El Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que la consulta no fue previa, informada, ni concertada. A pesar de ello dio curso al proceso junto al Sifde de La Paz.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que la consulta no fue previa, informada, ni concertada. A pesar de ello dio curso al proceso junto al Sifde de La Paz.
El Colectivo CASA lanza la campaña «Marzo: mes de las mujeres y el agua» empezando por el día internacional de las mujeres trabajadoras (8 de marzo) y conmemorando el día mundial del agua (22 de marzo), elegimos este mes para resaltar la relación de las mujeres defensoras de los territorios y las fuentes de agua, recordando su labor cotidiana en el cuidado de la vida, su derecho a agua libre de contaminación y la importancia del rol de las mujeres Indígenas campesinas para la reproducción de las comunidades.
Celebramos esta relación y reafirmamos la defensa incansable de las fuentes de agua en contra del despojo minero, publicando durante todo el mes fotografías que reflejan esta importante relación entre las mujeres y el cuidado del agua, las y los invitamos a seguir y compartir estas imágenes que tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres protectoras de las fuentes de agua.
Fuente:http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=208:mujeres-defendiendo-la-vida-mujeres-protegiendo-el-agua
En su capítulo referido a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se refiere a la toma por algunas horas de las instalaciones de la APDHB por parte de un grupo de mineros y el acoso en contra del Cedib.
Amnistía Internacional en su informe anual 2017-2018 referido al capítulo sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos destaca como casos emblemáticos de vulneración de derechos en Bolivia, la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el acoso en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) que derivó en el congelamiento de sus cuentas bancarias.
La AJAM ejecutó junto al SIFDE la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz observó que no fue previa, informada, ni concertada.
Jimena Mercado C.
La Paz, 9 febrero (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó con el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático de La Paz, la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que no fue previa, informada, ni concertada.
El proceso de consulta se realizó para formalizar la actividad minera en el cantón Arcopongo, donde se realiza explotación ilegal de oro a gran escala desde el 2014 a cargo de cinco cooperativas afiliadas a la Fedecomin, las que no cuentan con autorización para la explotación minera, tampoco licencia para comercializar oro, y menos, licencias ambientales.
Francisco Eugenio de la Cooperativa Ullakaya Condoriri exigió su derecho preferente sobre 50 cuadrículas, tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, y lamentó que la consulta se haya consumado a pesar del proceso contencioso administrativo admitido en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AJAM.
El vocal electoral, Freddy Cayo en entrevista con ANF informó que a requerimiento de la AJAM nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED se hizo cargo del acompañamiento y supervisión del proceso de consulta para la actividad minera. Negó sin embargo que eso signifique “avalar” la consulta.
“De acuerdo a la normativa vemos que la consulta debe ser de buena fe, previa, libre, concertada, informada, esa es la característica que tiene la consulta, y en base a esos elementos encontramos un acuerdo. Pero en el marco de nuestra competencia, cuando estamos evacuando nuestro informe decimos cuál de estas características se cumplió y cuál no se cumplió”, explicó.
¿Qué aspectos de la consulta no se cumplieron? se consultó al Vocal, quien respondió: “Sin decir cuál de las cooperativas ni de qué comunidades son, se ha verificado que no se han cumplido con los criterios de observancia de consulta previa, informada y de concertación, pero si se cumplieron los criterios de buena fe, libre y de acuerdo a sus usos y procedimientos propios”.
Consultado sobre las razones por las que el SIFDE La Paz aceptó acompañar un proceso de consulta cuando la Cooperativa Ullakaya Condoriri II alertó el 7 de septiembre de 2017 y ratificó el 5 de enero de este año las denuncias ante el TSE y el TED sobre el avasallamiento de 50 cuadrículas inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 del 28 de mayo de 2014, Cayo aseguró que se cumplió la ley.
Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta «invocando el principio de transparencia» solicitó el acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.
“Según la normativa nos dice que con 30 días de anticipación nos deben hacer la solicitud para entrar y en ese marco acordamos el ingreso con todos los antecedentes, se hizo un trabajo de gabinete, pero no puedo expresar qué tipo de trabajo”, señaló el Vocal.
Sin embargo no pudo desvirtuar por qué se aplicó un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa para hacer una consulta cuando ésta debe ser convocada por el Estado “de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones”, y no después.
ANF solicitó una entrevista al director nacional de la AJAM, Erik Ariñez quien se limitó a responder por escrito que el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Público. Tampoco proporcionó a este medio la solicitud de la consulta que hizo al TSE.
Procedimiento de la consulta
La consulta previa, según explica la página web del OEP es “un mecanismo constitucional de la democracia comunitaria, directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales”.
Los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
En este marco, el Estado, según el artículo 15 de la Constitución Política del Estado “garantiza el derecho a la consulta previa obligatoria, de buena fe y de manera concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a través del SIFDE deberá hacer la observación y acompañamiento de los procesos de consulta previa, de forma coordinada con las organizaciones e instituciones involucradas.
Antecedentes del caso
Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.
El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.
Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados del potencial de la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.
El informe técnico circunstancial de la intervención señala que el suboficial Telésforo Chura secuestró un arma de fuego en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014, sin embargo las cooperativas terminaron avasallando las 50 cuadrículas con maquinaria pesada que extrae un promedio día según informes preliminares entre 28 y 40 kilos de oro al día.
Denuncias a autoridades La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la ex Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al ex procurador Héctor Arce; a la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.
La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera” se apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.
El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.
Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
/JMC/ https://www.noticiasfides.com/economia/ted-observa-que-consulta-promovida-por-ajam-para-explotar-oro-en-inquisivi-no-fue-previa-385622
La Cooperativa Ullakaya Condoriri II denunció que sobre un derecho preferente que tenía para la explotación de oro, cinco cooperativas operan de manera ilegal a gran escala a vista y paciencia de las autoridades mineras.
INQUISIVI.RETRO Explotación ilegal de oro. Foto: Ullakaya Condoriri
La Paz, 7 febrero (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) confirmó que procesa las solicitudes de contratos mineros para Arcopongo ubicado en la provincia Inquisivi, donde la Cooperativa Ullakaya Condoriri II denunció la explotación y comercialización ilegal de oro a gran escala desde el año 2014, por parte de cinco cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin).
“Actualmente, en el sector Arcopongo cursa diversas solicitudes de Contrato Administrativo Minero (CAM) por cooperativas y empresas mineras, las cuales están siendo procesadas en estricta aplicación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, aprobado mediante Resolución Ministerial 023/2015, de 30 de enero de 2015”, señala en un boletín de prensa.
La AJAM confirmó que procesa solicitudes de contratos mineros, sin considerar que existe un proceso contencioso administrativo interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, por Francisco Eugenio Ayuviri, representante de la Cooperativa Ullakaya Condoriri II en contra del exdirector de la AJAM, Carlos Alberto Soruco.
En relación a las denuncias de explotación minera ilegal en el sector Arcopongo, la AJAM dirigida por Erik Ariñez ratificó que “concluida esta etapa de recopilación de elementos de convicción se presentó la correspondiente denuncia penal ante Ministerio Público, la cual se encuentra siendo sustanciada por esta instancia conforme el procedimiento penal aplicable”.
El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio demostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.
/JMC/
https://www.noticiasfides.com/economia/ajam-procesa-solicitudes-de-contratos-mineros-para-arcopongo-donde-ya-se-explota-oro-ilegal–385576
Maldonado dijo que las cooperativas, deben obligatoriamente contar con el Número de Identificación Minera (NIM) para comercializar oro, sin embargo se constató que las denunciadas no están registradas en el Sinacom.
senarecom-383794-34BC Jhonny Maldonado, director del Senarecom. Foto:ANF
La Paz, 8 febrero (ANF).- El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) deslindó a la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), la responsabilidad de establecer los tipos penales en las que estarían incurriendo las cooperativas mineras en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi, por avasallamiento y explotación ilegal del oro.
El director del Senarecom, Jhonny Maldonado mediante una respuesta escrita afirmó que esta entidad, una vez que conoció de las denuncias de avasallamiento y explotación ilegal de oro en Inquisivi, dispuso un equipo técnico para que se constituya en el área señalada, con la finalidad de verificar las probables actividades de comercialización ilegal de oro en el municipio paceño.
“Producto del avasallamiento o explotación ilegal, los resultados de dicha inspección, más los antecedentes de la misma fueron puestos en conocimiento de la AJAM considerando la atribución otorgada por el artículo 40 de la Ley 535 con relación al avasallamiento y explotación ilegal denunciados, que son condición indispensable (Sine qua non) para que se configure el tipo penal de venta y compra ilegal de minerales”, señaló.
Consultado si las cooperativas denunciadas cuentan con autorización para comercializar oro, Maldonado respondió que “de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto del decreto supremo 29165 los productores mineros y comercializadores entre estos las cooperativas, deben obligatoriamente contar con el Número de Identificación Minera (NIM), sin embargo se constató que “no existen registros de comercialización de las cooperativas mencionadas en el Sinacom”.
/JMC/
https://www.noticiasfides.com/economia/senarecom-deslinda-responsabilidad-en-ajam-caso-de-explotacion-ilegal-de-oro-en-inquisivi-385603
07/02/2018
El directorio de Fecoman identificó al artículo 93 de la Ley 535 como “cuello de botella” para la explotación de minerales en las cabeceras de cuencas, lagos, ríos, vertientes y embalses. Foto: Ipac acuicultura
La Paz, (ANF).- De acuerdo al informe de gestión de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) evalúa el pedido de las cooperativas para explotar minerales en cabeceras de cuencas de ríos.
Durante la XV asamblea general ordinaria, el directorio saliente de Fecoman informó que “el 18 de enero se tuvo una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para tratar los temas referidos a las áreas forestales y protegidas, licencias ambientales y los requisitos para cumplir con este cometido”.
También se informó que en dicha reunión se hizo hincapié en que el artículo 93 de la Ley de Minería y Metalurgia 535 se constituye “en un cuello de botella que impide la realización de efectuar trabajos mineros en cabeceras de cuencas de ríos, acordándose la conformación de tres mesas de trabajo”. Se acordó nuevas reuniones para febrero.
El inciso “c” del artículo 93 de la Ley 535 señala que se no otorga al titular o titulares, ni a quienes estuvieren asociados con ellos, derechos propietarios ni posesorios “sobre las áreas mineras en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses”, y que las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial.
/JMC/
La denuncia fue hecha de manera insistente y sistemática a varias entidades del Estado sin que hasta la fecha se frene la actividad.
Explotación ilegal de oro en Inquisivi. Fotos: Cooperativa Ullakaya Condoriri II
La Paz, 5 de febrero (ANF).- Cinco cooperativas mineras afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) explotan de manera ilegal oro en una superficie de 50 cuadrículas, ubicadas en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi, sin que hasta la fecha el Estado retome el control sobre esta área, inmovilizada poco antes de la aprobación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
De acuerdo a la denuncia a ANF del representante de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II, Francisco Eugenio, las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor, no sólo explotan en un área sobre la que tenían derecho preferente para explotar antes de que se declararán inmovilizadas a las 50 cuadrículas, sino que también comercializan el oro que extraen a gran escala.
Los extremos denunciados no fueron desmentidos por la Autoridad Jurisdiccional de la Administración Minera (AJAM) que ante el requerimiento de información por parte de ANF se limitó a señalar que “las denuncias de explotación minera se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público”.
Sin embargo la AJAM en otras ocasiones realizó de oficio varios operativos en coordinación con las Fuerzas Armadas y efectivos policiales bajo su tuición. Sólo el 2017 aprehendió a 127 personas que realizaban explotación ilegal minera.
/JMC/FC/
https://www.noticiasfides.com/economia/cooperativas-explotan-y-comercializan-de-manera-ilegal-oro-a-gran-escala-desde-el-2014–385510
Campesinos de Sejcihua, cantón San Pablo de Napa, de la provincia Daniel Campos en Potosí, exigen el resarcimiento de daños y perjuicios debido a que, según su versión, la empresa minera chilena Collahuasi desvía aguas subterráneas de sus vertientes hacia el vecino país para actividades mineras.
Según reporte del periódico digital Erbol, la corregidora cantonal Clara Flores Ayaviri aseveró que dicha empresa chilena ha perforado pozos cerca a los hitos fronterizos 54 y 55, los cuales son usados para dotar de agua de las vertientes bolivianas de Abra de Napa a la región chilena mediante cañerías subterráneas.
Según Flores, el desvío de agua hacia Chile ha generado que se sequen los pocos pastizales que existían en esa región, por lo cual el ganado ya no tiene alimento. Agregó que tampoco hay recurso hídrico para las actividades bolivianas de explotación de azufre y hasta desaparecieron aguas termales.
La corregidora aseguró que la afectación de agua es de 500 litros por segundo, que sería el triple de lo que se desvía en el Silala. “Esta extracción de agua sin permiso, sin autorización, está afectando totalmente a los habitantes de la región”, sostuvo.
Ante esta situación, los habitantes de Sejcihua determinaron en Asamblea exigir que se paralice el desvío de aguas subterráneas y que Chile resarza los daños y perjuicios por la sequía y la afectación al ganado, agricultura y minería, en suma, por la destrucción de su ecosistema.
Flores lamentó que por la sequía además los agricultores de quinua están atravesando problemas. A eso se suma que los ventarrones impiden que los cultivos del grano sea fructíferos.
La corregidora envió una carta en junio al secretario General de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DireMar), Emerson Calderón, por este tema, asimismo aseguró, siempre por Erbol, que se hizo la verificación de la denuncia con autoridades locales y la presencia de militares para confirmar la denuncia.
MINISTRO DE DEFENSA
EL DIARIO, consultó el tema al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien afirmó que tras la publicación del reporte de Erbol, solicitó un informe a las unidades militares bolivianas acantonadas en la frontera con Chile, mismas que informaron que no existe ninguna denuncia.
“No hay ninguna denuncia de ninguna comunidad Hemos preguntado a las unidades cantonales allá y no hay ninguna denuncia de nadie. No hay ninguna autoridad ni alcalde que haya hecho esa denuncia. Pregunté porque vi el reporte, pero no hay ninguna denuncia”, aseguró la autoridad.
En ese marco, la autoridad responsable de la cartera de Defensa dio poco crédito a la denuncia de los comunarios de la región y afirmó que probablemente se trate de una versión de contrabandistas de la región, dado que la actividad de comercio ilegal en la frontera con Chile, es fuerte.
“Nada raro que sea una denuncia de los contrabandistas porque esa zona está plagada de contrabando. Lo que pueden hacer para despistar a las Fuerzas Armadas, lo hacen”, afirmó Ferreira.
Asimismo afirmó que “muchas veces presentan “denuncias infundadas” sobre el tema y explicó que el límite fronterizo con Chile no es una línea recta sino que presenta varias ondulaciones y zigzags.
Fuente:http://fmbolivia.com.bo/denuncian-desv%C3%ADo-de-agua-minera-chilena
Tal vez en el rincón de las almas, Amayapampa, norte Potosí se resume lo que está pasando con la minería luego de más de 500 años de experiencia minera en Bolivia.
Hoy, los 280 trabajadores mineros del sindicato y otras personas recordarán a nueve masacrados, que cayeron en diciembre de 1996, cuando desde la mina de oro de Amayapampa exigieron al gobierno de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada y al inversionista Garafulic que este metal deje de hacer rico a una familia y dé agua, camino, energía eléctrica y ayude a vivir mejor a la población del lugar.
El gobierno de entonces, en defensa de la empresa privada, movilizó 1.500 militares y policías, con tanques, carros de combate, lanzagranadas y morteros. Su argumento: hacer cumplir la Ley minera de entonces.
Capital transnacional aliado a capitales nacionales no resolvió la pobreza en Amayapampa. Los mineros cansados tomaron el yacimiento y recogieron nueve compatriotas muertos, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres con disparos de arma de fuego 9 milímetros por la espalda, cabeza y el pecho, algunos perdieron la vida desangrados.
Este 19 de diciembre Agapito Choque, secretario general del sindicato minero de Amayapampa pidió al pueblo no repetir esta historia y exigió que la minería beneficie a toda la población.
Amayapampa hoy en manos del Estado tiene dos plantas para procesar el oro, son aún experiencias piloto.
Para extraer un gramo de oro se requiere mover una tonelada de roca. José Pimentel, exministro de minería, hoy presidente de COMIBOL asegura que de momento los avances son lentos por la burocracia de la empresa estatal.
Ganancias por impuestos y regalías
Para no ir lejos, aquí cerca, el municipio potosino de Chuquihuta recibe apenas 114 mil bolivianos año en compensación de regalías por la explotación del oro en su territorio.
Chayanta, donde está asentada la mina de oro de Amayapampa recibe 33 mil bolivianos año.
Preguntemos a los paceños ¿cuánto reciben por la explotación del oro en su territorio? Difícil entender que por aporte de municipios, Colquiri que no explota oro sea el que más aporte en regalías. Aunque claro sumados todos los municipios paceños donde se explota oro, cancelaron la mayor parte de los 33 millones de dólares recaudados en 2014 por ejemplo.
En total Bolivia recaudó 124 millones de dólares por regalías mineras en 2015, unos 134 millones de dólares en 2013 y 140 millones en 2012.
De ese total, Potosí que es el primer exportador de zinc logró el 62% de las recaudaciones, La Paz que es el primer productor de oro en segundo lugar y muy lejos con apenas 22%.
La empresa privada aporta la mayor cantidad de regalías. En Potosí por ejemplo la empresa San Cristóbal aportó el 52% de las regalías mineras este 2017. ¿Los potosinos se preguntaron con qué compensarán los 700 millones de bolivianos año cuando se acabe el mineral en San Cristóbal?
En impuestos, principalmente impuesto a la ganancia, 78 millones de dólares recaudados en 2014, unos 195 millones el 2012 y 67 millones de dólares el 2013.
Según datos del Ministerio de Minería y de Fundación Jubileo, Bolivia exportó minerales por un valor de 4 mil millones de dólares en 2012 y 3.500 millones los siguientes años.
De todo ese dinero en impuestos y regalías se quedaron 330 millones de dólares para Bolivia, menos del 9%.
Según Jubileo, si los productores del oro, especialmente de La Paz habrían pagado regalías mineras justas e impuestos, el país habría recibido 375 millones de dólares más en 2012. Y según ese informe, los productores de minerales se quedan con 1.000 millones de dólares descontando todos sus costos.
¿Se invierte en minería como se invierte en el petróleo?
En 2013 la inversión del Estado en minería superó a la inversión privada. Ese año Bolivia invirtió 115 millones de dólares frente a los 85 del sector privado. Amayapampa en el Norte Potosí, hace 20 años requería de 60 millones de dólares para explotar el oro, hoy requiere el doble; Mallku Qota, espera un fallo internacional, está en demanda, para que empiece la explotación de sus reservas.
La inversión mayor es el litio del sudoeste potosino con más de 900 millones de dólares. A partir de este año debería consolidarse la industrialización, según las declaraciones de archivo del ingeniero Luis Alberto Echazú.
Juan Carlos Maguiña, una de las personas que más luchó desde la Prefectura potosina por resucitar las regalías mineras, señala que propusieron 10% de regalías para el litio, pero aprobaron 3%. Prefiere no opinar frente a la decisión de los gobernantes, pero señala que en general la empresa privada impidió el aumento de regalías mineras.
¿Cuánto empleo genera la minería?
El sector cooperativista minero es el que tiene más trabajadores. Más de 100 mil según los reportes de la Fencomin. El Estado a través de la Comibol tenía 6.700 trabajadores el año pasado, según el Ministerio de Minería. La empresa privada es la que genera menos empleo porque trabaja con tecnología de punta para aminorar costos de operación.
La Constitución Política del Estado reconoce a la minería privada, estatal y cooperativizada, pero también a la economía comunitaria, esta última ninguneada y olvidada por la Ley minera.
La pregunta central es ¿cuánto ha aportado la minería para el desarrollo de las regiones y el país? ¿Su aporte es significativo? O ¿aún sigue beneficiando a pequeños grupos de poder?
Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/20122017/amayapampa_21_anos_de_la_masacre_aun_cuestionan_beneficios_de_la_mineria