19/02/2021
Reclaman que el Estado argentino reconozca el derecho a la propiedad, la consulta y la participación indígenas en relación a la megaminería. Por Agencia Tierra Viva

Organizaciones que luchan por los derechos de los pueblos indígenas presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación, por parte de la provincia de Chubut y del Estado argentino, de derechos de los pueblos originarios. La acción judicial fue informada por la Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa). Motiva el reclamo el intento por parte del gobernador Mariano Arcioni de aprobar de forma inconsulta el proyecto de ley provincial de zonificación minera, que afecta a las tierras que habitan las poblaciones mapuches de la meseta chubutense.

La denuncia se ha realizado a petición de las Comunidades Mapuche Tehuelches Los Pino, Mallin de los Cual, Chacay Oeste y Laguna Fría. “Exhortamos a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y los miembros de la Legislatura Provincial a cesar en su actitud violatoria de los derechos humanos, a fin de evitar ulteriores consecuencias graves tanto para el Pueblo Mapuche Tehuelche como para el Estado”, manifestó Endepa en un comunicado.

Un proyecto inconsulto

El hecho que motiva la presentación ante la CIDH es la pretensión gubernamental de modificar de forma inconsulta la ley provincial que protege a los territorios comunitarios indígenas, prohibiendo la actividad megaminera. De aprobarse esta reforma, “se expondría a las comunidades a convivir con explotaciones de megaminería a cielo abierto promovidas desde el Estado, privando de un ambiente sano y de seguridad y futuro al mantenimiento de la vida en común”, explica Endepa.

Además, sentaría un grave precedente respecto al desconocimiento del derecho a la propiedad y a la consulta y participación indígenas. Por eso, la presentación requiere que la Corte Interamericana solicite al Estado al Estado argentino que la Legislatura de la Provincia del Chubut suspenda el tratamiento del proyecto 128/2020 denominado “Desarrollo Industrial Minero Metalifero Sustentable de la Provincia del Chubut” hasta que se efectivice la consulta y participación con las comunidades indígenas involucradas y afectadas por el mismo. El 5 de febrero estaba previsto su tratamiento, pero una cautelar suspendió provisoriamente el trámite.

“Solicitamos además que se indique al Estado argentino que la consulta previa a los pueblos indígenas no consiste en una mera información o reuniones formales sino en un procedimiento tendiente a la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, afirma Endepa. En ese sentido, deben seguirse las indicaciones que para dichos procesos han elaborado los órganos competentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La urgencia del pedido se sustenta en que una acción posterior a la reforma de la ley tendría un tiempo de sustanciación que no impediría el asentamiento de emprendimientos económicos. “No queremos solicitar posteriormente al daño una indemnización, sino evitar que el perjuicio se produzca de modo irreparable, lo que ocurriría inevitablemente si la modificación legal que el Estado propone se realiza”, aseguran en la denuncia.

La Comunidad Mapuche Tehuelche Los Pino tiene una población de aproximadamente 50 personas que integran diez familias. Por su parte, la Comunidad Mapuche Tehuelche Mallin de Los Cual tiene alrededor de 40 personas integrando seis familias. La Comunidad Mapuche Tehuelche Chacay Oeste y Laguna Fría tiene aproximadamente 160 personas que integran 20 familias.

Derechos vulnerados

Según informó Endepa, el riesgo inmediato consiste en la afectación a las comunidades de los artículos 21 (derecho a la propiedad comunitaria indígena) y 23 (derecho de participación política) de la Convención Americana y de los artículos referidos al derecho a la protección del medio ambiente sano, derecho a la participación indígena y derecho al desarrollo de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además los resultados de la falta de consulta a las comunidades afectarán en el futuro su asociación cultural, su integridad familiar en nuestro entorno cultural y los derechos de que los niños sean criados en su cultura.

“Nuestras comunidades sufren una acción invisible y constante del Estado tendiente a su desaparición. La falta de todo tipo de ayuda económica y de créditos, así como la ausencia de todo plan de desarrollo de la región producen como resultado la migración de parte de nuestros jóvenes a las ciudades en busca de oportunidades económicas”, contextualiza Endepa en la denuncia elevada a la CIDH.

Además de las políticas orientadas a megaemprendimientos dañinos al ambiente y el desconocimiento de derechos básicos de propiedad comunitaria y consulta y participación, las comunidades viven “en una situación de vulnerabilidad que se agravaría notablemente” con la modificación legal cuya suspensión se solicita. “Reiteramos que ni siquiera tenemos titularizada la propiedad de nuestros territorios y que jamás en la historia política provincial han existido mecanismos participativos y de consulta a nuestras comunidades”, dice la presentación judicial.

Denuncian a Chubut ante la CIDH por el proyecto de zonificación minera

18/02/2021
La compañía Blue Sky, una firma canadiense perteneciente al Grosso Group del empresario minero Joseph Grosso, informó hoy que comenzó en febrero con las primeras perforaciones del plan de exploración en el proyecto de uranio Amarillo Grande, ubicado cerca de la localidad de Valcheta, en la provincia de Río Negro.
Se trata de un plan de perforación de circulación inversa de más de 4.500 metros en Amarillos Grandes, un proyecto principalmente de uranio, pero que cuenta también con vanadio, un metal que se utiliza para la producción de acero. La característica principal del proyecto es que el recurso de uranio está alojado cerca de la superficie.

Pandemia
El inicio de la exploración estaba previsto para 2020, pero la pandemia retrasó la actividad. En particular, los trabajos serán sobre las zonas conocidas como Ivana Central e Ivana Norte, donde -según estudios realizados por la compañía entre 2007 y 2012- se encuentra una alta calidad y cantidad de mineralización. Al mismo tiempo, Blue Sky está avanzando en obtener los permisos para comenzar a perforar en Ivana Este, otra zona del proyecto con gran potencialidad de recursos de uranio.
Nikolaos Cacos, presidente y director Ejecutivo de Blue Sky, señaló que «este programa es un paso importante en nuestra estrategia para identificar nuevos recursos de uranio en Ivana y en todo el proyecto«. «La perspectiva sólida y persistente para el uranio proporciona un entorno de apoyo para nuestro trabajo y esperamos un éxito continuo que generará valor adicional en Amarillo Grande«, agregó. La compañía también aumentará en los próximos meses los trabajos de ingeniería y pruebas de procesos para respaldar los estudios técnicos que se realizaron sobre el depósito.

Detalles del proyecto
Blue Sky tiene previsto perforar alrededor de 100 pozos en Amarrillo Grande, que en total tiene abarca una superficie de 270.000 hectáreas. Hasta el momento sólo perforó ocho pozos. En 2020 la compañía avanzó en los permisos y los estudios de estimación de recursos y la factibilidad económica. “La mineralización en el depósito Ivana, el más importante del proyecto, tiene características de uranio-vanadio de tipo arenisca y de tipo superficial”, señala el comunicado de la compañía.
Además, indicó que “el proyecto, que incluye otras áreas, es llana, semiárida y accesible durante todo el año, con acceso ferroviario, eléctrico y portuario cercano”. La compañía tiene previsto delinear recursos en múltiples áreas del proyecto y hacer avanzar lo antes posible al nivel de prefactibilidad.
El Grosso Group opera desde 1993 en la Argentina Chile y Paraguay. En el país, además de la filial Blue Sky, también cuenta con las firmas Golden Arrow Resources y Argentina Lithium Energy.
FUENTE: Ecojournal

Valcheta: Minera canadiense comenzó la exploración de una mina de uranio

16/02/2021

El gobierno argentino impulsa su Plan para el Desarrollo Minero pese al creciente y cada vez más profundo rechazo a la actividad en el país.

¿Vivimos acaso los 90´s recargados?

El Secretario de Minería de la Nación, Arberto Hensel, recibió a fines de enero al flamante embajador argentino en Japón, Guillermo Hunt, con quien acordó trabajar en una agenda que permita atraer inversiones en el sector minero así como fortalecer las políticas impulsadas por el Presidente Alberto Fernández.

Durante el encuentro, conversaron sobre las potencialidades del sector minero en nuestro país y avanzaron en una agenda de trabajo que permita ampliar las inversiones del país asiático en Argentina.

Hensel informó al diplomático acerca del avance de la Mesa Nacional que concluirá en abril con el Plan Estratégico de Desarrollo Minero para los próximos 30 años, de gran importancia para potenciar las inversiones extranjeras y fijar pautas claras del modelo minero nacional.

Como ya dijimos en Minería, inversión extranjera directa y desigualdad “Las principales responsables de las IED son las empresas transnacionales a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas y no de la inversión en la construcción de nuevo tejido productivo.”

El embajador Hunt se mostró muy interesado en transmitir información que genere oportunidades de negocios a inversores y empresas mineras japonesas que posibiliten ampliar las relaciones con ese país.

Japón es una potencia económica interesada en expandirse a nuevos proyectos y por sus avances tecnológicos el litio es uno de los insumos que proyecta para su industria automotriz a partir de la reconversión de los vehículos en máquinas de motores eléctricos que no utilizarán más combustibles fósiles.

Japón es también el país del desastre nuclear en Fukushima. Sus enormes avances tecnológicos no han logrado recomponer los impactos terribles de la explosión de los reactores de la central nuclear. Esta nota ilustra la vida de los pobladores del lugar 10 años después.

Los efectos del plan económico de los 90´s han sido devastadores para nuestro país ¿Alberto Fernández propone repetir la experiencia?

Argentina buscará inversores mineros japoneses

15/02/2021
El día 11 de febrero, las asociaciones técnicas profesionales de la industria minera daban a conocer un documento titulado “Informe Técnico del Desarrollo de la Industria Minera en Chubut”, cuyo único objeto sería arrojar luz sobre el desarrollo minero en la meseta chubutense. El informe fue rápidamente difundido por los medios de comunicación y las redes sociales. Al interiorizarnos de su contenido, entre otras objeciones, no podemos dejar de difundir que intentando lograr la licencia social se asegura irresponsablemente la garantía de sustentabilidad en una actividad masivamente rechazada en la provincia.
por noalamina

¿QUÉ PLANTEAN LAS ASOCIACIONES TÉCNICO PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD MINERA?
El “Informe Técnico del Desarrollo de la Industria Minera en Chubut” plantea como tema “La minería como fuerza de desarrollo sustentable” describiendo que: “Una industria minera sustentable y moderna como la que existe hoy en la Argentina, con empresas altamente capacitadas y conscientes de la responsabilidad social y ambientales es el resultado de muchas experiencias acumuladas desde los inicios de la minería y las lecciones pasadas aprendidas, que forjaron los cimientos de las actuales estándares”.

La herramienta técnica con la que la industria minera intenta asegurar la sustentabilidad es el programa Hacia una Minería Sustentable (HMS) que fue creado por la Asociación Minera de Canadá como Toward Sustanaible Mining (TSM) en el año 2004 al que adhirió la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en al año 2016. Si bien se expone como garantía de desarrollo sustentable de la actividad minera con estándares internacionales de calidad y control, no se ha completado el ciclo de ningún proyecto en el país que pueda mostrar los resultados de su implementación en Argentina.

La geógrafa Graciela Kekiskian, coordinadora del HMS, presentó el Programa HMS en Chubut en el año 2018 comunicando que los objetivos de la iniciativa de la adhesión de la CAEM se basaban en el compromiso de la industria en velar por el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente.

En el sitio oficial de CAEM se menciona que por la implementación del HMS, los socios se comprometen a trabajar en pos de: la inclusión de comunidades, el impulso de prácticas ambientales líderes a nivel mundial y el compromiso con la seguridad y salud de empleados y comunidades aledañas.

En su definición se presentó como un programa de transparencia, educación, comunicación y fortalecimiento de buenas prácticas mineras.

Los protocolos de evaluación los dividen en 4 categorías:

Personas y Comunidad: a) Seguridad y salud, b) Acercamiento comunitario, c) Planificación de gestión de crisis y comunicaciones.
Responsabilidad Ambiental: a) Gestión de la preservación de la biodiversidad, b) Administración de relaves (diques de colas).
Eficiencia Energética: Gestión del uso energético y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Nuevas Incorporaciones: a) Agua, b) Cierre de mina.
¿QUÉ OBSERVACIONES HACEMOS DESDE NOALAMINA.ORG?
En la experiencia del acercamiento a las comunidades de la meseta chubutense (año 2018), durante las charlas informativas organizadas por ASIJEMIN, hemos sido testigos de que se habló de la necesidad de la plata en la industria, de la generación de puestos de trabajo en la minería, de la garantía de sustentabilidad con el Programa HMS. Sin embargo, no se explicó sobre las características y el modo de explotación del Proyecto Navidad, ni de la minería de uranio en Cerro Solo, lo que resulta llamativo porque se trata de comunidades de habitan territorios de la zona de influencia de dichos proyectos mineros. Podemos afirmar que no cumplió éste encuentro con la transparencia, comunicación y educación que fomenta el HMS.
En la planificación de la gestión de comunicación no se tuvo en cuenta que la consulta libre e informada al mundo indígena debe ser previa a la intención de habilitar proyectos en sus territorios, tal como lo establece el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Consejo de Minería Ambiental de Canadá afirma que el Drenaje Ácido de Mina (DAM) y la consecuente liberación de metales pesados es el problema ambiental más importante de la minería, el que genera el mayor pasivo ambiental y es una “máquina de contaminación perpetua”. Los métodos científicos (estáticos y dinámicos) de predicción con que las empresas intentan encontrar la forma más eficiente para reducirlo, no dan conclusiones definitivas debido a la distancia entre las pruebas teóricas y la dinámica del DAM. Los informes geológicos de la región del Proyecto Navidad indican una alta concentración de sulfuros que son los que generan el drenaje ácido de mina. Podemos afirmar que nunca se habló, en las charlas informativas de promoción de la minería, sobre el DAM y sus consecuencias.
Únicamente con la implementación del Programa HMS no se puede asegurar la sustentabilidad. Un claro ejemplo de ello, es el colapso del dique de colas en la Columbia Británica (Canadá) después de 10 años de aplicación del programa en un país del primer mundo con tanta experiencia en minería. Más allá de que el programa contaba con protocolos de evaluación de la administración de relaves dentro de su responsabilidad ambiental, el 4 de agosto de 2014 en la Mina Mount Polley se produjo la rotura del dique de colas. Este hecho, originó el segundo derrame de desechos mineros más importante registrados con graves consecuencias económicas y ambientales. El accidente sucedió a primera hora de la mañana, cuando colapsó el dique de colas y un aluvión de más de 5.000.000 de metros cúbicos de lodos tóxicos inundó todo a su paso (algunas publicaciones hablan de 25 millones de metros cúbicos). Las autoridades cortaron el acceso al perímetro por motivos de seguridad y el suministro de agua potable a la población cercana a las localidades de Lago Quesnel, Lago Polley, Arroyo Hazeltine y Arroyo Cariboo.
Imperial Metals Corp., propietaria de la mina Mount Polley, afirmó desconocer los motivos de la ruptura y se vió obligada a suspender operaciones en una explotación que preveía producir durante ese año 47.000 onzas de oro, 44 millones de libras de cobre y 120.000 onzas de plata a partir de un concentrado polimetálico. De acuerdo con los datos preliminares del Inventario de Medio Ambiente del Consejo Canadiense de Emisiones Contaminantes, la mina Mount Polley generó un total de 406.122 kg. de arsénico, 177.041 kg. de plomo y 3.114 kg. de mercurio entre sus desechos tan sólo en 2013, metales pesados de alta toxicidad que fueron liberados al ambiente. El gran volumen de los relaves liberados hizo que el canal del Arroyo Hazeltine se expandiera de 2 m. a más de 25 m. de ancho y el nivel del agua del Lago Polley aumentara 1,7 m. El derrame también eliminó árboles en un corredor de 900 km2 a ambos lados del Arroyo Hazeltine. Los residentes locales y los funcionarios del gobierno han expresado serias preocupaciones con respecto a los posibles efectos a largo plazo sobre la biodiversidad regional, la seguridad del agua y los medios de vida de las comunidades de los pueblos originarios. El material particulado contenido en el dique de colas era el principal portador de contaminantes metálicos (arsénico, cobre, oro, manganeso, níquel, plomo, mercurio, vanadio), los relaves derramados pueden permanecer en los suelos y sedimentos regionales durante miles de años y servir como fuente secundaria de contaminación. El riesgo ambiental se ve agravado por la ubicación del derrame en una cuenca boscosa montañosa, afectada por inviernos severos con importantes deshielos primaverales que tienen el potencial de removilizar grandes cantidades del material contaminante.

Irresponsable garantía de sustentabilidad

Calle. Estos temas movilizan a la sociedad.
Héctor Zajac
13/02/2021
No es que la intención del gobierno de Chubut de desarrollar la minería en la meseta central concite conflicto social, este está instalado desde hace años. La cuarta provincia en exportaciones del país con recursos que harían la envidia de más de una nación y medio millón de habitantes tiene empleados que cobran “cuando hay”. Una pobreza atroz, que con la pandemia alcanzará cerca de la mitad de su población, desbarata el argumentario fisiócrata. Se produce 12 veces más energía que la consumida y hay localidades sin luz, o más cara que en las regiones que no producen. La causa es un misil al corazón pro minería. La lana se exporta sucia, el petróleo crudo, la pesca sin procesar, la madera en rollizos. Cuando no se genera valor agregado vía eslabonamientos, no hay redistribución de empleo y recursos en actividades afines, se habla de Enclave, rasgo de las explotaciones en Argentina que duran lo que el mineral.

Las mineras que juran evitarlo y cuyas prácticas varían según sean la casa o la visita tienen un récord de graves conflictos socioambientales en países en desarrollo; la interesada en la región confirma la regla. En un territorio con déficit hídrico de origen y desertificación agravada por un cambio climático que augura extremar la seca, el acuífero Sacanana, fuente del proyecto Navidad, megademandante de agua, es una reserva vital para una provincia en la que el 50% de la población depende de la cuenca del Chubut, que se promete intangible mientras la apertura incluye explotación de uranio próximo de su ribera y su lixiviación acerca metales pesados y radiactivos a la cuenca. Imposible no pensar en Veladero. Se dice que la separación del metal en dique de cola se haría por flotación sin cianuro, contrapeso escaso para sostener el oxímoron de “minería sustentable” que, más allá de Suecia –que abrió una discusión ética sobre la conveniencia que su fondo de pensión, que financia mineras en Latinoamérica, siguiera invirtiendo en “el desastre”–, con infinitas reservas hídricas y responsabilidad socioambiental escandinava, no suma acólitos.

Más aun en el contexto del compromiso global contra el aumento de emisiones y de experiencias conflictivas aun en países desarrollados como Australia. El relato pro minería nos dice que esta vez sí será sustentable, para ello no solo se abstrae de singularidades geográficas sino también de que el riesgo de que el material tóxico, liberado por la voladura de secciones de litósfera, cargado y depositado a distancia por condiciones únicas de viento, afecte pueblos y ecosistemas. Supone paquetes técnicos y un nivel de inversión de recursos extemporáneos a nuestra realidad. Opera sobre la representación abstracta y distorsiva de nuestra relación con el ambiente invisibilizando lo esencial: una minera no solo impacta in situ, alcanza escalas espaciales y temporales vastas, por eso es cuestionable hablar de “zonificación” como una cerca. Un riguroso informe interdisciplinar del Cenpat-Conicet realizado por científicos “baqueanos” en la problemática de la región sugiere el retiro del 128/20 que habilita minería.

El conflicto con el ambiente es primeramente social: una explotación en una cuenca, que no solo es el río sino el territorio que drena en él, moviliza relaciones de complementariedad y conflicto entre actores, sean o no conscientes del mismo, contiguos o lejanos vinculados a esta por sus intereses. Ganadores y perdedores. Dos asuntos para decidir viabilidad: los primeros habrán de superar a los últimos; tal criterio no basta si no se pondera la naturaleza del vínculo de los perdedores con la nuevas condiciones ambientales y se toman recaudos para evitar irreparables costos, algo que jamás ocurrió en el país. La mejor síntesis de lo dicho, una pancarta que rezaba: “No somos Greenpeace, somos la ballena”. La inducción arroja una verdad probabilística que se da por repetición de resultados frente a la misma acción, nos es vital para sobrevivir. Debería advertirlo un Presidente que priorizó la salud por encima de todo durante la pandemia y ahora se suma a una iniciativa que la expone.

*Profesor de la UBA. Magister en Problemáticas urbanas.
https://www.perfil.com/noticias/opinion/el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad-por-hector-zajac.phtml

08/02/2021
Ante amenazantes declaraciones de la degradada élite gobernante y comentarios que, por desconocimiento o malicia, tergiversan la información, detallamos a continuación las acciones judiciales desarrolladas por lxs vecinos de las asambleas chubutenses miembros de la UACCH.

USTEDES DUROS/CON NUESTRA GENTE/POR QUÉ CON OTROS/SON TAN SERVILES
CÓMO TRAICIONAN/EL PATRIMONIO/MIENTRAS EL GRINGO/NOS COBRA EL TRIPLE
CÓMO TRAICIONAN/USTÉ Y LOS OTROS/LOS ADULONES/Y LOS SENILES
MARIO BENEDETTI
POR ASAMBLEA NO A LA MINA

En el momento de hacerse público el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial, denominado “DESARROLLO INDUSTRIAL MINERO METALÍFERO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE CHUBUT” -que se conoce como “Proyecto de Zonificación”- observamos inicialmente un intento de desvalorizar el texto de la ex – Ley Nº 5001 ya que el proyecto pretende la aplicación del Art. 2 de la misma, el que se fijaba un plazo de 120 días para establecer excepciones al artículo 1, plazo archivencido.

Acto seguido, al realizar un análisis pormenorizado del proyecto descubrimos importantes irregularidades en la forma en la que el mismo se elaboró, se presentó y en sus fundamentos para habilitar la minería metalífera en Chubut.

Entendemos que hay elementos suficientes para considerar al Proyecto de Ley inconstitucional, ilegal, clandestino y basado en una falsedad ideológica y durante las asambleas de vecinxs creímos conveniente presentarnos ante el Poder Judicial para evitar que se apruebe. Realizamos entonces las siguientes presentaciones judiciales:

1 – Medida Autosatisfactiva – Ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral

El día 24 de noviembre de 2020, 5 vecinxs miembros de la UACCH presentaron una Medida Autosatisfactiva en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel a cargo de la Jueza Alicia Catalina Arbilla.

“Venimos a solicitar se dicte MEDIDA AUTOSATISFACTIVA como REQUERIMIENTO URGENTE contra la PROVINCIA DEL CHUBUT, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, con domicilios en Fontana No 50, y Mitre No 550, respectivamente, ambos en Rawson, con el objeto que declare la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley No 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo al Orden del día 24 de noviembre de 2020 de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, por flagrante inconstitucionalidad, y todo acto consecuente”.

El día 30/11/20, la Jueza Arbilla se declara incompetente para entender en las acciones presentadas y remite la medida al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut

Los primeros días de febrero, la abogada patrocinante Silvia de los Santos, solicita un PRONTO DESPACHO al Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante la convocatoria a una Sesión Extraordinaria de la Legislatura para tratar dicho proyecto el 5 de febrero. El STJ con fecha 3/2/2021 resuelve declararse incompetente y devolver los autos al juzgado de origen; por lo tanto, la presentación vuelve a Esquel y a la Jueza Arbilla.

El día 4/2/2021, la Jueza Arbilla DECRETA DE OFICIO COMO MEDIDA CAUTELAR la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de zonificación hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo de la medida autosatisfactiva.

Al momento de elaborar este resumen, 8 de febrero, la Fiscalía de Estado apela ante la Cámara de Apelaciones lo resuelto por la Jueza Arbilla.

2 – Denuncia por falsedad ideológica en el proyecto de Ley Nº 128/20 – Ante el Ministerio Público Fiscal

La denuncia por falsedad ideológica contra el Gobernador y los Ministros la realizan inicialmente 3 vecinxs de la UACCH ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel el día 30 de noviembre de 2020. Casi simultáneamente, una presentación similar es realizada por vecinxs de la Asamblea de Rawson ante el Procurador General y vecinxs de la Asamblea de Epuyén ante la Justicia Federal.

Estas presentaciones surgen de las declaraciones del investigador del Conicet Guillermo Velázquez (Director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET), que toman estado público, en las que explica cómo su investigación fuera manipulada y utilizada como fundamento del proyecto de zonificación ya que entre los fundamentos del proyecto de zonificación se utiliza un mapa de Índice de Calidad de Vida (ICV) resultado de la investigación de Velázquez y su equipo, y se justifica la megaminería en los Departamentos de Gastre y Telsen para mejorar dichos índices tergiversando los informes que sustentan el mapa que afirman que la Minería tiene impactos negativos sobre las comunidades en las cuales se realiza. En su réplica Velázquez explica:

“IGEHCS – INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
REPLICA AL DOCUMENTO “DESARROLLO MINERO Y EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV)”
En relación a la circulación en redes sociales en la Provincia de Chubut de un documento titulado: “Desarrollo Minero y el Índice de Calidad de Vida (ICV)” se comunica que:
“el informe que está circulando en las redes sociales con el logo de CONICET es falso y que ha sido modificado capciosamente a favor del desarrollo minero en dicha Provincia”.
Como Director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaro que el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos. La información del repositorio de CONICET ha sido manipulada y mezclada con mapas mineros.
La malversación de documentos públicos relacionados con investigaciones llevadas a cabo por personal de CONICET con la finalidad de tergiversar la opinión pública representa un hecho de extrema gravedad.
Guillermo A. Velázquez Director IGEHCS

El día 18 de diciembre se hace una ampliación de la denuncia teniendo en cuenta información y declaraciones de dos diputadas que expresan sospecha de probable delito de corrupción de los legisladores en función de acompañar el proyecto de zonificación.

El Procurador General Jorge Miquelarena, le pide el proyecto al Presidente de la Legislatura del Chubut, Ricardo Sastre, y le consulta si en el Proyecto de Zonificación se incluye el informe de Velázquez con el mapa tergiversado del Índice de Calidad de Vida y minería. Sastre le dice que NO. El Procurador entonces coordina una entrevista con Guillermo Velázquez para el 22 de diciembre.

Luego de estas gestiones, Miquelarena deriva la denuncia al Ministerio Público Fiscal de Rawson y se hace cargo de la misma el Fiscal General de Rawson Osvaldo Heiber quien entrevista a Velázquez.

Las afirmaciones del Investigador coinciden con lo denunciado por las asambleas y pese a ello, el 12 de enero de 2021 el Fiscal Heiber archiva la denuncia sin investigar nada más.

Las asambleas hacen un reclamo mediante un pedido de desarchivo a la Jueza Penal de Rawson Mirta del Valle Moreno quien fija fecha de audiencia para el día 5 de febrero de 2021.

Ante la presentación de la abogada Silvia de los Santos, la Jueza Moreno en la audiencia resuelve que el archivo de la denuncia por parte del Fiscal Heiber fue prematuro. Por lo tanto, no habiendo coincidencia entre el criterio del Fiscal y la Jueza, quien deberá determinar si se archiva la denuncia o continúa la investigación es el Procurador General Jorge Miquelarena.

3 – Denuncia por falsedad ideológica al gobernador Mariano Arcioni – Ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Esquel

El día 30 de noviembre, se presenta una persona que integra la UACCH al Juzgado Federal de Esquel para realizar la siguiente denuncia contra el gobernador:

“Falsedad Ideológica en la conducta dolosa del gobernador Mariano Arcioni, por violación de la propuesta electoral obteniendo los votos y actuando en el ejercicio de sus funciones de otra manera, en relación a la megaminería y los recursos naturales”

El día 15/12/2020, la persona denunciante recibe una notificación en la cual el Juzgado Federal de Primera Instancia se declara incompetente y remite la denuncia al Juzgado Federal Nº 1 de Rawson, Secretaría Electoral de Chubut.

Las asambleas miembros de la UACCH consideran que los poderes del Estado deben estar al servicio del pueblo. Basta de servilismo a las empresas depredadoras.

Los Poderes del Estado deben estar al servicio del Pueblo

En diciembre la Legislatura provincial no llegó a debatirlo en sesiones ordinarias y ahora el Ejecutivo provincial vuelve a la carga. Sólo el proyecto de plata Navidad movilizaría inversiones por u$s 1250 millones en los próximos 20 años.
Carlos Boyadjian
02/02/2021
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, convocó a la Legislatura provincial a sesionar en período de extraordinarias el viernes 4 de febrero, con el fin de avanzar en varios proyectos de ley, entre los que se destaca la iniciativa de zonificación minera, que desde fines del año pasado, cuando el gobierno provincial anunció que avanzaría en esa línea, generó fuertes reacciones de los movimientos ambientalistas.

Según el decreto N°50, firmado por el mandatario provincial, la convocatoria es para el viernes a las 8 y el orden del día incluye el tratamiento de cinco proyectos, el primero de los cuales (Proyecto de Ley 128/20) es el de Desarrollo Productivo en la Meseta de Chubut, que incluye la zonificación minera.

Desde 2003, cuando tuvieron lugar nutridas manifestaciones en oposición a la minería metalífera a cielo abierto en Esquel, la minería está virtualmente vedada en todo el territorio provincial.

En rigor, en ese momento se sancionó la ley provincial 5001, que puso en compás de espera toda iniciativa minera. De hecho, no prohíbe la minería en la provincia, sino que establece en su artículo segundo que hay que zonificar la provincia y evaluar dónde sí es posible hacerlo en condiciones de seguridad para población.

El objetivo de Arcioni ahora es definir las zonas en la provincia en la que se puede desarrollar la minería, sin riesgos para la población, en especial en la Meseta, donde las posibilidades de desarrollo económico son escasas.

Sin embargo, hay varios proyectos de minería en danza (algunos en etapa de prefactibilidad y factibilidad avanzados).

El gobierno de Chubut busca atraer esas millonarias inversiones y generar empleo en la zona, en las localidades de Gastre y Tensen, en especial para los jóvenes, que se van de los pueblos buscando mejores horizontes. La iniciativa contaría con apoyo de la población local, aunque también hay sectores que se oponen.

Algunos de estos proyectos son yacimientos de plata, que a diferencia de la explotación de oro, no utilizan cianuro ni hacen explotación a cielo abierto. Justamente ésta es la principal demanda de quienes se oponen a la minería en la provincia.

Desde que se conoció la iniciativa oficial de zonificación minera los grupos ambientalistas reactivaron sus protestas, y en diciembre lograron cierta influencia en los legisladores, que finalmente no llegaron a tratar el proyecto en sesiones ordinarias.

Uno de los proyectos más promisorios es Navidad, localizado en el centro de la meseta chubutense y proyecta una inversión de u$s 1250 millones en toda la vida útil del proyecto, que supone dos años de construcción de la mina y unos 18 años de vida operativa.

Fuentes del sector minero estiman que en caso de aprobarse la zonificación, sólo Navidad, el proyecto más avanzado a nivel de estudios de factibilidad, exportaría unos u$s 350 millones anuales, un 12% de las exportaciones mineras totales del país y generaría unos 850 puestos de trabajo directos y 2000 empleos indirectos.
https://www.cronista.com/economia-politica/arcioni-enfrenta-a-ambientalistas-y-convoca-a-extraordinarias-para-tratar-la-zonificacion-minera/

02/02/2021
Ubicado en la Puna jujeña, sus escuelas, el hospital y hasta el registro civil pertenecen a Glencore, la dueña de la mina de plata, zinc y plomo cuyo cierre anunció para dentro de un año.

Por Gabriela Tijman para Motor económico
En enero de 2022 habrán terminado las operaciones de la Mina Aguilar. En 2023 la empresa se irá definitivamente y El Aguilar será, después de casi un siglo, solamente un pueblo más de la Puna jujeña. Para entonces, se habrá cerrado el ciclo de cuatro generaciones de mineros que pasaron por los socavones del yacimiento, la mayoría de ellos oriundos de las ciudades de Abra Pampa, La Quiaca y Humahuaca.

El 16 de noviembre pasado la Compañía Minera Aguilar comunicó “con tristeza” el cese de las operaciones productivas en la Puna jujeña. La razón: el agotamiento de los recursos minerales.

La localidad El Aguilar nació con la mina. Ubicada al norte del departamento Humahuaca, en el límite entre la Puna y la Quebrada, hoy tiene categoría de municipio, con un Concejo Deliberante de seis ediles, tres instituciones educativas y profesionales, un hospital, un registro civil, un mercado de abastecimiento y dependencias policiales.

Para acceder al pueblo hay que traspasar una casilla de seguridad y una barrera de la compañía. Las casas, los caminos, el hospital, la escuela, incluso la cancha de fútbol de césped sintético inaugurada en enero de 2018, todo es de la empresa.

Allí viven hoy cerca de 4000 personas. El cierre de la mina implica la pérdida de 630 puestos de trabajo directo, que es el 90% de la mano de obra local, según precisó el intendente de El Aguilar, Sergio Alejo. El impacto negativo se sentirá también en las localidades cercanas.

“Si se muere El Aguilar, no se muere solo. Se mueren muchos otros pueblos”, dijo Santos Cayo, obrero de la mina con 24 años de antigüedad. Es que en los alrededores hay varios parajes, como Casa Grande, Vizcarra, La Poma y El Portillo, cuyos pobladores hacen sus compras y sus trámites en El Aguilar.

El intendente Alejo se muestra más optimista. Afirma y repite que “el pueblo continúa, el pueblo no se va”. En diálogo con Tiempo, contó: “El pueblo está muy triste. Nos cayó de sorpresa la noticia, y eso es lo que más nos dolió a todos. La gente no estaba preparada para esto”.

Al anunciar el cierre de la mina, la compañía –que pertenece a la multinacional Glencore–, propuso un programa de retiro voluntario para los 630 obreros que calificó de “beneficioso”. Después de varias reuniones entre el sindicato, la empresa y el gobierno provincial, finalmente el 12 de enero se firmó un acuerdo.

“Tal como lo dijimos, resguardamos los intereses del pueblo de El Aguilar y se ha logrado la doble indemnización para los trabajadores que queden desvinculados de la empresa”, señaló el gobernador Gerardo Morales, que encabezó la última reunión. En rigor, la doble indemnización les corresponde por derecho, pues está vigente el decreto presidencial 961/2020 que así lo dispone.

El intendente Alejo aseguró: “Vamos a buscar todas las alternativas para que el pueblo siga funcionando”. Con este fin es que ya en diciembre se presentó una serie de propuestas productivas cuya viabilidad financiera analizará la gobernación desde febrero. Algunos de esos proyectos implican oportunidades de inversión para los trabajadores que cobren el retiro o la indemnización, “para que la plata les rinda más”, describió Alejo.

El yacimiento de plata, plomo y zinc fue concesionado por primera vez en 1929, y cuatro años después la Compañía Minera Aguilar comenzó a extraer el mineral. Tras haber pasado por varias manos, en 2005 el grupo suizo Glencore compró las acciones de la empresa que tenía el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, y se hizo con el control de la compañía. En ese momento, anunciaron un plan de exploraciones “para prolongar la explotación hasta 30 años adicionales”. Pasaron solo quince.

El mismo día del anuncio del cierre, la delegación Aguilar de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) advirtió que “no era cierto” que no hubiera más mineral para extraer. Su secretario general, Carlos Trejo, repitió en cada reunión el pedido de que se haga una auditoría externa al respecto. Su reclamo quedó plasmado en el acta acuerdo, así como también la respuesta negativa tanto de la empresa como del gobierno provincial.

“El cierre es una atrocidad”, dijo Trejo, y denunció que “la empresa hizo que no le cierren los números”. A pesar de no haber logrado mantener las fuentes de trabajo, Trejo consideró como “un triunfo” la cuestión de la doble indemnización, que implica montos muy superiores a los retiros voluntarios que había ofrecido la empresa al anunciar el cierre y que se suspendieron a mediados de diciembre, cuando empezaron las negociaciones.

La pregunta que queda flotando es si existe la posibilidad de que otra compañía aterrice en El Aguilar para hacerse cargo de la mina. El intendente Alejo cree que sí, que es posible: “No ahora, pero en un futuro cercano seguramente van a vender y vendrá otra empresa a explotar la mina. Pero primero esta empresa tiene que realizar todo el saneamiento y el cierre. Estaremos atentos”. «

Un acuerdo con patas demasiado cortas

Desde que comenzaron las negociaciones, los mineros realizaron varias marchas hasta la capital provincial. El martes 12, mientras se desarrollaba la última reunión, estuvieron en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, expectantes, con sus overoles naranja.

Los puntos centrales del acuerdo establecen que el proceso de cierre va a llevar un año, que la empresa se compromete por dos años a sostener el pueblo, mantener los caminos, no promover ningún desalojo y mantener los servicios de energía, cloacas, recolección de residuos y provisión de agua potable. Sobre el destino de las 700 viviendas, se acordó constituir una mesa de trabajo. Las tareas de remediación ambiental llevarán cinco años.

Además, van a seguir sosteniendo el hospital por seis meses, y habrá un período de transición con corresponsabilidad entre el gobierno de la provincia y la empresa. En el acta quedó aclarado que “nunca podrá bajar el nivel de prestación” y que se atenderá tanto a quienes tengan obra social como a quienes no.

Morales se comprometió a gestionar con Nación el cobro del seguro de desempleo y la jubilación para los mineros que no cumplan el requisito de edad. El gobernador, además, agradeció en las redes sociales “el compromiso del gobierno nacional por el futuro del pueblo de Mina El Aguilar”, luego de haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Wado de Pedro, los primeros días de diciembre. Ni desde el gobierno provincial ni desde la cartera nacional brindaron precisiones sobre cuál sería el papel de Nación en este tema.
Fuente: Telam

El Aguilar: cómo se construye un nuevo pueblo fantasma