A partir del artículo «¿Es posible un minería sustentable», publicado el domingo anterior en el Cash, tres investigadadores mendocinos de la Universidad de Cuyo se sumaron a la polémica. Afirman que es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas.
En la edición del domingo anterior en el Cash, Anabel Marin sostiene que el conflicto social y político que atravesamos en Mendoza relacionado con la minería transnacional a gran escala abre la oportunidad de definir otra política de explotación de los recursos naturales. Disentimos con la idea central de Marin, agregando también a la discusión puntos de vista, experiencias y sensibilidades ausentes en ese planteo.
El núcleo central de esa posición es el siguiente: la minería es un sector que debe desarrollarse dada su capacidad de generar divisas y de alentar otras actividades con posibilidades exportadoras. Este potencial del sector sería especialmente importante en un país que atraviesa una crisis económica que se expresa en una carestía de dólares y en el que el principal sector exportador (el agro productor de cereales y oleaginosas) tiene un peso económico y político exagerado. Por ello, el actual gobierno nacional debería crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social para el desarrollo de la actividad.
Acaso el punto más valioso del argumento sea reconocer que actualmente no existen instancias reales de diálogo entre quienes impulsan y quienes rechazan la actividad. Frente a ello, propone que este diálogo social debería tener “objetivos transformadores”, lo cual puede entenderse como un llamado a que el complejo minero-gubernamental no sólo hable, sino también escuche.
Sin embargo, la propuesta dialogal de Marin, aunque bienintencionada, parece desconocer algunas circunstancias, basadas en la experiencia de numerosas comunidades y poblaciones a lo largo del país y el continente. Entre ellas cabe notar:
1. La asimetría de los supuestos hablantes. La vinculación entre empresas mineras transnacionales y la población potencialmente afectada por sus proyectos no es horizontal, ya que aquellas tienen la capacidad de intervenir significativamente en la vida cotidiana de la población, aún antes de instalarse. Se produce así lo que ha sido caracterizado como “contaminación social”, es decir, la generación de divisiones y desigualdades al interior de la población y el surgimiento de expectativas falsas o exageradas, sobre todo en relación con las posibilidades laborales. Entre empresas mineras y comunidades es difícil imaginar una habermasiana comunidad de diálogo, en la que no se imponga el poder económico, político y mediático de las primeras.
2. La existencia de lo que el economista catalán Martínez Alier ha denominado “lenguajes de valoración”. El punto de vista estatal-económico (medido a escala nacional o provincial, cuando se toman en cuenta las escasas regalías mineras) es sólo eso: un punto de vista entre otros. Cualquier diálogo debería partir de no subestimar las vocaciones territoriales, las historias, los intereses de los diferentes poblados involucrados directa o indirectamente en un proyecto. Qué es importante y qué no lo es, no puede fijarse de antemano, ni atendiendo sólo a criterios macroeconómicos.
3. Es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas por su resistencia a diversos proyectos. En muchos lugares del país existen fuertes organizaciones que llevan cerca de 15 años lidiando con una propaganda insidiosa, con mentiras en los medios de comunicación y con la judicialización de sus participantes. Esta historia, por ejemplo, explica por qué la mayor parte de la población de Mendoza, se ha manifestado en contra de la minería a gran escala en las cabeceras de las cuencas y en áreas de reservas hídricas.
4. Las poblaciones y organizaciones que rechazan la instalación de grandes proyectos mineros conocen bien el tema y participan desde hace años en discusiones públicas.
En definitiva, la discusión por la minería transnacional a gran escala tiene ya una historia larga en el país y esta debe ser reconocida y comprendida. El conflicto en Mendoza, sin ir más lejos, comenzó en 2005, no en 2019. Pero desde comienzos del siglo a la fecha esta discusión ha asumido nuevas dimensiones, sobre él se han construido identidades políticas y territoriales; la ambientalización del conflicto social se ha profundizado. También se han creado, en esa provincia, leyes y espacios de debate que han demostrado que el acuerdo social para desarrollar la minería no existe. En estos espacios, cabe mencionar, se cuestiona duramente la propia noción de “minería sustentable”. Asimismo, la persistente sequía en Chile y el oeste argentino constituye un agravado telón de fondo sobre el que es necesario pensar la conveniencia y los riesgos -también económicos- de abrir paso plenamente a la minería a gran escala. En cualquier caso, es evidente que las problemáticas ambientales cobran continuamente sentidos nuevos y actualizados.
Existen otras aristas que podrían discutirse del planteo del Marin, por ejemplo, la idea de que contar con una minería más desarrollada podría servir de contrapeso al complejo agroindustrial o su, al menos en Argentina, no constatada capacidad de articularse con otros sectores, como las tecnologías de la información. Pero quizás el punto más endeble de este nuevo llamado al diálogo sea desconocer que hay asuntos que tienen pocos matices. Andalgalá no quiere al proyecto Agua Rica porque ya conoce a La Alumbrera; en Esquel no quieren poner en juego sus puestos de trabajo ligados al turismo; los/as mendocinos/as no quieren arriesgar el ya menguante caudal de sus ríos y arroyos; en Jáchal no creen en las supuestas garantías técnicas que darían las normas internacionales puesto que ya conviven con los derrames. Aquellas poblaciones quieren y exigen respeto, y que su voluntad colectiva sea escuchada.
* Gabriel Liceaga: UNCuyo/Conicet.
** Lucrecia Wagner: Conicet.
*** Nicolás Parise Schneider: UNCuyo/Conicet.
Fuente:https://www.pagina12.com.ar/241084-el-acuerdo-social-para-desarrollar-la-mineria-no-existe?fbclid=IwAR29LltmfOP7UVidOAJ5xRuGWlC33gAovmrNr86qICYu9P1XtpmmAGkBqvM
Estudios, informes y análisis que explican los dos grandes criterios que existe sobre el impacto del cianuro en la actividad minera. Hace una semana, miles de mendocinos expresaron su rechazo a la ley que nunca se promulgó y que permitía el uso de este componente en la minería local.
La persecución del lonco Kayupan, en 1833, significó la primera incursión del flamante Estado en la región. Fue una matanza, con toma de prisioneros incluida. Casi 190 años después, la zona se ve amenazada por una nueva forma de avasallamiento.
Son tiempos revueltos y por tanto, tiempos de amar. Y amamos tan acorazadamente en estos tiempos que dejamos poco espacio para la escucha, la pregunta, la duda sobre lo que se dice. Así, repetimos construcciones como “realidad virtual”, “periodismo independiente”, “noticias falsas” o “minería sustentable”. Cada una de estas y otras combinaciones constituye un oxímoron de moda, una contradicción en sí misma que nos zambulle en el mundo de la falacia (que como el oxímoron también está de moda) y nos pone a pedalear en una rueda discursiva infinita que revuelve aún más los tiempos y nos resta el de amar sin coraza.
La Legislatura provincial aprobó modificar una ley que prohibía la aplicación de químicos, y generó el rechazo de miles de personas que protestaron en las calles, pero fueron reprimidas. Ambientalistas y la Cámara de Servicios Mineros le cuentan a RT sus posturas opuestas.
Yo me sumo a la lucha para decirle “no a la mina”, la mina no es buena, la mina contamina, se lleva y arrasa con todo”, expresó Mari.
Actualmente se discute bastante el tema del cianuro, hay textos y audios circulando sobre el tema porque el cianuro es lo que aparece como lo más peligroso de la megaminería. Pero hay un tema que generalmente se soslaya, que son los drenajes ácidos mineros (que en la literatura técnica se denominan DAM). Estos drenajes ácidos ocurren por los grandes volúmenes de tierra desalojada y los grandes cráteres que quedan en las explotaciones megamineras.
Mendoza no deja de movilizarse contra la reforma minera, que ya quedó desactivada por el gobernador Rodolfo Suarez. De igual modo, a la espera de la derogación prevista para hoy de la controversial ley 9.029, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, los mendocinos siguen plantando bandera en defensa del agua y la restitución de la «Ley Antiminera».
La Decana y el Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba expresan su profunda preocupación y rechazo a la modificación de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.
Integrantes de la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio volvieron a manifestarse en contra de la megaminería en Calcatreu. Además, en el marco de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, repudiaron el accionar del gobierno de Mendoza en la movilización que se realizó en esa provincia para evitar la reforma de la Ley 7722.