A 526 años de la llegada del colonialismo español a América, se mantiene la violación de los derechos indígenas y la avanzada empresaria-gubernamental. Pero la lucha de las comunidades continúa. Diez días de caminata en Jujuy, parlamento mapuche en Chubut y defensa del territorio.

Diez días de caminata por el agua, la vida y en defensa de los territorios indígenas. Es la acción de lucha de pueblos originarios de Jujuy que finalizó este jueves 11 y apuntó de lleno a las políticas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. En Chubut, mapuches-tehuelches denuncian la violación de derechos y ratifican la lucha contra la megaminería.

De norte a sur, los pueblos originarios enfrentan a empresas extractivas, gobiernos (provinciales y nacional) y ratifican la defensa de sus territorios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resumió el mal que aqueja a los pueblos indígenas: “racismo sistemático”. Otro 12 de octubre sin nada que festejar.

Caminata

La Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy inició el martes 2 de octubre la “caminata por el agua y por la vida”, desde la Laguna de los Pozuelos hasta San Salvador de Jujuy.

En los más de 380 kilómetros recorridos a pie pasaron por Cieneguillas, La Quiaca , Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Volcán, entre otras localidades. En cada lugar, fueron recibidas por comunidades locales que adhirieron a los reclamos y algunos de sus referentes se sumaron a la larga caminata.

Exigen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas (vigentes en leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales que Argentina suscribió), que obligan a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades ante cualquier actividad que pudiera afectarlas. Ninguna empresa puede ingresar a territorio indígenas sin el consentimiento de la comunidad afectada. Los gobiernos y el Poder Judicial debe hacer cumplir esas leyes.

“Marchamos las comunidades indígenas que defendemos a la Pacha, que luchamos contra la voracidad minera. Invitamos a los hermanos que hoy están al lado del gobernador Morales a reflexionar y si son indígenas a defender la pacha y denunciar a aquellos que atacan a la Madre Tierra y no ser cómplices con su silencio del gobierno de Jujuy y de las mineras”, reclamó Raúl Sajama, uno de los voceros de la marcha.

Sajama afirmó que la Asamblea de Comunidades Libres está compuesta por más de cien comunidades indígenas, denunció la avanzada de la minería de litio (con complicidad de Nación, Provincia y sectores científicos del Conicet) y recordó que reclaman la derogación de la Ley 5.915 (provincial) de servidumbre sobre territorios comunitarios y contraria a los derechos indígenas.

Otro emprendimiento minero que tiene total apoyo del gobernador Gerardo Morales, y viola los derechos indígenas, es el proyecto de plata Chinchillas, de la canadiense Silver Standard, que está en cercanías de la conocida Laguna de Los Pozuelos.

El 8 de octubre, durante una de las paradas de los marchantes, dieron a conocer la “Declaración de Tilcara”, donde puntualizaron algunos de los conflictos más urgentes.

• Comunidad La Quiaca Vieja (departamento de Yavi): intento de despojo territorial por la instalación de una zona franca.
•  Comunidad Piedra Negra: instalación de paneles solares sin aprobación de comunidades.
•  Comunidad de Huichaira de Tilcara (frente al empresario Alejandro Nieva): denuncian que el gobierno provincial intenta desviar aguas del Cerro Collamboy para beneficiar a las mineras en la explotación de litio en el Salar de Olaroz.En la Declaración unen el pasado y el presente: “Los pueblos indígenas sufrimos injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de nuestra Pachamama, tierras, territorios y recursos, lo que nos ha impedido ejercer en particular el derecho al desarrollo de conformidad con nuestros conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales, necesidades, deseos e intereses”.

  La caminata finaliza hoy 12 de octubre al mediodía en San Salvador de Jujuy.

• Trawn Mapuche

  En Chubut se da una de las mayores avanzadas mineras del gobierno nacional y provincial, en beneficio de la multinacional Pan American Silver (la mayor multinacional de plata del mundo) con el proyecto llamado “Navidad” (en la meseta, centro geográfico de la provincia).

  En la provincia patagónica está vigente la Ley 5.001, nacida en el marco de la lucha de Esquel (2002-2003) que prohíbe la actividad minera con uso de cianuro.

  Desde la asunción de Mauricio Macri se redobló la presión para habilitar la minería en Chubut. Las asambleas socioambientales y los pueblos indígenas de toda la provincia están movilizadas para defender la Ley 5.001 y rechazar la megaminería.

  El 29 y 30 de septiembre se realizó en la meseta de Chubut un Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche. “Tierra y territorio fueron las palabras claves de toda la conversación. La memoria del despojo está muy cercana, la acumulación terrateniente está presente. Las tierras ’aptas y suficientes para el desarrollo humano’ de las que hablan las Constituciones Nacional y Provincial siguen ausentes de la política pública y del reconocimiento real de los derechos indígenas”, cuestiona el documento de las comunidades indígenas.

  Exigieron que se cumpla la Ley 26.160 (que frena los desalojos y ordena relevar los territorios indígenas) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a consultar a las comunidades por cualquier actividad que pudiera afectarlas. Todas las comunidades rechazaron la actividad minera.

  “Lo más profundo, propio y esencial que las comunidades originarias tenemos es la Mapu (tierra), que defenderemos porque ahí están la identidad y el futuro. Lucharemos con la fuerza de los ancestros, con la claridad y orientación de los ancianos, con la valentía de los jóvenes y con el empuje de las mujeres”, afirma el comunicado del Trawn Mapuche-Tehuelche realizado en la comunidad Yala Laubat.

  INAI

  El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el ámbito específico que refiere a pueblos originarios, que debiera dar respuesta a más de mil comunidades de 35 pueblos originarios.

  En enero de 2016 el gobierno nacional cumplió con su promesa de trasladarlo del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos. Fue la única promesa que cumplió el Gobierno en materia indígena.

  “En febrero de ese año despidieron 28 trabajadores, mientras el entonces presidente Raúl Ruidiaz -cuñado y socio del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj- pasaba sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos), les trabajadores del INAI comenzaron a sufrir una situación laboral precaria, afrontando la paralización general del organismo y sus políticas, lo que repercutió directamente en los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. El INAI estuvo administrativamente paralizado durante todo 2016”, afirmó Lisandro Arijón, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

  Explicó que también se desmanteló la estructura territorial del Instituto, “dejando a les trabajadores que cumplen sus funciones en las provincias en absoluto abandono, sin lugares físicos de trabajo, sin viáticos, computadoras o teléfonos que les permitan el contacto con las comunidades”.

  En 2017, Ruidiaz fue reemplazado por Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrática, conocida por sus “mesas de diálogo” referidas al extractivismo pero siempre con intereses comunes con las empresas.

  “Psathakis tiene un largo currículum dedicado al trabajo en distintas corporaciones mineras, y muy conocida en la ciudad de Esquel por haber representado en mesas de negociación a las mineras en contra de comunidades originarias de la zona”, recordó Arijón.

  Desde ATE aseguran que en diciembre de 2016 ya estaba claro el desfinanciamiento del INAI. “Ya se dejaba ver claramente la decisión de correr del territorio la presencia de organismos como el INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, entre otros, para dar curso a la llegada de fuerzas represivas como Gendarmería Nacional o Prefectura Naval”, denunció.

  Los trabajadores del INAI alertaron que, desfinanciamento mediante, el organismo está al borde del “vaciamiento total”. Y alertan por posibles despidos.

• Racismo sistemático

  “El sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”, denunció la ONU mediante una carta púbica de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz.

  La carta de Naciones Unidas afirma que “en la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.

  La experta de la ONU remarcó que ante la avanzada extractiva, la complicidad judicial y política “se está desarrollando una crisis global” que afecta a los pueblos indígenas y sus territorios.

  “La rápida expansión de proyectos de desarrollo sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”, alertó Tauli-Corpuz en su carta titulada “Deberían haberlo sabido”.

  Explicó que una herramienta fundamental para el despojo de los territorios indígenas es la “criminalización en casi todos los rincones” del mundo. “Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denunció la especialista de Naciones Unidas.

  También alertó que el primer paso contra los pueblos indígenas implica “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ’obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ’terroristas’ o ’matones’”. Luego siguen amenazas, órdenes de arresto, militarismo, legislación antiterrorista, violencia, represiones y asesinatos.

  Sobre el rol del Poder Judicial, Tauli-Corpuz no tienen dudas: “Los sistemas de justicia se utilizan como ’armas’ contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos”.

  A pesar de la violación de derechos indígenas y la violencia que sufren, la Relatora de Naciones Unidas afirmó que “los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.

• Fuente:http://laizquierdadiario.com/Carabelas-del-Siglo-XXI-otro-12-de-octubre-y-el-despojo-permanente

El proyecto de modificación de la Ley Nro. 7722 destinada a regular y restringir la actividad minera, que fue presentado intempestivamente por el senador Alejandro Abraham tiene dos claves, fuera del cotillón: por un lado eliminar la posibilidad de sumar “otras sustancias” entre las prohibiciones del uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico; pero sobre todo, sacar el control legislativo de los proyectos mineros. El Gobierno de Mendoza está de acuerdo con parte de ese proyecto, aunque teman expresarlo abiertamente.

El proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la minería en Mendoza, apareció de manera intempestiva, pero no es una idea nueva: en todos los gobiernos hubo intenciones de hacerlo y en la gestión de Alfredo Cornejo también.

Ese proyecto tiene muchos argumentos y propuestas de relleno, pero dos ejes clave. El artículo 1 de la ley 7722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Pero el cambio más importante es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.

La ley 5961, el decreto 820 establecen los mecanismos de protección ambiental que la minería debe tener en Mendoza, además del Código de Minería de la Nación. Por eso, cada proyecto debe tener una Declaración de Impacto Ambiental, cuya aprobación depende del Poder Ejecutivo. Pero la ley 7722 obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros tenga además aprobación legislativa. Esa cláusula de “control político” es la que en realidad ha funcionado como la más restrictiva para cualquier proyecto minero, antes que los dictámenes técnicos. En el ambiente político aceptan que la “permeabilidad a las presiones” de los legisladores ha sido el verdadero freno, más que la propia ley.

Abraham busca eliminar por completo ese artículo y en el oficialismo están de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploración y no en los de explotación. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertirán en exploración si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.

El resto del proyecto que tratará el Senado tiene artículos de segundo orden, como la asignación específica de los recursos que se generen y un impuesto extra regalías para generar más recursos al Estado.

La ley 7722 tiene un blindaje que en el ambiente político obvian. La Suprema Corte de Mendoza ratificó su legitimidad en un fallo unánime. Pero en la sentencia hay una veta importante: el ministro Mario Adaro votó en disidencia en dos aspectos de la ley. Primero, para él las prohibiciones de las sustancias tóxicas mencionadas en el ley no pueden ser solo restrictivas para la minería. Pero además Adaro pidió que se declarara inconstitucional la ratificación legislativa de los proyectos mineros por considerar que viola el sistema republicano. Es decir, para él no hace falta la aprobación de la legislatura, como propone Abraham.

La ley fue sancionada en 2007, en un torbellino político. Por un lado, el gobierno promocionaba a Mendoza como destino minero, pero en la Legislatura se sancionó una ley para prohibir la minería. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. En medio de un clima de tensión, el oficialismo y la oposición “negociaron” un nuevo proyecto. Así nació la ley que luego llevaría el número 7722.

El Gobierno trabajó desde que Cornejo asumió en un plan minero que, tras redactarlo, quedó cajoneado. Ese plan caracteriza a la minería según la magnitud de los proyectos, propone líneas de acción y, con muchos eufemismos, cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque siempre ratifican que respetarán su cumplimiento. En ese documento, por ejemplo, dicen que Mendoza perdió 5 mil millones de pesos de inversión por esa ley.

En paralelo la provincia adhiere también al Pacto Federal Minero, aunque puertas adentro del Arco Desaguadero se disimule. La propuesta de modificación de la 7722 no es un hecho aislado y también va de la mano de la intención de homogeneizar la legislación a nivel nacional. El tema es tratado en el COFEMIN (Concejo Federal de Minería). Y ese plan incluye la modificación de la Ley de Glaciares. La intención es flexibilizar las restricciones en el ambiente periglaciar y también en el área de los glaciares de escombros, por ejemplo.

Mendoza sí tuvo proyectos mineros en ese trayecto. El más importante fue Potasio Río Colorado, que fracasó y donde la ley 7722 no tuvo nada que ver. Lo mismo con los proyectos que precedieron a la ley: desde el desastre ambiental de Sierra Pintada (mina de uranio), hasta los negociados con los cateos mineros que se acumularon, pero que nunca se transformaron en inversiones reales. El proyecto San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento en Uspallata, fue el que más avanzó. El Gobierno aprobó la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), con más de 100 pedidos de aclaración. Pero la Legislatura “bochó” el proyecto. La Legislatura, con otra composición, también dejó de lado otros proyectos de exploración, como Cerro Amarillo (mina de cobre que tenía problemas porque estaba en una zona con glaciares) y también Hierro Indio, que no tenía en el plan exploratorio el uso de ninguna sustancia.

El nuevo debate por la modificación de la ley puede complicar otro plan que estaba en marcha, impulsado por el Gobierno. Se trata del saneamiento ambiental de los pasivos de Sierra Pintada, la planta industrial de procesamiento de uranio que quedó abandonada y que tiene material contaminante producido allí y también en la planta Dioxitek de Córdoba. El método elegido para sanear esos pasivos (el único posible) obliga a realizar el mismo proceso que para producir el uranio, que implica el uso de sustancias prohibidas por la 7722. Como esa ley no habla del “saneamiento” entre los procesos donde está prohibido el uso de las sustancias, creen que no hay impedimentos.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42053-el-trasfondo-del-proyecto-de-modificacion-de-la-ley-7722

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día de hoy, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dicho taller, invitó a los legisladores provinciales y sus asesores, cubriéndoles los gastos de traslado correspondientes. Sin embargo, los diputados no asistieron pero sí lo hicieron los  jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA para expresar su oposición a la actividad minera.

El sindicato ASIJEMIN, había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día 4 de octubre del corriente año, a las 10 hs. en el Círculo Italiano de Buenos Aires (CABA). El interés superior del mismo, era seducir a los diputados provinciales para habilitar la actividad minera, ya que deben lograr los votos necesarios para la aprobación del proyecto de zonificación que está en estado parlamentario en la Legislatura.

Para garantizar la presencia de los legisladores en el mencionado taller, en el cual se abordarían temáticas técnicas y específicas de la actividad, los organizadores hicieron llegar a cada uno de los 27 diputados del Chubut invitaciones especiales para ellos y sus asesores con todos los gastos de traslado incluidos. Esta situación, fue denunciada por el Diputado Albaini en la última sesión del 27 de septiembre.

No sabemos cuales fueron los motivos por los que cada diputado decidió no asistir, si fue el conocimiento responsable de las implicancias de la actividad minera que los ubica en una posición contraria a su desarrollo, si es que aprueban habilitarla sin necesidad de más argumentos, si es que se consideran ya en campaña y su presencia podría perjudicar sus intereses políticos; lo cierto, es que no se contó con la presencia de ningún legislador provincial y el taller informativo quedó frustrado.

Sin embargo, los que asistieron al lugar donde iba a desarrollarse la actividad fueron los jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA con el objetivo de expresar de una manera creativa e ingeniosa su oposición a la megaminería y visualizar la lucha provincial de las asambleas.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42044-taller-frustrado-de-asijemin-sobre-procesos-mineros

El proyecto del senador provincial Alejandro Abraham (PJ) para modificar la ley 7.722, que delimitó la actividad minera, despertó mucho debate en parte de la sociedad y generó la reacción de quienes están en contra de esta actividad con el uso de determinadas sustancias tóxicas.

En ese sentido, Héctor “Cacho” Correa Gabbi, responsable de la publicación La Voz de la Tierra, argumentó que la 7.722 “no es una ley antiminera, prohíbe utilizar químicos y destruir un enorme volumen de agua, que ya los conocemos todos por lo que han hecho desde La Quiaca a Ushuaia de un lado y otro de la cordillera”.

El ex funcionario se mostró preocupado por los acuerdos que dejó firmados Cristina Kirchner con rusos y chinos, “porque nadie sabe a qué obligan a Argentina”. La 7.722, recordó, “tiene fallos determinando la constitucionalidad, el agua es la vida y cuando se deteriora hay que buscar otros lugares para vivir”.

En respuesta al argumento del autor del proyecto, quien asegura que prevé triple control a la actividad para evitar el daño al medio ambiente, Correa afirmó que “cuando se habla de controles y otras falacias como minería sustentable, el Estado es una vergüenza y está la prueba con Sierra Pintada, donde hace 20 años bregamos para que se remedien los pasivos”.
Entre los malos ejemplos mencionó a Jáchal, Bajo de la Alumbrera y el pueblo Belén (Catamarca).

“Los controles no están en ningún lado porque los intereses son demasiados y corren demasiados premios. ¿A quién beneficia esto? No me digan que esto es la solución económica de la población, es una farsa. Hay que tener cuidado, más cuando hay una inversión turística como la que ha hecho San Rafael y Mendoza. El agua no la podemos poner en riesgo, cada vez se agrava más la crisis hídrica por el cambio climático”.

Para Correa, no es cierto que la minería sea una solución al problema del empleo y aseveró que “la solución económica es la agricultura, no hay nada que genere más puestos de trabajo que las viñas, que los frutales. Esto amerita una discusión seria con toda la sociedad, no con tres o cuatro que impulsan negocios que no son claros”.
Finalmente, y en alusión a cuál será la postura del Gobierno provincial en este tema, dijo que “tengo esperanza que Cornejo es un hombre respetuoso de su palabra, y dijo en la campaña que la prioridad era el agua”.

Fuente:https://diariosanrafael.com.ar/rechazan-la-posible-modificacion-de-la-ley-que-regula-la-actividad-minera-119972/

La empresa Pan American Silver fue señalada por los proveedores de mineras de la provincia de Santa Cruz como una empresa que se lleva todos los recursos y no deja nada.

Aquí en Chubut muchos vecinos y vecinas pudimos saberlo a partir de la exposición del diputado Alejandro Albaini la semana pasada en la legislatura provincial. Pero en especial, son los diputados provinciales quienes ya no pueden pretender desconocer los antecedentes de la empresa que pretende invadir la Meseta y secar sus recursos hídricos.

Se trata de la empresa que distintos funcionarios y los diarios El Chubut, Jornada y El Diario de Madryn, entre otros medios de desinformación, vienen presentando como “la solución a los problemas de la provincia”. Es la compañía que pretende iniciar la megaminería en Chubut a través del proyecto Navidad, en plena meseta chubutense, donde el agua es un recurso escasísimo.

Durante la sesión de la semana pasada en la Legislatura Provincial, el diputado Albaini citó las apreciaciones altamente negativas realizadas por la propia Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) hace varios meses.

En Chubut, la compañía minera viene realizando una intensa campaña de promoción y presiones de distinta clase en todos los ámbitos, incluida la Legislatura Provincial, según lo denuncia el propio legislador.

El diputado brindó información sobre el desempeño de la empresa en la vecina provincia de Santa Cruz, donde la misma opera desde 2009 el proyecto Manantial Espejo, con el nombre de “Minera Tritón”.

Indicó que la cámara de proveedores santacruceños señalaba (en declaraciones a la prensa hechas en Diciembre pasado) el nulo desarrollo generado por Pan American Silver en las comunidades cercanas al proyecto, así como también la inexistencia de contrataciones a empresas locales o provinciales proveedoras de servicios e insumos.

En su alocución, el diputado señaló también otra de las grandes mentiras en relación al presunto “progreso” que traerían las mineras: en tiempos de la inauguración del proyecto Manantial Espejo en 2009, se anunció a la población la construcción de una línea de alta tensión entre Gobernador Gregores y Puerto San Julián, pasando por Manantial Espejo.

Sin embargo, nueve años después, la obra aún no se ha siquiera iniciado, la población continúa con generación térmica de electricidad, es decir generación a base de gasoil, y se estima probable que el ciclo de la mina esté próximo a terminar.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42017-pan-american-silver-quedo-expuesta-en-la-legislatura-de-chubut

En Chubut, algunos funcionarios están tan obsesionados con la zonificación como las empresas. Siguen sin comprender que la gente no quiere minería. O tal vez lo comprendan pero no les importe.

La zonificación minera «es una decisión que pasa por la cabeza del Gobernador, que está estudiando y escuchando a los sectores» dijo Martín Cerdá, titular del área de Hidrocarburos del Chubut, a FM del Viento de Puerto Madryn. Agregó que se avanzó en conversaciones con los directivos de la minera Pan American Silver, que “el Gobernador va a tomar la mejor decisión para los chubutenses. Y para tomar esa decisión para que no haya errores, no haya equivocaciones, se necesita tener mucha información, los consensos sociales, tener claras cuestiones de regulación impositiva» y que «esto se llevará al ámbito de la Legislatura para que los diputados puedan tratar el cambio o no de esta ley que hoy tenemos».

Al parecer, Cerdá tiene serios inconvenientes para comprender la realidad. Y la legalidad. Pero desborda de un optimismo tal que roza la soberbia. O el desprecio hacia la gente.

Los gobernantes y funcionarios deben escuchar al pueblo. La realidad demuestra que la gran mayoría de los chubutenses que habitan la meseta rechazan el Proyecto Navidad y que, al igual que la inmensa mayoría de las ciudades costeras, son conscientes de que la minería en la provincia agotaría un bien escaso como es el agua, indispensable para la vida misma.  Es curioso que la “realidad” de Cerdá sea la misma que las de las empresas extractivas.

En cuanto a la “legalidad”, resulta increíble que a 15 años de la sanción de la Ley 5001, actual Ley 68, Cerdá desconozca el art. 2 de la norma que reza, textualmente: “El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley”.

Ciento veinte días son cuatro meses Cerdá. Y aunque ud. vea a Navidad como «un proyecto serio, sumamente responsable y sustentable.” Y sostenga que «Ninguna empresa que desarrolle la actividad minera quiere tener un problema con el medio ambiente porque eso impacta directamente en los que invierten en la actividad, porque las empresas cotizan en bolsa. Y ante un mínimo error se pueden ver perjudicadas sus acciones. Entonces nadie quiere meter la pata, nadie quiere no tener recaudos en el medio ambiente»  creemos necesario sugerirle que se remita a los repetidos y tristes incidentes ocurridos en Veladero o a los  hechos recientemente conocidos ocurridos en Santa Cruz . La seguridad del pueblo de Chubut no está al resguardo de su soberbia Sr. Cerdá. Tampoco de las prácticas puramente acumulativas de las empresas mineras.

 Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA- Esquel

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42006-obsesionados-con-la-zonificacion

Hace casi un año se produjo un derrame de solución cianurada en el proyecto CAP OESTE-El Tranquilo, a cargo de Patagonia Gold. La información fue silenciada por el gobierno de Santa Cruz. La población, víctima involuntaria de las fallas empresariales y la corrupción del modelo megaminero hegemónico de la provincia, vive bajo los efectos de un cóctel más que tóxico. Crónica de un encubrimiento que aún continúa.

Un derrame de cianuro de proporciones inciertas se produjo hace casi un año en un yacimiento de la empresa Patagonia Gold.La empresa ocultó el incidente mientras le fue posible. Días o semanas después -no hay precisiones oficiales sobre la fecha de la falla-, personal de la Secretaría de Estado de Minería incluyendo a su titular Guillermo Bilardo y a varios funcionarios subalternos (ver acta), efectuó una inspección en base a un informe previo de la empresa, pero luego el gobierno no difundió la información sobre el derrame.

Recién los primeros días de enero de 2018, en medio de las fiestas, el gobierno liberó a la prensa una mención de simples “irregularidades” en algunos proyectos mineros, que fueron calificadas como “menores” sin dar más precisiones. Por ejemplo, precisiones sobre la fecha del derrame, la cantidad de líquido liberado o la extensión de suelo y napas o cursos de agua afectados.

Meses más tarde, por medio de mensajes entre vecinos santacruceños, algunos detalles del incidente llegaron hasta una diputada provincial de la oposición, Gabriela Mestelán, quien presentó así a principios de este mes de Septiembre un proyecto en la legislatura de pedido de informes a la Gobernación. El proyecto no logró los votos necesarios para ser tratado sobre tablas y pasó entonces a ser tratado en comisión.

Por otra parte, al tomar conocimiento simultáneo del derrame, el ocultamiento y el pedido de informes en la Legislatura, el Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno aprobó por unanimidad una declaración de adhesión “en todos los términos” al proyecto de la diputada Mestelán.

El acta de inspección donde se comenta el derrame de cianuro “informado por la empresa” fue labrada el 31 de Octubre de 2017 (ver texto e imágenes más abajo), y en ella se citan numerosas fotografías que documentan las irregularidades.
En particular, en dicha acta se consigna expresamente:

“El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).”

Además de ésa y las otras irregularidades señaladas en el acta, se ha sumado, en el caso de autoridades de gobierno, el silenciamiento de la información, constituyendo el hecho un caso claro de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto en relación al necesario aviso o advertencia a las poblaciones aguas abajo sobre la posible alteración de la calidad de las aguas -sean para consumo humano o agrícola-, así como en cuanto a las acciones de medición de los impactos en el ambiente, con especial foco en los cursos de agua y napas afectados. Todas ellas actividades a cargo de funcionarios y técnicos de las carteras de Salud, de Medio Ambiente e incluso de Minería, en tanto autoridad de aplicación de la actividad misma. A esas acciones todavía pendientes, se deberían sumar ahora investigaciones judiciales sobre sus incumplimientos.

Queda así en evidencia la falta de veracidad de expresiones tales como “minería responsable”, “minería con controles” y otras falsedades pronunciadas insistentemente por empresarios y políticos que apoyan la actividad.

El cianuro disuelto en agua es el compuesto utilizado en el proceso minero para separar el oro (u otros metales) del resto de minerales, luego de que la roca madre es pulverizada.

De estos metales desprendidos por acción del cianuro los más peligrosos son los llamados metales pesados, que junto con el drenaje, se constituyen en la contaminación más seria para los seres vivos. Aumenta así para la población el riesgo de contraer enfermedades de distinta clase, dependiedo del metal o los metales pesados presentes. Entre las afecciones que suelen citarse se destacan las vinculadas a aspectos neurológicos, malformaciones, dinfunciones de diversas clases (gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas, entre otras) y algunas formas de cáncer.

A continuación, reproducimos el texto del acta de fines del año pasado, de la cual recién ahora trasciende su contenido:

Secretaría de Estado de Minería
Ministerio de Producción, Comercio e Industria
Provincia de Santa Cruz.

Acta de Inspección

En el Departamento Lago Buenos Aires en cercanías de la localidad de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz, a los 31 días del mes de Octubre del año 2017 se procede a labrar la siguiente Acta de Inspección, de acuerdo al marco legal vigente: Código de Minería de la Nación, Leyes Provinciales N° 1992 y su Decreto Reglamentario 2040/92. N°2554, N° 2792, N° 2949 y N° 3006, se procede a realizar la Inspección en:

EL EMPRENDIMIENTO MINERO CAP OESTE (PROYECTO EL TRANQUILO) DE PROPIEDAD DE PATAGONIA GOLD S.A.

La misma se realizó con la participación de Guillermo Bilardo, Secretario de Estado de Minería; Leopoldo Klein, Subsecretario de Geología; Pedro E. Tiberi, Director Provincial de Minería y Gestión Ambiental; Jorge Muriete, Director Delegación Zona Norte; Juan M. Ceprnic, Inspector; pertenecientes rodos a la Decretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.

Participaron en representación de la empresa: Martín Moreno, Gerente de Operaciones; Santiago Sosa, Asistente de Medio Ambiente.

En primera instancia, la empresa nos informa de lo acontecido en la pila de lixiviado, las posibles causas de pérdida de solución cianurada del pad y las medidas a implementar en búsqueda de la infiltración. Seguidamente nos dirigimos a la pila de lixiviado a efectos de observar la misma y la zona de conflicto. Nos indican en campo los pozos de monitoreo realizados a efectos de verificar posible afectación del agua subterránea debido a dicho incidente.

Al día siguiente se recorrió el sector de depósito de combustible, taller de mantenimiento de flota pesada, pañol de herramientas, depósito de chatarra, depósito de residuos peligrosos, mirador open pit, planta de aglomeración, planta y fundición Gold Room.

De esta inspección surge lo siguiente:
– No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.

– Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.

– El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).

– El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.

– En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).

– En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).

– El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).

– Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.

– Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).

– Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.

– Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.

– Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.

Forman parte de la presente acta las fotografías (17) tomadas durante la inspección. Se labran tres ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto en la fecha arriba indicada.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/41969-derrame-de-cianuro-y-encubrimiento-en-santa-cruz

El pasado lunes 10 de Septiembre Pablo Lada, vecino de Trelew e integrante de la Asamblea de esa ciudad, la UACCh y el Movimiento Antinuclear de Chubut, fue invitado a brindar una charla a trabajadores de distintos gremios. El evento se enmarca en un contexto de varios meses de intensos conflictos sindicales y políticos así como de un creciente posicionamiento público por parte de agrupaciones y referentes sindicales en rechazo a la entrega de la provincia al saqueo y la contaminación de las transnacionales megamineras.

Con más de 150 personas, la CGT del Valle, la Juventud Sindical y el Movimiento 21F brindaron una charla en el Espacio «No Me Olvides», con la presentación del ambientalista Pablo Lada de la Unión de Asambleas Ciudadanas y el Movimiento Antinuclear del Chubut.

La charla fue presentada por el dirigente de la CGT y referente de Camioneros, Luis Collio, y Carlos Mayorga, titular de la Juventud Sindical y representante de Telefónicos.

«Es grave que legisladores salgan a decir cuanto les va a costar a las mineras que se levanten 14 manos», expresó Collio y afirmó que «nos quieren hacer creer que la megaminería es la solución a todos los problemas económicos que tiene Chubut».

«Hay grupos que están propiciando una actividad que está prohibida por ley. Y hay sindicatos que cometen la hijaputez de ofrecer trabajo, aprovechándose perversamente de la necesidad de empleo que tenemos en esta zona, la de mayor desocupación en el país», dijo Collio.

Por su parte Lada expresó que «el proyecto de zonificación entrega prácticamente toda la provincia».
En este momento hay tres proyectos de ley en la Legislatura del Chubut sobre el tema minero. Dos de ellos hablan sobre zonificar la provincia para habilitar la actividad en un sector del Chubut.

«Esto lo escribieron las grandes mineras y han usado a los intendentes del interior para presentarlo en la Legislatura», expresó Lada, y añadió que «en presidente Macri ha hecho lobby directo y se ha reunido con varios Ceos de más empresas megamineras que operan en la provincia».

Sobre el impacto que tendrá la Meseta Central si se habilita la megaminería en la provincia, Lada manifestó que esto va a ser un queso gruyere y van a arrasar con todo».

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41926-vecino-de-las-asambleas-expuso-ante-trabajadores-en-trelew

Una inspección de la Secretaría de Minería detectó derrame de cianuro “superior a lo informado por la empresa”, entre otras irregularidades, en un emprendimiento ubicado cerca de Perito Moreno y Bajo Caracoles, el año pasado. El proyecto lo lleva adelante Patagonia Gold S.A. junto a Fomicruz.

Necesitamos saber si se realizaron todas las acciones que se debían realizar ante un caso de esta magnitud”, explicó la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, tras tomar conocimiento de un informe oficial que detectó serias irregularidades en uno de los emprendimientos mineros del noroeste provincial. “En el acta oficial figuran más de diez ítems con observaciones críticas”, observó.

Es por ello que la legisladora presentará este jueves en Cámara de Diputados un proyecto solicitando “al Poder Ejecutivo Provincial informe, a través de la Secretaría de Minería de la Provincia, las acciones realizadas por la empresa Patagonia Gold S.A. para subsanar las graves irregularidades reseñadas en el acta de Inspección que esa secretaría realizó el 31 de octubre de 2017 en el Emprendimiento Minero CAP OESTE (Proyecto El Tranquilo) de propiedad de la citada compañía.”

El pedido contiene seis puntos, aunque tres de ellos sobresalen por su relevancia. Busca conocer “de qué manera fue remediada el área afectada por derrame de cianuro que se constató fue superior a lo informado por la empresa inspeccionada”; “en detalle la situación de las distintas áreas del yacimiento en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y si la empresa cumple de manera eficiente con el plan de manejo de los residuos peligrosos en cada una de ellas”; y la “situación del campamento de trabajadores (condiciones de mantenimiento, salud e higiene, horarios, entre otros”.

En su presentación, la diputada de Encuentro Ciudadano solicita al Ejecutivo que “eleve a esta Legislatura los informes pertinentes con carácter de urgente atento a la gravedad de las anomalías detectadas y detalle cuáles fueron las sanciones que se aplicaron a la empresa”.

En los Fundamentos que acompañan el pedido, se recuerda que Patagonia Gold S.A. “está en una asociación estratégica con nuestra empresa Fomicruz S.E para explorar y explotar metales preciosos en el macizo del Deseado, con una participación del 10%”.

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/politica/2018/9/10/mestelan-pide-informe-urgente-ante-graves-irregularidades-en-explotacion-minera-67795.html

A juzgar por la pampa húmeda y Vaca Muerta es fácil arriesgar que estamos bendecidos por la naturaleza. Últimamente aparece otro hallazgo: el litio, que aquí brota de un lago de salmuera. Sólo hay otro parecido en el mundo y es el lago de Zhabuye en la lejana China.

La Puna se ha convertido así en sinónimo de litio y ese mineral une, al menos en la Argentina, un amplio territorio que va desde Jujuy a Catamarca.

El litio se extrae en otros lugares del mundo de una roca, pero en la Puna emerge de la laguna y la distancia entre ambas procedencias se mide en miles dólares. Es mucho más económico el que se encuentra en esta región y es lo que desató la fiebre del litio que se vive también en los vecinos Chile y Bolivia.

Argentina cuenta con ventaja ya que el litio es de alta concentración y con pocas impurezas. Eso es provocado por el ingreso de manantiales hidrotermales que agregan litio al salar y al reservorio de salmuera.

Este mineral no sólo sirve para las baterías de los celulares y de los autos eléctricos. Acaban de descubrir un nuevo uso y es el de las baterías gigantescas que sirven de resguardo para que ciudades como Santiago de Chile no se queden sin luz en tiempos de sequía o de precios de petróleo por las nubes. Chile lo está poniendo en práctica.

Claro que no todas son rosas en esta producción. “El litio no es siempre un buen litio y viene muchas veces muy mezclado con otras sales”, dice Mario De Pablos, director de Neo Lithium a cargo del proyecto Tres Quebradas en Catamarca a 4.500 metros de altura para el que inversores canadienses aportaron US$ 70 millones y ya tienen listos otros US$ 500 millones para el inicio de la explotación. De Pablos asegura que se trata del sexto proyecto de mayor ley de litio a nivel mundial. La mina tiene recursos para 20 años.

En esa región de Catamarca, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, están instalando una planta piloto en el salar y un campamento que incluye laboratorios. Trazaron caminos y generan su propia energía. Y desarrollaron proveedores locales para el catering, transporte, el mantenimiento, la construcción y la enfermería. Lo más importante: obtuvieron el permiso ambiental. En parte, por la tecnología de evaporación solar del carbonato de litio. Al mineral lo trasladan a Fiambalá y de allí al puerto de Rosario a 460 kilómetros, para la exportación.

En la Argentina , además de los inversores canadienses, hay otros jugadores en el negocio del litio como FMC de Estados Unidos, Sales de Jujuy y Soquimich de Chile.

De alguna manera, el litio llega como un salvavidas para una minería que ingresó en la etapa de declinación porque los minerales se están agotando. Hay algunas minas que son una verdadera montaña mágica, como Minera Aguilar en Jujuy. Pero la Lumbrera en Catamarca, Cerro Vanguardia y Guacamayo tienen los años contados. Otras se encuentran en plena producción como Veladero en San Juan.

La actividad tuvo un gran impulso en los 90 y conserva por ley una estabilidad tributaria garantizada durante 30 años, al margen de que puedan colocarle retenciones.

De acuerdo con la consultora Abeceb, entre enero y mayo de este año las ventas externas de las mineras aumentaron un 16,9% y sumaron US$ 1.765 millones. China está comprando más y es el principal cliente. En 2017 las exportaciones totalizaron US$ 4.200 millones.

La novedad es que el litio empieza a pisar fuerte en los embarques. Su participación en 2018 aumentó 2,1% y el oro 0,9%, mientras se redujeron los concentrados de cobre y la plata. Se prevé que este año las exportaciones alcancen US$ 4.400 millones. El sector ocupa a 82 mil personas.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/economia/fiebre-litio-jujuy-catamarca_0_BJsUmUkum.html