05/09/2022
El pago de la deuda externa y la relación con el FMI tienen una íntima relación con el extractivismo y la dependencia. Lejos de la idea de “no hay más alternativas”, Horacio Machado Áraoz cuestiona al Gobierno por repetir viejas fórmulas neoliberales que, a costa de territorios y ambiente para el ingreso de dólares, solo llevarán a más pobreza e injusticia social.
Fuente Agencia Tierra viva
Por Horacio Machado Aráoz
Los procesos de endeudamiento de los países dependientes han sido históricamente usados como mecanismos de profundización de tal condición, dentro del sistema mundial. Las élites y los grupos oligárquicos de esos países, han recurrido a las deudas para reforzar sus privilegios, aún a costa de los intereses generales. El caso de la fenomenal deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, vuelve a colocar esta cuestión en evidencia. El nuevo gobierno asume un país en crisis y prácticamente asfixiado por las obligaciones de pago heredadas. Cómo afrontar la crucial cuestión de la deuda y qué estrategia darse frente a la misma, es la variable central que determinará su suerte y la del país.

Frente a los análisis que sólo ven la dominación en la exacción financiera y la imposición de programas de ajuste, acá se llama la atención sobre la dimensión ecológica de la deuda, destacando la necesidad de identificar los ciclos de despojos materiales como correlativos de los financieros. En tal sentido, la propuesta esbozada por el gobierno de Alberto Fernández frente a la deuda prenuncia un nuevo capítulo de una vieja saga: pagar la deuda con más extractivismo no parece ser una respuesta ni de izquierda, ni progresista. Ir por esa senda -ya largamente transitada- no presagia nada bueno para las mayorías populares del país. En lugar de pensar en la “sustentabilidad de la deuda”, es prioritario pensar en la sustentabilidad -a secas- de la sociedad.

Foto: Subcoop
Sobre deuda y sustentabilidad

Las mutaciones del neoliberalismo en la Argentina han vuelto a colocar la deuda externa en el centro de la escena política; no sólo interna, sino incluso internacional.

Tras el boom de las commodities que insufló los tiempos de bonanza del kirchnerismo (2003-2013) así como su ulterior caída (2013-2015), el fallido experimento de Macri por liderar un gobierno de derecha con apoyo electoral desembocó en un fenomenal endeudamiento récord. Con el concurso cómplice del FMI, en cuatro años el macrismo contrajo deuda con acreedores externos por 104 mil millones de dólares (un incremento del 163 por ciento), dejando un horizonte de vencimientos de 200 mil millones de dólares para el periodo 2020-2024.

Acuciados por la combinación de inflación persistente y recesión creciente, el país halló en las urnas una (momentánea) válvula de escape. En ese marco, el triunfo de la alianza electoral integrada por las distintas vertientes del peronismo puede leerse como la canalización del hartazgo popular ante un gobierno que se caracterizó por una supina indolencia clasista y pasmosa incapacidad de gestión.

Ante el problema de la deuda, el Frente de Todos supo conformar una ecuación suficientemente ecléctica como para contener expectativas y temores contrapuestos de “los mercados” y los sectores populares. En medio de las tensiones, el planteo de “crecer para pagar” hecho por el gobierno de Alberto Fernández, emergió como una suerte de fórmula mágica, capaz de conjurar los fantasmas gemelos del default y del ajuste.

Bajo ese extraño encanto, acreedores y deudores, convergen ahora en la preocupación compartida por la “sustentabilidad” de la deuda. Pese a las enormes distancias entre “obligaciones” y “capacidad de pago”, los negociadores parten de una premisa básica, aparentemente incuestionable. Más allá de los detalles del “plan económico”, tanto el Gobierno como la oposición, el Fondo y los bonistas, saben que “crecer para pagar” significa lisa y llanamente volver a apostar a la intensificación de la matriz primario-exportadora de la economía argentina, así postulada como “única salida” posible.

El propio Alberto Fernández se ocupó de dejarlo claro y de instalarlo como pilar de su Gobierno. Ya ungido como virtual presidente electo, en su paso por San Juan, una emblemática provincia aliada al lobby de la minería transnacional, sentenció: “Mis principales aliados son los que exportan”. No se trató de una declaración al paso, sino de una definición contundente que se articula a una sólida cadena de intervenciones a favor del agronegocio, el fracking y la minería a gran escala, reafirmada con el perfil y obrar de sus ministros.

Así, más allá de alternancias electorales y polarizaciones ideológicas, en realidad, la política argentina tiene en la continuidad del extractivismo un consenso pétreo. Como señala el periodista Darío Aranda, acá no hay grietas: “Los funcionarios pasan, el extractivismo continua”. Apostar a la intensificación de las exportaciones es la fórmula alquímica que diluye todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones, la recuperación de la tasa de ganancias y/o la base de los superávits requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para “preocupaciones ecológicas”. En tiempos de emergencia, lo “lógico” -para los principales actores del sistema- es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, es aplicado ahora para referir exclusivamente a balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Acá también, derechas e izquierdas suelen hacer acto litúrgico de su credo antropocéntrico y productivista: primero está “lo social” (ya sean “los pobres” o “los mercados”) y luego, “lo ambiental” (como si la vida humana no fuera enteramente ecodependiente).

Claro que, ante lo que hubieran significado las políticas esperables de un triunfo electoral de la derecha explícita (la coalición Cambiemos), la propuesta de “crecer para pagar” aparece como obviamente preferible. No hay que ser muy perspicaces para suponer que una eventual reelección de Macri habría implicado la imposición férrea de la vieja y conocida fórmula de “ajuste + represión”, bajo la estricta sumisión del país a la política (no sólo económica) del FMI y sus mandantes. Frente a ello, el gobierno de Alberto Fernández ensaya una propuesta que, en lo económico, promete reducir la magnitud del ajuste interno, desplazando la fuente macroeconómica de recursos para afrontar los pagos desde el frente fiscal, hacia el sector externo, a través de ingresos de exportaciones y de IED (Inversión Extranjera Directa, que justamente irían a sectores primario-exportadores). En lo político, la fórmula pone en escena una gestión ‘negociada’ de la crisis, donde el ministro Martín Guzmán parece involucrar al FMI como ‘aliado’ frente al resto de los acreedores para la ineludible reestructuración de la deuda.

Descartando de plano lo que hubiera sido una vía de derecha pura y dura, cabe preguntarse: ¿Es ésta la mejor alternativa posible; la única salida realista y la más conveniente para el país? ¿Es ésta una opción que prioriza realmente los intereses de las mayorías populares, que nos inserta en una senda de menor dependencia externa y de mayor equidad y democracia interna?

A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social. La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este “crecer para pagar” no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista.

Quienes se asumen de izquierda o progresistas no deberían dejar de notar que, lejos de priorizar la salvaguarda de las mayorías populares, es una fórmula que consagra los intereses de los acreedores como finalidad y principio rector del gobierno. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Telam
Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.

Para la gran activista e intelectual socialista, el carácter imperialista de la deuda no se restringe al obvio poder de tutelaje que los acreedores adquieren y ejercen sobre la política de las economías endeudadas. Rosa Luxemburgo analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural) del capital.

En esa dinámica, las colonias proveen a los centros de acumulación lo que éstos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni de control político de las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. Este análisis está en la base de lo que David Harvey acuñara como “acumulación por despojo” y que señalara como una característica clave del “nuevo imperialismo” abierto bajo la era neoliberal.

Pese a haber sido ampliamente difundido y citado, un aspecto crucial del concepto de acumulación por despojo ha sido frecuentemente soslayado: en estos procesos, tanto o más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos de la deuda, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones, como fuente material de esos pagos. Las deudas fuerzan, en realidad, la ampliación de la frontera de mercancías, creando las condiciones de posibilidad para la explotación de nuevas fuentes de materias primas y/o de súper explotación del trabajo, extendiendo y/o intensificando el régimen de plusvalía hacia geografías antes marginales o subexplotadas.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis hace ya más de cien años, Rosa Luxemburgo usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. El caso devela la apropiación ecológica como el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria. La productividad extraordinaria del suelo pampeano, subordinado a la gran maquinaria manufacturera de la isla británica, fue así, un elemento fundamental para la ‘maduración’ del capitalismo en el centro: el pan barato que alimentó al obrero inglés a partir del suelo argentino, fue a engordar la plusvalía del empresariado manchesteriano.

En definitiva, el análisis de Rosa Luxemburgo muestra cómo la deuda no es un elemento circunstancial y aislado, sino que opera como un dispositivo integrado al mecanismo general de extracción, apropiación y transferencia de excedentes (financieros y materiales) desde las economías coloniales o subalternas hacia los (diversos) epicentros de acumulación y realización de plusvalía.

Desde la ecología política, la noción de geometabolismo -que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros- permite revelar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial.

Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos.

La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.

Así como en el Siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitió ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó -en términos geometabólicos- un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, “crecer para pagar” significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el “mercado mundial”; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el ‘desarrollo’ del fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La profundización del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del ‘endeudamiento’: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay “quita” de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país (y de la región) están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es -vale aclararlo- el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

Para decirlo de manera explícita, una posición ‘soberanista’ frente a la deuda que se concentre en ampliar los plazos y/o maximizar las ‘quitas’ de los pagos financieros, pero que sea absolutamente permisiva con las concesiones de territorios y recursos a los enclaves exportadores transnacionales, resulta, lisa y llanamente, una falacia.

Imagen aérea de la explotación de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop

Extractivismo: una cuestión política; no (sólo) ‘ambiental’

Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se ha constituido como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Los clásicos del estructuralismo y de la Teoría de la Dependencia no criticaron tales regímenes por sus consecuencias ambientales (que, salvo excepciones tardías, en general desconocieron), sino por sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y del poder.

El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”.

La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus “recursos naturales”; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del “subdesarrollo”, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte, son precisamente las cadenas que nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.
En ese escenario, hoy como ayer, “crecer para pagar” es profundizar la dependencia. Es ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.

Pagar con suelo, aire, agua… Y sangre. ¿No tenemos alternativas?

La propuesta del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda toma sus ropajes progresistas de la promesa de eludir o morigerar el “ajuste”, y condicionar los pagos al crecimiento. Para ello, se apela a procurar aumentar y diversificar las fuentes de ingresos de divisas, vía básicamente captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y aumento de exportaciones. Ambas medidas suponen, en realidad, la intensificación del extractivismo; inversiones para abrir nuevas geografías de extracción: litio, cobre, potasio, oro, plata, uranio, y una larga lista de minerales de consumo mundial masivo; hidrocarburos no convencionales; biomasa y nutrientes provenientes del agronegocio; inversiones, en fin, en las infraestructuras necesarias para hacer posible el drenaje de materia.

La experiencia histórica revisada nos muestra que, por esa vía, lejos de avanzar hacia un sendero de desarrollo autónomo, integralmente sostenible, que permita reducir progresivamente las desigualdades económicas, ecológicas y (bio)políticas, internas y externas, nos hundirán en un círculo vicioso ya conocido, donde el despojo de la energía primaria y social del presente, retroalimentará los despojos por-venir.

Dada la matriz ‘productiva’ del país -su sesgo extractivista-, está claro que la fórmula de “crecer para pagar” no significará otra cosa que la profundización estructural de la dependencia, la intensificación de los mecanismos de despojo, la concentración de la riqueza y del poder. Dicha vía nos aleja no sólo del mero crecimiento económico, sino de una sociedad ecológicamente sostenible, socialmente justa y políticamente democrática.
Tras desarticular la argumentación positiva de la propuesta, el único razonamiento que queda como justificativo de la política oficial en curso es la apelación al “realismo posibilista”: si bien no es lo mejor, ni siquiera bueno, “crecer para pagar es lo único posible”, se nos dice. Confirmando la vigencia de la razón neoliberal, el argumento de pagar a deuda con mayor explotación del suelo no tiene otro fundamento que el viejo y remanido lema thatchereano: “No hay alternativas”.

Ahora bien, ¿es realmente así? ¿Es realmente imposible pensar en una cesación unilateral de los pagos y en una auditoría exhaustiva de la deuda? ¿Qué tan justo, tan responsable y tan pernicioso para el país sería una tal alternativa? ¿Qué tan desastroso sería para el país hacer lo que hizo Ecuador en 2008? ¿Lo que amenazó con hacer Alexis Tsipras en 2015 en Grecia?

Dique de cola de Minera Alumbrera en Catamarca. Foto: Subcoop
La excepcionalidad de las condiciones bajo las que fue contraída la deuda macrista refuerza los argumentos jurídicos y políticos para el repudio de la misma. Los intereses geopolíticos que intervinieron, las irregularidades legales en las que el propio FMI incurrió al momento de otorgar un crédito -en contravención contra sus propios estatutos-, la extraordinaria fuga de divisas que alimentó esa deuda, son factores que hacen más que imperioso una rigurosa auditoría pública y social sobre la misma.

Al respecto, hay que decir, por un lado, que no se trata de “una puerta al abismo”, tal como incluso desde sectores críticos se presenta esta alternativa, en referencia a las eventuales consecuencias impredecibles y eventualmente catastróficas que significaría el repudio de la deuda. Los estudios de casos y las evidencias históricas de los procesos de renegociación de deudas espurias muestran más bien lo contrario: la catástrofe está en el horizonte de quienes siguieron la vía de la sumisión.

Por otro lado, vale recalcar -para poner las cosas en su lugar-, que no se trataría de un simple e “irresponsable” default, sino lo contrario: un proceso que busque determinar de manera transparente y democrática las responsabilidades políticas diferenciales de un proceso plagado de comportamientos irregulares y criminosos, cuyas consecuencias exceden en mucho los meros aspectos financieros. Lo ‘responsable’ no es pagar, a secas y a ciegas; sino identificar a los verdaderos causantes de este histórico desfalco y determinar fehacientemente cómo se beneficiaron del mismo. Lo verdaderamente irresponsable sería forzar a que tengan que seguir pagando quienes ni decidieron ni se beneficiaron con esa deuda.

Por encima de todo, es fundamental no perder de vista que no se trata de una cuestión financiera, sino decisivamente ecológica, vale decir, vital. Porque las implicancias de esa deuda constituyen un embargo para la vida de vastas extensiones de territorios y poblaciones que hoy se ven como “fuentes de divisas”. En un sentido no metafórico, esa deuda pende como una amenaza que se cierne sobre la vida de millones de personas, de sistemas socioambientales y de generaciones que la lógica necroeconómica del capital (y sus mandatarios) se muestra dispuesta a sacrificar para pagar.

Desde esa perspectiva, cabe preguntarse: La crisis que implicaría dejar de tener acceso a nuevas inversiones externas, la escasez relativa de divisas, eventuales represalias respecto a nuestras exportaciones, ¿significaría la crisis de esa economía dependiente, colonialmente heredada del Siglo XIX y antes? Por cierto, esa vía no es sencilla y está llena de adversidades y desafíos inmediatos; pero la crisis de esa economía representaría también la posibilidad para transitar hacia otra economía; para abrir-nos paso hacia una tan radical como necesaria transformación de la matriz productiva y socioterritorial del país; de su patrón tecnológico y político.

En este sentido, es importante advertir que la ampliación de la frontera de mercancías acontece no sólo en el plano geográfico y material, sino también en el de los imaginarios y las subjetividades. Quiero decir, en esa dinámica, a la par de la expansión de las relaciones capitalistas hacia zona geoculturales relativamente marginales, a la mercantilización de nuevos elementos y procesos naturales y sociales, a la intensificación de los ritmos y volúmenes de extracción de “recursos, tienen lugar cambios correlativos en los regímenes axiológicos y normativos; en los esquemas de percepción, de sensibilidad y de valoración social que acompañan esa re-mercantilización y las tornan socialmente “aceptables”.

Permitir el saqueo de las fuentes de vida para cumplir con obligaciones financieras espurias; sacrificar sistemas hidrológicos enteros para “poder pagar”; estar dispuestos a pagar con suelo, con biodiversidad, con los propios nutrientes y fuentes de energía que sostienen nuestros cuerpos, eso también hace parte -y parte fundamental- de la expansión de la frontera de mercancías.

En definitiva, pensar en la “sustentabilidad” de la deuda, nos sume en una lógica colonial, sacrificial: nos conmina a “pagar como sea”; a asumir como objetivo propio los intereses de los acreedores. Por el contrario, auditar la deuda; hacer que paguen quienes lucraron con ella; declarar el repudio soberano de deudas ilegítimas: eso sería realmente pensar la sustentabilidad, no ya de “la deuda”, sino del país. Más que un camino utópico, se muestra como una vía más realista que el horizonte que emerge de la fórmula “crecer para pagar”.

La evaluación de la viabilidad de las propuestas se juega, claro, no en el de las ecuaciones matemáticas y los modelos econométricos, sino en el complejo campo de las relaciones de fuerza entre los distintos actores políticos intervinientes. En ese sentido, ir por esta vía alternativa implica, requiere ineludiblemente, construir poder popular más que ‘capacidad de pago’; aliarse con las mayorías populares movilizadas, más que con el Fondo Monetario Internacional.

En términos macroeconómicos y políticos realistas, la crisis de la deuda (las probables represalias de “los mercados” en términos de escasez extrema de divisas y asfixia financiera) podría ser una gran ventana de oportunidad para afrontar una radical transformación de la matriz socioproductiva y tecnológica de nuestra economía. Para emprender un camino de transición socioecológica hacia una economía realmente más sostenible y adecuada para afrontar el crucial desafío que tenemos como especie, en los umbrales de la crisis planetaria global. En términos del sociometabolismo del país, los efectos de la crisis de la economía heredada podrían coadyuvar a transitar hacia una estructura productiva más equilibrada geográfica, demográfica y sectorialmente; avanzar hacia la desconcentración y diversificación productiva; a la integración interna de mercados y cadenas de valor, antes que a la subsunción de fragmentos geoeconómicos concentrados bajo el control oligopólico de grandes actores corporativos, internos y transnacionales.

Ese cambio transicional no sólo va en la dirección de una economía más autónoma, más productiva y sostenible, sino también en la de una sociedad más justa y democrática. Para abrirnos camino en esa dirección, es imprescindible tomar nota de que la sustentabilidad financiera no sólo no agota el campo de lo posible, sino que lo empobrece drásticamente; va a contramano de la justicia, la democracia; de la vida en sí.

Por el contrario, pensar en la sustentabilidad ecológica más que en la financiera, nos abre un horizonte para imaginar una vía de democratización material, radical de nuestra sociedad. Su requisito básico y factor de posibilidad pasa por un ciclo de movilización popular organizada dispuesta a resignificar los “recursos” como fuentes de vida; construir mayorías sociales dispuestas a reformular la ecuación política, emocional y tecnológica desde la cual concebimos y realizamos la producción social de nuestra existencia; adecuar nuestros modos de existencia a los procesos de la vida en la Madre Tierra en general; en fin, a redemocratizar/desmercantilizar la vida en y desde sus propias raíces.

*Integrante del Equipo de Ecología Política del Sur (CITCA CONICET-UNCA). Publicado originariamente en Grupo de Ecología Política del Sur.

Acuerdo con el Fondo Monetario y “crecer para pagar”: ¿Una salida progresista?

30/08/2022
A pesar de las certezas científicas sobre el agotamiento del modelo extractivista que nos lleva a la destrucción del único planeta con el que contamos, los gobiernos siguen empujándonos al abismo. Los negocios por sobre el ambiente, los dólares por sobre la naturaleza.
Fuente: El Ancasti
Por Manuel Fontenla*
Finalmente, el gobernador Raúl Jalil visitó Andalgalá. Lo hizo de manera exprés, evitando cruzarse con los vecinos de Choya reprimidos por la policía, con los asambleístas que caminan hace más de 650 sábados y sin acercarse al corte selectivo en el camino de altura a Agua Rica. Es decir, evitando todos los puntos de conflicto que mantienen a Andalgalá en un clima de hostilidad social hace meses, por no decir años.

Que Jalil se haya tomado meses para poner un pie en Andalgalá, es la más clara prueba de la falta de legitimidad social con la que cuenta la megaminería en ese departamento. En la principal provincia megaminera del país, en la que tiene más historia y más trayectoria, en la provincia que por excelencia se autodefine como “Minera”, es un síntoma inmenso el que su gobernador no puedo pisar el distrito con el mayor proyecto de explotación. Síntoma de una enfermedad que sus adictos se niegan a reconocer. Esa falta de legitimidad política y social, espera el gobierno pedírsela prestada a la Ciencia, con su propuesta de una Mesa científica.

Sin embargo, ¿qué sabemos en nuestra historia reciente de la relación entre ciencia y megaminería? ¿Hay experiencias donde la ciencia haya dirimido un conflicto social? ¿Puede un informe científico servir para lograr un consenso social?
Me gustaría señalar dos caminos para responder estas preguntas. Señalarlos en el sentido literal, a penas mostrarlos para que cada lector pueda recorrerlos, buscar la información y sacar sus propias conclusiones. Un camino local y otro, internacional.

1. Experiencias locales.

Argentina cuenta con una de las más tristes y celebres experiencias científicas en relación al modelo económico de la sojización que utiliza agrotóxicos. Me refiero a la experiencia de los Campamentos Sanitarios que realizaba la Universidad Nacional de Rosario. Para calibrar la importancia de este fenómeno, vale señalar que en 2016, el responsable académico, y coordinador de los campamentos sanitarios y director del Instituto de Salud Socioambiental, Damián Verzeñassi, fue el único argentino en brindar testimonio en el Tribunal Internacional Monsanto que se realizó en La Haya. La experiencia de los campamentos sanitarios, recabo información científica sobre los efectos perjudiciales para la salud humana y para la naturaleza del uso de agrotóxicos en Santa fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. A esa experiencia se han sumado, una cantidad inmensa (realmente inmensa) a nivel local como mundial de estudios sobre las enfermedades que produce, principalmente, el uso de glifosato y otros agrotóxicos en general. Incluso, contamos con la experiencia del famoso caso del pueblo fumigado de Ituzaingó, donde un conjunto de madres, a partir del año 2001, se movilizaron por el aumento en la cantidad de casos de cáncer infantil y en adultos, malformaciones congénitas, leucemia, abortos espontáneos, hipotiroidismo, entre otras enfermedades. Luego de 10 años de resistencia y movilización, las madres de Ituzaingó lograron llevar a juicio su caso, y en 2012, fueron condenados los responsables por “contaminación ambiental dolosa”. (1)

Ahora bien, a pesar de una abrumadora verdad científica, el gobierno argentino, sigue promoviendo, subsidiando y negociando con agrotóxicos. Más aún, argentina es uno de los países que lidera a nivel mundial su utilización por metro cuadrado. ¿de qué ha servido entonces la ciencia? ¿Qué cambios produjo toda la evidencia sobre los agrotóxicos en las políticas agropecuarias nacionales?…

El segundo caso local, nos toca más de cerca: los derrames de cianuro de la mina Veladero en San Juan. En los años 2015, 2016 y 2017, la mina tuvo varios derrames sobre la naciente del rio Jáchal, que alimenta al pueblo del mismo nombre. Como es obvio, durante todo el proceso de apertura de la mina (el mismo que ocurre hoy con MARA), la Barrick Gold y el gobierno de San Juan, negaron hasta el hartazgo cualquier posibilidad de incidente. Juraron y perjuraron que el proyecto era seguro, que no habría riesgos, que nada podía salir mal. Pues lo cierto, es que luego de que la Asamblea Jáchal, denunciara a la empresa, esta última reconoció que hubo varios derrames, uno de ellos de 15 mil litros de cianuro en la naciente del rio. A pesar de que se demostró científicamente que la presencia de metales pesados en el rio Jáchal era 28 veces superior luego del derrame, la mina siguió operando y funcionando. Como era de esperarse, la justicia inclino la balanza a favor de los empresarios poderosos y los gobernantes corruptos. Hasta el día de hoy, Veladero sigo operando como si nada hubiese pasado, y el pueblo de Jáchal, que se quedó sin su principal fuente de agua, sigue pidiendo justicia.

Ambos casos comparten un mismo aprendizaje: la ciencia no puede doblegar al poder político-empresarial (2). Es una ingenuidad inmensa, por no decir, una tomada de pelo, creer que un gobierno prominero, y una empresa accionaria de un proyecto minero, pueden elaborar un informe científico imparcial.

2) Experiencia internacional

Para una gran cantidad de científicos a nivel mundial, este párrafo que voy a escribir, es tan obvio, que debería indignarlos tener que leerlo. Pero este es justamente el problema con la ciencia, que no importa cuán obvio y claro sea su análisis, la sociedad también se guía y construye sus opiniones por un montón de otros discursos. Es decir, la ciencia, es tan solo, un discurso más entre otros, el político, el espiritual y religioso, el cotidiano, el “sentido común”, el histórico, el comercial, etc. Etc.

Pero, ¿Cuál es la obviedad que indigna a lxs científicxs? La que hace meses fue publicada y mundialmente comentada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Nuevamente, apenas se pueden señalar todas las implicancias del informe, y todas las ALARMAS, que la ciencia nos está dando sobre el cambio climático y los modelos económicos que en la actualidad impactan de manera irreversible en nuestro ambiente. La información científica, a veces es demasiado simple. Pareciera que necesitamos una compleja y elaborada respuesta, en lugar de un claro y sencillo argumento, del tipo, “esto ya no es posible”. Hoy la ciencia nos dice algo sencillo y contundente: ya no podemos explotar más la naturaleza. No podemos seguir permitiendo megaproyectos económicos, que utilizan millones de litros de agua y explotan por los aires, miles de toneladas de montañas. Simplemente, ya no son viables los proyectos que alteran drásticamente la naturaleza (proyectos como el de MARA, como todos los de litio en Fiambalá y Antofagasta)

3. La ciencia ya habló

No necesitamos la Mesa Científica de Jalil, ya existen muchas certezas científicas de que este modelo no sirve, nos empuja a un umbral invivible y destruye nuestro único mundo. Nos estamos ahogando, y ningún manotazo nos va a salvar. Es ahora de tomar decisiones políticas serias, pensando en el futuro y en la vida. Esa decisión implica decirle: No a los negocios por sobre el ambiente. NO a los dólares por sobre la naturaleza. No a la riqueza de unos pocos, por sobre la pobreza de una mayoría. No a la megamineria, sí a la vida.

[1] Para información sobre el caso y la problemática, puede consultarse: Blois, P. (2018). Ciencia, glifosato y formas de vida. Una mirada antropológica sobre el debate en torno a los agroquímicos; Svampa, M. y Viale, E. (2014). Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz Editores.

[2] Para interiorizarse en ambos casos y la relación ciencia-poder, recomendamos enfáticamente, el libro del biólogo y filósofo, Guillermo Folguera, “La ciencia sin freno: de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas” (2020).

(*) Doctor en Estudios Sociales de América Latina

Un “manotazo de ahogado”: ciencia, política y megaminería

14/08/2022
Según informa OPI Chubut, el Gobernador Mariano Arcioni compartió con su padrino Sergio Massa y con el Ministro Wado de Pedro el encuentro oficial en la provincia de Neuquén donde participaron de la Expo Oil & Gas Patagonia 2022 que se realiza en el Espacio Duam y que contó además con la visita del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.

Tras los halagos de rigor de Arcioni a su amigo Massa y el mensaje esperanzador de los anuncios que beneficiarán a nuestra provincia, según el mandatario provincial Sergio Massa dijo “Los minerales raros y algunos en particular van a ser parte de la batalla de los próximos 20 o 30 años y uno mira a la Argentina y dice: ‘Ahí están’. Tenemos la oportunidad porque nos podemos transformar en uno de los grandes jugadores a nivel global del litio”.

“Cuando uno mira al sector energético, – prosiguió el Ministro – que es la cuarta gran batalla de la economía global, uno siente que acá está parado sobre uno de los grandes pilares del desarrollo económico argentino“, siguió refiriendo Massa.

Wado De Pedro expresó que “Tenemos acá en la Patagonia el 30% del territorio y el 6% de la población. Entendimos que no hay federalismo si no hay trabajo genuino en cada uno de los rincones de la Argentina y para romper con una inercia de muchísimos años. Es el objetivo que nos pusimos desde el Ministerio y siempre doy un ejemplo; Tiene que ver con la provincia del Chubut. Es un ejemplo que me gusta mucho, y tiene ver con cómo una decisión planificada, pensada estratégicamente, puedes generar lo que la mayoría de los argentinos y las argentinas decimos que queremos y de lo que tenemos ganas, que es que Argentina tenga muchos polos productivos, que cada provincia sea una economía regional que funcione, que genere trabajo, empleo, educación”.

Todo esto no es otra cosa que preparar el terreno para forzar la explotación minera en Chubut, como lo advertimos en nuestro informe anterior; no hay mucho más para agregar. La decisión ya está tomada y de acuerdo a fuentes consultadas, en los próximos días comienza una fuerte campaña con el fin de avanzar con la estrategia minera en Chubut de una manera organizada en conjunto con las empresas mineras y petroleras.

En una nota anterior del mismo medio, Giuliano Ventura afirmaba que el gobierno de Mariano Arcioni a pedido de Alberto y Cristina han hecho lo imposible por facilitar el ingreso de las empresas mineras a la provincia, pero la oposición pública de los habitantes les ha impedido convalidar el ingreso de la megaminería a Chubut.

Sin embargo, los últimos acontecimientos en materia de política nacional, con el posicionamiento de Sergio Massa como ministro y la ubicación en el Ministerio de Energía de la funcionaria pro minera Flavia Royón, indicaría que todo se reencauzará en materia de explotación minera en Chubut, habida cuenta de la amistad que tienen el nuevo Ministro y Mariano Arcioni.

El nuevo eslabón político cuenta, además, con el respaldo y el impulso de un grupo empresario amigo del ministro, que tienen acciones en empresas mineras y especialmente están interesados en la explotación del litio, el oro y la plata.

Con este nuevo enroque político, las fuentes consultadas en la provincia, aseguran que la comunicación más aceitada de Massa con el mandatario provincial y la sintonía política que tienen ambos, confluirá para incentivar la iniciativa minera en el macizo central, donde las prospecciones han dado una excelente cantidad de material extraíble mediante la modalidad de cielo abierto, es decir megaminería, tan resistida por la población de esta provincia, los organismos ambientales, las ONGs y las Fundaciones que se oponen al desarrollo de la misma y no le otorgan la denominada “licencia social”, con el agravante de los desmanes que se han producido cuando la insistencia del gobierno contradice la voluntad de los pobladores de la región.

La expectativa en círculos políticos de la provincia, es que a partir de esta nueva realidad nacional, el gobernador Mariano Arcioni buscará reinstalar la discusión teniendo como argumento la necesidad de buscare una salida económica y financiera para el ahogo que tiene Chubut y de esa manera cortar la dependencia directa con el gobierno nacional o al menos disminuir la ayuda financiera para tapar un déficit que Chubut no puede bajar.

Sin duda se espera que desde la oficina de Massa en los próximos días se articulen medidas para generar una nueva embestida minera en Chubut. Arcioni tiene previsto un viaje a Buenos Aires para conversar con su amigo, entre otras cosas y fundamentalmente el tema de financiamiento y la posibilidad de retomar la estrategia para desarrollar la megaminería en esta provincia.

¿Nueva embestida minera en Chubut?

13/08/2022
La Municipalidad de Córdoba, luego de varios accidentes industriales e irregularidades normativas, obliga a trasladar la vieja planta de producción de dióxido de uranio de la empresa Dioxitek. El lugar elegido fue el Polo Tecnológico de la ciudad de Formosa que está ubicado a escasos 4 kilómetros de la Comunidad Toba de Nam Qom. En el año 2014, dicha Comunidad presentó un recurso de amparo para que se efectivice el derecho a la consulta previa y participación, tal como lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. El 2 de agosto próximo pasado se estableció que la decisión estará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por: Cristian Basualdo – Periodista ambiental.
Ilustración: Ana Rosa Feldman y Suárez – Diseñadora gráfica.

La Comunidad Toba de Nam Qom promovió en 2014 una acción de amparo por la instalación de una planta de producción de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek SA. La tramitación judicial demoró en determinar el fuero que debía resolver el amparo. El 2 de agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió “declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte”. En los considerandos, el máximo Tribunal advirtió “la constatación de circunstancias excepcionales de magnitud que exigen el conocimiento de la causa”.

El amparo fue presentado contra el Estado Nacional, la Provincia de Formosa y Dioxitek, a fin de que se efectivice el derecho de la Comunidad Toba de Nam Qom a la consulta y participación contemplado en los artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional; y 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Como así también, de defender, en una instancia posterior, su derecho a un ambiente sano.

La denominada Nueva Planta de Tratamiento de Uranio (NPU) se construye en los terrenos del Polo Tecnológico de la ciudad de Formosa, a unos 4 kilómetros del barrio Nam Qom, Lote 68, que desde el año 1985 se encuentra afectado al régimen de propiedad comunitaria y del cual la comunidad es titular.

Según información de Dioxitek, la NPU realizará “la purificación y conversión del concentrado de uranio, proveniente de los centros mineros fabriles de nuestro país y/o de importación y/o proveniente de reciclo a través de procesos químicos, obteniendo como producto final dióxido de uranio de pureza nuclear”. La obra civil finalizó y se está montando el equipamiento. La última información disponible en las redes sociales de la empresa está relacionada con el montaje del área de Evaporación.

El senador Luis Naidenoff (UCR), uno de los promotores del amparo en representación de la Comunidad Toba de Nam Qom, dijo que “si hay que llegar hasta la Corte y pasan ocho años, no importa el tiempo, pero hoy estamos en la Corte y va a resolver si realmente se vulneraron o no el consentimiento libre e informado y si la instalación fue de prepo es decir si es válida o no”, en declaraciones a Radio Parque.

Dioxitek opera una vieja planta en la ciudad de Córdoba con un frondoso prontuario de accidentes industriales e irregularidades normativas, que la convirtió en una pesadilla para los vecinos del lugar. La empresa se maneja con extrema cautela a la hora de comunicar qué pasará con esta planta ubicada en Rodríguez Peña 3250, del barrio Alta Córdoba, para no intranquilizar a los trabajadores sobre el futuro de la fuente laboral, según informó La Voz del Interior. Una opción que se maneja es la instalación de una planta de irradiación de alimentos e instrumental médico.

En 2012 la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir con normas de higiene y seguridad. Entonces se firmó un acuerdo para relocalizarla, y ante el incumplimiento por parte de la empresa, se repitió la clausura en 2014. Así las cosas, en 2016 Dioxitek pidió a la Justicia Federal una declaración de derecho. En enero de 2017 se firmó un nuevo acuerdo, con el Juez Federal Miguel Vaca Narvaja como garante, con el compromiso de cierre en diciembre de 2018, que se fue prorrogando. En 2021 se suscribió una nueva prórroga con la Municipalidad de Córdoba, que extendió la autorización para operar hasta diciembre de 2024. A cambio, la empresa se comprometió a entregar dos mil luminarias led, una ganga si consideramos las 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja intensidad, depositadas sin membrana ni sistema de contención, en lo que se conoce como “el chichón” de Alta Córdoba.

La Corte Suprema resolverá el amparo de la Comunidad Toba contra Dioxitek.