La explotación ilegal de oro con componentes químicos es la principal causa de la contaminación de los ecosistemas en las comunidades del norte de La Paz.

Se realizará un censo a centros mineros para poder acabar con el tráfico de este metal, informó el director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senerecom), Víctor Maldonado.

La representante de las comunidades afectadas por la minería Margarita Aquino anunció medidas de presión para reclamar al Gobierno por el daño ambiental que genera la minería y que éste frene su producción.

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que con el dinero que otorga la minería se debe generar una respuesta ambiental para contrarrestar estos daños.

Fuente:http://www.atb.com.bo/seccion/econom%C3%ADa/los-residuos-de-la-miner%C3%ADa-dejan-comunidades-contaminadas

Quesu Quesuni es una comunidad que se encuentra en el municipio de Poopó. Esta comunidad se encuentra afectada en sus fuentes de agua y territorio por la operación Sinchi Wayra que actualmente se encuentra en etapa de cierre. Toda la provincia se caracteriza por una tradición minera desde la época colonial; sin embargo en la última década, los impactos se han vuelto insostenibles, principalmente por la contaminación de fuentes de agua que tiene un efecto reflejo en todos los otros recursos naturales. En Quesu Quesuni se ha logrado obtener una dotación secundaria de agua que parte del pueblo, debido al secado total de las nurias y pozos de agua dulce que alimentaba antiguamente a la comunidad.

El resto de comunidades sigue consumiendo el agua de pozos subterráneos y de los ríos, luego de hacer un análisis comunitario del agua se encontraron presencia de metales pesados y salinidad.

Las mujeres de esta comunidad que sufren con mayor intensidad los impactos de la contaminación de fuentes de agua por la sobrecarga de trabajo y exposición de sus cuerpos a diferentes dolencias de salud; decidieron desde el año 2013 organizarse en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) para exigir sus derechos y de la Madre Tierra, denunciando la violencia medioambiental contra ellas.

Actualmente se encuentran movilizadas exigiendo la remediación ambiental inmediata y urgente de sus fuentes de agua y campos de cultivo ya que toda actividad agrícola ganadera poco a poco está desapareciendo por culpa de la contaminación minera y la falta de agua.

Como parte de estas acciones el día sábado 28 de octubre, la RENAMAT con apoyo del Colectivo CASA ha realizado una emotiva y simbólica entrega de tanques de reservorio de agua para las familias de Quesu Quesuni. En este mismo acto se ha logrado el compromiso de la alcaldesa del Municipio para llevar continuamente cisternas de agua que pueda abastecer las necesidades de agua de la población.

Este pequeño aporte es parte de una llamada de atención a las autoridades para exigir a la empresa saliente Sinchi Wayra la remediación ambiental y seguir en la lucha de las mujeres que combaten la violencia medio ambiental de los proyectos extractivos en sus cuerpos y territorios.

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con este conmovedor discurso, Wálter Gutiérrez Calle, de Andapata, (una comunidad en el departamento de Oruro), quiere llamar la atención sobre los problemas que su pueblo empieza a sufrir, causados por la explotación minera de cobre. Ha sido invitado por varias instituciones, que trabajan con el tema de afectación ambiental por procesos extractivos, a un simposio¹ en Cochabamba sobre los derechos humanos, empresas transnacionales y la hegemonía china, para hablar sobre la expansión minera en América Latina.

El municipio de Choquecota, el pueblo de origen de Wálter, está ubicado en una región aislada en la parte occidental de Bolivia, cerca de la frontera chilena. Los habitantes de Choquecota son los indígenas del Suyu J’acha Carangas. Este grupo étnico se dedica a la agricultura a pequeña escala y a la cría de ganado. La cría de llamas es la mayor fuente de ingresos de las comunidades que viven en el inhóspito altiplano. Hace algunos años, el poder del capital chino ha ingresado en la región y amenaza el modo de vida tradicional. La empresa minera D-Cobre S.A. inició sus operaciones de extracción de cobre hace 5 años. Ahora quiere abrir una segunda mina en el límite entre los municipios de Turco y de Choquecota. Es una empresa boliviana, aunque el 70%² de las inversiones provienen de inversores chinos.

Operaciones mineras chinas ocultadas

La región ya está acostumbrada a la minería a pequeña escala, pero nunca ha visto la minería industrial de tales proporciones llevada a cabo por D-Cobre S.A. El primer proyecto ‘Cuprita’ abarca unas 500 hectáreas. La creación de la segunda mina añade otras 900 hectáreas cerca de la comunidad de Andapata, donde vive Wálter. Hasta hace poco, los habitantes del pueblo ni estaban al corriente de las actividades mineras de D-Cobre S.A. en su región. Muchos de ellos se han enterado por primera vez de la minería a gran escala hace tan solo seis meses. En ese momento se puso en marcha el proceso de consulta previa de la población local, como es obligatorio por ley antes de que se abra una nueva mina.

Victoria, una joven activista medioambiental originaria de esta región, explica en una entrevista el orígen de la consulta previa. La empresa minera que se introdujo en la zona en 2012 trabajaba en secreto: “Nadie lo sabía. No era información pública y nunca se ha pedido permiso». En 2014 se adoptó una nueva ley que obliga a las empresas realizar una consulta previa de la población local antes de iniciar nuevas operaciones. “Sin embargo, esta ley no se aplica a las concesiones ya otorgadas en años anteriores, las cuales ya no se pueden retirar”, añade Victoria. Ya que la región está aislada y no hay la presencia de organizaciones independientes que monitoreen el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, las empresas en Choquecota pueden proseguir sus actividades sin molestia.

La consulta previa sobre la expansión del proyecto con ‘Cuprita 2’, una segunda mina de cobre a cielo abierto, fue organizado en Andapata, la comunidad de orígen de Victoria. Ella explica que la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de las comunidades acerca de las consecuencias de la minería. “Se está presionando a la población local. Les dicen que tienen que decidir en breve si están a favor de la minería, pero la población no tiene conocimiento previo. Nunca se ha discutido el proyecto en detalle y no han sido informados sobre los efectos negativos que puede ejercer sobre su medio ambiente. Además, dicen que están haciéndoles un favor porque van a traer desarrollo a la región. De este modo intentan engañarlos a la hora de las consultas previas”.

Escasez de agua y contaminación

La minería a cielo abierto tiene un efecto negativo incontestable en el medio ambiente, ya que se crea un tajo en la superficie utilizando explosivos. Además, se hace uso de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para la extracción de cobre. Estas sustancias químicas y tóxicas sirven como imán para atraer las partículas de metal. Muchas veces no se guarda el agua residual conforme a las leyes de seguridad para ahorrar dinero. Cuando aparecen grietas en las presas, grandes concentraciones de los ácidos y los metales pesados se mezclan con el agua subterránea. Esto puede ser mortal para los humanos, los animales y el medio ambiente. Reduce la biodiversidad en la región afectada, perturba la agricultura y conlleva peligros sanitarios tremendos.³

En su discurso, Wálter también evoca el desecamiento de los recursos hídricos. A consecuencia del calentamiento global, los glaciares en los Andes se derriten rápidamente.⁴ Durante la temporada seca, los bolivianos en el altiplano dependen fuertemente del agua de deshielo de estos glaciares. A finales del año pasado, que fue el más seco en Bolivia de los últimos 25 años,⁵ miles de habitantes protestaron en La Paz contra el déficit de agua.⁶ Gran parte del agua que queda es utilizada por la industria minera. Cada día se gasta 10.000 metros cúbicos de agua en la minería. Es el doble de la cantidad de agua utilizada cada día por los habitantes de La Paz.⁷ El gran Lago Popoó ubicado al sur de Oruro, cerca de Choquecota, ya se ha secado completamente. Esto de debe parcialmente al cambio climático, pero tambien a la minería en la zona en cual se usa grandes cantidades de agua.⁸ Se habla poco en Bolivia sobre la minería como una de las causas principales del déficit de agua y no ha sido reconocido como causa de los conflictos sobre el agua por la administración boliviana, que colabora con las empresas mineras.

Luz verde a la expansión a pesar del voto en contra

Victoria y los activistas del colectivo WasiPacha⁹ han organizado un taller en Andapata con el objetivo de informar a la comunidad local sobre las consecuencias de la minería de cobre y sobre los derechos de las comunidades originarias. Tenían la esperanza que este taller reforzara el posicionamiento de los comunarios durante la consulta popular. El taller parece haber alcanzado el objetivo. Durante la última reunión de la consulta previa se rechazó el proyecto definitivamente: “Rechazamos la implementación de proyectos mineros en base a los potenciales daños ecológicos, sociales y culturales que puede causar».¹⁰

A inicios de octubre se ha revelado que, a pesar de que varias comunas han votado en contra del proyecto durante las consultas previas, la expansión de la mina de cobre está siendo aprobada por el ministerio de minería. Conforme a la ley minera de 2014, el resultado de las consultas populares obligatorias no determina la decisión final. Las consultas previas son entonces una mera formalidad que tiene que ser cumplida por las empresas para informar a los habitantes. Uno se puede preguntar sobre el sentido de una consulta previa si el resultado no es vinculante. El ministerio de minería siempre tiene el poder final y defenderá en casi todos los casos los intereses de la industria minera. El gobierno boliviano tiene fuertes vínculos con la industria extractiva, ya que el modelo de desarrollo boliviano se basa en ello.¹¹

Expansión china en América Latina

Los problemas ambientales que surgen en las comunidades J’acha Carangas a causa de la minería china y la violación de sus derechos por las empresas no son únicos. América Latina se ha convertido durante los últimos años en un destino muy importante para los inversores chinos.¹² La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria.¹³ En Perú, el 40% de los proyectos mineros son controlados por empresas chinas. En Ecuador, las empresas se dedican a la explotación de petróleo en el Amazonas. Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos. Una de las conclusiones del simposio en Cochabamba es: el gobierno boliviano facilita progresivamente la extracción de materias primas por las empresas chinas, por lo que dominan cada vez más el sector minero.

Sin embargo, en Occidente también tenemos una responsabilidad en cuanto a los abusos de la minería de cobre. El cobre es una materia relativamente barata que se usa para el transporte de electricidad en coches, redes de telecomunicación y computadores. Es el principal mineral extraído por las empresas chinas en América Latina,¹⁴ en primer lugar para la producción china de electrónica, destinados a los mercados de la UE.

Fuente:http://catapa.be/es/noticias/el-avance-silencioso-de-china-sobre-bolivia

Los ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí no recibirán más agua potable para desarrollar sus actividades como una primera medida para afrontar la crisis del recurso hídrico en esa ciudad.

La determinación fue consensuada entre autoridades locales y el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.

«También se ha hecho el análisis y se tiene la resolución de entregarles agua no potable a los ingenios”, anunció Navarro.

La crisis del líquido vital no fue una sorpresa para esa urbe porque fue anunciada a inicios de este año. La Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), que administra los servicios de agua y alcantarillado, advirtió que hace cuatro o cinco años no cayó suficiente lluvia por lo que afectará los niveles de almacenamiento del agua en las lagunas del Kari Kari.

Hace dos semanas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) anunció que este mes se agotará la reserva de la laguna de San José que surte de agua a la ciudad de 210 mil habitantes.

Una de las actividades económicas que consume grandes cantidades de agua es la minería y ante el dilema de garantizar agua para el consumo o para la producción, el Gobierno determinó priorizar los recursos hídricos para los habitantes.

El ministro Navarro agregó que los datos presentados por la Alcaldía potosina y la AAPOS «demuestran que se tiene caudal de agua, sin contar las lluvias, hasta finales de diciembre”.

También dijo que el Gobierno busca no «perjudicar” las actividades mineras y tampoco el consumo familiar del agua.

«Tenemos nuevos proyectos que se están culminando porque en el caso de La Palca posiblemente el bombeo del agua ya se esté dando hasta finales de octubre”, añadió Navarro.

La Palca incrementaría el caudal a «casi 40 litros por segundo” y que aliviaría la escasez de agua y está en camino una aducción desde la represa de Tacora.

Para hacer realidad el proyecto, el Gobierno desembolsará el 60% del costo para la obra, el 20% la Alcaldía y el restante la Gobernación potosina.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/10/3/ingenios-mineros-potosi-recibiran-agua-potable-154354.html

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, propuso este martes que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el “desarrollo productivo, justicia social y sostenibilidad ambiental”, para optimizar la generación de valor de este recurso natural asentado en el Salar de Uyuni.

Los tres temas señalados deberían ser tomados en cuenta en la definición del “diseño de las estrategias de políticas públicas para que se apliquen en la explotación del recurso natural del litio”, afirmó la autoridad durante la realización del Workshop del Litio, organizado por la Unidad Académica Regional Cochabamba. Es la cuarta versión que se realiza en la región y la primera en el país.

Explicó que en la explotación del litio no se tiene que repetir la “debilidad” del país como ocurrió con los minerales e hidrocarburos. “Cito estas dos debilidades vinculadas a nuestros recursos naturales con el objeto de enfatizar la gran esperanza de que no ocurra lo mismo con esta gran posibilidad que se abre para un país como Bolivia que posee enormes reservas de litio”, añadió.

Marco Antonio Fernández Calderón también afirmó que “se constata esta enorme debilidad nacional cuando se observa un tejido productivo y empresarial incipiente y vulnerable”. Atribuyó esta “debilidad” del país a la falta de una “mayor y mejor inversión en la formación de su capital humano, y por otra, optimizar la generación del valor de esos recursos naturales”.

Manifestó que el tratamiento de los recursos naturales está inspirado en el mensaje de la Encíclica Laudato SI’ del Papa Francisco, que habla de la urgencia de cuidar la “casa común” porque “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien (…)”.

Afirmó que el Pontífice también “nos recuerda que sí tenemos la pretensión de cuidar y mejorar el mundo, deberíamos ser capaces de asumir cambios profundos en los ‘estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”.

El Director de la Carrera de Ingeniería Química, de la Unidad Académica Regional Cochabamba, Jaime Antezana, informó que el objetivo del workshop es presentar los trabajos más recientes en investigación y desarrollo en la región y en el mundo en temas de minerales industriales y estratégicos, con énfasis en el litio y en energía solar.

De manera simultánea, continuó, varios expertos nacionales e internacionales pretenden crear conciencia para la explotación sostenible del litio. Afirmó que la realización del Workshop del Litio es importante para estudiantes y docentes de la #UCB porque “nos muestra el norte de los procesos de investigación científica para el desarrollo de nuestro propio Know how (conocimiento)”.

Anunció que participa del evento el ganador del concurso internacional sobre la batería de litio, Ernesto Calvo, de la Universidad  de Buenos Aires. También se encuentran estudiosos de Estados Unidos, Chile, España, Colombia, entre otros.

Afirmó que Bolivia empezó a explotar litio en una cantidad de 24 mil toneladas por año frente a Chile de 200 mil toneladas. Dijo que en Potosí se fabrican baterías de litio todavía a una escala menor.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/27092017/proponen_explotacion_de_litio_con_justicia_social

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Por ejemplo, después de que se hiciese público este sombrío panorama, el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) descartó la paralización de la explotación minera en Potosí, en tanto los ingresos de las familias y del propio departamento dependen de la minería. Un argumento ciertamente veraz, pero que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones limita aún más las opciones para enfrentar el profundo desabastecimiento de agua que se cierne sobre la Villa Imperial, y que amenaza con mermar la salud, el bienestar y el desarrollo de la población potosina.

Ahora bien, como ocurre con todas las crisis, la que suscita este comentario ha tenido la virtud de poner en evidencia aspectos claves relacionados con la escasez de agua en el país en general, siendo uno de ellos el manejo de la información. Huelga recordar que las primeras voces de alarma respecto a la relación entre la minería y el desabastecimiento del líquido elemento en Potosí surgieron recién a mediados de julio, cuando el diputado oficialista Víctor Borda, alertado por un reportaje periodístico, realizó un inspección en la que pudo constatar varias tuberías instaladas en la red de distribución utilizadas para desviar agua a al menos ocho ingenios mineros. Esto pese a que desde finales de 2015 la provisión de agua se ha reducido en un 50% en la ciudad de Potosí, afectando a la mayoría de los barrios y en especial a las zonas altas, que reciben el líquido elemento solo una vez a la semana durante dos horas.

Frente a esta denuncia, el gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), Rolando Montesinos, se limitó a negar la existencia de conexiones clandestinas en favor de los ingenios, argumentando que el agua desviada era utilizada para el consumo de los mineros. A su vez, las autoridades locales aún no han respondido a la interpelación interpuesta por diputados de la oposición para saber qué acciones se están realizando desde la municipalidad para revertir esta situación.

Se trata de ejemplos concretos que ponen en relieve la ausencia de información relevante respecto a asuntos claves como la provisión de agua potable en ciudades como Potosí, así como deficiencias en la comunicación entre las instituciones estatales, organismos privados y la sociedad civil en general. Información que dicho sea de paso resulta esencial para encarar y evitar crisis como la que hoy atraviesa la Villa Imperial.

Fuente: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-informacion_0_2790920882.html

El abuso de poder de los gobiernos de turno hacia la población, las organizaciones sociales y sus líderes, sean estos obreros, campesinos y sobre todo indígenas, si bien no es nuevo, en el último tiempo se han hecho recurrentes y a la vez preocupantes al extremo de «criminalizar» la simple y llana protesta social. César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en contacto con El Día, nos revela que la situación se agrava tanto que entre 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, entre ellos líderes indígenas.

El experto nos revela cómo los gobiernos, sobre todo progresistas de la región, al agravar sus países aún más de la dependencia de las materias primas del gas, petróleo y minería,  han acrecentado sus políticas extractivas en desmedro del medio ambiente y la convivencia pacífica de pueblos campesinos e indígenas. Señala que Bolivia no está exenta de esta realidad, cuando menos estos días en los conflictos de Achacachi, el Tipnis, entre otros el gobierno a todos aquellos sectores que cuestionan sus políticas son objeto de persecución, deslegitimación, criminalización.

P. ¿Lo que sucede en Bolivia es común en otras partes de la región?
C.P:  Sin duda, los problemas con respecto al accionar de los gobiernos y su política asentada en el extractivismo también se comparten en toda la región. Por ejemplo, hay una gran indiferencia de las empresas mineras, apoyadas sutilmente por los gobiernos que menosprecia a los movimientos sociales que defienden derechos. En ese contexto, cualquier protesta   social en defensa de sus derechos, termina siendo criminalizada.

El problema es que cada derecho que obtiene en un determinado país una empresa transnacional para explotar minerales y explorar campos gasíferos u otros, es a costa de alguna comunidad o pueblo indígena.

P.  ¿Cómo podemos definir este fenómeno de la criminalización?
C.P: Nosotros, en el marco de la OCMAL, hemos definido como el uso de instrumentos legales que tiene el Estado para sancionar a quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestro estudio se establece que gran parte de la criminalización de las protestas están en las comunidades indígenas.

Lo preocupante es que los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.

P. ¿Cuál es el panorama de América Latina?
C.P: En términos de criminalización de las protestas sociales entre el 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, pero a nivel mundial solamente el 2016 tuvimos 200 muertos, y en lo que va del año se han registrado más de 100 muertos.

En la región, los países con alto grado de violencia y criminalización de las protestas son Brasil, Honduras, Colombia y Perú. En cambio Ecuador, El Salvador, Chile y Bolivia, son países con menos violencia pero con alto grado de criminalización. Por ejemplo durante todo un gobierno anterior en el Perú (Ollanta Humala) se registraron 750 heridos  y 50 muertos solo en protestas sociales de mineros.

P. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y criminalización?
C.P: En realidad los objetivos son los mismos; solo los mecanismos son diferentes. El primer tipo se refiere a asesinatos, lesiones personales, golpizas, secuestros, retenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzado y violencia contra los bienes de la víctima, llamadas intimidatorias entre otros. En cambio, la criminalización tiene que ver con detenciones y encarcelamientos arbitrarios, persecución judicial y administrativa, estigmatización mediática y persecución política a organizaciones y movimientos sociales vía represión de la protesta, violaciones a los derechos de información, incentivo a la división social entre comunidades, población local además de la militarización de los territorios y la privatización de la seguridad pública.

P. ¿Qué hacer con esta situación preocupante?
C.P: Exactamente, dado que el poder disentir y el poder manifestarse es un ejercicio democrático que hoy en día no se está reconociendo en nuestros países. Entonces el reto es que  hay una gran oportunidad de poder consolidar un movimiento crítico al extractivismo en nuestros países y para luego articular uno más grande, con otros movimientos de América Latina. Ahora esa articulación entre todos en defensa de los derechos es posible mientras se sepa la dimensión de todo esto.

P. En Bolivia, las restricciones a las libertades parecen acentuarse más. ¿Cómo ve usted?
C.P: No va a poder durar por mucho tiempo. Todo tipo de medidas restrictivas hoy día van en contra de la corriente de los procesos de democratización. Si son medidas antidemocráticas van a ser retiradas  o modificadas en un futuro inmediato.

Yo veo varias restricciones en Bolivia, si bien no es tanto como en Brasil u Honduras. Siempre existe el riesgo que esa situación se agrave.

P. ¿Cómo es eso que en Bolivia hay menos violencia pero más criminalización?
C.P: Es que hay muchas actividades que se interpretan como fuera de la ley, cuando en realidad deben ser interpretados como prácticas de una visión  democráticas y de participación.

Eso es realmente preocupante, más aún cuando hay una tendencia creciente de atacar a los pueblos indígenas. Hoy en día son los que  están pagando los costos del extractivismo.

P. ¿En ese contexto qué camino queda?
C.P: Hay dos cosas. Siempre existe la oportunidad de hacer mejor y cambiar una situación tan preocupante como el que describimos.  Cada régimen que intente oprimir, lo único que va a lograr es activar y fortalecer la resistencia. Eso es casi un teorema: a mayor represión, finalmente mayor reacción.

Hay países que conocemos, donde ni siquiera imaginamos que haya reacción de las comunidades afectados por las políticas de los regímenes antidemocráticos, siempre surgen resistencia. Todos esos momentos ofrecen oportunidades y en ese contexto, tengo mucha confianza que más temprano que tarde esto debe cambiar.

Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=235227