12/11/2020
La abrumadora mayoría de Chubut le está diciendo al gobernador Mariano Arcioni que rechaza el proyecto de zonificación que preparó con Alberto Hensel, el secretario de Minería de Nación. Las movilizaciones son la muestra más grande, seguida por la enorme adhesión a la segunda Iniciativa Popular, que en pocos meses logró su objetivo sorteando la pandemia. Pero también partidos políticos: los que hacen del rechazo a la megaminería y el extractivismo parte de su propuesta política, quienes son parte de partidos que a nivel nacional apoyan la megaminería pero tienen grietas en su interior, quienes cambian de postura según la ocasión.

Repasamos en este informe las distintas expresiones de rechazo a la zonificación en toda su diversidad, para que quede claro que, más allá de las diferencias, hay una cuestión que no puede negarse más: en Chubut la megaminería no tiene licencia social.

Por Noalamina.org

Comenzando por los sectores políticos que siempre estuvieron en contra y no dudaron en sostener su posición, a nivel provincial el Frente de Izquierda Unidad sostuvo en un comunicado que acompañan la segunda Iniciativa Popular y que cierran filas en la defensa irrestricta del #NoEsNo.

Desde Esquel, y a través de su mesa directiva, el Frente Vecinal Esquel volvió a sostener su postura, mientras expresó que muchas declaraciones de otros partidos (PJ-UCR) son solo palabras porque en los hechos forman parte de aparatos partidarios que a nivel nacional impulsan la megaminería.

El Instituto Futaleufú, por su parte, pese a coincidir en grandes rasgos con el proyecto del partido gobernante a nivel nacional, volvió a sentar postura contra la megaminería y en la asamblea multisectorial realizada el miércoles frente a Radio Nacional, indicaron a los representantes políticos que si no quieren que las movilizaciones vayan a sus casas, tendrían que participar ellos de las movilizaciones.

El Partido Municipal por Trelew, por su parte, emitió un comunicado en repudio ante la persecución y estigmatización de la que fue víctima la concejala Mariela Flores Torres, en el cual destacaron que sostienen su campaña en los hechos, que no quieren megaminería en la provincia y que insisten en que el Concejo Deliberante de la ciudad trate el proyecto de ordenanza que presentaron, llamado “Trelew Libre de Megaminería”.

Dentro de la legislatura, tanto el bloque oficialista de Chubut al Frente como el bloque del PJ (oposición aunque a nivel nacional comparten el Frente de Todos) tienen diputados y diputadas que han firmado la segunda Iniciativa Popular: Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, Miguel Antín y Zulema Andén por el oficialismo, Tatiana Goic y Carlos Mantegna por el Bloque del PJ.

Belén Baskovc y Mónica Sasso no están entre las firmas verificadas de la IP, pero constantemente publican en sus redes sociales contra la megaminería, y son parte del Bloque de Diputados del PJ-Chubut, desde donde emitieron un comunicado rechazando el avance minero y la zonificación propuesta por Mariano Arcioni. En este bloque, a los ya nombrados previamente hay que sumar a Adriana Casanovas, Carlos Eliceche, Rafael Williams y Mario Mansilla.

También hubo declaraciones por parte del radicalismo: Jacqueline Caminoa, Presidenta de la UCR Chubut y los diputados provinciales de la UCR-Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, emitieron una declaración en donde indican que la minería en Chubut no es un proyecto productivo, sino un proyecto financiero en beneficio del gobierno nacional.

Sumando estos diputados y diputadas hay 13 bancas ( ocho del PJ, tres del oficialismo, 2 de la UCR) que deberían votar en contra del proyecto de zonificación. La Legislatura se conforma por 27 diputados y diputadas, y para que entre un proyecto sobre tablas se necesitan dos tercios.

A ellos y ellas se les pueden sumar otros políticos que, si bien últimamente no se han posicionado, alguna vez lo han hecho. Entre quienes lo expresaron rotundamente tenemos a los diputados trelewenses Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez, que en enero, ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial impulse en la Legislatura alguna iniciativa minera, adelantaron que votarían en contra.

Ese mismo mes, a principio de este año, se posicionaba el vicegobernador Ricardo Sastre (a cargo de presidir la Legislatura), indicando que el pueblo de Chubut ya se ha expresado y que él comprende que No es No.

Fue apoyado públicamente en ese momento por las diputadas por Puerto Madryn Mariela Williams y Xenia Gabella. Aunque esta última recientemente ha sostenido que “debe darse un gran debate donde se escuche a toda la provincia”, el proyecto enviado por Arcioni y consensuado con Nación en reuniones secretas durante este año no pareciera responder a ese planteo. Podemos suponer que un gran debate no ingresaría a la Legislatura en noviembre, sobre tablas.

Además de la Legislatura, Concejos deliberantes como el de Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Puerto Pirámides (Declaración 09/20), Epuyén (Declaración Nº003/2020) y Rawson declararon de interés a la segunda Iniciativa Popular, la mayoría de ellos por unanimidad, votando incluso contra la zonificación los concejales de Chubut al Frente. Además, este año, los concejos de Lago Puelo, Cholila y Río Pico emitieron declaraciones contra las intenciones de avanzar con la megaminería por parte del ejecutivo provincial.

Muchos de estos sectores son acusados por buena parte de la sociedad de hacer un uso oportunista: muchas declaraciones, pocos hechos concretos, demasiadas traiciones. Si hoy están en contra por convicción genuina o si lo están por provecho político no cambia la cuestión principal: la megamineria en Chubut no tiene licencia social.

Por el contrario, lo que sí tiene licencia social es profundizar el marco jurídico para prohibir la megaminería en todas sus etapas y cambiar la ex5001 (hoy LEY XVII-Nº 68) para hacerla mejor. Con enorme apoyo y movilización popular se lanzó en junio de 2020 la Segunda Iniciativa Popular, la que ya presentó 30.916 firmas reunidas y verificadas en plena pandemia por asambleas de toda la provincia.

Cada día 4 de cada mes, en prácticamente todas las localidades hay movilizaciones o expresiones contra la megamineria. Los medios que más reciben pauta oficial hicieron como que eso nunca ocurrió, lo taparon. Sin embargo, cualquier declaración o marcha a favor (las hubo solo en las localidades en donde la empresa viene prácticamente reemplazando al Estado) la hicieron tapa.

En las redes sociales se puede ver un abrumador rechazo a cada operación mediática prominera, al mismo tiempo que se puede constatar el desembarco de un ejército de trolls mineros. La aparición de decenas de cuentas falsas coincide en el tiempo con la contratación con pago directo del servicio de «monitoreo de medios» por parte del Ejecutivo.

Por su parte, algunos medios de comunicación privados pueden sacar chapa de haber sostenido una agenda que diera lugar a las constantes expresiones populares que sostienen el NO. Los medios alternativos, comunitarios y populares, todos acompañan la lucha de la mayor parte de la población.

Pero, además, las declaraciones del gobernador fueron provocativas, acusadoras de fundamentalistas hacia quienes vienen dando el debate y sosteniendo el rechazo. El gobernador dijo que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. La discusión se viene dando hace más de 17 años. Que no le gusten los resultados, las posiciones que toma quien se informa con argumentos, es otra cosa.

Si hablamos de discusiones académicas, científicas, sería importante tener en cuenta las opiniones que se han emitido desde las universidades que funcionan en nuestra provincia. En mayo de 2018, el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNPSJB), reunido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento «Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut», elaborado por docentes e investigadores. En agosto de ese mismo año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco rechazó la zonificación y se propuso al Gobierno para desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta, con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas, sustentables a mediano y largo plazo.

En noviembre, también de 2018, se posicionarían científicos directores de siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, que en Puerto Madryn también se declararon en contra de la zonificación, principalmente porque no está claro el rol del Estado en un modelo de desarrollo minero que arriesgue “los recursos naturales de nuestra provincia y comprometa la sustentabilidad de sus ambientes y sus habitantes, considerando que los costos a largo plazo para la comunidad serán mucho más importantes que los posibles beneficios”.

Además de los mencionados pronunciamientos, científicos y académicos del CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Chubut firmaron en junio de este 2020 una contundente carta dirigida a Mariano Arcioni, en donde advirtieron sobre las consecuencias irreversibles de la minería metalífera.

Por su parte, la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, también de la UNPSJB, declaró que la zonificación no afectaría sólo a la cuenca del acuífero Sacanana, sino prácticamente a todas las cuencas hidrosociales de la región.

Además, las proyecciones científicas realizadas con modelos climáticos indican que estas tendencias continuarán en el futuro, alcanzando disminuciones de cantidad de agua del orden del 40% hacia finales de siglo, por lo que el verdadero debate serio es si el agua puede entregarse a las mineras o debe ser reservada para actividades sustentables, que la preserven para las generaciones futuras.

Cuando el Instituto Provincial del Agua autorizó a la Minera Argenta S.A. (filial local de la canadiense Pan American Silver) a bombear agua del acuífero Sacanana para abastecer el campamento minero del Proyecto Navidad, le llovieron cientos de oposiciones solicitando su rechazo. La gran mayoría cuestionando que no había sido realizada la Consulta Previa, Libre e Informada al Mundo Indígena, que debe llevarse a cabo según el Convenio 169 de la OIT, ratificado hace 20 años por el Estado argentino.

Justamente en la meseta centro norte de Chubut, están asentadas más de 10 comunidades mapuche-tehuelche. El pasado 23 de octubre, repudiaron el accionar de Mariano Arcioni y de Alberto Hensel (secretario de Minería de Nación) por vulnerar su derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan.

También exigieron se respete el derecho a participar en la gestión referida a los bienes comunes o recursos naturales existentes en nuestros territorios, y a la Consulta Previa, Libre e Informada (Artículo 75, Inc.17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT Art. 6, 13 y 15, y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), así como manifestaron en dicho comunicado que todos esos derechos han sido vulnerados por decisiones o hechos relacionados a la megaminería.

La Cátedra Abierta de Pueblos Originarios Ormache “Memoria y recuperación”, de la Universidad de la Patagonia, denunciaba a fines del año pasado que dichas comunidades han sido históricamente postergadas por parte de los gobiernos tanto provincial como nacional, quienes habilitaron a las mineras a que participen en un rol asistencialista en la zona. Lo hacía en un comunicado en el que repudiaban la represión a quienes se manifestaban contra la Ley de Ministerios, en la que el gobierno pretendía agregar “minería” al Ministerio de Hidrocarburos.

Un mes después, se realizó un Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut en El Maitén, en donde comunidades reafirmaron su posicionamiento por el No a la minería contaminante, más allá de las fronteras, exigiendo la restitución de la ley anticianuro en Río Negro y la expulsión de las empresas Pan American Silver y Patagonia Gold (dueña del proyecto Calcatreu, cercano a las nacientes del río Chubut, pero en la provincia vecina).

Difícilmente se borre de la memoria de las comunidades el pecado original cometido por la empresa que exploró el Proyecto Navidad: en 2005 y contra el rechazo de la gran mayoría de las comunidades profanaron un chenque, un cementerio aborigen de 1200 años, ubicado en el corazón del yacimiento. Una leyenda dice que quien lo hace tendrá una maldición de cien años que por ahora se está cumpliendo, porque el proyecto minero sigue frenado.

El pasado 4 de agosto, en un comunicado público al pueblo mapuche-tehuelche y a la población consciente en general, las comunidades volvieron a expresar su profundo rechazo a la megaminería y más específicamente contra el Proyecto Navidad de Pan American Silver, a la que desde el Gobierno dieron vía libre para que puedan trabajar y meterse en las comunidades, lo que ha generado diferentes tipos de daño al territorio y a su ser cultural y espiritual.

Es amplio y diverso también el rechazo a la megaminería por parte de gremios y sindicatos. La Mesa de Unidad Sindical que nuclea gremios de la educación, la justicia, vialidad, salud, portuarios, empleados de medios estatales y legislativos (Atech, Sadop, Sitravich, CTA, Sitrajuch, Sisap, Sutap, Satsaid, Sitraed, Amet y Apel) incluyó entre sus reclamos en la larga lucha por los salarios estatales el reclamo contra la megaminería, posición que fue reafirmada en una reciente reunión virtual con legisladores nacionales.

El cuerpo docente fue quien impulsó en los momentos más fuertes de lucha contra el gobierno provincial la consigna “no cambiamos salarios por megaminería”: el rechazo es sostenido tanto por las listas opositoras como por la conducción de la ATECH. También SADOP (educación privada) ha declarado que la lucha por la defensa del territorio se da en las aulas y en las calles.

Aunque en otros temas hay conflictos, el rechazo a la megaminería unifica gremios que están divididos, como el caso de la CTA de los trabajadores y de la CTA Autónoma.

Por fuera de la MUS, también hay posicionamientos. El secretario general de Camioneros Chubut, viene hace varios años hablando sobre la necesidad de rechazar la megaminería en la provincia y junto a Luis Collio (Secretario General de la CGT del Valle) han organizado actividades para informarse y posicionarse sobre la actividad. Taboada explicaba en diciembre pasado que Tatiana Goic, la dirigente que el gremio tiene en la legislatura, está “atenta ahí para cualquier movida que quieran hacer”.

Es para destacar también la postura de FATPREN y el rol de quienes trabajan en medios privados acompañando la lucha, incluso trabajando contra las líneas editoriales de los “grandes medios”, es decir, los de la pauta oficial y minera.

En el ámbito de la salud, más allá de las posturas gremiales, hay posicionamientos importantes como lo fue en su momento la rotunda declaración de pediatras contra la megaminería en 2012. Las declaraciones de quienes trabajan en la salud generalmente abordan todas las aristas desde las cuales la megaminería afecta a la salud de la población: tanto las afecciones generadas por los químicos utilizados por la industria, como indicaron en un comunicado reciente desde la Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut, como por los graves problemas para la salud que son las micropartículas contaminantes que quedan en el aire, como explican en un comunicado de la Fundación Fusso de Trelew. También la Federación Argentina de Medicina General se posicionó en contra de la megaminería, basados en el paradigma de la ‘salud de los ecosistemas’: «como estrategia de trabajo en salud integral, consideramos central el cuidado del agua, del aire y de la tierra como base de la vida y de todo desarrollo saludable y sustentable».

Personal del Ministerio de Turismo y Áreas protegidas del Chubut también se pronunciaron a fines de 2019: en su comunicado explican que la propuesta de zonificación minera incluye entre otros sitios sensibles, tres áreas naturales protegidas provinciales (Piedra Parada, Laguna Aleusco y Los Altares) además de una vasta extensión de la meseta de Somuncurá, un área de biodiversidad sobresaliente en la estepa patagónica, donde se destacan anfibios y reptiles endémicos, así como sitios con manifestaciones arqueológicas.

De manera similar, la Asociación de Guías Balleneros en agosto de 2018 se había expresado en contra de la megaminería en la provincia y llamaron a “fomentar verdaderas actividades sustentables” dado que “el turismo y la megaminería no son compatibles”.

Una de las referencias que desde la religión más ha trabajado en años recientes a favor de los pueblos de la meseta es el Padre Tono (Antonio Sánchez). El cuatro de agosto pasado, compartió un mensaje contra la megaminería y en defensa de la Iniciativa Popular en donde destacó conocer la realidad y a las personas que nacieron, viven y envejecen en la meseta, entre los cuales muchos no están de acuerdo con la extracción de metales en su suelo. En su carta, reclamó al gobierno, a los jefes comunales, estancieros y a quienes disponen de capital, que pongan en funcionamiento al campo, desmintiendo que la minería pueda ser una estrategia de desarrollo para la meseta central norte. Luego de remarcar sus argumentos, finaliza exigiendo respeto a las comunidades mapuche-tehuelche indicando que el agua vale más, porque sostiene la vida.

También el Obispo José Slavy ratificó la posición de la Prelatura de Esquel que se opone a la megaminería, indicando que debe ser respetado el posicionamiento de los vecinos, motrándose esperanzado en que Dios ilumine a los políticos para que gobiernen para el pueblo.

Los religiosos enmarcan su postura en las contundentes declaraciones del papa Francisco en la Encíclica Papal Laudato Si, una carta sobre el cuidado de la casa común dirigido a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. En ella indica que hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, en donde entre otras cosas destaca la contaminación minera y cómo estas empresas generalmente al cesar sus actividades y retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener. En dicho punto, el 51, el papa utiliza como cita nada menos que el “Mensaje de Navidad de 2009 de los Obispos patagónicos«.

Organismos nacionales de derechos humanos, como la Mesa de Organismos de DDHH, y referentes como Nora Cortiñas junto a Mirta Baravalle, ambas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia, se posicionaron en diciembre pasado. También lo hizo el nobel alternativo Raúl Montenegro enviando una contundente advertencia a los legisladores chubutenses.

También a nivel provincial y en este último tiempo organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, las Grupas Socorristas provinciales, la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel, comerciantes que tomaron distancia de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut, el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y, por supuesto, todas las asambleas que conforman la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut se declararon contra las intenciones de zonificar la provincia por parte del gobernador. El listado puede seguir, y podremos ir sumando aquellos pronunciamientos que nos hayan quedado por fuera, o aquellos que se vayan sumando.

No hay dudas en que amplios sectores sociales indican que no se puede imponer la megaminería en Chubut. Si el gobernador insiste, todo se encamina a una situación similar a la de Mendoza a finales del año pasado, en donde el Gobierno nacional y el provincial intentaron en vísperas de las fiestas modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias químicas en la megaminería. Para ello, convocaron a una sesión extraordinaria de diputados y otra de senadores, ambas el 20 de diciembre. Tras la aprobación exprés, el pueblo mendocino se levantó masivamente, logrando en pocos días torcer la imposición y obligar al gobierno a dar marcha atrás. Hoy las asambleas mendocinas saludan la lucha del pueblo chubutense.

Funcionarios nacionales como el ministro de Ambiente Juan Cabandié, incluso el mismo secretario de Minería Alberto Hensel, indicaron en declaraciones mediáticas que no puede haber minería si no hay licencia social.

Las constantes movilizaciones, la presentación de una segunda Iniciativa Popular, y todas las declaraciones recopiladas en este artículo evidencian que en Chubut no hay licencia social para imponer la megaminería: la provincia busca modelos de desarrollo verdaderamente sustentables, que generen trabajo digno y protejan el ambiente para las próximas generaciones.

¿Qué más necesitan para entenderlo?

11/11/2020
Foto: AngloGold
AngloGold Ashanti dijo el martes 10 de noviembre que suspende voluntariamente las operaciones en su mina de oro y plata Cerro Vanguardia en Argentina durante 10 días, ya que se han detectado casos positivos de coronavirus entre su fuerza laboral.

La compañía dijo que las actividades esenciales durante la suspensión continuarían y que se espera que el impacto de la paralización en la producción sea de 8,000 onzas.

Se espera que las operaciones en Cerro Vanguardia se reanuden el 20 de noviembre, sin embargo, los movimientos hacia y desde el sitio estarán restringidos solo al personal esencial, hasta el 30 de noviembre.

Cerro Vanguardia, en la que AngloGold Ashanti tiene una participación de 92.5%, es la única operación de la empresa en Argentina. Fomicruz, empresa estatal que opera en la provincia de Santa Cruz, posee el 7.5% restante.

Cerro Vanguardia produjo 225,000 onzas en 2019.

El Dato

Se espera que las exportaciones mineras de Argentina caigan un 25% este año después de que la actividad se detuviera bajo uno de los bloqueos de coronavirus más estrictos del mundo.

Las exportaciones del sector minero, compuesto principalmente de litio, oro y plata, totalizarán alrededor de USD 2.400 millones en 2020, dijo el secretario de Minería, Alberto Hensel. La inversión del sector privado en exploración de minerales se redujo a USD 160 millones en 2020, frente a los USD 241 millones del año anterior.

El gobierno de Argentina ordenó un cierre estricto en marzo, que afectó especialmente al sector minero, ya que depende de los trabajadores que a menudo necesitan viajar para llegar a los lugares de trabajo.
Fuente: Mining Weekly

AngloGold suspende operaciones en mina argentina Cerro Vanguardia

06/11/2020
El gobernador de Chubut participó de una mesa virtual nacional que presentó el Plan Estratégico para el desarrollo Minero, en donde anunció que tienen un proyecto para avanzar con una zonificación a fin de habilitar la megaminería en la provincia. Participaron el Secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel y el Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas.
Por Noalamina.org
Mariano Arcioni puso en palabras que piensa modificar el marco legal que desde 2003 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia. Si bien como vicegobernador participó y aplaudió la Cumbre Ambiental que se pronunció en defensa del agua en 2016 y como candidato a diputado nacional hizo campaña en contra de la megaminería, ya como gobernador, trabajó para que las empresas mineras avancen.

En 2018 comenzó a operar junto a Carolina Sánchez y al Ministro de Energía Juan José Aranguren para realizar la cumbre minera en Telsen. En este 2020 y en plena pandemia, se reunió -al menos siete veces- con el Secretario de Minería de Nación del nuevo gobierno, con quien viene avanzando en varios frentes.

Eligieron a mediados de octubre a Martín Cerdá como presidente del COFEMIN, el Consejo Federal de Minería, órgano estatal que fomenta el desarrollo megaminero dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. De no participar en la última elección de autoridades, el gobierno de Chubut puso a su Ministro de Hidrocarburos como presidente, secundado por el responsable de minería del Jujuy gobernado por Gerardo Morales.

Semanas antes, la filial local de la minera canadiense Pan American Silver, solicitó al Instituto Provincial del Agua permiso para bombear agua del acuífero Sacanana y con ella abastecer al campamento minero del Proyecto Navidad, en la meseta central norte. El titular del IPA es Gerardo Bulacios, quien también participó de la mesa virtual ayer.

Por su parte el Ejecutivo modificó por decreto áreas en el propio Ministerio de Hidrocarburos: en 2019 quisieron denominarlo “Ministerio de Hidrocarburos y Minería” pero ante la presión desistieron. Quitaron sólo la palabra. En octubre fue publicada la creación de la Subsecretaría de Minería, y dentro de ésta, la Dirección General de Control Técnico Minero y la Dirección General de Desarrollo Minero Sustentable. Dentro de esta última, la Dirección de Políticas Mineras y el Departamento de Evaluación de Proyectos. También la Dirección General de Control Técnico Minero de donde dependerán la Dirección de Catastro Minero y la Dirección de Policía Minera.

Mariano Arcioni gobierna una provincia en crisis desde su asunción en reemplazo de Mario Das Neves. Mientras participaba de la cumbre minera virtual, se anunciaba el pago de salarios para estatales y jubilados de agosto y septiembre según el rango de salario. Dicho de otra manera: hasta hoy debía entre dos y tres meses de salarios y el medio aguinaldo. Sigue adeudando entre uno y dos meses más el aguinaldo, sin novedades de cómo continuará. La pandemia parece haber profundizado una crisis sistémica, en la que se apoya el lobby minero para proponerse como única salida, cuando la población viene rechazando la actividad desde 2003, hoy con el lema “No cambiamos salarios por megaminería”.

Provocativamente, Mariano Arcioni dijo frente a los funcionarios nacionales que quiere “iniciar por primera vez una discusión con sustento académico, tecnológico y de ciencia, que permita salir de esa discusión del Sí o el No, para poder dar la discusión de una vez por todas”. En realidad la discusión comenzó a darse seriamente en Esquel en 2002, y durante 18 años se sostuvo el rechazo en las calles cada día 4 de cada mes, sumándose a lo largo de los años, manifestaciones mensuales en gran cantidad de localidades.

Las asambleas chubutenses ya presentaron un proyecto por Iniciativa Popular en 2014 para prohibir la megaminería en todas sus variantes y etapas, así como se presentó uno nuevo este año para que se discuta en la Legislatura de Chubut como propone la Constitución Provincial. En plena pandemia, se reunieron y verificaron 30.916 firmas que representan el 7% del padrón (la normativa exige el 3%) y los pueblos de la meseta firmaron en porcentajes altos.

El gobernador ningunea también a quienes desde la academia y la ciencia se han posicionado, como la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco desde su Consejo Superior, así como científicos y académicos que en la provincia se desempeñan en la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Chubut, institutos provinciales dependientes del CONICET, entre otros.

Lo que se conoce hasta ahora del proyecto de zonificación, a partir de declaraciones de empresarios y mapas tentativos, es que se pretende permitir la megaminería en entre un 60 y 70% de la superficie provincial en las regiones menos densamente pobladas, dejando afuera a las ciudades de la cordillera y la costa. El río Chubut, el único que atraviesa la provincia de oeste a este, queda en el centro de la zonificación. Los proyectos más avanzados en esta región implican extracciones de plata, plomo y uranio.

Los pueblos que quedan dentro de la zonificación, “zonas postergadas” según el gobernador responsable de esa postergación, han sufrido un abandono estatal que habilitó a Pan American Silver a proponerse como quien llevará a la meseta central trabajo, energía eléctrica, transporte e internet: servicios y derechos en los que el Estado incumple. En todos ellos hay habitantes que no quieren ser una zona de sacrificio y reclaman que se les escuche, que no se los tape, mientras los medios de comunicación de la pauta oficial y minera hacen tapa todos los días con declaraciones a favor de la megaminería.

En diciembre de 2019, un recién asumido Alberto Fernández anunciaba ante empresarios que habían logrado “que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Once meses después, con el impulso de funcionarios nacionales y el padrinazgo de Sergio Massa, Arcioni pretende imponer una zonificación traicionando sus promesas electorales; pasando por encima los mecanismos avalados constitucionalmente con los que la población decidió expresar su posición; sin respetar los convenios y compromisos asumidos sobre Consulta Previa al Mundo Indígena; sumergiendo a una provincia en la peor crisis de su historia. Una crisis a la que se llegó de la mano de la deuda y el extractivismo, y que promete empeorar más aún con las mismas recetas.

Arcioni anunció que van por la zonificación de Chubut

23/10/2020
En un escenario complejo, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), decidió volver a presentar un Proyecto de Ley generado por el pueblo mediante el mecanismo de Iniciativa Popular. Así fue, que el 22 de junio del corriente año nos echamos a andar. Nuestra férrea voluntad de proteger el territorio que habitamos, hizo que no nos detenga la pandemia, ni las inclemencias climáticas, ni la criminalización de la protesta, ni la profunda crisis provincial. Y en 100 días lo logramos, en menos de la mitad del tiempo que la Primera Iniciativa Popular, más del doble de firmas de chubutenses acompañando el proyecto. En ella, participamos 48 comunidades y obtuvimos 30.916 firmas que hoy se encuentran en el Tribunal Electoral comenzando un proceso cuyo resultado está en manos de los legisladores y las legisladoras. Nosotros sabemos que, o nos representan o nos traicionan.

Documento de la UACCH para la presentación de la

SEGUNDA INICIATIVA POPULAR

Hoy, 16 de octubre del 2020, las asambleas que conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses nos presentamos aquí, en el Tribunal Electoral, a poco más de cien días de su lanzamiento, a presentar las 30.000 firmas de ciudadanxs chubutenses que acompañan y apoyan la presentación de nuestra Segunda Iniciativa Popular.

Desde su lanzamiento, y sin ceder la convicción que desde hace 18 años sostenemos, sumamos voluntades a lo largo y ancho de Chubut y nos echamos a andar. Hemos transitado un camino con innumerables dificultades, en el peor escenario posible: en el contexto de la pandemia por COVID -19 que trajo aparejado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO); que nos obligó a elaborar protocolos de cuidado comunitario para la recolección de firmas, ocasionando demoras en el proceso; que nos impidió encontrarnos en asambleas provinciales y levantó el fantasma de la criminalización sobre nuestra práctica asamblearia. En plena pandemia, mientras buscábamos las formas de cuidarnos como comunidades en lucha, las diferentes formas de extractivismo fueron habilitadas como “actividades esenciales” y tuvimos que soportar el tránsito por nuestros territorios de maquinarias y contingentes mineros hacia el sur y una nueva estocada lobbysta en instituciones vaciadas de participación por el ASPO.

Al mismo tiempo, mientras algunas localidades eran, y aún hoy son azotadas por la enfermedad, otras, del espacio rural, atravesaban emergencias climáticas que sepultaban sus animales bajo la nieve, aislándolas del resto de la provincia, siendo los pueblos vecinos quienes se aprestaron a extender su mano, como tantas veces, como siempre. En ese contexto también hemos realizado este trabajo.

La provincia de Chubut está sumida en una profunda y prolongada crisis, con un gobierno que adeuda salarios y medio aguinaldo, que intenta negociar derechos al tiempo que reprime las justas demandas del pueblo. No nos cansaremos de señalarlo y cada vez más sectores se suman en esta dirección: Esta crisis ha sido diseñada por las clases gobernantes con el fin de imponer la megaminería bajo discursos de “sustentabilidad” y “ampliación de la matriz económica”.

A pesar de Arcioni, Sastre y todo el gabinete provincial; a pesar de la criminalización de nuestrxs compañerxs por luchar; a pesar del COVID y de la reconfiguración del escenario público en contexto de pandemia; a pesar de las operaciones mediáticas cómplices de la prensa hegemónica; a pesar del gobierno nacional y sus espaldarazos al extractivismo minero, hemos realizado este trabajo con enorme alegría y participación.

Este pueblo digno y consciente logró juntar mucho más del doble de firmas, en menos de la mitad de tiempo, de las que se juntaron para la primera Iniciativa Popular, aquella que fuera bastardeada en la Legislatura en el año 2014. Desde su lanzamiento, la rueda de la decisión comunitaria se puso en marcha y nada la pudo frenar. Se tejieron y fortalecieron redes en los más diversos puntos y se recolectaron firmas por todo el territorio: Camarones, Telsen, Facundo, Villa Futalufquen, Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Puelo, Cushamen, Esquel, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, El Escorial, Dique Ameghino, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Tecka, Vuelta del Río, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Pico, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Ahora es el turno de lxs legisladorxs, quienes deberán elegir entre escuchar al pueblo o volver a traicionarlo. Es su oportunidad para dejar de ser cómplices silenciosos desde la omisión cobarde o la acción inescrupulosa. Sabemos que el lobby minero se ha hecho presente en todas las escalas del Estado y que luchamos contra un poder transnacional que compra voluntades en todo el planeta. La ya debilitada democracia de la provincia está en riesgo. La crisis de diseño seguirá estallando en sus rostros si no empiezan a escuchar al pueblo. Con esta herramienta legislativa, están en sus manos la vida y el futuro de todas las personas que habitamos Chubut.

Una vez más, nuestra labor como pueblo está hecha. Seguiremos en las calles y convocamos a todo el Chubut a seguir sumándose a la defensa de esta herramienta participativa y democrática, y a acercarse a las asambleas para seguir tejiendo resistencias frente al lobby minero que seguirá expandiéndose por nuestras vidas hasta que le pongamos un freno, de una vez y por todas.

Volvimos a tomar la iniciativa, retomando nuestro cauce – como el agua -, porque «nos deben una ley».

Foto: Aníbal Aguaisol

Enlace video:

https://www.facebook.com/watch/?v=376804890125665

28/10/2020
Funcionarios y profesionales que «defienden» la «minería» en Chubut. Se suman otras voces para un mismo discurso que miente y enmascara.

En anteriores oportunidades señalamos que:

a) Hablar de “minería sustentable” es un oxímoron, es decir una contradicción de términos que enmascara otras contradicciones.

b) La sustentabilidad de cualquier actividad económica debe valorarse por el cuidado de los bienes que en ella intervienen y por la estabilidad ambiental que les brinda a las próximas generaciones

Hace un par de días, el presidente del Colegio de Geólogos del Chubut, Fernando Locci, afirmó en una entrevista radial que la minería “es una actividad insustituible y esencial para la vida moderna”, y ratificó lo expresado por la institución la semana pasada a través de un documento en el que dejó en claro que la industria metalífera es “técnicamente viable” en la provincia. Agregó que la Ley 5.001 “no solo perjudica a la provincia, sino a nuestro colectivo profesional”, ya que “una buena parte de nuestros profesionales están dedicados o abocados a la minería”. Recomendamos leer la nota que recoge sus declaraciones aquí.

No vamos a cuestionar la defensa que Locci hace de los intereses laborales de su sector, los profesionales de la Geología, porque es entendible. Nos interesa, sin embargo, un elemento en sus dichos, del que se desprenden otros, que vale la pena revisar.

Resulta interesante su preocupación por lo “insustituible y esencial para la vida moderna”. Aunque no define qué entiende por vida moderna, suponemos –por otros párrafos de la nota- que se refiere al acceso y disponibilidad de bienes tecnológicos. Pues bien, queremos señalar que hay un gran número de chubutenses que aún no tienen acceso al agua potable o a servicios de electricidad, y que en gran medida son los pobladores de los territorios en los que se pretenden instalar los megaproyectos de uranio y de plomo, plata y cobre en la meseta de la provincia.

Ya hemos abordado el tema en otras ocasiones, solo recordaremos que los megaproyectos extractivos compiten por los bienes y servicios con las comunidades de los territorios en los que se instalan y, dadas estas condiciones, la vida moderna termina estando cada vez más lejos de los pobladores.

Ello sin profundizar en el hecho de intentar enmascarar como «industria» a una actividad exclusivamente extractiva que no incluye transformación de los metales extraídos.

En otro pasaje de nota dice Locci: “Una de nuestras funciones es la divulgación de nuestra profesión y de la geología” sin embargo, apuesta por “divulgar” a través del ocultamiento y esconde las reales dimensiones de la megaminería que se propone en Chubut.

Y entonces, nos asalta la siguiente pregunta: ¿Por qué las corporaciones y sus voceros hablan de minería en lugar de “megaminería”?

Al igual que los empresarios y los funcionarios, los profesionales prefieren denominar “minería” a la actividad que promueven, desentendiéndose de su escala de explotación y de las “técnicas” utilizadas.

¿Acaso es lo mismo una cantera de roca o áridos que la explotación de metales con uso de explosivos, tóxicos y enormes volúmenes de agua? ¿Acaso es lo mismo la minería artesanal por colado o veta que la megaminería que proponen y ni siquiera se atreven a llamar por su nombre? Porque son justamente las dimensiones y los procesos lo q estamos cuestionando, las tecnologías que se aplican. Lo “mega” es la enorme escala de estas explotaciones y sus mega efectos contaminantes. El mega saqueo que se nos pretende imponer.

Eso sí, el Geólogo reconoce los impactos de la actividad –que no divulga- aunque aclara que están incluidos en los informes de impacto ambiental. Se esfuerza entonces por ser didáctico acerca de cuestiones archiconocidas por las comunidades gracias a la tarea de difusión de las asambleas. Habla entonces sobre cielo abierto/galerías, cierre de mina y restauración ambiental y todo el bla bla al que nos tienen acostumbrados.

Al hacer uso de su turno para “comunicar”, Locci aprovecha la oportunidad para descalificar la presión social que ejercen las asambleas de toda la provincia y a la Ley 5.001. Y, claro está, reclamar de paso la vencida posibilidad de zonificación.

Por otro lado, hace referencia a la demanda de energía. Vamos a reconocer la lógica de su demanda: obviamente, se incrementaría la demanda en el volumen de energía para abastecer ni más ni menos que a los propios emprendimientos megamineros.

Una mención aparte merece su confianza en la legislación provincial sobre el uso de agua y en los organismos de control. Locci parece no haberse enterado de la enorme e inexplicable deuda provincial, de los juicios por corrupción a funcionarios y de los planteos de oposición al uso de agua recientemente presentados en el IPA.

En síntesis, nuevas voces para un viejo discurso que ni siquiera se atreve a llamar a las cosas por su nombre.
Asamblea de Vecinos por el NO A LA MINA – Esquel

No digas megaminería… No digas megaminería…

25/10/2020
Han transcurrido 30 días desde la publicación del Instituto Provincial del Agua (IPA) en el Boletín Oficial en el cual se informaba sobre un pedido de permiso de uso de agua pública de Minera Argenta, que es subsidiaria de Pan American Silver en el proyecto Navidad, para utilizar en el campamento que la empresa tiene en La Rosada. Durante ese lapso de tiempo, quienes conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) no sólo emitimos una declaración denunciando la situación, sino que enviamos cientos de oposiciones a dicho permiso al IPA. Actualmente, estamos a la espera de que lo solicitado y los fundamentos esgrimidos en éstas presentaciones sean tenidos en cuenta.

Por: Noalamina.org

El 24 de septiembre, a través del Boletín Oficial tomamos conocimiento de una publicación del Instituto Provincial del Agua informando sobre un pedido de permiso de uso de agua pública de Minera Argenta, subsidiaria de Pan American Silver en el proyecto Navidad, para el campamento que la empresa tiene en la Rosada.

El hecho produjo una reacción espontánea de oposición de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses y emitimos una declaración denunciando la situación. Entre los considerandos detallábamos que el proyecto Navidad se realiza en la absoluta clandestinidad: sin consulta previa al Mundo Indígena, que no ha dado su libre y previo consentimiento informado, sin estudio de impacto ambiental previo realizado en conjunto, sin audiencia pública, sin declaración de impacto ambiental.

La situación resultaba inexplicable, solicitar permiso para desarrollo de actividades en las instalaciones de un proyecto que con la vigencia actual de la Ley ex-5001 es una actividad prohibida. ¿Este permiso de aguas es para facilitar la extracción de cientos de miles de toneladas de plomo? ¿Para ser transportadas más de 300 km y embarcadas en Puerto Madryn para su exportación al mundo? ¿Se tuvo en cuenta que Puerto Madryn está en el Golfo Nuevo, cercano a Puerto Pirámides, Área Natural Protegida Península Valdés (provincial), sitio RAMSAR, Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera (UNESCO)? ¿En beneficio privado y cuya venta y disfrute se realizará en terceros países? ¿En tiempos de pandemia en los que hay que privilegiar la salud sobre todas las cosas? ¿No es el plomo un veneno de escaso valor económico? ¿No están a la vista los impactos de esta industria contaminante en la salud de niños y niñas, incluso desde la gestación?

El comunicado del Boletín Oficial estaba firmado por el actual titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, el mismo que hace 2 años anunciaba la creación del Comité de Cuenca del Acuífero Sacanana en cumplimiento de la Ley General XVII Nro 74 para una administración integrada de los recursos hídricos.

El Comité de Cuenca que está integrado por organismos del Estado Provincial, las Universidades, ONGs y los habitantes de los territorios, es el ente competente para tomar una decisión como esta, en el marco de un procedimiento regular de impacto ambiental precedido por consentimiento del Mundo Indígena, como lo indica el Plan de Gestión Sustentable De Agua Subterránea y Superficial en la Meseta Central. Y es dicho Comité quien debería garantizar que no se produzca agotamiento o contaminación de un bien común, como es el agua, por acción de la actividad humana. Razón por la cual, en la declaración solicitábamos la destitución inmediata de Gerardo Bulacios.

Seguidamente, la UACCH elaboró notas de oposición a dicho permiso y permitió que cientos de vecinos de distintas localidades de la provincia, indignados al tomar conocimiento de la situación, acercaran dichas oposiciones a las oficinas del IPA.

La oposición al permiso del agua del pozo SP13 perteneciente al acuífero subterráneo Sacanana está fundamentado en numerosas normas legales vigentes: el artículo 41, 75 inc. 22) Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos del Niño en especial artículo 24, Protocolo de San Salvador en especial artículo 10, 11, 12, 13 y 14, Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU A/64/L.63/Rev.1 y Add.1 – 64/292 – El derecho humano al agua y el saneamiento, Ley Régimen de Gestión Ambiental de Aguas Nº 25.688, Ley General del Ambiente Nº 25.675, Decreto Nacional Nº 860/96 artículo 6, y en la Provincia del Chubut artículos 101 y 109, Código de Aguas Ley XVII-53 (antes Ley 4148) reglamentada por Decreto N° 216/98, Ley XVII Nº68 (antes Ley 5001), del Código Ambiental Ley XI-35 (antes Ley 5439) y de la Ley XVII-88 – Ley de Política Hídrica Provincial (antes Ley 5850), y normas concordantes.

Los derechos considerados para tal oposición son:

a) DERECHO INDÍGENA

Ello en virtud de no haberse realizado la consulta previa al Mundo Indígena que habita nuestro territorio, ni de haber obtenido en modo alguno el consentimiento libre, previo e informado a través de las autoridades ancestrales y/o instituciones representativas para cualquier tipo de medidas, sean estas legales o administrativas, que pudieren afectarles directa o indirectamente.

b) DERECHO AL AMBIENTE Y AL AGUA

Se desconoce un estudio de impacto ambiental realizado con respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, así como la audiencia pública previa obligatoria, que no fue convocada.

c) DERECHO A PRODUCIR

Las actividades productivas de la Meseta fueron abordadas durante las Jornadas de Reflexión 2018 organizadas en Puerto Madryn por la Fundación Ceferino Namunkurá.

https://portal.fundacionceferino.org.ar/2018/09/05/jornadas-de-reflexion-2018-pese-a-la-ausencia-de-quienes-piden-por-la-actividad-en-chubut-hubo-debate/

En dicha Jornadas, Mirco Muñoz y Jorge Luque, que pertenecen al INTA, expresaron:

“La meseta es un área de más de 10 millones de hectáreas. Su escasa precipitación no permite pensar en mucho forraje. … Hay 1100 emprendimientos agropecuarios. Representa el 25 por ciento de la ganancia provincial de ovino y el 45 por ciento de caprinos. Agricultura intensiva con más de 1000 hectáreas. Abordando el territorio entendemos que hay muchas fuerzas que se encuentran en el lugar, políticos, culturales y de recursos naturales. Un buen ejemplo es la mesa de gestión local en la que intervienen Gan Gan, Gastre, Telsen y Las Plumas que fundamenta mucho de lo oído hasta el momento que es la comunidad organizada. Hubo un proceso de fortalecimiento de los productores a partir de cooperativas y emprendimientos propios y contrastan con las políticas actuales, en donde trabajan no solo en la problemática sino también en la solución con los decisores políticos o ellos mismos. Uno de los grandes problemas son los campos desocupados y los depredadores como los pumas, zorros colorados y jabalíes. Trazamos un mapa dividido en cuatro de la meseta y nos dio base para ofrecerle a la provincia una información con la que no contaban. Organizamos métodos de control no letal con la presencia de perros pastores y de luces anti-predación que lo hicimos con estudiantes de Trelew. También trabajamos el problema de la falta de leña. El vivero es fundamental e investiga y desarrolla especies nativas. La actividad ganadera y ovina es la más importante y se realiza a través de genética de calidad. Paralelamente a este trabajo promovimos y trabajamos con el financiamiento de proyectos que abastecen varios aspectos. Todo esto se vio reflejado en un encuentro que hicimos recientemente. Cobertizos, mejoramiento en la esquila, no hay límites para abastecerse en verduras y frescos, desarrollamos cultivos intensivos como frutillas, ajos u hortalizas para el abastecimiento familiar. Asistencia técnica. Ferias de reproductores en donde el pequeño puede llegar a genética de primera calidad a través de una especie de remates en donde se vendieron hasta 100 muestras. Venta conjunta de lana. Para concluir y como ejemplo les compartimos los datos de la comunidad Lonko Trapeal que en sus últimas dos zafras obtuvieron 100 mil kilos de lana y se pasó de la venta individual y no formal a un sistema de cooperativa. Se trata de un ingreso que si se repite y tomando las actuales condiciones económicas demuestra ser sustentable para el sector. Se incorporó tecnología y esa es la base para sostener como principal actividad a la ganadería. Para ello se necesita la asistencia conjunta de los productores, participen de esa organización y puedan comercializar interviniendo en las mesas interinstitucionales en donde puedan dar la voz y respetando su cultura”, manifestó Muñoz mientras que Luque, también ingeniero agrónomo agregó que “siempre que se habla de riego podemos sostener la importancia del uso racional del suelo pensando en el agua y en el petróleo. Se puede decir que el agua de la zona es muy buena y cada productor que tiene agua puede convertirse en un emprendedor con el rédito económico y alimenticio pertinente. Es un agua mucho mejor que llega a las zonas tradicionales de riego. Esto se debe al proceso geológico que tiene. El agua está en los mallines que son los oasis de la Patagonia. El uso del agua cambia el ecosistema. El agua no es un recurso, es una cultura. El agua genera todo un modo de vida a su alrededor. En la Patagonia semiárida los mallines son ambientes claves. El total de pasto que se produce proviene de los mallines de la meseta. Es el alimento de las cabras y las ovejas que sirven como exportación del pelo de Angora. 170-190 milímetros es lo que llueve en la zona y una planta necesita más de 1000 milímetros por año para ser segada. En el verano es cuando más agua se necesita y se soluciona utilizando el agua de los mallines. Se necesita alfalfa como reserva para los carneros y las ovejas de parición, tener una huerta, tener agua potable para consumo de las casas. En Laguna Fría se riega por aspersión y una persona le vende verduras a los vecinos ¿Pero cómo hacemos para guardar el agua? Necesitamos trabajar en las vertientes. Cómo se las acondiciona, qué herramientas hacen falta, jugamos con los teodolitos buscando las pendientes y otra forma es bajar las cañerías. En Laguna Fría hay 4 vertientes. Hay otros sistemas siguiendo cursos de nivel trabajando en los bordos que oscilan entre los 20 y 30 metros; o captar el riego por aspersión con un aspersor casero que hemos inventado. El ejemplo del emprendedor de Laguna Fría nos sirve para explicar cómo entre el desnivel del alfalfar y la vertiente hay 17 metros. Con la implementación de la tecnología es fundamental la capacitación”.

No podemos poner en riesgo éstas producciones por actividades que, por las dimensiones y características de su desarrollo, no tiene garantías.

d) DERECHO A LA SALUD

El mayor riesgo de contaminación ambiental del Proyecto Navidad está dado por la liberación al ambiente del plomo. Si consideramos que se van a extraer 3.095 toneladas mensuales de plomo durante 17 años, que no sería con un rendimiento del 100%, que cierto porcentaje estaría presente en el polvo que producen las voladuras, en el polvo del tránsito elevado de camiones de gran envergadura más allá del agua gastada en el riego de caminos, en las montañas de toneladas de roca fracturada que formarían las escombreras expuestas a precipitaciones permitiendo que el agua arrastre los metales a fuentes superficiales y subterráneas; y además, liberarían polvo que sería transportado a enormes distancias por los intensos vientos patagónicos que en la zona han registrado velocidades de 120 km/hora. Además, en la Evaluación Preliminar publicada en la página web de Pan American Silver Corp. se detalla que la generación de material fracturado, de baja mineralización y sin valor económico, sería de 418.083.000 toneladas y quedaría a perpetuidad en el sitio de explotación de la mina.

El plomo que estaría presente en el agua, el suelo, el aire sería absorbido por la vegetación, consumido por animales y avanzaría en la cadena trófica hasta alcanzar a las personas que habitan estos ambientes contaminados.

Existe vasta evidencia científica de los graves problemas de salud que provoca la minería de plomo, en especial, para la infancia, etapa de la vida durante la cual las personas son más vulnerables a los efectos negativos del ambiente por razones físicas, químicas, biológicas, conductuales. En la infancia, sus sistemas anatomo-fisiológicos están en desarrollo y existe una dependencia psicosocial con su entorno. Nuestres niñes, incluso por nacer, son verdaderes centinelas de la contaminación ambiental.

e) DERECHO AL TURISMO

El turismo es un derecho social y económico por su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades, la integración, el derecho a la pertenencia. El turismo debe desarrollarse en armonía con la naturaleza y la cultura a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. Estos principios están receptados en la Ley 25.997. Así, tenemos derecho al acceso público de los atractivos de nuestro territorio, y por sobre todas las cosas, a su preservación.

En la Provincia del Chubut se han creado las áreas protegidas provinciales que se ponen en peligro de extinción si se instalan proyectos megamineros en el territorio: Península Valdés, Punta Loma, Punta León, Punta Tombo, Piedra Parada aledaña al Cañadón de la Buitrera, Laguna Aleusco, Los Altares, Cabo Dos Bahías, sin lugar a dudas, lugares únicos. Incluso, los Humedales de Península Valdés son también sitio RAMSAR, la Península es Patrimonio Natural de la Humanidad declarado por la UNESCO, y también se creó la Reserva de Biósfera Península Valdés, hechos que demuestran el interés de la conservación de la biodiversidad y su gestión sostenible.

Y es importante tener en cuenta que la explotación de los yacimientos del subsuelo provincial no podrían realizarse sin que el puerto de Puerto Madryn se transforme en la ruta del cianuro y de todas las sustancias peligrosas que se utilizan en la minería a gran escala, poniendo en jaque no sólo a la población frente a un incidente con sustancias peligrosas, sino a todo el ecosistema que hoy se pretende proteger.

OPOSICIÓN TERMINANTE:

Por lo expuesto, vengo a oponerme terminantemente al avance de cualquier tipo de actuación administrativa CLANDESTINA, que incluye este permiso de uso industrial del agua, ya sea para cateo, exploración, prospección o explotación mineras, así como para su destino en uso doméstico en el campamento armado teniendo en miras las actividades señaladas, siendo que dicho permiso pretende tramitarse irregularmente desde ese Instituto Provincial del Agua sobre nuestros territorios indígenas, sin consulta previa al mundo indígena, sin consentimiento libre previo e informado, sin estudio de impacto ambiental realizado de manera conjunta, sin audiencia pública, sin declaración de impacto ambiental.

Todo ello, bajo apercibimiento de proceder a formular la denuncia correspondiente ante los estrados judiciales y de acudir a instancias de orden nacional e internacional en caso de persistir con dicha actitud.

Actualmente, estamos a la espera de que lo solicitado y los fundamentos esgrimidos en éstas presentaciones sean tenidos en cuenta.

Cientos de oposiciones al permiso de agua para el Proyecto Navidad