Bolivia

“Los chinos violan los derechos porque los gobiernos lo permiten”

Las empresas chinas hacen noticia no sólo en Bolivia, sino en toda la región porque han empezado a acaparar obras de infraestructura, proyectos mineros y mantienen a los países agarrados con sus millonarios créditos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esa presencia casi hegemónica en algunos países como Bolivia?
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) organizó en los últimos días un ciclo de conferencias que se llamó «Derechos Humanos, empresas transnacionales y hegemonía china en Bolivia” para analizar esta problemática.
Para esa ocasión  llegaron especialistas de diversos países, entre ellos la peruana Julia Cuadros y el chileno César Padilla, quienes hablaron con Página Siete en La Paz.
Julia Cuadros es economista y directiva de la ONG CoperAcción, además de ser coordinadora del Grupo de Trabajo sobre empresas chinas en América Latina. Mientras que César Padilla es antropólogo especializado en gestión comunitaria de conflictos mineros de América Latina.
Ambos coinciden en que los gobiernos han abierto las puertas de los países de par en par para la presencia de las empresas chinas sin exigirles el cumplimiento de normas relacionadas con los derechos humanos o con el cuidado del medio ambiente.
¿Cuánto ha aumentado la presencia china en América Latina y cuáles son las consecuencias en la región?
Julia Cuadros (JC): Los últimos 20 años, China ha iniciado una expansión en  inversión en infraestructura, en minería, en hidrocarburos y lo hace porque tiene necesidades muy concretas, porque tiene déficit muy fuerte en energía, alimentos, minerales, principalmente hierro y cobre. América Latina es para ellos como el paraíso para conseguir los recursos. Su importancia radica en que si ellos reducen su demanda de materias primas, los precios se caen y en países como los nuestros las economías se voltean. La respuesta de nuestros países ha sido flexibilizar las normas ambientales, las normas laborales, las normas fiscales de propiedad de la tierra para que la inversión no sea atraída y para que la que existe no se vaya.
¿Por qué ligar la inversión china a los derechos humanos?
César Padilla (CP): El tema de los derechos humanos es inherente al extractivismo. Hemos visto que las empresas medianas chinas no tienen un cuidado especial por el respeto a los derechos humanos, el respeto al ambiente. Como para nosotros es mucho más difícil acceder a la institucionalidad china, hay muchos más riesgos de que los atropellos de los derechos humanos por las empresas mineras chinas queden en la impunidad.
 En términos cuantitativos, ¿cuál es el  nivel de la presencia china en la región?
JC: Estamos hablando de un crecimiento muy fuerte de inversión china que solamente en el año 2010 significó 14.400 millones de dólares para América Latina. Por un lado, hay países que exportan a China, como Brasil que exporta soya y hierro, Chile exporta cobre, Argentina exporta soya. Pero, en el caso de Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, reciben préstamos de los bancos estatales chinos que van directamente a los gobiernos. Las estrategias son diversificadas. En el caso de Perú, no hay prestamos al Gobierno, sino que hay inversión en minería, en petróleo; en el caso de Chile hay asociaciones estratégicas con Codelco (Corporación Nacionaal del Cobre). Por lo general, ponen condiciones a su ayuda y los préstamos que hacen son con condiciones muy duras para los países que la reciben.  La forma en que China influye en el precio de los minerales, que suben, que bajan  y que afectan nuestras economías, hace que las normas nacionales sean a favor de ellos y los gobiernos se convierten en escuderos de esas empresas y de estas inversiones y eso está teniendo impacto ya muy concreto en la gente.  En el caso de Perú, en el marco de esta flexibilización, los estudios de impacto ambiental se realizan cuando ya están en la fase de explotación y  sólo demoran 15 días en ser aprobados. Por ejemplo, cuando se hace el traslado del mineral por carretera, la medida de mitigación del impacto ambiental es un camión cisterna echando agua en la carretera en la pista de tierra. En ese proyecto (las Bambas) ya hay cuatro muertos en dos años. Estoy convencida de que en general las empresas tienen un comportamiento de violación de derechos que es común, pero en el caso de las empresas chinas eso se agrava porque no conocemos cuáles son las obligaciones que esas empresas tienen porque nuestros gobiernos brindan todas las facilidades.
¿Qué tipo de gobiernos son los que brindan esas facilidades, o son todos?
CP: Son todos, lo que pasa es que China tiene una estrategia específica para cada uno de los países. Lo primero que buscan es asegurar commodities, eso implica que invierten o dan créditos a países que pueden pagar, luego a países que no van a poder pagar esos créditos y los van a tener que pagar con recursos naturales, y los otros son proyectos de infraestructura con altas tasas de interés de los créditos.
¿Los chinos son los nuevos imperialistas? Se dice que nuestros países han reemplazado a un imperio por otro.
JC: Van en ese camino. Yo no sé si es un nuevo imperialismo, lo que sí, es un intento de una nueva hegemonía, la hegemonía implica una combinación entre política y economía, ahora ellos tienen mucho interés en América Latina y sobre todo en los países que estamos en el Pacífico para facilitar que los recursos lleguen más rápido a China.
CP. Nosotros no sabemos por qué las empresas chinas compran proyectos mineros cuestionados o  que han tenido conflictos o se ven como inviables  y llegan los chinos y lo compran.
¿Cuál es su hipótesis?
CP. La idea es que si nuestros gobiernos muchas veces piensan en un umbral de 25 años, ellos están pensando de cierta manera para más allá, como 100 años, entonces, ellos saben que necesitan asegurarse los commodities que les permitan a ellos un estándar de desarrollo de largo plazo.
¿Ustedes han hecho un estudio comparativo para tener una idea de qué países de la región son más dependientes de China que otros?
CP. Ya sabemos que Venezuela en primer lugar, Ecuador, Argentina y ahora Bolivia, aunque falta sistematizar la información.
¿En qué medida está aumentando la presencia de la migración china en nuestros países?
JC. Las empresas chinas traen personal chino a trabajar y eso implica una masa que puede hacer cambios significativos en las poblaciones. A diferencia de otros países, en Bolivia hay mucho personal chino, en otros países es menor la cantidad de personal chino.
CP. También hay diferenciación, por ejemplo, en el caso de la minería tú necesitas para sobrellevar un proyecto minero altamente tecnificado, personal tecnificado y los chinos no tienen tanto personal tecnificado, entonces es el personal que trabaja en esas empresas y que van un poco rotando, entre ellos chilenos en Perú, colombianos en Ecuador y así sucesivamente.
 ¿Qué otros problemas han identificado en relación a las empresas chinas?
CP. Derechos laborales.
JC. El choque cultural es un tema clave, los chinos están muy preocupados de entendernos, así como nosotros tendríamos que preocuparnos de entenderlos. Es bien significativo que en el caso de Perú la empresa china Shougang, que está mayoritariamente dirigida por chinos, tenga las mayores tasas de infracción de derechos laborales. Las empresas chinas se portan mal, pero nuestros propios gobiernos también se portan mal porque les permiten que hagan cosas, pero no tenemos el conocimiento suficiente de las leyes chinas que prohíben a los chinos hacer esas cosas.
No es que ellos violan los derechos porque en la Constitución de China les permite que violen los derechos, ellos violan los derechos porque nuestros gobiernos les permiten y la gente que no estamos suficientemente informados les permitimos que violen derechos.
Pero aquí deberían regirse por la ley local, no nos debería importar lo que diga la ley china, sino lo que dice la ley nacional ¿no es verdad?
JC. Pero si tú tienes un gobierno débil como los nuestros, con una institucionalidad débil, entonces tienes que hacer uso de todo lo que puedas para evitar que se violen derechos, si yo veo que no puedo con mi gobierno, porque mi gobierno está  facilitándole todo y tapándose los ojos, haciéndose los ciegos con relación a la violación de derechos, tendré que recurrir a aquellas instancias o cosas que me permitan visibilizar eso, judicializarlo o denunciarlo, demandarlo, y si eso es con las propias leyes chinas, si es con los convenios internacionales de la OIT, será con los convenios, o sea, tengo que utilizar todos los mecanismos para evitar que se sigan violentando derechos.
CP. El desafío es hacer con China lo que hemos logrado hacer con otros países de donde provienen la inversiones mineras, en el caso de Canadá se ha hecho un lobby con las organizaciones ambientales canadienses de larga data y se ha logrado resultados lentos, difíciles, para que los gobiernos intervengan en lo que es el comportamiento de sus empresas fuera de sus fronteras. Eso tenemos que hacer con China, claro que es mucho más difícil porque no hay contrapeso de la sociedad civil en China, las organizaciones son muy débiles, tienen mucho miedo porque hay mucha represión.
¿No hay con quién dialogar allá?
JC. Ahorita estamos dialogando, pero tiene que ser un diálogo muy cuidadoso para no ponerlas en riesgo. Es que hay mucha desconfianza en las ONG. Ellos quieren apoyar, o sea ellos están viendo los problemas que están ocasionando. El Gobierno chino le ha dado mandato a la Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Minería para implementar unos lineamientos de responsabilidad social y ambiental que son de carácter voluntario, sin embargo, si se le pone la suficiente presión, se convierte en obligatorio porque el Gobierno chino es el que les ha dado el mandato. La otra cosa que hay que aprovechar es que China le tiene mucho miedo al qué dirán, están intentando cuidar mucho eso por la  pésima trayectoria que tienen en términos de la violación de derechos, falta de democracia. En el caso de las Bambas, la campaña la dirigimos a Australia y a China, donde se ponen nerviosos porque no quieren esa mala propaganda.
¿Qué se puede hacer respecto a los gobiernos latinoamericanos para que reaccionen ante este tema?
JC. Todos los gobiernos que están en el sistema de Naciones Unidas  pasan cada cinco años un examen  sobre derechos humanos. El 2018 le toca a China y a Bolivia, ahí los gobiernos presentan su informe de derechos humanos, pero dan la oportunidad a que las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades den un informe alternativo. El plazo es marzo de 2018 para presentar los informes y la sesiones se realizan en el mes de noviembre  en Ginebra. Lo que viene ahora es que la sociedad civil vigile si se están cumpliendo o no las recomendaciones y documente para denunciar ante Naciones Unidas. También hay que documentar y  denunciar públicamente los hechos porque a lo que tienen terror es a esa denuncia pública.
CP. Yo creo que la mayoría de los países de la región que atraen estas inversiones  ven estos atropellos como uno de los costos de la inversión extranjera y eso es perverso, o sea, significa que si yo percibo un crimen hecho por una empresa china o canadiense, se va a ir la inversión, probablemente no se va a ir la inversión, pero por algún motivo nuestros gobiernos lo ven eso como un costo y el costo lo está pagando la gente y el ambiente.
¿Por qué esta insistencia con los chinos? ¿Acaso no son todas las empresas las que se comportan de la misma manera?
CP. Para nosotros la preocupación de China es que no sabemos cómo enfrentarla, estamos aprendiendo. En China, por ejemplo, contaminar un río significa entre cinco a 15 años de prisión para el gerente de la empresa y el corrupto significa la pena capital. Parece que en la cabeza de los chinos el tema de la corrupción y del medio ambiente tienen una consideración diferente.
JC. Los lineamientos chinos  indican que el inversionista chino tiene que respetar las leyes del país, que si las leyes del país son demasiado flexibles, ellos deben aplicar la ley china e incluso si hay prácticas internacionales demostradas que son mejores, hay que aplicar las practicas internacionales; pero si la gente no sabe, no hay presión. Mi intuición es que como nuestros gobiernos les abren los brazos, ellos creen que  pueden hacer lo que les da la gana. Además, ellos sólo se relacionan con el Gobierno y justamente el Gobierno es el que le da los mensajes erróneos, porque como nuestros gobiernos están en esa lógica perversa de atraer las inversiones a costa de lo que sea, entonces el mensaje que nuestros gobiernos le están dando a los empresarios chinos es que pueden hacer lo que les da la gana.
Fuente:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/23/los-chinos-violan-derechos-porque-gobiernos-permiten-145634.html
Bolivia

MUJERES DEFENSORAS DE LA MADRE TIERRA Y PROMOTORAS DE DERECHOS INTERCAMBIAN SABERES EN TRES CONTEXTOS MINEROS

En el marco del desarrollo de la Escuela Itinerante de Defensoras de la Madre Tierra promovida por la RENAMAT y el  Colectivo CASA de Bolivia, la pasada semana tras un recorrido por el centro minero de Huanuni y la comunidad de Realenga; mujeres de diez comunidades intercambiaron conocimientos para la defensa de sus derechos.

El intercambio fue realizado a partir de tres contextos: en contextos donde están resistiendo al ingreso de actividades mineras,  donde la actividad minera está presente desde épocas coloniales y ahora tienen minería transnacional y;en contextos donde las empresas mineras anuncian el cierre de sus operaciones.

Iniciando con una caracterización física del lugar, observando factores afectados como ser suelo, agua, aire, biodiversidad y, recorriendo el curso del río que conecta a la empresa minera Huanuni con la comunidad de Realenga y comunidades aguas abajo; se dio el intercambio de saberes distinguiéndose que, en cada uno de los contextos mineros existen impactos muy fuertes y diferenciados en las mujeres, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida.

“En la comunidad de Realenga no tenemos minería pero el rio que pasa por la comunidad viene contaminado con los desechos mineros de Huanuni, hemos perdido nuestros pozos de agua dulce, ahora están contaminados, el agua cada vez va ingresando a la comunidad  afectando nuestros suelos y para nosotras las mujeres la preocupación es grande, tenemos que ir tras el cerro en busca de agua, nuestroshijos están expuestos a enfermedades, hemos tenido que hacer nuevas casitas al otro lado del rio, nuestro trabajo que es la producción del campo también esta disminuido, pero así tenemos que seguir batallando, en la comunidad estamos bien organizados y ahora conociendo nuestro s derechos con mas fuerza seguiremos defendiendo la vida” Jimena – Realenga.

Durante el intercambio de saberes y a manera de conclusión, se analizaron los derechos  establecidos en leyes nacionales y convenios internacionales que deben garantizarse, por ejemplo el derecho fundamental al agua,  los derechos de la madre tierra y los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, que  deben ser defendidos y garantizados.

Oruro, julio de 2017

Fuente:

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Suspenden operaciones en la mina Asientos

Las operaciones en la mina Asientos de Mizque se suspendieron ayer a raíz del cuarto intermedio al que se arribó en la reunión que sostuvieron los dirigentes y las autoridades de la Gobernación, informó el presidente de la Cooperativa Minera Asientos, Eleuterio Galindo.

Explicó que el pasado martes se acordó evitar cualquier tipo de conflicto hasta que una comisión técnica del Ministerio de Minería se traslade hasta la mina Asientos para verificar la situación en la que se encuentra el paraje denominado Farellón, que actualmente está en conflicto.

Sin embargo, en el lugar persiste la vigilia de más de una centena de cooperativistas mineros que exigen que el Gobierno resuelva el conflicto de límites que tienen con la Asociación de Mineros Asientos.

“En las autoridades del Ministerio (de Minería) no hay esa voluntad, creemos que es por falta de capacidad”, reclamó Galindo al recordar que en enero pasado se atravesó por una situación similar y el Gobierno no supo resolver el conflicto hasta la fecha.

Ante esta situación, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) convocó a una asamblea de emergencia para mañana. En tanto, se espera que la comisión técnica del Ministerio de Minería se traslade hasta la población de Asientos en Mizque, el lunes en la mañana.

En enero pasado, 14 mineros quedaron retenidos al interior de la mina Asientos por el conflicto de límites en el paraje Farellón. En ese entonces las autoridades se comprometieron a resolver el conflicto.

Fuente:http://www.laprensa.com.bo/economia/20170623/suspenden-operaciones-la-mina-asientos

Bolivia

Nuevos boquetes y grietas suben riesgo en el Cerro Rico

La aparición de nuevas grietas y hundimientos amenazan al Cerro Rico de  Potosí, que ostenta el título de Patrimonio   de la Humanidad desde 1986 y está en la   lista de riesgo de la Unesco desde 2014. Para evitar el colapso de la  histórica montaña, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) pide que se detengan los trabajos   que dan ingresos a  miles de mineros. El municipio busca consenso.
En una visita al Cerro Rico de Potosí,  Página Siete  verificó la presencia de rajaduras, boquetes pequeños y de magnitud. El último hundimiento de consideración data del pasado 5 de mayo.
 Patrimonio en riesgo
En 2009, una grieta de   12 metros  de profundidad y siete de diámetro encendió la  alerta para la montaña. En los siguientes cinco  años, ese cráter avanzó sin pausa y «se comió” gran parte de la cúspide sin que ni miles de toneladas de relleno pudieran evitarlo.
  Desde entonces  las señales de un posible colapso no paran. Cinco siglos de explotación pasan factura  al Sumaj Orcko, que dio la  veta de plata más grande en la Colonia. Por su importancia histórica,  el Cerro Rico fue declarado por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto a la ciudad de Potosí, hace ya 30 años.
A más de 4.800  metros sobre el nivel del mar, en la montaña ahora  el suelo se resquebraja bajo los pies. Aparecen  boquetes  que se extienden a lo largo de la corona del cerro. Como embudos, surcos menores se tragan la tierra.
A escasos 15 metros del gran cráter, un nuevo hundimiento  se ha formado.  Cada día es más grande porque de los bordes la tierra continúa  desprendiéndose lentamente. Entre enormes  rocas, quedan espacios completamente oscuros. Apenas se puede adivinar a qué  distancia  está el fondo.
El nuevo daño fue registrado la tarde del  viernes 5 de mayo, apenas dos días  antes de la llegada de una  comisión de expertos de la Unesco a la Villa Imperial. La misión técnica tenía el objetivo de  hacer seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades cuando el emblemático monumento ingresó en la lista de Patrimonio en Riesgo, en 2014.
«Hemos hecho seguimiento desde  el primer hundimiento y hemos visto cómo cada día el cerro se hundía tres centímetros. Muchas veces las autoridades se han comprometido a preservar  el Cerro Rico… pero nada”, sostiene el presidente de Comcipo, Jhonny Llally, mientras señala la grieta.
  De aquel primer derrumbe queda la huella de  una mancha verdusca  en la punta del cerro. Cual si fuera un diente  parchado con una amalgama no acorde al paisaje, el relleno deja ver en su superficie restos de  llantas, hormigón aligerado y bloques de plastoformo.
Esa plataforma, que debió  frenar el deslave,   también se desmorona. «Es prácticamente un reloj de arena. Dentro del cerro están las chimeneas (ductos) por las que cae la tierra de la parte alta hacia la base”, explica el vicepresidente de Comcipo, Marco Pumari, que  acompaña en la visita.
La comparación es  precisa. Con cada grano de tierra que cae el tiempo para la montaña se acaba.
El último hundimiento tiene unos 40 metros de diámetro y  50 de profundidad. Es el más grande pero no el único.  Alrededor, por encima de la cota 4.400, hay decenas de surcos  que se pierden  entre  las rocas. No  son registrados, aunque proliferan en   al menos cinco áreas de alto riesgo del Sumaj Orcko.
 La extracción  no cesa
«Este va a ser el cementerio del Cerro Rico”, expresa Pumari al ver desde lo alto la maquinaria  de Manquiri, una de las empresas mineras más grandes que aún extrae  mineral de la antigua veta.
Pero la explotación no es reciente. La montaña guarda dentro suyo cinco siglos  de extracción.    A ellos  se suma la falta de medidas eficaces para la preservación.
Actualmente hay poco más de 200 bocaminas en las más de  600 hectáreas  de la montaña administradas por el Estado. En el interior hay   19 niveles con  ascensores en el que se mueven  mineros que trabajan para grandes empresas o cooperativas. Se calcula que son 30.000 y del cerro depende su subsistencia y la de sus familias.
El Decreto Supremo 27787 prohíbe los trabajos de exploración y explotación por privados o por la Comibol por arriba de la cota 4.400 del cerro. Sin embargo, la norma  se acata poco o nada.
Cerca de la cima  hay  vehículos y mineros que suben y bajan. Varias camionetas  están estacionadas detrás de enormes promontorios  de tierra. «No es sólo de día. De noche hemos encontrado maquinaria pesada donde no debería haber explotación”, dice Llally.
En una  cámara, el dirigente guarda imágenes  de casi un centenar de inspecciones. En el registro audiovisual  se ven  mineros en volquetas que aprovechan la noche para  trabajar allá, lo que está  prohibido.
Cuando la Unesco emitió la declaratoria de riesgo, se determinó la reubicación de las cooperativas mineras. «El 2014 se han comprometido a reubicar a  los mineros que trabajan sobre la cota 4.400. Después del nuevo hundimiento  hemos tenido un consejo consultivo que en su resolución pide el cumplimiento de este compromiso”, reitera el dirigente cívico.
  Una segunda resolución determina que se disuelvan los  contratos del Estado con   la empresa minera Manquiri. «Nada se cumple”, dice Llally y anuncia una demanda de la Comcipo por incumplimiento de deberes a diferentes instancias. «Pese a los llamados a preservar este patrimonio, no  han tenido respuesta a pesar de las denuncias. Usted ha visto, no mentimos, sobre el riesgo”, asegura.
Tras la visita de la comisión de la Unesco, en mayo,  representantes de los ministerios de Cultura y Minería junto a  los gobiernos departamental y municipal de Potosí firmaron un acta de compromiso para trabajar en un plan que saque al Cerro Rico de  la lista de riesgo.
«Al concluir su visita,  la comisión técnica  integrada por el especialista del Patrimonio Mundial de la Unesco, César Moreno-Triana, y el experto de ICOMOS Internacional, Ignacio Gómez, señalaron que se elaboró el documento Estado deseado de conservación para el retiro de la Ciudad de Potosí de la Lista en Peligro, con las respectivas medidas correctivas y un calendario para su implementación en un lapso de cinco a siete años. También se identificaron de manera conjunta los responsables institucionales de las acciones”, señala un comunicado de Culturas.
 El documento será presentado ante el Comité del Patrimonio Mundial, en la  reunión que se realizará en julio en Polonia.
Fuente:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/6/5/nuevos-boquetes-grietas-suben-riesgo-cerro-rico-140005.html
Bolivia

Comcipo denuncia que ingenios reciben agua antes que vecinos

En plena crisis del agua en Potosí, al menos seis ingenios reciben el líquido las 24 horas en desmedro de la población, asegura el dirigente Jhonny Llally.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, denunció que    la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS) prioriza la  dotación de agua a los ingenios mineros antes que a los vecinos. La Villa Imperial soporta el racionamiento del líquido desde hace siete meses.
Entre octubre y noviembre del año pasado, medios locales reportaron  una paralización en las operaciones de al menos 15 ingenios mineros a raíz del desabastecimiento de agua con consiguientes pérdidas.
Ante la  crisis del agua que permanece latente,  los vecinos reprochan que varias de las operadoras cuenten con el suministro las 24 horas al día, mientras que a ellos sólo  pocas horas a la semana.
«Estamos en  Agua Dulce y aquí hemos podido verificar que las cañerías están suministrando agua. Mientras los vecinos de la parte baja  y de la parte alta de Potosí no tienen el líquido”, indicó el dirigente Llally en una visita al lugar.
La cámara que facilita el suministro a los ingenios está en el sector de Agua Dulce, a unos cinco kilómetros de la urbe potosina. Por allí  pasa la toma del río San Juan, que abastece al 70% de la ciudad. De una caja de cemento asegurada con varios candados salen seis tubos metálicos  que transportan el líquido a una presión constante y permanente.
El ruido que producen las  cañerías se escucha a varios metros de distancia. Al tocarlas la vibración es la prueba  de su funcionamiento.
«Este proyecto fue realizado entre 1999 y el 2002. Desde esa oportunidad se viene bombeando el agua para el uso del pueblo potosino en sus domicilios. Pero hemos visto seis  cañerías por las que se da agua a los ingenios”, dijo Llally.
Un informe de 2015 de AAPOS dirigido a Comcipo corrobora la existencia de seis ingenios que se abastecen el sector de Agua Dulce. Sin embargo, durante la crisis las autoridades manifestaron que éstos también sufrieron la carencia.
Desde la primera denuncia, hace dos años, directivos de la  AAPOS calificaron  las declaraciones de Comcipo  como «irresponsables «con el fin de cortar el suministro a uno de los motores importantes de la economía”.
«Cortar el agua a los ingenios mineros representaría el 40% de baja en los ingresos  en AAPOS y puede afectar a la población en general. Se puede decir que estas  empresas  subvencionan las tarifas estables del agua”, cuestionó entonces el gerente de AAPOS, Rolando Montesinos.
Según cifras presentadas por la empresa potosina de agua,  de un total de  25 millones de bolivianos facturados, 11 millones provienen de los ingenios mineros. Las empresas mineras pagaban siete bolivianos por metro cúbico  del líquido mientras que la población 1,61.
En octubre pasado, el secretario departamental de Minería de la Gobernación de Potosí, Elías Choque, manifestó que la falta de agua en los ingenios  afecta a toda la cadena productiva de la minería. «Y eso se va a reflejar en los trabajadores y en un porcentaje en los ingresos al gobierno departamental”, sostuvo. Indicó que la empresas grandes contaban con  sus propios pozos de suministro.
Fuente:http://paginasiete.bo/sociedad/2017/5/29/comcipo-denuncia-ingenios-reciben-agua-antes-vecinos-139227.html
Bolivia

Histórica sentencia

Días atrás, un tribunal de Potosí sentenció a siete años de cárcel al propietario de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, luego de que el Ministerio Público demostrase que esa compañía atentó contra la salud pública, con el derrame de un dique de colas que alcanzó a los riachuelos que se encuentran en inmediaciones de la comunidad potosina de Canutillos.

Estos riachuelos, según explica un documento difundido por el Ministerio Público, no solo sirven de abrevaderos para animales y personas que habitan en ese entorno, sino que además desembocan en el río Pilcomayo, de allí que su impacto puede ser incluso más amplio y más nocivo; máxime tomando en cuenta que durante décadas las cooperativas mineras y las grandes empresas del rubro han vertido sus desechos a ese torrente sin el debido tratamiento.

Durante el proceso, que se inició en 2014, el responsable de esta compañía trató de desvirtuar las denuncias de contaminación. Pero la Fiscalía de Potosí logró demostrar que se había registrado el derrame de toneladas de desechos de plomo, sodio, magnesio, hierro y magnesio, entre otras sustancias tóxicas para el organismo, a lo largo de 20 kilómetros. Lo que fue fundamental para alcanzar esta sentencia histórica, ya que tradicionalmente este tipo de denuncias quedan en la impunidad, debido a las múltiples deficiencias de las que adolece el sistema de justicia boliviano.

Por otra parte, a raíz de este desastre medioambiental comenzaron a salir a la luz pública datos preocupantes sobre la ausencia estatal a la hora de controlar la extracción, separación y comercialización de minerales en el país. Por ejemplo, que el 80% de las 187 empresas e ingenios mineros registrados en Potosí no cuentan con una licencia ambiental, según la Gobernación de Chuquisaca. De hecho, una de las compañías mineras sin licencia ambiental era precisamente Santiago Apóstol, cuyo dique de colas colapsó porque estaba construido de manera precaria.

Respecto a los impactos que ocasionan este tipo de derrames, no sobra recordar que la exposición constante de la piel y el consumo de agua y de alimentos contaminados con las sustancias tóxicas antes mencionadas dan lugar a malformaciones congénitas, disfunciones renales, cáncer, males hepáticos e inmunológicos, que provocan cuadros de morbilidad crónica entre la población afectada.

Adicionalmente, los agentes contaminantes de la minería perturban la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos; amén de promover el deterioro de la biodiversidad acuática y de los ecosistemas terrestres. De allí la importancia de adoptar medidas para mitigar los nocivos impactos medioambientales de la minería; pero también de sancionar, con todo el peso de la ley, a quienes se dedican a este rubro sin tomar los recaudos que establece la ley para preservar la naturaleza y la salud de la población.

Fuente:http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Historica-sentencia_0_2702129825.html

Bolivia

Sentencian a 7 años de cárcel a empresario minero por contaminar el río Pilcomayo

Un juzgado boliviano condenó al dueño de la empresa minera Santiago Apóstol Silver & Tin, Mario Jorge Cano, a siete años de prisión por un delito contra la salud pública al verter químicos contaminantes a aguas que desembocan en el río Pilcomayo, informó ayer la Fiscalía General del Estado.

«Para conseguir esta sentencia en juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público presentó las pruebas tanto material como documental que demuestran que el acusado es autor de los delitos», afirmó el fiscal departamental, Fidel Castro, mediante comunicado institucional.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar en julio de 2014, cuando una presa de residuos mineros propiedad de la empresa colapsó y produjo un vertido a aguas que conducen al río Pilcomayo, cuyo cauce pasa por Bolivia, Paraguay y Argentina.

El hecho se registró en la comunidad de Canutillos, en el municipio de Tacobamba, capital de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Cornelio Saavedra del Departamento de Potosí, distante a unos 50 km de Tacobamba.

«La Fiscalía realizó la inspección al lugar y verificó el trayecto que recorrió el material con desechos químicos hasta llegar a los pequeños riachuelos que existen en la zona, cuyas aguas desembocan en el río Pilcomayo», sostuvo Castro, en el comunicado.

 

Fuente:http://www.jornadanet.com/n.php?a=139855-1

Bolivia

Cómo los progresismos matan la democracia El CEDIB en la picota

Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo sobre el ocaso de los progresismos en América Latina. El debate será largo y –ojalá– provechoso. Pero más allá de esta discusión, hoy podemos decir que la ilusión y la creatividad transformadoras de las primeras horas de los procesos progresistas han muerto o, mejor dicho, las han asesinado. Vivimos tiempos de reflujo, frustración e indignación.

 

Las propuestas de democracia radical afloraron en los primeros tiempos de estos procesos, democracia que buscaba cambios profundos y participativos desde nuestras complejas sociedades. En ese entonces, las propuestas acumuladas de largas luchas populares, se plasmaron en políticas, programas e incluso, en esperanzadoras constituciones en Ecuador y Bolivia.

 

Sabemos que toda lucha sintetiza un momento histórico, cada momento es un reflejo cristalizado de procesos sociales acumulados, y en todo proceso se plasma una determinada forma de impulsar los cambios. Sin embargo, un proceso debe revisarse y profundizarse permanentemente. Transformaciones grandes y duraderas no pueden nacer de procesos anquilosados, peor de procesos que se niegan a la crítica y a la autocrítica. Ni qué decir si estos procesos devienen en reaccionarios.

Desde esta perspectiva, lo que se vive en los países “progresistas” es, por decir lo menos, preocupante. El “progresismo” ofreció luces, pero hoy solo brinda oscuridad. Basta ver lo que acontece en la actualidad con el Centro de Documentación e Información Bolivia: CEDIB.

 

Con intensidades y especificidades propias, los “progresismos” nacieron de la resistencia y la búsqueda de alternativas de muchas organizaciones populares y otras fuerzas portadoras de ideales de cambio. Los movimientos sociales, en especial indígenas y sindicales -sin olvidar a campesinos, mujeres, ecologistas, maestros, estudiantes- fueron la vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo, e incluso contra rezagos coloniales tan arraigados en países como Bolivia y Ecuador. Vale recordar que el MAS, en el altiplano, surgió como un movimiento soberanista, frente al “saqueo de los recursos naturales”, impulsando “su recuperación”. Incluso en el país andino más pequeño la emergencia de Alianza País solo se explica en tanto tuvo la capacidad para sintonizarse con las luchas de muchos grupos de la sociedad, en particular los movimientos sociales.

 

Con el apoyo de dichos movimientos sociales y de muchas organizaciones de la sociedad civil, se construyó el triunfo electoral de los gobiernos “progresistas” en estos países. Así empezaron su gestión gobiernos que, al inicio, pusieron su brújula rumbo a profundas transformaciones resistiendo los embates de las derechas tradicionales derrotadas.

 

Pero los vientos de cambio duraron poco. A medida que estos gobiernos consolidaban su poder, fueron abandonando y traicionando las propuestas revolucionarias. La tarea pasó de la revolución a la mera administración de una bonanza espuria y maldita, nacida de los elevados precios de las materias primas en el mercado mundial. Se sintieron omnipotentes, capaces de satisfacer a todas las clases con la enorme capacidad económica de esa bonanza. Creían que controlando el Estado podían manejar las fuerzas salvajes de un sistema económico vil, calmar las demandas sociales represadas y, a la vez, enriquecer a nuevos y viejos grupos de poder. Embriagados de euforia, hasta creyeron posible hacer lo mismo que gobiernos anteriores, pero de mejor manera: asumían, estos ilusos, que podían modernizar al capitalismo, domesticarlo y manejar sus crisis. Pero fue el capitalismo el que los domesticó…

 

Y así estos aspirantes a dioses cayeron fácilmente en los cánticos de los “milagrosos” extractivismos. En todos los países “progresistas” se extremaron las fronteras extractivistas: petróleo, minería, monocultivos, plantaciones forestales, pesca… asomaron como las palancas para financiar el ansiado -pero inexistente- desarrollo, tal como acontecía en los vecinos neoliberales. Pero, el espejismo se fue desvaneciendo, llegó el ocaso de estos “dioses”. Su incapacidad comprobada los llevó a archivar iniciativas de alcance revolucionario y hasta civilizatorio, como lo fue la Iniciativa Yasuní-ITT, de dejar el crudo en el subsuelo de la Amazonía ecuatoriana.

 

En este escenario de extractivismos galopantes en toda Nuestra América, los conflictos sociales afloraron con fuerza. Las comunidades que viven en las fronteras extractivas se resisten a abandonar sus territorios, perder sus medios de vida campesinos y trasladarse a las ciudades. Las sociedades, incluyendo las citadinas, cobran cada vez más conciencia de los efectos de tanta depredación, y se organizan para resistir.

 

Frente a eso los gobiernos de toda la región –neoliberales y progresistas– recurren cada vez más a la represión y a la imposición de leyes que amenazan las libertades de organización en la sociedad civil y de los propios movimientos sociales, como los decretos 16 y 732 en Ecuador que están en camino de convertirse en Ley, para imponer los extractivismos y continuar modernizando el capitalismo. Hay hasta registros insólitos: el presidente “progresista” de Ecuador, Rafael Correa, asesorando al presidente neoliberal de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre cómo romper la resistencia de las comunidades opuestas a la megaminería. Mientras tanto, las empresas extractivas también usan la imposición, inclusive en alianza con el poder militar gubernamental o recurriendo a grupos paramilitares. En este punto “progresismo” y neoliberalismo tienen bastante en común…

 

Estos últimos años han sido duros y difíciles para las organizaciones sociales. Los gobiernos a los que llevaron a la administración del Estado, gobiernan cada vez más desde el puño de hierro del capital, olvidando su autoproclamada condición revolucionaria y de izquierda. Se volvieron modernizadores del capitalismo: un capitalismo andino-amazónico, como afirma -suelto de huesos- un gobernante que se presentaba como el adalid de la revolución. No solo que las políticas de estos gobiernos “progresistas” golpean y explotan a los sectores más empobrecidos y oprimidos, sino que además la vileza se santifica en nombre de la transformación social e incluso del socialismo.

 

De hecho, el debate público impulsado desde los “progresismos”, sea a partir del gobierno, e incluso desde los asalariados del poder, planteó una disyuntiva perversa e inexistente: “sin extractivismo no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay progreso”. Inútilmente tratan de convencernos de esa falacia. En la medida que los movimientos y demás organizaciones sociales se oponían a tanto atropello, los “progresismos” encontraron en sus antiguos aliados -verdaderos responsables de su existencia- el enemigo a vencer para cristalizar su modernización del capitalismo. Semejante accionar, para colmo, se ha vuelto funcional hasta para los capitales transnacionales.

 

No sorprenden, entonces, los empeños por debilitar a los movimientos sociales con la represión, la criminalización o la división lograda con la creación de movimientos paralelos. Organizaciones históricas, como la CONAIE en Ecuador o la CONAMAQ en Bolivia, han sufrido los embates de estos gobiernos modernizadores y perros guardianes del capitalismo.

 

Otras organizaciones de la sociedad civil también han sufrido y sufren los ataques totalitarios de regímenes que hace rato olvidaron sus orígenes. Ejemplos de la traición sobran: la desaparecida Fundación Pachamama o la permanentemente agredida Acción Ecológica, en Ecuador, o las acciones en contra de organizaciones gubernamentales de larga trayectoria en Bolivia, como las que sufre hoy día el CEDIB en Cochabamba.

 

Esta organización boliviana, con una larga y comprometida trayectoria de muchas décadas, que reúne intelectuales reconocidos en el campo de las izquierdas y el pensamiento crítico, está en la picota del gobierno boliviano. Su único “delito” ha sido contrariar y denunciar las expectativas y visiones gubernamentales sobre los extractivismos desbocados, de sus retrocesos al neoliberalismo o de sus prácticas autoritarias y violentas. Esta organización, que brinda información muy rigurosa, resulta incómoda al poder, pues resulta muy útil para las comunidades afectadas por los extractivismos, presentando, por ejemplo, mapas para que las comunidades ubiquen de mejor manera las amenazas mineras o petroleras.

 

Esta organización, con la que algunos gobernantes “progresistas” tuvieron estrechas relaciones en la época de las luchas antineoliberales y de emancipación anteriores al inicio de su gestión, está siendo y hostigada por el gobierno y por sus aliados. Esto es lo que experimenta ahora el CEDIB acosado ahora por la Universidad San Simón, servil al régimen, quizás porque se financia con el impuesto directo de los hidrocarburos… Y lo que resulta no solo aberrante, sino indignante es que el gobierno del MAS apoye el desalojo por la fuerza de ese centro de investigación boliviano para darle ese espacio a un instituto de chino mandarín, financiado por el gobierno chino.

 

Vista la actual arremetida en contra del CEDIB es evidente que a los “progresismos” les resulta intolerable el recuerdo de sus orígenes, sus ofrecimientos de transformaciones estructurales y más aún sus reiteradas traiciones. Combaten, al CEDIB por criticar a un gobierno que entrega concesiones petroleras y mineras al imperialismo chino, lo que refleja la capitulación de los progresismos frente a la globalización del capital, tanto como la firma del TLC con la Unión Europea por parte del gobierno de Alianza País en Ecuador.

 

Todos estos son hitos de frustración y razones para retomar nuevas y mejores luchas revolucionarias. Hoy nuestra lucha es desde todos los frentes posibles. Son tiempos difíciles y llenos de frustraciones, pero aún estamos a tiempo de reescribir la historia.

 

La lucha social de estos años es compleja. El sueño de otro mundo posible y digno para todos los seres vivos del planeta, un mundo libre de las ataduras invisibles del capital, resultó un crimen para estos gobiernos. Por eso no solo se trata de defender los intereses de la sociedad y de la Naturaleza ante los golpes de estos regímenes, se trata de defender la transformación social y recuperar sus utopías.

 

Hoy el “progresismo” arremete en contra de ecologistas, indigenistas o izquierdistas calificados como “infantiles” o “de cafetín”, inclusive con los movimientos sociales y las organizaciones que les dieron origen. Pero son justamente esos grupos golpeados quienes resisten y se oponen a profundizar un sistema violento, extractivista, patriarcal, machista, conservador, idólatra de la personalidad, cargado de viejas y de nuevas colonialidades. Tales grupos y tales organizaciones, hoy, son quizá de los últimos bastiones de la gran transformación que sigue demandado Nuestra América, no los podemos perder.

 

Fuente: http://paginasiete.bo/ideas/2017/4/23/cedib-picota-135089.html

Bolivia

COMUNARIOS PIDEN REVERTIR LAS CONCESIONES MINERAS DEL ILLIMANI

Al menos 90 comunidades que viven en las faldas del nevado marcharon ayer por las principales vías de La Paz y realizaron un cabildo en la plaza Mayor.

Al menos 90 comunidades ocuparon ayer  las principales vías del centro de La Paz para exigir la reversión de tres concesiones mineras del Illimani porque temen que los desechos contaminen el agua  que emplean en sus cultivos.

«Sí, se pidió la reversión de las empresas mineras  Las Nieves, 14 de Septiembre y Comabol. Sólo eso, por el momento, porque se necesita un análisis profundo”, declaró el portavoz de cuatro comunidades, Nicolás Cruz Poma, luego de la movilización y el cabildo que se realizó ayer en la plaza Mayor de San Francisco.

La movilización comenzó ayer en la calle 60 de Chasquipampa, al sur de La Paz, y participaron al menos 90 comunidades agrupadas en las centrales agrarias Kaphi, Pinaya, Cayimbaya y Palca, reportó el dirigente.

  Según el pronunciamiento de los comunarios, una empresa china también opera en el sector.

«Las autoridades del Ministerio de Minería, en sospechosa actitud de algunos de sus funcionarios, permiten que la compañía Minera Amazona Bolivia (Comabol S. A.), de propiedad del inversionista Chaolín Xiong, es acreedora de cinco concesiones en el nevado Illimani y cuenta con 92 cuadrículas (cada cuadrícula equivale a 25 hectáreas)”.

Según la nota de los comunarios, el Ministerio de Minería les informó que Comabol no tiene ninguna actividad minera productiva. «Sin embargo, no se pronuncia sobre el número de identificación minera NIM 02-0234-04 que expidió el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) en favor de Comabol en diciembre de 2009”.

Según la nota, esta empresa logró obtener los permisos de comercialización interna, prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y exportación.

«No vamos a permitir, los vamos a sacar a chicotes y eso fue lo que decidieron las bases. (Esta actividad) provocaría daños a las aguas del río y eso va a contaminar los cultivos y la producción
agrícola con que se abastece La Paz, todo sería contaminado”, advirtió Nicolás Cruz.

Afirmó, además, que hay otras empresas pequeñas y medianas que operan en las faldas del nevado. «Los comunarios dijeron que si no son de la región, van a tener que abandonar (sus áreas de trabajo). Si son (de la zona) se les hará un control estricto en términos medioambientales”, declaró.

Pese a ello, no cuenta  con una cuantificación exacta de estas empresas mineras pero supone que son al menos 10. «Estas se hallarían en el lado del municipio de Palca”, aseveró.

El dirigente Cipriano Quispe  dijo a ANF que presentaran  documentación «de lo que quieren perforar nuestro Illimani. Tenemos documentos de algunas empresas extranjeras”.

Fuente:http://oiedc.blogspot.cl/2017/04/comunarios-piden-revertir-las.html

Bolivia

Experto advierte que Bolivia no entrará en nueva matriz energética con litio

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El litio es «un factor clave» en la nueva matriz energética global pero «Bolivia no formará parte» de la misma a pesar de tener, junto a Argentina, las mayores reservas mundiales del mineral, advirtió el consultor internacional en este sector Juan Carlos Zuleta.

«En este momento estamos viendo el anticipo del acomodo de las diferentes fuerzas del mercado en la nueva matriz energética global, donde el litio es obviamente un factor clave», dijo Zuleta en una entrevista con Efe, pero «Bolivia no formará parte de esta nueva matriz porque no ha podido hacer las cosas a su tiempo».

El Gobierno de Evo Morales señaló la industrialización del litio como un objetivo económico prioritario en 2008, pero hasta el momento ha exportado muy pocas toneladas de carbonato de litio a China, mientras que Argentina produjo alrededor de 29.000 toneladas el año pasado, explicó Zuleta, de nacionalidad boliviana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El parlamento boliviano aprobó el 31 de marzo la creación de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), una nueva empresa estatal para impulsar la explotación del mineral, que sirve entre otras cosas para fabricar baterías eléctricas, incluidas las de los automóviles.

Según el experto, se trata de «una medida distractiva más para seguir desatendiendo los problemas de fondo», relacionados con supuesta «incapacidad» de las autoridades responsables para avanzar hacia la etapa industrial de la producción de carbonato de litio.

En agosto de 2015 Bolivia contrató a la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para elaborar el diseño de una planta industrial para producir ese producto, pero tras meses de retraso, según Zuleta, no hay «ninguna referencia clara y consistente del estado de la situación en cuanto a la elaboración de ese diseño».

El Gobierno ha anunciado esta semana que hay 26 empresas internacionales, sobre todo de Asia y Europa, interesadas en construir la planta de desarrollo industrial del producto.

No obstante, el consultor sostiene que Bolivia llega tarde al mercado y, en el caso de que se cumplan las previsiones gubernamentales más optimistas de avanzar hacia una producción anual de 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio, la cuota de Bolivia en ese escenario solo alcanzaría a un 10 %.

«Queda muy atrás la idea distorsionada del vicepresidente que habla de que Bolivia va a dominar el mercado y va a fijar los precios del litio», comentó en referencia a la proyección que ha expresado la segunda autoridad del Estado, Álvaro García Linera.

De acuerdo con Zuleta, Bolivia tampoco ha avanzado en la certificación de la totalidad de las reservas del Salar de Uyuni y «ha dejado de ser el único líder en cuanto se refiere a recursos identificados del mundo».

«A partir de febrero de este año ese liderazgo ha empezado a compartirlo con Argentina» que, explicó Zuleta, ha realizado mayores esfuerzos en prospección y certificación.

Las previsiones del Gobierno anunciadas en 2015 consistían en sumar inversiones que en 2018 lleguen a 617 millones de dólares para desarrollar el sector.

Al respecto, Zuleta prefiere hablar de «gasto», porque considera que las decisiones estratégicas de inversión han sido erróneas.

Bolivia ha centrado sus esfuerzos en construir piscinas de evaporación solar, que ocupan hectáreas de extensión y requieren «mucho movimiento de tierras» y «mucho combustible».

Además, este método de evaporación es el recomendado para lugares donde prácticamente no llueve, como el salar de Atacama (Chile), donde la tasa de evaporación es más del doble que en Uyuni, explicó.

En el caso boliviano, se podrían haber aplicado métodos de separación química o de evaporación térmica aprovechando las reservas de gas natural del país, argumentó.

Uno de los problemas del litio boliviano es su baja concentración en salmuera si se compara con lo que sucede en Chile y Argentina.

Sin embargo, esa concentración relativamente baja lleva aparejada, en contraste, una presencia alta de magnesio.

«Se conoce que el magnesio hoy en día tiene propiedades industriales que no se han podido aprovechar por falta de conocimiento e investigación», dijo, y sostuvo que empresas chinas y coreanas están interesadas en los salares bolivianos por esa razón.

«El valor del magnesio en el salar de Uyuni podría ser incluso superior al del litio», sostuvo el experto y aseguró que «las aleaciones de magnesio podrían hacer una verdadera revolución, sobre todo en el campo automotriz».

Por ello, recomendó «cambiar el chip», algo que «consistiría en que Bolivia se ocupe de entrada en el desarrollo del magnesio como recurso principal y del litio, como secundario», algo que implicará un trabajo adicional porque se requeriría de mucha energía. (07/04/2017)

Fuente:http://www.la-razon.com/economia/Experto-advierte-Bolivia-entrara-energetica_0_2687131349.html