El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) plantean en su propuesta de Ley Marco de Consulta que el proceso para medidas legislativas, administrativas, proyectos extractivos y otros que los afecte, así como a sus territorios, sea de carácter vinculante con derecho a veto; mientras que el gobierno, sugiere que se extienda a los sectores colonizadores y afrobolivianos, además que sea pública.
“(Una consulta de carácter vinculante para) Planes, programas, obras, proyectos, actividades de exploración, explotación y transporte, de recursos mineralógicos, hidrocarburífieros, recursos hídricos, otros recursos naturales, proyectos de infraestructura o cualquier otra media que afecte directa o indirectamente los derechos e intereses de dichos Pueblos en sus territorios ocupados y/o ancestralmente ocupados”, se lee en el artículo primero del borrador de la propuesta indígena.
Debido a que la actividad minera se encuentra en muy buena situación, gente de otros departamentos del país migra a las zonas productoras potosinas como es el caso de Atocha, según indicó el alcalde de esa región, Basilio Flores.
La etapa de encendido del horno de Karachipampa comenzará esta semana, según se pudo conocer a través del presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Edgar Alan Pinto.
El asambleísta departamental, Eduardo Campos manifestó que Oruro no se debe callar sobre los resultados de la auditoría ambiental efectuada a las operaciones mineras de Kori Kollo, y que se debe plantear otra e incluso existe la posibilidad de plantear una demanda internacional.
El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Félix Becerra, informó este jueves que esa organización en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia elaboró el proyecto de ley Marco de Consulta para explotaciones y exploraciones de recursos mineros, hidrocarburiferos e hídricos.
Las regalías mineras del país en el tercer trimestre, 34,99 millones de dólares, son menores a las captadas tan sólo por Potosí en similar periodo del año pasado, que llegó a 37,99 millones. Este desplome fue por los precios.
La investigación Minería en las tierras bajas de Bolivia realizada por Alicia Tejada revela que las empresas transnacionales Orvana (Canadá), Votorantim (Brasil) y Glosobyk (capital inglés) controlan la actividad minera en tierras bajas, donde la presencia estatal con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) sólo se limita a la administración del 4 por cien del total de las áreas cedidas para la explotación.
– El programa del vicepresidente Álvaro García Linera.
Un estudio efectuado a iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Oruro, ante las constantes quejas de la población, determinó que en el centro minero de Japo el agua no es apta para el consumo humano.
«El desarrollo que tiene Bolivia en algunas ciudades han salido de los socavones mineros, pero esto ha dejado contaminación y miseria, que hay que reponer», expresó el asambleísta departamental, Eduardo Campos, con referencia a la contaminación generada por la minería, y el desarrollo de los centros mineros, que a centenares de años de explotación, no tienen un progreso notable.