El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) plantean en su propuesta de Ley Marco de Consulta que el proceso para medidas legislativas, administrativas, proyectos extractivos y otros que los afecte, así como a sus territorios, sea de carácter vinculante con derecho a veto; mientras que el gobierno, sugiere que se extienda a los sectores colonizadores y afrobolivianos, además que sea pública.
“(Una consulta de carácter vinculante para) Planes, programas, obras, proyectos, actividades de exploración, explotación y transporte, de recursos mineralógicos, hidrocarburífieros, recursos hídricos, otros recursos naturales, proyectos de infraestructura o cualquier otra media que afecte directa o indirectamente los derechos e intereses de dichos Pueblos en sus territorios ocupados y/o ancestralmente ocupados”, se lee en el artículo primero del borrador de la propuesta indígena.