Tras la reclusión en el penal de Yanamayo del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya por el caso “aymarazo”, gran número de pobladores aimaras y quechuas vienen pernoctando en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno y movilizándose por las principales arterias de la ciudad Lacustre en rechazo a la sentencia en su contra.

El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, Edgar Chura manifestó que a esta medida de lucha se han sumado diversas provincias de Puno como: Yunguyo, San Antonio de Putina, Melgar, Azángaro, El Collao, además de los cafetaleros de Carabaya y Sandia quienes están turnándose para realizar las vigilias permanentes.

Según el dirigente se les debe una indemnización de los 42 días de lucha del año 2011 contra el gobierno Peruano, asimismo pidió el cierre del Congreso y una nueva Constitución para que la tierra comunal “sea invendible, intransferible e inconcesionable”.

Por su parte el coordinador de la Asociación Pueblos Originarios Puno, Jorge Calizaya Anco, informó que se tiene que defender el agua, la tierra y el aire, que son las principales fuentes de vida para la supervivencia del ser humano, que están siendo contaminadas con la explotación de minerales. “Nosotros vivimos de un 80% de la agricultura y ganadería”, afirmó.

Cabe indicar que el 5 y 6 de septiembre se tiene previsto un paro regional, y en caso de no tener respuesta continuarán con la medida de lucha, e incluso advirtieron que podría darse un nuevo “aymarazo” y “quechuazo”.

Calizaya señaló que los habitantes aimaras tienen planeado migrar al hermano país Bolivia, si es que no se da un pronunciamiento que permita a Walter Aduviri recuperar su libertad.

Pese a las bajas temperaturas de las noches, a no estar bien alimentados, los manifestantes reiteraron que no desistirán de su lucha pese a ser conscientes de los riegos que pueden sufrir en su salud.

“Basta ya de criminalizar la lucha de los pueblos indígenas, originarios y campesinos por sus derechos, territorios y ambiente” son las frases que arengan los pobladores que respaldan a Walter Aduviri en las vigilias y movilizaciones.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/puno/en-puno-advierten-que-se-podria-realizar-un-nuevo-aymarazo-en-respaldo-walter-aduviri?fbclid=IwAR1SjH65xQdBv4vrcWYuavkHjygbDQdFQw2mVhR4fV5Ce-H5zXsiCK3WfpI

A pedido de emergencia de nuestras hermanas de la comunidad Rancho Grande en el municipio de El Choro – Oruro, las mujeres de la RENAMAT, El Colectivo CASA y con el acompañamiento de voluntarios de SETEM y Araguato, nos dirigimos a la comunidad con una cisterna de agua.

En la reunión junto a la comunidad se pudo evidenciar y denunciar la situación de despojo de agua que viven mujeres, niños y la comunidad en general. Sin acceso al agua o utilizando agua contaminada se sufren enfermedades, y quienes más perciben son las mujeres que se encargan de la alimentación, la salud y los cuidados.

Las mujeres conocemos la importancia del agua para nuestras actividades diarias, para nuestra vida y en Rancho Grande el acceso al agua es limitado, los pozos tienen agua salada, agría no apta para consumo, ellas identifican esto desde el año 2000 cuando se produjo el derrame de crudo de petróleo de trans redes en el rio Desaguadero, aguas que llegan hasta la comunidad y por otro lado, llegan las aguas con desechos mineros a través del río.

La comunidad se da modos para conseguir algo de agua, en épocas de lluvia realizan la cosecha de agua, esto les sirve a lo mucho para consumir durante 2 o 3 meses. Pero entonces ¿que pasa en la época seca? ¿qué hacen el resto del año? ¿Cuanta atención se brinda para el cumplimiento del derecho humano al agua?

Esta necesidad hace que las comunidades tengan que adaptarse a poder conseguir el líquido elemento con la construcción de vigiñas (recipientes de agua para los animales), el llevar agua de las ciudades hasta las comunidades como si de contrabando se tratara… si de contrabando, porque los choferes no quieren llevar en sus buses el agua por el peso extra que implica y es que no hay otra forma, el municipio lleva agua en cisterna para el colegio y la posta medica pero no para la población en general. La comunidad en reiteradas oportunidades ha reclamado a las autoridades, la cantidad otorgada no es suficiente para vivir para mantener las condiciones de vida y esta es la realidad que se quiere cambiar.

Desde la RENAMAT se ha estado visibilizando esta problemática y no es la primera vez que junto a la comunidad e instituciones como el Colectivo CASA llevamos una cisterna de agua a Rancho Grande, agua que si bien no va a solucionar el problema pero que significa una llamada de atención a las autoridades y al Estado, que son quienes tienen el rol de garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua.

Fuente:http://oiedc.blogspot.com/2019/09/las-mujeres-exigimos-el-cumplimiento.html

* Este análisis comparativo abarca a los partidos políticos que tiene una intención de voto superiores al 5%: Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Bolivia dijo No.

La minería, conjuntamente con los hidrocarburos y litio, es el rubro económico más desarrollado en los programas de gobierno de los principales partidos políticos, sin embargo lo que dicen sobre que hacer frente a los graves impactos ambientales de la minería es poco o nada. Ninguno hace referencia a los graves impactos de la explotación aurífera en Bolivia y la amazonia en particular. El centro de sus propuestas son principalmente elaborar una estrategia nacional sobre minería, incrementar las inversiones y la producción, fomentar actividades de exploración y explotación de nuevas reservas, incrementar las exportaciones, industrialización y valor agregado, políticas de incentivos para empresas y alianzas estratégicas con el sector privado. En resumidas cuentas: inversión-explotación-producción-exportación.

¿Qué propuestas se deberían considerar sobre la minería?

Eliminar el Artículo 220 de la Ley N° 535 y otras normas que habilitan realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales.

Prohibición de actividades auríferas en la amazonía y actividades mineras que contaminen aguas superficiles y subterraneas.

Cumplimiento del convenio de Minamata sobre el Mercurio del 10 de octubre del 2013, el cual, entre otras cosas, estipula una regulación para la reducción y eliminación del uso del mercurio en la extracción y tratamiento de oro artesanales y de pequeña escala.

Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental integrales realizados por entidades independientes y de libre acceso a la población.

Cumplimiento del convenio 169 de la OIT sobre la consulta para el consentimiento previo, libre, informado y de buena fe a las comunidades indígenas.

Cumplimiento de la prohibición de actividades mineras que no cuenten con licencia ambiental, y mayor regulación y control en el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos mineros (pequeños, medianos y de gran escala).

Eliminación del contrabando de insumos tóxicos utilizados en la actividad minera (mercurio, cianuro de sodio, ácido clorhídrico, azufre, etc.).

Actualización, precisión y transparencia de datos oficiales sobre actividades mineras en Bolivia: ubicación, situación legal, volúmenes de producción, cumplimiento de la normativa ambiental y laboral.

Fuente:https://latinvestment.org/2019/08/09/mineria-que-haran-con-sus-impactos-ambientales/?fbclid=IwAR2pLIlMj36SEaIBaOAfygHAHLJKRrfbAv_teWMrgKCK1Io50OWbozZexZ4

Así se sienten las autoridades originarias del pueblo de Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta que fue avasallado por la minera “Belén de Victoria de San Luis I” que intenta ingresar a su territorio, sin respetar el derecho de Consulta, Libre Previa e Informada, establecido en el Art. 30 CPE.

El 2017 este pueblo fue avasallado por la minera “Belén de Victoria de San Luis I”, con un contrato minero de 9 cuadrículas (225 hectáreas). Ellos habían iniciado la explotación de plata, plomo, zinc y estaño, sin contar con el consentimiento de las comunidades de la zona. La población desconocía todo el proceso de adjudicación a la empresa, con una movilización y denuncia de parte de las autoridades originarias sobre irregularidades, la empresa paralizó sus actividades.

En abril de 2018 las organizaciones realizaron un cabildo para rechazar esta actividad conminando a la empresa a que se retire definitivamente presentando resoluciones ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta instancia estatal respondió indicando que el derecho minero es un derecho preconstituido, porque el título de la TCO fue entregado al pueblo en el año 2010 y la concesión minera se habría otorgado el año 2008. Posteriormente acudieron ante el Gobernador del Departamento de Oruro,  Sr. Víctor Hugo Vásquez, conminando a las autoridades originarias para que “permitan trabajar a la empresa minera, aduciendo que esta actividad genera regalías para la construcción de obras y financiar proyectos  y que la TCO no aportaba nada al Estado”.

Jach´a Marka Tapacarí Cóndor en Resistencia

El 9 de julio de 2019 el pueblo Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta es nuevamente avasallado por la minera para insistir en la explotación de minerales existentes en el territorio. Al día siguiente, el pueblo se reunió en un cabildo, cuya resolución fue exigir que la minera se vaya del lugar.  Alertados por la existencia de maquinaria pesada, ahora todos están en vigilia para que no se permita el atropello de la minera  hacia esta TCO.

“Nosotros queríamos sacar  todos los datos de la concesiones mineras, de cuántas existen en territorio Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, porque es nuestro territorio”

En fecha 11 de julio en cabildo extraordinario, con la participación de toda la población de este ayllu, nuevamente deciden hacer frente a la minera e indican que defenderán su territorio hasta las últimas consecuencias.

Alcalde Comunal: “Nuestra inquietud, deseo, era sacar datos de cuántas concesiones mineras existen, cuántas estarían en la antigua y nueva ley, saber si esto está dentro de la concesión o no está, pero aquí nunca ha habido ni siquiera un hueco. Eso queríamos saber para meter acciones legales, AJAM es parte del gobierno, toda la vida va a querer que se trabaje, hemos ido a la Dirección de Medio Ambiente, nos han cerrado las puertas”

“Nos querían hacer pisar el palito”

Autoridad Originaria: “Fuimos a la Policía de Poopó, y nos dijeron que no pueden detener, sólo  pueden verificar y levantar un informe, porque no es su jurisdicción. Nosotros pertenecemos a Antequera, pero hemos llamado y no contestan. La empresa ha llegado a la oficina de las autoridades originarias, nos han visitado, han venido llanamente, han querido convencer, charlar, ellos querían que se los firmemos, se los sellemos un documento, con pretextos, pero nosotros como Consejo siempre leemos antes de firmar, ahí había una palabra consulta, nos querían hacer pisar el palito”

“Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, nuestros nietos”

Autoridad Originaria (Mujer): “Ellos nos han querido convencer, porque dice el ingeniero que es del lugar, quería convencernos a nosotros, pero nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, nuestros nietos y nos hemos defendido. Era un papel de consulta previa lo que nos dieron para firmar, muy prepotentes nos han dicho ‘nosotros pagamos al Estado, acaso no voy a pagar en vano, nuestro hermano Presidente me va a apoyar’.

“Están buscando artimañas, están queriendo confundirnos a nosotros”

Tata: “La empresa está empleando la estrategia de  ser un comunario más de aquí, apellido Villarroel ¿existe acá? Yo he nacido y vivido aquí no conozco ese apellido, es Ariel Villarroel, están haciendo pasar como un nieto de aquí, están buscando artimañas, están queriendo confundirnos a nosotros, por eso he dicho que sabe todos los movimientos de las autoridades originarias. Ahora nos dicen que nosotros habíamos autorizado, ¡jamás vamos a autorizar!

“No puedo traicionar a todo mi pueblo que realmente vive del agro”

Alcalde de Antequera: “Cuantas veces hayan venido al municipio de Antequera, pidiendo la autorización, pidiendo los requisitos que necesitan, sin embargo, el que les habla hermanos, no ha dado autorización para nada, ni un sello, no puedo traicionar a todo mi pueblo que realmente vive del agro, han hecho una resolución correspondiente, tal vez han habido algunos percances en no hacer llegar a la AJAM y otras autoridades, pero eso no es para discrepar, es motivo, momento de unificarnos, planificar, muchos tenemos experiencia en varios aspectos y muchos somos mineros, debemos unificarnos para dar los pasos correspondientes”

Redacción: P.G.N.

Fuente : https://cenda.org/secciones/tierra-territorio-y-derechos-colectivos/item/638-la-empresa-minera-querian-hacernos-pisar-el-palito?fbclid=IwAR18c6YNYVbrlg9lek_ZrkyK1xdPuYmx1xxQQPVX41Qy2dfVuBKvdPqWYp4

Para responder a esta pregunta el gobierno y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) deben hacer públicos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) de la extracción de salmueras, las piscinas de evaporación y las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio.

Actualmente las plantas industriales de Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio del salar de Uyuni cuentan con Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, sus EEIAs no son de acceso al público y las universidades. No sabemos que comprenden estos EEIAs, cómo se realizaron ni cuales fueron los escenarios que consideraron.

No es posible equiparar automáticamente los impactos ambientales del salar de Atacama u otro lago de sal, al salar de Uyuni. Cada uno de estos salares es un ecosistema singular, con características singulares como niveles de precipitación fluvial, relación magnesio/litio[1], tasa de evaporación de la salmuera y otros (Tabla I). No podemos afirmar que las problemáticas ambientales y sociales en los salares chilenos y argentinos se reproducirán de manera automática en el salar de Uyuni, sin embargo, son un punto de referencia muy importante a tomar en cuenta.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente contrae un impacto socio-ambiental. En términos generales, la extracción de litio sobre los lagos salados andinos – como ser el salar de Uyuni, salar de Atacama, salar del Hombre Muerto, entre otros – se traduce en el uso de químicos tóxicos, en la salinización del suelo y del agua, en la contaminación del aire, en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región[2].

Las experiencias de Chile y Argentina

El método convencional de extracción de litio sobre los lagos salados es por evaporación solar. La salmuera (agua salada) que se encuentra por debajo de la capa salina es bombeada a piscinas de evaporación donde, por la radicación solar, es evaporada en distintos pasos hasta concentrar el litio. Como se trata de salmuera, se argumenta que es agua no apta para consumo humano y por tanto no representa una amenaza al suministro de agua dulce. Sin embargo, lo que no se dice es que el consumo de agua dulce es significativo en el proceso de extracción y el procesamiento para obtener carbonato de litio, así como para el mantenimiento de los campamentos mineros, entre otras actividades mineras. Asimismo, este consumo de agua se realiza en una región caracterizada por un ecosistema árido (puna xerofítica), que posee precipitaciones que oscilan entre unos 50mm/año de lluvia en el salar de Atacama (Chile), 166mm/año en el salar de Uyuni (Bolivia)[3] y unos 300 mm/año en el salar del Hombre Muerto[4].

La extracción de salmuera repercute, en diferente medida, y dependiendo de las características de cada salar, en el balance del sistema hidrológico de estos ecosistemas. Puesto que el consumo de agua por la actividad minera del litio está, por lo general, por encima de la capacidad de recarga de la capa freática (agua subterránea)[5]. En el caso chileno, por ejemplo, a SQM y Albemarle se les permite extraer del salar de Atacama hasta 1.700 y 442 litros por segundo (l/s) de salmuera y hasta 240 y 24 l/s de agua dulce respectivamente. Volúmenes de consumo mucho mayores a los de precipitación mencionado en el párrafo anterior. Este mismo patrón se observa en otros salares de la región. En Argentina, en los salares de Olaroz-Cauchari, la sociedad entre la LithiumAmericas, SQM y JEMS planea extraer 360 l/s de salmuera y 80 l/s de agua dulce, y OROCOBRE plantea extraer 240 l/s de salmuera y 20 l/s de agua dulce. En tanto que para el proyecto en el salar de Uyuni algunos estudios estiman que se requerirá unos 168 l/s de salmuera y 42 l/s de agua dulce[6].

Estos volúmenes de consumo agua se deben principalmente al método de extracción de litio por vía de la evaporación solar. Mediante este método, y dependiendo de la concentración de litio en la salmuera que varía de salar a salar (Tabla I), se requiere evaporar ingentes cantidades de agua. En el caso del salar de Atacama se estima que se necesita evaporar alrededor de 2 millones de litros de agua para obtener una tonelada de litio. Por cual, sin duda se puede afirmar que “la minería del litio en salares es una minería del agua.”[7]

Igualmente, la extracción de salmuera incide sobre los niveles de agua dulce subterránea en estas cuencas. En general, un salar es una cuenca donde quedo almacenada agua debajo de la capa salina y que está siendo alimentada por corrientes de agua subterránea. Estas corrientes generan entre la salmuera y la superficie capas de agua dulce que se retienen a los márgenes del salar. De modo que, el agua dulce, al ser más liviana que la salmuera, es descargada hacia la superficie mediante manantiales, vertientes y bofedales. Entonces, al extraer la salmuera para obtener litio no sólo se reduce los niveles de agua salobre, sino también los niveles de agua dulce subterráneas de la cuenca. Repercutiendo en última instancia en la disponibilidad de agua dulce en vertientes, manantiales y bofedales fuera de los bordes del salar, esenciales para la subsistencia de la fauna y flora local[8].

Otro elemento fundamental a señalar es que mucha del agua subterránea extraída se constituye de aguas fósiles; es decir, aguas milenarias que se captaron y almacenaron en condiciones climatológicas mucho más húmedas a las presentes y las cuales no lograrán ser recargadas con el nivel de precipitación actual[9]. Por tanto, una vez extraídas estas aguas fósiles dejaran de existir, alterando el balance de todo el sistema hidrológico de una manera aún no enteramente comprendido.

Impactos sociales en los países vecinos

Este escenario repercute directamente en el acceso del agua de las poblaciones locales – la mayoría de distintas etnias y naciones indígena – que viven alrededor de estos lagos salados. Al reducirse el volumen de agua en las vertientes naturales, se pone en riesgo el acceso al agua para el consumo humano, como también el acceso al agua para el ganado y para el sistema agrícola local. Lo que repercute tanto en la seguridad alimentaria y en el sustento económico local, como en la capacidad de estas comunidades de reproducir sus medios de vida. A esto hay que añadir el hecho de que muchas de estas actividades mineras fueron adjudicadas sin una consulta previa a las comunidades locales – de acuerdo a la norma 169 de la OIT que fue suscrito tanto por Argentina, Bolivia y Chile – o se llevaron a cabo de forma poco transparente. Situación que derivó en varios conflictos sociales entre comunidades y empresas mineras.

En el salar de Atacama en Chile, por ejemplo, existe una tensa y ambivalente relación entre las empresas mineras (SQM y Albemarle) y las comunidades. Relación que se procura salvaguardar mediante el discurso de “responsabilidad social empresarial” y la firma de convenios para otorgar mínimas regalías – 3% en el caso de Albemarle con el Concejo Pueblos Atacameños que aglutina 18 comunidades – a cambio de la extracción de sus recursos y deterioro ambiental de sus territorios. No obstante, estos convenios no están exentos de controversias y denuncias, llegando incluso a escalar en importantes tensiones y enfrentamientos, como es el caso de SQM con la comunidad de Tocanao[10].

De la misma manera, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Argentina, desde que la empresa australiana OROCOBRE y la francesa Bolloré comenzaron a realizar actividades de exploración sin previo consentimiento de los pobladores locales, existen tensas relaciones entre las empresas y las comunidades. Lo que derivó en la conformación de la “Mesa de las 33 Comunidades de la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna Guayatayoc”, colectivo conformada de manera mancomunal para asumir la defensa de la cuenca, de su territorio y de su derecho a consulta previa[11]. Recientemente estas comunidades lograron frenar y expulsar a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited que pretendía iniciar nuevamente actividades de exploración minera en esta cuenca.[12]

Por otro lado, si bien en los salares de Olaroz-Cauchari no hubo tanto conflictos como en Salinas Grandes, existen una ambigua relación entre la empresa Sales de Jujuy[13]con las comunidades agro-pastoriles que habitan alrededor de ese salar. Si bien muchos líderes comunales apoyan y colaboran con la actividad minera, recientemente se conformó el colectivo “La Apacheta de Susques” que rechaza el asentamiento de empresas mineras en su territorio. Este colectivo manifiesta que la actividad minera del litio afecta directamente su actividad agropastoril debido al secamiento de los humedales, bofedales y ojos de agua del cual depende su ganado. Existen igualmente denuncia sobre procesos fraudulentos de consulta previa en estas comunidades, realizándose a puerta cerrada y con miembros de la comunidad afines al gobierno y a la empresa minera, para lograr  “consentimientos aparentes.”[14]

Falta de transparencia en el caso de Bolivia

El caso boliviano es sin duda particular en todo el “triángulo del litio” sudamericano, ya que se trata de un proyecto estatal con miras no sólo a la explotación, sino también a industrializar el recurso. No obstante, es importante resaltar una vez más que toda actividad minera de litio sobre los salares andinos, indiferentemente de que sea un proyecto estatal o del sector privado, posee un impacto socio-ambiental importante.

Uno esperaría que por el hecho de ser un proyecto fundamentalmente estatal hubiera mucha más transparencia que en otros casos donde sólo prima el lucro privado, sin embargo, la situación no es tal. Muchas interrogantes no han sido esclarecidas: ¿Cuál será el grado de contaminación de los residuos mineros derivado de las piscinas de evaporación por medio de la línea de los sulfatos? ¿Cómo será afectada la cuenca del Río Grande, el único afluente del salar, y las aguas subterráneas – la misma que ya son explotadas por la Mina San Cristóbal[15]? ¿Cuál será la proporción de aguas fósiles que se usará para todo el proyecto? y ¿Cuál será el impacto de la reducción de la capa freática y el acceso al agua en los manantiales y bofedales sobre la fauna y flora especifica que habita alrededor del salar de Uyuni?

Y tampoco existe transparencia en relación a los impactos sociales: ¿existió una consulta previa, libre e informada a todas las comunidades que serán directa e indirectamente afectados por este proyecto minero de litio? ¿cuál será el impacto en la actividad económica local de estas comunidades, por ejemplo, en la producción de quinua, en la ganadería y el turismo, una vez que se comience a bombear en grandes cantidades la salmuera y afectar la capa freática y el suministro de agua?

[1] La relación magnesio/litio se refiere a la “calidad de la salmuera”, ya que el magnesio se considera como una impureza en el proceso de obtención del litio. Así, mientras más concentración de magnesio en relación a cada parte de litio más impuro se considera la salmuera, y por lo mismo encarece la recuperación del litio.

[2] https://www.wired.co.uk/article/lithium-batteries-environment-impact

[3] Anlauf, A. 2015. ¿Secar la tierra para sacar litio? Conflictos socio-ambientales en la minería del litio. En: ABC del litio Sudamericano. Soberanía, ambiente, tecnología e industria. Nacif, F. y Lacabana, M. (coord.), Universidad Nacional de Quilmes, 1ª ed., Buenos Aires, p. 172.

[4] https://www.mets2018.eu/files/4315/2465/8926/Day2_W2_03_Daniel_
Ricardo_Blasco_presentation.pdf

[5] En términos generales, se estima que debajo de 100mm/año de precipitación es insuficiente para recargar los acuíferos y generar escurrimiento superficial; mientras que con precipitaciones entre 100 y 200 mm/año la recarga de acuíferos subterráneos y el escurrimiento superficial es débil y ocasional. Véase: Molina, J. (2007). Agua y recursos hídricos en el sudoeste de Potosí. FOMADE/CGIAB, La Paz, p. 23.

[6] Anlauf, A. 2015. Ob. Cit. p. 176-178.

[7] Gallardo, S. 2011. Extracción de litio en el norte argentino. La fiebre comienza. En: Exacta Mente. No 48. Pp. 26-29. Disponible en: http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm48/exm48litio.pdf

[8] Gallardo, S. 2011. Extracción de litio en el norte argentino. La fiebre comienza. En: Exacta Mente. No 48. Pp. 26-29. Disponible en: http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm48/exm48litio.pdf

[9] Anlauf, A. 2015. Ob. cit. p. 174.

[10] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. 2018. Impacto socioambientales de la extracción de litio en las cuencas de los salares alto andinos del Cono Sur. Santiago de Chile. pp. 26–28. Disponible en: https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2018/08/Impacto-Sociambiental-Litio.pdf

[11] OCMAL. Ob. cit. p 37-41.

[12] https://estadodealerta.com.ar/comunidades-kollas-expulsaron-a-mineras-de-litio-de-las-salinas-grandes-jujenas/

[13] Empresa conformada por la australiana OROCOBRE (72.68%), la japonesa Toyota Tsucho (27.32%) y la minera estatal-provincial de Jujuy la JEMSE (8.5%) Véase: https://salesdejujuy.com/about-us/

[14] OCMAL. Ob. cit. pp. 34-35.

[15] Empresa minera que se dedica a extraer zinc, plomo y plata y que por sí sola consume 39.000m3/día de agua. Véase: https://de.slideshare.net/Oxigenobolivia1/informe-agua-nittetsu-s-umitomo-corporation

Fuente:https://latinvestment.org/2019/07/02/cuales-seran-los-impactos-socio-ambientales-de-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-uyuni/?fbclid=IwAR0Nd6K9Z0IqVcvK2tKFjrQsOi2Mb6kU406KWW_3nOe8nxOnjZ2eC7C-tWY