Los ingenios mineros que operan en la ciudad de Potosí no recibirán más agua potable para desarrollar sus actividades como una primera medida para afrontar la crisis del recurso hídrico en esa ciudad.

La determinación fue consensuada entre autoridades locales y el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.

«También se ha hecho el análisis y se tiene la resolución de entregarles agua no potable a los ingenios”, anunció Navarro.

La crisis del líquido vital no fue una sorpresa para esa urbe porque fue anunciada a inicios de este año. La Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), que administra los servicios de agua y alcantarillado, advirtió que hace cuatro o cinco años no cayó suficiente lluvia por lo que afectará los niveles de almacenamiento del agua en las lagunas del Kari Kari.

Hace dos semanas, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) anunció que este mes se agotará la reserva de la laguna de San José que surte de agua a la ciudad de 210 mil habitantes.

Una de las actividades económicas que consume grandes cantidades de agua es la minería y ante el dilema de garantizar agua para el consumo o para la producción, el Gobierno determinó priorizar los recursos hídricos para los habitantes.

El ministro Navarro agregó que los datos presentados por la Alcaldía potosina y la AAPOS «demuestran que se tiene caudal de agua, sin contar las lluvias, hasta finales de diciembre”.

También dijo que el Gobierno busca no «perjudicar” las actividades mineras y tampoco el consumo familiar del agua.

«Tenemos nuevos proyectos que se están culminando porque en el caso de La Palca posiblemente el bombeo del agua ya se esté dando hasta finales de octubre”, añadió Navarro.

La Palca incrementaría el caudal a «casi 40 litros por segundo” y que aliviaría la escasez de agua y está en camino una aducción desde la represa de Tacora.

Para hacer realidad el proyecto, el Gobierno desembolsará el 60% del costo para la obra, el 20% la Alcaldía y el restante la Gobernación potosina.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/10/3/ingenios-mineros-potosi-recibiran-agua-potable-154354.html

El Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Marco Antonio Fernández Calderón, propuso este martes que la explotación del litio en el país se realice tomando en cuenta el “desarrollo productivo, justicia social y sostenibilidad ambiental”, para optimizar la generación de valor de este recurso natural asentado en el Salar de Uyuni.

Los tres temas señalados deberían ser tomados en cuenta en la definición del “diseño de las estrategias de políticas públicas para que se apliquen en la explotación del recurso natural del litio”, afirmó la autoridad durante la realización del Workshop del Litio, organizado por la Unidad Académica Regional Cochabamba. Es la cuarta versión que se realiza en la región y la primera en el país.

Explicó que en la explotación del litio no se tiene que repetir la “debilidad” del país como ocurrió con los minerales e hidrocarburos. “Cito estas dos debilidades vinculadas a nuestros recursos naturales con el objeto de enfatizar la gran esperanza de que no ocurra lo mismo con esta gran posibilidad que se abre para un país como Bolivia que posee enormes reservas de litio”, añadió.

Marco Antonio Fernández Calderón también afirmó que “se constata esta enorme debilidad nacional cuando se observa un tejido productivo y empresarial incipiente y vulnerable”. Atribuyó esta “debilidad” del país a la falta de una “mayor y mejor inversión en la formación de su capital humano, y por otra, optimizar la generación del valor de esos recursos naturales”.

Manifestó que el tratamiento de los recursos naturales está inspirado en el mensaje de la Encíclica Laudato SI’ del Papa Francisco, que habla de la urgencia de cuidar la “casa común” porque “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien (…)”.

Afirmó que el Pontífice también “nos recuerda que sí tenemos la pretensión de cuidar y mejorar el mundo, deberíamos ser capaces de asumir cambios profundos en los ‘estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad”.

El Director de la Carrera de Ingeniería Química, de la Unidad Académica Regional Cochabamba, Jaime Antezana, informó que el objetivo del workshop es presentar los trabajos más recientes en investigación y desarrollo en la región y en el mundo en temas de minerales industriales y estratégicos, con énfasis en el litio y en energía solar.

De manera simultánea, continuó, varios expertos nacionales e internacionales pretenden crear conciencia para la explotación sostenible del litio. Afirmó que la realización del Workshop del Litio es importante para estudiantes y docentes de la #UCB porque “nos muestra el norte de los procesos de investigación científica para el desarrollo de nuestro propio Know how (conocimiento)”.

Anunció que participa del evento el ganador del concurso internacional sobre la batería de litio, Ernesto Calvo, de la Universidad  de Buenos Aires. También se encuentran estudiosos de Estados Unidos, Chile, España, Colombia, entre otros.

Afirmó que Bolivia empezó a explotar litio en una cantidad de 24 mil toneladas por año frente a Chile de 200 mil toneladas. Dijo que en Potosí se fabrican baterías de litio todavía a una escala menor.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/27092017/proponen_explotacion_de_litio_con_justicia_social

Según estimaciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la provisión de agua potable en la ciudad de Potosí está garantizada solo hasta octubre. Se trata de una crisis de grandes proporciones agravada por el hecho de que la minería utiliza gran parte de este escaso elemento, y cuyos trabajadores rechazan cualquier restricción.

Por ejemplo, después de que se hiciese público este sombrío panorama, el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) descartó la paralización de la explotación minera en Potosí, en tanto los ingresos de las familias y del propio departamento dependen de la minería. Un argumento ciertamente veraz, pero que lejos de contribuir a la búsqueda de soluciones limita aún más las opciones para enfrentar el profundo desabastecimiento de agua que se cierne sobre la Villa Imperial, y que amenaza con mermar la salud, el bienestar y el desarrollo de la población potosina.

Ahora bien, como ocurre con todas las crisis, la que suscita este comentario ha tenido la virtud de poner en evidencia aspectos claves relacionados con la escasez de agua en el país en general, siendo uno de ellos el manejo de la información. Huelga recordar que las primeras voces de alarma respecto a la relación entre la minería y el desabastecimiento del líquido elemento en Potosí surgieron recién a mediados de julio, cuando el diputado oficialista Víctor Borda, alertado por un reportaje periodístico, realizó un inspección en la que pudo constatar varias tuberías instaladas en la red de distribución utilizadas para desviar agua a al menos ocho ingenios mineros. Esto pese a que desde finales de 2015 la provisión de agua se ha reducido en un 50% en la ciudad de Potosí, afectando a la mayoría de los barrios y en especial a las zonas altas, que reciben el líquido elemento solo una vez a la semana durante dos horas.

Frente a esta denuncia, el gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias Potosí (AAPOS), Rolando Montesinos, se limitó a negar la existencia de conexiones clandestinas en favor de los ingenios, argumentando que el agua desviada era utilizada para el consumo de los mineros. A su vez, las autoridades locales aún no han respondido a la interpelación interpuesta por diputados de la oposición para saber qué acciones se están realizando desde la municipalidad para revertir esta situación.

Se trata de ejemplos concretos que ponen en relieve la ausencia de información relevante respecto a asuntos claves como la provisión de agua potable en ciudades como Potosí, así como deficiencias en la comunicación entre las instituciones estatales, organismos privados y la sociedad civil en general. Información que dicho sea de paso resulta esencial para encarar y evitar crisis como la que hoy atraviesa la Villa Imperial.

Fuente: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Agua-informacion_0_2790920882.html

El abuso de poder de los gobiernos de turno hacia la población, las organizaciones sociales y sus líderes, sean estos obreros, campesinos y sobre todo indígenas, si bien no es nuevo, en el último tiempo se han hecho recurrentes y a la vez preocupantes al extremo de «criminalizar» la simple y llana protesta social. César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en contacto con El Día, nos revela que la situación se agrava tanto que entre 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, entre ellos líderes indígenas.

El experto nos revela cómo los gobiernos, sobre todo progresistas de la región, al agravar sus países aún más de la dependencia de las materias primas del gas, petróleo y minería,  han acrecentado sus políticas extractivas en desmedro del medio ambiente y la convivencia pacífica de pueblos campesinos e indígenas. Señala que Bolivia no está exenta de esta realidad, cuando menos estos días en los conflictos de Achacachi, el Tipnis, entre otros el gobierno a todos aquellos sectores que cuestionan sus políticas son objeto de persecución, deslegitimación, criminalización.

P. ¿Lo que sucede en Bolivia es común en otras partes de la región?
C.P:  Sin duda, los problemas con respecto al accionar de los gobiernos y su política asentada en el extractivismo también se comparten en toda la región. Por ejemplo, hay una gran indiferencia de las empresas mineras, apoyadas sutilmente por los gobiernos que menosprecia a los movimientos sociales que defienden derechos. En ese contexto, cualquier protesta   social en defensa de sus derechos, termina siendo criminalizada.

El problema es que cada derecho que obtiene en un determinado país una empresa transnacional para explotar minerales y explorar campos gasíferos u otros, es a costa de alguna comunidad o pueblo indígena.

P.  ¿Cómo podemos definir este fenómeno de la criminalización?
C.P: Nosotros, en el marco de la OCMAL, hemos definido como el uso de instrumentos legales que tiene el Estado para sancionar a quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestro estudio se establece que gran parte de la criminalización de las protestas están en las comunidades indígenas.

Lo preocupante es que los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.

P. ¿Cuál es el panorama de América Latina?
C.P: En términos de criminalización de las protestas sociales entre el 2012 y 2015 se han registrado 200 muertos en América Latina, pero a nivel mundial solamente el 2016 tuvimos 200 muertos, y en lo que va del año se han registrado más de 100 muertos.

En la región, los países con alto grado de violencia y criminalización de las protestas son Brasil, Honduras, Colombia y Perú. En cambio Ecuador, El Salvador, Chile y Bolivia, son países con menos violencia pero con alto grado de criminalización. Por ejemplo durante todo un gobierno anterior en el Perú (Ollanta Humala) se registraron 750 heridos  y 50 muertos solo en protestas sociales de mineros.

P. ¿Cuál es la diferencia entre violencia y criminalización?
C.P: En realidad los objetivos son los mismos; solo los mecanismos son diferentes. El primer tipo se refiere a asesinatos, lesiones personales, golpizas, secuestros, retenciones ilegales, torturas, desplazamientos forzado y violencia contra los bienes de la víctima, llamadas intimidatorias entre otros. En cambio, la criminalización tiene que ver con detenciones y encarcelamientos arbitrarios, persecución judicial y administrativa, estigmatización mediática y persecución política a organizaciones y movimientos sociales vía represión de la protesta, violaciones a los derechos de información, incentivo a la división social entre comunidades, población local además de la militarización de los territorios y la privatización de la seguridad pública.

P. ¿Qué hacer con esta situación preocupante?
C.P: Exactamente, dado que el poder disentir y el poder manifestarse es un ejercicio democrático que hoy en día no se está reconociendo en nuestros países. Entonces el reto es que  hay una gran oportunidad de poder consolidar un movimiento crítico al extractivismo en nuestros países y para luego articular uno más grande, con otros movimientos de América Latina. Ahora esa articulación entre todos en defensa de los derechos es posible mientras se sepa la dimensión de todo esto.

P. En Bolivia, las restricciones a las libertades parecen acentuarse más. ¿Cómo ve usted?
C.P: No va a poder durar por mucho tiempo. Todo tipo de medidas restrictivas hoy día van en contra de la corriente de los procesos de democratización. Si son medidas antidemocráticas van a ser retiradas  o modificadas en un futuro inmediato.

Yo veo varias restricciones en Bolivia, si bien no es tanto como en Brasil u Honduras. Siempre existe el riesgo que esa situación se agrave.

P. ¿Cómo es eso que en Bolivia hay menos violencia pero más criminalización?
C.P: Es que hay muchas actividades que se interpretan como fuera de la ley, cuando en realidad deben ser interpretados como prácticas de una visión  democráticas y de participación.

Eso es realmente preocupante, más aún cuando hay una tendencia creciente de atacar a los pueblos indígenas. Hoy en día son los que  están pagando los costos del extractivismo.

P. ¿En ese contexto qué camino queda?
C.P: Hay dos cosas. Siempre existe la oportunidad de hacer mejor y cambiar una situación tan preocupante como el que describimos.  Cada régimen que intente oprimir, lo único que va a lograr es activar y fortalecer la resistencia. Eso es casi un teorema: a mayor represión, finalmente mayor reacción.

Hay países que conocemos, donde ni siquiera imaginamos que haya reacción de las comunidades afectados por las políticas de los regímenes antidemocráticos, siempre surgen resistencia. Todos esos momentos ofrecen oportunidades y en ese contexto, tengo mucha confianza que más temprano que tarde esto debe cambiar.

Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=235227

En el pueblo potosino hay un proceso internacional en marcha, una mina que no se activa y siete ayllus que temen que, cuando empiece, la explotación contamine sus cosechas.

Actividades como la exploración hidrocarburífera, la minería e infraestructura vial están en el ojo de la tormenta y el cuestionamiento.

Independientemente de las subjetividades y susceptibilidades políticas, investigadores y analistas en temas medioambientales y defensa de derechos ciudadanos, coinciden en señalar que al menos en cinco megaproyectos que el gobierno de Evo Morales encara, en el marco de su plan de desarrollo y la agenda 2025, su realización implica grandes perjuicios y costos sociales, económicos y medio ambientales que representan. Por ese hecho, consideran que es inviable sumar más extractivismo a un país dependiente de las materias primas. Sugieren un cambio de timón y mirar otras alternativas a “la falacia desarrollista” y paradoja discursiva en que cayó el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el proceso de cambio.
Además de la polémica desatada con la nueva Ley que quita la intangibilidad del Tipnis, esas grandes inversiones están en los megaproyectos hidroeléctricos de Rositas, Chepete (El Bala) y Miguillas; las expansiones mineras en la Chiquitania entre ellas la mina Don Mario;  el Mutún en Puerto Suárez, Puerto Busch (cuya mayor inversión es hacer dragados); los diversos proyectos exploratorios como en la reserva de Tariquía y el Aguarague ambos en Tarija; la presencia de inversiones chinas en el ámbito minero, entre ellos en el Illimani, el proyecto a cielo abierto de Turco y la incesante y descontrolada actividad aurífera entre La Paz, Pando y Beni.

«Actualmente el Gobierno está poniendo en juego el futuro de todos los habitantes de Bolivia en su afán de tener recursos económicos en el “bolsillo” antes de las próximas elecciones. Es una visión de corto plazo que actúa como si “el mañana” no existiera», es la primera reflexión que hace Sara Crespo, investigadora de Probioma (Productividad Biosfera Medio Ambiente).

La apuesta del “corazón energético”, en el marco del Plan de Desarrollo y la agenda 2025, es el fin que justifica los medios del accionar del Gobierno, según Pablo Villegas, investigador, crítico y analista de las inversiones extractivas.

«Todo obedece a la baja en los ingresos por las exportaciones. La diferencia entre la anterior etapa cuando se hizo con recursos propios y la actual  es que todo se piensa desarrollar con deuda externa. El proyecto Corazón energético apuesta a eso», describe Villegas.

En el análisis de los proyectos. Los hidroeléctricos de Rositas, Chepete (El Bala), Miguillas, cuyos costos implican no solo millones de dólares, según Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información (Cedib), implican altos impactos. Desde impactos muy directos y localizados, como son las áreas de inundación que no solo desplazan múltiples comunidades sino que al ser en zonas con gran forestación contribuyen con emisión de gases de efecto invernadero; hasta impactos directos sobre los cursos de agua y los ecosistemas y biodiversidad que depende de aquellos.

«Eso tiene que ver con impactos sobre pesca, ictiofauna en específico y fauna en general y sobre los propios procesos de reconstitución del bosque. El represar grandes ríos en muchos casos, además, implica ríos con alta carga de sedimentos que acortan considerablemente la vida útil de estas millonarias inversiones», argumenta Campanini.

El experto además enfatiza que  el otro problema es la factibilidad de estas grandes inversiones. «Son inversiones extraordinarias (el caso del Chepete sería la inversión más grande de la historia de Bolivia) que apuntan a un mercado de exportación que no se ha estudiado y menos aún asegurado. Resta construir una red de extra alta tensión capaz de transportar esa energía que además de tener múltiples impactos ambientales y sociales tendrá similares costos extraordinarios», apuntó.

Entre Rositas y el Chepete son proyectos que implican inversiones altísimas de 1.000 y 7.000 millones de dólares (respectivamente) para generar una energía que aún no tiene demanda interna ni comprador externo, añade Crespo.
En el llamado “corazón energético”, el Gobierno tiene planeado invertir más de 30.000 millones de dólares. «Uno de los problemas que estos proyectos revelan es que se decidieron sin considerar la cuestión del mercado», sostiene Villegas.

Actividad minera. Los impactos de la minería sobre fuentes de agua no solo afectan las fuentes locales donde se realiza la actividad minera y por el tiempo que esta actividad dura, sino que se pueden extender por cientos de kilómetros y por siglos después de terminada las operaciones mineras, señala un estudio del Cedib.

Cita como ejemplos los glaciales del Illimani, entre otros, son presas naturales de agua vitales para los ecosistemas y centros poblados cercanos; la actividad minera en glaciales pueden tener serios impactos sobre estas fuentes de agua, más aun en un contexto de calentamiento global que ya pone en riesgo su propia existencia.

La Chiquitania es un ecosistema único en el mundo (bosque seco tropical) con biodiversidad única a nivel global y sin lugar a dudas vital para el ciclo hídrico en toda esta región. La minería en puerto Suárez se plantea justamente en la cadena montañosa vital para mantener la humedad y el ciclo hídrico de esta zona que no goza de precipitaciones pluviales durante casi medio año. «Estas actividades no solo serían base para deforestación y contaminación de agua y suelo, sino que destruirían las fuentes superficiales que abastecen de agua a las poblaciones de estas zonas», enfatiza Campanini.

En el caso particular del Mutún  por las dimensiones del proyecto (que no es solamente de extracción de hierro, sino de un paso más de procesamiento en pellets) los requerimientos de combustible y de agua implicarían deforestar grandes extensiones del bosque seco chiquitano y consumir gran parte de las fuentes superficiales de esa zona, en detrimento otra vez de las poblaciones locales.

La investigadora Crespo, da a conocer que en el caso de Puerto Busch ligado a El Mutún y al proyecto de hidrovía Paraguay – Paraná durante los últimos años se ha demostrado su inviabilidad como tres veces. En los ’70 se inundó la zona y se llevó las vías del tren.

En 2010 y 2012 se llevó los terraplenes construidos para dicha vía por un total de 16 millones de dólares. «Ahora se ha reactivado el proyecto de la hidrovía que fue archivado en los ’90 debido a riesgo socioambiental que implica. Alrededor de este sistema de humedales viven más de 3 millones de personas que serían afectadas, pues el proyecto, además del dragado, contempla el enrectamiento de las curvas del río. Lo que significaría el escurrimiento del Pantanal», señala.

La exploración hidrocarburífera. La zona de mayor amenaza y resistida en los últimos días, los proyectos exploratorios que afecta las reserva de Tariquía en el departamento de Tarija.

Según Campanini, esto se ha traducido en una implacable expansión de la frontera de exploración hidrocarburífera en detrimento de cualquier impacto social y/o ambiental. «El área protegida de Tariquía fue creada no solo para conservar la biodiversidad, sino principalmente para proteger un ecosistema vital para el ciclo hídrico de la región. A pesar de la crisis hídrica que atraviesa Tarija todas las autoridades gubernamentales (nacionales, departamentales y municipales) alientan la exploración y explotación de hidrocarburos en esta zona.

Panorama de la extracción

A cielo abierto. Para los pobladores de Turco y Choquecota del departamento de Oruro, la empresa china Yan Fan S.A, ejecuta la explotación de cobre a cielo abierto. Es considerada como una gran amenaza ambiental para la zona.

Rositas.  Los comunarios del  Yumao (Capitanía Kaaguazu), población indígena que habita en las orillas de río Grande, en el municipio de Gutiérrez, están inquietos por el proyecto hidroeléctrico Rositas, dado que temen quedar bajo el agua si se hace la represa.

Auríferas. El norte de Bolivia que involucra los departamentos de La Paz, Beni y Pando, está bajo una incontrolable actividad de  explotación del oro. La exploración hidrocarburífera también  amenaza con pueblos no contactados.

Tipnis. Según la investigadora Cecilia Requena, cualquier proyecto, sea este carretero en el Tipnis afecta directamente a uno de esos servicios vitales  cual es el del sostenimiento del ciclo hídrico de la región, es decir de las lluvias de la cuenca del Mamoré.

Punto de vista

Hernán Ávila
Director del Cejis

«Con esta efervescencia desarrollista y sus políticas de expansión del extractivismo, el Gobierno de Bolivia, al igual que otros de la región  están viviendo procesos políticos contradictorios. Lo que pasa que estamos en un momento en que los gobiernos latinoamericanos han caído en su propia trampa. No han sabido aprovechar en su momento la inusual e histórica bonanza económica que han tenido a lo largo del denominado “superciclo de las materias primas”. Se olvidaron de diversificar la economía teniendo aún muchas potencialidades en el ámbito de las manufacturas, el turismo, la piscicultura, la industrialización, entre otros. Al contrario, en el intento de estatizar y crear muchas empresas, solo han logrado burocratizar el aparato estatal en tres veces más.
Lo que debieron hacer es modificar la matriz productiva y se quedaron en el dilema tal que ahora están enfocados a profundizar el extractivismo, sobre  todo en el tema del gas y energía. En cambio, la minería resulta menos relevante por los escasos  ingreso que se genera, pero el costo socioambiental sigue siendo grande.
En ese contexto, lo que más ingresos genera al país son los impuestos de la gente, con esos recursos prácticamente estamos financiando la presencia, por ejemplo  de empresas chinas que no vienen a invertir sino a prestar servicios millonarios o a explotar nuestros recursos naturales.
Además, con la propuesta del centro energético de Sudamérica, lo que se quiere hacer es invertir millones de dólares para generar energía pero no para el beneficio de la ciudadanía, sino para vender o para exportación. Además, dichas inversiones se las quiere hacer sin conocer siquiera a dónde vamos a vender y en cuánto esa energía eléctrica.
A ello se suma el gran costo socioambiental, con enormes perjuicios para las comunidades, cuyas megarrepresas provocarán además desplazamientos humanos y grandes inundaciones.  No se ha medido todo ello, la iniciativa solo apuesta a vender energía. Además, a título del desarrollo y el progreso se están tomando decisiones desacertadas con grandes impactos en el futuro que tiene que ver con el agua, la naturaleza y el endeudamiento que se dejará a las futuras generaciones.
Estamos en un momento de implementación de políticas extractivistas, con una falsa visión desarrollista, cuyo discurso del horizonte del vivir bien se tropieza con las formas más tradicionales de destruir la naturaleza.
Lo ideal, a todo ello, es abrir un debate nacional y reflexionar, si como país estamos de acuerdo por ejemplo de subvencionar la crisis china para que su capitalismo siga creciendo a costa del endeudamiento de los bolivianos y  con un grave daño ambiental que ello acarreará en el futuro inmediato.

Aún en ese contexto no estamos en un camino sin salida. Hay muchas alternativas por encaminar por eso  hace falta un debate y hacer una consulta ciudadana vía referéndum. Es que no podemos continuar con esta tozuda idea de que vamos a buscar progreso y desarrollo a cuesta de destruir nuestro hábitat y el patrimonio natural y social de nuestro país».

Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Alerta-expertos-citan-de-inviable-mas-extractivismo&cat=1&pla=3&id_articulo=233328

Las mujeres indígenas, originarias y campesinas reunidas por la Defensa de la Madre Tierra en la RENAMAT y, en vista de la aprobación de la Ley 266 que levanta la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); nos pronunciamos en respaldo total de las demandas de los pueblos que habitan este importante territorio.

1. Rechazamos rotundamente la aprobación de la ley 266 que el atropello a los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Madre Tierra y cualquier intento de ingresar al territorio sin tomar en cuenta la protección, la defensa de la vida en el TIPNIS y la voluntad de los pueblos de habitar un territorio con autodeterminación.

2. Las mujeres de tierras altas respaldamos la Resistencia que encaminan los verdaderoshabitantes del TIPNIS  y respaldo la denuncia de los pueblos del TIPNIS que señalan que esta carretera no beneficiará a ninguna de las comunidades y que el objetivo de su construcción sólo se pone al servicio de la posible exploración petrolera, la ampliación de las plantaciones de coca, y beneficiara los intereses transnacionales. No nos oponemos a una carretera pero que NO atraviese por el medio del TIPNIS.
3. Nos sumamos a todas las medidas y acciones de resistencia que las hermanas y hermanos del TIPNIS convoquen hasta lograr la anulación de esta Ley que atropella los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de pueblos indígenas, activistas, defensor del pueblo, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y sociedad civil en general a sumarse a esta resistencia y no dejar solos a los hermanos del TIPNIS en esta terrible situación de emergencia.

 Oruro, 12 de Agosto de 2017

Días atrás, un diputado oficialista denunció que la Administración Autónoma para Obras Sanitarias de Potosí (Aapos) desvía a los ingenios mineros parte del escaso caudal de agua que colecta. Meses de racionamiento de agua para el consumo humano en la ciudad y un reciente incremento en las tarifas demuestran que las prioridades están confundidas.

En efecto, en la inspección del asambleísta, en la que se constató que de un caudal de 190 litros por segundo (l/s) de agua solo 140 llegan a la ciudad, infiriéndose que los otros 50 l/s son destinados a la industria minera; la Aapos reconoció entonces que comercializa entre 15 y 20 litros por segundo de agua a los ingenios a un precio superior, y no la cantidad estimada por el legislador.

Antes de la citada inspección, un investigador del tema en la Universidad Tomás Frías descubrió que años atrás la empresa local de agua y saneamiento había facturado solo a 23 de 63 ingenios a los que distribuía el agua, revelando malos manejos en la empresa, que desde fines de 2015 registra una captación significativamente menor a los 300 l/s que la ciudad capital potosina requiere.

Enterada de la situación, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua y Saneamiento (AAPS) hizo su propia indagación cuyos resultados fueron difundidos por su director ejecutivo, quien reconoció que hay “una extracción un tanto mayor a la que está autorizada la empresa”. Pues entre el 2,5% y el 8% del suministro que capta la compañía de agua no llega a la ciudad, donde desde 2016 hay racionamiento en la parte alta, en la que están siete de los 13 distritos urbanos.

La situación, anunció la autoridad, merecerá una sanción, que será agravada por “deficiente ampliación de la normativa para el acondicionamiento de las tarifas”, que en mayo pasado fueron “recategorizadas” para todos los tipos de usuario del servicio, representando incrementos de hasta dos y tres veces en las facturas de los usuarios domésticos, justo cuando el racionamiento estaba en su peor momento. La medida quedó sin efecto a fines de junio por intervención de la AAPS.

Resta saber si la imposición de multas a la empresa, que por lo visto no atraviesa su mejor momento económico, redundará en mejor provisión del servicio en la ciudad, habida cuenta, además, que la minería, al ser la principal actividad económica del departamento, tampoco puede paralizar actividades por falta de agua.

Desde hace siglos los pueblos indígenas de Bolivia y el mundo vienen construyendo una historia de resistencia y defensa de sus derechos. Como parte de los resultados de esta lucha se ha conseguido que hace diez años, las Naciones Unidas emitan una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta declaración se rescata una serie de derechos fundamentales por los que lucharon y murieron miles de indígenas; sin embargo hasta la actualidad estos derechos no son respetados, ni por los gobiernos, ni por los intereses de empresas privadas.

En Bolivia el modelo extractivista que se puede extrapolar al mundo entero, está pisando los derechos de los Pueblos Indigenas a la libredeterminación, a la consulta previa libre e informada, de buena fe, a la protección de sus lugares sagrados a vivir en un ambiente sano, a la salud universal a la educación, etc.

Las mujeres indígenas sufren a la vez impactos diferenciados de este modelo extractivo que vulnera sus derechos y, así mismo, como parte de sus pueblos ellas resisten y defienden de forma colectiva la sobrevivencia de la cultural, de sus territorios poniendose al frente de la resistencia con sus propios cuerpos.

En ese sentido y acorde al momento que vivimos, desde el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA y desde la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT; creemos que es más urgente que nunca pronunciarnos en esta fecha importante:

• En defensa de la Madre Tierra, por el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un territorio libre de contaminación y de violencia.
• En defensa de los territorios colectivos que son un derecho milenario conquistado por los pueblos indígenas del mundo y de Bolivia.
• Exigiendo el respeto a la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS) como derecho legítimo de los pueblos en la protección de su territorio y de sus lugares sagrados.
• Denunciando la violencia medioambiental que se ejerce contra las mujeres indígenas en escenarios de extractivismo de toda índole que afecta la integridad y reproducción de la vida y de la cultura de centenares de comunidades.
• Por el derecho de los pueblos no contactados de mantenerse en aislamiento sin temor a ser afectados por actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales.

Bajo este alarmante escenario de atropellos de los derechos de los Pueblos Indígenas, como ocurre en el TIPNIS  y en los territorios indígenas donde  se asientan actividades extractivas, nos sumamos al llamado de  la unidad y a la acción coordinada de pueblos indígenas y la sociedad civil, para lograr frenar este tipo de atropellos.

RENAMAT

COLECTIVO CASA

Colectivo CASA
Oficina Oruro
Junin Nº 719 entre La Plata y Presidente Montes
Telefono fax: 591 (2) 5251406

Oficina La Paz
Potosi, esq. Genaro Sanjines, Pasaje peatonal de la cultura. Edificio Libertad Piso 9 oficina 904,
Telefono 591 (2) 71975803
Bolivia

Denuncia. Testimonios de tres regiones del país, en voz propia de los pueblos indígenas, dan cuenta una férrea oposición a planes mineros, hidrocarburíferos y de megarrepresas hidroeléctricas.

Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a cortar un palo, pero no entendemos cómo el gobierno, vía decretos, quiere hacer exploración hidrocarburífera  en nuestro territorio», describe Paola Gareca, dirigente del Cantón Tariquía, sitio donde está la reserva natural biológica de flora y fauna del mismo nombre.

Dicha expresión forma parte de cientos de familias campesinas e indígenas de distintos puntos del país, que en suma se convierten en voces de rebeldía contra las actividades y proyectos extractivas que el gobierno de Evo Morales, viene llevando adelante en unos y en otros piensa ejecutar.

El extractivismo, entendido como «la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales y que están esencialmente orientados a la exportación a los mercados globales», según el experto urugayo Eduardo Gudynas ha convertido a los gobiernos países productores de maneterias primas en «hiperextractivistas», como lo caracteriza a Bolivia.

En ese ámbito, diferentes intelectuales, organizaciones no gubernamentales,  colectivos ciudadanos, plataformas sociales y las propias comunidades indígenas, en las últimas semanas han resuelto hacer frente al vendaval gubernamental que busca descargar sus necesidades socioeconómicas, en una mayor extracción de materias primas para la exportación, en este caso no solo  es la minería, no solo es la extracción de más gas o petroleo, sin la construcción de millonaria megarrepresas hidroeléctricas como son El Bala, Chepete, Miguillas y Rositas.

«Todo este conjunto de actividades extractivas, al igual que en América Latina, en el caso de Bolivia,no es la excepción, de a poco nos damos cuenta que esos proyectos están vinculados a criminalizar a cualquier movilización social y crítico de estas actividades de parte del gobierno», señaló Óscar Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

En voz propia de los afectados. En un encuentro realizado en la ciudad de Cochabamba, El Día pudo conocer, no solo la vivencia en carne propia de distintas comunidades sino la amenza cierta y sistemática en contra de los intereses de la naturaleza, las comunidades indígenas, como consecuencia del alto impacto ambiental que se alertan cada uno de los proyectos extractivos.

En cambio, Cristian Buitrago, investigador de Cáritas Bolivia, organización que trabaja en contacto de las comunidades de Tariquía, señala que los indígenas y campesinos están amenazados por  la reserva de 240 mil hectáreas, cuyo 55% de superficie estaría afectada si acaso se lleva adelante la exploración hidrocarburífera.

«Son pueblos amenazados por tres empresas como Petrobras, Gasprom y Chaco YPFB. Lamentablemente, no hay consulta de buena fe, dado que se hace un proceso oscuro. Cualquier reunión se lo pretende hacer pasar como consulta previa», denunció Buitrago.

A su vez, Gareca señala que hasta el momento no ha habido una consulta previa y de paso, tampoco se tiene una información  clara. «Lo peor, es que apenas hicieron una primera reunión informativa, eso están haciendo pasar como si hubieran hecho una consulta. Eso es acto de mala fe de parte del gobierno en contra de nuestra comunidad que se dedica a la producción de maíz, papa y arveja” argumentó la máxima ejecutiva del cantón Tariquía.

Bajo preaviso de traslado. Para Bebeto Álvarez Zárate, de la comunidad El Yumao del muncipio de Gutiérrez, de 25 familias, la gran preocupación de su comunidad guaraní es el proyecto hidroeléctrico Rositas, sobre el río Grande, cuyas familias anticipadamente han recibido un anuncio de que serán trasladados donde históricamente han vivido.

«Nosotros nos dedicamos a la agricultura, la pesca y la ganadería, no estamos de acuerdo con el proyecto, por lo que no sabemos qué vamos hacer, dado que ya nos anunciaron que todos debemos salir hacia otros sitios como Bajo Izozo, municipio de Charagua», relató Álvarez.

El hecho, además estriba en que muchas familias, al menos de otras 40 comunidades, se dieron cuenta vía información técnica  y experimentos en campo, de que las aguas provenientes de las represas no servirán para riego como anticipa el proyecto que maneja el gobierno. «Esas aguas no sirven para riego, dado que hemos verificado que las plantas y pastizales, por su alta salinidad se mueren. Metemos riego y al cabo de un tiempo se secan las plantas», precisó.

El Plan 2025 del Gobierno pretende el cambio de la «matriz energética», partiendo del hecho que actualmente las termoeléctricas a gas generan el 69% de la energía eléctrica, las hidroeléctricas el 30% y el 1% proviene de fuentes alternativas. Para el 2025 Ia configuraci6n será inversa: energía de hidroeléctricas 70%, termoeléctricas 26% y energías alternativas solo el 4%.

“Este Plan es devastador para el  medio ambiente», dice un análisis conjunto de los propios habitantes con asesoramiento de colectivos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales.

En el otro extremo del país. «Estamos amenazados a sobrevivir, porque una empresa China está desarrollando explotación de cobre a cielo abierto. Eso daña nuestras aguas, pastizales y nuestro ganado, denunció Wálter Gutiérrez Calle, Corregidor de Choquecota, provincia Jach’a Carangas del departamento de Oruro.

La autoridad política, del municipio colindante de Turco (Provincia Sajama), informó a El Día, que en el cerro denominado «Lllallagua Kollo»  está la mina Cuprita I y ahora con la empresa China Yan Fan S.A, bajo el denominativo de D’Cobre se desarrolla Cuprita II, bajo la modalidad de cielo abierto, donde se entiende que hacen desaparecer un cerro para hacer otro, pero con grandes impactos ambientales.

“Represento a las ocho comunidades de Choquecota. La explotación que están haciendo los chinos es en la Cuprita I y ahora en la Cuprita II quieren extenderse al menos a 30 hectáreas, para ello han planificado afectar 26 cuadrículas. Ese es un grave daño ambiental para nuestras comunidades campesina ganaderas de llamas y alpacas», señaló.

Según Victoria Huanca, del colectivo ciudadano en defensa del medio ambiente «Wasipacha2 (Nuestra tierra), en la tercera consulta de la mina Cuprita II, que fue el 7 de julio, las ocho comunidades del Ayllu Sullcamiri se opusieron a dicha explotación y presencia de la empresa china. «Ahora, los habitantes del campo temen que les espera la criminalización de dicha postura de los campesinos al negar dicha actividad», señaló.

Tanto Choquecota y Turco comparten territorio en la mina,  una zona inminentemente ganadera,  que en buenas épocas de lluvia, incluso hay actividad agrícola, ahora solo criamos llamas y alpacas. «No nos queda otra que denunciar en distintos eventos nuestra triste realidad.

Además, ni las autoridades municipales y de la Gobernación hacen algo por nosotros. Incluso nuestros vecinos de Turco, cuyo municipio, sin darse cuenta viabilizó con dicha inversión china”, finalizó Gutiérrez Calle.

«Los pueblos sobre todo indígenas expresan su resistencia.
El gobierno debería escucharlos cuando ellos solo defienden la naturaleza que los cobija»

Amparo Carvajal
Presidente de la APDHB

«La minería genera un daño medioambiental sin reparos. Para un gramo de oro hay que mover 20 mil toneladas de tierra».

Geogina Jiménez
Investigadora

EL Tipnis fue el punto de inflexión de Evo

Investigadores, políticos, dirigentes campesinos, entre otros, coinciden que en los 11 años de gobierno de Evo Morales, la actividad extractiva se ha acrecentado, tanto que en algunas regiones del país, el propósito se ha ampliado afectando áreas protegidas y reservas naturales como la intención del gobierno de construir la carretera entre el trópico de Cochabamba y el Beni, afectando el Parque Isiboro Sécure del Tipnis.

Paradoja. Según la crítica al gobierno actual, esa intención de hacer la carretera ha sido el punto de inflexión de la administración Evo Morales, donde discursivamente la defensa de la madre tierra y el respeto al medio ambiente se cayó.

Punto de vista

«Lo que estamos viviendo en Bolivia es muy grave, dado que no estamos siendo capaces de hacer visibles un drama que vive situaciones muy distintas en el país. Además de lo que tanto se habló del Tipnis, ahora nos encontramos lo que está ocurriendo en el país en distintos puntos como en el caso de Turco con la explotación minera a cielo abierto, o las comunidades convergentes en la zona de las comunidades guaraníes con respecto al megaproyecto hidroeléctrico Rositas. También tenemos con las comunidades Tacobo Mora en el Chaco y las comunidades en Tariquía.

Lo más preocupante, mientras el país mediáticamente está distraído en otras cosas o en cualquier cosa, es que estos hechos están ocurriendo, no es solo lo que se dice sino las mismas comunidades en carne propia están expresando su realidad.

El contexto nos permite no solo conocer una agresión a las áreas protegidas sino a las comunidades, en algunos son ambas cosas. Lo que me preocupa de todo esto es la utilización mañosa de las consultas previas. Hay que sistematizar esas consultas, lamentamente se vulnera un derecho que debería ser protegedor y respetuoso con las comunidades que son objetos de afectación de las actividades extractivas.

En perspectiva, la herencia es dramática para las futuras generaciones, para eso necesitamos generar alternativas de desarrollo, que representa un desafío formidable, no son imposibles que tienen que ver con una forma diferente de habitar el planeta, Hay muchas alternativas posibles, con una visión de país y propuestas muy concretas».

Fuente:https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Extractivismo:-Hay-resistencia-a-proyectos&cat=1&pla=3&id_articulo=232349