Se perfila la campaña electoral en Argentina y el Presidente Mauricio Macri visita Chubut y habla de los “recursos de Chubut” y de las “Posibilidades con los minerales” mientras su ministro de Ambiente Sergio Bergman recita el discurso del debate minero y la minería responsable. Una muestra más de que el gobierno macrista es en realidad el gobierno de las corporaciones.

No resulta casual que el gobierno nacional asuma este discurso en forma paralela a la maniobra de repliegue de Pan American Silver, quien reconoce que la deseada “zonificación minera” a la que el pueblo se opone firmemente se postergaría al menos un año (electoral).

Nadie puede desconocer a esta altura de los acontecimientos cuál es la decisión del pueblo chubutense. Manifestarse en forma contraria a su postura solo indica de qué lado están los gobiernos nacional y provincial.

Fuente: del sur noticias

Durante su visita a Chubut el mandatario habló sobre las posibilidades energéticas y el desarrollo de la provincia y señaló: “tenemos muchos recursos y posibilidades que hemos puesto en marcha en minerales, energía convencional y no convencional que sumado a las renovables nos permitirá ser importantes jugadores a nivel mundial”.

A su vez el titular de Medio Ambiente, el Rabino Sergio Bergman, aseguró: “No le imponemos minería a Chubut, proponemos que se dé un debate porque creemos que es una oportunidad”. Aclaró que el Gobierno Nacional piensa en una minería responsable que «cuide el ambiente y la salud de la gente» y descartó que exista una imposición a Chubut, pero aseveró que la provincia debería dar el debate.

Bergman destacó que Nación tiene una visión clara en relación a que la minería “Es una producción extractiva y productiva que puede agregarle valor a la exportación y al ingreso de divisas. Bajo estándares de responsabilidad, cuidando el ambiente y la salud de la gente”.

Aunque reconoció la decisión de “Respetar la autonomía, la soberanía y la decisión federal, dado que los recursos naturales son de las provincias y no de la Nación” remarcó  “Hablamos de una minería responsable que cuide el ambiente y la salud de la gente, por lo tanto, lo que debemos tener es consistencia técnica de la extracción minera y no prejuicios ideológicos” y que  “No le estamos imponiendo a la provincia del Chubut que tenga que avanzar con la minería. Nación está abierta para ponerse a disposición de un debate que creemos que Chubut debe dar, porque la minería es una oportunidad para el desarrollo económico de la Provincia”.

Nadie puede desconocer a esta altura de los acontecimientos cuál es la decisión del pueblo chubutense. Manifestarse en forma contraria a su postura solo indica de qué lado están los gobiernos nacional y provincial.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42325-macri-y-bergman-a-favor-de-la-mineria-en-chubut

El nuevo jefe de Barrick Gold tiene la intención de seguir adelante con planes para aumentar la inversión en los depósitos ricos en minerales, pero complicados en materia ambiental, en la frontera entre Chile y Argentina.

“Si quieres encontrar elefantes, ve a un país con elefantes”, señaló su director ejecutivo, Mark Bristow, geólogo y cazador sudafricano, en una entrevista telefónica. Comentó que la empresa de Toronto pretende invertir más dinero en el cinturón de oro y cobre El Indio y agregó que sus alianzas con mineras chinas y chilenas siguen siendo clave para su estrategia en la región.

La minera de oro más grande del mundo, que completó su fusión con Randgold Resources a principios de año, había renovado su estrategia sudamericana desde que John Thornton se convirtió en presidente en el 2014.

Barrick formó una empresa conjunta en su mina Veladero en Argentina en el 2017 con Shandong Gold Mining y formalizó un acuerdo con la minera china para trabajar en otros proyectos. También vendió su participación de 50% en la mina chilena Zaldívar para formar una empresa con Antofagasta en el 2015.

“Zaldívar es un activo importante para nosotros, en sociedad con Antofagasta, y mi interés es cómo ampliar esa asociación”, declaró Bristow. “Primero que nada a América Latina, pero también a lo largo de todo el cinturón geológico de pórfido de oro y cobre, que se extiende hasta la costa oeste de América”.

 

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/01/barrick-mantendra-estrategia-en-america-latina-pese-a-problemas/

Un observatorio contabilizó 29 enfrentamientos con comunidades por medio ambiente. México, Chile y Perú, en el podio.

ONGs desde México a la Argentina participan de un Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que contabilizan los choques entre empresas y comunidades por asuntos medioambientales.

En esa dirección, en la Argentina han contado unos 29, mientras que a la cabeza del ranking figura México, con 46. Le sigue Chile, con 44. Allí quedó suspendida la explotación de la mina Pascua Lama, en los Andes, que tiene su parte argentina.

El tercer puesto es para Perú, con 39 conflictos. Y el cuarto para la Argentina.Después vienen Brasil (26), Colombia (16), Bolivia (10), Guatemala (10) y Ecuador (8).

 

Fuente:http://oncediario.com.ar/2019/01/08/argentina-cuarto-pais-latinoamericano-con-mas-conflictos-mineros/

El gobierno de Jujuy abrió una licitación para la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia», informaron desde Jujuy Energía y Minería S.E. (Jemse).

«Se busca incrementar la producción de litio en la provincia», aseguró hoy a Télam el titular de Jemse, Carlos Oehler, tras lanzar la convocatoria a concurso realizado a través de esa empresa estatal.

«Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional», afirmó.

Se trata de un proyecto minero que abarca zonas exclusivas de interés de Jemse, ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, de «35.000 hectáreas en total», destacó el directivo.

«Necesitamos empresas que estén interesadas en hacer las inversiones», indicó y agregó que «hay indicios de que son yacimientos que tienen una alta potencialidad para la producción, en cambio no hay estudios técnicos que le den sustento a una factibilización».

Añadió que hasta el momento tres empresas han realizado las consultas sobre el proyecto pero «hay otras más también están interesadas».

En los pliegos -que se van a licitar a partir del 14 de enero hasta el 25- Jemse estableció una serie de condicionantes entre los que figura que «Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio».

Otro es que cumplan «con toda la normativa ambiental exigible para las actividades mineras».

Por otro lado, le pidió a los oferentes que «propongan la participación del gobierno a través de Jemse en el negocio de la explotación de litio que puede ser a través de una participación societaria, mediante regalías móviles».

«Cuando realicen la oferta, las empresas deberán proponer la forma de mejorar la participación del gobierno de Jujuy en un eventual proceso de explotación de carbonato de litio», explicó.

En Jujuy se viene desarrollando el proyecto de Olaróz (con la empresa Sales de Jujuy), donde se plantea la ampliación de la planta para llevar en su última etapa una producción de 80.000 toneladas anuales de carbonato de litio, actualmente se produce allí, alrededor de 15.000 toneladas.

También en el salar Cauchari, EXAR procura instalar una planta de 25.000 toneladas una vez finalizada la inversión en la planta productora de carbonato de litio; y el proyecto de South American Salars S.A. también en Cauchari, donde se estima que la potencialidad de dicho yacimiento, puede producir unas 20.000 toneladas de carbonato de litio, según informó Jemse.

 

Fuente:https://www.grupolaprovincia.com/economia/el-gobierno-de-jujuy-lanzo-la-licitacion-de-areas-potencialmente-productoras-de-litio-206563

Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

 

Fuente:http://www.marcha.org.ar/litio-en-san-luis-peligrosa-logica-extractivista-en-nombre-de-la-transicion-energetica/?fbclid=IwAR280fJGTkTiMP7a6VzLVddZnnsdpDwOojyJvrm4tSFkBqxeeQ2i6A99-Lg

‘Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación’, indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.

En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.

Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.

“Nuevos aumentos”

Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.

“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.

Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.

“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.

Fuente: El Patagónico (Comodoro Rivadavia)

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/politica/2019/1/6/para-el-gobernador-de-chubut-la-mineria-no-representa-una-salvacion-75688.html

Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

Un muy interesante análisis realizado por Julieta Lucero y Fabricio Cardelli para Revista Cítrica.

 

“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.

Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa

“A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora”, cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. “Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí”, se descarga. 

Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.

Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.

Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.

El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.

Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos

Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.

En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019. 

Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.

A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.

¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.

Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.

Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.

“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42307-detras-de-los-despidos-en-agroindustria-el-extractivismo-minero

Un susto y serias dudas hicieron temblar el anuncio hecho por funcionarios macristas en el G20 respecto a tener novedades de la puesta en marcha del único megaproyecto minero de oro y cobre en Catamarca. El agua que toma la ciudad de Andalgalá bajó turbia y de un color cobrizo, producto de que las lluvias “lavaron las laderas” en la zona de exploración de la mina “Agua Rica”. Una negligencia grave por parte de Yamana Gold y una impericia técnica incomprensible por parte de la Secretaría de Minería de la provincia, que conduce Rodolfo Micone, que pone en riesgo la salud de la población. ¿Deberían ir presos? El Intransigente advirtió que los controles ambientales se habían relajado.

Seguro van a decir que hubo desplazamiento de material -natural y lógico- en época estival, pero de ninguna manera pueden justificar esa versión oficial con imágenes satelitales. La primera hipótesis es que se debería a la actividad exploratoria sobre la ladera del cerro donde se encuentra el mencionado megaproyecto minero. El punto es que si se genera este riesgo solamente con actividad exploratoria, qué sucederá cuando avance Agua Rica, o qué se puede esperar, entonces, para el caso de Bajo la Alumbrera, que tiene el dique más grande de Sudamérica (paredón de 170 metros de altura).

Precisamente, El Intransigente hace poco hacía mención a que los controles eran ineficientes y se habían relajado en el marco del anuncio en el G20. El Estado promueve la minería y el Estado controla. En Catamarca falta generar una entidad independiente con profesionales de experiencia y no tener estudiantes crónicos cuyo único mérito es ser del mismo color político y, a esto, le sumamos que los funcionarios del Gobierno provincial tienen parientes que trabajan en las empresas privadas mineras. O sea, manejo en forma clandestina, favores cruzados y un sistema donde matrimonios e hijos están jugando de los dos lados del mostrador… ¿Qué tipo de control pueden hacer? No pueden exigir nada. No hay una minería seria. Los responsables son ineptos y corruptos.

Los gobiernos no atienden debidamente la problemática ambiental. En política minera ya no hay margen para los errores. Lo del agua turbia cobriza en Andalgalá, una población de 17 mil habitantes, es causa y efecto de una minería sin control. En este sentido, hay resoluciones internas para controlar el riesgo en época estival, en otras palabras, tareas específicas del gobierno y las empresas. Evidentemente, no hay un programa de contención de sólidos para que no llegue abajo el material suelto o sedimento que terminó afectando a la planta potabilizadora de agua y a toda la comunidad andalgalense. Si la mina no está en actividad (hasta aquí solo se exploró Agua Rica), ¿cuáles son las medidas que -en teoría- la Secretaría de Minería debería haber controlado y aprobado?

Estos hechos que generan dudas en la sociedad se dan por la falta de transparencia del Gobierno y las empresas. Con la tecnología de hoy, cámaras, imágenes satelitales, drones, etc., no deberíamos tener ningún tipo de incertidumbre por estos fenómenos. Sin embargo, aún no se han expresado formal y oficialmente las autoridades. Lo reconozcan o no, los únicos avances en materia ambiental se hicieron gracias a los “ambientalistas” o movimientos sociales relacionados con el cuidado del medio ambiente.  En síntesis, hay que recorrer la zona de unión de los ríos Minas y Blanco (sector anómalo) para verificar de dónde vienen los sedimentos que le dieron ese color al agua afectándola en el departamento de Andalgalá. De todas formas, el impacto social fue incalculable en las redes sociales.

Asimismo, si el proyecto Agua Rica no avanza se debe hacer un “cierre temporal” de la mina, no puede dejarse de esa manera, incluso para que no suceda esta grave situación de dejar sin agua a toda la población. No entienden Nación y Provincia que ya vienen complicados con la licencia social, pero siguen matando al proyecto que supuestamente promueven. Creen que todo es político-partidario y que con pagar las pautas publicitarias en los medios de comunicación alcanza. Sin controles ambientales eficientes, no hay política minera seria, ni mucho menos licencia social.

En definitiva, si la empresa no trabaja -o la mina está en stand by- deben explicar cuáles son las medidas de cierre temporal que lleva adelante la empresa Yamana, en tanto la Secretaría de Minería, que conduce Rodolfo Micone, debe comunicar los controles que realiza desde el organismo oficial, porque si no hay deslizamiento el color se debería al lavado de las laderas exploradas. Sin duda, Yamana no debería pensar en operar la mina, sino en devolverla, y los funcionarios de Minería deberían ir presos, ya que ambos juegan con la salud de la población. Aparte del color, seguro que hay polución química que afectó la potabilidad del agua luego de que la lluvia arrastrara la parte alterada -o tocada- en Agua Rica.

 

Fuente:https://www.elintransigente.com/politica/2019/1/2/la-mesa-de-dialogo-de-la-matanza-exigio-soluciones-recursos-533132.html

El intendente de Las Heras ratificó su negativa a la minería metalífera, se opuso al debate en la Legislatura por la reforma de la 7722 y, si bien consideró que debe diversificarse la economía de Mendoza, remarcó: «Pero a costa del agua de los mendocinos, no».

«Soy militante del agua. La minería en San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista. A mí me tienen que dar controles, con auditorias bien hechas, y no estamos capacitados para eso», lanzó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), en diálogo con MDZ Radio.

El viernes, en el programa «Otra manera», el jefe comunal consideró que «tenemos que hacer una diversidad económica, pero a costa del agua de los mendocinos, no». Asimismo, se identificó con el pensamiento de los intendentes de San Carlos y General Alvear, que rechazan la minería.

«No comparto la reforma de la 7722. Como médico, con los metales pesados que tenemos, hoy dijo no. Mi oposición a la minería es tajante y en eso estoy con los ambientalistas de Uspallata, de todo Las Heras», completó el dirigente cobista.

Justamente, algunos cambios en la 7722 permitirían que el desarrollo del proyecto minero San Jorge pueda desarrollarse íntegramente en Mendoza y no como una iniciativa biprovincial con San Juan. Sin embargo, el jefe comunal lasherino rechaza la idea.

 

Fuente:https://www.mdzol.com/politica/Orozco-San-Jorge-no-es-viable-bajo-ningun-punto-de-vista-20181226-0095.html

Entregadores de diversa calaña -pero con sueldos y fueros parlamentarios- “debatieron”, con el habitual desprecio por la ciudadanía y con la euforia empresaria que caracteriza estos encuentros, las supuestas ventajas de la minería y estrategias para obtener licencia social. Se reunieron al amparo de un oscuro “Círculo de Legisladores”, claramente alineado con los intereses de las transnacionales mineras. Macristas, kirchneristas, peronistas dijeron presente. El ministro de minería de la contaminada provincia de San Juan insiste en llamar “industria sustentable” a una de las actividades más destructivas y contaminantes que dañó cuencas hídricas y destruyó la agricultura en amplias zonas, principalmente el valle de Jáchal e Iglesia, perjudicando impune e irremediablemente a la población. Lideró el encuentro el subsecretario de Desarrollo Minero del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lamothe. Y también participó como autoridad de la entidad el ex gobernador de Chubut Néstor Perl, padre del director del Grupo Jornada en nuestra provincia.

A través de las dos notas que presentamos a continuación, podemos vislumbrar parte de los planes de estos traidores al Pueblo, sin distinciones de credos políticos, y de las poderosas empresas extranjeras que tienen detrás.

El Gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislación e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim; el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel; el titular de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto; el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez; el secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación. Queremos generar un marco de reflexión para lograr en el futuro un modelo nacional minero sustentable.

Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

Señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”.

Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.

“La minería hay que militarla. Tenemos que trabajar en todos los frentes para construir entre todos un modelo minero nacional”, dijo Hensel que se mostró preocupado por las “incertidumbres” que se generan para la actividad minera a partir de “la ley de Glaciares” a la que pidió revisar porque “pone en riesgo 19 mil millones de dólares en exploración y más de 15 mil puestos de trabajo.

Es importante recordar que la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe en su artículo 6º “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”.

Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”.

Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo multiactor con las provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”.

Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

Álvarez recordó que la Cámara de Empresarios Mineros creó un programa denominado “Hacia una Minería Sustentable”. Dicho programa genera 8 protocolos de gestión de cada uno de los yacimientos de las empresas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con su relación con las comunidades, con el respeto a los derechos humanos, con la biodiversidad de especies vegetales y animales y con los diques de colas para que no haya accidentes o incidentes”.

El vicegobernador jujeño, Carlos Haquin, destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Haquin destacó que “hoy en Jujuy hay seguridad jurídica y en materia de transparencia la provincia ha creado la oficina anticorrupción. Tenemos respeto por los derechos humanos con instituciones fuertes y con paz social”. El vicegobernador agradeció al presidente Mauricio Macri por “su fuerte compromiso con el desarrollo de proyectos mineros, de energías renovables y de turismo en la provincia de Jujuy”.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto hizo un aporte “Nosotros que hacemos auditoria ambientales nos sorprendemos por la mala prensa que tiene la minería. Sin embargo hay otros sectores como la producción de soja y los basurales que son más peligrosos porque transfieren millones de productos tóxicos en un minuto al medio ambiente pero nadie habla mal de como la agro-industria contamina con sus químicos y nadie se pregunta donde va a parar los residuos tóxicos, pero todo el mundo habla mal de la actividad minera”.

 

La versión del gobierno sanjuanino

Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”
El ministro de Minería sanjuanino asistió al Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.

Entre empresarios, investigadores y funcionarios se dio un desayuno de trabajo muy interesante en Capital Federal pensando en “La importancia de la minería en Argentina”. En este sentido, para la organización, la minería sustentable se convirtió en uno de los objetivos estratégicos que promueven transformaciones positivas y adecuadas al devenir histórico de la Nación.

El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, expuso sobre el desarrollo minero sanjuanino. Hensel contó cómo la minería sustentable, dirigida por una política de Estado clara, transformó la provincia.

“Pasamos del monocultivo de la vid a diversificar nuestra economía. Así la minería representa el 78% de las exportaciones y el 40% del PBG. San Juan creció un 40% respecto de la media nacional”, dijo Hensel.

La meta es lograr que esa riqueza minera atraviese a toda la sociedad, apoyando e impulsando a otras industrias, para ser motor de desarrollo regional y nacional.

El intercambio de ideas tuvo tres ejes: el desarrollo de la minería en el país, su legislación y su impacto en el medioambiente.

La charla debate estuvo organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) perteneciente al Círculo de Legisladores de la Nación (CLN).

De la jornada participaron Mariano Lamothe, subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación; Carlos Haquim, vicegobernador de Jujuy; Marcelo Alvarez, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Humberto Roggero, presidente de IEERI y de Relaciones Internacionales; Horacio Pernasetti, vicepresidente de IEERI; Nestor Perl, ex gobernador de Chubut y secretario general del CLN; Julian Ronney, presidente de la Cámara Británico Argentina.

También asistieron la Ing. Liliana Gurdulich de Correa (senadora MC); Fernanda Bendinelli Ferrero (diputada MC) con ejercicio en diversos cargos del Círculo de Legisladores; Oscar Lamberto (diputado MC); miembros del cueroo diplomático de Bolivia, Inglaterra, Perú, Australia y Brasil.

El IEERI en su versión oficial

El IEERI nació por impulso del Círculo de Legisladores de la Nación, acorde a los cambios que se vivieron en el país y a nivel internacional. La idea fue acompañar esos cambios con el desarrollo de estudios y propuestas en las áreas productivas, culturales, sociales, políticas, económicas, del campo tecnológico y las comunicaciones; con preponderancia en las relaciones internacionales.

El instituto ha encarado esfuerzos sostenidos, cubriendo un amplio programa de estudios y divulgación, organizando seminarios, ciclos de conferencias y tareas de investigación desde su creación hasta la actualidad.

Además ha puesto especial énfasis en la cooperación e integración que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos que promuevan transformaciones positivas de la Nación.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42293-mineras-y-gobiernos-mentiras-edulcoradas-y-maniobras-2019