La determinación implica una derrota de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y la provincia de San Juan.

Una dura derrota recibieron las mineras en Argentina. La Corte Suprema de Justicia falló de forma unánime en contra de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y la provincia de San Juan, para ejecutar proyectos en zonas protegidas. La determinación confirma que la ley de protección de glaciares promulgada en 2011 es constitucional.

Las empresas habían frenado en los tribunales la aplicación de la norma que prohíbe la exploración y explotación en ambientes glaciares. Los demandantes solicitaban la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que la carta magna establecía que los recursos naturales eran patrimonio de cada provincia.

Tras el fallo los grupos ecologistas pidieron el cierre de concesiones como Veladero, una de las minas de oro más importantes del mundo. Informa El País que los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Maqueda establecieron que «se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad«.

Argentina es el segundo país d Latinoamérica con más reservas de agua en estado sólido, sólo por detrás de Chile. Según un inventario finalizado de 2018 existen casi 17.000 glaciares en territorio trasandino. Los ecologistas consideran la sentencia como un hito y consideran que frena 44 proyectos mineros en las cercanías de glaciares.

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/corte-suprema-de-argentina-protege-los-glaciares-tras-un-fallo-unanime-en-contra-de-las-mineras/20190604/nota/3911046.aspx

Este sábado 1 de junio en la Plaza Independencia las Asambleas por el Agua de Mendoza harán una juntada de firmas para exigir que no se modifique la Ley 7722 y se sancione una ley que declare a Mendoza como provincia libre de fracking.

Son dos de los frentes de batalla que encaró el lobby minero en los últimos meses en tándem con el gobierno provincial. Por un lado se apoya desde el oficialismo los proyectos reformistas de la ley que impide en Mendoza el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en la minería, y por el otro el Ejecutivo impulsa políticas activas profracking.

En ese sentido, Cornejo y el candidato a ser su sucesor por el macrismo,m Rodolfo Suárez, viajaron a Estados Unidos en busca de inversiones para explotar la lengua de Vaca Muerta sobre la que se posa el sur mendocino, y encaró rebajas de regalías para quienes quieran fracturar la roca, entre ellos la petrolera de Vila y Manzano y la propia YPF.

Mientras tanto, los lobbistas contra la 7722 no se quedaron quietos. Reunidos en el cluster energético, enviaron cartas a Cornejo y presionan a los legisladores para modificar la norma, resistida en las calles y fincas de los sectores productivos.

En su última jugada, viajaron a San Juan para unir fuerzas con sectores mineros de la provincia vecina en pos de atacar la ley en bloque.

Informe Explícito: Desde Dick Cheney a Groisman, Pescarmona y los socios de Vila quieren voltear la ley 7722

Frente a estos embates, los ambientalistas han continuado su lucha en la calle: hubo un banderazo en la Fiesta de la Ganadería de Alvear y la próxima acción será la mencionada, en la plaza Independencia, de 11 a 14.

Fuente:https://explicitoonline.com/las-asambleas-por-el-agua-vuelven-a-la-calle-en-defensa-de-la-7722-y-contra-el-fracking/

El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.

La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.

Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.

Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.

Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.

Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.

La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.

La cuenta regresiva

En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.

No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín– están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.

A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.

“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.

Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.

“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.

Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.

A raíz de una presentación de la minera Barrick Gold, el máximo tribunal de la nación debe decidir sobre la constitucionalidad de la ley que protege el agua del pueblo.

La ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial tiene como misión preservar las reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, la protección de la biodiversidad y como atractivo turístico.

Fue muy resistida por las empresas mineras, por los gobernadores de algunas provincias y hasta fue vetada en 2008. Pero la presión social logró su sanción en 2010 y su reglamentación en 2011. Fue entonces cuando Barrick Gold cuestionó su constitucionalidad y ahora la Corte Suprema de Justicia debe expedirse.

Enrique Viale, abogado ambientalista, afirma que si se declara inconstitucional la ley de glaciares porque podría derrumbarse el ordenamiento jurídico en términos ambientales y quedar sin efecto la ley de bosques, la ley general del ambiente y todas las leyes que se puedan aprobar en algún futuro, como la ley de humedales.

«Hay dos intereses en juego: el agua de todos los argentinos y el oro de una empresa minera que quiere destruir glaciares en territorio argentino. Los glaciares son la fábrica de agua del país y nutren todos los ríos. Ellos quieren hacer minería bajo esas zonas: para hacerlo no hay otra forma que destruir el glaciar», enfatizó Viale.

A su vez Gonzalo Strano, vocero de Greenpeace, señaló: «El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera. Caso contrario, pondría en jaque al sistema jurídico ambiental en su conjunto porque deberían reverse todas las leyes ambientales que se aprobaron en nuestro país, lo que sería una locura».

El periodista ambiental Sergio Federovisky, presidente de la Fundación Ambiente y Medio, sostiene que  «El fallo de la Corte permitiría confirmar si la Argentina tiene vocación de tener una normativa conjunta de todo su territorio en materia ambiental, una política ambiental de la totalidad de su geografía, y seguir pensando la idea de que las provincias sean las dueñas de los recursos convierte a la Nación y a sus habitantes en rehenes de las cajas o las condiciones feudales de algunos regionalismos».

El agua dulce es el bien común imprescindible para la vida en el planeta y las asambleas ciudadanas venimos dando una pelea sin tregua en su defensa desde hace años.  Esperamos con atención el pronunciamiento de la CSJ en acuerdo con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional y a la vez recordamos que los ríos trascienden las fronteras provinciales y que Barrick Gold es responsable por el mayor derrame tóxico en cinco ríos argentinos.

La vida no se negocia.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42749-se-espera-el-fallo-de-la-corte-por-la-ley-de-glaciares

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, quien no se excusa y vota en causas de los clientes del estudio que compartió con el abogado Gabriel Bouzat, tiene también relaciones de negocios que llegan hasta el presidente Maurizio Macrì y su socio brasileño, Marcelo Odebrecht. Ellas lo convierten en un amigo de oro del presidente.

Las sociedades

Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macrì (Socma). Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión, uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo.

En 2011, el Blackwood Group informaba que sus integrantes eran:

• la constructora brasileña Odebrecht;
• Sofinter, un grupo de empresas especializadas en el sector de generación de energía;
• Sideco Americana;
• Grupo Galileo, de tecnología en gas natural comprimido;
• Minera Geometales, que realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
• Litsa SA, especializada en la construcción operación y mantenimiento de líneas de transmisión de energía.
• Civilia Engenharia LTDA, que administra rutas en Brasil;
• Qualix SA Environmental Services, de recolección y tratamiento de residuos.

Todos esos socios de Odebrecht (salvo quizás Sofinter), forman o formaron parte del Grupo Macrì y una de esas empresas, Minera Geometales fue beneficiada con una decisión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tal vez por eso se permite poner en duda la candidatura de Macrì sin caer fulminado por las invectivas de Elisa Carrió y los trolls de Marcos Peña Braun.

Geometales y Oromin

Una de esas empresas, Minera Geometales, fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macrì, a quien su primogénito pronunció corrupto diez días después de su muerte. En 2016 inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes.

En cuanto asumió la presidencia Maurizio Macrì se apresuró a ponerlos en venta. Sería útil saber quién los adquirió. Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia. Despiadados para los negocios, pero sin perder la ternura.

En 2014, el gobierno mendocino de Paco Pérez, cuyo valedor nacional era Diego Bossio, le quitó a los Macrì por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca, en el distrito minero 2, de Malargüe. La razón fue una serie de incumplimientos como los que acostumbra el Grupo Macrì, entre ellos la omisión de denunciar el descubrimiento. Minera Geometales explora pero no explota los yacimientos. Los descubre y los vende a otras firmas.

Su apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida, cuando Macrì ya daba exhibiciones de baile desde el balcón de la calle Balcarce y Rosenkrantz lo representaba en la Corte. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.

Pulisich es el eslabón perdido entre Macrì y Rosenkrantz. Cuando Macrì lo designó como comisionado del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz entregó una lista parcial de los clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá.

La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema. Esa grosería fue corregida por el Enmendero Principal del Gobierno, Micky Vanilla, quien como jefe del bloque mayoritario en el Senado hizo saber que si no se seguía el procedimiento constitucional, ni Rosenkrantz ni Horacio Rosatti, creado juez en la misma lechigada judicial, podrían sentarse en el salón de acuerdos de la República Autónoma del Cuarto Piso . Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía.

Y la Barrick también

El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold.

Además de Barrick Exploraciones Argentinas SA, también lítiga Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. El Otro de la carátula es la provincia de San Juan, que durante la gobernación de José Luis Gioja también pidió la inconstitucionalidad de la ley protectora. Por eso es un caso federal y la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad.

El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó. Poco después la Barrick presentó una ampliación de fundamentos (cosa que no sería admisible en un recurso extraordinario o de queja). En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos.

En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados.

De barro

Rosenkrantz fue quien avisó a los medios y al gobierno que los otros cuatro miembros de la Corte habían acordado solicitar al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa Vialidad, en la que se acusa a la ex presidente CFK. Lo hizo por medio de su desmesurado colaborador Federico Morgenstern. La desembozada presión del propio Presidente, del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Justicia sobre la Corte Suprema de Justicia, en declaraciones personales de cada uno de ellos respecto de una presunta impunidad, sumada al alud de barro periodístico arrojado sobre el tribunal, disuadió al TOF 2 de postergar el comienzo del debate público fijado para el martes 21, motivó el comunicado más confuso difundido en un siglo por la Corte Suprema (amen del blooperde su publicación inicial en borrador, que es un pecado menor), y dejó abiertas todas las posibilidades.

Otro que por correr tan de prisa llegó desnudo a la meta fijada por Macrì fue el procurador fiscal a cargo en forma interina del Ministerio Público, Eduardo Casal, quien hizo algo sin precedentes. En apenas una línea, sin tener el expediente a la vista ni haber recibido una solicitud de opinión por parte de la Corte, se dirigió al tribunal para solicitar, en apenas una línea, que no suspendiera la iniciación del juicio contra Cristina.

Militantes peronistas plantearon una movilización sobre los tribunales para acompañar a Cristina el martes 21, pero ella los desalentó. “Ya fuimos una vez a Comodoro Py. No vamos a levantarle el precio a esta jugada, con la que intentan distraer la atención de los graves problemas que padece el país”, dijo. El gobierno tendrá la foto que anhela y comprobará que no amengua en nada el repudio generalizado a sus políticas. Al día siguiente Macrì estará más débil, mientras el Peornismo Federal y la UCR seguirán sondeando la posibilidad de repetir una fórmula conjunta, invocando el Perón-Balbín que no fue en 1973 y olvidando las dos fórmulas mixtas que fracasaron: Cristina-Cobos y Lavagna-Morales, ambas en 2007. Una se impuso pero resultó no positiva, la segunda ocupó una cómoda tercera posición, muy al estilo PRO actual.

Pero más allá de las palabras, el mero hecho de haber solicitado los autos implica que el tribunal consideró consistentes las alegaciones de la defensa de la ex Presidente y de los demás procesados. Si la Corte, luego de iniciadas las audiencias, decidiera abrir la queja, con efecto suspensivo, el debate debería interrumpirse hasta que el tribunal se pronunciara.

No se formularon objeciones menores:

• Cristina es juzgada por la obra pública en Santa Cruz, cuando no era funcionaria provincial. Con ese criterio, quien presida la Nación será responsable de cada acto que realice hasta el último funcionario;
• Durante la instrucción, el juez Julián Ercolini de Kenny no aceptó peritar ni una de las 51 obras realizadas por Lázaro Báez en Santa Cruz, sobre un total de 83, como pidió la defensa.
• Ya este año, el Tribunal Oral aceptó auditar cinco licitaciones, elegidas ni siquiera al azar sino de acuerdo a la discreción del juez y los fiscales, allí donde creen que les será más fácil probar alguna infracción.
• Tampoco se aceptó comparar esas obras con las realizadas por otros contratistas del Estado. Por un lado se afirma que las empresas de Báez obtuvieron un tratamiento preferencial, por otro el Tribunal Oral rechaza cualquier medida de prueba que permita controvertirlo.
• El Tribunal Oral sólo admitió el 20% de la prueba ofrecida, rechazó decenas de medidas fundamentales propuestas por la defensa, en particular aquellos puntos a peritar, fundamentales para conocer la verdad de los hechos enjuiciados, por ejemplo si las obras investigadas presentan o no deficiencias constructivas;
• “Aunque cueste creerlo, una prueba de descargo esencial reclamada por mi parte será producida por uno de los acusadores (el Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera) , sin que las defensas cuenten siquiera con la posibilidad de controlar el desarrollo de esa experticia, como lo prevé expresamente la ley procesal”.

El Tribunal Oral resolvió que esos cinco estudios periciales no podrán evaluar:

• Si las eventuales demoras advertidas en la finalización de las obras asignadas a las empresas de Báez son similares a las constatadas en otras jurisdicciones del país;
• Si los pagos recibidos por las empresas constructoras de Báez son congruentes con los precios de plaza y con los efectuados en licitaciones similares realizadas en otras provincias;
• Si la supuesta práctica de cotizar por encima del 20% de los presupuestos oficiales era una característica exclusiva de las obras asignadas a las empresas de Báez o si esta supuesta actividad irregular también se daba en otras provincias de la Argentina.

En consecuencia, concluye Beraldi, “aquí no se desarrollará un verdadero juicio ante la ausencia de pruebas básicas, elementales y dirimentes para la suerte del pleito”.

Con ayuda de un filósofo

Si por encima de los apasionados alineamientos políticos de estos años, alguien opuesto a mis opiniones leyera estas líneas, lo invito a ponerse una mano en el corazón y responderse a sí mismo, sin contármelo a mí o a otros repulsivos kirchneristas, si no se justifica una revisión del tribunal superior desde el punto de vista de los derechos y garantías básicas de un sistema que merezca el nombre de judicial.

Tal vez lo ayude la opinión de un conocido filósofo del derecho, que al hablar ante la conferencia sobre delitos transnacionales de la Asociación Internacional de Abogados dijo que “hay que ser extremadamente cuidadoso con la tentación de establecer excepciones, ni siquiera cuando pueda pensarse que dichas excepciones son necesarias para la realización de objetivos colectivos valiosos como, por ejemplo, incrementar la seguridad o disminuir el daño que puede causar la comisión de ciertos delitos», ya que aunque esas excepciones fueran supuestamente justificadas «está siempre latente la tendencia peligrosa de poner al otro en el lugar del enemigo, de alguien que no cuenta y que, por ello, no merece el mismo trato”. Quien el viernes suscribió este razonamiento se llama Carlos Fernando Rosenkrantz.

O repite sin entender conceptos ajenos (de Luigi Ferrajoli, por ejemplo) o tiene dosis elevadas de macrismo en sangre.

La minoría automática

Las publicaciones sobre el rol de Rosenkrantz como juez y parte, realizadas aquí y por Irina Hauser en el diario Página/12, han sembrado preocupación en el estudio y entre sus clientes, por temor a verse expuestos en casos de corrupción que tienen además un costado político. Rosenkrantz ha logrado convertirse en la minoría automática de la Corte Suprema que nominalmente preside, pero donde ha perdido todo poder de decisión. En algunos casos la antipatía fue inmediata. Es el caso del juez cordobés Juan Carlos Maqueda, que no ha hecho en su vida otra cosa que servicio público, en los tres poderes de su provincia, en la Convención Reformadora de la Constitución y en la Corte Suprema. El Pato Maqueda se indignó el primer día, cuando Rosenkrantz preguntó cuál era el sueldo de bolsillo y al saberlo se lamentó por cuánto dinero perdería. También se le atragantó a Rosatti, un constitucionalista y profesor que tuvo como clientes principalmente a municipios y universidades, estatales y privadas.

La odiosidad de Lorenzetti con Rosenkrantz tiene menos que ver con valores e ideas.

Estos sentimientos se intensificaron cuando Rosenkrantz dijo que la referencia para el sueldo de un ministro de la Corte debía ser la de un abogado de un gran estudio y se renovó con su descargo ante Irina Hauser cuando adujo que si debiera excusarse en todas las causas de quienes fueron sus clientes, “el universo de causas en que podría decidir sería irrazonablemente acotado. Por ejemplo, bastaría haber sido abogado del Estado Nacional para no poder intervenir nunca más en causas donde el Estado es parte» (sic). Es ostensible que no percibe la diferencia entre representar a una gran empresa que litiga contra el Estado o a la organización política del interés general. Tal vez porque cuando su cliente fue el Estado (la provincia de Santa Fe, en tres casos impositivos, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP) lo logró en sociedad con otro radical de los más progresistas, como Ricardo Gil Lavedra. Fue por contratación directa, pese a que la Fiscalía de Estado tenia 150 abogados, y con la expectativa de obtener un porcentaje sobre los 60.000 millones de pesos en juego, cuestión que está por resolver la propia Corte. Según el concejal justicialista de Santa Fe Eduardo Toniolli, por la ley 21839 esos honorarios deberían fijarse entre 11 y 20 % del monto del proceso. Esto quiere decir entre 6.600 y 12.000 millones de pesos, algo inconcebible en este momento del país, que difícilmente el resto de la Corte dejaría pasar, si el cálculo de Toniolli fuera el correcto.

La página web del estudio ya no dice Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, sino BRYAS, que es su sigla, e incluye la foto del juez, informando a los clientes que ahora es juez de la Corte Suprema, como un argumento persuasivo de venta. Esta falta de recato y pudor es calificada por la Real Academia de la Lengua como impudicia.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial define la imparcialidad del juez en estos términos:  “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. Igual que Rosenkrantz, pero al revés.

Otra Mega Causa

Para el presidente de la Corte ni su amistad íntima con el director de YPF, Fabián Rodríguez Simón, ni el encuentro en la boda de la hija de su amigo con el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, fueron motivos para inhibirse en varios casos que conciernen a la compañía, algunos ya expuestos aquí. Pero la semana pasada, un nuevo episodio revolucionó a la República Autónoma del Cuarto Piso, con la causa de la compañía Mega contra la AFIP por cobro de impuestos. Mega es una empresa constituida por YPF (que, con el 38%, es su accionista principal), Petrobras y Dow Argentina.

Según su página institucional, su negocio es “agregar valor al gas natural a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos. Recupera el etano, que constituye una de las principales materias primas de la industria petroquímica argentina, y aprovecha el resto de los componentes líquidos (propano, butano y gasolina natural) para otros mercados”. Fue uno de los expedientes más complicados en la Corte, porque los cinco jueces no se ponían de acuerdo y debieron recurrir al inusual método de resolver por cuestiones, de a una, al modo del antiguo Código de Justicia Militar.

El lunes 13 de mayo, el secretario Gustavo Naveira informó que ya estaban los votos listos y que se llevarían al día siguiente al acuerdo. Pero antes de comenzar, Rosenkrantz envió a su principal letrado, Sebastián Elías, a informar que retiraba su voto de la causa en la que había fallado en soledad en favor de la empresa de YPF y en contra del fisco. El borrador ya estaba firmado por todos los ministros.

El 31 de julio del año pasado murió Noemí González Hayes, la madre de Rosenkrantz. El diario La Nación publicó una dolorida participación de Alejandro y Bettina Bulgheroni quienes “acompañan a Carlos y familia en este triste momento, elevando una oración a su memoria”.

Es otra razón por la que Rosenkrantz debió haberse excusado en la causa ESSO (hoy Axion, de los Bulgheroni) vs Municipalidad de Quilmes, antes de pedir los autos y su remisión a la Procuración General.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/un-amigo-de-oro/?fbclid=IwAR3Jz1kT8YZ4TCeBRr-qQVjlEGwa1PzRDMW4eSK0F4P_K1Sm6Lu5oHULWKM

En el marco de la semana de la minería,  funcionarios nacionales del Gobierno de Cambiemos y personalidades del mundo del espectáculo  participaron de una reunión para avanzar sobre el proyecto minero Agua Rica.  La convocatoria sin embargo, se les fue de las manos a los organizadores por lo que funcionario del PRO y un humorista invitado pasaron un muy mal momento durante el panel minero.

Del evento predominantemente minero participaron Pablo Bereciartua (Secretario de Recursos Hídricos), Mariano Lamothe (Subsecretario de Minería), Alejandro Rozitchner (Asesor presidencial), Nicolás Bareta (vicepresidente de Yamana), Mario Hernández (presidente Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la RA), el empresario Hugo Diamante e incluso el actor y humorista Juan Acosta. Estaban invitados también Rodolfo Micone (Secretario de Minería de Catamarca) y Sergio Saracho (presidente de la comisión de Minería en Diputados). El panel debió levantarse abruptamente porque los ánimos de los presentes se caldearon frustrando el objetivo de la reunión. Al lugar llegaron camionetas y combis pagadas por la empresa Yamana Gold para trasladar a los invitados que regresaron con más dudas que certezas. En particular hubo malestar por la presencia del humorista Acosta que nada tenía que ver con el debate minero.

Otro dato es la visita de diputados y senadores a la zona minera. La mayoría aceptó el convite a excepción de Hugo Ávila y Macarena Herrera por considerar que faltaba información y entender que aceptando la invitación se legitimaba de alguna manera el proyecto minero. De todas formas, los que llegaron hasta la mina en ciernes no se acordaron de preguntar por los diques de contención de sólidos que la empresa Yamana Gold no hizo para evitar que las lluvias arrastren material suelto que luego afecta el agua que consume la sociedad (publicamos en El Intransigente sobre el agua cobriza que no pudo ser tratada en la planta potabilizadora). Un paseo gratis o costeado por la empresa privada sin que tampoco eso signifique trabajar en el sentido correcto.

Entretanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en una resolución que tiene que hacerse un nuevo Informe de Impacto Ambiental y, además, que ese informe se debe «aprobar o desaprobar», no «aprobar con condiciones o reservas». Asimismo indicó la necesidad de trabajar en el concepto de «participación social». Efectivamente, la participación social (sobre la que no hay reglamentación) no debe confundirse con licencia social, Responsabilidad Social Empresaria, reuniones informativas o difusiones de interés. Dicho con otras palabras, si no hay una normativa trabajada por los legisladores catamarqueños que garantice la participación social, el proyecto Agua Rica se judicializará otra vez paralizando una inversión que, por supuesto, en minería se estima en millones de dólares.

El encuentro se desarrolla en medio de muchas  tensiones en Catamarca:

• En Andalgalá hacen marchas todos los fines de semana para que no se active el proyecto minero Agua Rica. Se contabilizan a la fecha 500 caminatas.
• El Concejo Deliberante del departamento Andalgalá aprobó una ordenanza de Monitoreo y controles periódicos de los parámetros indicadores de calidad de agua.
• Esta Ordenanza desató una nueva polémica pues la provincia reclama esa potestad.

¿Es esa Ordenanza el camino apropiado para obligar a las empresas mineras a trabajar correctamente o significa un guiño del oficialismo municipal para desarrollar, en un futuro no muy lejano, Agua Rica con más controles y canalizar el reclamo del Foro de desocupados? ¿Hay una negociación para que no se toque el Aconquija a cambio de explotar Agua Rica?

Nación y Provincia se equivocan con reuniones que resultan inútiles pues discuten un anteproyecto que ya no tiene validez, apuestan a que la falta de trabajo sea la llave para que la comunidad pida a gritos por Agua Rica. Desde el ámbito más técnico y profesional sostienen que el proyecto es viable pero caro si se lo hace bien, por ejemplo, se podría llevar «todo» el material vía cintas transportadoras para que sea tratado en las instalaciones de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) donde la empresa Glencore opera Bajo la Alumbrera. Es decir, no dejar «nada» en la zona de Agua Rica que pueda implicar un futuro desplazamiento. Los ambientalistas aseguran que no hay manera ni tecnología que haga posible la explotación de la polémica mina y sostienen que al margen de los «desesperados» hoy por trabajo, se puede estar peor en Andalgalá. A la pobreza habrá que sumarle enfermedades y consecuencias ambientales que podrían significar una catástrofe de dimensiones inconmensurables.

Los ambientalistas sueñan con ponerle una traba judicial para siempre pero la política tiene sus resortes dentro del ámbito judicial que devuelven el tema al ámbito del Ejecutivo nacional, provincial y municipal. Por lo pronto hay muchas cosas a medias, entre ellas el miedo a trabajar con arsénico en un ambiente periglaciar para lo cual aún la empresa no tiene respuesta. De cualquier manera, Yamana está totalmente abocada al negocio financiero de la especulación internacional minera: con proyectos como Agua Rica, vendió «oro a futuro» de una mina parada y que ni siquiera está en construcción mientras los funcionarios del Ejecutivo aceptan poner la cara.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/42696-como-rata-por-tirante

Luego del  polémico derrame de solución cianurada de la Mina Veladero en la localidad de Jachal. El peritaje que realizó la Policía Federal confirmó que la empresa Barrick Gold contaminó los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en San Juan.  El informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) aseguró que el derrame de cianuro en la mina Veladero afectó las cuencas hidráulicas de la provincia y que la empresa no cumplió con la ley de residuos peligrosos, la Ley 24.051. La causa se encuentra se encuentra en el juzgado de Sebastián Casanello y no solo tiene en mira a los responsables de la Barrick Gold, sino que apunta a investigar la responsabilidad de algunos funcionarios públicos que debería controlar la actividad minera. El informe, publicado por La Nación, afirma que el peritaje fue presentado a fines de 2015. Desde la empresa canadiense niegan conocer este documento que confirma la contaminación. «Todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total», relata la evaluación de la Policía. No es la primera vez que la Barrick niega no conocer. En octubre del año pasado, gracias a los vecinos de Jáchal, trascendió que uno de los caños por los que circulaba cianuro se había roto. En un principio fue negado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia.  Tuvieron que pasar cuatro días para que la Barrick asuma la responsabilidad del derrame de «solución cianurada» y calculando el horario en el que se detectó y hasta que se detuvo, fueron 224 mil litros. Sin embargo, la fuga se descubrió el domingo a las 10 de la mañana y el último control habría sido el sábado por la tarde. Es decir, la fuga de cianuro podría ser mayor de lo confirmado por la minería. Hasta el momento, la resolución de la Justicia sanjuanina, a cargo del Juez pablo Oritja, fue imputar a 9 empleados de Veladero.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/se-confirmo-que-la-barrick-contamino-5-rios-en-san-juan-0223-0034.phtml?fbclid=IwAR1TLTS6fNoK5Z6XQpCezNrlIglEy1f6Zoi2OnIZ5OzIYxLiqyQ04BNas2s

Vecinos y vecinas de Gaiman marcharon junto a asambleas de Chubut en una tarde memorable de abrazo al Río Chubut, en defensa del Agua y la Vida.

Este sábado la población de Gaiman protagonizó una gran marcha y abrazo simbólico al Río Chubut junto a la Asamblea en Defensa del Medio Ambiente del VIRCh, integrantes de comunidades originarias y de distintas asambleas de vecinos de localidades de la Costa.

La actividad tuvo el objetivo de expresar una vez más el sostenido y contundente NO a la megamineria y la zonificación minera en Chubut, y se convocó desde las 17 horas en plaza Julio A. Roca.

Además en la calle del Arte se presentaron al aire libre espectáculos artísticos a cargo de las agrupaciones artísticas Fuego Negro, Grupo Carileufú, Brian Pedrero, Murga Los Desakatados y el taller de Folklore de extensión de la universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco. También hubo un rincón literario y de artes visuales.

Junto a los vecinos y vecinas de la Asamblea de Vecinos de Gaiman en Defensa del Medio Ambienteparticiparon grupos de motoqueros, generándose una gran caravana desde Trelew.