Romain FONSEGRIVES
23/05/2024
El ambientalista Patrick Donnelly observa detenidamente un puñado de capullos rosados. No se trata de una flor cualquiera sino de una especie única en su tipo que se abre finalmente en un color amarillo cremoso y crece solo en este rincón del oeste de Estados Unidos.

La rara «Eriogonum tiehmii», descubierta en 1983 por el botánico Arnold Tiehm y conocida como «trigo sarraceno de Tiehm», está bajo amenaza de extinción.

Tuvo el infortunio de dominar un valle desértico en Nevada en cuyo subsuelo abunda el litio, un metal crucial para fabricar las baterías de los autos eléctricos.

El hallazgo de las reservas de esta materia prima, codiciada en la transición al uso de energías limpias y a la electromovilidad, atrajo el interés de la empresa australiana de minería Ioneer.

«Afirman, no sé cómo, que no perjudicarán la flor. Pero ¿te imaginas como sería si alguien construyese una mina a cielo abierto a 200 pies (61 metros) de tu casa? ¿Eso no afectaría tu vida profundamente?», dijo Donnelly, de la oenegé Centro para la Biodiversidad, a AFP.

«Esta mina causará su extinción», afirma.

La flor de tallos altos fue clasificada en peligro de extinción en 2022 por las autoridades estadounidenses, que determinaron que su principal amenaza es la minería.

Se estima que hay apenas unos 20.000 ejemplares diseminados en una superficie equivalente a poco más de cinco canchas de fútbol.

En Rhyolite Ridge, una cuenca lacustre seca y rodeada de formaciones volcánicas a unos 370 kilómetros al noroeste de Las Vegas, Ioneer quiere instalar una mina para extraer «22.000 toneladas de carbonato de litio al año» que será refinado en las instalaciones, explicó a AFP Bernard Rowe, director general de la firma australiana.

Este volumen permitiría la producción de baterías para unos 370.000 vehículos eléctricos anualmente durante 26 años.

En Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden fijó ambiciosas metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el proyecto de Ioneer debería potenciar la producción estadounidense de litio, hasta ahora bastante escasa a pesar de sus enormes reservas.

«Entonces es importante desarrollar una cadena de suministro nacional para esta transición energética, y Rhyolite Ridge será una parte integral de esto», dijo Bernard Rowe.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda mundial de litio se multiplicará entre cinco y siete veces de aquí a 2030. En la actualidad, Australia, Chile y China dominan la producción.

Para Ionner, el afán por diversificar el origen de la oferta del litio no implica un sacrificio ambiental.

«Estamos seguros de que la mina y la planta de Tiehm pueden coexistir», aseguró Rowe.

El plan de Ioneer contempla la destrucción gradual de 22% del ya reducido hábitat de la planta, pero promete adoptar medidas para proteger el resto de los ejemplares.

La empresa australiana afirma que ha invertido 2,5 millones de dólares en realizar investigaciones sobre la planta nativa, que cultiva en invernaderos con el objetivo de replantarla en el terreno.

Pero los ambientalistas son escépticos.

«Es básicamente una ecoimpostura de la extinción», dijo Donnelly. «Dicen que van a salvar la planta, cuando en realidad la van a destruir».

El activista sostiene que la construcción de la cantera y el polvo generado por el ir y venir de los camiones debe limitar el proceso de fotosíntesis, así como impactar a los insectos que polinizan las flores, lo que reducirá su población.

Ante la inminencia del proyecto, el Centro para la Biodiversidad propone que la mina sea construida a por lo menos 1,6 kilómetros de las flores, pero preferiría que se cancelase por completo. Hay otros yacimientos en Nevada que podrían ser explotados, argumentan.

«No es tan simple como decir: avanza y cava en otro lugar», replicó Rowe.

La empresa espera comenzar la producción a finales de 2027, pero su permiso de explotación dependerá de la evaluación de impacto ambiental.

El Centro para la Biodiversidad acudirá a los tribunales.

Donnelly sostiene que una transición limpia pierde su objetivo si el precio a pagar es la biodiversidad del planeta.

«Si resolvemos la crisis climática, pero extinguimos todo en el proceso, igual vamos a perder nuestro mundo», aseveró.
https://www.barrons.com/articles/rara-flor-unica-en-su-tipo-esta-amenazada-de-extincion-por-la-fiebre-del-litio-en-eeuu-cb77584c

22/04/2024
En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) llamó a reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y alertó que existen nueve “zonas de sacrificio ambiental” en Bolivia, que fueron identificadas en el Estado Socioambiental 2023, elaborado por Marco Octavio Ribera.Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causaEfectos de la contaminación minera en el río Pilcomayo. Foto: La Nube

“Las Zonas de Sacrificio Ambiental (ZSA) son un signo de los siglos 20 y 21 y comienzan a aparecer en diversas regiones del planeta como resultado del crecimiento industrial, el extractivismo minero o la intensificación del uso del suelo. En Bolivia se identifican al momento nueve zonas de sacrificio ambiental, algunas con una data secular de contaminación acumulada y una extraordinaria carga de contaminación minera acumulada”, señala el documento del Estado Socioambiental 2023.

El informe explica que “las zonas de sacrificio ambiental se caracterizan por la devastación a gran escala de ecosistemas y biodiversidad con daños ecológicos irreversibles; pérdida total de funciones y servicios ecosistémicos, y de medios de vida de poblaciones locales, lo cual implica perdida de seguridad alimentaria”.

Las áreas consideradas de sacrificio ambiental son:

1) La cuenca del río Pilcomayo, por efecto de la minería

2) Cuenca del lago Poopó, por acción de la minería

3) Las bahías de Cohana y el lago Menor (lago Titicaca), por los residuos urbanos

4) La cuenca de los ríos Mapiri y Kaka, por la explotación de oro

5) Cuenca Laguna Suches y Área de Manejo Integrado de Apolobamba, por la extracción del oro

6) Cuenca de Lata del río Tuichi y Virgen del Rosario, por explotación de oro

7) Sector sudoeste del TIPNIS, en el polígono 7, por las plantaciones de coca

8) Megaminería San Cristóbal, por el método open pit (a tajo abierto)

9) Región agroindustrial Noreste y Norte de Santa Cruz

Llamado a la reflexión

Mediante una nota de prensa, LIDEMA “llama a reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos socioambientales y la destrucción y contaminación de los ecosistemas”. En ese marco urge “a construir una nueva visión de país, que asuma la imperiosa necesidad de valorar, rescatar y conservar el patrimonio natural y cultural nacional”.

El año 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia impulsó el cambio del Día Mundial del Medio Ambiente, por el Día Internacional de la Madre Tierra. Desde entonces, cada 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran este día que busca promover un enfoque holístico con la naturaleza y superar la persistente visión antropocéntrica que la especie humana tiene ante todo lo que la rodea.

Sin embargo, este avance conceptual, repetidamente planteado en las políticas y planes de desarrollo nacional, “ha sucumbido ante una visión de crecimiento de corto plazo, poniendo en un riesgo cada vez mayor las posibilidades de adoptar un modo de producción armónico con la Madre Tierra”, indica LIDEMA.

De acuerdo a la presidenta de esa entidad, Magdalena Medrano, “la destrucción de los ecosistemas y la vulneración de los derechos socioambientales de quienes defienden la Naturaleza, pero también de todas las personas que habitamos Bolivia, tienden a empeorar aceleradamente, debido, principalmente a las actividades extractivistas (soya, ganadería, minería, hidrocarburos y otras), pero también por la omisión o aquiescencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como por la indiferencia de la mayor parte de la población boliviana.”

Medrano agrega que en 2023, a través de 582 casos registrados por el Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia, se han identificado 7.070 vulneraciones a los 5 derechos que se hace seguimiento: Derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, el derecho de las presentes y futuras generaciones a gozar de un ambiente sano y el derecho de un entorno propicio para quienes defienden el ambiente.

En ese marco, llama a los órganos del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la urgencia de construir una nueva visión de país, que considere el largo plazo, los límites biofísicos de la Naturaleza y a las sociedades como parte de ella.

Identifican nueve zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, la minería es la principal causa

Autoridades de Challapata y regantes /LA PATRIA

El Comité Interinstitucional de Defensa del Medio Ambiente entregó la Ley Municipal 403/2024 a la AJAM que declara a Challapata libre de actividad y contaminación minera.

El Comité Interinstitucional de Defensa del Medio Ambiente de Challapata ha entregado a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la Ley Municipal 403/2024, que declara al distrito de Challapata como una zona libre de actividad y contaminación minera.

En conmemoración del 63 aniversario de la Represa de Tacagua en Challapata, el Comité Interinstitucional, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego N°2 Tacagua y las autoridades locales del municipio entregaron la normativa a la AJAM para poner fin a la autorización de actividades mineras en la zona.

Protegiendo el agua y la producción agropecuaria
La Ley Municipal 403 tiene como objetivo principal proteger el agua y la producción agropecuaria y lechera del distrito de Challapata, declarándolo una zona libre de actividad y contaminación minera. Challapata es reconocida como la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del occidente boliviano, y cuenta con la segunda represa más grande de Bolivia, la Represa Tacagua, que impulsa el desarrollo productivo de la región.

La ley municipal establece 500 puntos georeferenciados alrededor del territorio de Challapata, que serán registrados por la AJAM para evitar la actividad minera en la zona. Además, existen leyes municipales y nacionales que respaldan la vocación productiva de Challapata y su resistencia de 30 años a la minería en defensa de las fuentes de agua.

Apoyo al desarrollo sostenible de Challapata
La concejal de Challapata, Karla López, mencionó que esta ley es el resultado del trabajo interinstitucional y beneficiará al municipio al garantizar la producción agroganadera y lechera del distrito. El Comité Interinstitucional en Defensa del Medio Ambiente está compuesto por diversas entidades locales y grupos defensores del medioambiente en Challapata.

Esta iniciativa también respalda la vocación productiva histórica de Challapata, reconocida por leyes nacionales, departamentales y municipales. Se busca promover el desarrollo sostenible del distrito y preservar su entorno natural y recursos hídricos.

Challapata se declara zona libre de actividad y contaminación minera

24/04/2024

Los 19 contratos benefician a los cooperativistas mineros de La Paz.
¿Qué dicen los 19 contratos mineros que están a punto de ser aprobados en la Cámara de Senadores? ¿A quién benefician? ¿Dónde son las concesiones por 30 años? ¿Qué minerales extraerán? ¿Qué técnicas utilizarán? ¿Cumplieron con los requisitos legales? Esas y otras preguntas serán respondidas a continuación en base a declaraciones de la senadora ambientalista Cecilia Requena y a información lograda por Sumando Voces en las comisiones que trataron este tema.

1. ¿Por cuántos años serán las concesiones mineras?
Por 30 años.
2. ¿Dónde se ubican las concesiones mineras?
Todas están ubicadas en el departamento de La Paz: 13 en la provincia Inquisivi, cuatro en Larecaja, una en la provincia Loayza y una en la provincia Murillo. En cuanto a municipios, 11 están en Inquisivi, dos en Teoponte, una en Sorata, una en Quime, una en Guanay, una en Cajuata, una en Malla y una el municipio de La Paz.

3. ¿A quién benefician los 19 contratos mineros?
Los 19 contratos benefician a los cooperativistas mineros de La Paz, concretamente a los auríferos. Las cooperativas que recibirán los contratos son Malla (1), Unión Machaca (1), Sol del Valle (1), Chaquety La Plaza (3), Narcis Punta (1), Palma Flor Chaquety (2), Japo (1), Pacha (1), Asunción (1), Elena Pampa Río Chaketey (1), Pioneros de Mayaya (1), Wiñay Wara (1), Pauchenta (1), Villa Santiago Crestón (2), Panqara de Meguillas (1).

4. ¿Qué minerales explotarán?
17 contratos son para explotar oro, uno para extraer oro y cuarzo y uno para zinc, plomo y plata.

5. ¿Qué métodos utilizarán para la explotación?
Según sus planes de trabajo, al menos cinco utilizarán mercurio, al menos seis harán uso de explosivos y muchos planes no especifican el método que utilizarán.
La senadora Cecilia Requena dice que los planes “hablan de explosiones, de uso de mercurio, de retortas, que es otra forma de reciclar el mercurio; hablan de procesos complejos de cianuración, que bien hechos podrían ser una respuesta, y mal hecho serían letales; explosiones que podrían cambiar cursos de agua si no se hacen bien, pueden generar deslizamientos”. En su criterio, esto demuestra que se practicará “una minería brutal sin los debidos controles”.

6. ¿Las cooperativas presentaron algún estudio ambiental?
Ninguna de las cooperativas presentó ningún estudio ambiental, pese a que la Ley Minera, en su artículo 93, inciso C, indica que deben presentar un estudio ambiental con enfoque multisectorial. La norma, textualmente dice: “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial”.
Tal es así que, en los contratos, en la cláusula décima séptima, los mismos cooperativistas reconocen que deben presentar ese estudio ante la AJAM. Justamente, por la ausencia de este requisito, los contratos, el año pasado, fueron rechazados en el Senado, pero luego volvieron, aunque ya no los 23 que estaban en carpeta, sino solo 19.
Según la senadora Requena, la AJAM asegura que los contratos son legales y que no tienen ninguna observación porque el citado artículo no está reglamento y por tanto no se aplicaría. Sin embargo, la ley fue aprobada hace 10 años, por lo que, sostiene la Senadora, hubo tiempo de sobra para la reglamentación.
Pese a las observaciones, los contratos fueron remitidos nuevamente por la AJAM sin ese requisito, incumpliendo la Ley Minera que obliga al Ejecutivo a hacer los ajustes solicitados por la Asamblea, explica Requena.
“No puede ser porque la AJAM no haga una reglamentación, ellos mismos nos vuelven a enviar los contratos sin modificación”, indica Requena.
La legisladora dice que cuando preguntó por el estudio, un dirigente minero, y no así las autoridades de Minería, replicaron que no corresponde la presentación del estudio porque no está reglamentado y con esa respuesta, la Comisión de Economía Plural procedió a aprobar los contratos.
Un estudio multisectorial implica prever los posibles daños al medio ambiente, a las condiciones económicas, sociales y hasta culturales de las comunidades para prever la mitigación.

7. ¿Algún contrato involucra a áreas protegidas?
Ninguno coincide con áreas protegidas nacionales, pero según Requena, no se puede saber con precisión si afecta a áreas protegidas municipales. La legisladora reclama porque el trabajo de georreferenciación lo tiene que hacer la Asamblea puesto que Minería envía los contratos sin esa información.

8. ¿Cómo fue el proceso que siguieron los contratos en la Asamblea Legislativa?
El año pasado fueron rechazados luego de las observaciones encabezadas por Requena. Posteriormente, la ley que los aprueba en paquete fue repuesta en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada.
Este mes, el proyecto llegó a la Cámara de Senadores y de inmediato fue remitido a la Comisión para su tratamiento. La senadora Requena asegura que el plazo, impuesto por la propia ley de que estos contratos deben ser aprobados en 90 días, ya había sido vencido en Diputados, por lo que no debió ser aceptado el proyecto en Senadores.
La Cámara de Diputados envió una interpretación indicando que el plazo corre, no desde la reposición, sino desde el envío a comisiones, por lo que el presidente del Senado dio por válida la explicación y dio curso al proyecto.
La Comisión de Economía Plural aprobó los contratos en tiempo récord, incluso sin tener los documentos a la mano. Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente, de la que forma parte Requena, emitirá otro informe. Ambos documentos serán puestos a consideración del Senado probablemente este mismo miércoles, cuando está convocada la sesión.

9. ¿Cuáles son los riesgos si es que estos contratos se aprueban?
Además de los daños ambientales, la senadora Requena advierte que con estos contratos se sienta un precedente funesto y que, en adelante, los mineros querrán hacer aprobar más concesiones. De hecho, indica que, en la sesión de la Comisión de Economía Plural, uno de los dirigentes mineros le dijo que, después de estos 19 contratos, vienen otros 3.000.

10. ¿Qué normativas se vulneran con estos contratos?
La senadora Requena indica que la vulneración a la Ley Minera es grave porque implica a varios artículos de la Constitución, además de pasarse por alto otras leyes, como la de la Madre Tierra. (Brújula Digital)

Ninguno de los contratos presenta estudio ambiental