28/01/2021
Zonificación, la mentira que solo se sostiene con más mentiras
A la hora de defender el resistido proyecto de zonificación que Fernández y Arcioni impulsan en Chubut, no hay ahorro de voces de los personeros de las transnacionales. Hoy, leemos al Secretario General de la Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA), Héctor Laplace, y sus declaraciones al medio “El patagónico”. Veamos cada una de sus falsas afirmaciones:

1- “Estamos a 100 kilómetros del río y el cianuro no se va a utilizar”.
Como se ve en la imagen, el río Chubut está incluido en la zonificación.Parece que Laplace faltó a la clase de Geografía. O que miente. Nos inclinamos por esta última opción.

2- Los principales beneficiados por el desarrollo industrial serán los pobladores de la región.

En esta misma página hemos publicado una nota en dos partes sobre el tema que sintetiza el capítulo 5 de “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”. Puede leerse la primera parte aquí y la segunda parte en este enlace.

3- A principios de 2020 estuvimos en la Meseta y tuvimos reuniones con los intendentes de Telsen y de Gastre, Leonardo Bowman y Genaro Pérez. Ellos están absolutamente convencidos de que la alternativa minera es la única que tienen para que no pasen a ser pueblos fantasmas.”

Podríamos apelar a tragedias mineras como Brumandhino para refutar esta afirmación pero elegimos testimoniar con una realidad más cercana. Estos son algunos de los pueblos fantasmas que esconde el mapa de la provincia de Neuquen según el diario El federal

San Eduardo. La tragedia vistió de luto al pueblo. El 29 de marzo de 1951 una tremenda explosión ocurrió en la mina Santa Teresita, en cercanías del pueblo. Seis mineros fallecieron, con este hecho el pueblo selló su suerte. Supo tener 5.500 habitantes, escuelas y cancha de fútbol. Una vez que la mina agotó su yacimiento, no hubo más trabajo y el pueblo quedó vacío.

Auca Mahuida. Es una de las historias más tristes. El pueblo, hoy en ruinas, se halla al norte de Barda del Medio, en su momento de apogeo fue un lugar donde el trabajo sobraba, su mina de carbón llevaba este elemento hasta la punta del riel, y también se exportaba a Chile. En el año 1947 la mina tuvo una explosión que abrió una filtración de agua y rápidamente las galerías subterráneas se inundaron, falleciendo 23 mineros. Sus restos nunca fueron recuperados y descansan allí, insepultos.

Villa Rincón Chico. Es un caso ejemplar de cómo un pueblo puede desaparecer en poco tiempo. La localidad, que llegó a tener 10.000 habitantes, se hizo a la par de la construcción de la represa Piedra del Águila. Se pensó que aquí iba a surgir una ciudad con los últimos adelantos tecnológicos y arquitectónicos, se proveía agua del río Limay y aún queda un inmenso entramado de caños subterráneos donde se aseguraban distintos servicios para la ciudad que hoy está en ruinas.

Alicurá. Durante seis años, entre 1979 y 1985, el pueblo llegó a tener miles de habitantes. Cine. Hospital, salas de juego, y lugares para practicar deportes. Albergó allí a los trabajadores de la represa Piedra del Águila, cuando esta obra se terminó, de a poco el pueblo comenzó a morir. Hoy quedan las ruinas de las casas, sus calles y los árboles que plantaron sus habitantes que han hecho un grupo de Facebook, donde se juntan a recordar sus años en el pueblo, que hoy está dentro de tierras privadas.

Challacó. El pueblo fue dos veces ejes de movimiento y trabajo, cuando fue punta de riel del ferrocarril y cuando se descubrió en 1941 petróleo en la vecina Plaza Huincul. Las dos oportunidades históricas no pudieron detener la tormenta del éxodo. El tren llevó las maquinarias necesarias para la explotación del hidrocarburo. La ruta pasaba a un costado de las vías, pero como estaba presentada sobre una depresión natural, se inundada con facilidad debido a la filtración de vertientes. Por esta razón, el pueblo quedó incomunicado y el éxodo lo convirtió en otro de los pueblos fantasmas de la provincia de Neuquén.

4- “Un proyecto minero implica tener agua corriente, energía eléctrica, una correcta recolección de residuos, tomar las previsiones correspondientes en cuestiones de salud, no solo de la gente que trabaja en el proyecto sino de la población en general, y conectividad”

Se impone aquí aclararle a Laplace que el agua, la energía y la gestión de residuos son DERECHOS de los pueblos que los Estados deben garantizar y que resulta repugnante que un sindicalista sugiera que para ejercer esos derechos hay que entregar el territorio a las transnacionales. Repugna también la desidia de los gobiernos que programan el abandono de la gente para extorsionarla luego con proyectos de muerte.

5- Finalmente, Laplace afirmó que el proyecto legislativo descarta “dos miedos” de la población: la utilización del recurso del Río Chubut y el cianuro.

Ya desmentimos la primera afirmación: el río Chubut está DENTRO del trazado de la zonificación. La segunda afirmación, en relación con el uso de cianuro, requiere algunas aclaraciones:

Que se plantee un método por flotación no anula la probable utilización de cianuro.
La movilidad de roca en las explotaciones megamineras producen drenajes ácidos que son tan perjudiciales y tóxicos como el cianuro o más.
En la extracción de uranio está prevista la utilización de ácido sulfúrico.
Los enormes volúmenes de agua requeridos en la explotación megaminera atentan contra la provisión de ese bien escaso a las poblaciones del lugar y a las ciudades de la costa.
NO TENEMOS MIEDOS, TENEMOS CERTEZAS.
Fuente: el patagónico

Zonificación, la mentira que solo se sostiene con más mentiras

27/01/2021
Los organismos de Derechos Humanos agrupados en el colectivo Diálogo 2000 publicaron una contundente declaración ante la embestida prominera del gobierno nacional sobre varias provincias, con una situación de altísima y prolongada tensión en Chubut.
Fuente: dialogo2000.blogspot.com. – Foto: infocaucete.com.ar

A poco más de un año del inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es cada vez más claro que en materia de saqueo extractivista nada queda de aquel “combatiendo al Capital” de los orígenes peronistas. Tan claro como la constatación de que no hay grieta en esa alianza entre la casta política argentina -peronista o antiperonista- y el poder fáctico transnacional vinculado al extractivismo, uns alianza ininterrumpida desde los años ’90.

Durante este año continuó creciendo la atención -y el compromiso- de los organismos de Derechos Humanos hacia las luchas de asambleas y comunidades de las provincias en defensa de su agua, su ambiente y sus territorios. En estos días, el Servicio de Paz y Justicia, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y otras organizaciones agrupadas en el colectivo Diálogo 2000 hicieron público un nuevo pronunciamiento, a poco más de un año de los contundentes pronunciamientos en defensa de Mendoza y Chubut (ver aquí y aqui).

A continuación, compartimos el texto del documento.

Caminos equivocados
– enero 25, 2021

La megaminería no es un camino de desarrollo. No es ni puede ser sustentable. No puede formar parte de ningún plan que pretenda beneficiar al pueblo argentino. No en Chubut, no en La Rioja, no en Catamarca ni en San Juan, Jujuy, Mendoza o ninguna otra parte.

Están a la vista los estragos que genera, como lo son la destrucción de las comunidades y la contaminación irreversible de las aguas y la tierra, el desconocimiento y subversión sistemática de las reglas democráticas más elementales, la represión de la protesta y la violencia contra quienes defienden sus derechos y los de la naturaleza, entre otros. Está clarísimo, en el mundo entero, que la megaminería no resuelve el hambre ni el desempleo, ni tampoco las graves situaciones que provoca el sistema de deuda perpetua, sea a nivel nacional o provincial.

No obstante, en estos últimos días el presidente ha reafirmado en varios escenarios, la decisión de su gobierno de seguir promoviendo la megaminería tóxica, saqueadora y endeudadora. En San Juan y La Rioja, apuntó a las “infinitas riquezas” a aprovechar e hizo caso omiso de sus nefastas consecuencias, reales y potenciales. Pero el gesto presidencial más explícito fue el renovado respaldo al avance de la megaminería en algunas zonas de la provincia de Chubut.

Desde Diálogo 2000 expresamos nuestro apoyo a esta Iniciativa Popular y a toda la lucha del pueblo de Chubut y de otras provincias del país, contra el extractivismo megaminero. Es un camino equivocado, una falsa solución, en Chubut o donde sea. Igualmente equivocada es la pretensión de gobernar a espaldas de la gente, sin consulta o contra la voluntad expresada.

No es casual que horas antes de recibir al gobernador de Chubut, el presidente tuvo una “conversación excelente” con la directora ejecutiva del FMI. Resaltó después el compromiso mutuo de trabajar “para una economía mundial más justa e inclusiva.” Bonitas palabras en ambas reuniones, lejos de reflejar lo que realmente son las políticas que impulsan: envenenamiento y saqueo, empobrecimiento, crímenes contra los pueblos y la naturaleza, impunidad. La megaminería, el endeudamiento y el FMI, no son caminos de justicia e inclusión.

Existen alternativas a la megaminería, como vienen señalando los pueblos de Chubut y de otras provincias amenazadas. También hay alternativas, como recién se ha mostrado en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, a seguir “honrando” una deuda fraudulenta que nunca benefició a la Argentina y que el pueblo no debe. Sumemos fuerzas para abrir mejores caminos.

-Buenos Aires, 25 de enero de 2021

Por Diálogo 2000,

Adolfo Perez Esquivel Nora Cortiñas Beverly Keene

Premio Nobel de la Paz Madre de Plaza de Mayo-L.F. Coordinadora

Caminos equivocados: deuda, fondo y megaminería

21/01/Chubut
La relación entre universidades y empresas mineras no es nueva. En este caso se manifestó en la publicación de una nota en el diario La Nación. La respuesta de nuestra Asamblea no se hizo esperar. Pasados varios días del envío, no perdemos la expectativa de que la misma se publique, pero adelantamos aquí la respuesta enviada, así como algunos detalles del vínculo entre la Universidad de Belgrano y los intereses de las transnacionales mineras.
Fuente: noalamina.org

Ante la publicación de una nota de opinión en el diario La Nación donde docentes de la Universidad de Belgrano afirman que es posible “conciliar minería y cuidado del ambiente”, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel envió al diario un texto a fin de ejercer un justo derecho a réplica. Como un dato de contexto, resulta relevante conocer que la mencionada universidad lanzó en 2017 el “primer observatorio pyme minero”, con lo cual consideramos que su neutralidad académica frente el tema queda seriamente condicionada. En el dossier de dicha presentación la UB declara que ese aporte “pretende ser estratégico, como fuente de apoyo a la industria minera y a toda la red proveedora.”

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

Desde la Asamblea de Vecinos de Esquel deseamos compartir algunas precisiones en relación a conceptos vertidos en la nota publicada el día 9 de enero de 2021, firmada por los señores Fritzsche, De Castro y Corcuera.

Hace 20 años debatimos y rebatimos en Esquel los argumentos publicados. Sería imposible volcar en pocas líneas todo lo aprendido en estos años.

El artículo “Conciliar minería y cuidado ambiental es posible” aborda muchos de los puntos que las asambleas de Chubut denunciamos sobre la megaminería. El título sostiene que es posible “conciliar” una actividad absolutamente extractiva con el cuidado del ambiente y ser realizada de forma sustentable. Pero no presentan ningún ejemplo real, … sencillamente porque no existe. La megaminería consiste en extraer un bien común no renovable, por lo que es imposible que sea sustentable, ya que el mineral extraído no se regenera. Es altamente destructiva en el propio ambiente del “yacimiento”, pero genera también impactos negativos a largo plazo y en zonas tan amplias que son de difícil o imposible previsión. La pulverización de millones de toneladas de rocas libera minerales naturalmente retenidos en su interior, que pasan así a ser tóxicos a través de los drenajes ácidos y de las inevitables filtraciones desde escombreras o diques de colas, o esparcidas por los fuertes vientos. A lo que se suman los riesgos vinculados al colapso de esos depósitos, así como al transporte de sustancias químicas peligrosas por tierra y agua. Todo ello verificable en innumerables casos alrededor del mundo, con Jáchal, Mariana y Brumadinho entre los más recientes.

Pero es el altísimo consumo de agua en megaminería el aspecto más alarmante para toda la población, en un contexto de sequía. La minería metalífera no puede funcionar sin ingentes cantidades de agua dulce, a razón de 8 millones de litros por día sólo para el proyecto Navidad. La escasez de agua es motivo de reclamos en varias ciudades de la provincia. Y un claro indicio de la incompatibilidad con el cuidado del ambiente. Es tal la creciente escasez en el mundo, que en diciembre del 2020 el agua comenzó a cotizar en Wall Street así como el petróleo, el oro o la soja.

El impacto negativo no sólo se restringe a la naturaleza: en lo social y en lo político es abrumador. Sin que ninguna empresa esté en etapa de explotación en la provincia, hemos visto al diputado Muñiz recibiendo en su celular órdenes de empresas mineras durante una sesión legislativa (2014), hemos escuchado al gerente de comunicaciones de Minas Argentinas S.A Ricardo Bustos, solicitar “que presionen” a la presidenta de la UCR provincial para que sus dos diputados voten a favor de la zonificación; o al propio gobernador chubutense Arcioni “confundiendo” el proyecto de Ley con un “convenio” con las empresas, entre otros numerosos ejemplos. El gobierno está tan comprometido con las mineras, que desconoce Tratados Internacionales de rango constitucional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa al mundo indígena cuando se afectan sus territorios, o el Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Se ha convertido a la meseta chubutense en una zona altamente vulnerada, con agravios a culturas originarias al punto de trasladar un enterratorio de miles de años. El proyecto de zonificación presentado por el Ejecutivo provincial fue redactado a espaldas del Pueblo y sin consulta a instituciones científicas como el Conicet, el INTA, la UNPSJB, que han denunciado esta situación, e incluso han señalado las amenazas y engaños implícitos en tal proyecto.

Junto a esto, el gobierno ha creado una crisis provincial que lleva varios años, donde, por ejemplo, los empleados estatales no han cobrado dos sueldos y un aguinaldo de 2020. Todo en busca de la “licencia social” que no tienen. Así ha privado además a la población de servicios esenciales como Educación y Salud, entre muchos otros.

De forma particularmente extraña, los profesionales firmantes de la nota confunden Consulta Popular con Iniciativa Popular y ponen en duda los arrestos, allanamientos y judicialización que sufrimos los asambleístas. Las Asambleas de Chubut no hemos pedido una consulta, donde ganaría el rechazo a la megaminería, sino que presentamos un proyecto de Ley a través del mecanismo de Iniciativa Popular. Si confunden dos conceptos tan diferentes ¿qué más estarán confundiendo? Si ponen en duda una realidad publicada por todos los medios ¿qué otras mentiras pueden decir?

En cuanto a lo laboral, rechazando el gobierno cualquier alternativa a la minería, y dejando sin incentivos estatales a las actuales actividades, resultan una estafa las promesas de generación de empleos locales. La capacitación requerida por la megaminería imposibilita la contratación de la población local. Y los propios firmantes son ejemplo: ninguno de ellos, reside en Gastre o Telsen. Todos están cómodamente ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Catamarca, San Juan y Santa Cruz las evidencias son abrumadoras: las empresas contratan operarios de regiones lejanas, a fin de eludir juicios de las familias ante accidentes u otros conflictos.

Aclaramos también que en los 20 años que no pudieron extraer oro del Cordón Esquel, ningún chico se quedó sin bicicletas, como afirman en la nota publicada. El proyecto Esquel -rebautizado Suyai para esquivar la información sobre el rechazo masivo desde 2003- pretende extraer oro (1500 millones de dólares) y Navidad extraería plata y plomo (11000 millones de dólares). Ninguno de ellos es indispensable para la vida cotidiana de la población, sólo son necesarios para la especulación y el atesoramiento de unos pocos.

Para no extender más: la megaminería saquea los recursos y al país, llevándose los minerales y dejando ínfimas regalías (menos del 3%), deja profundos daños ambientales y destruye actividades económicas que existen actualmente o podrían existir con incentivo estatal. La megaminería contamina el ambiente, contamina la sociedad y el gobierno. Desde Chubut, seguiremos diciendo que NO es NO.

Atte,

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO a la Mina

noalamina.org

Esquel, 14 de Enero, 2021

La megaminería es incompatible con el cuidado del ambiente

24/01/2021
El supuesto “inicio del debate” sólo fue una puesta en escena para poner punto final y cumplir el capricho de Nación de imponer la megaminería trasnacional en Chubut, sin licencia social y en contra de lo que indican los sectores científicos y académicos. Mientras los aliados hacían la pantomima, Arcioni, Sastre y Eliceche se fotografiaban con Alberto Fernández y Sergio Massa en Buenos Aires. El verano y la pandemia como última chance de los promineros para imponer la zonificación antes de que lleguen las elecciones y antes de que se cumpla el plazo legal para el tratamiento de la Segunda Iniciativa Popular.
Por Noalamina.org

Alberto Fernández está obsesionado con cumplir el fallido que en diciembre de 2019 manifestaba frente a empresarios del extractivismo cuando anunciaba que “en Chubut hemos logrado explotar plata en la meseta”. También indicaba en ese entonces que había logrado modificar la ley en Mendoza, pese a que todavía no había sido la sesión que volteó la 7722 ni la pueblada que la volvió a colocar en su lugar, haciendo recular al gobierno provincial de Suárez, legisladores de Cambiemos, el PJ y al propio Fernández.

Según Mariano Arcioni, el presidente se mostró sorprendido porque aún no se haya modificado la ley que hace 18 años prohíbe la megaminería en Chubut. Lo que hasta ahora ha logrado el Alberto Fernández fue imponer el cambio de postura del vicegobernador Ricardo Sastre (hace un año, con Mendoza en los medios nacionales y distanciado de Arcioni decía haber comprendido la voluntad del pueblo y reafirmaba su “No es No”); en diciembre del 2020 y tras una reunión con Pablo Moyano logró que Camioneros-Chubut pegue un volantazo y su dirigencia se olvide de las actividades y declaraciones contra la megaminería; hoy busca apretar al sector del PJ que sigue en contra de la zonificación, más por responder a la presión desde abajo y por su pelea política con Arcioni que por convicción propia, salvo contados casos.

Según indicaron medios como Jornada y Metadata, el gobierno buscaría aprobar la zonificación este jueves 28 de enero. Si bien hasta que no esté convocada no se puede esperar nada confiable de políticos operadores de las mineras, existe la posibilidad de que reuniendo 14 bancas, se convoque a una sesión extraordinaria. En pocos meses se cumple el plazo legal para que la Legislatura deba tratar un proyecto presentado por iniciativa popular avalado por 30.916 firmas (el doble del porcentaje mínimo que estipula la Constitución Provincial). En lugar de respetar el proyecto popular, gobierno nacional, provincial y mineras buscarían aprobar un proyecto completamente opuesto: en enero, con una sesión extraordinaria, en plena pandemia y de manera virtual. Si a esto le agregamos que gran parte de quienes lo llevarían a cabo, en elecciones prometieron lo opuesto, podemos comprobar que de democracia sólo ha quedado el nombre. Mientras tanto en Canadá, siguen de cerca la política chubutense y Pan American Silver le indica a sus accionistas que con la zonificación, a más tardar en un año comenzaría la construcción del Proyecto Navidad.

El debate que no fue

Finalizó la semana de “mesas de trabajo” en donde se suponía que distintos sectores sociales participarían de un “debate” sobre el proyecto de ley del ejecutivo. Nunca se puso en discusión el proyecto, sino que desde el principio estaba convocado para “buscar aportes para mejorar el proyecto”. Así fue que se ignoró la Iniciativa Popular y a quienes la impulsaron, se bajaron todos los sectores que no son promineros, fueron exposiciones cerradas con preguntas al final (por parte de quienes ya de antemano buscan imponer la megaminería) y los únicos medios que “la cubrieron” son quienes se dedican a reproducir gacetillas oficiales, recibir pauta del gobierno y plata de las mineras. El resto, no pudo acceder y se dedicó a mostrar la otra cara, la de los actores sociales, políticos, académicos y científicos que se diferenciaban de la convocatoria denunciando la truchada.

La semana pasada, tras enterarse por los medios de que eran parte de las jornadas, distintos sectores se posicionaban o adelantaban sus probables posturas (leer más acá). La sorpresiva convocatoria, cerrando la primera quincena de enero, imposibilitaba una participación genuina de sectores que podrían haber acudido a manifestar una posición sobre un tema que se debate en la provincia hace más de 18 años.

Esta semana, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco le respondió a Arcioni que este tipo de convocatorias deberían ser el inicio de un proceso de debate, y que este primer llamado formal que se le hace a la universidad requerirá un tiempo prudencial para poder remitirle una opinión institucional,dado que el funcionamiento interno de una universidad nacional requiere la deliberación y el debate de los distintos claustros en los órganos de cogobierno. Pese a ello, en el comunicado le recuerdan al gobernador que “la UNPSJB se ha expresado en numerosas oportunidades sobre los proyectos de zonificación minera, manifestando que la preservación del agua y demás recursos ecosistémicos, la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a estrategias para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense”.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut también respondió a la convocatoria de Arcioni. En un comunicado con la firma de su decana, la ingeniera Diana Bohn, indican que “la participación colaborativa que requiere este tipo de proyectos debe ser planteada desde el inicio del proceso, y no sólo a fin de emitir opiniones sobre proyecto ya definidos”. La institución decidió no participar de la jornada y se mostró a disposición para trabajar en políticas públicas provinciales de desarrollo integral con el agua como punto de partida, para garantizar un futuro próspero para toda la provincia.

También desde el IPCSH-CONICET decidieron a través de su Consejo Directivo declinar la convocatori a participar “en concordancia con otras instituciones científicas […] en virtud de la celeridad que se le busca imprimir a un debate que, por su relevancia, requiere mayores plazos de tiempo y una convocatoria amplia a otros sectores de la comunidad. La invitación al sector científico se da en un proceso avanzado del tratamiento legislativo, y no en sus fases iniciales” indican, y agregan: “Esta convocatoria es informativa, con una modalidad que solamente permite la realización de preguntas sobre aspectos de una decisión que, a nuestro entender, ya ha sido tomada”.

Trabajadorxs de Ciencia Chubut volvieron a expresarse con un comunicado en el que solicitaron un derecho a réplica y una rectificación a distintos medios provinciales (El Chubut, El Patagónico, ADN Sur) quienes habían indicado que el gobierno se reunió con representantes académicos y científicos de Chubut. “Todas las instituciones universitarias y científico-tecnológicas de la provincia objetaron el PL 128/20 y pidieron que sea retirado de la legislatura provincial” expresan en el comunicado, y agregan: “aclaramos que a pesar de que un grupo reducido de profesionales del sector asistió a la mesa a título personal, las instituciones científicas de Chubut no avalan el proyecto de zonificación minera”.

En contraposición a lo que indican los medios de comunicación sostenidos por la criminal pauta oficial del gobierno provincial, quienes trabajan en espacios académicos y de ciencia se han reunido desde abajo y han reafirmado su negación a la imposición de la megaminería. Se trata de un grupo constituido a partir de la nota consensuada y presentada en la Legislatura Provincial en noviembre del 2020, cuyos contenidos y avales están plasmados en este enlace: bit.ly/3p72fBP. Quienes sí participaron, son investigadores y técnicos ligados a la actividad megaminera, sobre los cuales se puede conocer más en esta nota de Con Sello Patagónico.

Comunidades originarias de la meseta centro norte (el territorio a sacrificar según el proyecto de zonificación) reafirmaron su posición, reclamaron la Consulta Previa, Libre e Informada y repudiaron las “mesas de trabajo”. Son las comunidades Mallín de los Cual, Los Pino, Ñuke Mapu de El Escorial, Laguna Fría – Chacay Oeste y Yalalaubat quienes también exigieron que se retire el proyecto de ley 128/20 y que se trate y apruebe sin modificaciones la Segunda Iniciativa Popular.

Desde Greenpeace Argentina acusaron a Arcioni de armar un debate falso: “Los chubutenses no van a dejar que Arcioni Mariano siga poniendo presión para obligarlos a exponer su agua. El debate estuvo caracterizado por reunir sectores afines a la minería” expresaron, y agregaron:”el río Chubut está en juego, en una provincia donde ya falta el agua y se hacen cortes en varias localidades”.

La UCR , a través de su presidenta Jacqueline Caminoa, rechazó el llamado a las “mesas de trabajo” y reclamó que se les llame para discutir otros temas más importantes para la provincia. La Mesa de Conducción del Partido Justicialista de Chubut expresó que “no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una Ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de todos en beneficio de pocos”. El Bloque de Diputados, Intendentes, Legisladores Municipales y Nacionales de dicho espacio no participó de las jornadas, con la excepción del diputado Carlos Eliceche, que estuvo junto a Arcioni y Sastre en la gira por la capital nacional pese a representarse a sí mismo, dado que ni siquiera es presidente de su bloque en la Legislatura Provincial.

Nuevamente Alberto Fernández confunde el logrado apoyo político con licencia social. El llamado a aprobar la zonificación cuanto antes sumirá a Chubut nuevamente en movilizaciones masivas en medio de una pandemia de la que el gobierno provincial lejos de ocuparse, busca utilizar para imponer la rechazada megaminería. Si los gobernantes no comprenden la firme decisión del pueblo chubutense, impondrán un escenario de alto conflicto como lo fue la imposición del Pacto YPF-Chevron en Neuquén en 2013 y la modificación de la Ley 7722 en Mendoza a fines de 2019. A ello hay que sumar la pandemia y la crisis en la que sumergieron a Chubut desde hace ya tres años y se profundiza día a día. Lejos de poder esperar algo de representantes que ya dinamitaron todo su capital político, otra vez se vislumbra que sólo el pueblo salvará al pueblo.

El debate que no fue y el apriete de Nación

17/01/2021
La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut
En el peor momento de la pandemia de Covid-19 en gran parte de la provincia de Chubut, el gobierno de Arcioni-Sastre insiste en jugadas traicioneras para tratar de avanzar con el proyecto de zonificación minera que presentaron en la Legislatura a fines de noviembre de 2020. El viernes 15 se conoció a partir de diferentes medios de comunicación que la semana siguiente, el gobernador y sectores mineros realizarán “mesas de trabajo” sobre el proyecto, una puesta en escena para pretender decir que hubo debate, mientras niega la Segunda Iniciativa Popular y el contundente rechazo de la megaminería por parte de la población. Por Noalamina.org

Desde su anuncio, el proyecto de zonificación generó movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del territorio chubutense en las que el pueblo expresó con contundencia su negativa a la habilitación de la megaminería: en lugar de encargarse de gestionar la pandemia, el gobierno obligó a la población a salir a la calle a sostener un rechazo que es claro y contundente hace ya 18 años.

Además, el proyecto de zonificación fue rechazado por numerosas organizaciones y colectivos como las principales instituciones académicas, científicas, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.

Algunos de estos sectores se encuentran en el cronograma de las mesas de trabajo, aunque la mayoría se enteró que estaban siendo convocados por los medios de comunicación. Desde instituciones científicas como el INTA, el CENPAT-CONICET, la Universidad de la Patagonia y la UTN (cuyas autoridades en noviembre rechazaron la zonificación con una carta a la legislatura) adelantaron a noalamina.org que “dada la urgencia de la convocatoria, las respectivas mesas técnicas de las instituciones no llegarán a tiempo con un análisis de las modificaciones”. Por su parte, este domingo, desde la Red de Trabajadorxs de Ciencia de Ciencia de Chubut hicieron pública su postura a través de un comunicado en el que denuncian el falso debate del gobierno e insisten en la necesidad de que se debata y apruebe la Segunda Iniciativa Popular.

Por su parte, la Iglesia Católica volvió a rechazar el proyecto de zonificación con un comunicado de la Diócesis de Comodoro Rivadavia y la Prelatura de Esquel, en donde explican que (pese a figurar) no han recibido invitación formal y que entienden que “debatir no es lo mismo que informar”, en relación a la modalidad de las mesas de trabajo en donde se tratará sólo el proyecto del ejecutivo. “Nos asombra que estos pedidos (por la IP) que han entrado a la legislatura cumpliendo todos los requisitos previstos por nuestra constitución, no encuentren el eco necesario para debatirlo” explican y agregan: “es inquietante que no se le dé igual jerarquía en su tratamiento conjunto siendo que se inhabilitan mutuamente”.

De similar manera, el Partido Municipal por Trelew rechazó la invitación a la jornada por ser meramente informativa y poco seria. En contraparte, declaran que existe una “oportunidad histórica de los diputados y diputadas provinciales de reconciliarse con el pueblo de la provincia, y es el tratamiento de la Iniciativa Popular, que fue avalada por más de 30 mil chubutenses que no quieren que el agua se use para la megaminería. Dar tratamiento a la ley de zonificación minera e ignorar la Iniciativa Popular es dar la espalda al pueblo de Chubut”, finaliza el comunicado.

En el cronograma de la jornada figuran como invitadas “Comunidades originarias”. Han sido constantes las declaraciones en contra del avance megaminero a lo largo del 2020. Comenzando por el Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut de enero, en donde reafirmaron el No a la megaminería, pasando por el repudio a Arcioni y Alberto Hensel en octubre, dado que “desde distintas instituciones y organismos de gobierno provinciales y nacionales, se vulnera nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que nos afectan”, cerrando el año con la presentación de un documento a la Legislatura, en donde comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Cámara que se abstenga de avanzar con el tratamiento de la Zonificación, ya que se redactó “en violación a los derechos de los Pueblos Originarios” y en contra del convenio de la OIT que estipula la consulta y participación de las comunidades de manera libre, previa e informada. Es llamativa la desprolijidad del documento del gobierno en donde en este punto figura entre paréntesis “Evaluar sumar a abogado del CELS Eduardo Hualpa”. Ante la consulta de noalamina.org, Hualpa contestó: “por lo que sé, las comunidades de la meseta se enteraron por los diarios. El diálogo requiere voluntad de las partes. Lo que se ve en Chubut en este tema se llama lobby”.

Otra particularidad del supuesto debate es que hasta el momento no hay convocatoria ni difusión oficial, ni explicación alguna por parte del gobierno sobre si las jornadas serán públicas. Periodistas consultados refieren haber estado intentando saber si podrán cubrirlas, sin éxito. Incluso Radio Libre de Puerto Madryn se propuso transmitir la jornada desde la conexión de algún/a diputado/a, pero al ver que había personas invitadas que se bajaban “para no tener nada que ver con semejante payasada” decidieron no hacerlo.

No deja de llamar la atención que el sitio de referencia para “informarse” sobre los temas que abordará la jornada virtual haya sido creado junto a todo el aparato propagandístico del gobierno y la minera Pan American Silver. El sitio web “lameseta.org” fue creado el 28 de noviembre y difundido a coro por el ejército de trols: pese a que se presenta como del Ministerio de Hidrocarburos no es un sitio gubernamental. Fue dado de alta el 27 de noviembre del 2020 desde una IP localizada en Ohio-Columbia (EEUU). En dicho sitio, vuelve a publicarse la investigación del CONICET sobre Índice de Calidad de Vida, por la cual su director realizó un descargo indicando que estaba siendo tergiversada para promover la megaminería como un mejorador de dicho índice, cuando es todo lo contrario. La divulgación de dicha web se estuvo dando de manera similar a vecinosdelameseta.org, web gestionada desde una empresa de Buenos Aires y financiada por Pan American Silver.

¿En qué consiste la nueva puesta en escena para tratar de darle legitimidad al proyecto de zonificación minera?

Se trata de una semana con reuniones virtuales por la plataforma oficial de Gobierno. Será inaugurada por Arcioni y funcionarios provinciales y tutelada por Alberto Hensel, el Secretario de Minería de Nación. Según el mismo cronograma, quienes fueron invitados serían notificados el miércoles 13 de enero, pocos días antes de su comienzo. El pasado 15 de enero se conoció la invitación realizada por el Ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, al Presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, y a través suyo al resto de los legisladores provinciales. En el cronograma de encuentros figuran diversos sectores de la dirigencia política (partidos políticos, intendentes, diputados nacionales); sectores empresariales y sindicales (aquellos que histórica o recientemente se declararon del lado del gobierno con la particular ausencia de los gremios que se oponen). También figuran entidades religiosas (católica y evangélica), comunidades originarias, instituciones académicas y científicas: todos espacios que ya han rechazado la zonificación y el avance del gobierno a pesar de la falta de licencia social. Desde estos sectores, como se puede ver al inicio de esta nota, denunciaron la improvisada convocatoria, el carácter meramente informativo de las jornadas y la ausencia de debate sobre la Iniciativa Popular. Es necesario aclarar que ninguna asamblea socioambiental ni quienes impulsaron la IP fueron invitados al supuesto debate.

Pese a que el gobierno declara buscar “profundizar y articular propuestas” que permitan la “ampliación del proceso participativo del diálogo para el enriquecimiento” del mal llamado proyecto de desarrollo productivo de la provincia de Chubut -Exp. N° 128/20 que pretende habilitar la megaminería en la meseta-, desconoce el debate social que desde hace 18 años se da en la provincia.

Abundan las razones para repudiar esta mediocre operación que las corporaciones mineras a través de sus representantes del poder ejecutivo chubutense pretenden impulsar subestimando al pueblo que no quiere megaminería:

En este momento de la pandemia de Covid-19 la prioridad en la agenda gubernamental debería ser la gestión del sistema de salud saturado, al que le faltan recursos materiales y humanos y que está siendo sostenido por trabajadores estresados a quienes se les debe varias masas salariales.
El pueblo no solo no quiere, no votó ni pidió que el gobierno provincial se ocupe de impulsar la megaminería sino que resulta violentado por ese accionar e impulsado a expresarse en las calles para frenarlo, a riesgo de enfermarse y empeorar la situación sanitaria, que parece no importarle a quienes gobiernan.
Resulta un acto de cinismo invitar a participar a “las comunidades originarias” para “enriquecer” un proyecto de zonificación que ha sido rechazado de plano por esas mismas comunidades precisamente porque pone en riesgo su subsistencia en el territorio y porque no se ha cumplido con la consulta prevista por el convenio 169 de la OIT.
El Gobierno Nacional, lejos de velar por el bienestar del pueblo que sufre el accionar irresponsable del gobierno provincial, sigue apoyando e impulsando este proyecto antidemocrático, a través de la presencia del Secretario de Minería Alberto Hensel y la Subsecretaria de Desarrollo Minero Laura Ropolo, disertantes en las reuniones virtuales.
El pueblo de Chubut, organizado horizontalmente a través de asambleas (UACCH), sigue esperando que se retire de la legislatura el vergonzoso proyecto de zonificación N° 128/20 y se trate con el debido respeto el proyecto de ley presentado haciendo uso del mecanismo de democracia semidirecta previsto en el art 263 de la Constitución Provincial: la iniciativa popular, que cuenta con el aval de casi 31.000 firmas. Gobernantes y legisladores deben dejar de soslayar el proyecto de la Segunda Iniciativa Popular, el cual se contrapone al Proyecto de Zonificación ya que apunta a la prohibición de la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas, en todo el territorio de Chubut. Ese es el deseo de miles de chubutenses que quieren cuidar los bienes comunes (vulgar y tradicionalmente conocidos como “recursos naturales”) preservándolos para las nuevas y futuras generaciones y para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas y sustentables en el tiempo.
Esperamos que todos los actores y sectores invitados a participar de esta fantochada hagan público su repudio al accionar irresponsable y antidemocrático del gobierno de Arcioni-Sastre que, obstinadamente, pone en riesgo la salud y el futuro del pueblo de Chubut.

La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut

14/01/2021
Horacio Machado Aráoz es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea” (editorial Mardulce), donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta la actualidad, con ejemplos concretos como Minera Alumbrera (en Catamarca). “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica. Investigador del Conicet, docente de la Universidad de Catamarca, parte de las asambleas catamarqueñas contra la megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

Una entrevista de Darío Aranda a Horacio Machado Aráoz para Página 12

-Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitudes hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

-Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de formas del extractivismo es la figura del conquistador como prototipo de los humanos y como forma de relacionar y concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde los Pizarro, los Cortés, los Pedro de Valdivia, son varones armados, violentos, en búsqueda de enriquecimientos rápido, que miran el mundo como puro objeto de posesión y conquista, concibe la vida como una carrera infinita de riqueza y poder. En términos subjetivos la mirada de Colón sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en la conquista de riquezas y valores abstractos como el sentido último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

-¿Y las diferencias?

-Hay diferencias, grandes y múltiples, sobre todo en los modos de producción, el régimen de dominación y destrucción de hoy es infinitamente mayor hoy. El poder también se ha hecho más complejo, tiene una enorme capacidad de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se impone como matriz evolutiva. La capacidad de destrucción asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal Quijano llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de vida imperial, del conquistador, aparece también como deseado por los conquistados y colonizados. Este modelo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la naturalización de la violencia, vivir relacionándonos con la Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos sanitarios y socioambientales que ya conocemos.

-Pero también hay resistencias.

-Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial no han pasado en vano. No ha sido una dominación pasiva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de luchas pasadas. Semillas de humanidad que nos quedan. Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la humanidad tenemos que acudir al banco de semillas de la historia, que son las las resistencias, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. Todas estas luchas, distintas expresiones contra la dominación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesarias pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran desafío de una sinfonía de luchas populares, es la conciencia que tenemos de la integración de las luchas, del ecologismo popular.

-¿Extractivismo y capitalismo son sinónimos?

-No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. Por eso es inentendible que en el Siglo XXI gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia. Un aprendizaje debiera ser que como países herederos de un régimen colonial no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo, basado en otra matriz de producción y de consumo.

-Una mirada recurrente es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.

-Es una posición totalmente equivocada, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza. Siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales.

-¿Que planteo alternativo existe?

-La teoría social crítica latinoamericana nació con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución. No tenemos posibilidad de desarrollarnos en esos término, y se hace inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros caminos, que sean emancipatorios.

-¿Cómo se sale del extractivismo?

-No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como el extractivismo es una dimensión intrínsica del capitalismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civilizatorios. Hay muchas comunidades que viven en territorios que están fuera de los patrones del capitalismo, viven sobre una base de uso comunal de los conocimientos, saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos muchas comunidades que viven fuera de ese patrón extractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

-¿Cómo serían esas opciones?

-Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores como de organizaciones sociales, que están proponiendo políticas para modificar la matriz productiva, alternativas construidas desde abajo que construyen otras territorialidades y son fundamentales para salir del extractivismo. Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimentaria, soberanía energética e hídrica como pilares fundamentales para pensar la independencia económica, política y culturales. Desde hace años que las organizaciones lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la Conaie (Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de México, el Movimiento Mundial contra al Represas de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). El futuro de la especie humana está en poder reapender, volver a sentirnos conectados con la vida, el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mundo, nos ha sumergido en un mundo de pantallas y de conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener alternativas, para tener otro futuro.

No hay capitalismo sin extractivismo

17/01/2021
Una vez más, el sector minero pone en evidencia su carácter depredatorio. Del mismo modo en que oportunamente batalló contra la Ley de Glaciares se opone ahora a la Ley de Humedales.

El Proyecto de Ley de Humedales pretende defender un ecosistema que abarca el 21,5% del territorio argentino se trata de un tipo particular de ecosistema que se encuentra entre los más productivos y diversos biológicamente, con una gran variedad de seres vivos. Los humedales son grandes acumuladores de agua y cumplen una función de esponja para amortiguar la posibilidad de grandes inundaciones. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

Fuente: GrupoLaProvincia

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

El Consejo Federal de Minería (Cofemin), el organismo integrado por las provincias y el Estado nacional, planteó que “no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales” y pidió abrir una discusión con participación de la industria minera y las actividades productivas que podrían verse afectadas.

Así lo consideró el organismo en un documento que lleva la firma de su presidente, el secretario de Energía de Chubut, Martín Cerdá, dirigido a los legisladores nacionales sobre el tratamiento de los proyectos de leyes de presupuestos mínimos para el uso racional y sostenible de humedales.

“Creemos que no es conveniente para el país la aprobación de una ley de presupuestos mínimos sobre humedales que dejaría más dudas que certezas respecto a su verdadera utilidad al ambiente y aplicación por parte de las provincias, y que a su vez contribuya a crear incertidumbres a las diferentes actividades productivas actualmente en desarrollo y con potencial de hacerlo en el futuro”, destaca uno de los párrafos del manifiesto.

En ese mismo sentido el Cofemin consideró que mediante la apertura de un diálogo amplio se está a tiempo de “evitar un proyecto de ley con sólo una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que, al ocuparse exclusivamente de lo natural, se podría cometer el error de perjudicar al hombre y sus necesidades”.

Luego de meses de debate y una docena de iniciativas presentadas, en diciembre se logró un dictamen unificado en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales sobre un proyecto de Ley de Humedales, y a pesar del pedido de distintas entidades ecologistas no llegó a ser parte del tratamiento en sesiones extraordinarias.

Si bien desde hace un década se presentaron distintos proyectos, la posibilidad de apurar un consenso sobre uno de ellos se dio este año tras los graves incendios ocurridos en el Delta del Paraná.

Algunos de los puntos propuestos están vinculados a la realización de un Inventario Nacional de Humedales, realizar clasificación de los mismos en tanto deban ser preservados o resulten aptos para usos múltiples, la aplicación de penalidades y la creación de un fondo nacional para su sustentación.

Al solicitar “un debate amplio sobre el ambiente y los humedales” el Cofemin pidió la “participación a la industria minera, así como a todas las otras actividades productivas que podrían verse afectadas” por un proyecto que debería apoyarse “en un estudio científico previo”.

Resulta increíble el reclamo cuando está más que demostrada la afectación de los territorios por desmontes, inundaciones y pérdida de biodiversidad pero, para el sector minero, se deberían demostrar previamente “los daños que se pretenden remediar, para así poder realmente avanzar en una ley que respete las autonomías y jurisdicciones provinciales, y fundamentalmente el principio constitucional de razonabilidad”.

“Es imperioso que se incorpore en su tratamiento conocimientos técnicos, legales, económicos y sociales”, se argumentó al pedir la participación de las comisiones asesoras de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, de Minería, de Turismo, de Conservación y Desarrollo Humano, de Cultura, de Obras Públicas, de Economías y Desarrollo Regional, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Presupuesto y Haciendo, entre otras.

Finalmente, se planteó que una ley de presupuestos mínimos de humedales “no sólo no se debe superponer con la Ley 25.675 (Ley General de Ambiente), sino que debe cumplir con el “principio de razonabilidad” (artículo 28º de la CN), y debe respetar la autonomía y jurisdicción de las provincias en la gestión de sus recursos naturales”. (Télam)

En territorios de humedales se llevan a cabo plantaciones de arroz y soja, se extrae litio, se desarrolla ganadería intensiva –que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansión de la soja-, se construyen countries. Intereses agrícolo-ganaderos, inmobiliarios, mineros y portuarios definen el lobby contra la Ley de Humedales que fue bloqueada en 2013 y 2016 y actualmente tiene dictamen favorable en Diputados.

¿Cuál es el interés que define la “razonabilidad” a la que apela Martín Cerdá en Chubut?

El Convenio Ramsar» es el primer tratado en el mundo relativo a la conservación y el uso racional de los humedales y a los lugares declarados de interés por esta convención «Sitios Ramsar». Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios que brindan a la humanidad, desde la provisión de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. Lamentablemente, a nivel mundial, la superficie y la calidad de los humedales siguen disminuyendo. En consecuencia, los servicios que estos ecosistemas proporcionan a las personas se encuentran en peligro.

En Península Valdés

En la Argentina, se han designado hasta la fecha 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas. En la provincia del Chubut se encuentra el Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés.

La designación de este único sitio, hasta el momento, no significa que no haya más humedales en la provincia, ni tampoco que los demás no sean de gran importancia, más allá de no contar con la declaración.

El Sitio Ramsar de la Península tiene la particularidad, y la importancia, de que diferentes especies de aves marinas y de playeras migratorias, hacen aquí su parada durante los desplazamientos anuales. Algunas especies como el Playero Rojizo, vuelan entre 25.000 y 35.000 km, desde la tundra ártica hasta Península Valdés y Tierra del Fuego, y de poder hacer estas paradas de alimentación depende su supervivencia. Para ser más claros: si destruyéramos estos humedales, varias especies podrían extinguirse.

El Sitio Ramsar Humedales de Península Valdés fue declarado el 7 de julio de 2012. Se divide en dos sub sitios: Golfo San José (playas Bengoa, Punta Conos, Fracasso, Larralde, Blancas, Iriarte, Isla de los Pájaros y Riacho San José) y Golfo Nuevo (playa Colombo).

El sector minero contra la Ley de Humedales

13/01/2021
Una propuesta legislativa que tiene como objetivo primordial dar una respuesta al avance de los incendios en el delta del Paraná, podría afectar a otras actividades productivas como la minería, que sí se desarrollan de modo sustentable en otras partes del país.
La ley para la protección de humedales se comenzó a analizar a mitad del año pasado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, y logró el dictamen favorable por 24 a 3 votos.

Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa tiene muchísimo sentido. Sobre todo ante las quemas de pastizales en grandes zonas forestales. Pero tal como está planteada, considera que el 20% del territorio nacional son humedales, por lo que sí o sí se van a cruzar con alguna actividad productiva.

El punto más complejo del proyecto es el que establece que ante la necesidad de un inventario de humedales, se prohíbe la realización de cualquier actividad mientras ese inventario no se realice.

Este año, el proyecto espera para ser tratado en las comisiones de Agricultura y Pesca y la de Presupuesto. Necesita el dictamen de todas para subir al recinto.

Según el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, su equipo ha mantenido conversaciones con legisladores de las comisiones de Minería tanto de Diputados como del Senado. Pero no está previsto que el proyecto pase por esas instancias.

Presupuestos ¿mínimos?

“Con la ley de Humedales no tiene que pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, afirmó Hensel en diálogo con Santa Cruz Produce. “Cuando hablamos de presupuestos mínimos, (como es esta ley) el Congreso de la Nación tiene que tener una visión integral del ambiente de todo el país».

“No debe pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, pidió el secretario de Minería Alberto Hensel

«Y digo esto porque lo que es un presupuesto mínimo para una región, para otra región es un presupuesto máximo. Si legislo mirando el Perito Moreno y asumo que eso es un presupuesto mínimo, probablemente cometa una injusticia con otras provincias”, puntualizó el funcionario.

El proyecto de ley de Humedales está focalizado en los incendios forestales que ocurrieron en zonas cercanas a Buenos Aires el año pasado. Se cree que la ley va a proteger ese tipo de circunstancia, pero desde el sector minero se busca advertir sobre los efectos secundarios que puede tener en otros sentidos.

“La pregunta que yo hago es qué tienen en común el delta del Paraná con las vegas andinas o los salares puneños. Son ecosistemas bien distintos, deberían ser separados del tratamiento, tampoco los humedales que tenemos en la Patagonia, tienen nada que ver».

La ley de Humedales se focaliza en los incendios forestales en la zona del Delta

«Si el problema son las quemas, hay una ley de control del fuego en la Argentina, si el problema es la especulación inmobiliaria, habrá que hacer lo que corresponda para combatir la especulación inmobiliaria, pero no me parece que el camino para eso sea una ley de humedales”, estimó Hensel.

Las provincias

El Consejo Federal Minero (COFEMIN) emitió un manifiesto en el que se pone a disposición de los legisladores para “contribuir a que una ley de este tipo, ordene, proteja el ambiente e incentive la producción nacional sin perjudicar a ningún sector”.

En el documento, señalan que “no es posible comparar los pastizales y humedales del litoral, con los mallines y turberas de la Patagonia, o con las vegas de altura de la Cordillera, o con el delta del Paraná, o con los salares de la Puna”.

Integrado por todas las provincias, el COFEMIN sostiene que las definiciones de ´humedal´ acordadas, por ejemplo, en el ámbito de Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), deben ser revisadas, discutidas, analizadas y consensuadas por todas las comisiones de trabajo técnico que conforman el Congreso Nacional, tomando en cuenta, principalmente, el concepto rector de la ley de Humedales que se quiere sancionar: que es que “debe ser de presupuestos mínimos”.

El Consejo apoya la definición de humedales del COHIFE, considerando que cumple, de un mejor modo, con el principio “presupuesto mínimo”. “Sin esa premisa, cualquier ley que se apruebe puede ser utilizada como una ley prohibitiva de actividades productivas relacionadas a la minería, agricultura, ganadería, forestación, y turismo, que ya se están desarrollando y que tienen potencial de crecimiento a futuro”, indica.

Por su parte, el especialista en litio José de Castro Alem, consultor internacional y actual director del posgrado de Ingeniería de Litio de la Universidad Austral, sostiene que la ley de Humedales tiene algunas consideraciones que podrían ser muy nocivas para la actividad, sobre todo del noroeste del país que es donde se concentra la producción de litio.

“El proyecto presentado presupone que los salares y las lagunas continentales que contienen salmuera son humedales desde el punto de vista de la definición”, aseguró a SCP el experto, quien fue parte activa de varios emprendimientos de litio en el país.

“Hay trabajos realizados sobre los salares altoandinos en donde son considerados humedales, sin lugar a dudas están a consideración, y son al mismo tiempo, la fuente primaria del material de producción de litio».

«La ley de Humedales está direccionada a la protección de todo tipo de humedales y ahí se incluyen por supuesto los que están cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la zona del delta».

«Allí existen negocios inmobiliarios que tal vez, no tienen la misma percepción que existe en el ámbito productivo sobre la realización de informes de impacto ambiental, o el manejo ambiental en general, y en esos casos es más entendible la ley”, estimó. Fuente: La Opinión Austral.

Advierten que la ley de humedales podría afectar la actividad productiva