Bolivia

Ley minera debería favorecer al Estado antes que a otro sector

Legislador busca que ley minera favorezca al Estado.El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jaime Medrano, indicó que la nueva ley minera debería favorecer al Estado, antes que a otro sector como se está planteando.

Señaló que actualmente el proyecto de ley minera se encuentra en etapa de socialización en los diferentes sectores como son; el cooperativo, privado y estatal.
Manifestó que de acuerdo a un previo análisis que se hizo al borrador de esta norma, se estaría favoreciendo al sector cooperativo, sin tomar en cuenta que esta ley debería beneficiar al Estado como tal, mencionó que lamentablemente parece que las autoridades que estaban a cargo de elaborar el documento que regirá la actividad minera, no partieron por este criterio.

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Ley Minera creará empresa de recursos evaporíticos

La Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) surgirá con la nueva ley minera. Esta firma será parte del corporativo minero estatal dependiente de Comibol. Así lo establece el borrador de norma.

La Corporación Minera de Bolivia surgirá con seis empresas dependientes, además de EBRE, Huanuni, Colquiri, Corocoro, Vinto y Karachipampa, quedando abierta la posibilidad de la creación de otras filiales más.

EBRE será empresa de “derecho público, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica”. Entre sus responsabilidades
se mencionan la “prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización”.

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Gobierno dice que proyecto de Ley Marco de Consulta Previa fue aprobado con consenso con organizaciones; sectores observan

El Gobierno, a través del ministro Carlos Romero, anunció la aprobación del proyecto de Ley Marco de Consulta Previa con consenso de las organizaciones sociales, que antes de su envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional será presentado al presidente Evo Morales. Sin embargo, otros sectores indígenas observaron la aprobación de la norma.

«El debate que ha sido muy profundo, a veces tenso, ha permitido con base en la confrontación de razones arribar a un entendimiento y a entender que el consentimiento previo es la construcción de un acuerdo entre el Estado y los pueblos consultados (…) Los consultados son los directamente afectados potencialmente por un proyecto o iniciativa estatal», explicó Romero en una entrevista concedida a radio Panamericana.

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a-09-1XXX
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Indígenas piden el 10% de impuesto a la minería

a-09-1XXXEl coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) Rafael Quispe señaló ayer que se lograron importantes avances en el anteproyecto de Ley de Consulta Previa que se debate con el Gobierno y organizaciones sociales. Uno de los más importantes es que el Gobierno ha aceptado que el 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos vaya al Fondo Indígena; en el mismo campo, piden la creación del Impuesto Directo a la Minería.

Según Quispe, a raíz de los conflictos en el Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), como consecuencia de la falta de una ley marco de consulta, se comenzó a trabajar en forma ordenada para lograr un instrumento legal, con la participación de las organizaciones indígenas: el Consejo Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, comunidades interculturales y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

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En defensa de nuestros territorios y el derecho a la consulta y consentimiento previa, libre e informada

Pronunciamiento público

Las comunidades del suyu de Larecaja nos hemos reunido en el pueblo de Guanay, en fecha 17 y 18 de agosto de 2013, para analizar y reflexionar el contenido del anteproyecto de Ley de Consulta del Gobierno y la propuesta de Ley de Consulta Previa del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), asimismo el anteproyecto de Ley de Minería del Gobierno.

Habiéndose anoticiado de los atropellos contra los legítimos representantes indígenas de la CIDOB, el CONAMAQ y la Asamblea del Pueblo GuaranÍ (APG) durante la reunión convocada por el Ministro de Gobierno en la ciudad de Cochabamba, en fechas 17 y 18 de agosto, para discutir su propuesta de ley Marco de Consulta; atropellos que se expresaron en impedir la participación de dirigentes legítimamente constituidos
y coartando la palabra de nuestras máximas autoridades.

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Hay despidos en Inti Raymi por falta de reservas y bajos precios

La Empresa Minera Inti Raymi SA confirmó ayer que debido al agotamiento de las reservas de oro, la baja cotización de este mineral y la disminución de su producción, tuvo que enviar cartas de preaviso de despido a 58 trabajadores para reducir sus costos de operación.

El encargado de Relaciones Públicas de la empresa, Juan Laura, indicó ayer a La Razón que tras el envío de estas misivas, los obreros deberán dejar la empresa en tres meses.
“Hemos entregado las cartas de preaviso por agotamiento de reservas, por el descenso en la producción y la baja cotización de los precios del oro, que bajó considerablemente. Eso imposibilita la seguridad (laboral) de los trabajadores de la empresa por estos tres temas particularmente”, argumentó Laura. Aclaró que la entrega de estas notas se realizó bajo ciertas disposiciones legales.

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Sector cooperativo tiene mínimas observaciones a la nueva Ley Minera

El senador Andrés Villca que representa al sector cooperativo mencionó que en la socialización del borrador del proyecto de Ley Minera se pudo constatar que los cooperativistas tienen mínimas observaciones a la nueva norma.

Señaló que el sector minero cooperativo acepta esta ley, no obstante como ninguna norma es perfecta existieron algunas discrepancias, pero de forma no de fondo, las cuales serán presentadas al Poder Ejecutivo para que puedan ser subsanadas y de una vez se apruebe la ley minera que es de vital importancia para todos los operadores del subsuelo.

Indicó que una vez que se concluyó el borrador del proyecto de ley minera, los diferentes operadores mineros comenzaron con la socialización en todos los departamentos para que la norma pueda ser modificada si así se requiere.

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Caso Chaparina: Un general informó a su comandante que Sacha dio la orden

El exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ordenó el 24 de septiembre de 2011 la intervención a la marcha indígena en Chaparina , según un “informe confidencial” entregado por el ahora exinspector General de la Policía Boliviana, general Edwin Foronda Franco,  al entonces Comandante General de la institución del orden, general Jorge Renato Santiesteban Claure.

El documento “confidencial” fue develado hoy por el secretario político del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera, quien aseguró que la orden fue dada por Llorenti el 24 de septiembre –día antes de la ejecución de la represión policial– cuando el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, todavía se encontraba en la zona.

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Caiza y Vitichi piden frenar daño ambiental

Los pobladores de Vitichi y Caiza “D” demandan que las autoridades departamentales cumplen los compromisos respecto al daño ambiental que general los ingenios mineros y las minas que existen en la cuenca de La Lava.

Con la presencia de las autoridades del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí se efectuó una inspección a las actividades de las empresas Andacaba, Kumurana y Reserva.

También se evidenció que las colas que generó una de las empresas mineras en la zona están siendo trasladadas cerca de la ciudad de Potosí para su retratamiento.

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Se reduce el aporte impositivo de la minería

 

La contribución impositiva de las empresas mineras ubicadas entre los 100 mayores contribuyentes del país se redujo en el primer semestre, según el informe del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) publicado en la revista Impuestos al Día.

“La actividad minera no sólo redujo su pago, sino también su participación, debido a la contracción de la producción registrada durante 2012, que afectó de manera significativa a su pago del Impuesto a las Utilidades anual”, precisa el SIN. Por ejemplo, la Comibol que en 2012 tributó 239,5 millones de bolivianos, este año sólo aportó 212,6 millones de bolivianos.

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