Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida o severamente restringida: Chubut, Mendoza, Tucumán, Córdoba, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros. El Gobierno nacional quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país, y para ello planea enviar un proyecto al Congreso a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales. 

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que “el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/38510-gobierno-nacional-impulsa-una-ley-minera-para-que-se-explote-en-provincias-que-la-prohiben

Un grupo de intendentes de Chubut pidió impulsar el Proyecto Navidad, que prevé una inversión de u$s 1000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense, Mariano Arcioni, sucesor del difunto Mario Das Neves, los jefes comunales reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá «un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Negar el desarrollo minero es negar las posibilidades de desarrollo de la región y de superar una crisis de largo tiempo», subrayaron los intendentes de Gastre, Marcelo Aranda; de Telgen, Leonardo Bowman; de Los Altares, Mario Oviedo; de Lagunita Salada, Miguel Ancamil, y de Las Plumas, Miguel Colón. También suscribieron los intendentes de Paso de Indios, Mario Pichiñán; de Gan Gan, Ricardo Sapúlveda, y de Paso del Sapo, Víctor Candia.

En la carta a Arcioni, reflejaron sus conclusiones luego de un encuentro que mantuvieron con autoridades nacionales para analizar la posibilidad de tratamiento de la zonificación para permitir el desarrollo minero en Chubut y los alcances del Proyecto Navidad, de explotación de plata y plomo a cielo abierto.

En esa reunión, que se realizó en diciembre, estuvieron el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, junto con el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Trelew, Adrián Maderna; de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; de Dolavon, Dante Bowen; de Rawson, Rossana Artero, y de Sarmiento, Ricardo Britapaja.

En Chubut rige la Ley 5001, promulgada en abril de 2003, que prohibe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera, texto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en su constitucionalidad.

A pesar de la vigencia de la norma y de la expresa oposición del fallecido gobernador Mario Das Neves y de su sucesor Arcioni, la posible inversión de u$s 1000 millones por parte de la corporación Pan American Silver para explotar el yacimiento Navidad, reabrió el debate en la provincia.

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/Intendentes-de-Chubut-piden-al-gobernador-que-avale-un-proyecto-minero-20180109-0037.html

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros.

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que «el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país», y para ello «planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales».

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará «sobre el importe total de ingresos brutos devengados», y ya no sobre el valor «boca mina» del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca «homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera», creando «una nueva plataforma de despegue para la actividad», que ofrezca «garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades».

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante «promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada», y que la Nación «mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera», lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal «la totalidad de la normativa relevante» y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-impulsa-una-ley-minera-que-destrabe-actividad-en-las-provincias-discolas-20180109-0040.html

No muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Casi todo el mundo sabe hoy que el litio es un metal muy liviano, que sirve para fabricar las baterías recargables que llevan los dispositivos electrónicos portátiles y que también empiezan a ser utilizadas para impulsar los nuevos vehículos eléctricos y almacenar energía renovable. Incluso bastante gente sabe además que los salares de la puna sudamericana contienen enormes reservas de litio, una materia prima “estratégica” que en los últimos años no hizo más que aumentar su precio internacional, “atrayendo” inversiones extractivas directas de todo el globo (si bien el litio no cotiza en bolsa, se estima que entre 2014 y 2016 su valor promedio pasó de 5.000 a 7.500 dólares la tonelada, alcanzando en el último año picos cercanos a los 18.000 dólares). Sin embargo, no muchos argentinos parecen advertir que hace ya 20 años que una gran corporación química norteamericana llamada FMC Lithium explota el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca, posicionándose entre las cuatro mayores productoras mundiales de litio (SQM, Albermale, Tianqui y FMC controlan el 80 por ciento de las exportaciones mundiales). Y muchos menos son los que conocen la manera en que dicha empresa logró adjudicarse en 1991 el contrato de explotación, protagonizando una de las privatizaciones más escandalosas y a la vez más ocultas de nuestra historia reciente.

Incluso pareciera desconocerlo la propia gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que, a pesar de la existencia de severos problemas ambientales y del nulo desarrollo socioeconómico local producido por la empresa tras 20 años de explotación ininterrumpida, envió al senado provincial un proyecto de ley para reducirle las ya minúsculas regalías mineras (del 3 al 2 por ciento) y liberarla de la única regulación que hasta hoy le impide poder especular con las acciones y los derechos mineros de su subsidiaria local, Minera del Altiplano SA. Un breve repaso por esa historia quizás sirva para despejar las dudas que puedan tener los legisladores catamarqueños a la hora de custodiar el interés general.

En realidad, el proyecto que hoy explota la FMC sobre el Salar del Hombre Muerto pertenecía originalmente a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que entre los años 1960 y 1970 exploró los salares de la puna interesada por los usos del litio en la fusión nuclear. Sin embargo, la última dictadura militar –como corresponde– decidió incorporar al litio entre las sustancias concesibles del Código de Minería y en 1982 intentó transferir el proyecto de la estatal DGFM a la norteamericana FMC, que por entonces se llamaba Lithco y afrontaba juicios por contaminación ambiental en Bessemer City. Pero la derrota en la guerra de Malvinas interrumpió el proceso licitatorio y la empresa norteamericana debió esperar hasta la llegada de Menem. En efecto, después de varios intentos fallidos, en febrero de 1991 logró repentinamente obtener el ansiado contrato de explotación, debiendo reconocer una pequeña participación de la DGFM y de la provincia de Catamarca en la flamante Minera del Altiplano SA que se haría cargo del proyecto (2,5 por ciento para cada una), con la correspondiente designación de un miembro en el directorio. Según Vicente Méndez, por entonces jefe del Departamento de Geología y Minería de la DGFM, la “expeditiva resolución” se debió al famoso crimen de María Soledad ocurrido en septiembre de 1990, que habría llevado alas autoridades provinciales a confirmar velozmente la transferencia de los dos proyectos más relevantes de la minería argentina –Salar del Hombre Muerto y Bajo La Alumbrera–, suponiendo que ambos contratos “descargarían las tensiones y llevarían el olvido a las multitudes que diariamente pugnaban con sus marchas contra la estabilidad del gobierno de (Ramón) Saadi pidiendo justicia” (Méndez, 2004: 17). Al mes siguiente, el gobernador fue destituido y la provincia intervenida por el gobierno central.

En los años siguientes, las reformas legales e institucionales impulsadas por el Banco Mundial para el sector minero argentino (Pasma), no harían más que consagrar un régimen sectorial diseñado a la medida de las corporaciones mineras que ya se habían radicado en el país. De esa forma, a la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (que garantiza enormes beneficios impositivos, 30 años de estabilidad fiscal y regalías limitadas al 3 por ciento),se suma la incorporación del artículo 124 a la Constitución Nacional que transfirió los recursos naturales a las provincias y –como si eso no fuera suficiente– un régimen de reintegro adicional para las exportaciones mineras de la Puna (originalmente del 5 por ciento, reducido a la mitad en enero de 2002). En el caso particular de la FMC, la Reforma del Estado de Menem liquidó la DGFM, cediendo a la provincia de Catamarca su participación en Minera del Altiplano SA, que así debía subir al 5 por ciento. Pero en 1994, el entonces gobernador Arnoldo Castillo (que había gobernado la provincia durante la dictadura militar), consideró que esa mínima regulación era excesiva y firmó un nuevo contrato con la empresa, eximiéndola de pagar el canon de agua y reduciendo la participación provincial al 3 por ciento.

Cabe recordar que, por aquel entonces, la FMC también tenía los ojos puestos sobre el Salar de Uyuni ubicado en Bolivia (la mayor reserva de litio del mundo). Pero en 1993 decidió renunciar al contrato de explotación adjudicado, debido a las condiciones de participación y fiscalización pública que las universidades y el parlamento boliviano pretendían exigirle, en medio de extensas e intensas protestas sociales en todo el país (allí mismo el actual gobierno de Bolivia impulsa hoy un proyecto de industrialización 100 por ciento estatal). Si bien el Salar del Hombre Muerto era de menor relevancia, la FMC decidió privilegiar una política minera que, en los hechos, se reducía al 3 por ciento de regalías, sin ningún límite ni control en la extracción de salmueras y en el consumo de agua dulce y una participación del estado provincial que apenas le exigía no vender las acciones del proyecto ni los derechos mineros que le habían sido transferidos por la empresa estatal.

Así fue como, a fines de 1997, Minera del Altiplano SA logró inaugurar el proyecto de litio sobre el Salar del Hombre Muerto, donde posee una planta de carbonato de litio, más una planta de cloruro de litio ubicada en General Güemes, Salta, sumando una producción anual promedio de 16.500 toneladas que exporta en su totalidad vía puerto chileno, principalmente a sus propias plantas industriales de EE.UU. y a China. Mientras tanto, el departamento de Antofagasta de las Sierras donde se encuentra el Salar del Hombre Muerto, aún permanece aislado (los operarios son trasladados en avión al proyecto que posee su propia pista de aterrizajes), su escasa población de 1500 habitantes carece de los servicios básicos y la Dirección de Gestión Ambiental Minera recibió serias denuncias por la contaminación del delta del río Trapiche (que drena al sur del salar donde se emplazan las instalaciones de la empresa).

De esta forma, a diferencia de lo que ocurre en Chile y en Bolivia (que también poseen enormes reservas de litio bajo sus salares andinos), la legislación argentina no reconoce el carácter “estratégico” del litio, permitiendo al sector privado acceder a los yacimientos públicos a través de una concesión minera ordinaria y disponer de ellos libremente para venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o explotarlos hasta agotarlos, con el ritmo, la escala y las consecuencias ambientales que quieran. Es por ello que hoy, frente a la creciente demanda internacional, las inversiones extractivas directas se apuran por adquirir derechos sobre nuestros salares, incluidas las grandes corporaciones globales del litio, como la chilena SQM, controlada por el ex yerno de Pinochet, que no puede ampliar su explotación en el salar de Atacama por protagonizar los mayores escándalos de corrupción de la historia de Chile (pero es recibida con total pleitesía por el gobierno de Jujuy e incluso por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri).

Para no ser menos, la gobernadora de Catamarca y presidente del PJ provincial, Lucía Benigna Corpacci, decidió ponerse a tono con la política minera de Cambiemos y, luego de celebrar el fin de las retenciones, prometió públicamente a los gerentes de la FMC modificar los contratos de explotación vigentes para reducir las regalías en un 2 por ciento sobre el valor de las venta y liberarla del impedimento de vender las acciones y los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto. En otras palabras, si en los ´90 renunciamos a la propiedad estatal de uno de los mayores proyectos de litio del mundo, ahora pretenden que renunciemos también a regular siquiera el alquiler. Sin embargo, según los propios contratos de privatización, cualquier nueva modificación deberá ser refrendada por el parlamento provincial. Aunque parezca mentira, una vez más, funcionarios y gerentes buscan convencer a los legisladores y a la sociedad civil de la urgente necesidad de eliminar cualquier vestigio de regulación soberana sobre los bienes naturales de nuestro subsuelo, repitiendo las míseras promesas del pasado: generar 200 empleos e infraestructura básica para la comunidad local. ¿Podrán justificar nuevamente semejante desproporción? Esta vez, sin embargo, ya no hay lugar para crédulos, ingenuos o distraídos.

Fuente: http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/38434-el-saqueo-del-litio-en-el-noroeste-argentino

* Sociólogo (UBA), becario Conicet en Temas Estratégicos, integrante del Programa de Intervención Socio Ambiental (Piidisa) de la Universidad Nacional de Quilmes.

El director ejecutivo de la filial argentina de la minera británica Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, informó que en marzo próximo comenzarán las exploraciones del proyecto Calcatreu, recientemente adquirido a Pan American Silver Corp. por US$ 15 millones. “Con los permisos oficiales de explotación de los departamentos de minería y medio ambiente estaríamos iniciando la exploración en marzo”, explicó.

El cierre de la transacción está previsto para el 31 de enero o incluso antes, con un primer pago de US$ 5 millones, mientras el resto se programó para el 18 de mayo, indicó van Tienhoven.

El depósito Calcatreu está en el departamento de 25 de Mayo, a 60 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci.

Patagonia Gold informó que la iniciativa consiste “es un sistema aurífero de baja sulfuración de alta ley, con el afloramiento de mineralización en la supercie”.

Sobre el proyecto

Para noviembre de 2003 el proyecto tenía once sistemas de vetas (de oro y plata) delineadas, incluida una gran veta de 2 km de largo y 20 metros de ancho. El depósito es de oro adalaria de baja sulfuración.

En marzo de 2007 un estudio de factibilidad hecho por Snowden Australia por medio su subsidiaria Calcatreu Gold Project dio como resultado una operación de minería a cielo abierto de forma convencional con un rango nominal de 750,000 toneladas al año.

El potencial total de mineral es de 3,5 millones con densidades de oro de 3,86 gramos/tonelada y de plata de 33,22 gramos/tonelada. Y un costo efectivo de $280,83 de dólares por onza de oro. Para el 22 de marzo de 2012 el oro cotizaba a 1.637 dólares la onza.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/38463-comienzaran-las-exploraciones-del-proyecto-calcatreu-a-manos-de-patagonia-gold

Los mandatarios apoyan el Plan Navidad, que prevé una inversión de U$S 1.000 millones pero se enfrenta con la prohibición que rige para las explotaciones mineras a cielo abierto en la provincia.

En una carta dirigida hoy al gobernador chubutense , Mariano Arcioni , los intendentes reclamaron que se permita el desarrollo minero de la provincia y consideraron que ese proyecto abrirá » un abanico de posibilidades para el desarrollo local».

Seguir leyendo esta noticia : http://www.telam.com.ar/notas/201801/238245-intendentes-de-chubut-piden-impulsar-millonario-proyecto-minero-prohibido-en-la-provincia.html

Blas Meza Evans, diputado provincial del FPV, señalo que Chubut tiene una clara posición de no a la minería y destacó sus coincidencias con Mario Das Neves, quien en la última etapa de su gestión tuvo una firme posición contra la minería. Considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero. Desde hace quince años, inicialmente en Esquel y luego en toda la provincia, la población se informó sobre la actividad y sus efectos y rechaza la minería a gran escala.

Meza Evans formuló declaraciones sobre una posible habilitación en la provincia de actividades mineras como el proyecto Navidad.

Finalmente sostuvo que el FPV no está cerrado al debate minero, pero destacó el amplio consenso de los chubutenses en contra de la minería, señalando además considera ridículas las posiciones que sostienen que Chubut va a cambiar con la explotación de algún yacimiento minero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/38478-los-chubutenses-ampliamente-contra-la-mineria-y-la-ridiculez-de-la-solucion-minera.

Lo hizo en su calidad de autoridad contralor. Según la evaluación del último trimestre de 2017,  Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Negro (Goldcorp) y San José (Minera Santa Cruz) incurrieron en irregularidades en materia ambiental.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la provincia, señaló que “a los antecedentes  y naturaleza de las infracciones cometidas, se suma el incumplimiento de las recomendaciones que surgen de las actas de inspección  en materia de prevención ante posibles daños ambientales por parte de las empresas”.

Según relevaron, los proyectos en cuestión son Cap Oeste (Patagonia Gold), Cerro Negro (Goldcorp) y San José (Minera Santa Cruz).

Si bien los incidentes califican como menores, la Secretaria de Minería dispuso “la aplicación de sanciones pecuniarias y de apercibimiento fundada en la inacción posterior a las directivas que se hicieran en inspecciones previas”, según lo establecido por el Código de Minería. “No se debe llegar al punto  en que por negligencia o impericia se provoquen contingencias ambientales que podrían haber sido evitadas. Más aun cuando se trata en áreas donde el medio ambiente y la salud de los trabajadores puedan verse afectados”, sostuvo el titular de la cartera minera, Guillermo Bilardo.

“Desde al Área Ambiental se trabaja de manera preventiva en una primera instancia y, por eso, ante éstas situaciones que son menores y de fácil resolución las empresas deben cumplir adecuadamente las medidas correspondientes”, detalló el funcionario.

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2018/1/4/secretaria-minera-sancion-tres-proyectos-irregularidades-ambientales-52023.html

El viceministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Sebastián De Luca, formó fue parte de la comitiva que acompañó ayer al presidente de la Nación Mauricio Macri, en su breve visita a Chubut, para inaugurar la ampliación del Parque Eólico en Rawson.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con la producción minera en Chubut, De Luca aseguró que es una decisión que deberá tomar la Provincia, pero pidió “que se dé el debate” y que no haya una oposición “por un prejuicio”, ya que no es bueno para la definición de políticas de Estado.

“Si la minería sirve y si se puede utilizar de manera cuidada, es algo que deberá definir la provincia con sus legisladores y gobernadores”, sostuvo en Rawson el segundo de Rogelio Frigerio.
En este marco, De Luca consideró que “es algo que deberá definir la provincia que tiene la libertad de utilizar o no los recursos. Es parte del debate que tendrán que hacer en Chubut”, sugirió al tiempo de advertir que “decir que no por un prejuicio es lo peor que le puede pasar a la discusión de políticas de Estado”, opinó.

Sin apoyo en el Congreso

También tuvo definiciones críticas hacia los legisladores nacionales por Chubut que no acompañaron la reforma previsional y otras leyes impulsadas por la Nación.
El funcionario aseguró que desde la Nación esperaban otra actitud de parte de los diputados y senadores de Chubut, en virtud del acuerdo de pacto fiscal firmado entre el Gobierno Nacional y las Provincias, incluyendo a Chubut.
Sugirió también a los legisladores provinciales que den su apoyo al pacto fiscal en el recinto parlamentario de Chubut, como ya hicieron “el 90 por ciento de las Provincias”.

Crisis financiera de Chubut

El funcionario nacional remarcó que “es importante la visita del presidente en Chubut”, quien “no había podido venir para el fallecimiento de (del ex gobernador Mario) Das Neves y sin dudas que lo había tomado con mucho dolor”. Manifestó que “hay que seguir dialogando” para buscar “la salida al enorme problema financiero de la provincia. Ya hemos tenido varias reuniones con el gobernador y hemos trabajado para buscarle un marco”, remarcó.
Consultado sobre una reparación histórica para Chubut, De Luca sostuvo que “después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación” y que “los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones planteen su problemática que es distinta a la provincia de Buenos Aires”.
“Estamos discutiendo todas las alternativas y creemos que hay un respeto por quienes han votado y gobernando. Por eso nos encontrarán buscando alternativas financieras para que Chubut tenga gobernabilidad y paguen los salarios como corresponde. Son decisiones a tomar para darle un camino al 2019”, sostuvo.

Facto fiscal

Luego de la firma del pacto fiscal, “esperábamos otra respuesta de los legisladores de Chubut. El acompañamiento es del gobernador y esperamos que haya un respeto por lo que eso tiene que ver con la lógica de la provincia. Hay senadores y diputados que se han opuesto a todo lo que hemos enviado al Congreso”.
Dado que la legisladora Rosa Muñoz manifestó extorsión, De Luca planteó que “en otro lado desconocemos y estamos en contra de ese tipo de prácticas”.
En caso de no aprobarse el pacto fiscal, “habrá que insistir como lo están aprobando el 90% de las provincias. Esperamos que los legisladores salgan de las internas partidarias y puedan acordar los pactos firmados en beneficio de los chubutenses”, sostuvo.