Los modelos urbanos cambiarán en el futuro de los autos eléctricos. Los habitantes de la puna argentina gozarán de las nuevas riquezas sin perder sus humedales. Dos frases utópicas. Por ahora está en juego la participación argentina en la explotación del mineral estratégico.
Analía Brizuela 15/11/2022
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG por sus siglas) publicó en octubre resultados de una encuesta que realizó en Argentina. El estudio se basó en 2000 entrevistas presenciales a residentes en distintos puntos del país. Incluyó al aglomerado Gran Salta. Una de las consultas indagó sobre el tipo de explotación del litio. El 52,2% respondió a favor de la gestión estatal del mineral. El 32,4% sostuvo que los privados son quienes están en condiciones de gestionar su explotación de manera más eficiente. Casi el 20% no optó por ninguna de las dos respuestas.
“¿Por qué las provincias no son capaces de manejar el recurso?”, respondió una fuente consultada en la Secretaría de Minería de Nación. Otras indagaciones en áreas de gobierno salteñas sobre la nacionalización o no del oro blanco cayeron en saco roto, con respuestas lógicas para el contexto de una de las tres provincias insertas en el triángulo del litio: no se puede cambiar la Constitución Nacional de 1994, fin de la discusión.
Flavia Royón, secretaria de Energía de Nación, reforzó la idea de un paredón y después de la Carta Magna reformada en los años 90. “Los recursos son de las provincias y los gobernadores tienen todas las facultades para negociar”, dijo en las jornadas de graduados de la Facultad de Ciencias Naturales que se organizaron en la universidad pública salteña del 31 de octubre el 3 de noviembre. La opinión de la funcionaria fue lógica en el contexto de acciones de los mandatarios norteños. Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Salta, Gustavo Saénz, y de Catamarca, Raúl Jalil marcaron la cancha respecto al mineral durante meses. El gobierno nacional propuso crear una organización conjunta con países limítrofes para fijar políticas comunes relacionadas con la explotación del litio en los salares del norte. Pero como las regalías difieren entre Argentina, Chile y Bolivia, la propuesta no fue bien recibida en la liga del litio del norte argentino.
Si la encuesta de CELAG acertó en mostrar una foto de esa realidad nacional, probablemente sea porque informa de una tendencia que se construye desde distintos ámbitos en los márgenes de las esferas de gestión del Estado. Allí se analizan, de maneras diferenciadas, las políticas proteccionistas alrededor del mineral. «No se puede pensar en la nacionalización del litio sin pensar una estrategia general que te posicione en ese mercado y también hay que entender a qué se refiere cuando se habla de nacionalizar el litio», opinó Vera Mignaqui, directora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). «Empezaría por hacer valer las leyes ambientales vigentes, y las leyes que regulan la actividad minera en general. De ser así, la situación cambiaría radicalmente», dijo. Calificó las regalías mineras como despreciables. Recordó el caso de Livent, una empresa norteamericana que opera en Catamarca. En Julio pasado, la Dirección General de Aduana descubrió que realizaba transacciones a precio de costo, no internacional, para subfacturar regalías.
En su experiencia en formación académica de posgrado, los profesionales que ocupan lugares de gestión, aún no le otorgan importancia al rol de control que cumplen los impactos ambientales. Citó otra vez un caso en Catamarca y los reportes de sostenibilidad de las empresas mineras allí radicadas. “Aseguran que utilizan menos del 5% del agua que precipita en la zona. Es verdad. Pero en realidad, de lo que precipita, la mayor parte se evapora. Lo que queda disponible en arroyos e influye en napa es menos del 10%”. Por esa razón, argumentó Mignaqui, “las comunidades advierten que existe un impacto de la actividad minera en sus territorios”.
Otro entrevistado fue Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del colectivo de estudios en geopolítica y bienes comunes, más conocido por sus siglas GYBC. “Tenemos un régimen de tenencia que está pautado por la ley de inversiones mineras, el Código de Minería y la Constitución del 94”, explicó a Salta/12. Ese marco legal “no le otorga al litio ningún tratamiento especial. Propusimos posibilidades para modificar la situación”. Las enumeró luego: “declararlo recurso estratégico, intervenir con una empresa pública (desde setiembre, YPF Litio), y respetar la Ley de Actividades Nucleares de 1997”. Ese herramienta legal lleva el número 24.804 y permite al Estado nacional recuperar la soberanía política sobre el litio a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En la actualidad, el único proyecto que plantea la declaración del litio como recurso estratégico fue presentado en 2020 por Lucas Godoy, legislador nacional por Salta del espacio Frente de Todos. No llegó a instancias de tratamiento en la Cámara de Diputados de Nación. Godoy aclaró que no propone su nacionalización. También destacó que la iniciativa fue presentada antes de la creación de YPF Litio a partir de Y-Tec, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética. Si su proyecto logra tratamiento y finalmente es aprobado, permitiría la planificación de políticas a través del Estado. Promovería la investigación y patentamiento de los procesos de industrialización. Por otro lado, se crearía un Instituto Nacional del Litio, que entre otras funciones, concentraría toda la información disponible sobre el mineral argentino que hoy se encuentra dispersa en manos de distintas empresas extranjeras.
Sobre la trascendencia geopolítica del oro blanco y su rol en la transición energética, el legislador salteño recordó que el primer punto a discutir en una hipotética agenda, serían los tributos mineros en boca de mina. “Argentina es de los países que menos regalías cobran en el mundo, porque el Código minero fue pensado para otro contexto”. Descartó que discutir sobre las regalías mineras atente contra la seguridad jurídica. Todo lo contrario: “si Argentina es el país con mayores reservas de litio después de Bolivia, hay que pensar en cómo generan recursos para los argentinos”. Recordó que Chile tiene una regalía mínima del 8% y a veces llega al 40%. Además se asocian con empresas productoras. “Hasta Jujuy tiene una política que va más allá del Código de Minería argentino”, dijo. “De las regalías bastante exiguas, que no sobrepasan el 3%, Jujuy logra recaudar un 8% por su participación en distintos puntos de la cadena de valor”. Una de las dos plantas de procesamiento de litio operativas en Argentina se encuentra en Jujuy, en Salar de Olaroz. La segunda, en Catamarca.
Para el diputado salteño del Frente de Todos, las nuevas políticas estratégicas mineras nacionales deben incluir a las provincias. Recordó que Salta, Jujuy y Catamarca comparten una característica común: reciben del Estado argentino gran parte de los fondos con los que administran obras y servicios públicos. “La infraestructura en camino, redes, servicios, educación se realiza con recursos del Estado nacional. Las provincias no tienen esa capacidad”. En su opinión, hay que lograr una articulación eficiente entre las distintas jurisdicciones.
Kachi-Yupi, un protocolo indígena para las mineras
“¿Qué modelo de movilidad plantea la transición energética con baterías de litio?”, preguntó este medio a Bruno Fornillo del GYBC. “Nosotres en general, hablamos de una transición energética justa y popular. A veces lo justo adquiere significados inesperados, por eso hablamos de justa y popular”, aclaró subrayando el valor del conector. “El litio y las baterías deberían incorporarse en ese camino. Hay que generarlas (por las baterías) para sostener un transporte público, y sostener la posibilidad de una micromovilidad súper sustentable”, continuó. “Reemplazar toda la flota fósil actual por una eléctrica, solo tiene sentido para el capital y la acumulación, pero no para nosotres”.
El investigador no desconoció que la transición en ciernes se debe al colapso energético al que se encamina el mundo. Sin embargo, “las cosas tienen que dejar de ser para las corporaciones. Así como vamos (por extractivismo en general) se pone en peligro todo para todes: los humanos, los animales, las plantas, y demás”. Resaltó que se vive una segunda contradicción del capital, siguiendo las reflexiones de James O’Connor, editor de la revista “Capitalism, nature, socialism”. La “competencia hiperimperial entre corporaciones globales no puede dejar de exprimir el trabajo vivo, la energía y la naturaleza. Los dueños de las empresas no hacen esto solos”.
Sobre el exprimidor capitalista al que alude Fornillo, las más conscientes de su existencia son las comunidades originarias, como las kollas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Jujuy. Ellas denuncian hace más de una década los atropellos de las multinacionales mineras en sus territorios de la Puna. Por 2010, las comunidades kollas y atacamas de Salta y Jujuy eran 32. Las unió una causa común: la explotación minera. “Actualmente somos 17 en territorio jujeño”, dijo Julio César Valdiviezo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Jujuy.
Como las empresas mineras no cumplen con la consulta libre, previa e informada correspondiente, las comunidades andinas desarrollaron un protocolo de consulta. Lleva el nombre de Kachi-Yupi, que significa huellas de la sal. Se escribió respetando las referencias a los pueblos indígenas en las Cartas Magnas de Salta y Jujuy, el artículo 75 de la Constitución Nacional (derecho a la identidad de los pueblos originarios) y el Convenio 169 de la OIT. También leyes ambientales -nacional y provinciales– y los tratados internacionales ratificados por Argentina referidos al derecho al agua. El protocolo nunca fue aplicado.
Con Toyota en el salar de Olaroz y BMW en Catamarca (Livent), las empresas automotrices también se esconden tras bambalinas en la explotación del mineral en territorio argentino. El lobby minero es muy activo en temas sensibles, como la sanción de una ley de humedales, o el reporte de consumos de agua en la puna.
Entre Catamarca, Salta y Jujuy, y en distintas fases (prefactibilidad a producción), se encuentran en ejecución 37 proyectos para la extracción de litio. Son datos abiertos disponibles para consulta en el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina. El portal del Ministerio de Economía argentino, fue actualizado por última vez el 2 de mayo de 2022. La prensa especializada vaticina que nuestro país se convertirá en el mayor productor primario del recurso, aunque es Bolivia quién lidera el ranking de reservas de litio, con un tercio del mineral existente en toda América del Sur.
https://www.pagina12.com.ar/497786-el-dilema-del-litio-exprimir-la-naturaleza-o-vivir-con-digni
02/12/2022
30/11/2022
01/12/2022
Darío Aranda. publicado el 28/11/2022 en el diario Página12.
El proyecto denominado UniLib requirió una inversión total de US$ 7 millones, de los cuales US$ 5,5 millones corresponden a la obra civil, maquinaria y producción de materiales y US$ 1 millón a los laboratorios y planta piloto adquiridos oportunamente por Y-TEC.
23/11/2022
Se dieron a conocer datos del balance del grupo Allkem dueño de una de las dos mineras de litio operativas en Argentina. El negocio es cada día más tentador. La mano cómplice del Estado. Un control de otra clase se vuelve vital para frenar el saqueo económico y ambiental en curso.
Takeshi Chacon 15/11/2022
Para la revista inglesa, más allá de la alta inflación y de las restricciones macroeconómicas, el país “está abierto para los negocios” en ese sector. Estiman que podrían proveer el 16% del litio global
