14/02/17 |  Por Fundavida
El superlativo quizás suene exagerado, pero de algún modo hay que llamarlos.. Los modelos de minería que se están practicando en Perú y Chile, y que ahora amenazan Argentina, están llevando los métodos extractivos a niveles exponenciales, desconocidos hasta el presente en la cultura humana.
La amenaza para nuestro país se transparentó luego de la reciente reunión mantenida entre autoridades nacionales y representantes provinciales de Mendoza del sector minero, empresarios nucleados en la Cámara de Empresarios Mineros (CAMEN) que eufóricos, luego del encuentro, declararon “fue lo más importante de los últimos años y un impacto gigantesco en el tema minero”. (Telam -11/02/17)

Los países que controlan la minería en nuestro continente, EEUU y Canadá, a pesar de ser poseedores de enormes reservas de minerales, se cuidan muy bien de mantener en sus territorios modelos restringidos de extracción, por razones estratégicas y ambientales. Por el contrario, los modos aplicados en Sudamérica se caracterizan por una falta absoluta de respeto por la naturaleza y la vida, en especial la humana, las permisionarias presionan y obtienen ventajas inauditas de gobiernos de la región frágiles a las coimas multimillonarias que pagan las mineras a los funcionarios responsables de autorizarlas y controlarlas.

En Perú las empresas mineras son dueñas y señoras de los territorios que les interesan, expulsan a sus pobladores originarios a los bordes de las carreteras, sin ninguna clase de compensación, constituyéndose en un espectáculo dantesco de miseria extrema donde pueden verse a los costados de la carretera conocida como Panamericana Sur, que une Tacna con Lima, miles de cubículos de dimensiones mínimas: 2,

La magnitud de los volúmenes extractivos son inéditas, directamente destruyen cerros y cadenas montañosas para luego depositar en cualquier parte el material triturado que no les interesa. Solamente Chuquicamata, en Chile, ha generado una gigantesca montaña artificial de residuos contaminados de más de quince kilómetros de largo, trescientos metros en la base y doscientos de altura, en promedio. Además las compañías mineras arrojan al ambiente millones de litros de substancias peligrosas como el ácido sulfúrico, utilizadas en sus procesos.
Esta es la amenaza a nuestro país en la actualidad. El camino lo habilitó la Ley Nº 24.196, conocida como la Ley de Minería sancionada en la última década del siglo pasado.

Dicho instrumento legal concedió a los inversores mineros las mismas facilidades que les son otorgadas en Chile y Perú, exenciones impositivas totales, energía a precio subsidiado, facilidad de importar equipos sin gravámenes, etc., etc.
El actual gobierno ratificó las políticas diseñadas por sus predecesores y se ha lanzado a una campaña para instalar la Ultra-Mega Minería en nuestro país.

Las amenazas actuales son de magnitud insospechada, por ejemplo, el desalojo total de la ciudad de Andalgalá para extraer los minerales que yacen en su subsuelo. O la demolición completa de la cadena de Cerros del Aconquija, que divide Catamarca de Tucumán, que también está en los planes de las compañías mineras. Total, como les dijo un ex gobernador de Catamarca a los habitantes de Andalgalá “…No pasa nada, todo queda igual, sólo se trata de desarmar los cerros y armarlos en otro lado.”

# Los vertidos del parque industrial

Si cualquiera de nosotros advierte que se está cometiendo un crimen tiene el deber moral y social de denunciarlo, la Justicia de investigarlo y su eventual responsable/responsables tendrán que ser juzgados por su eventual delito.
Sin embargo existen situaciones en las que algunos tipos de crímenes son permitidos por la sociedad, que los contempla como si no fueran tales, aunque se trate de hechos que pueden provocar enfermedades graves, incluso la muerte para las víctimas.
Generalmente los delitos ambientales entran en esta categoría, probablemente por dos razones, la primera es que las agresiones ambientales muchas veces no son advertidas inmediatamente como tales, porque todos vamos aprendiendo de las consecuencias de determinados procesos antrópicos cuando las comenzamos a sufrir, luego que estos han sido tolerados inicialmente, por falta de información o directamente por omisión deliberada por parte de quienes ganan dinero con el ocultamiento.

La segunda, porque para alguien es negocio envenenarnos y gasta parte de sus utilidades en mentir y sobornar a quienes podrían evitarlo.
El caso del glifosato es paradigmático: Monsanto, la empresa que lo instaló como parte del proceso productivo agrario, durante años nos mintió descaradamente asegurándonos que era inocuo, inofensivo y que desaparecía inmediatamente de la naturaleza una vez aplicado.
Tuvieron que pasar muchos años y el trabajo científico de abnegados investigadores para que descubriésemos que en realidad era una poderosa y cancerígena sustancia sintética que nos está envenenando. Claramente su uso es un crimen porque alguien o algo que enferma y mata está atentando contra el valor más alto de nuestra escala: la vida humana. Sin embargo el crimen se sigue cometiendo cotidianamente ante la indiferencia de una parte importante del conjunto social, la justicia y las autoridades responsables de defendernos de estas situaciones.
Con los efluentes de las empresas radicadas en nuestro parque industrial pasa lo mismo. Cuando fue diseñado, hace muchas décadas, no se conocían en profundidad las graves consecuencias que podrían tener los vertidos industriales sobre las personas. De todos modos se previó una planta de tratamiento, manifestando de este modo que los efluentes debían ser procesados antes de volcarlos al exterior para evitar daños fuera de los límites del complejo industrial.

La planta finalmente resultó insignificante frente a la magnitud de los vertidos y también incompleta porque básicamente fue pensada para detritus orgánicos. El Parque creció y la variedad de empresas radicadas se multiplicó; no sólo se instalaron alimenticias, sino también de actividades químicas de distinta naturaleza y complejidad, pero todas con un denominador común: los cuantiosos efluentes finalmente irían a la Cañada de Melgar luego de un paso simbólico por la completamente ineficaz Planta de Tratamiento del PIG. Para, luego hacer irrespirable el aire en lo que debería ser un bucólico paraje suburbano -el Barrio Don Pedro- pasar al arroyo Gualeyán y de ahí al río Gualeguaychú, justo antes de la toma de agua para la ciudad en la planta de potabilización que no está en condiciones de neutralizar o eliminar los componentes más peligrosos de estos efluentes.
El crimen que se comete cotidianamente es flagrante, los responsables y las víctimas evidentes, pero nadie actúa con la presteza y decisión que requiere la grave circunstancia.

Los que ganan dinero arrojando sus efluentes a la naturaleza y la sociedad son los responsables y deben hacerse cargo. La justicia debe tomar inmediata carta en el tema y obrar de acuerdo a las leyes que defienden la vida en general y la humana en particular.
Seguimos esperando.

http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/172963/Nos-amenaza-la-ultra-mega-miner%C3%ADa

Asambleístas de Jachal aseguran que hay un testigo clave que no había hablado mientras se realizaba la primera investigación.
por MDZ Sociedad
4 de Febrero de 2017
(Foto National Observer)
A partir de un testigo clave, los asambleístas de Jáchal exigen a la justicia de San Juan reabrir la investigación sobre el derrame de cianuro ocurrido en la mina de oro de Barrick Gold en Veladero, en septiembre de 2015, ya que un ex gerente de la empresa denunció haber sido despedido luego de advertir sobre los riesgos ambientales del proyecto.
«El juez Oritja no permitió ni a los vecinos ni a la Asamblea ser querellantes en la causa, está en sus manos reabrir la investigación y tomar declaración de Ramán Autar, ex gerente de Barrick Gold, quien en marzo de 2015 presentó un informe que demostró que Veladero era un proyecto a bajo costo», dijo a Télam Marcelo Arancibia, abogado representante de los asambleístas de Jáchal No Se Toca.

Ramán Autar aseguró haber trabajado como gerente global de mantenimiento de la minera canadiense entre enero de 2013 y marzo de 2014; según consta en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Ontario, fue despedido luego de visitar Veladero e informar sobre el mal estado de la planta, los inaceptables niveles de polvo y el incumplimiento de las normas de seguridad.

«Es absolutamente falso que los trabajos de Raman Autar tuvieran alguna conexión con los incidentes en el Valle de Lixiviación de Veladero, ni es cierto que los haya anticipado a la compañía», dice un comunicado oficial de la Barrick.

La minera afirmó que «su despido no tuvo nada que ver con el planteo de preocupaciones acerca de la operación en Veladero».

«Autar nunca fue empleado de Barrick Argentina», sostiene.

La demanda de Autar contra Barrick, presentada en marzo de 2015, fue publicada por el diario canadiense National Observer.

Respecto a la imputación de nueve operarios realizada por el juez Oritja, el abogado de los asambleístas afirmó que «la denuncia de Autar comprueba que el derrame de septiembre de 2015 no se debió a la negligencia de un trabajador ni a que el frío congeló la válvula».

En la causa, la empresa alegó que un empleado «no se dio cuenta que la compuerta de contención estaba abierta», agregó el abogado.

La imputación a los operarios fue apelada, y el expediente está ahora en la cámara de apelaciones provincial; mientras tanto, la investigación sobre los efectos contaminantes del derrame fue cerrada.

«El juez dictaminó que no hubo contaminación e imputó a nueve operarios que no tiene capacidad de dirección, pero no investiga a los empresarios ni a los funcionarios que deberían haber controlado a la empresa», afirmó Arancibia.

Y concluyó: «El caso Autar pone fin al slogan de minería responsable de la Barrick y al de minería controlada del gobierno provincial, los funcionarios tendrían que haber visto lo que vio Autar».

http://www.mdzol.com/nota/717436-piden-reabrir-la-investigacion-por-el-derrame-de-cianuro-de-barrick/

16/02/2017 – Clarin.com
La empresa hará un estudio de prefactibilidad del lado argentino. Busca generar menos impacto ambiental.
Barrick analiza hacer subterránea la mina Pascua Lama
En la mina sanjuaninta Veladero, la empresa tuvo dos accidentes con cianuro. Foto: Delfo Rodriguez
La canadiense Barrick -que sufrió dos derrames de cianuro en su mina Veladero en San Juan- informó que iniciará un estudio de pre-factibilidad para evaluar si es posible desarrollar Lama (la parte argentina del proyecto argentino-chileno Pascua-Lama) como una mina subterránea (en lugar de a cielo abierto). «Esto es resultado de una revisión detallada de las múltiples opciones orientadas a optimizar el desarrollo de Pascua-Lama», indicó la compañía en un comunicado.
El estudio evaluará la utilización de diversos métodos de minería, como hundimiento de subniveles y de bloques, diseñados para alcanzar mineral de mayor valor en el lado argentino en las etapas iniciales de operación.

“Estamos muy motivados con los trabajos en Lama. Avanzar con un estudio de pre-factibilidad es una gran noticia y representa un hito importante para el nuevo diseño subterráneo que estamos evaluando para el proyecto. De todas formas, debemos ser prudentes. Pondremos todo nuestro esfuerzo y dedicación durante los años 2017 y 2018 en cumplir cada una de las etapas de evaluación”, afirmó George Bee, vicepresidente Senior Distrito Frontera de la firma.
Conceptualmente, en este nuevo esquema, el mineral sería procesado utilizando al principio sólo una de las tres líneas de proceso parcialmente construidas en Lama con una capacidad inicial aproximada de 15.000 toneladas por día que, más adelante, con la infraestructura existente, podría ampliarse hasta 25.000 toneladas por día. Este desarrollo de una mina subterránea permitiría una reducción de la huella superficial de la mina y estaría menos sujeta a interrupciones de producción por factores climáticos en la temporada invernal.

Si el estudio de pre-factibilidad es positivo, el proceso de obtención de permisos podría iniciarse en el 2018, dijo la empresa. Y el comienzo de la producción dependería de la obtención de permisos, conseguir los fondos y la decisión de avanzar con el proyecto.

En Pascua, el trabajo este año se centrará en adelantar avances conceptuales del proyecto en paralelo con el estudio en Lama con la intención de pasar a un estudio a nivel de pre-factibilidad en el 2018.

http://www.clarin.com/ieco/economia/barrick-analiza-hacer-subterranea-mina-pascua-lama_0_BkHH_4XFe.html

El Ministro de Minería de la provincia, Alberto Valentín Hensel, como vicepresidente Primero del COFEMIN participó en la redacción.
viernes, 10 de febrero de 2017
Luego del trabajo de un año y de reuniones mensuales con asistencia casi perfecta de todas las Provincias, durante los últimos dos días de intenso debate, el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) integrado por representantes de las provincias mineras que integran el COFEMIN, y la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final y firma.

El COFEMIN ha sido el ámbito natural para lograr el indispensable fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla; aplicando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.

Del último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen.

http://www.tiempodesanjuan.com/politica/2017/2/10/concretaron-propuesta-acuerdo-federal-minero-165611.html

Denise de Olivera •   junio 2, 2016
El gran debate sobre el seguro de caución por daño ambiental, comúnmente llamado “seguro ambiental”, parece no tener fin.  Hay quienes sostienen que son deficitarios y otros en cambio, opinan que debería eliminarse su obligatoriedad. Mientras, continúa el vacío y siguen planteándose interrogantes.

Daniel Capria, especialista en Seguros y Reaseguros en Artai Argentina, un bróker que brinda consultoría global en riesgos corporativos, comenta sobre las controversias que giran en torno a la figura del Seguro de Caución Ambiental y las perspectivas que hay en la actualidad respecto al mismo.

Recordemos que la Ley General del Ambiente (LGA) le solicita a las empresas la contratación de un seguro ambiental.  Este seguro debe amparar los daños de incidencia colectiva, independientemente de los daños a terceros y/o cosas de terceros; es decir que sólo le interesa amparar los daños a los Recursos Naturales propiedad del Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, sin importar si se generan daños a personas o poblaciones cercanas al lugar donde se produce la contaminación.

“La normativa contiene, sin embargo, aspectos positivos que merecen destacarse al haber admitido criterios de razonabilidad en materia de derecho ambiental. Si bien debemos reconocer que la LGA ha sido un paso relevante en pos de alcanzar el desarrollo sustentable del país, debe revisarse la reglamentación mediante la figura del seguro de caución para dar cumplimiento a la Ley, y posibilitar aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño”, señala Capria.

-¿Cuáles son las instancias de ejecución de la póliza del seguro ambiental?

-La resolución conjunta admite el concepto que la recomposición consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgos aceptables.  Este criterio abre las puertas a la utilización de metodologías de análisis de riesgo que permitan balancear, ocurrido un siniestro, el alcance de la situación de contaminación y los costos de remediación de manera que aquella contaminación deje de ser relevante y negativa.

Uno de los aspectos significativos de la cobertura, es tener un acertado conocimiento del estado de situación del predio respecto a los eventuales niveles de contaminación existentes, ya que estos datos serán el punto de referencia en cualquier resolución de un siniestro.

La póliza de caución, además, presenta un inconveniente para el tomador del seguro que, en caso de producirse un siniestro ambiental, el mismo tomador no podría realizar la recomposición, sino que por condición de póliza, lo realizarán las empresas que determine la Compañía de Seguros.

-Una de las críticas que más se ha oído hablar sobre este Seguro son los bajos montos de las sumas aseguradas ¿Qué sucede cuando el monto asegurado no cubre totalmente el daño que la empresa causó sobre el medio ambiente?

-La póliza cubre la garantía exigida al Tomador, hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en la misma.  Las sumas aseguradas son determinadas en base a cálculos muy complejos basados en la situación actual de la empresa tomadora respecto a cuestiones ambientales.

El Estado busca garantías financieras, para el caso que se produzca un daño ambiental.  No obstante, si la suma asegurada de la póliza de caución fuera insuficiente, la empresa que genera el daño ambiental tiene responsabilidad ilimitada y deberá hacer frente con su patrimonio.

-Si este seguro ambiental con el que contamos no es el adecuado ¿Cuál sería el instrumento correcto que garantice que aquellas empresas que puedan provocar un daño al medio ambiente cumplan con la remediación?

-La LGA, si bien representa un avance relevante en pos del desarrollo sustentable del país, contiene algunos aspectos en su reglamentación que pueden revisarse, como la figura del seguro de caución para dar cumplimiento, mejorar y ampliar la gama de instrumentos posibles para dar cumplimiento a la ley, aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño; pero con incentivos concretos para asegurar el cumplimiento de uno de los objetivos finales de las regulaciones ambientales, que es la reducción de los efectos negativos de las actividades humanas sobre los recursos naturales.

-Desde  la creación de este Seguro  hasta hoy ¿Hubo algún cambio significativo desde lo legal o fáctico que lo haya mejorado? ¿Se logró aplicar este seguro en algún caso relevante?

-Nada ha cambiado desde el comienzo de la aplicación de la LGA y desafortunadamente, algunos esfuerzos de operadores del mercado por autorizar productos alternativos fueron en vano.

Por la información con la que contamos, se desconoce si hubo algún caso en el que se haya ejecutado una póliza de caución.

-¿Qué diferencia hay entre el seguro de caución por daño ambiental y el seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva?

-En la cobertura ofrecida por el seguro de caución, la aseguradora se hace cargo de la reparación en el caso que el tomador incumpla con su obligación de recomponer.  No obstante esta póliza solo resuelve el problema de la exigencia legal.  La responsabilidad de quien contamina no queda limitada por la existencia de esta cobertura.

En cuanto a las coberturas de Responsabilidad Civil, si se verifica una real transferencia de riesgo.  En el mercado se han aprobado algunas pólizas de este tipo, pero en la actualidad no están siendo aprobadas y aceptadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo cual, no se podría cumplir con el Art. 22 de la LGA.

Las empresas, más allá de la exigencia específica de la LGA, están expuestas a muchos riesgos ambientales distintos, que se pueden manifestar de distinta manera y consideración.  La LGA sólo exige los daños a un tipo específico de Daño Ambiental.  Si solo se contrata esa cobertura, queda de todas maneras expuesto a los demás riesgos ambientales.

En tal sentido, la póliza de caución, desde nuestro punto de vista, resuelve la exigencia de la LGA, pero no funciona como un seguro donde el Asegurado transfiere un riesgo.

-¿Por qué cree que el Estado no ha avanzado significativamente en la instrumentación de este Seguro?

Probablemente no ha sido un tema prioritario para el Estado y probablemente, las nuevas autoridades puedan tomar acciones sobre el sistema que permitan:

Tener productos o herramientas financieras alternativas para el cumplimiento de la Ley
Permitir el desarrollo de mayor número de operadores del mercado de seguros que puedan operar en este tipo de seguros.
Por último preguntarse: qué sucede si el monto asegurado es insuficiente para restaurar el daño ambiental?

Una herramienta que sólo despierta polémicas

05-02-2017
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos.

El Gobierno nacional prepara un proyecto para reactivar la minería y atraer inversiones por U$S 25 millones
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para reactivar la actividad minera en la Argentina y atraer inversiones por unos 25.000 millones de dólares, aunque la iniciativa ya generó críticas de ambientalistas que temen por la posibilidad de un avance en áreas protegidas por la ley de glaciares.
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos y brindar estabilidad a inversores, entre otros puntos.
La iniciativa ya fue presentada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, a funcionarios de las provincias.

La administración de Mauricio Macri buscará, de ese modo, obtener inversiones por USD 25.000 millones durante los próximos ocho años.
Según pudo saber la agencia de noticias NA, el gobierno de La Rioja acompaña el proyecto, pero la iniciativa sería resistida en algunos aliados de Cambiemos, como sectores del radicalismo.
Según un análisis elaborado por la consultora ABECEB, los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes de la economía argentina que actualmente afectan la competitividad de la minería.

De ese modo, advirtió que postergan la puesta en marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de dólares, que podrían generar unos 38.700 empleos directos e indirectos.

«Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década son clave ya que con su puesta en marcha, la producción se incrementaría en una tasa promedio anual de 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país», evaluó el director de Mercados de Energía, Minería e Infraestructura de ABECEB, Mariano Lamothe.
En ese escenario, el Gobierno asegura que, a través del proyecto, se podrán multiplicar los puestos de trabajo, los cuales crecerían al ritmo de la llegada de inversiones.

Además de los ambientalistas, algunos gobernadores criticaron la puesta en marcha del proyecto ante la posibilidad de que la actividad minera se desarrolle sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
Una de las provincias que se opuso desde un principio fue Chubut por entender que en ese lugar está prohibida la megaminería a cielo abierto.
El Gobierno espera que el Nuevo Acuerdo Federal Minero sea sancionado mediante el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas con el fin de que pueda ser discutido una vez que comiencen las sesiones ordinarias en marzo.

Fuente: Noticias Argentinas
http://www.diariouno.com.ar/pais/el-gobierno-nacional-prepara-un-proyecto-reactivar-la-mineria-y-atraer-inversiones-us-25-millones-20170205-n1334488.html

Fuente: Minuto de Cierre

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) documentó que existen 46 glaciares en el cordón del Famatina. A partir de este informe la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito pedirá a la Justicia riojana la “prohibición de todo emprendimiento minero en la zona” e impedir la minería a cielo abierto. Jenny Luján, integrante de la Asamblea, aclaró que si bien el instituto “no estudió las zonas periglaciares, ellas se constituyen en reservas fundamentales de agua dulce que llevaron millones de años en constituirse y que evidentemente cualquier alteración destruiría”.

“No creemos en los controles institucionales, ni provinciales ni nacionales, ni de este ni de anteriores gobiernos”, agregó. En ese marco, sostuvo que una eventual prohibición judicial a todo emprendimiento minero en la zona “podría aportar, pero nuestra base política y de praxis es siempre organización, movilización y poder popular”.

Publicado el 30 de enero del 2017

Trabaja en un proyecto de ley para atraer a empresas del sector; hay preocupación entre los ambientalistas

(La Nación) Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.

La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).

Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).

En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

Todavía con resistencia firme de algunas provincias, como Chubut, el proyecto para un nuevo acuerdo federal ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos. Tras una última ronda de negociaciones con los gobernadores, prevista para la semana que viene, será enviado al Congreso.

La idea de la Casa Rosada es que empiece a discutirse a partir de la reapertura de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

“Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones”, dijo a LA NACION el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres (Pro-San Juan).

El oficialismo parlamentario ya inició conversaciones con el sector más moderado de la oposición. Por tratarse de una ley-acuerdo, su texto puede ser aprobado o rechazado, pero no modificado. Después debe ser ratificado por las legislaturas provinciales.

La cuestión ambiental

El debate encenderá la polémica. Sobre todo por la cuestión ambiental. La ley de glaciares no es una norma turística. El ambiente glaciar y el periglaciar son considerados un reservorio estratégico de agua para el país.

En atención a esa resistencia, el borrador de la iniciativa, que ya circula entre diputados y senadores, hace hincapié en la factibilidad social de la actividad.

Entre las premisas de acuerdo se afirma que la política minera deberá incluir “mayores beneficios para las comunidades en las zonas” donde se desarrollan los proyectos de extracción, “mayor participación en los ingresos a las provincias” y “altos estándares de gestión y control ambiental”.

Respecto de este último punto, se dispone la creación de un equipo consultivo, con autonomía funcional e integrado por técnicos de “reconocida trayectoria”, con el objetivo de “generar y promover la adopción de las mejores políticas de la gestión ambiental minera”, entre otras cosas.

Para el desarrollo de las comunidades locales se propone crear un programa que capacite de manera anticipada a los pobladores para que puedan dar respuesta a las demandas productivas de las empresas mineras, tanto en la captación de empleos como en la contratación de servicios.

El proyecto tiene un apartado destinado al “empleo local”. Pero no se establecen cuotas mínimas, como se decidió el año pasado en la ley de inversión privada para el desarrollo de la obra pública. Se dispone, en cambio, “adoptar medidas de promoción tendientes a hacer atractiva a los empleadores la contratación” de trabajadores autóctonos. Respecto de los proveedores locales, se establece que “a igualdad de condiciones, en precios y plazos, tendrán preferencia” en las compras de las empresas mineras.

Otro capítulo importante es el impositivo. El acuerdo establece que las provincias no podrán cobrar más del 3% de regalías sobre el importe total de los ingresos de las empresas y que no se podrá aumentar el canon, fijado cada dos años por la Secretaría de Minería, mientras un emprendimiento minero se encuentre en actividad.

El proyecto se propone también garantizar un régimen promocional de inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales, para evitar que compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.

“El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas”, se quejó en diciembre el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo.

Consultado por LA NACION, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, recordó que en su provincia está prohibida la megaminería a cielo abierto y anticipó que sólo estaría dispuesto a revertir esa situación “si así lo decide el pueblo de Chubut, por medio de un plebiscito”. El debate se anticipa intenso y de resultado incierto.

Claves de un proyecto que promete generar polémica

Plan minero

Tras varios meses de negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país con la intención de multiplicar los proyectos en operaciones y duplicar las inversiones en el sector

Acuerdo federal

La herramienta central de esta política, considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, será la firma de un “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, el cual espera ser sancionado mediante un proyecto que el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso

Unificar legislaciones

El acuerdo comprenderá una homogeneización de las legislaciones provinciales y la ley nacional en materia minera, para garantizar estabilidad impositiva a las empresas que inviertan en el país y lograr el respaldo de las comunidades vecinas a los emprendimientos

Duplicar inversiones

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero todavía mucho menos que lo invertido en los últimos ocho años en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones), las dos potencias mineras de América latina

Nuevos empleos

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000 entre empleos directos e indirectos, también podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar los 130.000 puestos de trabajo para 2021

Rechazo ambientalista

El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de organizaciones ambientalistas y varias comunidades locales, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares. Las organizaciones argumentan que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley, que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera

El Gobierno de Río Negro transmitió hoy a los directivos de la empresa MCC Minera Sierra Grande, “la firme voluntad de rescindir el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina de hierro”, señala la información oficial. También advirtió a los empresarios chinos que de haber despidos de trabajadores deberán ajustarse a la legislación Argentina y cláusulas del contrato.

“Le hemos hecho saber a MCC Minera Sierra Grande SA que si no corrige sus posturas y asume sus obligaciones legales, le rescindiremos la adjudicación del complejo minero”, explicó el secretario de Estado de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero.

Ayer se reunieron en esta capital, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) con el gobernador Alberto Weretilneck y le trasladaron la preocupación sindical por el anuncio patronal del inminente despido de 200 trabajadores sin pagar indemnizaciones.

Ante la inminencia del conflicto laboral, el gobierno convocó esta mañana a los directivos de la firma MCC y les transmitió la firme voluntad de rescindirles el contrato de concesión si no cumplen de manera inmediata con su obligación de explotar la mina, advirtiendo que cualquier cese de actividades será motivo de incumplimiento contractual.

Además, se indicó que en caso de que se analice la posibilidad de despedir trabajadores, la empresa deberá ajustarse a la legislación Argentina y a las pautas previstas en el contrato.

La reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Estado de Trabajo, con la participación de Lucas Pica y del secretario de Minería, Juan Pablo Espínola, por parte de la Provincia; mientras que la compañía minera estuvo representada por Qifang Chen y Jorge Roa, gerente General y asesor letrado, respectivamente.

La empresa sostuvo que se encuentra atravesando una situación crítica, afirmando que la explotación del complejo le genera pérdidas económicas, a raíz de la baja que viene sufriendo el precio internacional del hierro y pérdida de competitividad que afectarían su explotación por incremento de costos.

Durante la audiencia, los empresarios ratificaron la intención de despedir en forma inminente a 200 trabajadores, abonándoles sólo el 50% de las indemnizaciones de ley, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis iniciado por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Ante esta situación, los funcionarios rionegrinos le hicieron saber la posición oficial de la Provincia de Río Negro sobre el conflicto, exigiendo a MCC Minera Sierra Grande SA que atienda al reclamo del gremio, anunciándole que en caso que se mantenga en la intención de abonar indemnizaciones reducidas y especular con el derecho de los trabajadores, la Provincia tiene decidido avanzar por las vías legales para rescindirle la adjudicación del Complejo Minero.

“El contrato de adjudicación es absolutamente claro: los bienes fueron cedidos a la empresa con el objeto y la obligación de reactivar y explotar el complejo minero. Si no cumple con ese objeto, pretende despedir a los trabajadores sin darles las debidas y justas indemnizaciones, o pretende suspender indefinidamente la explotación, vamos a activar los mecanismos contractuales para rescindirle la adjudicación y revertir así a la Provincia el dominio de los bienes y derechos oportunamente cedidos, con más las multas e indemnizaciones que correspondan”, sostuvo el Secretario de Energía.

“Podemos analizar y hasta entender las complicaciones económicas que puede atravesar hoy el complejo minero por la brusca caída del precio internacional de nuestro hierro, pero de ningún modo podemos permitir que el riesgo propio empresario se traslade a los derechos de los trabajadores”, amplió el funcionario.

Caldiero recordó que “durante 2016 la Provincia ha acompañado esta complicada situación con un aporte de $44.000.000, siempre para mantener las fuentes laborales. Ahora, si la situación resulta para la empresa insostenible y se ve a obligada reducir su producción y a despedir trabajadores por la crisis internacional del hierro, pues deberá hacerlo en el marco del contrato con la Provincia y bajo las pautas de la legislación laboral argentina. Ese es el planteo que recibimos de los trabajadores ayer y que apoyamos completamente”, enfatizó.

Asimismo, ejerciendo su rol de Autoridad de Aplicación Minera, la Provincia intimó hoy formalmente a la minera para que en un plazo perentorio, evacue un amplio pedido de informe sobre su situación contable, financiera y operativa, para auditar la real posición que se encuentra atravesando y definir los demás cursos de acción ante la intención de suspender la producción de la mina.

Fuente:http://adnrionegro.com.ar/2017/01/si-la-minera-sierra-grande-no-explota-el-yacimiento-el-gobierno-quitara-la-concesion/

La minera Alumbrera Ltda., que explota un yacimiento en el centro-oeste de Argentina, perdió un histórico juicio por contaminación, a partir de una demanda presentada por dos residentes locales que vieron afectadas sus tierras en Alpachiri, en la provincia de Tucumán.

La sentencia dictada por el juez Eduardo Dip Tártalo determina que la empresa minera debe realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas”, informó el medio Tucumán Noticias.

Asimismo, el magistrado del Centro Judicial Concepción ordenó reponer “a su estado anterior” las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, locaciones, zanjas, canteras, mineraloducto y demás actividades que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal.

La minera Alumbrera Ltda. es una empresa transnacional que explota cobre, oro y molibdeno. Desde 1997 es dirigida por Glencoe -una empresa Suiza-, quien tiene el 50% de las acciones, además participan Goldcorp -una empresa canadiense que posee el 37,5%- y Yamana Gold -con el 12,5%. La mina Bajo de la Alumbrera se encuentra en la provincia de Catamarca, a 320 km de San Miguel de Tucumán.

Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que es una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el estado nacional. YMAD ha formado una “unión transitoria” con la empresa La Alumbrera, por la cual percibe el 20% de las utilidades, informa el sitio oficial de la compañía.

La misma web señala que la empresa está abocada al “cuidado del medioambiente” protegiendo “el entorno natural del área del yacimiento y de las comunidades vecinas”. Señala que buscan atenuar el impacto  ambiental de la actividad minera, trabajando bajo un esquema de “desarrollo sostenible” y ejerciendo un “uso eficiente de los recursos naturales”, que inclusive rehabilita el suelo, disminuye desechos y protege la biodiversidad.

Sin embargo, los hermanos Aranda detectaron en el 2004 que el mineraloducto de Bajo de la Alumbrera -que recorre varios kilómetros- estaba contaminando los suelos, el aire, los ríos, las aguas superficiales y subterráneas con derrames que contenían restos peligrosos de metales, entre ellos cianuro, mercurio y uranio. Esta ha sido la más seria preocupación de los Aranda y de los pueblos circundantes a la mina.

Los demandantes demostraron a través de estudios y análisis de laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que la minera estaba involucrada en la contaminación del agua de las localidades de Alpachiri y Concepción.

Carlos Aranda, uno de los querellantes junto a su hermano Miguel, comentó que la decisión del magistrado “es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestro país”, informó el periódico Primera Fuente.

De esta forma se cumplió el pronóstico que tuvieron los hermanos Aranda cuando empezaron la demanda en el año 2006, desde aquel entonces ya intuían que el caso iba a tener un final “feliz” y sería beneficiada “la sociedad, la vida y la conservación de los recursos”, según dijeron en una entrevista al medio local Primera Fuente en febrero de 2013.

La sentencia dada por el juez también determina que el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán investigue “los impactos tóxicos en la población en las cuencas de los ríos Medina, Chirimayo y Gastona y de haber efectos negativos en la salud se determine la atención médica inmediata”. Asimismo, insta a los organismos estatales a dar respuesta a “asuntos de implicancia social” y ambientales relacionados.

Por último, en su fallo el magistrado exige a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) que informe sobre el estado del agua de la ciudad de Concepción y en la localidad de Alpachiri.

Abogados de la compañía apelaron el fallo, informó Tucumán Noticias. Desde la empresa adujeron que el juez “se arrogó la competencia y atribuciones que no le brinda la Constitución al obligar a Minera Alumbrera a realizar tareas ajenas al objeto de estudio”.

Fuente:http://maestroviejo.es/historico-fallo-condena-contaminacion-minera-en-argentina