Tal vez en el rincón de las almas, Amayapampa, norte Potosí se resume lo que está pasando con la minería luego de más de 500 años de experiencia minera en Bolivia.

Hoy, los 280 trabajadores mineros del sindicato y otras personas recordarán a nueve masacrados, que cayeron en diciembre de 1996,  cuando desde la mina de oro de Amayapampa exigieron al gobierno de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada y al inversionista Garafulic que este metal deje de hacer rico a una familia y dé agua, camino, energía eléctrica y ayude a vivir mejor a la población del lugar.

El gobierno de entonces, en defensa de la empresa privada, movilizó 1.500 militares y policías, con tanques, carros de combate, lanzagranadas y morteros. Su argumento: hacer cumplir la Ley minera de entonces.

Capital transnacional aliado a capitales nacionales no resolvió la pobreza en Amayapampa. Los mineros cansados tomaron el yacimiento y recogieron nueve compatriotas muertos, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres con disparos de arma de fuego 9 milímetros por la espalda, cabeza y el pecho, algunos perdieron la vida desangrados.

Este 19 de diciembre Agapito Choque, secretario general del sindicato minero de Amayapampa pidió al pueblo no repetir esta historia y exigió que la minería beneficie a toda la población.

Amayapampa hoy en manos del Estado tiene dos plantas para procesar el oro, son aún experiencias piloto.

Para extraer un gramo de oro se requiere mover una tonelada de roca. José Pimentel, exministro de minería, hoy presidente de COMIBOL asegura que de momento los avances son lentos por la burocracia de la empresa estatal.

Ganancias por impuestos y regalías

Para no ir lejos, aquí cerca, el municipio potosino de Chuquihuta recibe apenas 114 mil bolivianos año en compensación de regalías por la explotación del oro en su territorio.

Chayanta, donde está asentada la mina de oro de Amayapampa recibe 33 mil bolivianos año.

Preguntemos a los paceños ¿cuánto reciben por la explotación del oro en su territorio? Difícil entender que por aporte de municipios, Colquiri que no explota oro sea el que más aporte en regalías. Aunque claro sumados todos los municipios paceños donde se explota oro, cancelaron la mayor parte de los 33 millones de dólares recaudados en 2014 por ejemplo.

En total Bolivia recaudó 124 millones de dólares por regalías mineras en 2015, unos 134 millones de dólares en 2013 y 140 millones en 2012.

De ese total, Potosí que es el primer exportador de zinc logró el 62% de las recaudaciones, La Paz que es el primer productor de oro en segundo lugar y muy lejos con apenas 22%.

La empresa privada aporta la mayor cantidad de regalías. En Potosí por ejemplo la empresa San Cristóbal aportó el 52% de las regalías mineras este 2017. ¿Los potosinos se preguntaron con qué compensarán los 700 millones de bolivianos año cuando se acabe el mineral en San Cristóbal?

En impuestos, principalmente impuesto a la ganancia, 78 millones de dólares recaudados en 2014, unos 195 millones el 2012 y 67 millones de dólares el 2013.

Según datos del Ministerio de Minería y de Fundación Jubileo, Bolivia exportó minerales por un valor de 4 mil millones de dólares en 2012 y 3.500 millones los siguientes años.

De todo ese dinero en impuestos y regalías se quedaron 330 millones de dólares para Bolivia, menos del 9%.

Según Jubileo, si los productores del oro, especialmente de La Paz habrían pagado regalías mineras justas e impuestos, el país habría recibido 375 millones de dólares más en 2012. Y según ese informe, los productores de minerales se quedan con 1.000 millones de dólares descontando todos sus costos.

¿Se invierte en minería como se invierte en el petróleo?

En 2013 la inversión del Estado en minería superó a la inversión privada. Ese año Bolivia invirtió 115 millones de dólares frente a los 85 del sector privado. Amayapampa en el Norte Potosí, hace 20 años requería de 60 millones de dólares para explotar el oro, hoy requiere el doble; Mallku Qota, espera un fallo internacional, está en demanda, para que empiece la explotación de sus reservas.

La inversión mayor es el litio del sudoeste potosino con más de 900 millones de dólares. A partir de este año debería consolidarse la industrialización, según las declaraciones de archivo del ingeniero Luis Alberto Echazú.

Juan Carlos Maguiña, una de las personas que más luchó desde la Prefectura potosina por resucitar las regalías mineras, señala que propusieron 10% de regalías para el litio, pero aprobaron 3%. Prefiere no opinar frente a la decisión de los gobernantes, pero señala que en general la empresa privada impidió el aumento de regalías mineras.

¿Cuánto empleo genera la minería?

El sector cooperativista minero es el que tiene más trabajadores. Más de 100 mil según los reportes de la Fencomin. El Estado a través de la Comibol tenía 6.700 trabajadores el año pasado, según el Ministerio de Minería. La empresa privada es la que genera menos empleo porque trabaja con tecnología de punta para aminorar costos de operación.

La Constitución Política del Estado reconoce a la minería privada, estatal y cooperativizada, pero también a la economía comunitaria, esta última ninguneada y olvidada por la Ley minera.

La pregunta central es ¿cuánto ha aportado la minería para el desarrollo de las regiones y el país? ¿Su aporte es significativo? O ¿aún sigue beneficiando a pequeños grupos de poder?

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/20122017/amayapampa_21_anos_de_la_masacre_aun_cuestionan_beneficios_de_la_mineria

Dirigentes anunciaron que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

La comunidad de San Ramoncito de Ichoa es el primer punto de resistencia en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la madre tierra. Esa fue la decisión que tomaron los indígenas, luego de que el Gobierno levantara la intangibilidad de la reserva.

“No queremos la carretera por el TIPNIS porque no nos beneficiará en nada. La lucha nunca se va a terminar hasta que tengamos libertad en nuestro propio territorio, por eso San Ramoncito es nuestro primer centro de resistencia. Así lo determinaron todos los indígenas”, informó la dirigente Marqueza Teco.

En el documento suscrito por el corregidor Antonio Noza, el cacique Leandro Moye, el alcalde comunal Esteban Noza y 20 indígenas, entre otros, afirman que defenderán su territorio porque están respaldados por la Constitución y por las leyes nacionales como internacionales, que “garantizan el ejercicio de los derechos en defensa de la vida, la dignidad, los recursos naturales y medioambiente”.

El acuerdo fue firmado el 6 de diciembre, luego de que los dirigentes indígenas Teco y Fabián Gil visitaran las comunidades para informar y explicar la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS, que anuló la intangibilidad de la reserva natural.

“Este es el primer paso dentro de las comunidades del TIPNIS; el Estado y el Gobierno nos ofreció varios proyectos y no cumplió. En la visita que realizamos a las comunidades no hemos visto proyectos y los que iniciaron, como ser de agua potable, están en total abandono; no hay tal proyecto”, manifestó Teco.

La dirigente anunció que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará el TIPNIS.

En noviembre, el presidente Evo Morales manifestó: “El camino de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari ya hubiéramos terminado. Imagínense, que algunos pocos benianos perjudican mucho, tenemos financiamiento, estábamos pronto para empezar, se movilizaron; bueno, si quieren hacemos, si no quieren no, tampoco vamos a rogar. Tenemos una responsabilidad, que sepan las nuevas generaciones, no es que hemos abandonado”. La frase la expresó Morales durante el acto de entrega de un puente en la provincia Mamoré.

Los dirigentes indígenas consideran que Evo Morales insistirá en la construcción de la carretera, con el fin de beneficiar a los cocaleros y extraer las riquezas naturales del TIPNIS. “Sólo nos quiere distraer”, manifestó la líder Teco.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/ramoncito-nace-ncleo-resistencia-tipnis-163660.html

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal».

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) expresó su preocupación y rechazo frente a los “arbitrarios e injustos ataques” en contra del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y pidió al Gobierno que garantice su labor.

“Mostramos nuestra preocupación y solicitamos al gobierno que garantice a la brevedad que el CEDIB pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello”, se lee en el pronunciamiento emitido por la institución.

El director ejecutivo del CEDIB, Marco Antonio Gandarillas, informó a ANF que el martes 28 de noviembre la institución fue ingratamente sorprendida cuando fue impedida de realizar transacciones bancarias. Sus cuentas fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Para la organización sin fines de lucro que tiene su sede en la ciudad de Cochabamba, existe un sistemático ataque del Órgano Ejecutivo, por diferentes mecanismos, para afectar el funcionamiento del centro de documentación y en esencia a su condición de defensora de los derechos humanos.

“Consideramos que el congelamiento de las cuentas bancarias, así como las acciones de amedrentamiento y descalificación pública por parte de representantes del gobierno (…), pretenden menoscabar el derecho a la libre expresión y ejercicio de la ciudadanía activa y la democracia”, se lee en el comunicado.

CEJIS evidencia que la decisión de imposibilitar el funcionamiento regular del CEDIB se tomó de “manera arbitraria y sin seguir las reglas del debido proceso legal”; se trata además “de un ataque a todos quienes acompañamos la defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia”.

En ese sentido, la entidad le recuerda al Estado boliviano que bajo los estándares de los derechos humanos internacionales e interamericanos “debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se obstaculice, impida o desmotive la labor de defensa y promoción de los derechos por parte de actores de la sociedad civil”.

Fuente:https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/cejis-pide-al-gobierno-que-garantice-la-labor-del-cedib-384336

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, ante las medidas arbitrarias adoptadas en contra de nuestro miembro en Cochabamba, Bolivia declaramos:

1.- CEDIB como miembro de nuestra red, ha demostrado compromiso, seriedad y consistencia en su trabajo de investigación, difusión y apoyo a comunidades afectadas por actividades extractivas en Bolivia.

2.- Hemos sido partes de varias de sus actividades de análisis y reflexión sobre la necesidad de enfrentar el extractivismo, por los graves efectos en la naturaleza, los ecosistemas base de subsistencia de tantas comunidades en América Latina.

3.- Conocemos y valoramos las actividades de investigación y difusión de los temas de mayor interés para comunidades, activistas, académicos y público en general, en torno a los modelos de desarrollo y la necesidad de transitar hacia un mundo mas justo, equitativo, diverso, responsable, solidario y consecuente con la crisis ecológica que vive el planeta.

4.- Damos fe del actuar responsable del CEDIB al momento de manifestar sus reflexiones críticas al extractivismo y a las injusticias cometidas contra comunidades afectadas por el modelo extractivo impuesto en mayor o menor medida en la totalidad de los países de nuestra región.

5.- Consideramos injusto, improcedente y arbitraria la medida de congelar el derecho del CEDIB de hacer uso de instrumentos financieros como cuentas bancarias, por ser sujetos de acusaciones sin fundamente que denostan su integridad e impiden su funcionamiento como organización de la sociedad civil que cumple con la legislación y las normativas nacionales.

6.- Demandamos de las autoridades competentes, la realización de las gestiones pertinentes y con carácter de urgente para remediar el daño producido a nuestra institución hermana y reparar los efectos negativos de la imposibilidad de funcionar regularmente por estar privado de los fondos que legitimamente le pertenecen.

7.- Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil de la región a manifestarse contra esta injusticia, no solamente por que consideramos que se debe restituir el derecho a CEDIB de funcionar de manera normal, sino también porque esto es un
precedente para la utilización de este tipo de medidas a cualquiera de nuestras organizaciones hermanas en América Latina.

www.ocmal.org.

La explotación ilegal de oro con componentes químicos es la principal causa de la contaminación de los ecosistemas en las comunidades del norte de La Paz.

Se realizará un censo a centros mineros para poder acabar con el tráfico de este metal, informó el director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senerecom), Víctor Maldonado.

La representante de las comunidades afectadas por la minería Margarita Aquino anunció medidas de presión para reclamar al Gobierno por el daño ambiental que genera la minería y que éste frene su producción.

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que con el dinero que otorga la minería se debe generar una respuesta ambiental para contrarrestar estos daños.

Fuente:http://www.atb.com.bo/seccion/econom%C3%ADa/los-residuos-de-la-miner%C3%ADa-dejan-comunidades-contaminadas

Quesu Quesuni es una comunidad que se encuentra en el municipio de Poopó. Esta comunidad se encuentra afectada en sus fuentes de agua y territorio por la operación Sinchi Wayra que actualmente se encuentra en etapa de cierre. Toda la provincia se caracteriza por una tradición minera desde la época colonial; sin embargo en la última década, los impactos se han vuelto insostenibles, principalmente por la contaminación de fuentes de agua que tiene un efecto reflejo en todos los otros recursos naturales. En Quesu Quesuni se ha logrado obtener una dotación secundaria de agua que parte del pueblo, debido al secado total de las nurias y pozos de agua dulce que alimentaba antiguamente a la comunidad.

El resto de comunidades sigue consumiendo el agua de pozos subterráneos y de los ríos, luego de hacer un análisis comunitario del agua se encontraron presencia de metales pesados y salinidad.

Las mujeres de esta comunidad que sufren con mayor intensidad los impactos de la contaminación de fuentes de agua por la sobrecarga de trabajo y exposición de sus cuerpos a diferentes dolencias de salud; decidieron desde el año 2013 organizarse en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) para exigir sus derechos y de la Madre Tierra, denunciando la violencia medioambiental contra ellas.

Actualmente se encuentran movilizadas exigiendo la remediación ambiental inmediata y urgente de sus fuentes de agua y campos de cultivo ya que toda actividad agrícola ganadera poco a poco está desapareciendo por culpa de la contaminación minera y la falta de agua.

Como parte de estas acciones el día sábado 28 de octubre, la RENAMAT con apoyo del Colectivo CASA ha realizado una emotiva y simbólica entrega de tanques de reservorio de agua para las familias de Quesu Quesuni. En este mismo acto se ha logrado el compromiso de la alcaldesa del Municipio para llevar continuamente cisternas de agua que pueda abastecer las necesidades de agua de la población.

Este pequeño aporte es parte de una llamada de atención a las autoridades para exigir a la empresa saliente Sinchi Wayra la remediación ambiental y seguir en la lucha de las mujeres que combaten la violencia medio ambiental de los proyectos extractivos en sus cuerpos y territorios.

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con este conmovedor discurso, Wálter Gutiérrez Calle, de Andapata, (una comunidad en el departamento de Oruro), quiere llamar la atención sobre los problemas que su pueblo empieza a sufrir, causados por la explotación minera de cobre. Ha sido invitado por varias instituciones, que trabajan con el tema de afectación ambiental por procesos extractivos, a un simposio¹ en Cochabamba sobre los derechos humanos, empresas transnacionales y la hegemonía china, para hablar sobre la expansión minera en América Latina.

El municipio de Choquecota, el pueblo de origen de Wálter, está ubicado en una región aislada en la parte occidental de Bolivia, cerca de la frontera chilena. Los habitantes de Choquecota son los indígenas del Suyu J’acha Carangas. Este grupo étnico se dedica a la agricultura a pequeña escala y a la cría de ganado. La cría de llamas es la mayor fuente de ingresos de las comunidades que viven en el inhóspito altiplano. Hace algunos años, el poder del capital chino ha ingresado en la región y amenaza el modo de vida tradicional. La empresa minera D-Cobre S.A. inició sus operaciones de extracción de cobre hace 5 años. Ahora quiere abrir una segunda mina en el límite entre los municipios de Turco y de Choquecota. Es una empresa boliviana, aunque el 70%² de las inversiones provienen de inversores chinos.

Operaciones mineras chinas ocultadas

La región ya está acostumbrada a la minería a pequeña escala, pero nunca ha visto la minería industrial de tales proporciones llevada a cabo por D-Cobre S.A. El primer proyecto ‘Cuprita’ abarca unas 500 hectáreas. La creación de la segunda mina añade otras 900 hectáreas cerca de la comunidad de Andapata, donde vive Wálter. Hasta hace poco, los habitantes del pueblo ni estaban al corriente de las actividades mineras de D-Cobre S.A. en su región. Muchos de ellos se han enterado por primera vez de la minería a gran escala hace tan solo seis meses. En ese momento se puso en marcha el proceso de consulta previa de la población local, como es obligatorio por ley antes de que se abra una nueva mina.

Victoria, una joven activista medioambiental originaria de esta región, explica en una entrevista el orígen de la consulta previa. La empresa minera que se introdujo en la zona en 2012 trabajaba en secreto: “Nadie lo sabía. No era información pública y nunca se ha pedido permiso». En 2014 se adoptó una nueva ley que obliga a las empresas realizar una consulta previa de la población local antes de iniciar nuevas operaciones. “Sin embargo, esta ley no se aplica a las concesiones ya otorgadas en años anteriores, las cuales ya no se pueden retirar”, añade Victoria. Ya que la región está aislada y no hay la presencia de organizaciones independientes que monitoreen el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, las empresas en Choquecota pueden proseguir sus actividades sin molestia.

La consulta previa sobre la expansión del proyecto con ‘Cuprita 2’, una segunda mina de cobre a cielo abierto, fue organizado en Andapata, la comunidad de orígen de Victoria. Ella explica que la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de las comunidades acerca de las consecuencias de la minería. “Se está presionando a la población local. Les dicen que tienen que decidir en breve si están a favor de la minería, pero la población no tiene conocimiento previo. Nunca se ha discutido el proyecto en detalle y no han sido informados sobre los efectos negativos que puede ejercer sobre su medio ambiente. Además, dicen que están haciéndoles un favor porque van a traer desarrollo a la región. De este modo intentan engañarlos a la hora de las consultas previas”.

Escasez de agua y contaminación

La minería a cielo abierto tiene un efecto negativo incontestable en el medio ambiente, ya que se crea un tajo en la superficie utilizando explosivos. Además, se hace uso de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para la extracción de cobre. Estas sustancias químicas y tóxicas sirven como imán para atraer las partículas de metal. Muchas veces no se guarda el agua residual conforme a las leyes de seguridad para ahorrar dinero. Cuando aparecen grietas en las presas, grandes concentraciones de los ácidos y los metales pesados se mezclan con el agua subterránea. Esto puede ser mortal para los humanos, los animales y el medio ambiente. Reduce la biodiversidad en la región afectada, perturba la agricultura y conlleva peligros sanitarios tremendos.³

En su discurso, Wálter también evoca el desecamiento de los recursos hídricos. A consecuencia del calentamiento global, los glaciares en los Andes se derriten rápidamente.⁴ Durante la temporada seca, los bolivianos en el altiplano dependen fuertemente del agua de deshielo de estos glaciares. A finales del año pasado, que fue el más seco en Bolivia de los últimos 25 años,⁵ miles de habitantes protestaron en La Paz contra el déficit de agua.⁶ Gran parte del agua que queda es utilizada por la industria minera. Cada día se gasta 10.000 metros cúbicos de agua en la minería. Es el doble de la cantidad de agua utilizada cada día por los habitantes de La Paz.⁷ El gran Lago Popoó ubicado al sur de Oruro, cerca de Choquecota, ya se ha secado completamente. Esto de debe parcialmente al cambio climático, pero tambien a la minería en la zona en cual se usa grandes cantidades de agua.⁸ Se habla poco en Bolivia sobre la minería como una de las causas principales del déficit de agua y no ha sido reconocido como causa de los conflictos sobre el agua por la administración boliviana, que colabora con las empresas mineras.

Luz verde a la expansión a pesar del voto en contra

Victoria y los activistas del colectivo WasiPacha⁹ han organizado un taller en Andapata con el objetivo de informar a la comunidad local sobre las consecuencias de la minería de cobre y sobre los derechos de las comunidades originarias. Tenían la esperanza que este taller reforzara el posicionamiento de los comunarios durante la consulta popular. El taller parece haber alcanzado el objetivo. Durante la última reunión de la consulta previa se rechazó el proyecto definitivamente: “Rechazamos la implementación de proyectos mineros en base a los potenciales daños ecológicos, sociales y culturales que puede causar».¹⁰

A inicios de octubre se ha revelado que, a pesar de que varias comunas han votado en contra del proyecto durante las consultas previas, la expansión de la mina de cobre está siendo aprobada por el ministerio de minería. Conforme a la ley minera de 2014, el resultado de las consultas populares obligatorias no determina la decisión final. Las consultas previas son entonces una mera formalidad que tiene que ser cumplida por las empresas para informar a los habitantes. Uno se puede preguntar sobre el sentido de una consulta previa si el resultado no es vinculante. El ministerio de minería siempre tiene el poder final y defenderá en casi todos los casos los intereses de la industria minera. El gobierno boliviano tiene fuertes vínculos con la industria extractiva, ya que el modelo de desarrollo boliviano se basa en ello.¹¹

Expansión china en América Latina

Los problemas ambientales que surgen en las comunidades J’acha Carangas a causa de la minería china y la violación de sus derechos por las empresas no son únicos. América Latina se ha convertido durante los últimos años en un destino muy importante para los inversores chinos.¹² La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria.¹³ En Perú, el 40% de los proyectos mineros son controlados por empresas chinas. En Ecuador, las empresas se dedican a la explotación de petróleo en el Amazonas. Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos. Una de las conclusiones del simposio en Cochabamba es: el gobierno boliviano facilita progresivamente la extracción de materias primas por las empresas chinas, por lo que dominan cada vez más el sector minero.

Sin embargo, en Occidente también tenemos una responsabilidad en cuanto a los abusos de la minería de cobre. El cobre es una materia relativamente barata que se usa para el transporte de electricidad en coches, redes de telecomunicación y computadores. Es el principal mineral extraído por las empresas chinas en América Latina,¹⁴ en primer lugar para la producción china de electrónica, destinados a los mercados de la UE.

Fuente:http://catapa.be/es/noticias/el-avance-silencioso-de-china-sobre-bolivia