Don Nicolás se murió del “mal de la mina”. Apenas tenía 34 años, según cuenta Ander Izagirre en su notable libro Potosí. Su padecimiento fue la silicosis, una afectación crónica provocada por partículas de sílice que atacan los alvéolos de los pulmones hasta hacer imposible la respiración.

Los que trabajan en las entrañas de los socavones, respiran durante décadas ese aire cargado de sílice, y poco a poco, sin pausa, ese polvillo microscópico avanza silenciosamente hasta que el minero fallece asfixiado. No estamos ante un evento repentino como una puñalada, sino que el arma letal es microscópica y lenta, pero igualmente fatal.

La silicosis es apenas una entre las variadas consecuencias negativas del extractivismo minero, y se suma a otros problemas también graves que se observan en otros sectores extractivos, como minería o petróleo. Ante ese tipo de situaciones me pregunto si algo similar puede ocurrir con un país. ¿Puede morirse Bolivia por un “mal de la mina”? O dicho en otros términos, ¿puede fallecer un país por lo que podríamos llamar “la enfermedad crónica de los extractivismos”?

Cuando los extractivismosmatan

Los extractivismos son posiblemente el modo más intensivo de apropiación de la Naturaleza, y como además se despliegan en grandes escalas territoriales o remueven enormes volúmenes de recursos, generan muy severos impactos tanto sobre las personas como en el ambiente.

Todos ellos son actividades locales, y por ello sus efectos negativos atacan especialmente a las comunidades locales, aunque su destino siempre es alimentar las exportaciones hacia los mercados internacionales. Adentro nos quedamos con los impactos, y hacia afuera se envían los recursos valiosos.

El dinero que deja ese vínculo con la globalización es presentado como una de las principales justificaciones de los extractivismos. Aunque hay un mérito en el argumento de la importancia económica de esos sectores, se ha llegado a extremos bajo los cuales se agita el fantasma del colapso económico o la retórica de salvar a los pobres, para justificar a nivel local todo tipo de debacle ecológica y social local, mientras a nivel nacional persisten los desarreglos financieros, comerciales y productivos que ocasionan esas actividades.

Más allá de la publicidad, muchos extractivismos gozan de subsidios y protecciones estatales. De un modo u otro todo confluye en repetir la conocida estrategia de ser meros proveedores de materias primas a otros continentes.

Esos debates se vuelven interminables y lo que hacen es precisamente ocultar las enfermedades extractivistas. Un primer problema es que los extractivismos actuales implican sucesivas amputaciones al cuerpo ecológico del país. La minería, sea formal y a gran escala, cooperativa o informal, siempre significa la remoción de enormes volúmenes de rocas y piedras para quedarse con una pequeña proporción del mineral que será exportado.

Por ejemplo, sumando los ocho primeros rubros mineros, Bolivia ha enviado al exterior más de 1,29 millones de toneladas de materia en 2016. Lideraron el cinc y plomo, pero en estos y otros tipos de minerales, se deben remover centenas a millones de toneladas de roca y piedra de las cuales sólo una fracción será exportada. Esa relación es particularmente desventajosa en el oro, ya que en muchos sitios se requiere remover una tonelada de rocas, suelos y arenas para poder separar un gramo.

Se generan así las explotaciones a cielo abierto, y basta ver una fotografía de la mina de cobre Don Mario para comprender qué significan esas amputaciones.

Lo mismo ocurre en los usos de la tierra, y de hecho los grandes empresarios rurales del oriente y el Gobierno coinciden en ampliar la superficie bajo explotación y hacerlo lo más rápido posible.

Ninguno de esos sectores “produce” recursos como minerales o hidrocarburos. Se hace una trampa con el lenguaje, ya que lo que realmente ocurre es que todo se extrae. Las pérdidas del patrimonio natural de cada año se suman a las anteriores, y de ese modo el país queda repleto de cicatrices. La estrategia que se defiende es esencialmente persistir en la misma senda, y si un mineral se agota o su precio cae, entonces se buscará otro recurso que lo suplantará.

Preguntando por los muertos

Aunque se acumulan las denuncias sobre los duros impactos de esos extractivismos, no siempre los indicadores están ordenados o son de acceso público. Volviendo al libro Potosí, Izagirre nos cuenta que uno de sus entrevistados recorría los funerales y los entierros preguntando por los muertos.

Debía hacerlo, no tenía otra opción, porque no había indicadores certeros de cuántas personas fallecían por el mal de la mina. Y no era raro que cuando se intentaba conseguir esos informes, los responsables esquivaran las respuestas.

Entonces me pregunto: ¿Quiénes recorren la Naturaleza para identificar sus muertos? ¿Dónde están los cementerios ecológicos que atestiguan ambientes o especies perdidas? Izagirre nos dice algo que todos sabemos: “los fallecimientos de mineros por accidentes o enfermedad no constan en ningún registro, ninguna estadística”. Más o menos lo mismo se repite con las enfermedades de los extractivismos.

Esa barrera se debe a que los síntomas y signos en unos casos son activamente ocultados o negados, y en otras situaciones simplemente no se los busca. La enfermedad avanza precisamente por la incapacidad del país de saberse enfermo.

Considerando los indicadores clásicos, como la calidad del agua en los ríos, no existen mediciones regulares, rigurosas e independientes, y cuando esos datos aparecen son por algún estudio académico o en reacción a algún accidente. De modo similar, las informaciones sobre cuestiones como la deforestación casi siempre llegan tarde, y hay todo tipo de discrepancias entre números oficiales y lo que se observa en algunas regiones. Todo esto hace que la condición de un país pueda agravarse hasta entrar en un “coma ecológico”, sin que suenen las alarmas a tiempo y todo esto pase desapercibido para quienes viven en las ciudades.

Paralelamente hay una mayúscula distorsión económica alrededor de los extractivismos. Mientras se minimizan las advertencias ambientales al mismo tiempo sólo se calculan los beneficios económicos. El problema es que esa contabilidad está errada ya que no se incorporan los costos económicos del daño social o ambiental, como el dinero que se pierde por la contaminación del agua, la erosión de los suelos o las enfermedades.

Tampoco reconocen adecuadamente los subsidios y beneficios que la sociedad les transfiere a esos sectores (que en Bolivia van desde las exoneraciones tributarias a las cooperativas mineras hasta las facilidades en energía o impuestos a mineras y petroleras).

Como la economía convencional, esa misma que usan nuestros gobiernos, no hace una contabilidad adecuada, se refuerza la ceguera ante los impactos sociales y ambientales, cancelando la capacidad para reconocer y sopesar todos los síntomas de la enfermedad extractivista.

Estas dificultades se repiten en todos los distintos tipos de Gobierno, sean conservadores o progresistas, y un recorrido por los países vecinos deja eso en claro. En Perú, el Gobierno admitió el pasado julio que se han acumulado más de 8.000 sitios mineros abandonados, con todo tipo de problemas de contaminación, y unos 3.500 de sitios donde antes se extraían hidrocarburos.

Mientras que en Ecuador, la explotación petrolera en la Amazonia por parte de Texaco dejó centenas de pozos y unas 1.000 fosas con todo tipo de contaminantes, y se derramaron al menos 71 millones de litros de residuos que cubrieron unos dos millones de hectáreas en la selva.

La frontera de los derechos

Más allá de los indicadores que se usan y los que se podrían usar, de los que se aceptan y los que se rechazan, de algún modo las circunstancias ante los extractivismos remiten a cuestiones más profundas que pueden ser entendidas como enfrentamientos contra los derechos, sean de las personas como de la Naturaleza.

En efecto, los extractivismos contemporáneos siguen avanzando porque no se cumplen las salvaguardas de los derechos, desde aquellos que exigen información y consulta ciudadana a los que aseguran la integridad de los ecosistemas. La postura convencional es que la violación de derechos son accidentes ocasionales y puntuales en los emprendimientos extractivos, como puede ser un técnico que permitió un derrame contaminante o unos policías desobedientes que reprimieron a comunarios.

En cambio, un examen más atento de la situación muestra que la dinámica es en realidad inversa: una y otra vez se erosionan y debilitan los marcos de derechos humanos y ambientales, ya que eso es necesario para poder implantar los extractivismos actuales. Estos son de tal intensidad y tienen efectos tan graves, que si las salvaguardas de derechos se aplicaran realmente, la mayor parte de los emprendimientos no podrían ser aprobados. El debilitamiento de los derechos pasa a ser una condición necesaria para seguir adelante con los extractivismos.

Para dejar esto en evidencia es que se acuñó el término “extrahecciones”, que se deriva del latín extrahere y que significa arrancar con violencia. Las extrahecciones son esos extractivismos violentos, sea por las disputas entre grupos locales como por los que originan empresas o gobiernos, y que discurren en ese incumplimiento de los derechos. Posiblemente esto sea uno de los factores determinantes en la muerte de un país por los extractivismos. O para decirlo de otro modo, ¿está vivo un país que no puede asegurar los derechos a sus ciudadanos y su madre tierra?

Justamente para abordar esta problemática es que se ha lanzado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza. Su foco está en las violaciones de ese tipo de derechos, y con ello espera servir como un antídoto temprano frente a los males de los extractivismos. Este observatorio es una iniciativa que parte del sur, y que se apoya en esta primera etapa en organizaciones y personalidades latinoamericanas.

Luchar por la vida

¿Puede un país morirse del mal de los extractivismos? Posiblemente sí. No es que el país desaparezca como entidad política de la noche a la mañana o que estará al pie de una lápida en los camposantos de la historia. Pero sí es posible que se sumen viudas y viudos para llorar la pérdida de paisajes, de comunidades, de una ecología y modos de ser que se pierden irreversiblemente de forma callada y silenciosa, y que, como los mineros de los socavones, dejan a sus huérfanos. Desaparece una Bolivia, con todos lo bueno y malo que tenía, con sus contradicciones y su geografía, para dar paso a otra, muy distinta, con más objetos de consumo pero menos Naturaleza.

Se podrá retrucar que todo esto es una exageración, ya que un país es resistente a los extractivismos. Sin embargo, ese optimismo no tiene en cuenta que ya sabemos que se pierde año a año un enorme volumen de recursos naturales, hay selvas y nevados que se han ido para siempre, río y lagos que agonizan, y amputaciones que se acumulan en distintos rincones del país.

Nada de esto es nuevo, ya que los ciclos de alzas y caídas en las exportaciones de recursos naturales persisten desde tiempos coloniales. Cada uno de ellos sumó un nuevo tajo en el altiplano, un bosque perdido en el oriente. Y la enfermedad ahora está en plena eclosión, contagiándose entre grupos que pelean y tirotean unos contra otros por acceder a una veta mineral o una hectárea de cocal.

Si los países realmente mueren por el mal de los extractivismos, sospecho que lo hacen de uno de los modos más penosos. Es que ese drama resulta de la incapacidad para pelear por la vida, y no ocurre abruptamente, sino que es la consecuencia inevitable de esas mezclas entre la desidia para actuar frente a los impactos, la petulancia que sirve para aferrarse a viejas recetas del desarrollo y el renunciar a salvaguardar los derechos. La cura está en luchar por la vida.

*Artículo basado en la conferencia del autor en la presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la UMSA, en La Paz, en una mesa redonda donde también disertaron Carmen Capriles, Cecilia Requena, Toribia Lero y Waldo Albarracín, con la moderación de Óscar Campanini de CEDIB.

Fuente:https://www.paginasiete.bo/ideas/2018/9/2/puede-un-pais-morirse-de-extractivismo-192332.html

Este lunes autoridades municipales y originarias del municipio de Choquecota, protestaron enérgicamente por la presencia de una empresa china que explota cobre en este municipio y que la misma no paga ni regalías y extrae minerales sin control alguno, dañando el medio ambiente.

Las autoridades originarias y organizaciones sociales de Choquecota, hoy plantearon a la Secretaria de Mineria, buscar una solución al pago de regalías conforme establece las Leyes.

Gran parte del territorio donde se explota cobre cuprita, esta ubicado en el municipio de Choquecota aproximadamente 70 por ciento y otro porcentaje del 30 por ciento en el municipio de Turco.

Choquecota no recibe un solo centavo por las regalías mineras, hecho que provoca un descontento en la explotación de minerales. Piden que se cumpla los compromisos anteriores, caso contrario no permitirán la ejecución de la segunda fase del proyecto minero.

«Estamos amenazados a sobrevivir, porque una empresa China está desarrollando explotación de cobre a cielo abierto. Eso daña nuestras aguas, pastizales y nuestro ganado, denunció un representante originario de Choquecota, provincia Jach’a Carangas del departamento de Oruro.

En el cerro denominado «Lllallagua Kollo»  está la mina Cuprita I y ahora con la empresa China Yan Fan S.A, bajo el denominativo de D’Cobre se desarrolla Cuprita II, bajo la modalidad de cielo abierto, donde se entiende que hacen desaparecer un cerro para hacer otro, pero con grandes impactos ambientales.

“La explotación que están haciendo los chinos es en la Cuprita I y ahora en la Cuprita II quieren extenderse al menos a 30 hectáreas, para ello han planificado afectar 26 cuadrículas. Ese es un grave daño ambiental para nuestras comunidades campesina ganaderas de llamas y alpacas», señaló.

Las ocho comunidades del Ayllu Sullcamiri se opusieron a dicha explotación y presencia de la empresa china. «Ahora, los habitantes del campo temen que les espera la criminalización de dicha postura de los campesinos al negar dicha actividad», señaló.

Tanto Choquecota y Turco comparten territorio en la mina,  una zona inminentemente ganadera,  que en buenas épocas de lluvia, incluso hay actividad agrícola, ahora solo criamos llamas y alpacas. «No nos queda otra que denunciar en distintos eventos nuestra triste realidad, afirman los originarios.

Fuente:http://boliviaprensa.com/index.php/noticias-bpa/item/7241-choquecota-protesta-contra-una-empresa-china-que-explota-cobre-y-piden-regal%C3%ADas-mineras

Los días sábado 14 y domingo 15 de julio desde tempranas horas de la mañana, comunarios de Tolapampa iniciaron con el cavado manual de una zanja y con la construcción de barreras de contención como una medida de emergencia para evitar que las aguas contaminadas del río Huanuni sigan ingresando a sus terrenos, y demandando a las autoridades la urgente atención y apoyo para frenar la contaminación minera que está afectando y poniendo en riesgo a la comunidad.

La comunidad de Tolapampa pertenece a la provincia Poopó del departamento de Oruro, señalan que desde la construcción de defensivos en el sector de Machacamarca, se ha provocado que las aguas contaminadas que bajan de la empresa minera Huanuni, Santa Fe y Morococala transportadas por el rio Huanuni, lleguen hacia la comunidad de Tolapampa junto con botellas pett y metales pesados.

“Toda esta pampa era pastizal, había chiji, kauchiservía para el pastoreo de nuestros animales ahora está todo contaminado nuestros animalitos con que se van a alimentar, está salinizado y como se puede ver (en las fotografías), el suelo es rojizo por los metales pesados, los ganados cuando toman esta agua se enferman y se mueren. Cerca de los arenales realizamos la siembra de productos agrícolas por eso es que estamos haciendo esta zanja y estamos colocando costales con tierra a manera de barreras de contención, para que el agua contaminada no siga avanzando ya falta poco para que llegue al pueblo y no queremos que se sigan vulnerando nuestros derechos” señalo Vicenta Calizaya, comunaria de Tolapampa y es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

“El año pasado nos ha visitado autoridades y también los de la empresa minera Huanuni, nos han dicho que van trabajar por el sector, nos han dicho que van a hacer el dique de colas pero hasta ahora no entregan siguen postergando y las autoridades no han hecho nada. Cada año la contaminación sigue avanzando y eso nos preocupa porque nuestros terrenos ya no sirven. Exigimos a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que se preocupen por nosotros, que nos den soluciones a los problemas de contaminación y como medida de emergencia que nos apoyen con maquinaria y con la construcción de estas barreras para que ya no entre la contaminación a la comunidad” manifestó la señora Marianela Quispe.
El pedido urgente de las y los comunarios, es la atención de las autoridades del municipio de Poopó y de la gobernación de Oruro para que puedan apoyar en estas medidas de emergencia con maquinaria y con el cumplimiento de las leyes ambientales de esta manera frenar la contaminación que está invadiendo a la comunidad.

Fuente:http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=216:trabajos-de-emergencia-en-tolapampa-para-frenar-la-contaminacion-minera-demandan-urgente-atenci%C3%B3n-de-las-autoridades.

En 2014, la Comibol aprobó una resolución para prohibir la extracción de oro en la comunidad de Arcopongo. Sin embargo, se hace caso omiso de esa disposición.

E junio de 2014, el Gobierno inmovilizó al menos 1.041 cuadrículas (26.000 hectáreas) de la comunidad Arcopongo, en La Paz, con el objetivo de parar la explotación ilegal de oro. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple tal disposición, donde nuevamente comunarios y cooperativas se disputan áreas de trabajo.

En el lugar, el miércoles en la tarde pobladores del municipio de Inquisivi y mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Comibol, se enfrentaron presuntamente con otro grupo de cooperativistas avasalladores.

Tras el hecho se reportó a cuatro heridos que fueron trasladados a la clínica Santa Bárbara, en la ciudad de La Paz. También se presume la muerte del comunario José Acho Beltrán, según el representante de la Provincia Inquisivi, Francisco Eugenio, hecho que no se confirmó.

“El río Chaqueti está inmovilizado pero no han respetado, ahí el que falló fue el Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Hemos remitido las denuncias a varias instancias, pero han pasado años y nadie hace nada, parece que la AJAM se parcializó con los explotadores ilegales”, denunció Eugenio.

Incluso denunció que al menos cinco cooperativas Palma Flor; Villa Santiago, Chaqueti La Plaza; Chaqueti La Plaza B y Elena Pampa, se dedican a la explotación ilegal de oro desde hace cuatro años y extraen al menos 40 kilos por día del metal dorado, por los que no cancelan ni regalías.

Sin embargo el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Simón Condori, dijo que las cooperativas que operan en el lugar tienen permisos y apuntó a Eugenio por liderar un grupo para evitar que se ingrese a la zona y adueñarse del lugar.

Ante el hecho, Condori apuntó al Ministerio de Minería y a su brazo operador, la AJAM, por descuidarse de la zona.

“En Arcopongo, los cooperativistas han estado mendigando desde 2013 y 2014 para obtener un contrato de arrendamiento, pero no hubo respuestas de parte de ellos hasta la fecha”, cuestionó el dirigente.

La AJAM, mediante un comunicado, confirmó que en el sector Arcopongo se tienen muchas solicitudes de contrato y que los mismos están siendo procesados en cumplimiento de la Ley 535.

Además, enfatiza que la AJAM continuará con las acciones de verificación de actividades ilegales e intervenciones que correspondan, como establece la norma.

En mayo de 2014, la Comibol aprobó una resolución administrativa que inmoviliza de forma temporal las operaciones mineras en el río Chaquety, que comprende desde el inicio de la provincia Inquisivi, en La Paz, hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas, luego de los hechos de violencia registrados por la explotación de oro.

Además, en ese entonces la estatal también decidió rechazar todas las solicitudes para operar en el área, zona rica en oro, donde al menos 28 cooperativas mineras hicieron su pedido, 13 empresas privadas y tres unipersonales.

La disposición se dio luego de que en la comunidad de Arcopongo se confirmó la muerte de tres personas durante el enfrentamiento entre mineros de Ullakaya Condorini y comunarios del lugar.

Los  permisos

• Descargo En un comunicado de prensa, la AJAM  afirmó ayer  que el enfrentamiento  Arcopongo fue cometido  entre personas que no tienen ningún derecho para realizar actividad minera. Es el caso de Francisco Eugenio Aduviri, que se dirigió al sector 9 de la zona minera, donde no tuvo ni tiene ningún derecho Minero sobre las 50 cuadrículas mineras ubicadas en el Río Chaquety.
• Intervención Por lo expuesto, la AJAM afirma que corresponde a la Policía Boliviana realizar las investigaciones pertinentes y procesar los hechos delictivos evidenciados el miércoles pasado en inmediaciones del río Chaquety.

 Comibol no debe permitir  ingreso

El expresidente de la Comibol, Héctor Córdova, afirmó que las áreas de la estatal  deberían ser “sagradas” y no permitirse el ingreso a ellas sin tener un  previo acuerdo.

“Pero, se evidencia el  avasallamiento en las zonas, que luego son consolidadas en favor de las cooperativas y en contra de los intereses del Estado”, observó.

Citó el caso de la mina Himalaya, área de la Comibol que era operada por una empresa privada, y tras un conflicto fue transferida a cooperativistas que invadieron el lugar.

Sobre  el caso de la explotación ilegal  en Arcopongo, si bien la AJAM es la   encargada de ver el tema, el conflicto  es complejo, debido a que la incertidumbre y la ambición provocan reacciones como los enfrentamientos suscitados.

Para Córdova, estos actos son cometidos por la limitación nacional para generar nuevos empleos, la diferencia de ingresos entre un empleo formal y la explotación de oro y la venta ilegal de minerales.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/economia/2018/7/13/en-anos-explotacion-ilegal-de-oro-no-cesa-en-area-inmovilizada-187009.html

Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.

Muchos estaban furiosos porque no asistieron los viceministros de Minería y de Medio Ambiente, Gobernador potosino y los asambleístas de la región, por lo que amenazaron con movilizarse si no son atendidos en su pedido.

Los productores exigen la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas, cuyo costo sería de 9 millones de bolivianos, aunque un técnico del Ministerio de Medio Ambiente intentó explicar un proyecto alternativo “sostenible”.

Estaban presentes también autoridades de los municipios de Pocoata y Colquechaca. Asimismo dirigentes de las cooperativas mineras de esta región. La diputada Rosa Álvarez y dos a asambleístas departamentales.

El proyecto de tratamiento de aguas ácidas señala que esas aguas salen del socavón que está más abajo del yacimiento donde operan quienes explotan mineral en Colquechaca, cuyo caudal es de más de 6 litros por segundo.

Precisan  que esas aguas salen desde el interior de la bocamina San Bartolomé, “parte de los fluidos contaminantes van a las  aguas del rio rosario y a toda la cuenca Macha-Pocoata”.

La agricultura en el lugar incluye papa, trigo, cebada y haba, aunque sería mínima y de bajo rendimiento por esto se quiere concluir el proyecto.

Las aguas de buena calidad que salen de los topes gavia 1 y gavia 2 tienen un caudal de 5 litros por segundo y una acidez de 6. En cambio las aguas más ácidas tienen un caudal de 11 litros por segundo y una acidez de 2.63%, es decir, no aptas ni para el consumo humano ni para el riego.

Unas 160 personas entre comunarios, pobladores de Macha, Pocoata indicaron que no están contra la explotación minera,  pero quieren una minería responsable. Los representantes de la cooperativa minera de Colquechaca respondieron que deben ser las autoridades las que responsan a la contaminación.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/25062018/agricultores_molestos_por_los_danos_rios_macha_y_pocoata

El pasado 15 de junio, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno, adelantaron la absolución a los cinco acusados del caso “aymarazo II” en Desaguadero.

Fueron absueltos José Aurelio Cupi Claros, Javier Pari Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa, Walter Aduviri Calisaya y Rufino Machaca Quinto, a quienes se les acusaba como coautores mediatos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en la protesta de mayo de 2011 en el distrito de Desaguadero. En este caso, también se levantó el orden de captura que regía en contra de Walter Aduviri Calisaya.

Recordar que la fiscalía de Desaguadero solicitaba 7 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva para cada uno de los acusados y 2 millones de soles por reparación civil a favor del Estado.

La lectura completa del fallo a favor de los acusados será el próximo 22 de junio a las diez de la mañana en la sede del Poder Judicial de Puno.

Fuente:http://idecaperu.org/absuelven-acusados-del-caso-aymarazo-desaguadero/

Autoridades de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Oruro, la Defensoría del Pueblo y Asambleístas Departamentales, en reunión convocada por el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), se comprometieron a realizar un trabajo coordinado para frenar la violencia medioambiental contra las mujeres y sus comunidades, a garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales, agilizar la entrega del dique de colas de la empresa minera Huanuni, promover la remediación ambiental y posibilitar el dialogo para garantizar el Derecho Humano al Agua.

Oruro, junio del 2018.

Fuente:http://www.colectivocasa.org.bo/index.php?option=com_k2&view=item&id=215:autoridades-departamentales-se-comprometen-a-trabajar-de-forma-conjunta-por-los-derechos-de-las-mujeres-y-el-medio-ambiente&Itemid=110