El gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en conferencia de prensa anunció hoy el fallo que anula el pago de 93 millones de dólares a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) por las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA).
“Todos los procesos que estaba encarando en contra del gobierno departamental autónomo de Chuquisaca y al final en contra de todo el pueblo chuquisaqueño, hoy entiendo que se anula, y por tal razón sus procesos siempre eran mentiras para engañar al pueblo”, manifestó Urquizu.
El gobernador hizo un llamado a SOBOCE para entablar un diálogo que permita llegar a un acuerdo amistoso en el pago de las acciones que adeuda la gobernación a la corporación del cemento. “La gobernación siempre ha estado predispuesta a sentarnos, al diálogo, pero sin discursos de doble moral”, señaló.
Síndicos de oposición y oficialismo en FANCESA celebraron la determinación de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia. Consideran que ahora se deberá tomar todos los recaudos legales para evitar futuros conflictos.
“Como chuquisaqueño a mi me alegra que exista un mecanismo legal que impida que se pague a SOBOCE un dólar o cien millones de dólares, son recursos que indudablemente afectan a la región porque están circunscritos varios proyectos a los mismos”, señaló John Cava, directivo de FANCESA en representación de la alcaldía.
El síndico, Valerio Llanos, representante de la Gobernación y la factoría, anunció posibles procesos penales contra el juez del caso por delito de prevaricato.
“En este caso corresponde iniciar un proceso legal penal por prevaricato porque si una autoridad a sacado un fallo en una primera instancia alejado de la normativa legal, donde ni siquiera existía un apersonamiento correcto de una persona jurídica como es la Sociedad Boliviana de Cemento obviamente de manera institucional todo el equipo de abogados que tiene la Gobernación va tener que iniciar las acciones legales”, indicó.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Antonio Revilla, desestimó que en la emisión de la sentencia que fue anulada, haya habido cierta parcialización por lo cual dijo que no corresponde iniciar ningún tipo de demanda.
“El señor juez ha actuado en el marco de su actuación jurisdiccional y por consiguiente lo que corresponde a este tribunal es velar por la independencia de los jueces, y consiguientemente cualquier fallo que dicte un juez y que no sea conforme a alguna de las partes no nos corresponde intervenir sino en respetar la independencia de ese juez”, declaró.
Subrayó que “si hay algún cuestionamiento a ese juez, se vaya a la vía correspondiente sólo si hay argumentos sólidamente expresados”.
En abril de este año un juez comercial determinó multar a la gobernación de Chuquisaca con el pago de más de 93 millones de dólares en favor de la Sociedad Boliviana de Cemento por haber incumplido con el pago de las acciones revertidas en Fancesa de manos de SOBOCE para administración del gobierno departamental.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) pide al gobierno conocer el proyecto de Ley de Minería porque aseguran los originarios que no fueron parte de la redacción del borrador que se anunció será presentado este mes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).