Colectivo CASA <observatorioextractivas@lists.riseup.net>
16/09/2020

El segundo lago más grande de Bolivia, declarado Humedal de Importancia Internacional junto con el lago Uru Uru, está en grave riesgo por el inicio de obras de un proyecto en Perú que desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, su principal tributario.

Durante el mes de agosto, organizaciones ambientales y comunidades afectadas por la grave degradación del lago Poopó lanzaron la campaña #LagoPoopóEsVida para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la conservación de humedales.

La conservación de los lagos Poopó y Uru Uru se encuentra en riesgo grave debido a la aprobación e inicio de obras del proyecto Vilavilani fase II en Perú, el cual consiste en el trasvase de aguas de la cuenca alta del río Mauri hacia la cuenca del Pacífico. El proyecto desviará más de 500 litros de agua por segundo del río Mauri, el tributario principal del Poopó, amenazando la estabilidad y el balance hídrico de ambos lagos.

Las obras de trasvase de aguas provocarán sin lugar a dudas un desastre ecológico permanente al reducir significativamente los caudales que alimentan la cuenca y a los humedales, provocando a su vez la disminución del espejo de agua y los consiguientes impactos negativos en las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estas fuentes de agua para su subsistencia.

En el marco de la campaña, organizaciones y comunidades exigieron al gobierno acceder a los mecanismos otorgados por la Convención Ramsar y abrir las puertas a una Misión Ramsar de Asesoramiento, la cual permitirá la visita de expertos y expertas para la elaboración de un diagnóstico sobre la salud de los lagos, deteriorada por actividades humanas, y contar con recomendaciones técnicas especializadas para la recuperación de los ecosistemas.

Las organizaciones que promovieron y participaron de la campaña son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Delegación Departamental Defensorial de Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

24/08/2020
Foto: Minera San Cristóbal
Por segunda vez, la minera San Cristóbal suspende actividades por un brote de COVID-19 en su campamento. La minera es la más grande de Bolivia y se ubica en el departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile.

“La Minera San Cristóbal determinó priorizar la vida y rediseñar el sistema de trabajo para reiniciar las operaciones en condiciones seguras sin poner en riesgo a ninguno de los más de 1.400 trabajadores, empresas contratistas y habitantes del municipio de Colcha K (en Potosi)”, señala un comunicado de la empresa de la japonesa Sumitomo.

La suspensión de actividades afecta la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y plata.

La empresa dijo que realizó 8.093 controles médicos a los trabajadores y personal de empresas contratistas, lo que permitió identificar 168 casos sospechosos, de los cuales 41 han sido confirmados. De esos 41 casos confirmados, uno terminó en fallecimiento y 27 estaban aún activos este 24 de agosto.

Bolivia exportó en 2019 minerales en bruto y refinados por un valor de casi 4.400 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad correspondió a la producción de San Cristóbal.

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

10/08/2020
Bajo la etiqueta #LagoPoopóEsVida, lanzaron una campaña para visibilizar la situación de riesgo grave del ecosistema y de los sistemas de vida que dependen de este.

Organizaciones ambientales, en apoyo a comunidades afectadas por la grave degradación del Lago Poopó, lanzaron una campaña para visibilizar la situación crítica del ecosistema y para llamar la atención de autoridades, opinión pública y comunidad internacional hacia la adopción de medidas urgentes para su recuperación.

El lago Poopó —importante fuente de agua para la biodiversidad local y para comunidades campesinas e indígenas (aymaras, quechuas y el pueblo milenario Uru Murato)— ha sido gravemente dañado por actividades mineras, desvío de ríos y por la crisis climárica al punto de que su espejo de agua se redujera a niveles alarmantes en 2015, llegando incluso a ser considerado desaparecido.

La campaña se desarrollará durante todo el mes, en conmemoración del mes de la Madre Tierra y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De ella participan la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), la Defensoría del Pueblo – Oruro, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Agua Sustentable, Wasi Pacha y Juventud Ecologista en Acción.

El Poopó es el segundo lago más grande de Bolivia y, junto con el lago Uru Uru, fue declarado Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

La campaña contempla el desarrollo de las siguientes actividades virtuales:

· 9 de agosto: Lanzamiento de la campaña a nivel nacional e internacional en redes sociales con testimonios de los daños que la contaminación y crisis hídrica del lago Poopó ha traído en comunidades indígenas y campesinas.

· 12 de agosto: Difusión del podcast que aborda la problemática.

· 17 de agosto: Difusión de infografías sobre el caso.

· 20 de agosto: Conversatorio virtual “El Lago Poopó es Vida: Estrategias para la Defensa de la Madre Tierra y la Madre Agua” (Inscripción sin costo en: https://bit.ly/LagoPoopóEsVida).

· 27 de agosto: Velada artística.

· 28 de agosto: Cierre de campaña.

Les invitamos a seguir cada una de las actividades y a unirse a la revalorización de nuestro lago y referente cultural porque el #LagoPoopóEsVida.

10 de Agosto de 2020

Los indígenas en un acto ritual frente a la minera. Foto: Radio Peñas.
06/08/2020
Fuente: Cejis
Los pobladores del territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras por parte de un operador minero, que la pasada semana movilizó maquinaria y personal en el sector, a pesar de tener conocimiento de que el territorio se declaró netamente productor agrícola y ganadero.

La decisión se asumió durante el primer cabildo virtual que celebraron este domingo 2 de agosto, las autoridades junto a los habitantes del territorio, quienes participaron y tomaron la palabra a través de la radio local que también transmitió el encuentro.

En Oruro, indígenas buscan garantizar la soberanía y seguridad alimentaria con la construcción de galpones forrajeros
Durante el cabildo, las autoridades informaron a la población que el miércoles 29 de julio recibieron la llamada de algunos comunarios de Ticaña que alertaron de la presencia de volquetas y retroexcavadoras, por lo que en la tarde el Consejo de Autoridades se movilizó hasta el lugar, donde verificaron el avance de un camino que se abría por la parte superior del cerro.

El territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta se ubica en los municipios de Pazña y Antequera, en el departamento de Oruro. Las 54 comunidades que integran la marka se dedican a la producción de leche y sus derivados como: queso, yogurt, flan y otros; a la crianza de ganado lechero, la venta de carne, cultivo de habas, papas, hortalizas, cebada y alfa alfa. Estos productos son comercializados en las ferias de Challapata, Huanuni, Bolívar, Totoral y Oruro; incluso, su producción de queso llega hasta los mercados de Potosí, Yacuiba, Villamontes y Cochabamba.

En el cabildo, las autoridades recordaron que el 2019, la marka determinó “cero minería”, razón por la cual el día que se enteraron del avasallamiento, se dirigieron al lugar donde se encontraba la minera para ejercer sus derechos como pueblo indígena, a través de un acto ritual y una ch’alla, para luego dialogar con el personal responsable de la empresa minera.
Fruto de este encuentro, las autoridades y la empresa acordaron un cuarto intermedio durante el cual la empresa iría a la oficina de las autoridades originarias a presentar los documentos que demuestren la legalidad de sus operaciones; sin embargo hasta la fecha no se hicieron presentes, según informaron las autoridades de la marka al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB) dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

El conflicto se viene arrastrando desde hace más de dos años, cuando la empresa también ingresó a la misma comunidad a realizar trabajos mineros y las y los comunarios también lo impidieron; por esta primera situación, los pobladores realizaron un cabildo donde tomaron la decisión de no permitir el trabajo de ninguna empresa minera, por la naturaleza productora de la región.

A pesar de la pandemia por el COVID-19, en Bolivia las actividades extractivas continúan amenazando a los territorios correspondientes a los pueblos indígenas, las cuales suman cada vez más impactos al medio ambiente y a la salud de la población indígena, quienes en algunos casos contrajeron el Covid-19 producto del ingreso de empresas a sus comunidades sin las medidas básicas de bioseguridad.
http://www.erbol.com.bo/gente/territorio-ind%C3%ADgena-tapacar%C3%AD-c%C3%B3ndor-apacheta-se-declara-en-emergencia-ante-intento-de

08/07//2020
Impactos del COVID-19 en mujeres que viven en contextos de extractivismo minero en Bolivia
Angela Cuenca Sempértegui – Carmen Aliaga Monrroy
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA)

Fuente: Defensora RENAMAT Uncia.2020
Los pueblos del mundo estamos actualmente viviendo una contingencia y emergencia sanitaria que ha trastocado todas las cotidianidades posibles, que está además desmontando las grandes mentiras del capital y el extractivismo patriarcal en los territorios. Ante la desigualdad socioeconómica, se desnudan los proyectos de supuesto desarrollo beneficiando sólo al enriquecimiento de los poderosos e intensificando el grado de vulneración de derechos, aterrizando sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres con mayor brutalidad.

En el caso boliviano, se registraron los primeros casos de contagios a partir del 12 de marzo, de ahí en adelante el gobierno transitorio de Jeanine Añez impuso medidas de cuarentena estricta en todo el país. Estas medidas incluyeron restricción total de movilidad y transporte, uso obligatorio de insumos de bioseguridad, medidas obligatorias de higiene y permiso para salir a abastecimiento de alimentos a una sola persona por familia en un horario determinado y con control policial que verificaba las cifras finales de las cédulas de identidad. Estas medidas tan sólo para personas mayores de 18 años y menores de 65. Los primeros dos meses de esta cuarentena total, generaron una alta vulnerabilidad en las familias de escasos recursos, a pesar de ello la población acató las medidas en el resguardo de la vida. Sin embargo, en los dos últimos meses la precariedad está afectando duramente la sobrevivencia de miles de familias, siendo que el Estado no está siendo capaz de dar una respuesta efectiva a las necesidades. Paralelamente, se han flexibilizado algunas restricciones, flexibilización que principalmente está beneficiando a la mega industria, capital privado y, por supuesto operaciones mineras que volvieron a funcionar, a pesar de los riesgos para la salud.

En los territorios afectados por la minería donde ya desde hace décadas se vienen denunciando los impactos sociales del despojo ambiental, también hemos venido denunciando los impactos diferenciados en las vidas y los cuerpos de las mujeres. Ya sean éstos, territorios donde está presente la empresa minera, territorios que se conectan con centros mineros a través de las cuencas y/o territorios en resistencia a la minería. A este daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y que a la vez pone en riesgo la vida de las mujeres, su integridad, su salud, su economía y el ejercicio pleno de sus derechos, la consideramos una forma de violencia estructural y patriarcal, a la que denominamos en alianza con la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, violencia medioambiental contra las mujeres[1].

Esta forma de violencia se ha visto exacerbada por la multiplicación de tareas en una lucha diaria de las mujeres del altiplano boliviano por conseguir agua limpia, implica la sobrecarga de trabajo en el cuidado del hogar, hay problemas en la salud física y emocional de las mujeres, afecta la economía local-comunitaria ya que no pueden producir porque la contaminación minera ha dañado los terrenos irreversiblemente. Por otra parte, se va confirmando que la población más vulnerable ante el virus, es precisamente la que vive en situaciones de contaminación ambiental grave, de por sí la minería estaba vulnerando el derecho a la salud y a la soberanía alimentaria, situación agravada por la amenaza de contagio que, en condiciones de escaso servicio de salud, expone a la población a una situación terrible y de emergencia humanitaria.

Con las condiciones sociales generadas por la pandemia del COVID-19, estos impactos se incrementan y se pone en evidencia más que nunca que la minería no es una actividad indispensable para la vida y en su lugar sí la producción de alimentos y la gestión comunitaria del agua.

1. Restricción de derechos y condiciones para las mujeres
Las comunidades afectadas por la minería y las mujeres responsables del sostenimiento de la vida, vienen sufriendo desde hace décadas, una serie de vulneración de sus derechos. La cuarentena como efecto de la pandemia ha intensificado esta vulneración en aspectos como el derecho al agua, al trabajo, la economía y a la salud.

Fuente: Colectivo CASA comunidad Rancho Grande.2019
Derecho al agua. Es la pregunta que se han estado haciendo las mujeres afectadas por la minería en Bolivia, y más aún con una cuarentena que les impide salir de sus hogares para buscar agua limpia. Hace algunos años publicamos que, en algunos casos, una operación minera empleaba en un día la cantidad de agua dulce que una comunidad en un año. Actualmente hay comunidades que no tienen acceso a agua como Totoral o que sus fuentes de agua han sido totalmente contaminadas como en El Choro. En el marco de la contingencia sanitaria, se exige que el lavado de manos y medidas de desinfección sean constantes, sin embargo, las condiciones de las regiones impactadas por la minería ni siquiera cuentan con agua para alimentación, menos para

la higiene necesaria en estos momentos. Estas preocupaciones por la salud de la familia, por la alimentación de los hijos, por el riesgo de contagio, va generando daños emocionales en las mujeres y se sigue incrementado de sobremanera en esta cuarentena. Una vez más resaltamos la importancia de pensar en el acceso al agua como condición imprescindible para la reproducción de la vida, los impactos del COVID-19 deben llamarnos a la reflexión y convocar a actores estatales para atender los casos de desastre ambiental donde se han afectado fuentes de agua dulce de forma irreversible.

Fuente: Defensora RENAMAT Challapata 2020
Derecho al trabajo campesino. La pandemia del COVID-19 se ha encargado de visibilizar las asimetrías económicas tanto en territorios urbanos como rurales, el famoso #QuedateEnCasa no aplica para las diferentes realidades de las comunidades campesinas e indígenas. Las compañeras en comunidades que tienen vocación productiva agroganadera y que han estado resistiendo a la minería, se han visto afectadas sin poder salir a vender sus productos agrícolas o teniendo que afrontar una serie de trámites burocráticos, exponiendo su salud para seguir alimentándose a las ciudades, pese a ello se proyectan incentivos para actores mineros y no en apoyos a los pequeños productores. La única forma de garantizar la soberanía alimentaria es el trabajo campesino, sin este trabajo las familias quedan en una absoluta vulnerabilidad y crisis alimentaria. Es necesario contemplar que el alimento necesario para la población tano urbana como rural, nace de estos territorios, que el trabajo en la tierra es imprescindible para afrontar la pandemia y que esta gestión de los alimentos debe ser dejada en manos comunitarias que están apostando a la solidaridad, el intercambio de productos y el cuidado mutuo.

Fuente: Defensoras RENAMAT Poopó.2020
Derecho a la economía local-comunitaria. Todas las medidas de rescate económico y apoyo para mitigar los impactos económicos de la pandemia por parte del Estado, se han volcado para beneficiar la macroeconomía y potenciar a los sectores económicos empresariales, uno de ellos es el sector minero, con el pretexto de que estas inyecciones de capital ayudarán a salir de la crisis. A principios de mayo se reactivó el permiso para que las actividades mineras vuelvan a funcionar con supuestos protocolos de bioseguridad, sin embargo, los contagios en los centros mineros se han disparado alarmantemente. Por otra parte, la economía de la vida, esta que se encarga de la alimentación, la necesaria para el cuidado de la salud y de la vida, ha quedado totalmente olvidada. Peor aún las mujeres de comunidades que no tienen producción a causa de la contaminación minera y que viven del día a día, en esta cuarentena sin ingresos económicos para comprar los alimentos, están atravesando dificultades para la alimentación diaria. No hay ninguna medida ni política estatal que esté beneficiando la economía que abastece de alimentos, las canastas no incluyen frutos, verduras o granos que provengan de la comunidad, por el contrario, están comprando alimentos procesados a los grandes empresarios, esto se comprueba con la amenaza de producir y comerciar semillas transgénicas en el país. Una vez más se demuestra que la minería despoja de trabajo a las mujeres y sus comunidades, daña la economía de la vida, llevando mayor pobreza para las familias.

Fuente: Defensora RENAMAT Realenga.2020
Derecho a la salud y la vida. Una vez reactivada la actividad minera, por considerarse una actividad prioritaria económicamente, se demuestra que es un atentado contra el derecho a la salud y la vida, ya que se pone en riesgo a toda la población, además de poner en riesgo a los trabajadores y a sus familias. Las comunidades rurales en general tienen serios problemas de acceso a servicios de salud básica, en los casos de comunidades impactadas por la minería la situación es todavía más grave, regiones declaradas como zonas de desastre ambiental como la cuenca Huanuni, no cuentan con laboratorios ni servicios de salud para enfrentar las enfermedades generadas por la contaminación minera. No existen las mínimas condiciones para enfrentar el coronavirus en las zonas rurales del país, y menos aún para enfrentar una contingencia en territorios impactados por la minería, donde los centros mineros puedan ser epicentro de contagios.

“… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el número de hospitales de tercer nivel por número de habitantes debería ser de uno por cada 75.000 habitantes. Ello implica que el país debería tener 149 hospitales de este tipo, frentes a los 79 que cuenta en estos momentos, incluyendo los privados, de la Iglesia Católica. Públicos son solo 34.”[2]
Se tiene ya casos confirmados en los trabajadores en Huanuni, al mismo tiempo por parte de la empresa minera San Cristóbal[3], las y los comunarios de la Nacion Originaria Pacajes en el departamento de Potosí, denuncian que el reinicio de actividades de la Empresa Minera Sinchi Wayra que además no socializó los debidos protocolos de seguridad, expone a la comunidad a serios riesgos de contagio[4].
La crisis sanitaria con el confinamiento establecido por los gobiernos, están finalmente recargando las tareas de los cuidados en las mujeres. No solo la atención de mantenimiento del hogar, sino un sin fin de preocupaciones por la salud y el acceso a derechos. Son las mujeres quienes sostener la vida, y pese a la cuarentena los cuidados ya sean remunerados o no remunerados se resienten e incrementan las preocupaciones. Por ello la reparación de daños ambientales no pueden ser postergados a titulo de la pandemia y es urgente que la perspectiva de género sea incluida tanto en las restricciones por la contingencia, como en los apoyos que se están dando. La salud de miles de familias está siendo recargadas en las espaldas de las mujeres que deben sostener la vida en condiciones de crisis, miedos y contaminación ambiental.
El confinamiento y las medidas restrictivas incrementan el grado de vulnerabilidad para las mujeres, las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia machista son una amenaza en esta pandemia y el estado no está respondiendo oportunamente. En muchos de casos de violencia intrafamiliar, las mujeres están presionadas a convivir con los agresores, en los casos donde las comunidades acostumbran intervenir, ahora se dificulta la posibilidad de gestionar salidas desde el sentido colectivo.
2. Militarización de los territorios y nuevos riesgos para las mujeres
Una de las medidas tomadas por el gobierno boliviano que transgrede una serie de derechos, principalmente en los territorios más vulnerables, es el control mediante la fuerza policial y militar. A título de control durante la pandemia se han sacado a los militares a las calles no sólo de las ciudades, sino de todas las comunidades rurales, con un mayor control territorial con el pretexto de hacer respetar las medidas restrictivas. Esta situación está generando violencia psicológica por medio de la imposición del miedo, ya que la amenaza son multas de dinero muy altas o hasta la cárcel, este temor está presente en la cotidianidad de las mujeres que para llevar alimento a sus familias deben sortear al control. Del mismo modo, hay un excesivo control y represión frente a la venta de sus productos agrícolas, las mujeres cuentan que deben escaparse en horas de la madrugada para cuidar los campos de cultivo y dar alimentos a sus animales, esquivando el control militar.
Las mujeres en las comunidades, defensoras de la Madre Tierra, nos recuerdan que la única forma de afrontar la pandemia ante la desatención del Estado, es a través de los cuidados colectivos, tejiendo solidaridad, demandando el respeto de los derechos, con la escucha, el dialogo, la reciprocidad y luchando contra este modelo económico que mercantiliza la vida. La fuerza policial y militar en pocos casos ha colaborado en las situaciones de crisis y necesidades, solamente llevan miedo, inseguridad y nuevos riesgos para las mujeres.

3. Covid-19 y pueblos indígenas
Desde antes de la propagación de la pandemia COVID -19, los pueblos indígenas de Bolivia venían denunciando el aislamiento, no ser tomados en cuenta, y con la propagación de la pandemia la situación ha empeorado. De acuerdo a datos recabados, hay un solo médico para más de mil familias en las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano Boliviano. Los hospitales y centros de salud no cuentan con insumos ni equipos de bioseguridad para atender los casos de salud[5].
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social[6].
Los protocolos de seguridad que ha sacado el gobierno son urbanos, en la comunidad no hay agua, los protocolos debieran ser diferenciados en las comunidades los gobiernos deben escuchar a los pueblos indígenas. En el caso del norte de La Paz, donde están ubicados Territorios Indígenas de Origen, principalmente del pueblo leco, ya se han recibido noticias de que la minería legal, como ilegal que explota oro, están cometiendo abusos y vertiendo amenazas contra indígenas en el marco de la pandemia[7], en un sector en el que además ya se denunció con anterioridad el uso indiscriminado de mercurio que está matando las fuentes de agua. En otros casos de pueblos indígenas se confirman ya casos positivos de COVID-19 entre: ayoreos, sirionó, yuquis y Yacubaba, donde ya se registran casos de contagio.
Los pueblos indígenas de Bolivia, están resintiendo con mayor intensidad la vulneración de los derechos ambientales en estos momentos de emergencia sanitaria, ya numerosos informes dan cuenta de la necesidad de atender a estas poblaciones y, por el contrario, el gobierno esta dando luz verde a la reactivación de proyectos mineros en territorios indígenas bajo pretexto de necesidad económica.

4. Reflexiones finales
Lastimosamente hasta ahora en Bolivia se supera los 40 mil casos de contagio, en los últimos días se han disparado notablemente los casos. En el centro minero Huanuni dependiente del Estado ya se habla de más de 20 mineros contagiados con COVID-19, y en la empresa transnacional minera San Cristóbal subsidiaria de la Sumitomo de Japón se registran dos trabajadores mineros contagiados. La situación se ha visto reflejada como una crisis humanitaria en el departamento de Beni, precisamente por las condiciones de servicios de salud deficientes. La ciudad de Cochabamba empieza a lamentar una serie de decesos que son cada vez más constantes. La cuarentena se ha flexibilizado en el último mes y, ahora el gobierno está considerando volver a ajustar las restricciones. Lo que nos tememos como organizaciones desde los territorios y desde las mujeres que están sosteniendo la vida en las comunidades impactadas por la minería, es que estas medidas estarán destinadas a un mayor control de la población y mayores restricciones de libertades y derechos.

La minería ya ha sido reactivada, los tramites mineros se los puede realizar vía internet con riesgo a que se impongan en los territorios sin que sepan las comunidades y la gran empresa seguirá trabajando, al parecer estas semanas de flexibilidad tan sólo se han hecho efectivas para impulsar la economía mercantilista y la depredación de los territorios con el pretexto de salida de la crisis. Las mujeres defensoras del territorio, las organizaciones indígenas y sociales, alertamos la importancia de velar por la economía verdaderamente indispensable: la producción de alimentos y el cuidado de la vida, hacemos un llamado a las autoridades exigiendo mayor atención a los sectores vulnerables, reafirmando más que nunca: mina NO, vida SÏ.

Fuente: Colectivo CASA. Defensoras RENAMAT, Challapata 2020

Julio de 2020

[1] Colectivo CASA, 2013. Minería con “M” de machismo y Madre Tierra con “M” de mujer. Percepciones femeninas sobre los impactos ambientales y los conflictos con la minería en comunidades indígenas campesinas (Sistematización de diez casos). Conexión: Fondo de Emancipación y Fundación Rosa Luxembug
[2] Notimérica, Sociedad, 2 de mayo del 2020. Obtenido de https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-coronavirus-bolivia-reanuda-actividad-minera-nuevo-protocolo-bioseguridad-20200502182835.html
[3] Radio Fides (Digital), 2 de junio del 2010. Obtenido de https://www.radiofides.com/es/2020/06/02/potosi-alcalde-de-llallagua-y-trabajadores-de-la-minera-san-cristobal-dan-positivo-a-covid-19/
[4] Chaski Clandestina, 28 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/28/nacion-originaria-pacajes-en-potosi-denuncia-atropellos-de-empresa-minera-sinchi-wayra/
[5] Mongabay y LATAM, por María Mela Molina. 15 de abril del 2020. Obtenido de https://es.mongabay.com/2020/04/bolivia-pueblos-indigenas-coronavirus-covid-19-salud/
[6] CEJIS, 9 de junio del 2020. Obtenido de http://www.cejis.org/situacion-de-los-pueblos-indigenas-de-tierras-bajas-de-bolivia-frente-al-covid-19/
[7]Chaski Clandestina, 26 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/26/pueblo-indigena-leco-en-el-norte-paceno-denuncia-avasallamiento-por-parte-de-minera-aurifera/
Publicadas por OIEDC

28/06/2020
Los índices en La Paz, Cochabamba y El Alto «triplican» los límites permitidos por la OMS.
Fuente: paginasiete.bo
El pasado lunes 23 de junio, la plataforma Bolivia Debate organizó un panel sobre Calidad ambiental y salud, que tuvo como ponentes a Freddy Koch, Ana María Romero y Carola Ortuño. Entre las conclusiones a las que llegaron se encuentra el que varias regiones presentan altos niveles de contaminación, pero que las autoridades no realizan ningún monitoreo o estudio periódico al respecto.

Los índices de contaminación del aire en La Paz, Cochabamba y El Alto triplican los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras en el campo y en la ciudad la población se expone serios niveles de contaminación fecal en aguas, así como consumo de agua con metales pesados e incluso con plaguicidas, destacaron los expertos, a través de un comunicado.

Actualmente el Estado no realiza monitoreos nacionales sobre calidad del aire ni del agua, así como de los residuos sólidos, que permitan visibilizar sus impactos en la salud pública, lamentaron, antes de señalar que solo la contaminación del aire estaría asociada a infecciones respiratorias agudas, problemas cardiovasculares e incluso desarrollo de cáncer de pulmón.

Según los datos presentados durante la charla, hasta el año 2018 el país tenía más de 1,8 millones de autos, lo que supone una cifra cuatro veces mayor a la registrada en 2003.

A su vez, el uso de transporte público difiere sustancialmente de acuerdo a la región. Mientras el 71% de los habitantes de La Paz se moviliza en transporte público, en Cochabamba el número de usuarios no supera el 50% y en Santa Cruz no pasa de 36%.

Por esta y otras razones, los ponentes resaltaron la necesidad de continuar con los Informes Nacionales de Calidad del Aire, cuya última versión data de 2017,

Llevamos tres años sin tener esta información, que es tan relevante para hacer política pública, recalcó Freddy Koch, asesor regional del programa Clima y Aire Limpio para América Latina (CALAC+).

Contaminación y residuos peligrosos

Según Ana María Romero, especialista en recursos hídricos e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), los datos que tienen sobre actividad minera en los ríos del norte de Potosí revela la presencia de elevados niveles de arsénico, cadmio, cobre, plomo, níquel, que superan los valores de la Norma Bolivia 512 para calidad de agua destinada a consumo humano. Los estudios de Romero han llegado a encontrar presencia de cadmio en la orina y la sangre de pobladores de Quila Quila, provincia Bustillo de Potosí.

Así como la minería, otra problemática son los plaguicidas que se ha encontrado en aguas y en productos agrícolas regados con esta agua, de hecho Romero advirtió sobre incrementos de nitratos en aguas subterráneas, lo que significa excesivo uso de fertilizantes o de residuos de explotaciones agroganaderas.

Fuente: paginasiete.bo

16/06/2020
El municipio de Huanuni en el departamento de Oruro es una de las regiones que registra casos positivos de covid-19, según el último reporte epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), existen 85 casos registrados en el lugar, del total de diagnósticos 24 corresponden a trabajadores mineros lo que encendió las alarmas por el riesgo de contagio entre obreros.

El director del Centro Integral en Huanuni, Dr. Javier Gosalvez, informó este martes que un total de 13 mineros son pacientes activos, tres se recuperaron posteriores a tratamiento y se lamentó el deceso de dos sujetos, uno confirmado y otro bajo sospecha de covid-19.

“Aparentemente hay una influencia muy fuerte en cuanto a estos trabajadores que pueden ser como un foco de contagio en distintas secciones de la empresa ya que este mal se torna asintomático”, concluyó.

FIDES ORURO

09/06/2020
El conflicto se generó por la difusión de una información errónea que señalaba que un minero que era trasladado en una ambulancia y falleció en el accidente de ese vehículo tenía COVID-19.

Brenda Molina
El personal de salud que se encontraba retenido en ambientes de la Caja Nacional de Salud (CNS) en el distrito minero de Kami, provincia Ayopaya, retornó a la ciudad de Cochabamba con la mediación de la Defensora del Pueblo y tras la firma de un acuerdo para la atención de un pliego petitorio.

El conflicto se generó por la difusión de una información errónea que señalaba que un minero que era trasladado en una ambulancia y falleció en el accidente de ese vehículo tenía COVID-19.

El convenio establece que la CNS implementará en el lugar brigadas móviles de salud con equipo de rayos X, así como la asistencia de especialistas en reumatología y neumología. También incluye la reposición inmediata de la ambulancia siniestrada en un accidente reciente.

Asimismo, se acordó que la CNS dote de medicamentos de primera necesidad para pacientes del distrito minero, de acuerdo a los padecimientos comunes de la zona, entre ellos silicosis, fibrosis pulmonar y reumatismo.

El pliego petitorio exige también al Servicio Departamental de Salud (SEDES) mejorar la infraestructura y el equipamiento para el hospital de segundo nivel María Auxiliadora de Kami, kits de prueba para COVID-19, reposición de cuatro ítems e incremento de profesionales médicos especialistas, entre otras demandas.

El delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, manifestó que la institución hará un seguimiento minucioso a los compromisos asumidos por las autoridades presentes, hasta que se cumplan.

«En cumplimiento a la instrucción de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se hará seguimiento inmediato para que estos compromisos se cumplan y vamos a asumir la obligación institucional para que ustedes puedan tener la satisfacción de los puntos resueltos y quede desmentido que el fallecido era diagnosticado COVID-19», dijo Cox a los pobladores.

En el diálogo participaron la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, SEDES, Administración de la CNS, representantes de FENCOMIN y de la Cooperativa Minera «El Progreso» de Kami, ente otras instituciones.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

Personal de salud retenido retorna de Kami tras la firma de acuerdo

24/05/2020

Una protesta de pueblos indígenas de norte Potosí derivó en destrozos en la ciudad. Declaró levantada la cuarentena por el COVID-19. La población urbana sintió temor y se organiza para responder.

La discusión es intensa y hay actitud de amenaza. Un video muestra a dos comunarias de ayllus enfrentando a vecinos del área urbana de Llallagua, a quienes gritan: ¡¿Cuál virus?!, no hay eso. ¿Cuál contagiados?. Todo es un invento.

Los hechos empezaron el jueves en Llallagua, una ciudad y municipio de la provincia de Rafael Bustillo del departamento de Potosí, zona minera rodeada por ayllus, campesinos e indígenas. Se enfrentan por el coronavirus, pero también por temas políticos. Los ayllus protagonizaron una marcha y protesta el jueves en la mañana. Exigían que se levante la cuarentena que se aplica en Bolivia el 26 de marzo argumentando que permanecer en sus casas les ha dejado sin alimentos. Además quieren que haya elecciones nacionales a la brevedad posible y la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez.

El corresponsal de radio Panamericana Jaime Arósqueta Guzmán contó a OPINIÓN lo sucedido.

La noche del jueves, aproximadamente a las 20:00 entraron originarios del ayllu Jucumani que pertenece al municipio de Chuquiuta, de Uncia. Llegaron desde Uncía donde hubo otra reunión. Su intención era hacer conocer sus demandas y objetivos a la población de Llallagua y además presionar a la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí que a esa hora estaba mantenían una reunión con el gobernador del departamento de Potosí, Omar Veliz.

Ingresaron gritando estribillos exigiendo que cese la cuarentena y vivaban el proceso de cambio del Movimiento Al Socialismo, MAS, partido del exgobernante Evo Morales, quien renunció y salió del país en noviembre pasado, tras el conflicto generado por las elecciones generales de octubre. “Llegaron a la plaza de armas. Hubo oradores que confirmaron el mismo pedido de la cuarentena. Indicaban que era insostenible y que no les permitía trabajar, que no hay recursos para su sobrevivencia. Prácticamente decretaron el levantamiento de la cuarentena, además pidieron la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y elecciones prontas”.

El enfrentamiento sucedió tras cuatros discursos de circunstancia y cuando se retiraban causaron actos vandálicos en la calle 9 de Abril donde destrozaron una cámara de desinfección. Incluso robaron un pequeño motor, arrastraron la cámara que es de plástico y lo mismo hicieron con otra que estaba instalada en la calle Ayacucho, calles céntricas de la ciudad.

“La gente estaba muy temerosa porque ya vivieron un trauma en un enfrentamiento con sectores campesinos en 2010 cuando incluso hubo saqueos. Hay temor principalmente en gente que vive en la parte central, la calle Linares, 9 de abril, Ayacucho, en plaza 6 de agosto y otros. Las autoridades estaban perdidas en ese instante. La policía, por su escaso número, tampoco apareció porque son menos de 30 personas que trabajan en la custodia de Llallagua”.

De acuerdo al relato de Arósqueta, el viernes ocurrieron otras protestas. Esta vez del ayllu Sicoya. “Vinieron de manera pacífica, al inicio no hubo ningún altercado hasta que en una esquina un grupo de jóvenes citadinos pretendió evitar que ingrese, hubo aparentemente un enfrentamiento porque en redes sociales se veía a una persona ensangrentada. Por suerte todo quedó ahí. El número de comunarios era grande y la gente se tuvo que escapar a la plaza 10 de Noviembre denominada también plaza de armas. Pidieron lo mismo: volver a trabajar, que se levante la cuarentena mezclado con planteamientos políticos”.

El radialista señala que frente a esa situación y debido al temor de que sucedan agresiones, los citadinos empiezan a organizarse para defenderse de los posibles ataques. “El movimiento (organización) es aún tímido, pero creo que va a ir creciendo porque desde hace mucho tiempo hay amenazas”.

COVID-19 Respecto a la cuarentena, hay preocupación porque en una semana los casos crecieron a cinco positivos y 40 sospechosos. “A un principio, la gente tomó a la ligera, pero ahora está temerosa”.

La administración del sistema de salud estuvo sacudida por la crisis. El director del Hospital Obrero fue cambiado en medio de la emergencia sanitaria. Tiene precariamente una sala de aislamiento. Se planteó que la Universidad (Nacional de Siglo XX) entregue en comodato un edificio que tiene como albergue estudiantil que no está siendo usado. “En uno o dos pisos se puede instalar, pero ya gente que vive alrededor de ese edificio se resistió por considerar que es un peligro”.

El alcalde de Llallagua, Artemio Mamani, MAS, dijo a este diario que hay temor en la gente y que teme que suceda otro enfrentamiento como el que pasó hace 12 años. La autoridad no especificó qué sucedió en 2010.

La autoridad consideró que la reacción de los indígenas responde a la necesidad porque vive del comercio y el transporte, principalmente.

CENTRO MÉDICO En Llallagua funciona un centro médico y el hospital Obrero dependiente de la Caja Nacional de Salud, CNS. El Alcalde calificó de insuficiente los centros médicos para una población tan grande. “Desde el año pasado pedimos que funcione el hospital construido en la gestión de Evo Morales, pero no recibimos respuesta”.

Señaló que actualmente cuentan con tres ambientes con ocho camas, pero Llallagua ya tiene cinco contagiados, de los que tres permanecen en salas de aislamiento y dos, en sus domicilios por ser asintomáticos.

“Necesitamos mayor cantidad de ambientes y así lo hicimos conocer al Gobierno central. Queremos habilitar en ese hospital construido por lo menos dos bloques donde hay espacio para 80 camas en cada uno”.

La Alcaldía destinó más de medio millón de bolivianos para la adquisición de equipos de bioseguridad para personal de salud, policías y otros grupos de contingencia. Otro monto similar estará destinado a equipamiento para salas con otras 30 camas.

CASO EUCALIPTOS No es la primera población que aún no cree que exista coronavirus. También el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, dijo que constató en el municipio de Eucaliptus, departamento de Oruro, que todavía varias personas no creen en la existencia de la pandemia global de coronavirus COVID-19.
«Me sorprende cómo hay gente que todavía cree que el coronavirus es una mentira, cómo hay gente que cree todavía que el coronavirus no existe», lamentó la autoridad, quien llegó a Eucaliptus para mediar el conflicto de sus pobladores en plena pandemia.
Arias dijo que hubo una escena muy dolorosa en la reunión desarrollada en ese municipio, porque apareció una mujer que testimonió su experiencia con el virus e informó que perdió a su esposo, pero pese a ello, algunas personas han continuado con su postura incrédula.
«Hubo una escena muy dolorosa de una esposa que se ha presentado diciendo «mi marido ha muerto, la enfermedad existe», pero a pesar de eso la gente no cree, duda de la palabra del Estado, duda de la palabra de las autoridades, por eso luego yo les he dicho «como ustedes son más científicos y conocen más que los médicos, entonces no necesitan aquí médicos»», relató el Ministro, en una entrevista con Bolivia TV.

Fuente: www.opinion.com.bo

Virus enfrenta a población minera y ayllus en medio de carencias en Salud en Llallagua

NoticiasporelMundo
9/5/2020
El Deber
Para la Fundación Jubileo, el nuevo ministro de Minería, Fernando Vásquez, tendrá una gestión complicada por los problemas internos y los precios internacionales de los minerales. Valoró la audacia de la autoridad al recibir este despacho estatal que no durará más de cinco meses, por la gestión transitoria de este Gobierno.

“Es un periodo muy complicado que le ha tocado al ministro Vásquez. Tenemos una situación anormal por el hecho de la caída de los precios en el mercado a escala internacional y por el tema de salud del coronavirus, pero adicionalmente, hay problemas internos serios en la minería nacional. Es un problema grande que se viene encima de nuestro nuevo ministro. Hay que ser muy audaz para aceptar ese puesto en estas condiciones”, manifestó el experto en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.

Recordó que antes del problema de la cuarentena, los cooperativistas que trabajan con el zinc, el plomo y los complejos, estaban en crisis. Esto, porque el precio del zinc había venido bajando desde el año pasado y entraron a cifras rojas.

Además, las comercializadoras habían hecho subir la maquila muy alta y ellos estaban pidiendo socorro por este punto. Adicionalmente, el conflicto con la metalúrgica Vinto, Colquiri, Huanuni y las cooperativas mineras, se arrastra por mucho tiempo por la falta de liquidez de Vinto, que no pudo cumplir con las demás empresas.

“El anterior ministro emitió la resolución 093 que nunca pudo entrar en vigencia porque va contra los principios de la Constitución. Porque el propósito de la Constitución es no exportar concentrados porque es un mal negocio para el país. Pero esa resolución estaba autorizando esa exportación. Por eso no pudo funcionar”, estimó.

Principales tareas

Para Córdova, entre las principales tareas que debería encarar la nueva autoridad, es tratar de salvar al sector cooperativo de la minería tradicional que explota y comercializa el zinc, por los precios internacionales y la pandemia.

El segundo punto es resolver el conflicto de los cooperativistas que trabajan con minas de estaño, que debería resolverse a través de un aumento de la liquidez de la empresa metalúrgica Vinto.

El tercer problema que tiene que encarar y resolver en estos días, es el tema de Huanuni. La producción ha caído fuertemente y el nuevo ingenio que ya entró en etapa de pruebas, tendría que funcionar como sea, en los próximos meses.

Luego, tiene que buscar inversiones. “Han llegados algunos intentos para temas de exploración en áreas de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia) de una empresa canadiense que había firmado un contrato y que no lo ratificaron en la Asamblea. Eso tiene que acelerarse, porque se está perjudicando una inversión interesante para el Estado. Es muy difícil conseguir empresas que se animen a invertir dinero en exploración”, manifestó.

Señaló al tema más grave y complicado, como la explotación aurífera. El año pasado, Bolivia batió récord de explotación de oro (de más de 42 t), pero según Jubileo, hay problemas en la asociación de cooperativas, con empresas, hay contrabando de oro, contaminación de mercurio y contrabando de mercurio.

“Todo esto forma un cuadro muy delicado en temas sociales, laborales y temas de soberanía del Estado que hay que enfrentar”, concluyó Héctor Córdova.