7/10/2020
Martín Maslo, uno de los vocales del Instituto del Diálogo Interreligioso y presidente de la Comunidad judía Bet El, ha sido convocado por la Secretaría de Minería para integrar la mesa facilitadora que elabora el Plan Estratégico de Minería en la Argentina. En una reciente entrevista, desde una mirada basada en aspectos principalmente económicos relaciona a la minería con desarrollo y disminución de la pobreza, como siempre lo hacen quienes promocionan la actividad. Sin embargo, haciendo referencia al cuidado del ambiente su postura resulta contradictoria, entre otras afirmaciones cita como fundamento a la Encíclica «Laudato Si», el documento del Papa Francisco que se ha convertido en una herramienta de lucha contra la sobreexplotación de los ecosistemas del planeta, el extractivismo en sus distintos formatos, y en especial el extractivismo minero.

Por: noalamina.org

La minería “moderna” trasnacional a gran escala, ha sido motivo de debate desde su implementación por el agotamiento de metales en veta y la disposición de las existencias actuales en forma de yacimientos difusos, donde el mineral se encuentra diseminado en el material rocoso. Los promotores y detractores de esta actividad han atravesado a las sociedades de todo el mundo, sin distinción de razas, ni religión.

Los pueblos originarios de América Latina han mostrado tempranamente su rechazo a la megaminería en sus territorios ya que su prioridad es la defensa de la vida en todas sus formas. Su actitud hacia el entorno se orienta a lograr vivir en equilibrio con la naturaleza, entendiendo que cualquier alteración del mismo trae como consecuencia enfermedad y/o muerte. Su cosmovisión, opuesta al antropocentrismo, lleva al respeto de todos los seres vivos que componen el universo.

El pueblo mapuche reconoce su territorio como base de su existencia y su cultura. Es denominado en su lengua originaria, Wallmapu, que significa tierra circundante. Y en su modo de vida consideran que “ …se debe reconocer el bienestar más allá de lo económico, que incluya el bienestar social, cultural, psicológico, espiritual, emocional y físico, todos los cuales dependen de un medio ambiente saludable. (…) el bienestar y desarrollo de la población no es separable del bienestar y sustento del medio ambiente”(…) “Este enfoque de integridad entre patrimonio natural y cultural, se corresponde con la cosmovisión indígena que hace convivir lo material con lo inmaterial, la realidad con la imaginería, lo posible con lo imposible”. (1)

(1) Conociendo la cultura mapuche – Consejo nacional de la cultura y las artes – Gobierno de Chile

La República Argentina es un territorio plurinacional formado por pueblos-naciones originarios, donde han llegado extranjeros provenientes de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, confluyen diferentes etnias, culturas, religiones y formas de vivir la espiritualidad.

En este contexto, en el año 2002 se crea el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) cuya presentación expresa: “… es una Asociación Civil que tiene como misión promover el entendimiento de los hombres de fe, fomentar el diálogo y la convivencia pacífica. Nuclea a las tres grandes religiones monoteístas, pero está abierto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Inspirado en las enseñanzas y la conducta del Papa Francisco, procura impulsar en todos los ámbitos la cultura del encuentro. Quienes participamos del IDI tenemos la firme convicción de que los otros – los que no piensan igual que nosotros, los que tienen otras creencias o ideologías – nos complementan y enriquecen. El diálogo y la búsqueda permanente de consensos y grandes denominadores comunes son los caminos indispensables para alcanzar la paz y la justicia”.

https://www.dialogointerreligioso.org/idi.php

Si bien la presentación se aleja mucho de pensar en una unidad de todos los seres humanos que habitamos esta tierra, y se habla de nosotros y los otros, como ubicados en diferentes lugares o estratos, la frase parece respetar el pensamiento de todos los habitantes de nuestro país independientemente de la religión que se profesa.

Uno de los vocales de IDI y presidente de la Comunidad judía Bet El, Matín Maslo, ha sido convocado recientemente por la Secretaría de Minería. Así pasó a integrar la mesa facilitadora que elabora el Plan Estratégico de Minería en la Argentina y en una reciente publicación de la Agencia Télam manifiesta su posición respecto al “desarrollo” minero en el país.

https://www.grupolaprovincia.com/economia/plantean-centrar-el-debate-minero-no-solo-en-el-ambiente-sino-tambien-en-el-ser-humano-582462

El religioso consideró su participación en el Plan Estratégico impulsado por el gobierno nacional como «una gran oportunidad para expresar el trabajo que hace años se hace desde el Instituto de Diálogo Interreligioso bregando por la paz, la convivencia y el cuidado de la Casa Común». Sin embargo, su mirada está puesta particularmente en el aspecto económico, afirmando que una minería responsable «debe centrarse no sólo en el ambiente sino también en el ser humano», al entender que hay «proyectos mineros que pueden contribuir a no dar por aceptada la pobreza y el subdesarrollo» de muchas comunidades.

En el discurso de Maslo, aparecen las expresiones tan utilizadas por todos los que fomentan la minería como “motor de desarrollo económico”, “minería responsable” , “con controles”, “con cuidados”, “fuerte compromiso empresario”,…

Más allá de esas fórmulas, que suenan como expresiones de deseo más que como realidades de la historia de la minería metalífera actual y colonial de nuestros territorios, lo más llamativo e inentendible es su referencia como parte de su argumento a la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, que conmina con toda claridad a “cuidar y sostener la Casa común”.

Dado que Maslo utiliza argumentos comunes a quienes rechazamos la megaminería, y dado que esgrime corolarios que distan mucho de la realidad y saca conclusiones erráticas, deseamos exponer algunos detalles que no se deben pasar por alto:

1- A quienes crean que la megaminería trae desarrollo, los invitamos a contactarse con los habitantes de territorios en los cuales se realizan explotaciones mineras. Vecinas y vecinos de Andalgalá (Catamarca), afectados por Mina Alumbrera con sus permanentes daños ambientales, sus escasos puestos de trabajo (6% de lo prometido), su angustia ante las filtraciones del dique de colas conteniendo numerosos tóxicos y su lucha a través de la Asamblea El Algarrobo para impedir la explotación del Proyecto Agua Rica, que está en las nacientes de sus fuentes de agua.

Se debería consultar también a los vecinos de Jáchal (San Juan), aunados en la Asamblea Jáchal No se toca para resistir y defender los glaciares, afectados por la Mina Veladero con sus frecuentes derrames que han contaminado el Río Jáchal. Son quienes sufren la pérdida de sus producciones agrícolas tradicionales por contaminación con metales pesados, impidiendo las exportaciones de productos como cebolla y originando pérdidas de numerosas fuentes de trabajo. Y se puede consultar además con los vecinos de las explotaciones Sierra Pintada, en Mendoza o Los Gigantes, en Córdoba; o los vecinos del Valle del Huasco, en Chile, de Tambo Grande, en Perú, y de muchas otras localidades grave e irreversiblemente dañadas por la megaminería.

2- En un pasaje, Maslo menciona “los daños que, sin los cuidados y las medidas necesarias, cualquier actividad de esta índole puede causar al medio ambiente». Invitamos a quien tenga dudas, a investigar cómo países del primer mundo expertos en minería como Canadá no han podido impedir enormes daños ambientales en sus propios territorios. Tanto por la producción de drenaje ácido de mina, imposible de detener, como por rupturas de diques de colas como el ocurrido en la Mina Mount Polley en la Columbia Británica en el año 2014, que contaminó matando toda forma de vida en el Lago Quesnel.

– Es importante recordar que el gobierno argentino, en busca de la supuesta sustentabilidad ambiental, adhirió a un Programa de Canadá aquí titulado “Hacia una Minería Sustentable” (HMS), un programa que en dicho país y después de 10 años de aplicación no pudo impedir el desastre ambiental mencionado.

3- Maslo asevera que “proyectos mineros pueden contribuir, bajo la égida de un plan nacional estratégico y un marco legislativo y normativo, al desarrollo y el sostenimiento de comunidades en muchas provincias». Sin embargo, en las provincias mineras como San Juan y Catamarca no ocurre así: mientras que a nivel país el promedio de personas pobres era de 25,7%, las provincias donde grandes empresas explotan yacimientos megamineros superan ese promedio, aún después de más de quince años de actividad. En San Juan el porcentaje alcanza el 27,2% y en Catamarca el 27,6%, según datos publicados por el INDEC en el año 2018.

4- Maslo se pregunta “¿Por qué la concepción educativa actual sobre esta actividad está centrada casi exclusivamente en los daños ambientales que la misma produce y escasamente se menciona la importancia de su contribución a la vida cotidiana?” La respuesta es que esos son los resultados que están a la vista para una sociedad que ha sido testigo de los desastres ocurridos en Mariana y Brumadinho (Brasil) que tanto daño, muerte y desolación ha causado.

5- El sr. Maslo afirma que «deben existir los controles y los mecanismos de denuncia que eviten a tiempo cualquier violación y abuso de los recursos y prever y frenar cualquier riesgo al ser humano principalmente». La realidad es que la Mina Veladero ha ocasionado más de 5 derrames, algunos de grandes dimensiones como el de septiembre de 2015, que la empresa intentó ocultar. La legislación vigente indica que se debe paralizar un emprendimiento luego de 3 derrames, pero Barrick gold, la empresa a cargo, pagó multas y sigue funcionando.

6- Invocar la Encíclica “Laudato Si” para promover un crecimiento del extractivismo minero carece de cualquier resto de coherencia. Dicho documento, escrito por la máxima autoridad de la Iglesia Católica no hace más que reafirmar que por encima de cualquier actividad humana debe garantizarse el cuidado de la “Casa común”, a fin de permitir la vida de quienes la habitamos.

“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo.»

«Subraya el «principio precautorio” que permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse.»

Como integrantes de este país plurinacional, pluricultural y de más cosmovisiones que sólo tres grandes religiones, lamentamos que personalidades ligadas a una religión -cualquiera de las tres de mayor difusión en nuestro país- se presten a estas maniobras de desinformación y engaño destinadas sólo a aumentar ganancias de compañías transnacionales -y de sus socios locales- a costa de la salud y el desarrollo real de comunidades argentinas, y a costa de los frágiles ecosistemas que pueblan el territorio.

Las culturas y las religiones son distintas, nuestro lugar se puede llamar Pachamama o «Casa Común», pero la forma de cuidarla es una sola. Es nuestro deber evitar actividades depredadoras como el extractivismo minero, buscando formas de vida con menor consumo y que hagan suficientes los metales que ya han sido extraídos a lo largo de la historia.

Nosotros estamos convencidos de que esos “son los caminos indispensables para la paz y la justicia”.

Martín Maslo, un mismo discurso con distinto corolario

28/09/2020
La disputa por el uranio de Chubut: una historia de apuestas y fracasos desde Videla hasta el presente
Transcribimos a continuación un interesante artículo escrito por Federico Mehrbald para El extremo sur en el que se relata la cronología de los intereses que pujan históricamente por el uranio en Chubut sin considerar las consecuencias en los territorios.
Fuente: El extremo sur
Por Federico Mehrbald
Luego de que el ex presidente Mauricio Macri firmara en Rusia en 2018 un Memorándum para explotar uranio en la provincia del Chubut -con una inversión prevista entonces en 250 millones de dólares que sin embargo apenas generaría 500 empleos- la compañía canadiense UrAmerica difundió que controla 61 cateos y manifestaciones de descubrimiento en unas 255.000 hectáreas a lo largo de la meseta central de Chubut.

Además de ir por Cerro Solo -el depósito de uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de alto grado en Argentina-UrAmerica pretendía desarrollar un Open Pit -minería a cielo abierto- de la histórica planta Los Adobes; que fuera inaugurada por el dictador Jorge Rafael Videla en 1977.

Ambos proyectos son controlados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), descontando que el ambiente geológico es «excelente» para descubrir más depósitos de uranio de alto grado.

En 2010 se dio permiso para explotación de uranio en Chubut a United Energy Metals SA, subsidiaria de la empresa británica Patagonia Resources Ltd, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El proyecto se denomina «Mimbres I» y está ubicado en el paraje Cerro Solo, del Departamento Paso de Indios.

El geólogo Ricardo Bagalciaga, actual «consultor independiente», se desempeñó en el área de minería de Petrominera Chubut S.E. En 2008, Bagalciaga -como apoderado de la firma británica- solicitó la autorización para explotar la mina, convirtiéndose en artífice del ingreso de empresas de capitales foráneos al territorio durante los gobiernos radicales.

UrAmerica, low cost del uranio

UrAmerica es una compañía especializada en uranio con proyectos sudamericanos centrados en la producción de bajo costo. Además opera sus propiedades y las de UEM S.A. a través de un acuerdo de exploración y un Joint Venture con Patagonia Resources Ltd., quien adquirió a UEM S.A. en febrero de 2010.

En 1979 Cerro Solo tuvo perforaciones de exploración que seguían en profundidad los niveles mineralizados aflorantes en los Adobes. El lugar se ubica a 70 kilómetros de Paso de Indios, y ya para 1997 la consultora Nuclear Assurance Corporation completó los estudios, efectuando un reconocimiento del área del yacimiento y de la posible localización de la infraestructura de un centro de producción de uranio.

De aquella época quedó un pasivo ambiental que está dentro de un programa de remediación de la CNEA. Su presidente Osvaldo Calzetta Larrieu afirmó en entrevista con Radio Libre que «desde 2015 estamos trabajando en Cerro Solo con CNEA y la cantidad justa del pasivo ambiental no la conozco, pero no tiene un pasivo que sea preocupante».

Otra canadiense en Las Plumas

La canadiense U308 Corp halló en 2014 halló un depósito de uranio en Laguna Salada, unos 60 kilómetros al sur de Las Plumas. Aseguran que es de fácil extracción por excavación, y el tipo de uranio posee una cotización que ronda los 22 dólares por libra, inferior a los costos directos de uranio de la industria.

La empresa estima que en las áreas que exploran hay al menos un millón de libras de uranio, es decir un mínimo de 22 millones de dólares. A partir de allí se desarrolló un joint venture con la compañía estatal chubutense Petrominera para la futura extracción conjunta de uranio, aunque la compañía con sede en Comodoro Rivadavia no ha proporcionado detalles del acuerdo con los avariciosos canadienses.

Primera planta de concentración de uranio

La CNEA construyó en 1976, al inicio de la oprobiosa dictadura militar, una planta de tratamiento del mineral y producción de concentrado de uranio. Durante la dictadura se explotó el yacimiento Los Adobes, a 40 kilómetros de Paso de Indios. Desde agosto de 1977 se desarrolló la explotación total de las reservas. Luego se cargaría el mineral de otro yacimiento llamado Cerro Cóndor, alcanzando una producción entre ambos de 145.000 toneladas hasta abril de 1981, utilizándose el proceso de lixiviación de mineral en pilas.

El Día publicó la noticia de que el propio general genocida Jorge Videla inauguró la primera planta de concentración de uranio el 5 de agosto de 1977. Los 60 empleados del lugar procesaban el mineral que traían en los camiones cargados desde las minas. Luego se llevaba a cabo el lixiviado y se regaban las pilas de mineral con ácido sulfúrico, que decantaba en plateas especiales que derivaban en diques de evaporación y de colas.

Del total producido entre 1977 y 1983 corresponde el 80% a Los Adobes y el 20% restante a Cerro Cóndor. Aunque la planta cerró en 1981, recién en 1986 se comenzó el desmantelamiento. Según los informes de la CNEA se trataba de un área de 85.000 m2 con acceso restringido y rodeado por un cerco perimetral.

Quedan allí 85.000 toneladas de mineral tratado (colas) acumuladas en las «planchadas» de las antiguas pilas de lixiviación y 60.000 toneladas de colas acumuladas en otro sector acondicionado para tal fin.

El paso del tiempo para Cerro Cóndor y los Adobes

Los informes elaborados en el marco del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), indican que en Los Adobes las cisternas de lixiviado y el dique de evaporación de los efluentes líquidos de la planta fueron rellenados con los escombros de las construcciones desmanteladas y recubiertas con ripio. También las superficies de las colas, para evitar la erosión y favorecer el crecimiento de la vegetación.

Mientras, la planta de Cerro Cóndor quedó abandonada luego de su explotación. La misma no ha sido objeto de trabajos de restitución, pero la planta fue desmantelada completamente. El predio está rodeado por una valla de alambre tejido para evitar intrusiones.

Hoy se ven grandes terraplenes y montículos de piedra, un frágil alambrado y unos oxidados carteles advierten que se trata de un depósito de desechos radioactivos. Debajo se encuentran los desechos y restos de uranio.

El ex complejo minero se encuentra a unos escasos mil metros del cauce del río, y a su vez sobre un curso de agua temporario que desemboca en el mismo.

La periodista Silvina Martínez sostuvo que durante un monitoreo ambiental de la CNEA en 2009, se afirmó que existen lecturas de radioactividad en el lugar donde funcionó la planta aunque «por debajo de los límites establecidos por las normas internacionales para radiaciones».

«Ni en las inmediaciones de la planta ni en las aguas del río Chubut habría efectos sobre esto que operó hace casi 30 años», sostuvo el ingeniero químico y ambientalista Ariel Testino, quien se desempeñó como jefe de la planta de concentración de uranio Pichiñán durante casi toda la dictadura, y que hoy se presenta como «especializado en ingeniería y tecnología ambiental».

Nota noalamina: Las asambleas chubutenses queremos dejar constancia que no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio serio en relación con el impacto de la planta de uranio Pichiñán. Estos estudios fueron pedidos, incluso, por un legislador en 2014 sin obtener respuesta alguna.

La disputa por el uranio de Chubut: una historia de apuestas y fracasos desde Videla hasta el presente

26/09/2020
(Los niños los más afectados)
PROYECTO NAVIDAD. De todos los proyectos mineros a gran escala peticionados por distintas empresas en la Provincia del Chubut, el más adelantado, sin dudas, es el proyecto “Navidad”, con el que se propone la extracción de al menos 1.500.000, (un millón quinientas mil) toneladas de plata y plomo, en la localidad de Gastre. Esto nos alarma, y nos motiva a dar a conocer algunas reflexiones:

PARTÍCULAS QUE VIAJAN CON LOS VIENTOS. Ya hemos dicho que la explotación minera a cielo abierto, se basa en la destrucción de millones de toneladas de roca, con lo cual es inevitable la suspensión en el aire de partículas muy pequeñas, livianas e invisibles al ojo humano, que, aun conteniendo metales pesados, como el plomo, pueden ser trasladadas por el viento a cientos de Km. de distancia. Es por eso que también, con la megaminería instaladas e se podrían ver afectadas ciudades más alejadas, como Trelew, Madryn o Comodoro.

CON ALTO CONTENIDO DE PLOMO. Hay que tener en cuenta que en el proyecto “Navidad”, las rocas que serían trituradas tienen un alto contenido de plomo y obviamente la contaminación del ambiente por este metal es mucho mayor que en procedimientos extractivos de otros metales pesados.

¿CÓMO SE PRODUCE LA INTOXICACIÓN POR PLOMO? El plomo, ingresa al organismo por vía respiratoria, por ingestión o por la piel, provocando la enfermedad conocida como saturnismo o plombemia, la misma tiene un desarrollo lento y tarda más de diez años en declararse con algunos de sus síntomas.

NO TIENE NADA QUE HACER EN EL ORGANISMO HUMANO. Este mineral no tiene ninguna función en el organismo humano y cuando ingresa puede afectar a casi todos sus órganos, al sistema nervioso produciendo alteraciones de carácter, irritabilidad, insomnio, dificultad en la concentración. En los nervios periféricos ocasiona dificultad en el movimiento de los miembros. Es frecuente la anemia crónica. Puede ser causal de malformaciones congénitas, abortos, partos prematuros y otras alteraciones en el embarazo y el parto. También puede ocasionar insuficiencia renal.

LOS NIÑOS LOS MÁS AFECTADOS. Los niños son más susceptibles que los adultos a los efectos del plomo: no hay en ellos «niveles tolerables”. En las familias mineras los niños son principalmente afectados ocasionándoles pérdida de la capacidad de aprendizaje, retraso en el crecimiento, esto sumado a las otras alteraciones descriptas.

CONTAMINACIÓN EN EL MUNDO. Una larga lista de sitios contaminados dan testimonio de los efectos del plomo: Kabwe, Zambia; Haina, República Dominicana; La Oroya, Perú, etc.

CONTAMINACIÓN EN ARGENTINA.Respecto a la manipulación del plomo, en Argentina, tenemos varios antecedentes nefastos, uno de ellos es en Abra Pampa, un pueblo de 14000 habitantes de Jujuy, en donde después de haber concluido con la industria fundidora de plomo, la empresa dejó una montaña de escombros que siguieron contaminado. En 2007 un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81% de los niños de esa localidad tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su edad.
EN RÍO NEGRO. Algo parecido ocurrió en un lugar más cercano a nuestra provincia, en la ciudad de San Antonio Oeste, en donde la empresa Geotécnica S.A., explotaba una mina de plomo y plata en la localidad de Gonzalito. Los desechos del proceso de la fundición del plomo los arrojaba a 2 Km. de la zona urbana, en donde dejó a pocos metros de la costa, millones de kilos de material cargado de plomo y otros metales pesados que siguieron afectando a la población. Al día de hoy aún no se ha podido terminar de remediar este foco contaminante.

MARISCOS CON PLOMO. Hace pocos años se descubrió que los mejillones de las costas de San Antonio Oeste se encontraban contaminados con plomo A raíz de este hallazgo se inició una investigación más profunda. En el 2012 los datos arrojados son contundentes y alarmantes… más del 40% de los chicos de San Antonio Oeste poseían niveles de plomo en sangre por encima de lo tolerable.

LEGADO QUE NOS DEJARÍA EL PROYECTO NAVIDAD. Este es otro triste ejemplo de las huellas que nos está dejando este tipo de minería en nuestro país y que podría dejarnos a los chubutenses, de concretarse la explotación del proyecto “Navidad” en nuestra provincia, uno de los yacimientos de plomo y plata más grande del mundo.

OPINIÓN DE LA OMS. Por último queremos que se conozca la Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ginebra, Suiza, 18 de octubre de 2013: “El envenenamiento por plomo tiene consecuencias devastadoras para la salud, en particular para los niños, cuya exposición a este mineral, se estima, contribuye a 600.000 nuevos casos de niños con discapacidad intelectual cada año”. OPS/OMS «Detener la intoxicación por plomo en los niños»:
Dr. Fernando Urbano. Pediatra y Médico Especialista Universitario en Medicina Sanitaria. Presidente de la Fundación FUSSO.

MEGAMINERÍA: SATURNISMO, DATOS QUE ASUSTAN

17/09/2020
¿Qué significa «eliminar obstáculos»? ¿A quiénes representa Hensel?
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, destacó este martes la necesidad de «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector y advirtió que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido, los inversores van a elegir a los vecinos».
Fuente: TELAM
“Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo” decía Abraham Maslow, y parece ser el caso de Alberto Hensel. ¿Qué significa «eliminar obstáculos» ? ¿Bajar retenciones para asegurarle mayores ganancias a las corporaciones? ¿Acallar a las comunidades que nos oponemos a la megaminería? ¿A quiénes representa Hensel?

Hensel consideró que la aplicación de retenciones a las exportaciones «no es el mejor camino para desarrollar la minería», y llamó a «definir modelos económico-financieros que hasta ahora no se aplicaron en América Latina», al hablar hoy durante un encuentro virtual organizado por el Instituto para el Derecho Minero (Iadem).

El Iadem es un foro de análisis del contexto jurídico de la actividad minera en el país y realiza una serie de encuentros virtuales en la cual se desarrolló el de hoy sobre «Inversiones Mineras en Argentina: Escenario Actual y Post Covid-19».

En ese mismo ámbito, la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo confió en que se puedan «viabilizar en el corto y mediano plazo» proyectos que demandarán «cerca de US$ 20.000 millones», vinculados a la producción de oro, plata cobre y litio.

Al respecto, Hensel, llamó a «eliminar obstáculos» para alentar inversiones en el sector, al entender que «si no establecen regímenes tributarios que contribuyan en ese sentido los inversores van a elegir a los vecinos», como Chile y Perú.

Para Hensel, la minería «puede contribuir mucho a la salida de la crisis: hemos perdido muchas oportunidades y necesitamos inversiones para crecer, producir, exportar y generar divisas, de manera de poder cumplir con los compromisos internos y externos».

El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo, instó a «generar las condiciones fiscales, regulatorias y ambientales que faciliten la inversión en un sector estratégico, a partir del creciente consenso social que se registra sobre la actividad».

La industria minera es uno de los ejes productivos que podría generar millonarias inversiones, desarrollo regional, puestos de trabajo genuinos, al punto que el Gobierno estima que de los actuales US$ 3.200 millones de ingresos anuales por exportaciones podrían multiplicarse hasta más de US$ 10.500 millones en los próximos 10 años.

La Secretaría se encuentra desarrollando una mesa de consenso que permitirá antes de fin de año elaborar un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino.

Hensel también aludió a las manifestaciones antimineras en Mendoza, a comienzos de año, con «discursos cargados de slogans contra la actividad y muy poco basados en conocimiento científico objetivo», y evaluó que «no podemos estar siempre discutiendo la minería, sino cómo la hacemos».

«Sería absolutamente desatinado no tener en cuenta los recursos disponibles y no ponerlos al servicio de la generación de empleos y riquezas», sostuvo.

El funcionario alertó que «a corto plazo la minería viene en descenso, como se ve con las exportaciones, y si no revertimos la situación actual vamos a terminar perdiendo dos tercios de esos envíos, que ya son exiguos».

El secretario consideró, por otra parte, que la ley de Glaciares «es una espada de Damocles sobre la minería», a la vez que señaló el eventual impacto de la Ley de Humedales.

La subsecretaria de Desarrollo Minero recordó, a su vez, que el programa de Promoción y Reactivación de Inversiones Mineras apunta a un análisis proyecto por proyecto.

«El objetivo es analizar técnica, económica, social, ambiental, territorial, financiera, jurídica y tributariamente aquellos proyectos que presentan un estado avanzado de exploración y, por ende, están próximos a lograr su factibilidad», detalló Rópolo.

La funcionaria indicó que las inversiones mineras previstas en exploración, construcción y sostenimiento serán de US$ 879 millones en 2020, frente a US$ 1.193 millones el año pasado y US$ 998 millones en 2018.

Los recursos destinados a sostenimiento, explicó Rópolo, dependen «de la reactivación pospandemia», mientras las tareas de construcción de diferentes escalas «se han visto afectadas y demoradas» por el impacto del coronavirus.

En materia de exploración, en tanto, se espera un descenso del 20% de las inversiones (de US$ 240 millones en 2019 a US$ 192 millones este año, y se concentrarán principalmente en los proyectos de oro, litio, cobre y plata.

Rópolo destacó por último las perspectivas del sector a partir de las 16 operaciones en curso (metalíferas y de litio) y las siete en construcción (con tres ampliaciones en marcha).

Contabilizó además los nueve proyectos en etapa de factibilidad (incluyendo los de Lama Pascua, Potasio Río Colorado y Pachón, con reingeniería de factibilidad); siete en prefactibilidad; 13 con evaluación económica preliminar; 26 en exploración avanzada y 250 en exploración inicial.

¿Qué significa “eliminar obstáculos”? ¿A quiénes representa Hensel?

18/09/2020
Frente a la decisión del Tribunal Ambiental de Chile, conocida ayer, de disponer el cierre definitivo del proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, el Gobierno de San Juan volvió a pedirle a Barrick que explote el proyecto del lado argentino. La minera ya venía contemplando esa posibilidad, aunque el método de extracción será más caro, con su socia Shandong Gold. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo que incluso no hace falta hacer una nueva concesión porque la canadiense ya posee los derechos de explotación.

Fuente: Diario de Cuyo

El Primer Tribunal Ambiental del vecino país decidió la clausura total y definitiva de la iniciativa y mantuvo la multa de unos 9,2 millones de dólares impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) (ver aparte).

Conocida la noticia, el ministro Astudillo dijo que la minera ya venía trabajando, a pedido del Gobierno sanjuanino, en esa alternativa, e incluso estaba realizando un estudio de metalurgia para contemplar la posibilidad de utilizar el sistema que ya posee Barrick para la explotación de Veladero.

Según fuentes del sector, para la empresa no implicará un cambio de condiciones porque ya venían trabajando en esa alternativa. Oficialmente, desde la empresa, ayer no se pronunciaron sobre la actitud que van a seguir y recién lo harán hoy. Según fuentes del sector consultadas, no es una opción que Barrick vaya a dar a conocer que se retira del proyecto.

El proyecto Pascua-Lama, de oro y plata, está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones con la intención de que estuviera operativa en el 2014, pero un año antes, en la Justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Ahora se conoció la noticia de la decisión del cierre definitivo del proyecto.

El problema que enfrenta la minera es que el método de explotación que debería emplear para avanzar con Lama es más complejo y de mayor costo, explicó el ministro. «Hay que hacer un tratamiento más complejo, que demanda una trituración del mineral más pequeña, que se define para aumentar el grado de liberación. Eso entra a unas celdas de flotación, donde el mineral flota, pero lleva mayor trituración, celdas de flotación, sacar un concentrado y después viene el proceso metalúrgico de separación en fundición y separación. Todo implica mayores costos», dijo Astudillo.

Sobre los pasos a seguir, el funcionario sostuvo que «Barrick debe presentar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación y obtener todos los permisos ambientales». Y aclaró que no hace falta hacer una nueva concesión para que avance con Lama «porque ya la tienen», sostuvo. Y agregó que «si ellos mantienen los derechos de la concesión sigue siendo de ellos, si no entrará por ley en manos del IPEEM (Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras), que tendrá un tiempo razonable para llamar a una licitación y podrá venir otro oferente o no».

En julio del 2018, la canadiense Barrick ya había firmado un acuerdo con los chinos de Shandong Gold para realizaron un estudio que contemplaba la explotación de Lama, del lado argentino.

Cálculo

1 Millón. Es la cantidad de onzas de oro que se estima que hay en el yacimiento de Lama, según estudios realizados.

Tiempo

7 Es la cantidad de años transcurridos desde que la Justicia chilena dispuso frenar el emprendimiento minero binacional.

Intención

En el Gobierno sanjuanino ya vienen trabajando en un plan para exigirles a las empresas que avancen con el desarrollo de los proyectos que tienen en marcha. «De nada sirve que tengamos el mineral en los cerros, hay que extraerlos», dijo el ministro Carlos Astudillo.

Justicia chilena

El Primer Tribunal Ambiental de Chile decidió ayer la clausura total y definitiva del proyecto binacional Pascua-Lama. El ministro presidente del cuerpo, Mauricio Oviedo, explicó que el fallo reafirma que el proyecto no cumplió a cabalidad con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que llevó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) a aplicar a la minera diversas sanciones por infracciones calificadas como graves.

En total fueron cinco los cargos de clausura levantados por la SMA en el 2018, de los cuales, la sentencia tuvo en cuenta tres de ellos. Son los que tienen relación con incumplimientos ambientales respecto al monitoreo de los glaciares y glaciaretes; al monitoreo y descarga de aguas de contacto al río Estrecho; y la utilización de una metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de aguas no autorizada.

El Gobierno de San Juan pide que se explote Lama

La permanente vigencia de la lucha de los pueblos originarios por una legislación que finalmente los ampare
Damián Andrada*
Mapuches FOTO: CEDOC PERFIL

Acontramano de quienes piden la represión y el desalojo de las comunidades Mapuche, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina reconoce a los indígenas como pueblos preexistentes y obliga al Estado a entregar tierras aptas para su supervivencia, al mismo tiempo que la Ley 26.160 impide desde 2006 los desalojos. Hoy, el conflicto se origina en el interés económico del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar las tierras de los pueblos originarios.

El debate público precisa que los medios nacionales acerquen sus micrófonos a los Mapuche, mientras que la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. La Patagonia queda lejos de la Ciudad de Buenos Aires y, más lejos aún, de sus medios de comunicación que miran la realidad desde el centralismo porteño.
Es la única explicación posible para entender por qué todavía no se escuchan voces indígenas para explicar el mal llamado “conflicto Mapuche”. Decimos que es equivocado llamarlo así porque los Mapuche no son el conflicto, el conflicto es del Estado Nación argentino: de nuestro país, nuestra nación y nuestro Estado, que se fundó sobre la base de un genocidio.
Estar orgulloso de esta tierra no implica desconocer los errores del pasado. Refutando a quienes piden represión para mover a los Mapuche de sus tierras, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina es bastante claro en “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, es decir, existen desde antes de la independencia del Estado argentino en 1816. Pero, más importante aún, también señala su necesidad de tierras: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Como si un artículo de la Constitución fuera insuficiente, el 1° de noviembre de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias y, en su artículo 2, suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. No es menor señalar que esta Ley de Emergencia fue prorrogada en 2009 y 2013 durante el primer y segundo mandato de Cristina Kirchner, y en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esto significa que la ley goza de un consenso pocas veces visto, dado que ha tenido el apoyo de tres presidentes de la República y de cuatro cuerpos legislativos que la votaron por unanimidad.

Como ordena la Ley 26.160, el Poder Judicial no puede autorizar el desalojo o la desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan. Resta aún cumplir con el segundo objetivo de la ley: realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas. Para ello es necesario que el Estado argentino destine recursos económicos.

Según un Informe de Amnistía Internacional, a 13 años de su sanción solo se ejecutó un 57% de los relevamientos y apenas el 38% fue concluido. Al desinterés de los gobiernos para completar este relevamiento se suma también el interés de las empresas del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar los territorios indígenas para usufructuarlos. Son lógicas antagónicas: mientras los pueblos originarios necesitan a la tierra para vivir, el capital económico utiliza la tierra para generar ganancias.

Desde la mirada occidental, es probable que muchos ciudadanos y ciudadanas valoren la lógica del capital. La pregunta es qué pensarían si mientras van al supermercado a hacer las compras, sus departamentos fueran ocupados por personas que aseguran haber comprado esa vivienda. Y que luego, el discurso del usurpador saliera en los medios de comunicación diciendo que el dueño legítimo es un violento que le quiere quitar su propiedad.

De este modo, lo que en los medios porteños aparece como “conflicto Mapuche” o se equipara con una “toma de tierras” en el Conurbano bonaerense, para el Pueblo Mapuche forma parte de un proceso de recuperación territorial que pone fin a una usurpación. Y a la lógica de la ganancia, oponen la lógica de la Ñuke Mapu (Madre Tierra, en mapudungún) y de sus ancestros: “Vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes. Por la memoria de Rafita Nahuel”.

Esto es lo que intenta explicar y traducir desde Río Negro el periodista Santiago Rey, una de las voces más respetadas para explicar el conflicto: “Lo que sí hay es intereses inmobiliarios y turísticos dentro del parque Nacional Nahuel Huapi y en la zona cordillerana patagónica. Tienen un enorme valor en temas turísticos, paisajísticos y energéticos. Y no hay nadie que defienda con más ahínco el estado natural que tiene la región como el Pueblo Mapuche, que es un pueblo perteneciente a esta tierra. No son los negocios inmobiliarios y, mucho menos, las empresas extractivistas y energéticas quienes protegen el medio ambiente. Por el contrario son estas comunidades Mapuche las que se han ido erigiendo en defensores de este territorio”.

Y estos son los discursos que hoy no están circulando en el debate público. Y que son necesarios escuchar. Menos presentes aún están las propias voces Mapuche. En su programa de radio del 31 de agosto, Ernesto Tenembaum optó por darle un enfoque diferente a las tomas de tierras en el Conurbano: entrevistó a Ana Rolón, una mujer que está ocupando un terreno en Guernica junto a sus hijos. “A mí me avergüenza como periodista, como argentino y como persona que vos tengas que vivir la situación que estás viviendo. Me da un dolor terrible y me parece que todo el mundo debería escuchar esta nota y sensibilizarse, habla muy mal de nuestra sociedad que vos estés teniendo que explicar lo obvio”, despidió el periodista a la entrevistada.

¿Cuánto más se enriquecería el debate si los medios y periodistas porteños recogieran los testimonios de los líderes y lideresas del Pueblo Mapuche, y sus comunidades en resistencia? ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires? El conflicto que el Estado argentino y los sectores empresariales tienen con el Pueblo Mapuche por la ocupación de sus territorios es complejo. Porque para los pueblos originarios la tierra es la vida. Y el intento de simplificar el problema criminalizando a las comunidades no ayuda.

Al contrario, agrava el conflicto. En 2017, el entonces Gobierno promovió el debate público en torno al “terrorismo mapuche”: construyó un enemigo interno junto a medios y periodistas afines que intentaron legitimar la represión de Gendarmería y Prefectura. Esa estrategia terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A la luz de estos acontecimientos, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, deberían repensar sus declaraciones. Por el contrario, quien sí parece comprender la complejidad del conflicto es el Presidente Alberto Fernández.

En su extensa entrevista en “A dos voces”, el periodista Marcelo Bonelli le consultó por los “ocupas” y los “vivos” del sur, ante lo cual el Presidente respondió: “La discusión es mucho más compleja. Y como quiero ser riguroso, soy cuidadoso. Nosotros tenemos un sistema legal que le reconoce a los pueblos originarios derechos. Y hay muchos pueblos originarios que dicen haber sido excluidos de las tierras donde originalmente estaban. Ese es un tema que hay que resolver. Y no se resuelve con violencia de ningún lado. Ni ocupando ni sacándolos a patadas. Hay que evitar la ocupación, claramente hay que evitarla.

Y tampoco la solución es sacarlos a patadas como algunos quieren”. Esta visión se refleja en “el camino del diálogo” propuesto por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien también es Doctora en Antropología Social. La mirada es compartida por la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, que como Senadora por Río Negro en 2018 presentó un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. ¿El Presidente que declaró a internet como servicio público y decretó el cupo laboral trans, impulsará este proyecto de ley? ¿La prensa lo discutirá como posible solución a un conflicto histórico? Al igual que el resto de Latinoamérica, el Estado nación argentino se construyó bajó la muerte y usurpación de tierras indígenas.

Es un conflicto que lleva, por lo menos, dos siglos. Y es falso pensar que apareció en los últimos años. Al contrario: en los últimos años estamos observando el resultado de esconder durante décadas el conflicto. Y también estamos presenciando las consecuencias de las nuevas usurpaciones de tierras de las empresas transnacionales y las inmobiliarias con el aval del Estado nacional y provincial. ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires?   Pensar que la solución es la represión es un debate pre-moderno. Además de haber demostrado su ineficacia.

Lejos de las balas, la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. Más y mejor diálogo. No menos. La represión y la cárcel agravan el conflicto, como bien se observa del otro lado de la Cordillera de los Andes. El Estado argentino tiene aún tiempo para evitar que el conflicto escale, conformar mesas de diálogo, completar el relevamiento de las tierras indígenas que exige la Ley 26.160 y gestionar la entrega de tierras aptas para el desarrollo de los pueblos originarios que señala la Constitución Nacional.

* Magister en Ciencia Política y Sociología por Flacso Argentina, editor general de la revista Debates Indígenas y compilador del libro “Hacia un periodismo indígena”. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de «share» o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com

https://www.perfil.com/noticias/opinion/damian-andrada-reprimir-pueblo-mapuche-debate-pre-moderno.phtml

31/08/2020
La Secretaría de Minería de Nación busca acuerdos para armar un plan de desarrollo para el sector y desde CAEM celebran que se debata “cómo hacer una mejor minería y no cómo prohibirla”. En los encuentros realizados no participó el Ministerio de Ambiente.
Fuente: La opinión austral
La Secretaría de Minería realizó la segunda reunión de la llamada “mesa facilitadora” para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero. Es una convocatoria de unas 25 personas del sector empresario, gremial y sindical, académicos de diversas disciplinas, y también representantes de las provincias mineras y de otras áreas del Gobierno Nacional. De los actores invitados, sólo hubo una ausencia en ambos encuentros y fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Tampoco asistió en su lugar ningún representante de su Cartera.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) , Alberto Carlocchia, lo esencial de las reuniones que organizó la autoridad minera nacional “es que se está haciendo algo que no se hizo nunca; es un ámbito donde podemos discutir cómo hacer minería de una mejor manera y no cómo prohibirla”. En este punto hizo específica referencia a la oposición en Chubut: “… la gente que reclama que no quiere que la actividad se desarrolle en Chubut lo hace desde la comodidad, nadie se sienta a discutir cómo hacer algo de la mejor manera posible para que otra gente también esté cómoda”, señaló el directivo de la entidad empresaria a Santa Cruz Produce. Una chicana bien conocida por el pueblo chubutense que claramente ha decidido que apoya las propuestas verdaderamente sustentables y que la megaminería no encaja en esa categoría.

En tanto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, indicó que la convocatoria de la Secretaría de Minería surge porque “el país necesita empezar indudablemente a trazar lineamientos estratégicos para el futuro inmediato con la posibilidad concreta de captar inversiones para el sector, porque si bien hoy está congelada la inversión en minería producto de la pandemia, hay que prepararse para lo que se viene”. Llamativa afirmación toda vez que la minería fue declarada actividad esencial a pesar de los pueblos.

El dirigente gremial planteó temas como “…la comunicación, la capacitación, la mano de obra local, los proveedores locales, el equitativo reparto de rentas entre Nación y las provincias, y la necesidad de una convocatoria al Consejo Federal Minero (COFEMIN), que son los dueños de los proyectos”

La Secretaría de Minería buscó abarcar el arco empresario con la invitación a directivos de empresas mineras como Gustavo Burgwardt, de Burgwardt Minera; Nicolás Bareta de Yamana Gold y Marcelo Álvarez de Barrick -además de Carlocchia como presidente de CAEM-, y a los inversores Carlos Miguens de Patagonia Gold y también a un representante del Grupo Irsa, muchas otras compañías con importantes proyectos en marcha en el país no fueron incluidas en la convocatoria y, por el momento, tampoco se han informado sobre los avances en el proceso.
Las exportaciones mineras se redujeron entre 2012 y 2019 un 36% bajando de USD 5.000 a 3.200 millones.

Hensel señaló a los referentes conectados: “Esta invitación no debe ser el plan de un gobierno ni el de una secretaría, sino el aporte de todos los sectores involucrados…”. Y agregó: “Debemos lograr una visión consensuada y articulada aún en los disensos para que de esta manera podamos determinar el rol que la minería debiera tener o le asignaremos en el desarrollo económico y social de nuestro país”. Una visión totalmente sesgada que pone en evidencia el ninguneo de los pueblos a los que condenan a la contaminación y la miseria con estos proyectos.

De acuerdo con un documento de la Secretaría que comanda Hensel, la Cartera de proyectos mineros del país llega a los 329, con una inversión total de hasta USD 30.000 millones, creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi USD 11.000 millones anuales.

Sin embargo, el Gobierno Nacional reconoce que Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera. Entre 2012 y 2019, sólo dos nuevas operaciones entraron en producción: Cerro Moro y Don Nicolás, ambas ubicadas en Santa Cruz. Y en la actualidad no existen proyectos a gran escala en construcción. En este período las exportaciones mineras bajaron de USD 5.000 millones a 3.200 millones, lo que representó una reducción de un 36%.

Presentaron el proyecto “Compañía Argentina de Minerales”

Por su parte, en una reunión virtual de la comisión de minería del Partido Justicialista, su presidente, José Luis Gioja, apoyó la idea de la creación de una empresa minera nacional, una iniciativa que dirigentes partidarios y funcionarios del gobierno están evaluando según informa Econo Journal. Hasta el momento, el diputado y ex gobernador de San Juan nunca se había pronunciado públicamente sobre este tema. Lo hizo en un seminario virtual de la comisión de minería del PJ, donde también se presentó la Compañía Argentina de Minerales S.A., uno de los proyectos que está en evaluación.

En concreto, Gioja señaló: “me suena muy bien cuando se habla de una empresa nacional minera porque así como la industria petrolera tiene una empresa estatal de bandera como es YPF, la minería, que va a tener la misma o más importancia que el sector petrolero, tendría que tener una empresa nacional”.

Compañía Argentina de Minerales

Favio Casarin presentó ayer en el seminario virtual el proyecto para la creación de la Compañía Argentina de Minerales Sociedad Anónima. Prevé una empresa con el 51% de las acciones en manos del estado (26% Estado Nacional y 25% provincias) y un 49% en manos privada. “Van a ser acciones muy atractivas en el mercado de capitales”, indicó. La parte privada podría estar determinada por topes y en distintas clases de acciones, explicó. Luego, remarcó que “esta empresa va a ser un actor más en el mundo minero y de ninguna manera va a suplantar a las empresas mineras provinciales. El proyecto va a respetar el derecho que tienen sobre los recursos”. “La idea es acelerar tiempos de los proyectos mineros, porque tenemos en algunos casos 10 años de postergación”, agregó. “La compañía no sería estatal, porque sería público – privada”, remarcó el geólogo Casarin.

El proyecto prevé “una parte del financiamiento por parte del Estado Nacional a partir de un aporte de capital surgido de un porcentaje a las retenciones de las exportaciones mineras”. Las provincias «podrían aportar capital o con proyectos o con otro tipo de acciones”.

Lo objetivos de la Compañía Argentina de Minerales son:

-Impulsar el desarrollo minero de manera federal y estratégica.

-Garantizar el derecho de las provincias como dueñas de los recursos y la seguridad jurídica del inversor.

-Crear una herramienta que promueva una sinergia entre el capital privado y el sector público nacional y provincial.

-Auspiciar contratos asociativos con las provincias y capitales privados para desarrollos mineros estratégicos.

-Dar comienzo a un proceso de inversión en investigación y desarrollo sobre aquellos minerales, o conjunto de ellos, que sirvan como insumo de alguna de las cadenas de valor para el desarrollo industrial.

-Garantizar un desarrollo sustentable de los proyectos, con participación de las comunidades y aceptación de la sociedad.

HACER MINERÍA DE ESPALDAS A LOS PUEBLOS

NOALAMINA
20/08/2020, La Pampa
La Pampa rechaza la minería en Mendoza
RECHAZO DE LA PAMPA A PROYECTOS MINEROS EN MENDOZA
El secretario de Recursos Hídricos de la provincia La Pampa, Néstor Lastiri, afirmó: “En tanto y en cuanto afecten al río decimos que no aceptaremos la afectación de la calidad del agua” al ser consultado sobre los proyectos mineros “Hierro Indio” y “Cerro Amarillo” en la provincia de Mendoza.

Ambas iniciativas están en jurisdicción de la ciudad de Malargüe. “Hierro Indio”, dedicado a la extracción de hierro. El otro es “Cerro Amarillo” una mina de cobre que estuvo en etapa exploratoria.

El rechazo lo hemos planteado varias veces de diciembre de 2017 hasta ahora en el marco de la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

“En el próximo organismo de cuenca que se tiene que crear tras el fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, también lo vamos a plantear”, adelantó Lastiri.

“Nos oponemos tanto al proyecto minero como a la extracción de petróleo si se afecta la calidad del agua del río”, resaltó.

Esta semana se conoció que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tiene la intención de avanzar con un proyecto de ley para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo, pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

En 2019, el Gobierno mendocino intentó modificar la ley 7722, pero tuvo que dar marcha atrás por las fuertes movilizaciones y el rechazo popular generalizado por los daños ambientales que provoca la explotación minera.
Fuente: El diario de La Pampa

La Pampa rechaza la minería en Mendoza