Brasil

Brasil : Gobierno abre Amazonia y otras tierras a actividad comercial y la minería.

El flamante presidente de Brasil aprobó un decreto que hace responsable al Ministerio de Agricultura en la toma de decisiones sobre tierras reclamadas por pueblos indígenas, en una victoria para la agroindustria que irritará probablemente a los ambientalistas.

Durante su campaña presidencial, el ultraderechista Jair Bolsonaro dijo que estaba evaluando la posibilidad de referir los asuntos indígenas al Ministerio de Agricultura, argumentando que las tierras deberían ser abiertas a actividades comerciales actualmente prohibidas.

Sin embargo, Bolsonaro decidió trasladar la agencia de asuntos indígenas FUNAI a un nuevo Ministerio de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, por lo que la decisión clave sobre reclamos territoriales estará en manos de un Ministerio de Agricultura con lazos profundos con el poderoso sector agrario.

Los críticos aseguran que sus planes de abrir reservas indígenas a la actividad comercial destruirán culturas e idiomas nativos al integrar a las tribus en la sociedad brasileña.

Los ambientalistas dicen que los pueblos nativos son los últimos custodios de la Amazonia, la mayor selva mundial, que es vital para la estabilidad climática.

Bolsonaro, un capitán en retiro que asumió el cargo presidencial el martes, afirmó que había liberado al país del “socialismo y la corrección política”.

Sus seguidores esperan que reduzca la burocracia y reactive la economía, enfrente la violencia de los narcotraficantes y dirija un gobierno libre de sobornos.

Otros temen que provoque un baño de sangre al aumentar la disponibilidad inmediata de armas y al desmantelar las victorias sociales de las minorías.

 

Fuente:https://almomento.net/bolsonaro-abre-la-tierra-indigena-de-brasil-y-la-amazonia-a-la-agricultura-y-mineria/

Brasil

VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL

Brazil fue sede del VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Minas Gerais, organizaciones socioambientales, comunidades afectadas por concesiones mineras y defensores de DDHH. Se concentraron para intercambiar experiencias, analizar y programar estrategias conjuntas ante el modelo extractivo minero. La cual, por urgencia notoria de la región en resistencia, se concluyó en el compromiso de impulsar y fortalecer las iniciativas populares de articulación y complementación de actividades entre los países presentes en defensa de la naturaleza y los pueblos.

Pueden ver el Video en el sgte link:http://www.radiotemblor.org/?p=13435

Brasil

Danilo Chammas: «Con el Sínodo se está levantando el clamor de muchas comunidades perjudicadas por la minería»

El pasado 27 de noviembre, la ONG Justicia en los Raíles, (Justiça nos Trilhos por su nombre en portugués), recibía el recién creado Premio Derechos Humanos y Empresas, dotado con 50.000 dólares. El reconocimiento es fruto de un trabajo junto a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los estados brasileños de Pará y Maranhão, para denuciar los abusos contra los derechos humanos y ambientales cometidos por empresas mineras y siderúrgicas, especialmente la multinacional Vale.

El premio fue concedido por la Human Rights and Business Award Foundation, siendo recogido por Danilo Chammas, abogado de Justicia en los Railes, en Ginebra, en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Según Danilo Chammas, es un reconocimiento a las comunidades organizadas frente a los daños ambientales y las violaciones de los derechos provocados por la multinacional Vale. En esta entrevista se muestra preocupado, pues con el Presidente electo en Brasil, Jair Bolsonaro, se vislumbra «el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales», y aún más, que va a «poner fin a todo tipo de activismo».

El abogado destaca que «sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentirnos menos aislados y más protegidos». En ese sentido, piensa que con el Sínodo para la Amazonía, «se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería», y espera que con él, la Iglesia «encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito» .

Hablando sobre la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM, con quien, Danilo Chammas dice que «nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud», afirma que «no es recomendable trabajar de forma aislada«. Él insiste en que «necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones … con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas», siguiendo la invitación del Papa Francisco.

¿Qué significa ese reconocimiento internacional ante la actual coyuntura política brasileña?

Así como declaré públicamente en la sede de la ONU, en Ginebra, en la ceremonia en que se dio el anuncio oficial acerca del premio, éste no significa sólo el reconocimiento del trabajo de la entidad Justicia en los Raíles, sino la actuación cotidiana de algunas de las comunidades, situadas en los municipios impactados por el proyecto Carajás, que, de manera organizada y pacífica, han tomado iniciativas por la responsabilización de las empresas y del Estado frente a las violaciones de derechos provocadas por las operaciones de las minas, ferrocarriles, puertos, industrias siderúrgicas, monocultivos a gran escala y otros emprendimientos allí instalados.

Desde la instalación del proyecto Carajás, es decir, hace más de treinta años, esas comunidades han sido víctimas de los daños ambientales y de las violaciones de derechos provocados por Vale SA y otras empresas que operan según una lógica extractivista y voraz, que favorece el lucro dde unos pocos y afecta a los derechos de muchas personas y el ambiente como un todo.

Las iniciativas extractivas se están intensificando. Las empresas mineras son parte del grupo de los principales partidarios del presidente electo, algunas declaraciones del presidente electo ya anticipan el aumento de las iniciativas de flexibilización de la legislación de protección al medio ambiente y la propiedad colectiva de las tierras de las poblaciones tradicionales. Eso nos preocupa mucho. La tendencia es que se fomente aún más el ritmo frenético e insaciable de extracción de minerales. Existe el interés de que se abran a la explotación incontrolada nuevas áreas que hasta el momento cuentan todavía con restricciones legales relevantes para su explotación, como las tierras indígenas, las unidades de conservación o las áreas de preservación permanente.

Las comunidades en las periferias de nuestro país se sienten cada vez más amenazadas por esos proyectos de expansión extractiva. Temen no ser consultadas o no tener su opinión considerada en lo que concierne a las decisiones sobre su futuro y sobre la gestión de sus territorios.

Por eso, un reconocimiento internacional tan importante – es la primera edición de este premio a nivel mundial – refuerza la importancia del trabajo de educación y de incentivo a la organización popular, confirma que las comunidades tradicionales, los campesinos, los habitantes de las periferias urbanas tienen voz y tienen derechos, sus llamamientos y denuncias pueden alcanzar visibilidad internacional, movilizar la solidaridad de otros pueblos e incluso provocar la constreñimiento de nuestro país y de las empresas que actúan en él ante la comunidad internacional.

¿Cuáles son los miedos que Justicia en los Raíles y las organizaciones que luchan por los derechos humanos sienten ante un gobierno que amenaza a quien defiende otra manera de entender la vida y la relación entre las personas y con el medio ambiente?

En los años pasados, sufrimos acciones de intimidación, espionaje, infiltración y procesos judiciales represivos. Brasil fue, en 2017, el país donde más defensores / as de derechos humanos, de la tierra y del ambiente fueron asesinados / as.

Estamos muy preocupados, porque el escenario que se abre para los próximos años puede empeorar. El presidente electo declaró en varias ocasiones recientemente que pondrá fin a todo tipo de activismo. Declaró además que aquellos que discrepan de las acciones de su gobierno deberán elegir entre la prisión y el exilio. El discurso de odio que se instaló durante la campaña electoral, y que persevera después de su término, se está convirtiendo en ataques violentos a personas pertenecientes a las minorías y a quienes defiende los derechos humanos, sin que haya investigación y castigo de los responsables, ni suficientes garantías de protección a las personas y organizaciones amenazadas.

La Ley Antiterrorista (Ley No. 13.260 / 2016), sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, puede ser reformada en breve y con ello convertirse en un instrumento a disposición del Estado para perseguir integrantes de movimientos sociales y de ONG, que pueden ver reducido el espacio cívico y hasta perder el derecho a la libre manifestación. También acompañamos con atención la tramitación de otros proyectos de ley como el PL 10.010 / 2018, que propone penas altísimas y medidas administrativas bastante duras para lo que es categorizado como «crimen de esfuerzo posesivo colectivo». Además, nos preocupa el veredicto que el Supremo Tribunal Federal dará en el Recurso Extraordinario nº 806.339, con repercusión general reconocida, por medio del cual podrán ser establecidos criterios rígidos para el «previo aviso» prescrito en la Constitución de la República como condición para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en locales públicos (artículo 5º XVI de la CR/1988).

La Justicia en los Raíles y varias otras entidades que defienden el ambiente y los derechos humanos cuentan con una red consolidada de alianzas a nivel internacional que reconocen el valor de su actuación y el profesionalismo de sus integrantes.

Además del reconocimiento moral, el premio tiene una ayuda económica, ¿cómo puede ayudar en el trabajo de la Justicia en los Raíles?

Todavía no hemos decidido cómo invertir la ayuda económica que vendrá en los próximos días. Esto se hará en una de nuestras próximas asambleas. Todos los miembros de Justicia en los Raíles, sin embargo, concuerdan que este valor debe ser invertido directamente en favor de las comunidades con quienes trabajamos y que, como dijimos, son igualmente merecedoras de reconocimiento por su resistencia y valiente esperanza.

Justicia en los Raíles es una organización con inspiración cristiana, ¿cuál es su opinión sobre la postura de Iglesia católica en referencia a la cuestión de la minería?

Primero, agradezco a los Misioneros Combonianos, que hace poco más de diez años fundaron la Justicia en los Carriles, integrando en el amplio territorio del Corredor de Carajás el trabajo de varias otras entidades que ya actuaban en algunas regiones. Los Combonianos están también entre los creadores de la red ecuménica Iglesias y Minería, nacida en 2013, que aún hoy actúa con vigor y creatividad a nivel latinoamericano.

La Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en 2015, abrió nuevas perspectivas para todos nosotros. En mi discurso durante la premiación en la ONU destacé también eso, citando la encíclica y diciendo que nuestro trabajo se inspira en el paradigma de la Ecología Integral, por el cual entendemos que el medio ambiente es la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad: todo está estrechamente interconectado.

Más recientemente, el año pasado, los obispos latinoamericanos publicaron una carta pastoral fuerte y valiente sobre el cuidado de la Casa Común, en la que hay muchas referencias a los daños provocados por la minería. Me sorprendió positivamente el ver que también en esta carta hay una breve referencia al trabajo de Justicia en los Raíles.

En el mes pasado, finalmente, Justicia en los Raíles consolidó la alianza con otro relevante actor de la Iglesia Católica: el Grupo de Trabajo sobre Minería de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil), que organizó en el barrio de Piquiá, en Acailândia, Estado de Maranhão, un encuentro de la Iglesia en diálogo con las comunidades alcanzadas por minería en el norte y nordeste de Brasil.

Sentir a la Iglesia tan comprometida en estos frentes confirma, por un lado, la urgencia del enfrentamiento de las violaciones de la minería. Por otro lado, nos hace sentir menos aislados y más protegidos, pudiendo contar con un actor institucional y con su rica Doctrina Social.

¿Hasta qué punto el Sínodo para la Amazonía puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de reflexionar sobre esas problemáticas?

Participé en una asamblea de escucha del Sínodo Especial para la Amazonía. Fue una experiencia fuerte de protagonismo popular, sobre todo de escucha de las comunidades que generalmente permanecen al margen y tienen menos posibilidades de hacerse oír, incluso por la Iglesia. Sé que en muchos rincones de la Amazonia se está levantando el clamor de muchas comunidades a causa de los impactos de la minería.

Espero que la Iglesia tome seriamente en cuenta estos gritos y, en el proceso del Sínodo, encuentre caminos eficaces y compromisos firmes para responder a este grito, que ya no puede esperar.

La REPAM es un instrumento que articula el trabajo en red en la Pan-Amazonia, ¿por qué es importante ese trabajo en red?

He seguido de cerca algunas de las iniciativas consistentes de la REPAM en el ámbito de la educación en derechos humanos, la sistematización de informaciones, la comunicación, la producción de conocimiento y la incidencia política ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos. También la Justicia en los Raíles es una red. No es recomendable trabajar de forma aislada. El sistema que amenaza nuestros territorios es complejo, organizado a escala nacional e internacional. Así, nosotros también necesitamos interconectarnos, en varios niveles. Necesitamos facilitar el acceso de las personas a las instancias e instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales que tienen el deber de defender los derechos de las comunidades, de responsabilizar a quienes los viola y de imponer medidas eficaces de reparación y de no repetición. También necesitamos fortalecer redes interdisciplinares, tejiendo relaciones por ejemplo entre el mundo de la investigación, la comunicación, las instituciones religiosas, con el objetivo común de proteger la vida, la tierra, las aguas, las poblaciones excluidas.

El Papa Francisco invita y desafía a la Iglesia a dialogar más con los movimientos y organizaciones populares. La Justicia en los Raíles está teniendo un diálogo muy intenso y fecundo con la Iglesia, con las diócesis de Maranhão y de Pará, y también con la propia REPAM, de quien nos sentimos aliados y compartimos relaciones de colaboración y un sentimiento de gratitud.

 

Fuente:https://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/12/06/religion-iglesia-brasil-danilo-chammas-abogado-justica-nos-trilhos-sinodo-amazonia-clamor-comunidades-perjudicadas-mineria-derechos-humanos.shtml

Brasil

COMUNICADO DE PRENSA: Se ha nombrado al primer ganador del Premio de Derechos Humanos y Empresas

La Fundación del Premio de Derechos Humanos y Empresas

26 de noviembre de 2018, Ginebra

Hoy se anunció que Justiça nos Trilhos recibirá el nuevo Premio de Derechos Humanos y Empresas, acompañado de una donación de $50,000 dólares.

Justiça nos Trilhos es una organización que trabaja muy de cerca con comunidades locales en partes remotas de Brasil, incluyendo a pueblos indígenas, campesinos, y afrodescendientes, para abordar las violaciones de derechos humanos y medioambientales cometidas por empresas mineras y siderúrgicas, sobre todo por la multinacional Vale.

Las empresas mineras y siderúrgicas han contaminado los ríos de los que dependen estas personas para beber agua y para sus medios de subsistencia, han contaminado el aire causando problemas respiratorios y de la vista, han contaminado los suelos con desechos industriales, han desplazado comunidades, y han diezmado las culturas y vidas de los pueblos indígenas.

Los miembros del consejo de la Fundación del Premio de Derechos Humanos y Empresas – Christopher Avery, Regan Ralph y Valeria Scorza – explicaron lo siguiente en una declaración conjunta emitida el día de hoy: “Lanzamos este premio anual en reconocimiento del ‘trabajo sobresaliente de los defensores y las defensoras de derechos humanos que enfrentan los impactos de las empresas’. Justiça nos Trilhos encarna a dicho grupo, trabajando rigurosa y concienzudamente durante muchos años en circunstancias desafiantes, siempre en cercana colaboración con las comunidades locales cuyos derechos fundamentales busca proteger”.

Los defensores y las defensoras de derechos humanos de Justiça nos Trilhos, y las comunidades locales con las que trabajan, han sido objeto de vigilancia y represalias en forma de demandas por parte de Vale.

El premio se otorgará a Justiça nos Trilhos el 27 de noviembre de 2018 en Ginebra, durante el Foro de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Danilo Chammas, abogado de Justiça nos Trilhos, aceptará el galardón en nombre de la organización. Danilo Chammas comentó: “Trabajamos para reforzar el principio de derechos humanos, que es la esencia del principio de democracia. Sin embargo, creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Falta mucho por hacer para realmente brindar oportunidades de acceso a la justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados por estas empresas.”

Alexandra Montgomery, miembro de la Red de Asesoramiento de la Fundación, quien propuso a Justiça nos Trilhos como organización candidata para el premio, comentó que: “Las operaciones diarias de los proyectos de Vale en Carajas han dañado a más de 100 comunidades….el trabajo de Justiça nos Trilhos se ha llevado a cabo de manera muy robusta y organizada, con el acceso a mecanismos legales, mediante investigación, elaborando estrategias y midiendo sus acciones. Trabajan con centros universitarios y profesionales para investigar y analizar los datos. Las denuncias que hacen no son espontáneas, sino que se basan en las experiencias de las comunidades.”

 

Fuente:Justica nos Trilhos

Brasil

Justicia brasileña ordena a minería Vale indemnizar a indígenas por río contaminado

Un tribunal de apelaciones de Brasil determinó que la minera Vale pague una indemnización de 26,8 millones de dólares a dos tribus indígenas del estado de Pará (norte) por daños ambientales y a la salud provocados por una de sus subsidiarias, informó la fiscalía este viernes.

La minera Onca Puma, subsidiaria de Vale que extrae níquel en el sur de Pará desde hace casi una década, es acusada de contaminar el río Cateté, causando «severos impactos» a la salud y la cultura de las tribus Xikrin y Kayapó, afirma la fiscalía en un comunicado.

Se redujo «la disponibilidad de alimentos» y los Xikrin «quedaron sin agua para beber debido a la contaminación del rio», añade la institución.

«Niños y adultos se bañan en el agua contaminada», lo que les genera «picazón en el cuerpo y ojos rojizos. Inclusive hay casos de malformación fetal y enfermedades graves comprobadas en estudios», añade la fiscalía.

El tribunal determinó el pago de un salario mínimo mensual a cada indígena -una indemnización que en total supera los 100 millones de reales (26.8 millones de dólares al cambio actual)- y la suspensión de las actividades de Onça Puma «hasta que la empresa cumpla obligaciones socio-ambientales, presentando programas de mitigación y compensación en favor de las etnias afectadas».

La asesoría de Vale informó que estaba recabando informaciones internas para dar una respuesta.

La empresa había señalado en una nota pública en 2017 que «no hay relación entre los elementos disueltos en el agua y los alegados problemas de salud, con la actividad de minería de Onça Puma».

También afirmó en dicha ocasión que transfiere «cerca de 13 millones por año para los Xikrin, contribuyendo al desarrollo de la comunidad». (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/16/nota/7053999/justicia-brasilena-ordena-mineria-vale-indemnizar-indigenas-rio

Brasil

Brasil: Mina Samarco atenta contra las mujeres

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.

Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.

El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.

Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.

Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.

Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.

El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crimen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.

Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.

Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/brasil-mina-samarco-atenta-contra-las-mujeres/

Brasil

3 años de impunidad viven las mujeres en Minas Gerais Brasil por el desastre de la minera de Samarco

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.
El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.
Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.
Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.
Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.
El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crímen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.
Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.
Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.
Fuente:https://www.facebook.com/notes/red-latinoamericana-de-mujeres-defensoras/3-a%C3%B1os-de-impunidad-viven-las-mujeres-en-minas-gerais-brasil-por-el-desastre-de-/1401433283325074/
Brasil

Una nueva amenaza se ciñe sobre la Amazonia

Bolsonaro se ha posicionado en contra del activismo ambiental y siembra el miedo entre los habitantes indígenas de las reservas protegidas. Los asesinatos de defensores del medio ambiente se han multiplicado en Brasil.

Son tiempos especialmente convulsos en estas tierras de la selva amazónica que atraviesa en una camioneta Almir Narayamoga Suruí, rumbo a Siete de Septiembre, una reserva indígena protegida. Es allí donde vive su pueblo, los Suruí Paiter. “Tenemos miedo”, dice Suruí, de 44 años, cuando se le menciona al candidato Jair Bolsonaro, favorito a la presidencia de Brasil.

Durante la campaña, el ultraderechista ha proclamado reiteradamente que acabará con “el activismo ambiental” y con la “industria de demarcación de tierras indígenas”. Las declaraciones resultan desoladoras en un país que dejó de registrar oficialmente las tierras de los pueblos originarios hace unos pocos años, y donde los asesinatos de activistas se han multiplicado. “Sus palabras de odio pueden representar un retroceso para nosotros”, sentencia.

Las aldeas de Siete de Septiembre —en tierras entre los Estados de Rondônia, en el noroeste, y Mato Grosso, centro-oeste— son un campo de batalla del pulso formidable entre los intereses indígenas y medioambientales y los del sector agrario-ganadero. Aquí los habitantes originarios ya perciben señales de retrocesos en la disputa para preservar su territorio, que está cada vez más rodeado por invasores. Hace un mes, el área fue objeto de una operación de la Policía Federal con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) contra la explotación ilegal de madera. Según la policía, troncos de madera noble, como caoba y lapacho, eran talados y cortados en aserraderos próximos a las reservas indígenas de los Suruí Patier, y también en una reserva vecina. Un equipo de EL PAÍS visitó la región esta semana y vio varios aserraderos en la zona funcionando a todo gas.

La madera robada de allí era transportada a un depósito donde los troncos son regularizados con documentación falsa. La operación policial había alejado a los madereros temporalmente. Pero regresaron; siempre vuelven. “Yo no pensé que sería tan rápido”, lamenta Almir Suruí, en medio de una pila inmensa de troncos talados. Muchos campamentos de ladrones de madera ni siquiera fueron desmantelados, y el rastro de basura y ropa en medio del bosque evidencia la presencia reciente de quienes explotan la selva.

La zona de Siete de Septiembre es el punto del territorio que suman Rondônia y Mato Grosso donde más ha crecido recientemente la deforestación ilegal. En los últimos tres años, la devastación aumentó un 77% en la reserva, según el Instituto de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Amazonia. Además de la explotación maderera, hay registros de invasiones y actividades ligadas a la búsqueda de oro y diamantes.

La actividad [de explotación] es intensa, compensa financieramente. El beneficio es muy alto y el riesgo es bajo, porque los organismos ambientales están faltos de recursos”, afirma una fuente vinculada a las tareas gubernamentales de fiscalización del medio ambiente. En los últimos cinco años, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad y otros organismos fiscalizadores cayó 1.300 millones de reales (300 millones de euros), según un estudio de la ONG Cuentas Abiertas WWF-Brasil.

Sin dinero para fiscalizar y castigar, el futuro para la Amazonia se antoja muy preocupante. No se aplican las leyes que consideran delito la tala en tierras protegidas. “La extracción de madera va a aumentar drásticamente porque quien es atrapado es tratado como un trabajador y no como un traficante de madera. Pero tiene un beneficio tan alto como el tráfico, y recibe apoyo político”, afirma la misma fuente. Al ganar en la primera vuelta, Bolsonaro ya dejó claras sus intenciones: “Vamos a acabar con la industria de multas del Ibama”. Y prometió fusionar los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Ahora dice que está abierto a negociar.

Acuerdo del clima

Aunque cambie de postura si gana, sus palabras golpean de lleno el ya incierto derecho de los indígenas. Arildo Gapane Suruí, de 29 años y uno de los líderes, teme las amenazas: “Con esas palabras, respalda las acciones de quienes tienen intereses sobre la Amazonia”. “Los intereses van a aumentar y las amenazas también, y ¿ante qué órgano vamos a denunciar esas acciones, si quiere cerrarlos?”, se pregunta.

Las tierras de los Suruí Patier estás rodeadas por pastos de ganado punteados por muchas iglesias, la inmensa mayoría evangélicas. Reproducen sobre el terreno la alianza en el Congreso entre los grupos conocidos como de la biblia y del buey, los diputados que defienden intereses religiosos y de los ruralistas. La liberalización de las armas que defiende el grupo de la bala —con el que forman la triple B, el ala más conservadora de la Cámara— podría elevar aún más la tensión. Con poca representatividad en el Congreso de Brasilia, los intereses de quienes defienden la selva son dejados de lado.

En los últimos 30 años, la deforestación en la Amazonia sumó un área equivalente a la de Suecia. Solo entre agosto de 2017 y el mismo mes de este año, la tala aumentó en un 40%, impulsada por invasiones, caza, pesca y la toma de tierras públicas. El estrago no fue mayor porque raramente el derribo masivo de árboles ocurre en territorios indígenas, que pertenecen por ley al Gobierno Federal. Esas áreas suelen ser vigiladas también por órganos de protección al medio ambiente y encuentran en la cultura nativa, basada en plantío y caza de subsistencia, una agresión ambiental menor. Más vírgenes y ricos en minerales, esos territorios están fuertemente codiciados.

Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales sugieren que la deforestación se ha acelerado en la precampaña: en julio, agosto y septiembre creció un 61% en la región frente al mismo trimestre del año pasado. Thiago Mendes, secretario de Cambio del Clima y Bosques del Ministerio de Medio Ambiente, lo confirma: “Hay una percepción de que la imposición de multas puede poner en riesgo votos o financiación de campaña o dificultar alianzas políticas futuras”, dice. “Por eso, a veces el poder público local disminuye un poco la fiscalización en esos períodos, y la deforestación acaba aumentando”.

El nuevo presidente no puede cerrar los ojos. Brasil, como signatario del Acuerdo de París, firmó el compromiso de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 37% para 2025. El país es el séptimo mayor emisor. “Lo que los árboles que están dentro de las áreas indígenas quitan de CO2 contribuye con un volumen de reducción de emisión muy significativo”, apunta Mendes.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2018/10/27/america/1540599231_198043.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1IK9ZMNANhsEzN3o6sSrueCilf71MaWskTGD8dL3C5sqC0_cxX2f1jW54

Brasil

Más de 5.600 procesos mineros están en áreas protegidas de Brasil, alerta ONG

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) alertó hoy que más de 5.600 solicitudes de explotación minera en Brasil abarcan tierras que pertenecen a reservas indígenas y a reservas ambientales protegidas de la Amazonía brasileña.

La advertencia, resultado de un estudio realizado por la división de WWF en Brasil y que fue lanzado hoy, señala que las actualmente se tramitan 5.675 procesos activos de explotación minera ubicados, total o parcialmente, en tierras indígenas y en Unidades de Conservación de Protección Integral de la región amazónica brasileña.

Los procesos identificados van desde requerimientos para la investigación hasta autorización de explotación mineral.

La región amazónica brasileña, conocida como Amazonía Legal, abarca ocho estados del norte del país y parte del de Maranhao, y tiene un 45 % de su área protegida.

Para que los recursos minerales de las Unidades de Conservación de Protección Integral puedan ser explotados es necesario el cumplimiento de los criterios del plan de manejo de cada Unidad.

En el caso de las tierras indígenas, la explotación mineral sólo puede ocurrir legalmente bajo consulta de la comunidad afectada y autorización del Congreso Nacional.

“La superposición de un volumen grande de procesos mineros en áreas protegidas da la dimensión de la presión por la reducción de tamaño o de nivel de protección que esas áreas enfrentan, además de la presión por la liberación de esa actividad, restringida hoy a la minería ilegal”, dice el estudio de esta organización no gubernamental dedicada a la conservación de la naturaleza.

El estudio también identificó que las solicitudes de explotación en áreas en que la minería es restringidas no fueron bloqueadas en su totalidad como prevé la ley.

De acuerdo con el levantamiento, el bloqueo alcanza el 24 % de las Unidades de Conservación de Protección Integral que pertenecen a la nación, el 46 % de las que pertenecen a cada uno de los estados que hacen parte de la Amazonía Legal y el 76 % de los títulos en las tierras indígenas.

Una de las áreas citadas en el estudio es el Parque Nacional Mapinguari, situado en un área de casi 18.000 kilómetros cuadrados en la frontera de los estados de Amazonas y Rondonia, y que está amenazado por deforestación debido a la actividad minera artesanal que allí se realiza.

Según el estudio, a pesar de ser una zona de conservación, se concedieron autorizaciones para la explotación minera de oro y casiterita (óxido de estaño) a tres empresas: Minería Xacriabá Ltda, Minería de la Amazonía Comercio e Industria S.A. y la cooperativa de garimpeiros (mineros artesanales) Minería y Agroforestal.

La WWF-Brasil señaló que el gestor del parque informó que los títulos caducaron, pero reveló que por el simple hecho de haber existido, hay presión para realizar explotación minera en esa zona de conservación.

Un estudio reciente del estatal Instituto Chico Mendes de Conservación, citado por la WWF-Brasil en el levantamiento, señala que la minería artesanal “se ha convertido en uno de los principales vectores de deforestación en las Unidades de Conservación, incluso en el Parque Nacional Mapinguari”.

El levantamiento también señala falta de transparencia en los datos relacionados con las autorizaciones para la extracción mineral y de fiscalización de las actividades emprendidas en las áreas protegidas, además de una pobre articulación entre las bases de datos de los órganos responsables del monitoreo. EFE

Fuente:https://contactohoy.com.mx/mas-de-5-600-procesos-mineros-estan-en-areas-protegidas-de-brasil-alerta-ong/

Brasil

Padre Dário Bossi: «el Sínodo debe provocar que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por la minería»

Las empresas mineras se han convertido en una de las grandes amenazas para el medio ambiente en el Planeta, una problemática que en la Amazonía afecta de modo decisivo «la riqueza del bosque y de los ríos», como nos dice el Documento Preparatorio de Sínodo de la Amazonía, afectando también a varios pueblos en su modo de vida e inclusive siendo expulsados de sus tierras.

La Red “Justiça nos Trilhos”, que está presente en el denominado Corredor Carajás, es una de las voces en la defensa de los pueblos de la Amazonia y del medio ambiente en la región amazónica. El nombre viene de la línea férrea que une la mina de hierro de Carajás, estado de Pará, con el puerto de São Luis do Maranhão, que afecta directa o indirectamente, 27 municipios de la región. En ese sentido, el Padre Dário Bossi, en esta entrevista, relata situaciones degradantes para la vida del pueblo que vive en la región.

De hecho, la minería es una amenaza cada vez más presente en la Amazonía y, según el Padre Bossi, «tenemos que dejar de pensar en ella como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o otro de la Amazonía». Todo está en función de un beneficio económico, facilitado por la flexibilización de las leyes brasileñas en referencia a la minería.

Para abordar esta problemática, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, vio la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado Grupo de Trabajo de Minería, «para crear una conciencia común», según Dário Bossi, «una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería«.

Desde la perspectiva del Sínodo de la Amazonía, es necesario «que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por minería«, según el Padre Bossi, quien insiste en la necesidad de que «en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se vea amenazado de alguna manera, rápidamente generar cercanía de la Iglesia».

¿Qué es la red «Justiça nos Trilhos»?

Es un intento de articular entre sí a todas las comunidades que se encuentran afectadas por la minería y siderurgia en un territorio enorme, que es el corredor de Carajás, que va desde la mina de Parauapebas, en Pará, hasta el puerto de São Luis, en Maranhão. Atraviesa dos estados, 27 municipios, con cerca de 100 comunidades en estos municipios, la mayor parte que viven de la agricultura familiar, pero también hay comunidades de descendientes de esclavos, de pescadores, indígenas y comunidades de periferias urbanas.

Todas, sin saberlo, tienen en común el hecho de ser víctimas de un mismo sistema. Tiempo atrás, cada una enfrentaba los conflictos de manera aislada, y a veces ni percibía que las violaciones estaban afectando a los derechos que ellos tenían. La red nació para poner en articulación a esas comunidades y buscar resistencias comunes.

¿Cómo este ferrocarril afecta a la vida de la gente?

De muchas maneras. Hay impactos directos, el problema es de toda la infraestructura: mina, ferrocarril, puerto. Por lo tanto, cada una de estas tres infraestructuras tiene impactos diferentes, la mina es un impacto más a las poblaciones indígenas, expulsiones, creó deforestación, problemas serios de contaminación en la región. El puerto, en el otro extremo, expulsó poblaciones, y ahora, con la expansión del proyecto Gran Carajás está amenazando nuevas expulsiones. La gran infraestructura del ferrocarril, dos veces, una en el proceso de construcción y otra ahora, que estamos en proceso de duplicación del sistema entero, crea impactos que se deben a atropellos y accidentes, porque ese tren atraviesa o bordea muchas muchas de las comunidades donde las personas viven sin ningún tipo de protección.

Rara vez existe una infraestructura proporcionada por la empresa para atravesar las vías. Es un elemento extraño que interrumpe o bloquea, porque a veces los trenes se quedan parados, inclusive por mucho tiempo e interrumpe la vida. En el caso de las personas que atraviesan por debajo del tren o por encima de él, lo que es peligroso, pues cuando él arranca, acaba cortando algunos miembros a las personas o los animales. Además de los accidentes de tráfico, muchas personas o animales son atropellados por el tren cuando pasa. También hay problemas relacionados con las trepidaciones, porque cada vagón pesa 80 toneladas, llega a ser el tren más grande del mundo, son 330 vagones. Es una cantidad enorme de mineral que pasa, y las trepidaciones provocan grietas en las casas, sobre todo aquellas que tienen estructura más simple, desmoronamiento de los pozos, entre otros problemas.

Además, hay problemas de contaminación sonora, porque los trenes pasan día y noche, justo al lado de las casas. Hay escenas simbólicas de profesores que tienen que interrumpir sus clases cada vez que pasa un tren. Y tarda cinco minutos y ahora con la duplicación pasara cada 25 minutos. Hay un secuestro del tiempo relativamente significativo para todas las comunidades que viven alrededor del ferrocarril. También, en los últimos cuatro o cinco años, se construyó un segundo ferrocarril de Carajás, porque la empresa Vale consideró rentable la inversión para duplicar el sistema. Creó una nueva mina, que va a extraer la misma cantidad que se estaba extrayendo, y una expansión del puerto.

Esta nueva construcción se está suponiendo la expulsión de familias y la división de las comunidades, porque la empresa tuvo que renegociar con las comunidades un contrato social, entre comillas, de ocupación de sus territorios a partir de toda la infraestructura necesaria para la construcción. Con eso hubo lo que la empresa llama agentes de integración con la comunidad, que sirven para conquistar personas dentro de las comunidades que sean favorables a los grandes proyectos y que poco a poco minen en el interior de la comunidad cualquier tipo de resistencia. Incluso se convierten en denunciantes de quién está organizando protestas.

Junto con esos impactos directos, ¿cuáles son los indirectos?

Eso está en la esfera de la criminalización, de la división de las comunidades, destrucción del proyecto colectivo de una comunidad en función de un proyecto mayor que viene imponiéndose de arriba a abajo y criminalizando a los líderes. Nosotros, en estos últimos años como red, hemos trabajado demasiado, lo que ha chupado demasiado nuestras fuerzas, en defensa de personas que han sido procesadas por la empresa, como mecanismo preventivo. Espanta a los líderes que se exponen más para calmar y subyugar al resto de la población.

Por último, yo diría también el impacto de una economía impuesta, toda una negación de la diversificación económica típica de cualquier territorio a partir de lo que se dirige en función de un proyecto. Un modelo de economía, funcionando exclusivamente la minería, incluso con todo un trabajo de propaganda y de pequeños beneficios para intentar inyectar en las personas, en los políticos, en la opinión pública que ese es el modelo que funciona, algo que en la crisis de 2008 se desmoronó totalmente.

Vemos una región entera, de dos millones de personas, extremadamente volátil, porque depende del valor del mineral en el exterior, que concentra el ingreso en un sólo actor, que es la empresa Vale, que se convierte en el padrino, algo típico de esas regiones, donde la política repitió el mismo sistema. La empresa Vale apadrinó a muchas personas que dependen de ella o de sus tercerizadas, esa es la gran lucha de cómo desmontar ese sistema.

¿Cuáles son los peligros de la minería en la región amazónica?

La minería tenemos que dejar de pensarla como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o en otro de la Amazonía. Es muy importante comprender que la Amazonía está totalmente distribuida, ha sido todo estudiado y ya hay miles de proyectos potenciales a la espera de licencias. El mapeamiento de los recursos de la Amazonía y, por tanto, el control de los bienes comunes, que ya no son bienes comunes, porque están siendo visados para su privatización, ya está establecido.

Es necesario enfrentar la minería como un sistema económico que incluso los propios estados han asumido como un sistema ventajoso y prioritario para sus políticas económicas, lo que llamamos reprimarización de la economía de la Amazonía. Por tanto, volver a considerar la Amazonía como una gran fuente de materias primas para la exportación, excluyendo todo tipo de reflexión sobre la diversificación productiva, la valorización alternativa de los territorios y también la verticalización de la producción industrial.

El tema de la amenaza de la minería en la Amazonía se une mucho al tema de la flexibilización del licenciamiento ambiental, que es una estrategia del gobierno federal que está siendo fuertemente apoyada por los diputados ruralistas y de la minería, que es fuerte en la Amazonía. Muchos parlamentarios de diferentes partidos fueron financiados con el dinero de las empresas mineras. Ellas tienen una estrategia bastante común, que viene de lejos, de distribuir dinero para garantizar apoyo plural a nivel legislativo y en el sistema ejecutivo.

Actualmente Brasil está pasando por un proceso de renovación del marco legal de la minería, que ha sido obstaculizado por la sociedad civil organizada, que de una manera sorprendente logró bloquearlo en varias instancias. Pero para hacer frente a eso el gobierno Temer prefirió retirar el proyecto legislativo del marco legal y dividirlo en sectores temáticos menores e implantarlo a fuerza de decretos. Ya hubo una reforma de la Agencia Nacional de Minería, también todo un debate sobre nuevos royalties, para la distribución de dinero a los municipios, eso también es un elemento bastante delicado. Nosotros de “Justiça nos Trilhos” hemos hecho investigaciones exactamente sobre la distribución del dinero de los royalties y de otros fondos que la empresa beneficia a los municipios, demostrando que hay muchos mecanismos que acaban desviando ese dinero.

El principio en sí de redistribución del dinero que es generado por la renta de la minería no es suficiente para justificar la oportunidad de la minería en la Amazonía, porque fue uno de los fondos donde más se descubrieron desvíos. Hay todo un debate, que incluso los movimientos sociales están haciendo, sobre cómo reapropiarse de los bienes minerales. Hay una reflexión grande que hay que hacer, primero sobre los ritmos de extracción en la Amazonía, y en general en Brasil, en América Latina, porque no son ritmos que responden a las necesidades del mercado, del sistema productivo mundial, son ritmos que responden a las necesidades financieras del mundo.

En el caso de Mariana o Barcarena, es muy explícito, pues se debería llevar a cabo un plan de cierre de la mina y de gestión de desechos, sobre los planes de gestión de los desechos, una nueva legislación que respete los derechos de los trabajadores. La minería es uno de los campos que más mata, mutila y enferma a las personas. Es un campo sobre el cual la Amazonía tiene que estar con los ojos bien abiertos porque es profundamente amenazador.

¿Dentro de las Iglesias existen colectivos y personas que asumen esa lucha contra las mineras como una prioridad?

“Justiça nos Trilhos” nació con una inspiración eclesial y desde el principio insistió en mantener a la Iglesia involucrada. Las diócesis no se involucraron institucionalmente pero fueron interpeladas y siempre hacen referencia a “Justiça nos Trilhos” como el actor que les representa en el territorio de Pará y de Maranhão. Ellos nos reconocen como una instancia eclesial. Además, el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería fue lanzado y agrega a más de cien entidades que se juntan para debatir la cuestión del marco legal y también la postura del gobierno frente a la minería con el fuerte protagonismo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB.

Desde el principio buscamos el apoyo de la CNBB, de la Orden de los Abogados de Brasil – OAB, tuvimos un apoyo significativo, tanto que aún hoy la sede de ese comité está en la CNBB. A partir de eso la CNBB sintió la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado GT de Minería, que se compone de una serie de asesores, yo hago parte también. Son tres obispos y cuatro laicos que estamos planeando un encuentro, que será en el primer semestre del próximo año, llamando a todos los obispos de Brasil que tengan actividades de minería, para comprometerse, para crear una conciencia común, quien tiene visiones más profundas y quien no sabe qué hacer, crear una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería.

Por último, eso ahí a nivel continental, pero en Brasil está bastante enraizado, la red ecuménica Iglesias y Minería que es una red que intenta articular las comunidades de base con inspiración cristiana o que buscan por la mística y espiritualidad plural una referencia en el enfrentamiento. Es una red que ofrece instrumentos a nivel de comunicación, de formación, de denuncia y también de articulación de red.

Una de las temáticas del Sínodo de la Pan-Amazonia es nuevos caminos para la ecología integral, que hace referencia a esa articulación. ¿Cómo el Sínodo puede ayudar a la Amazonía a tomar conciencia de los impactos de la minería?

Estamos muy contentos porque se ha publicado la Carta Pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana – CELAM, sobre el cuidado de la Casa Común, que sería una contextualización de Laudato Si en el contexto latinoamericano y del Caribe. En este texto, para el cual también contribuimos y eso fue sorprendente, sentimos una buena apertura con respecto a la participación en la redacción, en la reflexión sobre ese texto. Hay mucha referencia a la minería y extractivismo, yo diría que es quizás el punto más fuerte de la carta. La contextualización de la Laudato Si en América Latina no puede evitar afrontar desde el punto de vista eclesial, cristiano, el extractivismo, la minería, y los obispos de América Latina lo confirman con contundencia.

La primera cosa es que el Sínodo dé voz y rescate esa reflexión que viene de los propios obispos y de otro lado la gran insistencia que estamos teniendo y hemos tenido en los últimos años, incluso con el Vaticano, para que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados porque hay un movimiento estratégico de las mayores empresas y corporaciones mineras en el mundo de acercarse a la Iglesia institucional, tanto en el Vaticano como en la Iglesia anglicana, en Canterbury, como en las Iglesias locales hay acercamientos a los episcopados locales.

Las empresas necesitan mucho a la Iglesia como una mediadora, como árbitro neutral que se ponga en el medio campo entre los afectados y los que afectan, que intente estipular acuerdos, pacificar los territorios. Ellos usan esa expresión, la Iglesia como agente de pacificación. Esto nos deja indignados, porque la Iglesia históricamente siempre tuvo su campo, su posición, que fue el campo de los pobres, de las víctimas y de los afectados por ese tipo de modelo. aún más después de Laudato Si.

Hace años que la Iglesia y la Minería está buscando motivar, sea el Vaticano, que ha acogido en varias ocasiones a los grandes jefes de las empresas mineras, en momentos de retiro, al menos dos o tres veces. Motivarla a bajar al campo y escuchar a las víctimas. Por una vez, las víctimas fueron escuchadas en Roma, pero se necesita un movimiento de descenso. Creo que el Sínodo es ese movimiento, una Iglesia que se pone a la escucha de las víctimas para entenderlas, porque ese modelo es insostenible. Hay mucho dinero que está siendo invertido para demostrar que la minería es sostenible, es virtuosa, preserva. Pero cada vez que se necesita invertir dinero para demostrar algo es porque ese algo no es tan evidente. Creo que tenemos que todos los días tenemos que ser testigos de la Iglesia.

También existe el tema de las víctimas. Varias personas de la Amazonía están siendo perseguidas, incluso asesinadas por defender todo lo hace referencia a la preservación ambiental. ¿Cómo ayudar con estrategias que ayuden a proteger a esas personas?

Uno de los motivos que hizo nacer la Red Iglesias y Minería, cuando en el 2012 comenzamos a reunirnos a nivel latinoamericano, el motivo era ese, están matando o están criminalizando y retirando de la resistencia activa a muchos líderes, sacerdotes, monjas, pero también catequistas, líderes de comunidades, que están menos protegidos por no tener la institución de la Iglesia detrás de ellos. El protocolo que la gente identificó fue el protocolo de la proximidad, insistir en que en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se ve amenazado de alguna manera, rápidamente generar proximidad de la Iglesia y de la Iglesia institucional, motivar cada vez más a los sacerdotes, obispos a no dejar de hablar, a no dejar de visitar, de manifestar esa vecindad.

Esto es una enorme diferencia porque devuelve seguridad a la propia persona, a la comunidad, pero también inhibe varias formas de agresión que podrían darse. Después otro canal que la Iglesia domina muy bien es el canal de la comunicación, tenemos un espacio enorme en ello y una capacidad que en algunos casos es esencial para salvación y recuperación de algunas situaciones de emergencia, para denunciar y hacer llegar en varios niveles esa denuncia, a nivel local, regional, estatal, nacional, internacional.

Otro protocolo que ya pusimos en marcha en algunos casos es la activación de las instituciones. Tanto la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, como Iglesias y Minería tienen buenas relaciones con instituciones locales dirigidas a la defensa de los derechos y también a instituciones en defensa de derechos a nivel internacional. En varios casos fue necesario activar estos canales y esto ha demostrado que hemos visto sensibilidad. Los organismos internacionales consideran a la Iglesia un actor extremadamente relevante y serio, porque es uno de los pocos actores que está en los territorios de base y que permanecerá. Uno de los límites de las denuncias de violaciones o de criminalizaciones es el hecho de que después de la denuncia, cuando el caso aparentemente se ha resuelto, todo el mundo se retira, mientras la Iglesia, potencialmente, continúa en el territorio. Nosotros tenemos esa característica de ser un interlocutor de confianza con esos organismos internacionales, lo que puede venir a establecer nuevas formas más continuas de acompañamiento de los conflictos y de las denuncias.

La paralización de la RENCA (Reserva Extractivista Nacional de Cobre y Asociados), el año pasado, a partir de las luchas sociales. ¿Es un ejemplo que vale la pena la confrontación contra políticas injustas del gobierno?

Sin duda. Tenemos necesidad de identificar casos de éxito, que no siempre son evidentes como esa de RENCA. Incluso ni la RENCA es tan evidente porque ahora de forma silenciosa, más a pedazos o más de una forma subterránea, el proceso puede continuar. Por otro lado, sin embargo, así como nuestro adversario necesita símbolos, nosotros también necesitamos, poder decir que la sociedad civil de Brasil fue capaz de deshacer un decreto presidencial eso es muy importante, porque muestra que todavía somos fuertes.

Fue un caso que nos enseñó el camino de las piedras. En primer lugar no aislar fuerzas, fue importante que la Iglesia se puso en diálogo con los movimientos sociales, buscaron alianzas de los actores de la opinión pública, hubo un fuerte llamamiento internacional con una buena solidaridad. Aprendimos que esas victorias se dan cuando hay esa capacidad de juntar fuerzas. El problema es que no siempre vamos a tener la fuerza de dar una visibilidad tan grande como se dio al caso de la RENCA.

Esto recomienda un trabajo de hormiguita para conseguir mantener en los territorios a la población movilizada, porque esa es la otra gran fuerza. Si por un lado la RENCA gano relevancia por la visibilidad mediática, por otro lado, otras resistencias, que tal vez quedaron menos conocidas, vencieron y consiguieron mantener la defensa de sus territorios porque la comunidad permaneció unida e indignada, no se dejó seducir, comprar, dividir. Estos son los dos campos que me parece que tenemos que saber actuar contemporáneamente. A veces, en la mediatización del modelo de comunicación de hoy, la tentación es la de migrar al campo de la denuncia más formal o más virtual, pero cómo es importante ese enraizamiento de la Iglesia en los territorios, exactamente para mantener al pueblo movilizado, porque allí es donde se da la escucha y la resistencia más eficaz.

Fuente:http://blogs.periodistadigital.com/luis-miguel-modino.php/2018/10/03/padre-dario-bossi-el-sinodo-debe-provoca