Un millonario y silencioso flujo de dinero transita desde empresas mineras a municipios donde tienen instaladas sus faenas. Muchas de esas donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que esos mismos municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos clave de las mineras. Ante el evidente conflicto de interés, la Contraloría dictaminó en 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad. Letra muerta: CIPER detectó más de $44 mil millones donados por mineras cuyo uso no siempre es transparente.

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla(Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millones; Salamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambrespara pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

Entre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo solo registra un pronunciamiento sobre estudios o declaraciones de impacto ambiental ingresados por Teck al SEA entre 2010 y 2016. Tras introducir algunas observaciones iniciales al proyecto de la minera para recuperar suelos contaminados, el 17 de julio de 2012 la administración edilicia se pronunció conforme. El municipio recibió dos donaciones de la minera en fechas cercanas: una el 14 de julio y la otra el 30 del mismo mes, por un total de $12 millones.

El capítulo más delicado de la relación entre la minera y la Municipalidad de Andacollo se da en otra instancia. En 2010 el SEA dio luz verde al proyecto de Teck que le permitió modificar y optimizar sus procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

Además de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera (Fuente: elregional.cl).

Los municipios de Chañaral y Mejillonestambién se han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde(Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda(Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

El 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

“División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

Fuente:http://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/

Lo resolvió el Gobierno, al considerar que el Estudio de Impacto Ambiental del plan a desarrollarse entre Mendoza y San Juan se basó en el rechazado por la Legislatura en 2015.

Luego de casi 2 años desde que el rechazo de la Legislatura a la propuesta original de explotar oro y cobre en Uspallata obligara a reformular el Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno ya decidió que los actuales accionistas del proyecto San Jorge den marcha atrás por considerar que sólo presentaron una «actualización» del anterior, y no uno nuevo. De esa manera, si se acata la decisión y la firma reinicia el proceso significa que el emprendimiento, con una promesa de inversión de U$S 200 millones, no estará habilitado antes del 2019.

Así lo confirmaron tanto desde la Dirección de Minería como en la Secretaría de Ambiente, autoridad conjunta en la materia. La resolución se dará a conocer a partir de mañana, aunque los ejecutivos de San Jorge ya fueron notificados verbalmente de la medida que dilata aún más el plan de extraer y moler el mineral en Mendoza (sin uso de cianuro ni sulfúrico, como prohíbe la ley 7722), y luego transportarlo a San Juan para su tratamiento.

«A partir del análisis del impacto ambiental se ha decidido enviar el proceso a fojas cero, dado que que el proyecto de carácter biprovincial está basado en el que fue rechazado por la Legislatura durante la gestión anterior y por lo tanto no es válido. Es decir, no se puede ejecutar cuando se trata de una actualización de otro plan desaprobado. Por lo tanto, será necesario presentar una nueva EIA, y con ella reelaborar los informes sectoriales, otra convocatoria a la audiencia pública de rigor y la evaluación final», detalló el director de Minería, Carlos Molina.

Para Molina «lo positivo es que, si se reinicia el procedimiento, quizá resulte una Declaración de Impacto Ambiental con mayor consenso técnico». La referencia es que la propuesta inicial de San Jorge había dividido aguas entre especialistas de la UTN y la UNC sobre su pertinencia.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, admitió que, si los actuales dueños del proyecto la acatan, «en el mejor de los casos podría contar con la habilitación necesaria en un año y medio o más». Un tema no menor es que al bajarle el pulgar el Ejecutivo, el reformulado proyecto ni siquiera llegó de nuevo a ser discutido en la Casa de las Leyes para su ratificación.

El responsable del área reafirmó que el procedimiento de la última EIA «nunca concluyó y se necesita uno nuevo». Y eligió una analogía para aseverar que «no es lo mismo presentar planos para construir una casa que de un edificio».

Plazos, una condición a futuro

En síntesis, lo que propuso San Jorge en 2016, luego del revés legislativo, fue dividir la actividad en dos etapas entre Mendoza y San Juan: extraer oro y cobre en el lugar y completar la molienda, para luego cargar el mineral en tren y trasladarlo a San Juan para su tratamiento, foco de objeciones iniciales por parte de organizaciones ambientalistas por el uso del método de flotación y diversas sustancias químicas.

contaminantes.

Aunque las partes asumen que puede abrirse un frente de batalla jurídico según los puntos de vista adoptados, desde la reformulación del plan San Jorge se había aferrado a que al trasladarse el tratamiento fuera de la provincia estaba generándose un «impacto positivo» para Mendoza. Esto es, minimizar sus efectos negativos.

¿Porqué demoró casi 2 años la decisión? Desde el Ejecutivo no niegan que llevó tiempo analizar todas las aristas jurídicas a fin de prever eventuales acciones legales por parte de San Jorge, que al parecer serán inexorables.

«Había que hacer un análisis jurídico profundo para no ocasionar costos legales y por lo tanto un perjuicio económico para la Provincia. Además, ha tenido tantas modificaciones que lo que debe tenerse en cuenta no es sólo el impacto ambiental, sino también el social y económico en generación de puestos de trabajo , y por tanto excede límites geográficos», añadió Mingorance, sobre la etapa de la explotación que la firma propone completar en San Juan.

Según la compañía, se dará trabajo a 5.000 personas, entre puestos directos e indirectos para que el emprendimiento ahora envuelto en otra polémica produzca unas 25.000 toneladas de cobre anuales.

Consultado por el futuro en caso de desestimiento de sus actuales dueños, el secretario de Ambiente comparó la postura oficial, que tiene el aval de Fiscalía de Estado, con la adoptada frente al fracking, al asegurar que «demostramos que todo lo que esté dentro de la ley se podrá hacer».

Desde la empresa no descartan ir a la justicia

Consultado por Los Andes, su CEO, Taras Nechiporenko, sobre la pretensión oficial de dar marcha atrás con el proyecto, no dudó en señalar intencionalidad política en la decisión y descartar, inicialmente, de plano la posibilidad de volver a fojas 0.

«Lo interpretamos como interés electoralista en explotar políticamente el tema minero. No se puede dar de baja todo un acto administrativo cuando nada ha cambiado; tampoco entendemos porqué la decisión cuando discutimos técnicamente en el ámbito de la Dirección de Minería cómo adaptarnos y unificar los proyectos en una sola DIA», señaló el ejecutivo.

«Van a cumplirse cuatro años, por eso un buen paso sería que llegue a la Legislatura entre mayo y julio de 2018. En definitiva, que en un año más, como máximo, podamos empezar, con el compromiso del Gobierno en apoyarnos; de lo contrario, los accionistas decidirán», consignó, sin descartar la vía legal.

«Sin dudas, de ser necesario iremos a la Justicia para defender las ganas de invertir en Mendoza si eso ocurre».

Fuente:http://www.losandes.com.ar/article/marcha-atras-al-proyecto-minero-san-jorge

Lo resolvió el Gobierno, al considerar que el Estudio de Impacto Ambiental del plan a desarrollarse entre Mendoza y San Juan se basó en el rechazado por la Legislatura en 2015.

Luego de casi 2 años desde que el rechazo de la Legislatura a la propuesta original de explotar oro y cobre en Uspallata obligara a reformular el Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno ya decidió que los actuales accionistas del proyecto San Jorge den marcha atrás por considerar que sólo presentaron una «actualización» del anterior, y no uno nuevo. De esa manera, si se acata la decisión y la firma reinicia el proceso significa que el emprendimiento, con una promesa de inversión de U$S 200 millones, no estará habilitado antes del 2019.

Así lo confirmaron tanto desde la Dirección de Minería como en la Secretaría de Ambiente, autoridad conjunta en la materia. La resolución se dará a conocer a partir de mañana, aunque los ejecutivos de San Jorge ya fueron notificados verbalmente de la medida que dilata aún más el plan de extraer y moler el mineral en Mendoza (sin uso de cianuro ni sulfúrico, como prohíbe la ley 7722), y luego transportarlo a San Juan para su tratamiento.

«A partir del análisis del impacto ambiental se ha decidido enviar el proceso a fojas cero, dado que que el proyecto de carácter biprovincial está basado en el que fue rechazado por la Legislatura durante la gestión anterior y por lo tanto no es válido. Es decir, no se puede ejecutar cuando se trata de una actualización de otro plan desaprobado. Por lo tanto, será necesario presentar una nueva EIA, y con ella reelaborar los informes sectoriales, otra convocatoria a la audiencia pública de rigor y la evaluación final», detalló el director de Minería, Carlos Molina.

Para Molina «lo positivo es que, si se reinicia el procedimiento, quizá resulte una Declaración de Impacto Ambiental con mayor consenso técnico». La referencia es que la propuesta inicial de San Jorge había dividido aguas entre especialistas de la UTN y la UNC sobre su pertinencia.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, admitió que, si los actuales dueños del proyecto la acatan, «en el mejor de los casos podría contar con la habilitación necesaria en un año y medio o más». Un tema no menor es que al bajarle el pulgar el Ejecutivo, el reformulado proyecto ni siquiera llegó de nuevo a ser discutido en la Casa de las Leyes para su ratificación.

El responsable del área reafirmó que el procedimiento de la última EIA «nunca concluyó y se necesita uno nuevo». Y eligió una analogía para aseverar que «no es lo mismo presentar planos para construir una casa que de un edificio».

Plazos, una condición a futuro

En síntesis, lo que propuso San Jorge en 2016, luego del revés legislativo, fue dividir la actividad en dos etapas entre Mendoza y San Juan: extraer oro y cobre en el lugar y completar la molienda, para luego cargar el mineral en tren y trasladarlo a San Juan para su tratamiento, foco de objeciones iniciales por parte de organizaciones ambientalistas por el uso del método de flotación y diversas sustancias químicas contaminantes.

Aunque las partes asumen que puede abrirse un frente de batalla jurídico según los puntos de vista adoptados, desde la reformulación del plan San Jorge se había aferrado a que al trasladarse el tratamiento fuera de la provincia estaba generándose un «impacto positivo» para Mendoza. Esto es, minimizar sus efectos negativos.

¿Porqué demoró casi 2 años la decisión? Desde el Ejecutivo no niegan que llevó tiempo analizar todas las aristas jurídicas a fin de prever eventuales acciones legales por parte de San Jorge, que al parecer serán inexorables.

«Había que hacer un análisis jurídico profundo para no ocasionar costos legales y por lo tanto un perjuicio económico para la Provincia. Además, ha tenido tantas modificaciones que lo que debe tenerse en cuenta no es sólo el impacto ambiental, sino también el social y económico en generación de puestos de trabajo , y por tanto excede límites geográficos», añadió Mingorance, sobre la etapa de la explotación que la firma propone completar en San Juan.

Según la compañía, se dará trabajo a  5.000 personas, entre puestos directos e indirectos para que el emprendimiento ahora envuelto en otra polémica produzca unas 25.000 toneladas de cobre anuales.

Consultado por el futuro en caso de desestimiento de sus actuales dueños, el secretario de Ambiente comparó la postura oficial, que tiene el aval de Fiscalía de Estado, con la adoptada frente al fracking, al asegurar que «demostramos que todo lo que esté dentro de la ley se podrá hacer».

Desde la empresa no descartan ir a la justicia

Consultado por Los Andes, su CEO, Taras Nechiporenko, sobre la pretensión oficial de dar marcha atrás con el proyecto, no dudó en señalar intencionalidad política en la decisión y descartar, inicialmente, de plano la posibilidad de volver a fojas 0.

«Lo interpretamos como interés electoralista en explotar políticamente el tema minero. No se puede dar de baja todo un acto administrativo cuando nada ha cambiado; tampoco entendemos porqué la decisión cuando discutimos técnicamente en el ámbito de la Dirección de Minería cómo adaptarnos y unificar los proyectos en una sola DIA», señaló el ejecutivo.

«Van a cumplirse cuatro años, por eso un buen paso sería que llegue a la Legislatura entre mayo y julio de 2018. En definitiva, que en un año más, como máximo, podamos empezar, con el compromiso del Gobierno en apoyarnos; de lo contrario, los accionistas decidirán», consignó, sin descartar la vía legal.

«Sin dudas, de ser necesario iremos a la Justicia para defender las ganas de invertir en Mendoza si eso ocurre».

Fuente:http://www.losandes.com.ar/article/marcha-atras-al-proyecto-minero-san-jorge

El ministro de Energía y Minería de la Nación mantendrá reuniones en el marco de un encuentro regional que se celebrará en el vecino país.

l ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, viajará este jueves a Chile para asistir a la reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA).  Durante los encuentros el funcionario intentará interceder con sus pares trasandinos para conseguir la reactivación del proyecto minero binacional Pascua Lama.

La cartera a cargo de Aranguren busca optimizar la explotación en los 5.000 kilómetros de la frontera común. Los dos países prevén evaluar los proyectos a ambos lados de Los Andes, la mayoría en manos de empresas canadienses, entre ellos la mina de oro y plata que se lleva por nombre Pascua del lado chileno y Lama en territorio argentino.

Este proyecto minero binacional, primero en su tipo a nivel mundial, comenzó a construirse, pero en el año 2013 se paralizaron las obras del lado chileno a causa de una denuncia ambiental y las autoridades del vecino país aún no han autorizado que se reanden los trabajos.

Mientras tanto,  la empresa Barrick Shandong ya reinició los trabajos del lado sanjuanino e incluso han comenzado a tomar personal para poder continuar con el proyecto en Lama, en donde no se descarta hacer una explotación subterránea.

Además de las cuestiones de la mina Pascua, se espera que Aranguren hable de renovación del convenio minero bilateral, que data de hace casi 20 años.

Aranguren, además, analizará con su par de Chile, el ministro de Energía Andrés Rebolledo, los acuerdos sobre las compras argentinas de gas y electricidad.

Fuente:http://www.tiempodesanjuan.com/economia/2017/9/6/aranguren-viaja-chile-pascua-lama-agenda-189588.html

El Ministerio de Educación puso en marcha, este lunes en Susques, una nueva oferta educativa que formará recursos humanos en Química Minera Sustentable, dentro de los objetivos del Gobierno provincial en materia de desarrollo del litio y otros minerales estratégicos.

La ministra de Educación, Isolda Calsina, encabezó la apertura del ciclo lectivo de la nueva tecnicatura, que se dictará con régimen presencial y tres años de duración. La nueva oferta de formación técnica, dijo la funcionaria, «viene a fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes para que todos estemos a la altura de esa demanda que los tiempos están imponiendo”.

Tras destacar la importancia de las energías renovables y del litio para la lucha mundial contra los efectos del cambio climático, Calsina subrayó que Susques se está convirtiendo en «un ámbito de desarrollo local que es realmente fundamental para nuestra provincia”.

La ministra ponderó, además, la actitud de apertura constructiva puesta de manifiesto por el Instituto de Educación Superior N° 3 Juan Ignacio de Gorriti que desde hace cuatro años brinda formación docente en la localidad y ahora instrumenta la nueva carrera de Química Minera Sustentable. «Vivimos tiempos de cambios rápidos y profundos y eso exige de nosotros esa capacidad flexibilizar y crear nuevas oportunidades”, advirtió.

Por su lado, la rectora del Instituto de Educación Superior N° 3, Ana Cicarelli, reflexionó que «el futuro se construye en el presente, el futuro no nos espera, nosotros tenemos que prepararnos para ir a su encuentro. Nuestra institución -subrayó- pudo poner en juego el valor, la decisión y la acción necesaria para atravesar fronteras aceptadas históricamente, interpelando mandatos sociales instituidos y generando espacios que permitan construir saberes técnicos, como parte de un entramado social de conocimiento e información impensado para la escuela en la que nosotros mismos nos formamos”.

Añadió Cicarelli que «así como hace ya 133 años nuestro instituto asumió el mandato fundacional de Sarmiento de la formación de maestros, hoy asistimos a lo que se podría denominar la refundación del sentido de formación que poseíamos ya que aquel mandato fue interpelado por demandas sociales, políticas, culturales y científicas que nos obligan a replantearnos nuestra tarea, no sólo a la luz de dichos avances sino de las nuevas configuraciones de lo humano caracterizadas entre otras cosas por la apropiación y naturalización de nuevos conocimientos”.

El comisionado municipal de Susques, Orlando Sebastian Cruz, agradeció al Gobierno y a la ministra Calsina que se «haya interesado en Susques no sólo por la minería sino por nuestra educación y el crecimiento de nuestros hijos que tanto anhelamos sean profesionales el día de mañana”.

Cruz agradeció además la apertura a nuevas propuestas de la comunidad susqueña y explicó que la minería «es algo nuevo que en este año lo empezamos a trabajar a nivel comunidad y municipios y con esta iniciativa educativa vamos a poder seguir adelante”.

El egresado de la nueva carrera estará capacitado para desempeñarse en tareas productivas de recursos químicos mineros metálicos y no metálicos; podrá realizar análisis químicos de las diferentes etapas en los procesos productivos mineros de metales, cerámicos, pétreos, así como detectar y controlar tipos de riesgos asociados a la industria del sector minero o empresas de servicios de la minería, tanto del sector público como del privado.

También podrá trabajar en laboratorios químicos y empresas metalúrgicas como asistente de laboratorio o técnico operador laboratorista, asistente químico en muestras o asistente técnico en empresas proveedoras o de servicios a la minería.

El plan de estudios de la carrera incluye asignaturas tales como Formación General, Ingles, Informática I, Fundamento, Programación y Métodos Numéricos; Matemática Industrial, Química General e Inorgánica; Química Orgánica y Analítica; Química Ambiental; Tratamiento Químico de Minerales; Economía y Organización; Física para químicos, Geología y Sistemática de Suelos, Emprendedurismo; Impacto Ambiental, Procesos y Operaciones Químicas; Higiene y Seguridad Industrial, entre otras.

La carrera está acreditada por Resolución Nº 4658-E/17-5509-E/17 del Ministerio de Educación de Jujuy y se dicta en la Unidad de Extensión del Instituto de Educación Superior N° 3 con sede en la Escuela primaria «27 de Febrero” de la localidad de Susques.

Estuvieron en el acto la directora de Educación Superior del Ministerio de Educación, Natalia García Goyena; la coordinadora de Políticas Socioeducativas, Alejandra Mollón; el coordinador de Relaciones Institucionales, Patricio Mainoli y en representación de la compañía Oro Cobre, la ejecutiva Silvia Rodríguez, además de autoridades municipales, docentes y alumnos de la nueva tecnicatura.

Fuente:http://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/jujuy/2017/9/6/comenzo-susques-tecnicatura-mineria-sustentable-44796.html

Aunque la meta era definir el monto de la segunda multa a Barrick, por derrame en Veladero, en julio pasado, el plazo se extendió ya que la empresa presentó un recurso de reconsideración.  El Ministro de Minería explicó que esperan que en 30 días se pueda resolver el sumario y que en principio ‘hay agravamiento’.

“Estamos resolviendo un recurso de reconsideración jerárquico que presentó la compañía por una cuestión de estricto carácter procesal, no por la cuestión de fondo. Esto no desvirtúa los hechos, las cosas están suficientemente claras, pero hay cuestiones procesales que tienen que ver con el legítimo derecho de defensa que tenemos que respetar”, dijo Alberto Hensel, ministro de Minería de la Provincia.

Cuando se produjo el segundo derrame de solución rica en Veladero, por un desacople de tuberías en el valle de lixiviación, el Gobierno de San Juan aplicó a Barrick una multa histórica: $145,6 millones, en marzo de 2016.

“La otra vez aplicamos la multa más alta en la historia de la industria del país, no de la industria minera, sino de la industria del país”, destacó el funcionario.

En marzo de 2017 se volvió a producir un derrame, en el mismo valle de lixiviación y por iguales motivos, por eso el Ministro habló de reincidencia y se especula con que la nueva multa podría ser superior.

“Corre un plazo y eso nos está impidiendo ampliar cargos sobre la base del incidente de marzo. Una vez que eso se produzca, corremos traslado de la presentación. Vamos a acumular los dos incidentes porque si dividimos, la multa no será la que creemos sino sensiblemente menor. Y la multa debe ser de acuerdo a la gravedad del hecho”, destacó el Ministro.

Agregó que esperan que en no más de 30 días estén en condiciones de resolver el sumario. “En principio hay agravamiento, el dictamen es resultado de un proceso que se llama sumario que incluye los elementos de prueba que permiten formar convicción en quien tiene que decidir, lo mismo que un trámite judicial” explicó Hensel.

Mientras tanto, Veladero comenzó a producir nuevamente ya que cumplió con todo el plan que le exigió en su momento el Ministerio. “Esto no significa que no hay mas nada que hacer; estamos con  mucha presencia en la mina. El control nuestro es a posteriori y lo hemos transformado casi en control concomitante porque de 4 semanas del mes, 3 estamos en la mina, observando y haciendo observar”, señaló.

La mina aún no recupera el volumen de producción normal de oro anterior al incidente. “Lo que no podrá darse es tratar de compensar el tiempo de baja de producción con el que resta para terminar el año; eso no lo vamos a permitir porque sería modificar parámetros que tienen que ver con la seguridad”, dijo el funcionario.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/san-juan/item/37660-contemplaciones-para-grandes-criminales-extienden-el-plazo-de-definicion-de-la-multa-a-barrick

El gobierno de San Juan firmó un convenio con las autoridades de la mina Veladero para impulsar programas de educación, capacitación y desarrollo en las comunidades de Jáchal e Iglesia que están bajo la órbita de acción del proyecto minero sanjuanino.

El convenio fue firmado por el ministro de Minería Alberto Hensel, el ministro de Educación Felipe de los Ríos y el director ejecutivo de la empresa, Fernando Giannoni.

El acuerdo contempla cursos de bachillerato para adultos en Iglesia, el desarrollo del Plan Fines, y aulas móviles del Ministerio de Educación.

Los cursos teórico-prácticos relacionados con la minería (para generar mano de obra calificada en las comunidades de Iglesia y Jáchal) serán de soldadura, electricidad, mecánica y housekeeping, además de otros cursos de computación, electricidad domiciliaria e idiomas.

Se trata de un convenio marco que tiene por objeto «establecer un plan de acción compartido para atender las inquietudes y necesidades de los diversos estamentos de la comunidad, entre ellas el aspecto educativo, y propender a través del Ministerio de Educación y de Minería a la generación y gestión de proyectos orientados al impulso y desarrollo educativo de la población».

Según se informó, el gobierno y la minera buscan «generar planes de colaboración para el desarrollo sustentable de las comunidades, con una visión de crecimiento y colaboración de esfuerzos compartidos a favor de los distintos actores sociales correspondientes».

«Estamos muy orgullosos de poder firmar este convenio con las autoridades de la provincia de San Juan. Tenemos un vínculo muy profundo con la comunidad sanjuanina y ello nos compromete y obliga a generar las condiciones para que las futuras generaciones tengan un porvenir sustentable. Sabemos que la educación y la capacitación son las herramientas ideales para alcanzar una mejor calidad de vida en su entorno», explicó Giannoni.

Gianonni agregó que «el pilar de la educación es fundamental para el desarrollo comunitario» y que «nosotros tenemos un compromiso renovado con las localidades donde desarrollamos nuestra actividad, y por eso -remarcó- queremos seguir creciendo en esas comunidades con proyectos presentes y futuros».

Para eso dijo que «buscamos capacitar a la gente en áreas de minería y otras áreas de desarrollo comunitario, como un convenio con la empresa Cisco NetAcad, con el objetivo de desarrollar conocimiento digital en Jáchal e Iglesia, diversificando el talento disponible en las comunidades y dando soporte de emprendedurismo».

Apuntó que «como la minería está cambiando y nuestros proyectos Veladero y Pascua Lama tendrán en el futuro una etapa subterránea, buscamos capacitar personal de ambos departamentos para encarar los futuros proyectos de desarrollo con técnicas de minería subterránea para el personal que va a trabajar en esas área».

Otro de los programas previstos en el convenio tiene relación con la alianza estratégica con Junior Achievement, una de las ONG más grandes del mundo que activa a los jóvenes para los empleos del futuro. En este caso, a través del aprendizaje práctico y combinado aportado por profesionales voluntarios en variadas disciplinas como educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, se trabajará para que los jóvenes hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales y administren sus ingresos, para sus familias y sus comunidades.

En este sentido, María Soledad Echagüe, gerente de Relaciones Comunitarias de Mina Veladero, sostuvo: «Cuando pensamos en desarrollo sustentable, pensamos en educación. La educación es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental sobre el cual cimentar el desarrollo de una comunidad. Este acuerdo pone de manifiesto esta convicción sobre la cual construimos el trabajo diario con las comunidades en las que operamos y es, en cierta forma, la materialización del compromiso de Veladero con esas comunidades».

Fuente:http://www.ambito.com/895452-san-juan-firmo-un-convenio-con-mina-veladero-para-impulsar-educacion-en-comunidades

El juez de Minas de Catamarca, Raúl Guillermo Cerda, opinó que existe un notable interés por la exploración de las áreas mineras a partir del incremento de trámites en el Juzgado de Minas, donde se inicia la solicitud de los yacimientos. Por lo tanto, la sede judicial se convierte en un termómetro para la actividad.
“La actividad minera le está generando importantes ingresos en concepto de tasas, sellados, pago de cánones a la Provincia porque es notable como se incrementó la actividad minera y obviamente se incrementaron los pedidos para las áreas mineras, que no son nada baratos. Es mucho dinero para Rentas que ingresa por tasas de justicia y por pedimentos nuevos y es mucho el trabajo que tenemos”, dijo en diálogo con El Ancasti.
“Hay muchas empresas que están solicitando nuevos pedimentos y eso se refleja en solicitudes. El ingreso fiscal es importante. Hay que tener en cuenta que un pedido de cateo tiene una tasa de $ 32 mil y tenemos muchos pedidos de cateo de minas vacantes que van desde 18 mil hasta $ 24 mil cada uno, al margen del canon que después se paga”, agregó.
Además, señaló que varias empresas que están regularizando el pago del canon porque estaban atrasadas y ponerse al día son $ 100 mil por sellado.
“Bienvenida sea la recaudación en concepto de tasas, como un ingreso para la Provincia. Cómo será el interés que hay que no tienen problemas en pagar lo que está fijado por ley impositiva”, dijo.
Cerda ratificó que la gran vedette es el litio. “Catamarca tiene un futuro muy interesante, que si las autoridades lo manejan bien va a ser promisorio. Catamarca tiene una reserva de litio muy importante; aquí lo estamos viendo con las visitas, hemos tenido delegaciones chinas, canadienses que han puesto su interés en la provincia de Catamarca”.

Impositiva

Según la ley impositiva que está vigente en la Provincia por cada solicitud de cateo se deberán abonar $ 24 mil. En esta etapa se buscan zonas en las que se presume existe un yacimiento minero, es decir zonas geológicas susceptibles de ser explotadas. Durante el cateo se recogen rocas del suelo o se cavan zanjas para obtener muestras y analizarlas físicamente (ver color, dureza, etc.); mientras que en la prospección se aplican análisis químicos y estudios geofísicos.
Para el caso de las minas vacantes es de $ 36 mil y es de $ 14 mil por iniciación de trámite de manifestación de descubrimiento cantera.
Un pedido de exploración o cateo de un yacimiento tiene un plazo mínimo de un año y medio. La superficie mínima a explorar es de 100 hectáreas, por un año y medio, y sin son más de dos unidades de medidas o tres se extiende por medio año más.

El canon

El canon que pagan las empresas se fija por ley nacional y luego por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía. El canon se divide según el mineral que se extrae y de acuerdo con sustancias de primera o segunda categoría.
La última actualización del canon fue en diciembre de 2014 en el Congreso de la Nación.

El trámite

El pedido por la exploración de un área minera se inicia en el Juzgado Electoral y de Minas. El magistrado es la autoridad que concede y que caduca los pedidos en caso de incumplimiento.
Cualquier particular puede iniciar el trámite, ya que el Código de Minería no establece mayores requisitos. El interesado debe presentar una muestra del material hallado y la documentación con la identificación de la zona mediante coordenadas para realizar la exploración y eventual explotación.

La documentación se gira a Dirección de Minería. Los organismos técnicos asesoran al Juzgado y establecen si la zona pedida está libre y no tiene obstáculos para la exploración, tales como ser una zona urbana. También determinan mediante análisis si se encontró el mineral que se denuncia.
En base al informe técnico de Minería, el juez concede el área o no de acuerdo con la viabilidad. Dicta una sentencia en la que establece plazos. Y ordena la publicación en el Boletín Oficial.
También se fija el canon que deberá pagar el concesionario, que tiene un plazo de un año, aproximadamente, en el que debe presentar el informe de impacto ambiental y un plan de trabajo.

El ministro Alberto Hensel explicó que solicitarán que ya se comience con el plan de evacuación de la gran cantidad de minerales que hay de lado sanjuanino.

A casi 20 días de un fallo del juez Federal Leopoldo Rago Gallo que ordenó el inmediato retiro de escombros qye había arrojado la minera Pelambres del lado sanjuanino, el ministro de Minería de la provincia aseguró que recurrirán de nuevo a la Justicia para pedir que se aceleren las gestiones para poder sacar las rocas que producen contaminación en territorio provincial.

En rueda de prensa el ministro explicó que urgente que se comience con el largo proceso que llevará a terminar con este foco de contaminación. Es que , según el funcioanrio, se necesita una serie de estudios socioambientales para hacer la evaluación correspondiente y habilitar a que comiencen los trabajos.

La escombrera en cuestión está ubicada en terrenos de la mina Pachón que está en manos de la empresa Glencore.

Si bien el mismo fiscal federal Francisco Maldonado pidió que se considere cierto grado de culpabilidad para Glencore ya que los empleados de esta firma no pudieron no ver lagran montaña de escombros, el fallo del juez no establece de manera explícita que la firma local deba colaborar con Pelambres para retirar los 40 millones de toneladas que hay en el lugar.

Fuente:http://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2017/8/29/mineria-pedira-justicia-acelere-remocion-escombros-pelambres-188662.html