Argentina, Bolivia, Chile, Litio

La ambición minera por el codiciado «Triángulo del Litio» en Chile, Bolivia y Argentina

12/01/2021
[resumen.cl] La gran minería se refiere como «Triángulo del Litio» a la zona que alberga entre un 70% y 85% de las reservas de litio descubiertas, siendo objeto de la explotación extractivista y escenario de conflictos socioambientales que van en auge sostenido tras el impacto negativo en los ecosistemas de la zona altoandina de Chile, Bolivia y Argentina.

Desde hace años que se ha instalado en el debate público el impacto multidimensional del extractivismo como modelo que acompaña, en América Latina, el desarrollo del neoliberalismo. La minería, la industria forestal y el rubro de la energía han sido identificadas como piedras angulares, a escala regional, de los sectores alimentados de la extracción de recursos naturales, trayendo consigo consecuencias para el medioambiente y las comunidades que habitan los territorios.

En este contexto, por su capacidad de densidad eléctrica, el litio ha sido caracterizado como un metal que presenta un buen almacenamiento de electricidad y, a la vez, de calor, concibiéndose como ‘el oro blanco del siglo XXI’, siendo esencial para la fabricación de cerámicas, lubricantes y siendo utilizado en la metalurgia. Asimismo, en consideración del contexto de traspaso de los combustibles fósiles a las denominadas ‘energías renovables’, el litio es utilizado para la fabricación de baterías de dispositivos como computadores, celulares e, incluso, de autos eléctricos.

Así, la explotación del litio ya se encuentra andando en Latinoamérica, teniendo como referencia a Bolivia, Argentina y Chile como países en donde esto ha significado el desarrollo de importantes conflictos sociales, siendo los principales productores de litio ubicados en los salares altoandinos del Cono Sur, pese a existir otros países como Australia, Congo, España, México y Canadá que también cuentan con importantes reservas de litio.

Conflicto triangulado: medioambiente, extractivismo y resistencia(s)

La codicia extractivista y neoliberal del litio se ha traducido en lo que se conoce como ‘Triángulo’ de los territorios altoandinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que cuentan con salares y humedales que están en la mira de grandes empresas a nivel mundial pese a que, como señala el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) «ser un conjunto de ecosistemas que albergan no solo salares sino también fauna, incluida la micro fauna, flora, y asentamientos humanos».

Según diversos estudios[1], entre un 70% y un 85% de las reservas de litio -descubiertas, explotables y económicamente viables- se encuentran en esta zona. Concretamente, en Bolivia se considera el Salar de Uyuni, en Chile el Salar de Atacama y en Argentina el Salar del norte de Catamarca y de la Puna Jujeña y Salteña, lo cual ha sido objeto de la llamada ‘fiebre del litio’ caracterizada por el auge de la explotación de este elemento.

Este escenario ha significado, a escala regional, el desarrollo de importantes y, en algunos casos, nacientes conflictos basados en la resistencia de las comunidades en defensa de los territorios. En esta línea, mediante una declaración firmada por diversas individualidades y organizaciones, incluido el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, se expresó que la popularización del término ‘Triángulo del Litio’ por las empresas mineras «es un incentivo a la sobrexplotación de este mineral en los salares como commodity estratégico para una transición energética «verde», cuyos costos ambientales y sociales perpetúan la histórica huella del extractivismo en territorios indígenas andinos«.

En este contexto, la investigadora Bárbara Jerez ha señalado que como consecuencias de su explotación ha avanzado la devastación de los territorios, la irrupción en las formas de vidas de comunidades de pueblos originarios y el hecho de que se estén secando acuíferos subterráneos.

(Fotografía: inspimundo)

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Así, el impacto en la dinámica hidrológica de, por ejemplo, los salares, no solo se ha desarrollado en base a un desconocimiento -sustentándose en la no existencia de estudios veraces-, sino que también en el auge de los conflictos para con las comunidades a través de la irrupción de empresas en los territorios.

De esta forma, los tres países del Cono Sur son territorios que, geopolíticamente, son objeto de intereses económicos de potencias extranjeras y el empresariado nacional que han procedido a la explotación del litio sustentándose en la continuación y anclaje del extractivismo, es decir, con bajo procesamiento y con altos impactos socioambientales y culturales.

Sin embargo, el ‘Triángulo’ cuenta con características administrativas particulares. En el caso de Bolivia el litio es manejado en un 100% mediante propiedad estatal, administrada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la cual se asoció con la empresa alemana K-Utec Technology con la intención de crear el diseño ingenieril de la planta en el Salar de Uyuni.

Paralelamente, en el caso de Argentina los permisos de exploración y explotación del litio varían su propiedad acorde a las provincias, sin regularizar ni restringir la cantidad de agua que se puede extraer de los salares como tampoco la cantidad de litio, siendo explotado por empresas nacionales y transnacionales.

Por su parte, en Chile se encuentra declarado como propiedad exclusiva del Estado sustentado en tres instituciones: Corporación del Cobre (CODELCO), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Empresa nacional de Minería (ENAMI), las cuales entregan los contratos de arrendamiento o de operación del litio, donde, como empresas que resuenan en su explotación, se encuentran Soquimich (SQM), Albemarle (minera norteamericana), la propia CODELCO que podrá iniciar exploraciones, Wealth minerals (empresa canadiense), entre otras.

En este escenario, el litio ha sido declarado en el país como un mineral no concesible, lo cual se relaciona con el interés de uso nuclear que existe sobre el metal, por lo que su extracción y sus concentrados derivados o compuestos están supeditados a la aprobación de la Comisión Chile de Energía Nuclear.

Derechos de la naturaleza y conflicto socioambiental

El auge sostenido de los conflictos socioambientales en la región latinoamericana no se ha obviado en el caso del litio, más aún cuando la naturaleza se ha instalado como un sujeto de derechos.

Sin embargo, pese a los antecedentes y progresivos estudios e investigaciones que se publican, en general se desconoce la cara oscura del litio, la cual implica la destrucción de humedales altoandinos, la utilización masiva de agua en zonas con alta escasez hídrica y el impacto a las comunidades indígenas andinas en los tres países del Cono Sur.

En este contexto, el litio para el sur de América Latina comienza a ser un tema altamente importante para las economías de Chile, Argentina, Bolivia y, por consiguiente, del mercado transnacional, trayendo impactos socioambientales aún poco conocidos y difundidos, a la vez que concentra la riqueza en manos de pocos grupos multinacionales que reproducen la intensa desigualdad que históricamente ha existido en el continente.
https://resumen.cl/articulos/la-ambicion-minera-por-el-codiciado-triangulo-del-litio-en-chile-bolivia-y-argentina

Argentina, Litio

Potencia del litio en Argentina: la estratégica provincia que agiganta sus exportaciones

© Foto : Pixabay/Carlos Bohorquez
12/01/2021
Por Francisco Lucotti
Por su ubicación geográfica, en la frontera de Argentina con Chile y Bolivia, la provincia de Jujuy es estratégica: está en el epicentro del ‘Triángulo Dorado’ del litio. El mineral es considerado el ‘petróleo blanco’ por su utilización en la fabricación de diversas y potentes baterías e incluso en la medicina para la producción de fármacos.

«El litio en Jujuy es una industria que crece a pasos agigantados. Para que te des una idea, en 2015 representaba el 2% de las exportaciones provinciales y hoy está en más del 30%», dijo a Sputnik Gabriel Márquez, presidente de la sociedad de control estatal Jujuy Litio.

Se trata de un mineral clave para el avance de la tecnología, como el desarrollo de baterías fundamentales para el futuro, necesarias para la industria de los vehículos eléctricos, entre otras, debido a su potencial para el almacenamiento de energía.

También apodado el petróleo blanco debido a su color natural y la posibilidad que representa para el eventual reemplazo de los motores por combustión, el 70% de las reservas naturales de este mineral se encuentran en los salares repartidos entre el noroeste argentino (NOA), el desierto chileno y el sur de Bolivia: el Triángulo Dorado.

Recientemente, se sumaron Brasil y Perú, dentro de la región, como productores de litio, por sus nuevos proyectos. Argentina se encuentra en una posición privilegiada, con la provincia de Jujuy a la cabeza, fronteriza con Chile y Bolivia, además de Salta y Catamarca. La actividad minera en su totalidad representa un 1% del PBI nacional (en Chile y Bolivia ronda cerca del 10%).

Jujuy cuenta con un proyecto en operación en el salar de Olaroz, otro en finalización de la construcción de la planta en el salar de Cauchari, un proyecto en etapa de análisis económico avanzado en el salar de Cauchari y otros cinco más en etapa de exploración en diversos salares como el de Jama, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Olaroz-Cauchari presenta recursos medidos de más de 4.600 millones de m3 de salmuera rica en litio.

JEMSE, la empresa de energía y minería de la provincia de Jujuy, promueve el desarrollo económico con alianzas público-privadas, en conjunto con la sociedad de control estatal Jujuy Litio, y cuenta con alrededor de 10.500 hectáreas de propiedades mineras en salares para formar alianzas estratégicas.
Litio en Argentina: impacto social y ambiental

«Genera un desarrollo de proveedores mineros con una particularidad muy interesante que es que no solamente son empresas metalmecánicas o servicios de transporte especializados, sino que además contiene a las comunidades, se han generado empresas manejadas en su totalidad por poblaciones aborígenes. En 2019, la empresa Sales de Jujuy desembolsó 25 millones de dólares en pagos a proveedores locales de la puna jujeña», comentó Márquez.

La construcción de cada planta implica el empleo de alrededor de 1.000 puesto de trabajo y cada salar contrata cerca de 500 empleados, aunque entre 10.000 y 15.000 personas viven de actividades vinculadas a la minería del litio al contemplar los proveedores, lo que ubica a esta actividad específica en la tercera generadora de empleo de la provincia, después de las producciones de tabaco y azúcar, aseguró.

El proceso productivo consiste en la evaporación en piletas de las salmueras supersaturadas, aprovechando la pérdida de humedad natural por medio de las energías solar y del viento, para que precipiten sal y se concentre litio o potasio, para luego ser tratada para producir cloruro de potasio o carbonato de litio.

«El método evaporítico, que es el que se lleva adelante en Jujuy, es menos caro y menos contaminante que su alternativa química por espodumeno-roca. Queremos agregar valor al carbonato de litio que sale de la provincia y de Argentina. Es una falacia que el carbonato de litio es un producto primario, no hay nada más alejado de eso, conlleva un proceso industrial. «, aclaró el profesional formado en relaciones y negocios internacionales.

Se cree que para el 2040 pueda haber déficit de litio, dada la poca oferta mundial y teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda ante los proyectos para los próximos 20 años. Alemania incentivará a los compradores de autos eléctricos con 6.600 dólares en subsidios, cifra que subirá hasta 10.000 dólares si el fabricante también contribuye.

Francia estableció un presupuesto de 1.430 millones de dólares para incentivar la compra de vehículos eléctricos, con subsidios de 13.000 dólares a los usuarios que adquieran autos eléctricos o híbridos, y estableció como objetivo que para 2025 el país galo produzca anualmente un millón de coches eléctricos.

Gran Bretaña prohibirá la venta de autos nuevos con motores a nafta o diésel a partir del 2030. Dinamarca prohibirá las ventas a partir de 2040 y mejorarán los subsidios ligados a la compra de vehículos eléctricos, mientras que irá aumentando el precio del combustible, los impuestos de circulación y los costos de mantenimiento a partir del 2030.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094090891-potencia-del-litio-en-argentina-la-estrategica-provincia-que-agiganta-sus-exportaciones/

Argentina

Advierten que la ley de humedales podría afectar la actividad productiva

13/01/2021
Una propuesta legislativa que tiene como objetivo primordial dar una respuesta al avance de los incendios en el delta del Paraná, podría afectar a otras actividades productivas como la minería, que sí se desarrollan de modo sustentable en otras partes del país.
La ley para la protección de humedales se comenzó a analizar a mitad del año pasado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, y logró el dictamen favorable por 24 a 3 votos.

Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa tiene muchísimo sentido. Sobre todo ante las quemas de pastizales en grandes zonas forestales. Pero tal como está planteada, considera que el 20% del territorio nacional son humedales, por lo que sí o sí se van a cruzar con alguna actividad productiva.

El punto más complejo del proyecto es el que establece que ante la necesidad de un inventario de humedales, se prohíbe la realización de cualquier actividad mientras ese inventario no se realice.

Este año, el proyecto espera para ser tratado en las comisiones de Agricultura y Pesca y la de Presupuesto. Necesita el dictamen de todas para subir al recinto.

Según el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, su equipo ha mantenido conversaciones con legisladores de las comisiones de Minería tanto de Diputados como del Senado. Pero no está previsto que el proyecto pase por esas instancias.

Presupuestos ¿mínimos?

“Con la ley de Humedales no tiene que pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, afirmó Hensel en diálogo con Santa Cruz Produce. “Cuando hablamos de presupuestos mínimos, (como es esta ley) el Congreso de la Nación tiene que tener una visión integral del ambiente de todo el país».

“No debe pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, pidió el secretario de Minería Alberto Hensel

«Y digo esto porque lo que es un presupuesto mínimo para una región, para otra región es un presupuesto máximo. Si legislo mirando el Perito Moreno y asumo que eso es un presupuesto mínimo, probablemente cometa una injusticia con otras provincias”, puntualizó el funcionario.

El proyecto de ley de Humedales está focalizado en los incendios forestales que ocurrieron en zonas cercanas a Buenos Aires el año pasado. Se cree que la ley va a proteger ese tipo de circunstancia, pero desde el sector minero se busca advertir sobre los efectos secundarios que puede tener en otros sentidos.

“La pregunta que yo hago es qué tienen en común el delta del Paraná con las vegas andinas o los salares puneños. Son ecosistemas bien distintos, deberían ser separados del tratamiento, tampoco los humedales que tenemos en la Patagonia, tienen nada que ver».

La ley de Humedales se focaliza en los incendios forestales en la zona del Delta

«Si el problema son las quemas, hay una ley de control del fuego en la Argentina, si el problema es la especulación inmobiliaria, habrá que hacer lo que corresponda para combatir la especulación inmobiliaria, pero no me parece que el camino para eso sea una ley de humedales”, estimó Hensel.

Las provincias

El Consejo Federal Minero (COFEMIN) emitió un manifiesto en el que se pone a disposición de los legisladores para “contribuir a que una ley de este tipo, ordene, proteja el ambiente e incentive la producción nacional sin perjudicar a ningún sector”.

En el documento, señalan que “no es posible comparar los pastizales y humedales del litoral, con los mallines y turberas de la Patagonia, o con las vegas de altura de la Cordillera, o con el delta del Paraná, o con los salares de la Puna”.

Integrado por todas las provincias, el COFEMIN sostiene que las definiciones de ´humedal´ acordadas, por ejemplo, en el ámbito de Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), deben ser revisadas, discutidas, analizadas y consensuadas por todas las comisiones de trabajo técnico que conforman el Congreso Nacional, tomando en cuenta, principalmente, el concepto rector de la ley de Humedales que se quiere sancionar: que es que “debe ser de presupuestos mínimos”.

El Consejo apoya la definición de humedales del COHIFE, considerando que cumple, de un mejor modo, con el principio “presupuesto mínimo”. “Sin esa premisa, cualquier ley que se apruebe puede ser utilizada como una ley prohibitiva de actividades productivas relacionadas a la minería, agricultura, ganadería, forestación, y turismo, que ya se están desarrollando y que tienen potencial de crecimiento a futuro”, indica.

Por su parte, el especialista en litio José de Castro Alem, consultor internacional y actual director del posgrado de Ingeniería de Litio de la Universidad Austral, sostiene que la ley de Humedales tiene algunas consideraciones que podrían ser muy nocivas para la actividad, sobre todo del noroeste del país que es donde se concentra la producción de litio.

“El proyecto presentado presupone que los salares y las lagunas continentales que contienen salmuera son humedales desde el punto de vista de la definición”, aseguró a SCP el experto, quien fue parte activa de varios emprendimientos de litio en el país.

“Hay trabajos realizados sobre los salares altoandinos en donde son considerados humedales, sin lugar a dudas están a consideración, y son al mismo tiempo, la fuente primaria del material de producción de litio».

«La ley de Humedales está direccionada a la protección de todo tipo de humedales y ahí se incluyen por supuesto los que están cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la zona del delta».

«Allí existen negocios inmobiliarios que tal vez, no tienen la misma percepción que existe en el ámbito productivo sobre la realización de informes de impacto ambiental, o el manejo ambiental en general, y en esos casos es más entendible la ley”, estimó. Fuente: La Opinión Austral.

Advierten que la ley de humedales podría afectar la actividad productiva

Argentina

SAN JUAN: DENUNCIAN FALTA DE AGUA POTABLE EN JÁCHAL Y CONTAMINACIÓN POR LA MEGAMINERÍA

09/01/2021
Vecinos de ese departamento sanjuanino reclaman que el sistema de distribución domiciliaria trae agua del río Jáchal, que contiene mercurio y otros residuos peligrosos.
https://agenciatierraviva.com.ar/

El acceso al agua en el norte de la provincia de San Juan es desde hace décadas un verdadero problema. Pero con la aparición de la explotación megaminera Barrick Gold, que consume el agua en grandes proporciones, la situación ha empeorado”, describen vecinos de Jáchal, que reclaman de diferentes formas – incluidas las protestas callejeras- la falta de agua potable en ese departamento.

“Hay familias aisladas por el Covid que no tienen para higienizarse”, advierten desde la Asamblea Jáchal No Se Toca. En diciembre, un grupo de vecinos presentaron una demanda judicial por esta problemática.

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias https://agenciatierraviva.com.ar/

Agua con mercurio
A partir de la explotación megaminera, comenzaron a hallarse altos índices de mercurio en el agua del río Jáchal. Por este motivo, las redes domiciliarias de agua potable comenzaron a nutrirse a partir del acuífero de Huachi.

Sin embrago, ahora el recurso escasea y las y los vecinos advierten que se está mezclando agua del río contaminado para sostener el servicio. Denuncian que para estos fines volvieron a reutilizarse las piletas que toman agua del Jáchal para su distribución en las redes domésticas. Piden el cese de esas operaciones.

Este martes los jachalleros de los barrios altos volvieron a cortar la Ruta Provincial 491 a la altura del El Topón reclamando el servicio de agua potable y pidiendo la eximición de cargos a los vecinos detenidos mientras se desarrollaba la manifestación de este lunes.

En este marco, la concejala Analía Carrizo afirmó al Diario Huarpe que el titular de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado), Guillermo Sirerol, le confirmó que la falta de agua continuará por unos días ya que están haciendo una depuración de la cañería.

“Me dijo que habían encontrado bacterias en la cañería de la zona norte y por eso todavía no podían habilitar las mejoras en el servicio”, dijo la legisladora.

A la Justicia
El 17 de diciembre la Asamblea Jáchal No Se Toca realizó una presentación judicial con el patrocinio letrado de Diego Seguí y Marcelo Arancibia. El hecho que se denuncia es el envenenamiento de aguas y apunta a funcionarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de San Juan. También se denuncia a los funcionarios de Jáchal: al Intendente Miguel Ángel Vega y a todos los concejales por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.

A los funcionarios también se les atribuye el delito de abandono de persona, tipificado en el art. 106 del Código Penal.
Según la denuncia, los funcionarios no previeron las obras de infraestructura que hubieran evitado la reutilización de las piletas con agua con residuos peligrosos (mercurio) proveniente del Río Jáchal. Pero además violaron en forma grosera la obligación de informar a la población de Jáchal que se estaba mezclando el agua del Río Jáchal (que contiene mercurio) y que se distribuía domiciliariamente. Tampoco informaron los posibles efectos que puede provocar su consumo.

Desde la OSSE, según informaron los vecinos, la explicación fue que la producción de agua no alcanza para abastecer a todos los barrios del departamento. El 28 de diciembre pasado, el presidente del Concejo Municipal de Jáchal, Felipe Táñez, propuso al intendente Miguel Vega conformar una “Mesa del agua”.

Tomar mercurio
En 2017 se realizó la toma de muestra de agua de la red de agua potable de Jáchal en el Camping Vivero Municipal. Allí se detectaron cuatro microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,004 miligramos de mercurio por litro de agua). En esa misma fecha se tomó la muestra de agua del Río Jáchal a la altura del Dique Pachimoco y se encontraron tres microgramos de mercurio por litro de agua (es decir 0,003 miligramos de mercurio por litro de agua). Esa es una prueba fehaciente de que el agua contaminada del Río Jáchal ingresa a la red de agua para consumo humano.

Foto: Asamblea Jáchal no se toca
El Código Alimentario Argentino establece que el agua para consumo humano no debe contener mas de un microgramo de mercurio por litro de agua (es decir 0,001 miligramo de mercurio por litro de agua).

En Jáchal el mercurio excede en un 300% más el límite permitido para que el agua de red no cause daño al ser humano.
La exposición al mercurio ha sido asociada con efectos tan disímiles como infartos de miocardio, autismo, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, otros cuadros neurológicos, metabólicos, hormonales, renales, dermatológicos. La exposición a esta sustancia durante la etapa fetal puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la memoria, la capacidad de concentración, el lenguaje y las aptitudes motoras y espacio-visuales finas del niño.

En la población de Jáchal se ven en forma manifiesta diversas enfermedades mencionadas en diferentes documentos científicos.

San Juan: denuncian falta de agua potable en Jáchal y contaminación por la megaminería

Argentina

DOCUMENTO DE LA ASAMBLEA DE ESQUEL POR EL NO A LA MINA DEL 4/1/2021

04/01/2021
Vecinas y vecinos:
Iniciamos el 2021 en pie de lucha luego de un 2020 en el que el gobierno provincial, con apoyo e impulso del gobierno nacional pretendieran imponernos la megaminería que venimos rechazando desde hace 18 años. Hemos estado en las calles resistiendo esta nueva embestida y hemos demostrado una vez más la fuerza de un pueblo que no se vende ni se deja engañar por las mentiras de gobernantes inescrupulosos.

Este 4 de enero muchos vecinos y vecinas consideramos que NO RESULTA CONVENIENTE MARCHAR como siempre lo hacemos (no hemos podido realizar asamblea pero hemos consultado por los medios de comunicación disponibles y no ha habido consenso sobre la convocatoria a marchar) porque la situación sanitaria de nuestra región está muy complicada debido al aumento de casos de Covid y corresponde que tengamos la máxima prudencia para cuidarnos colectivamente. Justamente en este momento podemos observar la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud que ha sido abandonado y desatendido por los mismos gobernantes que pretenden habilitar la megaminería. Esos gobernantes, que se jactan de haber “trabajado durante un año en un proyecto de zonificación minera” que nadie quiere, en todos estos meses de pandemia no se ocuparon de ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva o aportar recursos para reforzar al hospital que atiende toda la cordillera chubutense; incluso han maltratado a las y los trabajadores de salud como al resto de los estatales y todavía les deben salarios y aguinaldos. Por eso el personal de salud es escaso, está estresado y agotado, antes de que llegue el pico que se sabía iba a llegar.

Pero nuestra experiencia nos ha enseñado que SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO y en este momento crítico resulta indispensable que tomemos conciencia de que debemos extremar nuestra responsabilidad individual y comunitaria para que el Hospital zonal de Esquel y sus trabajadores no colapsen por el aumento de los casos de Covid. Este 4 vamos a expresar nuestros mensajes de un modo distinto, desde cada lugar: poniendo carteles y banderas en las casas, en los negocios, en los autos, inundando las redes sociales. Todos/todas nos expresaremos por el NO A LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT del modo en que podamos en esta circunstancia en la que urge cuidar la SALUD.

Sin embargo, este gesto de prudencia y cuidado colectivo no debe ser interpretado como ninguna claudicación: ACÁ NADIE SE RINDE, nos mantenemos en estado de ALERTA MÁXIMA Y MOVILIZACIÓN ante posibles jugadas tramposas que puedan realizar los gobernantes y diputados que han demostrado estar al servicio de las corporaciones mineras. Sería una bajeza (una más) que en el peor momento de la pandemia en nuestra provincia se atrevieran a avanzar con el nefasto proyecto de zonificación minera que todavía tiene estado parlamentario en la Legislatura chubutense. Esperamos que el gobierno de Arcioni y Sastre deje de imponer su capricho minero por sobre la salud del pueblo de Chubut.

Por lo tanto, EXIGIMOS al gobierno de Arcioni y Sastre y a los diputados y diputadas que RETIREN ESE PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA FRAUDULENTO, MENTIROSO E IRRESPONSABLE, QUE NO TIENE LICENCIA SOCIAL, QUE VA EN CONTRA DE LA VOLUNTAD POPULAR Y QUE ARRUINARÍA EL FUTURO DE CHUBUT. Y también EXIGIMOS QUE TRATEN CON EL DEBIDO RESPETO Y APRUEBEN SIN MODIFICACIONES EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR LA SEGUNDA INICIATIVA POPULAR.

Finalmente, queremos recordar con profundo afecto al querido vecino y compañero del movimiento NO A LA MINA desde sus primeros tiempos: Don Alberto Ale, quien siempre nos alentó a seguir luchando con fuerza y convicciones y nos ha dejado en días pasados. ¡Gracias por todo, Don Ale, te vamos a extrañar y a recordar siempre! Seguiremos de pie como esas montañas que defendemos, seguiremos forjando la democracia que los gobernantes mercenarios arruinan y cuidando la vida con la misma DIGNIDAD.

¡NO A LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT! ¡LA MESETA NO ES ZONA DE SACRIFICIO! ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA! ¡En 18 años NO PASARON Y NO PASARÁN!

Documento de la Asamblea de Esquel por el NO A LA MINA del 4/1/2021

Argentina

LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA UBA REPUDIÓ LA FALSIFICACIÓN DEL INFORME DEL CONICET

30/12/2020
La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA repudió a través de su Consejo Directivo la falsificación que desde la “Red de Académicos por la Minería Sustentable” hicieron sobre la investigación realizada por trabajadores del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET-UNCPBA.

La resolución del máximo órgano de cogobierno de la facultad considera que el documento “Desarrollo minero e Índice de Calidad de Vida (ICV)” que circuló por distintos medios e incluso formó parte del debate en el ámbito de la Legislatura Provincial de Chubut fue modificado con el objeto de presentar una visión favorable de la relación entre la minería y la calidad de vida, mientras que el informe la considera justamente como un indicador negativo. “Resulta muy preocupante la falsificación de un informe científico ya que esto afecta la credibilidad de la comunidad científica” indica la resolución del Consejo Directivo de la facultad.

A fines de noviembre el director del instituto que realizó el informe, Guillermo Velázquez, realizó una réplica al informe que estaba circulando con el logo del CONICET, aclarando que era falso y que fue “modificado capciosamente a favor del desarrollo minero en dicha provincia”. En una entrevista posterior, complementó que si “hubieran tenido buena fe, hubieran ido a la fuente completa, que está disponible” pero que lo hicieron así para buscar justificar a las empresas mineras: “que estos tipos tengan la caradurez de querer meter al CONICET para legitimar lo que ellos quieren hacer es el colmo de la desfachatez” agregó.

A continuación, la reciente resolución de la facultad de la UBA:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES RESUELVE:

Artículo 1.- Repudiar la falsificación del informe realizado por trabajadores del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CONICET-UNICEN).

Artículo 2.- Expresar preocupación por el uso del informe adulterado con el fin de influenciar a la opinión pública.

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, dese amplia difusión y publíquese en la página de la Facultad.

RESOLUCIÓN CD Nº 1311/20…”

“Secretaría General

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2020

VISTO la nota del Dr. Guillermo Velázquez, Director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales dependiente del CONICET y la UNICEN, denunciando la circulación de un informe falso titulado “Desarrollo Minero e Índice de Calidad de Vida” y CONSIDERANDO

Que el informe fue elaborado modificando y tergiversando el contenido de un informe elaborado por el grupo de investigación Dr. Guillermo Velázquez; Que dicho informe ha circulado por las redes sociales en Chubut, incluyendo las páginas de la denominada “Red de Académicos por la Minería Sustentable”; Que dicho informe falso circuló en ocasión de la discusión de la Ley de Zonificación Minera, en el ámbito de la Legislatura Provincial de Chubut; Que el informe fue modificado con el objeto de presentar una visión favorable de la relación entre la minería y la calidad de vida; Que por lo contrario el informe del grupo de trabajo del Dr. Velázquez presenta un indicador ambiental que considera al desarrollo minero como negativo; Que resulta muy preocupante la falsificación de un informe científico ya que esto afecta la credibilidad de la comunidad científica; Lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamento; Lo actuado por este cuerpo en sesión del día de la fecha; En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 113° del Estatuto Universitario

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES RESUELVE:

Artículo 1.- Repudiar la falsificación del informe realizado por trabajadores del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CONICET-UNICEN).

Artículo 2.- Expresar preocupación por el uso del informe adulterado con el fin de influenciar a la opinión pública.

Artículo 3.- Regístrese, comuníquese, dese amplia difusión y publíquese en la página de la Facultad.

RESOLUCIÓN CD Nº 1311/20…”

La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA repudió la falsificación del informe del CONICET

Argentina, Internacional

Voces tras el anuncio de que el agua cotizaría en Wall Street

04/01/2021
Página/12 publica la perspectiva de especialistas sobre la disponibilidad del agua en Sudamérica y Argentina, y sobre la posibilidad de que se convierta en eje de disputa geopolítica. El medio sigue considerando al agua como “recurso” y en algunas líneas se naturaliza su disputa. Afirmamos con Guillermo Folguera que “Lo que está en juego es el agua como derecho y como bien común, necesario para el bienestar colectivo y la salud de las comunidades y los ecosistemas”.

Después del anuncio de que el agua comenzaba a cotizar en el mercado de futuros de materias primas en Wall Street, desde el espacio científico se produjeron reflexiones y reacciones. “La conformación de bonos respecto de los derechos de uso del agua en Wall Street no habilita a que la gente pueda ir y comprar bidones de agua. La realidad es mucho peor porque lo que se comercializará es la posibilidad de acceder al recurso y disponer del derecho de uso”, afirmó Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. “En el presente, la escasez de agua empieza a ser notoria y comienza a percibirse como un elemento de conflicto entre las distintas sociedades. Por eso es que el mercado interviene de la forma en que suele hacerlo: le otorga un precio”.

“Que el agua se cotice en el mercado de futuros crea un antecedente muy importante, que en parte choca con la adhesión de la mayoría de los países a los objetivos de Desarrollo Sostenible que plantearon las Naciones Unidas”, apuntó José Volante, coordinador del Programa Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA. Uno de los propósitos más relevantes fijados por la ONU al respecto es considerarla un bien universal y democratizar sus condiciones de acceso. Sobre todo, si se tiene en cuenta que su restricción representa “un claro indicador de pobreza”, desde el enfoque del especialista.

En esta línea, Volante profundizó su explicación: “Era lógico que el agua, en algún momento, comenzara a disputarse porque es un bien escaso y de alta demanda. Las transacciones con agua no son nuevas; en Chile se compran y se venden derechos de uso. Es muy probable que esa situación se replique en muchas naciones y que el fenómeno se vuelva más común de lo que creemos. Existen modalidades de compra y venta, el asunto ahora es que ingresa en el mercado financiero futuro, se paga por un bien que todavía no está disponible, especulando sobre el precio que tendrá a mediano o largo plazo”, destacó.

¿Derecho universal o mercancía?

Para Guillermo Folguera, investigador del Conicet, biólogo y filósofo, el fenómeno implica líneas de continuidad y, al mismo tiempo, de intensificación de los problemas. “Lo que está en juego es el agua como derecho y como bien común, necesario para el bienestar colectivo y la salud de las comunidades y los ecosistemas”, sostuvo. “La privatización de un recurso como el agua no es nueva. Se podría pensar en que la contaminación, por ejemplo, no es accidental sino un problema estructural vinculado a una mala apropiación; de la misma manera que sucede con el embotellamiento por parte de las empresas que la comercializan como producto”.

A su vez, por otra parte, este acontecimiento simboliza un punto de inflexión y –como dice Folguera– de intensificación de los problemas. “Que el agua esté en la bolsa de valores representa el máximo esplendor del sector financiero a nivel internacional. Es una pésima noticia porque promueve el hecho de pensar al agua como mercancía y como forma de poner dinero para generar dinero y no como bien colectivo de acceso para las comunidades. Deja de ser percibido como algo necesario y vital”, relata.

El agua de mar representa el 97% de la existente en la Tierra, mientras que la dulce abarca un poco menos del 3%. De ese porcentaje pequeño (apto para el consumo), las tres cuartas partes está en forma de glaciares y hielo, casi el cuarto restante en acuíferos bajo tierra y solo el 0.3% en aguas superficiales (aquellas que se generan a partir de las lluvias, o bien, por la emergencia de las subterráneas) que forman lagos, pantanos y ríos. La desigualdad en el acceso a los recursos escasos marca la pauta del mundo capitalista contemporáneo. ¿Quiénes son los principales países consumidores? China y Estados Unidos, por supuesto. El uso indiscriminado es liderado por naciones-potencia que replican su sed imperialista en todos los campos habidos y por haber. Si se trata de un recurso estratégico, no es extraño que se convierta en el epicentro de futuros conflictos geopolíticos.

De acuerdo a los datos consignados por Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población mundial (2 mil millones de ciudadanos) habita naciones con graves problemas de acceso al agua potable y más de la mitad (4.2 mil millones) carece de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Otras cifras que despiertan alarmas: el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua; el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas; alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa; la agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua; y, aproximadamente, el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía.

La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, han llevado a que sea cada vez más escaso. Por ello, en el plano internacional, todos los 22 de marzo (desde 1993), se celebra el Día Mundial del Agua para invitar a la concientización y debatir acerca de su gestión; mientras que en julio de 2010, la Asamblea General de la ONU la reconoció como un derecho humano. El problema es que cuando los bienes son tan esenciales, no hay conmemoración ni declaración que alcance.

“El mercado ha demostrado, históricamente, ser bastante perverso a la hora de distribuir el uso de los bienes comunes. Nada garantiza, en realidad, que será lo suficientemente democrático como para distribuir de manera equitativa su consumo. Como señalaba el Papa Francisco, en cuestiones de ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés de mercado”, sostiene Federovisky. Además, propone superar una mirada ingenua que en algunos casos prevalece. “Es ingenuo considerar que poniéndole una cotización de mercado al derecho de uso, las zonas áridas como La Rioja o Catamarca tendrán posibilidades de comprar esos bonos para poder tener agua en un futuro. Lo que seguramente prevalecerá, del mismo modo en que lo hace hoy un commodity como el petróleo, es la especulación que termina por dominar al mercado; que no le interesa proveer de agua potable al que no la tiene sino ganar plata”, sentencia el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Reservas de agua en Sudamérica y Argentina

Sudamérica dispone casi el 30% del total mundial de recursos de agua dulce y corre con el enorme beneficio de que en la región solo habita menos de un 10% de la población total. Para comprenderlo con una comparación que puede servir de ejemplo: si bien Asia cuenta con el 26% de los recursos mundiales, es habitada por el 60%. El acuífero Guaraní es el gran responsable de este fenómeno: un reservorio de agua dulce que se extiende bajo tierra y abarca Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. “Nuestro país posee una de las cuencas hídricas subterráneas más grandes del planeta. El acuífero Guaraní que comparte con países vecinos es impresionante. Pienso que se deberían crear unidades administrativas con el propósito de evitar futuras usurpaciones. En el futuro, las tensiones y los conflictos armados entre naciones podría tener como eje al agua, de la misma forma que desde hace tiempo el centro de disputa es el petróleo”, enfatiza Volante.

Bajo esta premisa, por la abundancia de recursos hídricos y de humedales desperdigados por el territorio, Argentina suele considerarse una referencia en el rubro. En el país existen reservas hídricas relevantes en el Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén y Río Negro), Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut) y el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), entre otras. Federovisky, no obstante, relativiza esta situación: “Argentina posee dos tercios de su superficie sometida a procesos de aridez, mientras que el tercio restante está fuertemente sometido a potencial desertificación. En realidad, la Argentina húmeda, a la que le sobra el agua, es solo la de las cuencas del Río Paraná, Uruguay y de La Plata”, puntualiza.

Un desarrollo científico para medir su contaminación

En noviembre, la joven científica Daiana Capdevila, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-Fundación Instituto Leloir), fue reconocida con el Premio Beca L’Oreal-Unesco “Por las mujeres en la ciencia”. ¿Por qué recibió este galardón? Porque desarrolló un sensor de detección de metales pesados para la Cuenca Matanza-Riachuelo, que si bien abastece de agua al 15% del país, es de las más contaminadas del planeta. A partir de un sistema de proteínas aisladas de bacterias, cuenta con la posibilidad de evaluar en tan solo 30 minutos si el agua está contaminada o puede ser apta para el consumo. Como dato de color, vale destacar que el artefacto fue bautizado “Rosalind” como homenaje a Franklin, científica que nació hace un siglo y cuyo trabajo fue decisivo en el descubrimiento del ADN.
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Voces tras el anuncio de que el agua cotizaría en Wall Street

Argentina, Litio

Argentina estima que la demanda de litio llevaría las exportaciones de USD 190 a USD 2.100 millones

28/12/2020
Los funcionarios de la Secretaría de Minería de Argentina confían en capitalizar la nueva ola de demanda de litio que se podría registrar en el corto plazo, en el marco de la recuperación pospandemia y de cara a los próximos años, de manera de incrementar las exportaciones del metal blando, que en la actualidad ronda los USD 190 millones anuales, a más de USD 2.100 millones en una década.

“El litio será uno de los ejes de la transición hacia la industrialización verde, basada en la electromovilidad, las energías renovables y el desarrollo sustentable de recursos naturales”, destacó la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo, esta semana durante el seminario virtual “Litio en Sudamérica 2020”.

Víctor del Buono, director de Economía Minera, resaltó a su vez que “el empleo total en el sector litio se duplicó en tres años de 2.200 en 2017 a 4.400 en la actualidad”.

Según los registros a junio pasado, agregó el funcionario, “hay 1.474 puestos directos y se estiman casi 3.000 indirectos (de contratistas y proveedores), que representan “empleo calificado y bien remunerado, de gran relevancia para la Puna”.

Durante el encuentro virtual, Rópolo resaltó que la minería “es una de las actividades económicas que dará posibilidades de crecimiento y exportación”, y sostuvo que el Gobierno busca “generar instrumentos de impulso, en diálogo con las provincias y con el sector privado”.

Rópolo destacó que el país tiene una de las mayores carteras de proyectos de cobre a desarrollar, presencia en el país de los principales productores mundiales de oro y plata, y una posición destacada en litio.

“La Argentina es el primer destino global en presupuestos de exploración litífera mundial y tercer productor mundial, con 7% del total aún con pocos proyectos en marcha, después de Australia (61%) y Chile (19%)”, precisó.

Además, el país posee la tercera reserva mundial del metal (12%), detrás de Chile (58%) y de Australia (17%), y explota hoy solo 0,38% de sus recursos.

Del Buono puntualizó que los recursos identificados de litio en la Argentina son de 93 millones de toneladas, pero el potencial geológico determinado tras las inversiones en exploración asciende a 350 millones.

“Sobre 21 proyectos, los 10 de mayor escala representan el 86% de los recursos identificados, y tomando los primeros 14 el potencial de producción es de 305.000 toneladas anuales”, proyectó.

Los funcionarios detallaron que “para el litio hay 18 proyectos avanzados, dos de ellos en operación: Olaroz y Fénix, con expansiones en marcha que podrían casi duplicar su capacidad; y uno en construcción, Cauchari Olaroz.

Otros 11 emprendimientos están “avanzados en distintas etapas”: Centenario Ratones, Sal de Vida, Salar del Rincón (dos proyectos), Tres Quebradas, Cauchari, Mariana, Pastos Grandes, Sal de Oro, Sal de los Angeles y Salar del Hombre Muerto Norte.

Rópolo agregó que en el conjunto del sector minero “hay 16 proyectos en producción de todo tipo de metales y 7 en construcción; y una amplia cartera de exploración avanzada (11 con estudios de factibilidad y 7 de prefactibilidad).

A eso se añaden 13 emprendimientos más con evaluación económica preliminar; 26 con exploración avanzada; y 260 con exploración primaria.

La minería “también puede ser una amenaza”, admitió Rópolo, “pero si hay un Estado presente y una empresa responsable es un círculo virtuoso, dadas las regulaciones ambientales de la Nación y las provincias, y la policía minera que controla el cumplimiento”, concluyó.
Fuente: El Economista

Argentina estima que la demanda de litio llevaría las exportaciones de USD 190 a USD 2.100 millones

Argentina

La minería divide a Chubut y Río Negro se pone en guardia

Por Ariel Boffelli
23/12/2020
Reclamo antiminero en Río Negro.

El proyecto del gobernador Arcioni, frenado en la Legislatura y con denuncias de corrupción. Asambleas rionegrinas activan protestas y una iniciativa popular.

El proyecto de zonificación productiva de la meseta impulsado por el gobernador Mariano Arcioni enardeció el clima social de Chubut. El plan minero, ahora trabado en la Legislatura y rodeado de un escándalo de corrupción, provocó una frontal oposición que dividió en dos a la sociedad de esa provincia y que tiene su réplica, por ahora de menor escala, en Río Negro.

A través de una iniciativa popular, las organizaciones ambientales rionegrinas buscan prohibir la minería metalífera y pusieron en marcha la recolección de firmas para que el parlamento trate este proyecto. Al mismo tiempo, organizaciones de pueblos originarios anunciaron una movilización a Valcheta, donde se encontró uranio, en contra de la actividad.

Al alargue

La actividad extractiva es rechazada históricamente por vastos sectores en la Patagonia. Sin embargo, acuciado por el déficit de las cuentas públicas y una pila de bonos de deuda, Arcioni avanzó con su propuesta de desarrollo minero con el objetivo de inyectarle dólares a la economía chubutense y revitalizar una zona postergada del territorio a su cargo. Se trata del segundo intento en pocos años, luego de que el gobierno de Mauricio Macri buscara reflotar el Proyecto Navidad de la firma canadiense Pan American Silver.

El proyecto oficialista “para la ampliación sustentable de la matriz productiva» provincial habilita la explotación minera en la meseta y afirma que deja a salvo de riesgo ambiental tanto a la cordillera como al río Chubut. Sin embargo, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut se opone y reunió unas 30.000 adhesiones que le permitieron presentar en el poder legislativo una Iniciativa Popular en favor de la sustentabilidad ambiental. A esta acción, le sumaron numerosas marchas bajo la consigna «No es No». Algunas de ellas, sorprendieron por su virulencia y radicalización, inclusive a muchos chubutenses que ya han pasado más de una vez por situaciones de este tenor.

La polarización social que abrió el proyecto minero en Chubut también se trasladó a la política y enturbió la sanción del proyecto de Arcioni, que a priori contaba con los votos necesarios para su aprobación. La unificación del peronismo chubutense erigió a un nuevo actor, que quiere participar del debate y exige más tiempo para discutir el proyecto. Encabezado por el exintendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares y con el regreso al partido de dirigentes que en 2019 acompañaron al gobernador en la coalición Chubut al Frente, el PJ trabó el trámite legislativo: algunos votos que parecían seguros dejaron de serlo y la iniciativa ya no será tratada en las sesiones ordinarias. No está claro si el gobernador apelará al alargue de las Extraordinarias para tratar de imponer el plan minero.

Pese a todo, Arcioni intentó mostrar respaldo en una movilización de sindicatos. En Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew salieron a la calle los gremios vinculados a la actividad productiva, como la UOCRA, Camioneros y Petroleros.

Arcioni organizó su acto prominero con los gremios en buena parte de Chubut.

El jefe provincial, apuntado por el descalabro económico y el malestar social, fue el único orador del acto en la cuenca petrolera. “Somos un ejemplo de lo que significan los procesos exploratorios y extractivos. Y sabemos muy bien luego de 113 años de petróleo, lo que significa cuidar el medio ambiente”, comenzó el mandatario, aliado del gobierno nacional pero con el PJ en la oposición provincial. “Hoy tenemos la oportunidad de dar la discusión, no vamos a permitir que quieran instalar falsos dogmas que lo único que hacen es perjudicar la reconversión productiva de Chubut”.

El ejemplo que Arcioni cita no convence a buena parte de la sociedad. Letra P informó las numerosas manifestaciones para que se frene el plan de la meseta, que tendrá una nueva movilización en contra este martes. La previa de la marcha de antorchas está signada por una denuncia de la diputada Leila Lloyd Jones (Interbloque) en la que acusa a otros legisladores de recibir 10 millones de pesos para acompañar la zonificación minera y por la filtración de un video del legislador provincial del PRO, Sebastián López, en el que reclamaba 100 mil pesos para hacer lobby por la actividad.

Sobre este tema, como pudo saber Letra P, la titular nacional del partido, Patricia Bullrich, estaba al tanto antes de que trascendiera. La decisión del partido que ideó Mauricio Macri fue repudiar a su diputado y espera que avance la investigación. López, jaqueado desde ese momento en la alianza Juntos por el Cambio, responsabiliza al diputado nacional Ignacio Torres por el corrimiento que sufre dentro de JxC. El primer resultado fue la fractura del bloque provincial: los dos legisladores de la UCR se despegaron de López y armaron rancho aparte.

En guardia

Con ese álgido panorama al sur del paralelo 42, en Río Negro las asambleas socioambientales buscan curarse en salud y ya proyectan una segunda etapa de su plan de acción. Después de constituir una comisión de legales, empezará el 28 de diciembre el proceso de recolección de firmas para que el proyecto sea tratado en el parlamento local. “Estamos comprometidos con el medioambiente, con la vida. Estamos bregando para que no se instale la megaminería en nuestra provincia, por eso presentamos el proyecto”, coincidieron en una reunión virtual este martes diferentes integrantes de la asamblea Curru Leufu (Río Negro).

Como lo marca la Ley provincial 3654, el proceso de iniciativa suscribe requisitos básicos como el sustento de la firma del 3% de los ciudadanos inscriptos en el Padrón Electoral de la última elección. En total, un número cercano a las 17.000 adhesiones. Para conseguir ese número, aunque apuestan a un respaldo mayor, recorrerán diferentes localidades con las planillas que dispondrá la Legislatura. Tienen casi todo el 2021 para trabajar en este proyecto.

A esta movida se le suma el anuncio de una marcha a la región del Bajo Gualicho, en Valcheta. En esa localidad de la región sur, que se fundó tras la instalación de un campo de concentración de la Campaña del Desierto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche realizará una protesta para plantear el rechazo a lo que sucede en la vecina provincia y ante la presencia de empresas en el territorio.

https://www.letrap.com.ar/nota/2020-12-23-10-29-0-la-mineria-divide-a-chubut-y-rio-negro-se-pone-en-guardia

Argentina, Guatemala

PAS SE ENTROMETE EN PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL PUEBLO XINCA

21/12/2020
En Guatemala el pueblo Xinca viene luchando contra un proyecto minero de plata denominado El Escobal, hoy propiedad de Pan American Silver. Tras grandes movilizaciones y sufrir represión estatal y por parte de la seguridad privada de la empresa, lograron que se realice el proceso de Consulta Previa Libre e Informada estipulado por el Convenio 169 de la OIT y que se suspenda el proyecto. PAS, en una práctica similar a la que utiliza en Chubut -donde adquirió Navidad para apostar a cambiar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia-, compró en 2018 en Guatemala un proyecto resistido y suspendido por la falta de licencia social. La empresa hoy es denunciada por su injerencia y falta de respeto por el proceso logrado por el pueblo Xinca, desde donde alientan a los pueblos originarios del sur a exigir que se cumpla este derecho.

Entrevista a Quelvin Jiménez, abogado e integrante del Parlamento Xinca, quien explica estos años de lucha contra el gobierno guatemalteco y las empresas mineras canadienses.
Por Julián Raso para Noalamina.org

Para alguien que vive lejos de Guatemala… ¿Nos podría contar sobre el pueblo Xinca?

Pues el pueblo Xinca somos tal vez, uno de los pueblos originarios más pequeños que existimos en Guatemala. Históricamente hemos sido tal vez el pueblo indígena más marginado, puesto que no se nos reconoce ni siquiera en la constitución política de la República. Fue con los acuerdos de Paz, y específicamente en el Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas que nos reconoció legalmente el Estado de Guatemala. Se nos ha invisibilizado de distintas maneras, sin embargo, ha habido una lucha muy fuerte de las autoridades del pueblo Xinca por reivindicar nuestros derechos colectivos como pueblos: derechos a la identidad, a la tierra, a nuestro idioma y nuestra cultura. La mayoría de las comunidades tenemos territorios comunales titulados e inscritos a nombre de las comunidades Xincas.

En un momento se enteran que hay una megaminera que puede afectarles. ¿Cuáles son los problemas que generó el proyecto El Escobal? ¿Cuáles creen que pueda generar a futuro?

Bueno, a finales de 2009, nos enteramos de que hay intereses de compañías trasnacionales de instalarse en el territorio para explotar un proyecto en un municipio que se llama San Rafael las Flores, y empezó a crecer el rumor de que no era sólo en este lugar donde se iba a explotar sino que habían intereses mucho más grandes. Para el 2013 la propietaria del Proyecto El Escobal que ahora es Pan American Silver, en ese entonces Tahoe Resources, manifestaba y le exponía a sus accionistas que habían encontrado el segundo yacimiento de plata más grande del mundo y que este yacimiento estaba en un área de alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados. Eso abarca precisamente, la mayoría de los territorios comunales Xincas, que además gozan de una protección especial desde la Constitución Política de la República.

En ese sentido es que las comunidades nos articulamos, nos organizamos y empezamos a exigir al gobierno que se nos respetara el derecho a la consulta. Que pudiéramos ejercer el derecho y que no se hiciera el proyecto hasta no agotarse el proceso de consulta. Lo exigimos desde finales del 2009 hasta el 2013 a través de manifestaciones pacíficas, plantones que se hacían frente al proyecto minero y también ante la Embajada de Canadá para decirle al embajador y mandarle un mensaje al Gobierno de Canadá de que no queríamos ese tipo de proyecto en nuestros territorios.

Porque uno de los elementos más fuertes de nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión es el agua, y se estaba instalando el proyecto principalmente en la zona de recarga hídrica del departamento de Santa Rosa: justamente donde nace la cuenca de Los Esclavos, donde se recargan las fuentes de agua de un departamento completo.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno y de la misma compañía? Pues precisamente la criminalización de la gente. Hasta el día de hoy tenemos más de 200 personas que han estado sujetas a un proceso penal de denuncias falsas, espurias, que ha montado la compañía con el apoyo de terceras personas en contra de autoridades xincas y líderes comunitarios que han manifestado su rechazo al proyecto. Y tal vez los sucesos más trágicos, son del 27 de abril de 2013, en donde prácticamente el jefe de seguridad de la compañía minera ordenó disparar en contra de hermanos que estaban exigiendo el derecho a la consulta frente al proyecto minero. Eso ha sido la criminalización y eso considero yo lo más fuerte que se ha estado viviendo.

(Tras estas acciones, en las que resultaron heridos integrantes del pueblo Xinca y que derivó en la imposición de un Estado de Sitio, el jefe de seguridad de la empresa se fugó a Perú y hoy se encuentran en un proceso de extradición buscando poder juzgarlo)

Además del desecamiento de varias fuentes de agua en la zona, que nosotros sostenemos ha sido a causa de la utilización excesiva de agua de la compañía, o porque está drenando demasiada agua en los túneles. Y también casi se desapareció una aldea completa debido a las vibraciones de los camiones, a la detonación de explosivos en los túneles por lo que más de 70 familias tuvieron que vivir un calvario durante 2014 y el 2015.

O sea que hay por un lado una criminalización por parte del Estado pero también las empresas mineras actuaron contra la población propia, con seguridad privada…

Así es. Y eso fue una práctica recurrente porque una de las manifestaciones donde después hubo detenidos por parte de la Policía Civil, la compañía estaba intentando instalar una línea de energía eléctrica, pero las comunidades se organizaron y evitaron que pasara la línea. En esa oportunidad para resguardar a los que estaban haciendo la instalación y para intimidar a la población, pues tenían agentes de seguridad privada vestidos de antimotines, con perros de ataque. Y estaban mezclados justamente con la Policía Civil. El segundo día de protestas ya quien actúa deliberadamente es la Policía Nacional Civil, inclusive golpeando mujeres, disparando con armas de fuego contra los manifestantes. Hay toda una confabulación entre la compañía y el gobierno para imponer el proyecto a costa de la represión de la población.

Cuando hablamos de compañía, ¿En qué momento se dio el cambio en el que accede Pan American Silver?

Creo que la negociación empezó a principios de 2018. Finalizó a finales de 2018.

O sea que ingresa ya a sabiendas de todo este conflicto…

Sí, definitivamente. No era para nada un secreto. De hecho en Estados Unidos hay tres demandas… Si no estoy mal dos en Nevada y una en Nueva York. Demandas civiles de los mismos accionistas de Tahoe, porque nunca les informaron acerca de las violaciones a los Derechos Humanos que ocasionó la compañía en el territorio. También el Fondo de Pensiones de Noruega retiró alrededor de 70 millones de euros de las acciones de la compañía precisamente por estas denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos. Pan American tenía pleno conocimiento de la problemática que enfrentaba el proyecto en la región. Esas demandas obviamente son públicas y tuvieron que haberse puesto sobre la mesa en el momento de hacer la negociación.

¿Cambió algo con el cambio de empresa o qué se puede observar?

Pues observamos que es la misma política, la misma dinámica. De hecho nosotros obtuvimos una sentencia el 3 de septiembre de 2018 que ordena consultar al pueblo xinca y se suspende el proyecto hasta que no se realice el proceso de consulta. Pero en ese momento la Corte establece que deben haber ciertos requisitos o estándares al momento de llevarla a cabo, eso requiere de buena fe y el carácter libre de la consulta. Para nosotros que haya publicidad en medios de comunicación y demás, eso es parte de las acciones de coacción o de manipulación de la opinión que se pueden dar. Y en esa línea pudimos percibir que por lo menos en 2018 y a principio de 2019 pues había todavía un posicionamiento en medios de comunicación como si fueran entrevistas. Yo creo que lo único que ha cambiado es el nombre de la compañía. Pan American Silver pidió en 2019 perdón por el atentado del 27 de abril de 2013 donde hermanos fueron heridos, y reconoció que la seguridad disparó y que fue su jefe quien lo hizo.

Lo que nombrás sobre los medios de comunicación, acá en Chubut está a la vista. Hace ya ocho años que Pan American Silver está instalada en los territorios y pese a tener una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, pese a que no se ha realizado la consulta previa a las comunidades que serán afectadas en caso de que se apruebe el proyecto, es impresionante la cantidad de dinero invertido para tratar de condicionar esta decisión. ¿Qué le podrían decir desde Guatemala, desde el pueblo Xinca, a las comunidades originarias de Chubut sobre las posibilidades de tener un proceso de Consulta Previa? Y también, sobre la posibilidad de frenar un emprendimiento de gran escala antes de que se instale.

Definitivamente la consulta debe ser previa. Yo creo que el llamado sería para que se puedan articular, se puedan organizar, unir cada vez más. Unidos son más fuertes. Y exigirle al gobierno, al Estado Argentino que cumpla con esos compromisos internacionales que le impone el Convenio 169. Hay amplia jurisprudencia en el Sistema Interamericano que es de aplicación obligatoria para los estados parte, que le ordenan respetar las decisones de los pueblos, ese derecho que tenemos los pueblos a decidir qué tipo de desarrollo queremos. Quién entra y quién no entra en nuestro territorio. Y no se trata de un simple proceso en donde se va a levantar la mano y decir sí o no. Sino un proceso que tiene que estar revestido de varios requisitos, tienen que prevalecer varios requisitos como el de buena fe, el carácter libre. Una de las cosas que hemos estado exigiendo aquí es en primer lugar, que no podemos empezar cuando hay una coacción, una coerción de la población. Si nos vamos a sentar en un proceso de consulta debe haber en primer lugar mesa limpia. Es decir, no puede haber ninguna condicionante que pueda manipular la opinión o la voluntad de la población. Se tiene que tener información objetiva, completa, y tener el tiempo para poderla analizar y poder tomar una decisión realmente pensada, con base en información real. Inclusive con sus expertos, deben los expertos eliminar esa brecha de desigualdad que hay entre las compañías y los pueblos indígenas. Porque yo no soy geólogo, no puedo entender temas de geología. En ese sentido la Corte de constitucionalidad de aquí de Guatemala dijo que debe el Estado pagar a los expertos que van a asesorar y ayudar a entender la información en el proceso de consulta. Y no tiene que ser cualquier experto que diga el gobierno sino los expertos y personas en quienes confían las autoridades de los pueblos porque de eso se trata el principio de buena fe en la consulta. Eso debe ser un principio para todos los procesos de consulta.

Bueno acá el gobierno basa su proyecto de modificación de la ley que hoy prohíbe la minería, en un informe que está provisto por una Red de Académicos por la Minería Sustentable. ¿Cree que podría ser objetiva una información proveniente de una red así?

Yo creo que no, de ninguna manera podría ser un informe objetivo. Desde el momento en que tienes el nombre de mineros sustentables ya nos da la percepción de que se busca dar cierta información que tienda a tratar de hacer parecer que en algún momento la minería metálica pueda ser sustentable. Hoy por hoy, yo no conozco un sólo proyecto en el mundo que no tenga impacto en el tema ambiental.

Y otro tema súper interesante es que el Convenio 169 no se centra específicamente en el tema ambiental, sino que se centra en el tema cultural y espiritual. Se tiene que evaluar cuál es el impacto en las formas de vida, en la cultura, en la espiritualidad de los pueblos. No se trata solamente del ambiente como tal, sino de cómo impacta en la cultura, en las formas de comunicarse, en cómo afectará a las plantas ancestrales medicinales, si se van a verter desechos químicos en un río que es fuente no sólamente de alimento sino también de sabiduría y conocimiento para los pueblos. El proceso de Consulta va en esa línea, va en ese sentido. Por eso el gobierno no puede dejar de un lado también la obligación que tiene de evaluar esos impactos, más allá del impacto ambiental, el impacto cultural, el impacto espiritual en las formas de vida de los pueblos originarios que están reclamando que se respete ese derecho en sus territorios.

Entrevista realizada en Voces por la Tierra, Radio Nacional Esquel AM 560.
Fotografías aportadas por Quelvin Jiménez

PAS se entromete en proceso de Consulta Previa del pueblo Xinca