, ante el aluvión de críticas procedentes de grupos ambientalistas, de la Iglesia Católica y de varias celebridades.

El nuevo texto prohibía explícitamente la explotación minera en áreas donde haya «sobreposición parcial» de áreas protegidas o «tierras indígenas demarcadas», «excepto si está previsto en el plan de gestión».

Los grupos ambientalistas argumentan, sin embargo, que la extinción de Renca acelerará el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación.

La decisión de extinguir Renca, así como otras medidas del gobierno, generaron un fuerte rechazo entre la población, que se sumó a través de las redes sociales a la campaña «Todos por la Amazonía», impulsada con fuerza por la poderosa topmodel Gisele Bundchen.

Artistas brasileños como Caetano Veloso y Anitta también se sumaron a la cruzada.

El martes, los planes de Temer recibieron un golpe desde un organismo gubernamental, el Ibama, a cargo de la gestión ambiental, que amenazó con poner fin al proceso de autorización de prospección de petróleo en la desembocadura del Amazonas si la firma francesa Total, líder del proyecto, no ofrecía garantías de protección a una barrera de coral.

– Presionar al presidente –

«La presión está funcionando. No podemos parar», afirmó Greenpeace en las redes sociales luego de conocer la suspensión.

ONG y legisladores contra la extinción de la reserva realizaron un acto en el Congreso y celebraron la medida judicial.

«Este es el momento para que digamos ‘ningún retroceso más'», afirmó la excandidata presidecial Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2008.

«La sociedad brasileña debe movilizarse para no permitir la continuidad de estos retrocesos que desde 2012 sólo se profundizan», agregó.

Marina Silva afirmó que para el gobierno de Temer, «la agenda ambiental, la agenda indígena y de derechos humanos se convirtieron en moneda de cambio».

Silva recordó que Brasil redujo en 84% la deforestación entre 2004 y 2012, y que el país se comprometió -en el Acuerdo sobre el clima de París- a eliminar la tala ilegal para 2030 y reducir en 43% sus emisiones de carbono.

Desde 2012, sin embargo, la superficie deforestada volvió a aumentar, según datos del Ministerio del Medio Ambiente, aunque esta tendencia podría revertirse este año, sostienen las autoridades.

Ese aumento de los últimos años le valió a Brasil una advertencia del gobierno de Noruega, que, si la situación no mejora, podría reducir a cero su aporte financiero a un fondo brasileño para proteger la selva amazónica.

Fuente:https://www.swissinfo.ch/spa/afp/un-juez-brasile%C3%B1o-suspende-decreto-para-explotaci%C3%B3n-minera-en-reserva-amaz%C3%B3nica/43481050

La nueva propuesta plantea que las tierras indígenas demarcadas quedarán vedadas a la explotación y prohibe la intervención a quienes hayan participado de actividades ilegales.

El gobierno de Brasil decidió evitar un escándalo internacional ante la repercusión negativa que tuvo, en Brasil y en el exterior, y decretó cambios para el uso de la Reserva Nacional del Cobre (Renca) en la Amazonia que abre la región a la explotación minera.

Aunque el presidente Michel Temer había instruido a sus ministros de Medio Ambiente, Sarney Filho, y de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, a que expliquen que no habría perjuicio ambiental, el nuevo decreto plantea que las tierras indígenas demarcadas quedarán prohibidas a la explotación y prohibe el derecho de intervenir en el negocio a empresas que hayan participado en el pasado de explotación ilegal.

El ministro criticó la reacción internacional en un momento en que datos del Sistema de Alerta de deforestación (SAD) del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) mostraron que la deforestación en la Amazonia Legal cayó un 21% en un año, interrumpiendo una curva de ascenso. «Hubo confusión en la sociedad, iba a generar la percepción de que estábamos aflojando la fiscalización en la Amazonia», dijo Sarney Filho.

La reacción llegó luego de severas críticas de distintas organizaciones defensoras del medio ambiente.

El director de campañas de Greenpeace en Brasil, Nilo DÁvila, fue extremadamente crítico del proyecto. Dijo que la apertura a la minería de una zona de más de 45.000 km2 en la selva amazónica es «solo una pequeña muestra» de los proyectos del presidente conservador Michel Temer en el llamado pulmón del planeta.

Aunque también cargo contra el legado «catastrófico» en materia ambiental de los gobiernos de izquierda y en particular del de Dilma Rousseff.

El decreto establecía que la reserva, establecida en 1984, ingresara en el plan nacional de revitalización del sector minero para aumentar la incidencia en la economía nacional del 4% al 6%. Esta industria hoy emplea a 200.000 personas en un país donde una cantidad récord de 14 millones está sin trabajo.

El político opositor Randolfe Rodrigues calificó la avanzada oficial como «el mayor delito contra el bosque amazónico desde los años setenta».

Y la World Wildlife Fund (WWF) Brasil advirtió durante el fin de semana que se daría una gran deforestación, junto con una pérdida de biodiversidad y recursos hídricos y aseguró que incluso las áreas que permanecen bajo protección formal están en riesgo.

Fuente:/www.cronista.com/internacionales/Temer-retrocede-y-reve-el-permiso-de-explotacion-minera-en-la-Amazonia-20170829-0008.html

El Diario Oficial de Brasil publicó el pasado 23 de agosto el decreto por el que se “extingue” la Reserva Nacional de Cobre y sus asociados (RECA), una superficie de gran valor natural en la que estaba prohibida o fuertemente regulada la actividad minera desde 1984.

El decreto firmado por el presidente brasileño Michel Temer abre la posibilidad de crear explotaciones mineras en una extensión de casi 47.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de esta extensión se puede recordar que Dinamarca tiene una superficie de 43.094 km2 y la comunidad autónoma de Aragón, 47.719 km2.

La decisión del gobierno de Brasil pretende incentivar la actividad económica y formalmente no afecta a la protección de la fauna y la flora de esta gran superficie en la cuenca del Amazonas pero diversos expertos en medio natural y grupos ecologistas han destacado que supone un a puerta abierta a la construcción de grandes explotaciones mineras (oro, mineral de hierro, cobre) en una zona de gran riqueza natural que incluye nueve áreas protegidas (bosques estatales, reservas ecológicas y tierras indígenas).

Un informe divulgado el mes pasado por WWF-Brasil, en colaboración con Jazida (empresa especializada en geoprocesamiento), la extinción de la RENCA amenaza con generar importantes conflictos entre la actividad minera, la conservación de la biodiversidad y los pueblos indígenas.

El área conocida como RENCA engloba nueve áreas protegidas: el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque, los Bosques Estatales del Parú y de Amapá, la Reserva Biológica de Maicuru, la Estación Ecológica del Jari, la Reserva Extractiva Rio Cajari, la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Río Iratapuru y las Tierras Indígenas Waiãpi y Río Paru d’Este. El informe del WWF indica que la principal área de interés para la minería en RENCA coincide justamente con un área de protección integral, la Reserva Biológica (Rebio) de Maicuru, donde los datos del Servicio Geológico Brasileño (CPRM) apuntan fuertes indicios de la existencia de cobre y oro.

El director ejecutivo de WWF-Brasil, Maurício Voivodic, considera que abrir la RENCA a la actividad minera pondrá en riesgo varias áreas protegidas, pudiendo causar impactos irreversibles al medio ambiente y pueblos de la región. “Además de la explotación demográfica, deforestación, pérdida de la biodiversidad y comprometimiento de los recursos hídricos, habrá un incremento de los conflictos agrarios y amenaza a pueblos indígenas y poblaciones tradicionales”, advierte el Maurício Voivodic.

En las tierras del RENCA viven diversos grupos indígenas, entre los los que se encuentra el pueblo Wajãpi, que mantiene un relativo aislamiento y conservan modos de vida milenarios en una área superior a 17.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica.

Entre muchas otras muestras de protesta contra la extinción de la RENCA, las redes sociales en internet han destacado la crítica en Twitter de la modelo brasileña Gisele Bündchen.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/natural/20170825/43789590309/brasil-temer-autorizacion-mineria-reca-amazonas.html

Una compañía canadiense planea construir la que será la mayor mina de oro a cielo abierto en Brasil, justo en el corazón de la selva tropical del Amazonas en las orillas del río Xingu. Sin embargo, activistas, varias ONG y grupos de defensa están librando una batalla por la tierra.

Belo Sun Mining Corp., con sede en Toronto, Canadá, está detrás del proyecto Volta Grande Gold, que planea extraer 600 toneladas de oro a lo largo de 12 años. La mina generará una cantidad de desechos tóxicos que aproximadamente duplica del volumen del Pan de Azúcar de Río de Janeiro. Una comunidad de 300 familias que viven de la tierra en las localidades de Vila Surf, Gallo y Ouro Verde tendrán que ser reubicadas si este proyecto avanza.

A principios de febrero, el Secretario del Estado de Pará otorgó una licencia de construcción a la empresa, que inició investigaciones en el territorio en 2008, pero dos semanas después la licencia fue anulada por 180 días por una demanda que presentó el defensor público del estado de Pará.

En el fallo, el juez Álvaro José da Silva Souza afirma que enviará el caso al Ministerio Público Federal (MPF) para investigar si hubo ocupación ilegal por parte de la empresa durante la compra de tierras públicas federales.

Las tierras en cuestión, Vila da Ressaca, Galo y Ouro Verde, constituyen el área llamada Ituna, que el gobierno federal otorgó en la década de 1980 a los campesinos durante de la reforma agraria.

El fallo también afirma que en los tres años siguientes a la emisión de la licencia preliminar del año 2014 y hasta la reciente licencia de construcción, la compañía no ha hecho nada para reubicar a los afectados de una forma digna. “Hallo completamente irracional e injustificable que hasta ahora las familias sigan dejadas a su suerte”, expresó. El juez ha dado un plazo de 180 días a la empresa para presentar un plan de reubicación de las familias afectadas y garantizar el libre acceso de las familias a la tierra durante este período.

La zona prevista para la mina ha sido severamente afectada por otro proyecto de desarrollo, la central hidroeléctrica de Belo Monte, que está en fase de prueba desde finales de 2015. La presa ha reducido en un 80% el flujo de agua en unos 100 kilometros de tramo del Río Xingu y ha causado la muerte de peces, deterioro de la calidad del agua y cambios drásticos en la forma de vida de las poblaciones indígenas y ribereñas desde el inicio de su construcción en 2011.

El proyecto minero de Belo Sun es visto como una bomba de tiempo ambiental, debido a la tragedia ocurrida cerca de Mariana en el estado de Minas Gerais. En noviembre de 2015, una presa explotó en una mina que pertenece a Samarco, empresa minera conjunta de las compañías BHP y Vale, que derramó miles de millones de litros de residuos en el río Doce, y mató a 19 personas y dejó a 700 sin hogar.

Una nota técnica emitida por Belo Sun en 2012, que abordaba las preocupaciones planteadas en una audiencia pública sobre el proyecto, fue firmada por el mismo ingeniero que había certificado la seguridad de la central hidroeléctrica Mariana cuatro meses antes de la explosión. En noviembre de 2016, él y otros 20 ejecutivos fueron acusados de homicidio por parte de los fiscales generales.

Consulta a las comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas directamente afectadas no fueron consultadas sobre el proyecto, como lo dispone la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Brasil es refrendario.

Solo seis días después de la emisión de la licencia de construcción, a principios de febrero, la compañía minera publicó en su página web, en inglés solamente, un plan detallado de exploraciones que se extienden por 120 kilómetros a lo largo del río Xingu. Si este se efectúa, el proyecto tendrá un impacto directo en al menos cuatro tierras indígenas: Paquiçamba, de la comunidad Juruna, Ituna/Itata, donde viven indígenas aislados, Arara da Volta Grande, de la comunidad Arara y Trincheira Bacajá, de la comunidad Xicrin. La legislación brasileña manifiesta que la concesión de licencias en esta zona debería realizarse a nivel federal (y no solo el estado de Pará), puesto que afecta directamente a las tierras indígenas.

Hasta ahora no ha habido ninguna consulta con las personas que se verán afectadas si el proyecto sigue adelante. “Tal y como está allí en el mapa, parece que no hay indígenas en el lugar, para Belo Sun nadie vive allí”, denuncia Mukuka Xicrin, líder de la comunidad Xicrin.

La concesión de la licencia de construcción también pasó por encima de la moción que realizó la autoridad brasileña sobre asuntos indígenas (Fundación Nacional del Indio, FUNAI), que reclama una nueva revisión del impacto a la comunidad indígena, ya que considera que la presentada por Belo Sun es insuficiente.

El Defensoría Pública de União (DPU) y la Defensoría Pública también se unieron con una petición para detener la licencia, con una segunda demanda que ratificó la corte estatal. El Ministerio Público Federal (MPF), que ya había hecho otras dos demandas anteriores en contra del proyecto, presentó una moción a la Secretaría de Medio Ambiente de Pará con sugerencias contra la licencia.

Fuente:http://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/empresa-canadiense-punto-construir-mina-oro-mas-grande-brasil-corazon-amazonas/20170407161107003155.html

Agricultores del Estado de Pará en Brasil ocupan áreas que según ellos la empresa minera ha comprado ilegalmente. Es una manera de forzar la maquinaria legal.

En un despacho pequeño y remoto de la Amazonia de paredes sucias y goteras en el techo, una pareja de abogados monta desde hace dos años un rompecabezas diabólico. Las piezas del puzzle son las divisiones de un mapa gigante que reposa sobre la mesa y que delimita los terrenos de Canaã dos Carajás, un municipio del sudeste del Estado de Pará, al norte de Brasil. En esta región interminable, la empresa Vale, una gran compañía minera brasileña, lleva a cabo proyectos multimillonarios de extracción de cobre, hierro y otros minerales. De una manera poco limpia a veces, según estos dos abogados, José Batista Afonso y Andreia Silverio, empeñados en probar que la empresa se ha apropiado irregularmente, durante varias décadas, de tierras del Gobierno Federal. Vale lo niega. “Esta tierra de aquí era pública. Y ésta, no se puede vender ni comprar”, señala Batista Afonso en el mapa del despacho, una especie de refugio sin cerradura de desposeídos sin títulos, Más allá, el territorio feraz y violento de la Amazonia, forjado con años de desmanes, con cierto parecido al Oeste de las películas del oeste, con olor a quemado y pesticidas, con historias de buscadores de oro, labradores sin nada y amplísimos ranchos de ganado.

Los abogados sostienen que Vale se ha ido apropiando de tierras comprándolas a agricultores sin títulos de propiedad que labraban en suelo público arrendado. Pero sólo hay una manera de demostrarlo: forzar a la empresa a enseñar los títulos de propiedad. Y ahí entra en juego como punta de lanza sin nada que perder un movimiento llamado Los Sin Tierra, conformado por labradores pobres que siempre han trabajado granjas de otros. Estos ocupan sin permiso parte de las parcelas compradas por Vale. Hace un año, 400 familias irrumpieron en una de esas áreas. Se distribuyeron por las 8.000 hectáreas. Levantaron casas de madera y comenzaron a cultivar.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/14/america/1481729925_048176.html