Tras varios días de bloqueo informativo contra el avance ilegal de la minera canadiense Yamana Gold, este martes los asambleístas de El Algarrobo fueron agredidos con la complicidad de la Policía.

Valeria Foglia@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente
30/03/2021
Desde el 22 de marzo integrantes de la Asamblea El Algarrobo sostienen un bloqueo selectivo e informativo en los caminos de Choya y El Potrero. Allí impiden el paso de proveedores, trabajadores y directivos de la Minera Agua Rica, y a quienes circulan se les entrega un folleto en el que denuncian el avance de la empresa canadiense contra la ley de glaciares y las sierras nevadas del Aconquija. Uno de estos vehículos era conducido por alguien que luego se identificó como “proveedor de Minera Agua Rica” y que aceleró y embistió a quienes sostienen la asamblea permanente.

No era un desconocido para vecinos y vecinas, que participan del bloqueo junto a sus hijos pequeños. El vehículo ya había circulado a toda velocidad, con insultos y daños a los carteles que dicen «El nevado no se toca», «Andalgalá de pie» y «El proyecto Agua Rica es ilegal».

Tampoco había sido el primer “movimiento extraño” durante el día: vecinos de El Potrero les informaron que una camioneta repleta de insumos estaba apostada a 300 metros del camping municipal a la espera de trabajadores de la mina, que llegarían en vehículos particulares. Ese trayecto fue prohibido por el Ministerio de Minería en 2009.

En franca provocación a los vecinos, el sujeto mostró con orgullo su camisa con el logo de Yamana Gold y aseguró que “necesitaba dejar dinero en el proyecto avícola que es subvencionado por la empresa minera”.

Aunque los vecinos intentaron explicarle los motivos de su protesta e incluso le recordaron que el tránsito por ese camino está prohibido desde 2009, el proveedor les dijo que estaba apurado, por lo que pasaría de todas maneras, aun si tuviese que arrollarlos. «Puso primera, acelera a toda velocidad rompiendo el cono de seguridad que indicaba que la velocidad debía ser reducida, y salió raudamente embistiendo al grupo, en especial a dos compañerxs, arrastrando a uno de ellos 30 metros y dejando muy golpeada a la otra compañera. El compañero pasó por encima del capot, y como consecuencia de esta acción se rompe el parabrisas», relatan en Facebook..

Foto: Asamblea El Algarrobo

No contento con esto, según el relato de El Algarrobo el sujeto bajó del auto e intentó golpear al vecino que acababa de arrollar. Otro integrante de la asamblea debió frenarlo. Los policías que circulaban en patrullero en las inmediaciones pidieron refuerzos en lugar de asistir a los heridos o llamar a una ambulancia. Acusaron a El Algarrobo de infringir el derecho al libre tránsito e intentaron recabar los datos de los que protestaban.

De esta manera, a la embestida del proveedor se sumaron los aprietes policiales: un efectivo amenazó con detener a uno de los activistas para averiguar sus datos por no haber nacido en Andalgalá, mientras que a otros los amedrentó al decirles que sabe quiénes son y dónde viven. Los vecinos ya radicaron la denuncia.

La impunidad policial y el envalentonamiento de este proveedor se enmarcan en el rechazo que hiciera el juez Cecenarro al hábeas corpus preventivo en resguardo de la integridad física de los asistentes al bloqueo. Dicho fallo fue apelado por el equipo legal de El Algarrobo, por lo que la presentación se encuentra vigente hasta que se pronuncie la Cámara Penal de Apelaciones.

“No existe ni existirá paz social mientras estas empresas mineras continúen violando nuestros derechos humanos y ambientales, sin respetar la autodeterminación del pueblo de Andalgalá, que hace más de veinte años les exige que se vayan de nuestros territorios”, expresan, y hacen responsables a las autoridades por los actos de violencia.

“Estamos firmes y con la convicción de que defendemos el agua de todas las personas de Andalgalá, incluso de quienes atentan contra nuestra integridad. No tienen licencia social. Fuera Agua Rica de nuestro territorio”, concluyen.
https://www.laizquierdadiario.com/Amenazas-policiales-y-atropello-de-proveedor-minero-a-vecinos-de-Andalgala-en-lucha

29/03/2021
Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas escribe a propósito del proyecto de zonificación en Chubut y de la calificación de “ambientalismo bobo” a quienes denuncian este tipo de minería.
La megaminería a cielo abierto siempre implica un impacto tan alto que debe ser calificada como una amputación ecológica. Es una pérdida irreparable. Y por esa razón, siempre es un negocio ruinoso.
Fuente: Tierra Viva
En el intenso debate argentino ante grandes emprendimientos extractivistas es muy frecuente escuchar defensas que usan dos tipos de argumentos. Por un lado, sostienen que la megaminería no produce impactos ambientales, o que si los hubieran, pueden ser controlados y manejados. Por otro lado, afirman que como serían negocios magníficos, vale la pena correr riesgos ecológicos porque de ese modo se aseguraría dinero y empleo.

Estos razonamientos recrudecieron con los intentos de relanzar la minería en Chubut. Aparecieron en medios de prensa, lanzadas por políticos y repetidos por periodistas, llegando al extremo de calificar como “ambientalismo bobo” a quienes denuncian ese tipo de minería. El mensaje era que sólo los bobos no aprovecharían el supuesto negocio minero, y únicamente los bobos no entienden que no habrían impactos ambientales.

Esas posiciones están profundamente equivocadas. En realidad, la situación es contraria: la megaminería a cielo abierto siempre implica un impacto tan alto que debe ser calificada como una amputación ecológica. Es una pérdida irreparable. Y por esa razón, siempre es un negocio ruinoso.

El concepto de amputación ecológica

La megaminería a cielo abierto no se caracteriza por impactos ambientales acotados y reversibles. Por el contrario, su efecto primario es tan extremo y radical que equivale a una pérdida total del patrimonio ambiental. La evidencia está frente a los ojos de cualquiera: son enormes canteras y cráteres donde se remueven millones de toneladas de suelos y rocas.

La ‘amputación ecológica’ es un concepto que se define como una remoción física de un ecosistema, que destruye no sólo el entramado biológico, como las especies vivas, sino también su base material. Expresa los casos de mayor impacto ambiental a la vez que son los de más alta irreversibilidad.

Esta es una situación muy distinta a la que ocurre con el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Por ejemplo, en la agricultura si se manejan adecuadamente los suelos se pueden lograr cosechas cada año. Pero cuando se remueve todo el subsuelo en un sitio, como lo hace la megaminería a cielo abierto, ya no hay marcha atrás posible. En este tipo de explotación el daño se vuelve casi irreversible. Eso explica que amputación sea el término más adecuado porque ocurre un corte o remoción, y sus cicatrices son las enormes canteras a cielo abierto (1).

Existen múltiples ejemplos en América del Sur. Entre las mayores amputaciones están el enclave de hierro y bauxita de Carajás en Brasil, carbón en Cerrejón en Colombia, cobre en Chuquicamata y Escondida, o en Perú las minas de cobre y zinc de Antamina y de oro en Yanacocha. En Argentina hay varios ejemplos, como puede ser la explotación de oro y plata de Veladero en San Juan.

En todas ellas el volumen de materia removido es enorme. Por ejemplo, en la chilena Escondida se extraen 330 millones de toneladas por año y en Yanacocha son 180 millones de toneladas. Las canteras también son de grandes dimensiones, que pueden superar un kilómetro en algunos de sus ejes, y profundidades que pueden acercarse a los mil metros.

Impactos ambientales primarios y secundarios

En los abordajes convencionales sobre los impactos ambientales de la megaminería a cielo abierto, la lista de posibles efectos es muy larga. Incluyen, por ejemplo, la remoción física de las rocas, el uso de explosivos, afectaciones del régimen hidrológico tanto en la superficie como en las aguas subterráneas, emisiones de polvo, la posible liberación de metales pesados, drenaje de agua ácida, los riesgos con tóxicos como cianuro o mercurio, y así sucesivamente. También están los impactos por la acumulaciones de roca que no es utilizada (las llamadas escombreras) o por las represas de relaves, donde hay agua y lodo repleto de tóxicos como cadmio, plomo o arsénico. Al mismo tiempo, la infraestructura asociada a los enclaves también tiene consecuencias, como pueden ser represas para captar agua o las carreteras o ferrovías de acceso.

Resulta que la lista de efectos a evaluar es enorme. Se deben considerar las consecuencias en cada uno de ellos, si esos impactos pueden ser evitados, y cuando ello no es posible, estimar si son remediables o amortiguables. En la actualidad, la evidencia científica sobre la gravedad de esos impactos es abrumadora. Se los encuentra en miles de documentos y libros, preparados desde múltiples disciplinas. Eso es innegable, y hasta los propios empresarios mineros lo aceptan, y es por ello que tienen montada toda una industria de programas de remediación ambiental.

Por lo tanto, los académicos, periodistas, políticos o empresarios que afirman que la megaminería no tiene impactos ambientales están radicalmente equivocados. Algunos lo creerán sinceramente, ignorando toda esa evidencia; otros simplemente están alimentando una retórica en defensa de esos extractivismos.

Pero a la vez, esa lista de impactos se refiere a los efectos secundarios. Todos ellos derivan de una acción primaria que es la remoción de los minerales, o sea de la puesta en marcha de la amputación ecológica. Esta, en sí misma, tiene un impacto ambiental negativo que es drástico, de gran escala e irreversible. El ambiente original desaparece y en su lugar se crean, de un lado cráteres, y del otro, enormes cerros con las rocas removidas. Es un impacto radical y previo a cualquiera de los listados arriba. Al aceptar la amputación, lo que ocurre es que se comienzan a debatir los efectos ambientales derivados del acto de amputar el ambiente, tales como el uso de ciertos tóxicos o la liberación de polvo.

Eso explica que sostener que la megaminería a cielo abierto no encierra impactos ambientales es doblemente equivocado: se desconoce el impacto primario de la amputación ecológica y se menosprecian todos los efectos secundarios. También revela que centrar el debate sobre los efectos secundarios de alguna manera refuerza la trampa de ocultar la radicalidad de la amputación ecológica.

Navidad es una amputación ecológica

El proyecto minero Navidad, en Chubut, sin duda corresponde a una amputación ecológica. Implica una remoción de materia apabullante, que totalizará más de 500 millones de toneladas a lo largo de 17 años de operación. Cuando esté trabajando a todo ritmo, se extraerán 40 millones de toneladas por año, según la estimación de la propia empresa (2). Son más de 100 mil toneladas por día. Las canteras a cielo abierto estarán desplegadas a lo largo de más de 6 kilómetros. El paisaje original será reemplazado por los cráteres, que por ejemplo, en la proyectada cantera de Valle de Esperanza tendrá un eje mayor en el orden de un kilómetro, y sobre cada una se ubicarán cerros con las rocas desechadas.

El propósito es obtener plata, y en eso insisten los defensores y la publicidad; otros minerales asociados son cobre, plomo y zinc. El depósito es celebrado como uno de los más grandes del mundo y la empresa le dice a sus potenciales inversores que si toda sale bien obtendrá un total 275 millones de onzas de plata, o sea casi 7. 800 toneladas.

Al contrario de la publicidad, todo ese emprendimiento es una celebración de la ineficiencia. Es que la proporción de la plata en las vetas más destacas es de 150 a 163 gramos por tonelada. Aquí no hay un error: se deben extraer toda una tonelada de rocas para tener un poco más de 100 gramos de plata. El remanente, que es casi una tonelada, pasa a convertirse en roca o relaves sin valor. Para hacer todo más endeble, no toda la plata en esas rocas se puede separar. La propia empresa estima que se arrojarán 418 millones de toneladas de material no mineral o sin valor comercial.

Eso explica que las canteras a cielo abierto terminan siendo enormes, porque se deberán remover 500 millones de toneladas para separar unos pocos miles de toneladas de mineral valioso. Ese mismo explica que los cerros de escombreras también serán enormes. El resultado en Navidad serán cinco grandes cráteres, con casi toda la roca removida colocada a su lado. Eso es una amputación ecológica. No es posible retornar al ambiente original porque desaparecerá todo el entramado del suelo y el subsuelo. Es como si actuaran enormes sacabocados.

Asimismo, esto permite dejar en evidencia que tampoco existe un negocio donde todos ganan. La racionalidad económica del emprendimiento está en el valor de mercado de esos gramos de plata pero a la vez en no asignar un valor económico al resto de rocas y minerales extraídos. Deben ser considerados como desechos sin utilidad económica para que los análisis de costos y beneficios empresariales puedan terminar en una rentabilidad aceptable. Sin embargo, esos escombros, así como los cráteres tienen consecuencias económicas, como pueden ser el costo económico de contaminar suelos y aguas, y como eso existe en la realidad terminarán siendo asumidos por las familias locales, los municipios o la provincia. Si se asigna un valor económico a todo ese desperdicio, el costo económico de ese desecho es tan alto que derrumba la rentabilidad.

Una metáfora real

A pesar de todas estas precisiones, siguen siendo muchos los que consideran que el proyecto minero Navidad u otros deben ser llevados adelante por la expectativa de ganancia, e incluso hay quienes comparten esas ideas dentro de las comunidades locales.

Ante eso es posible retomar el concepto de amputación ecológica compartiendo una metáfora para explicarlo de otro modo. Si consideramos al país como un organismo, puede decirse que los promotores de la megaminería a cielo abierto plantean amputar un dedo en una mano de ese cuerpo nacional. Lo justifican diciendo, por un lado, que venderán esas falanges a cambio de un buen dinero que será utilizado por el resto del organismo nacional, y por el otro lado, proclaman que podrán manejar los impactos de esa pérdida. Pero en realidad se perderá el dedo, y esas evaluaciones de impacto ambiental lo que apenas podrían discutir es si se salpicará mucha o poca sangre, o si el vendaje será de uno u otro tipo (abordan los impactos secundarios pero aceptan el impacto primario). El razonamiento económico agrega que el dinero percibido por vender el dedo será tan pero tan jugoso, que el cuerpo nacional se podrá comprar una prótesis artificial, que dejaría la mano todavía en mejor situación. ¿O no es esto lo que prometen los planes de rehabilitación de minas clausuradas? ¿O no es ese el negocio que proclaman empresarios y políticos?

Eso apunta a evitar la discusión sobre el impacto ambiental primario que es la amputación de materia, para enfocarse en medidas de control y monitoreo de efectos secundarios, como la liberación de polvo o el manejo de las represas de relave. Esto, a su vez, permite emplear todo tipo de excusas, tales como sostener que un impacto ambiental, como la contaminación de un curso de agua, constituye un “accidente”, pero no una consecuencia inescapable a la propia esencia de esa minería. Entonces tampoco se discuten las amputaciones sino los accidentes.

Todo esto deja en claro que cualquier abordaje serio e independiente de intereses económicos particulares concluye que la megaminería a cielo abierto es insostenible. Deben abandonarse los eufemismos y comprenderse que estamos ante una amputación ecológica. La información sobre estas condiciones es esencial para que no se anestesie a la ciudadanía para insistir con nuevas amputaciones ecológicas.

Notas

1. El concepto de “amputación ecológica” se explica en más detalle en ‘Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza”, por E. Gudynas. Más informaciones en www.extractivismo.com

2. Navida Project, Chubut Province, Argentina: Preliminary Assessment, PanAmerican Silver Corp, disponible en: https://www.panamericansilver.com/assets/Operations-documents/2e445fea82/Navidad-Technical-Report.pdf

*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Sus últimos libros incluyen un texto sobre la teoría de los extractivismos, otro sobre las relaciones entre corrupción y extractivismos, y el más reciente, sobre derechos humanos y violencia en ese tipo de actividades. En las redes se lo puede seguir en twitter: @EGudynas

La megaminería es una amputación ecológica

27/03/2021
Meseta: crece el rechazo a la megaminería | “Somos muchos los que estamos en contra”, Arza desde Telsen
Fuente: Radio Escuela Namunkurá 89.7
Cada vez más vecinos y vecinas de la meseta se suman a las asambleas en defensa del agua para pensar y estudiar el tema megaminería en Chubut. “Somos muchos vecinos que estamos en contra de la minería; muchos no se animan a manifestarse, pero de a poquito se van sumando a la asamblea”, contó Silvio Arza desde Telsen, en entrevista con La Namunkurá.

La familia Arza es una tradicional familia trabajadora del campo en la meseta. “Acá la ganadería se está muriendo. Es responsabilidad de los políticos: nunca la atendieron. Lo querían solucionar con subsidios muy bajos que no servían”, analizó y aclaró “yo nunca dependí del gobierno”.
Ante la inminente aprobación de la megaminería, Arza ha estudiado el tema tras acercarse a la Asamblea por Defensa del Arroyo. “Conozco derrames de grandes minerías, que es un desastre para el agua y el ambiente. Si llegara a pasar acá sería terrible. Y otro tema es el canon. Lo que queda es muy poco. Es un gran saqueo al pueblo”, afirmó.
Sobre el trabajo que generaría en la zona la actividad, Arza disintió: “nosotros los que tenemos más de 40 años no vamos a tener trabajo si se aprueba la megaminería. Y si se aprueba la zonificación va a haber un montón de proyectos más. La gente no es estúpida”, agregó.

Además, se refirió a la cumbre minera de Telsen 2018 (con la presencia del por entonces ministro Aranguren y episodio de represión a manifestantes incluidos). De las exposiciones casi no participaron los vecinos del lugar, ya que la palabra la monopolizó el operador Marcelo Mena (gremio Asijemin): “no nos dejaba hablar”, recordó.
Arza, sobre el final, describió el abandono por parte de la provincia desde las inundaciones de 2014 en Telsen.

La entrevista completa en siguiente enlace. https://soundcloud.com/user-382521969/silvio-arza-telsen-vecino

Meseta: crece el rechazo a la megaminería

27/03/2021
Presencia de metales pesados en un suelo aledaño a una escombrera polimetálica en mina la ferrocarrilera, Lago Fontana. Chubut, Argentina
En la provincia de Chubut, Argentina, se desarrollaron actividades extractivas polimetálicas anteriores a las leyes ambientales vigentes desde hace unas décadas. En muchos casos, esas explotaciones fueron abandonadas sin haberse llevarse a cabo tareas de remediación-restauración, y deben realizarse estudios para determinar si constituyen pasivos ambientales mineros. En este trabajo se determinaron los impactos generados sobre el suelo por una escombrera de la Mina La Ferrocarrilera, ubicada sobre la margen sur del Lago Fontana, Chubut.

La Ferrocarrilera es una estructura vetiforme emplazada en las rocas andesíticas de la Formación Lago La Plata., que posee sulfuros de Pb, Ag y Zn y escaso Au en ganga de cuarzo. Se describieron dos perfiles de suelo, uno de control ubicado en un área aledaña a la mina (PLF1) y otro a 1 metro del pie de la escombrera (PLF2). Se determinaron propiedades físicas y químicas, y los contenidos de Cu, Zn As y Pb en los horizontes del suelo. Los suelos de ambos perfiles son similares en cuanto a la secuencia de horizontes que presentan, las texturas, la conductividad eléctrica y el contenido de materia orgánica; en cambio PLF2 presenta menor pH y mayores contenidos de Pb, Zn, Cu y As que PFL1. Esto se explica porque el pH de la escombrera es fuertemente ácido, permitiendo la disolución de los metales pesados y metaloides contenidos en los sulfuros, que son movilizados por el drenaje superficial o sub superficial desde la escombrera hacia el suelo ubicado topográficamente por debajo, generando drenaje ácido de mina.

El trabajo completo puede leerse en la página de Conicet y/o descargarse aquíCONICET_Digital_Nro.5f70ffd6-4c8c-4a48-9d75-2f176af62f7b_A

Los suelos del perfil de control PLF1 son similares a los del perfil PLF2 en cuanto a la secuencia de horizontes que presentan, las texturas de cada uno de ellos, la conductividad eléctrica y su contenido de materia orgánica. En cambio difieren en el pH, y el contenido de Pb, Zn, Cu y As. En relación con el pH, para suelos derivados de cenizas volcánicas con régimen de humedad údico en el SW de Neuquén y NW y SW de Chubut se han reportado valores de pH en agua entre 5,8 y 5,9y de materia orgánica entre 15,98 y 20% (Broquen, 2000; Irisarri, 1995; Morales, 2010), similares a los obtenidos en el perfil de control PLF1.

En la escombrera se midió un pH de 4,09, que junto con las condiciones oxidantes típicas de la superficie favorecen la disolución y oxidación de los sulfuros (galena, esfalerita, pirita y calcopirita), Además, tanto los metales pesados como el As son solubles en condiciones ácidas y oxidantes (Brookings, 1988), por lo cual las condiciones de pH y potencial redox de la escombrera permiten la puesta en solución de los metales pesados y metaloides contenidos en los sulfuros, proceso que se conoce como drenaje ácido de mina (DAM).El drenaje superficial o sub superficial desde la escombrera hacia el suelo ubicado topográficamente por debajo (PLF2) explica los valores intermedios de pH en agua obtenidos en el perfil PLF2 con respecto al perfil de controlPLF1. De modo que los altos contenidos de Pb, Zn, Cu y As en el nivel A del perfil PLF2 son consecuencia de procesos de DAM.

Los metales como el Pb y el As no desempeñan ninguna función biológica y pueden ser altamente tóxicos (Ortiz, 2007). Por lo cual, los datos presentados demuestran que la escombrera de la Mina La Ferrocarrilera constituye un Pasivo Ambiental Minero que pese a su escaso tamaño y los años transcurridos desde el abandono de las labores continúa generando DAM que impacta en los suelos circundantes. Estos resultados indican que las labores mineras que fueron cerradas o abandonadas con anterioridad a la legislación ambiental vigente en la provincia de Chubut, deberían ser estudiadas para establecer si constituyen pasivos ambientales mineros, en cuyo caso el estado debería llevar a cabo las tareas de remediación que fuesen necesarias en cada caso.

Trabajo publicado en la Revista ISA – Ingeniería Sanitaria y Ambiental N° 131.Paginas 81-85. Published on Aug 27, 2017. Pasivo ambiental minero. Autores: Rack, M. G., Valenzuela, M. F., Nillni, A., Do Campo, M., Ferro, L. F.

Minería y metales pesados. Mina La ferrocarrilera

24/03/2021
Desde el lunes vecinos y vecinas andalgalenses sostienen dos cortes selectivos contra la empresa Yamana Gold, dado que está realizando trabajos de exploración avanzada en el yacimiento, violando resoluciones que prohíben el tránsito minero por los accesos a las localidades Choya y Potrero. Desde los cortes, este miércoles anunciaron a noalamina.org que están recibiendo donaciones y el apoyo de la comunidad para continuar con la medida de fuerza.

En diciembre de 2020 Yamana Gold anunció la asociación con el resto de las empresas con las que opera en minera Alumbrera para utilizar parte de dicha infraestructura e integrarla con el proyecto Agua Rica. Automáticamente, la justicia catamarqueña declaró inconstitucional la ordenanza municipal lograda en 2016 para proteger el reservorio que brinda agua a Andalgalá.

La canadiense Yamana Gold opera en Cerro Moro en Santa Cruz, Gualcamayo en San Juan y es dueña del resistido proyecto en el Cordón Esquel. También participa en la asociación de la estatal YMAD con las trasnacionales Glencore y Newmont/Goldcorp en La Alumbrera, primer emprendimiento megaminero en Argentina.

El pueblo de Andalgalá, con el ejemplo de la Alumbrera ya conoce de qué se trata: se prometió desarrollo pero se obtuvo evasión fiscal por metales no declarados; se aseguró cuidado ambiental pero se sucedieron las filtraciones en el dique de colas, rupturas del mineraloducto, drenaje ácido y el procesamiento del exgerente general por el delito de contaminación ambiental; se prometió trabajo y bienestar económico y en el 2020 el 67% de la población económicamente activa de Catamarca recurrió al Ingreso Familiar de Emergencia. La megaminería también trajo conflicto social y numerosas represiones a la población.

Tras más de dos décadas de megaminería, la población de Andalgalá pelea contra la posibilidad de que lejos de terminarse los problemas, se expandan hacia los cerros que le brindan el agua a la población: las exploraciones se realizarían en subcuencas del río Andalgalá, sin reparar en los glaciares de escombros y con la autorización de uso de 20 mil litros de agua por día (sólo para las perforaciones) en una provincia declarada en emergencia hídrica.

Las organizaciones que sostienen los cortes se encuentran asesoradas por un grupo de técnicos, ingenieros y geólogos que realizaron un “Informe técnico” sobre el Informe de Impacto Ambiental de la Etapa de exploración avanzada Proyecto Agua Rica presentado por la empresa, a fin de “establecer claridad sobre cómo se aprueban los proyectos mineros en la provincia de Catamarca”. En el mismo, concluyen que han constatado “numerosas omisiones, ausencia de estudios y contradicciones con Informes y Estudios de Impacto Ambiental previos y sus anexos” por lo que recomiendan no aprobar proyectos mineros en ninguna de sus etapas hasta tanto no se realice un inventario completo del ambiente glaciar y periglaciar”, no aprobar el trazado de nuevas huellas para evitar desastres ambientales y daños arqueológicos, así como concluyen que por todo lo expuesto, “la autoridad de aplicación debería haber rechazado los trabajos de perforación y construcción de nuevas huellas”.

Andalgalá: alerta y corte selectivo contra Agua Rica

25/03/2021
En Chubut la voluntad popular frenó el avance de la minería a cielo abierto. Pero las empresas transnacionales no se resignan y, en alianza con los gobiernos locales más el aval de la Nación, avanzan sobre los recursos naturales en busca de dólares frescos. Mientras tanto les vecines luchan por apagar incendios forestales, padecen el retraso de los salarios estatales e intentan repeler el insistente lobby minero. Desde Esquel, un informe sobre la letra chica de un conflicto que seguirá provocando pasiones.

Fuente: Revista Crisis

Pan American Silver es una empresa canadiense propietaria del yacimiento Navidad, un proyecto minero que abarca ocho depósitos minerales, cinco de los cuales se encuentran en una misma línea continua de casi seis kilómetros de largo. Se ubica en el centro de la meseta chubutense, “cerca” –diríamos aquí en la Patagonia– de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre. De acuerdo al informe técnico preliminar encargado por Pan American Silver, Navidad contiene un estimado de 52.874.000 toneladas de mineral de cobre-plata, 36.571.000 toneladas de plata y 418.083.000 toneladas de material “no mineralizado” o “no económico”. Esto lo coloca como uno de los más grandes yacimientos argentíferos de América. Si bien las estimaciones varían de acuerdo al conocimiento del subsuelo y la inversión que se esté dispuesto a realizar, se calculan las reservas de plata por encima de los 600 millones de onzas (cada onza pesa 31.1 gr). La onza de plata vale hoy 26 dólares en el mercado internacional.

Minería sin códigos

Pero Navidad está prohibido. Pan American Silver reconoce en su página web: “La provincia de Chubut aprobó una ley en 2003 (Ley 5001) que prohíbe en toda la provincia la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, obstaculizando por ende el desarrollo de Navidad. Hasta la fecha esta ley permanece vigente. Nuestras actividades en Navidad en este momento están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual. Planeamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.

La ley 5001 (para ser rigurosos, su nombre actual es Ley XVII-N° 68) fue una consecuencia inmediata de la movilización antiminera de Esquel. Entre 2002 y 2003 la población rechazó, mediante la acción callejera, la instalación de una mina de oro y plata que pretendía ubicarse a escasos seis kilómetros del centro de la ciudad. Un plebiscito, forzado por esta movilización y realizado en la ciudad el 23 de Marzo de 2003, arrojó un 81% de rechazo. Sobre estos cómputos el diputado (PJ) Eduardo de Bernardi propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro al oeste de la Ruta Nacional 40 y que, por contraposición, lo permitiera hacia el este. Sin embargo, como no se llevó adelante –luego de aprobada la ley– la zonificación provincial que el proyecto establecía, la prohibición de cianuro quedó vigente para todo el territorio provincial.

¿Por qué la prohibición del uso de cianuro es tan determinante para la actividad minera? Porque el cianuro se utiliza para separar químicamente los metales de la roca minada de una manera que resulta para las empresas práctica y rentable. Si no pueden usar cianuro el margen de ganancia se achica tanto que prefieren no invertir.

La minería en gran escala y a cielo abierto en Argentina es relativamente nueva. Existió una guía para inversores, “Diez razones para invertir en Minería Argentina”, publicada en 2001 por la Subsecretaría de Minería, perteneciente en aquel entonces al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que trazó los lineamientos generales de esta explotación. Si bien hay tradición minera en ciertas regiones, el incentivo y desarrollo de la actividad se inició a mediados de la década del noventa, gracias a la reforma de la Constitución de 1994 que asigna a las provincias el control del subsuelo, hasta entonces de potestad nacional. También la reforma del Código de Minería fue un impulso, pues garantizó a las empresas “derechos de propiedad perpetuos, transferibles y no discriminatorios: el derecho a explotar y usar la mina es exclusivo y su espectro es amplio, es perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador, permitiendo la venta y leasing del activo, siendo también susceptible de hipoteca y demás derechos reales sin necesidad de autorización previa”. Se suma, a diferencia de otros países, la inexistencia de restricciones por sustancia: el código de Minería se basa en la posibilidad de explotación privada sin exclusiones de cualquier sustancia mineral (inclusive estratégicas, nucleares y otras). A su vez, las barreras de acceso a las tierras son casi inexistentes. Así lo deja en claro la guía: “Hay pocos límites para acceder a las áreas mineras, a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de los aborígenes y temas relacionados con Parques Nacionales”.

La facilidades impositivas y tributarias garantizadas por estas reformas incluyen bajísimos cánones, retenciones nimias, reembolsos varios y plazos de explotación ilimitados. Al mismo tiempo, los planes PASMA I y PASMA II (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), financiados por el Banco Mundial, “modernizaron” agencias como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), vinculándolas directamente (también al mapa geológico minero argentino y los conocimientos producidos por universidades y agencias estatales específicas) con el capital transnacional.

Como en tantas otras áreas, Menem lo hizo pero los demás lo continuaron. Entre 1994 y 2021 ocuparon el cargo presidencial Carlos Menem (dos mandatos), Fernando de la Rúa, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá (muy efímeramente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández (en dos oportunidades), Mauricio Macri y Alberto Fernández. Más allá de mover para arriba o para abajo el porcentaje de retenciones, la política minera se mantuvo intacta, en una clara muestra de que cuando se quiere sostener una política de Estado, se puede.

Papá Noel (ex)trae juguetes

Pan American Silver (PAS) se llama parecido a Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera de Bulgheroni, que también actúa en Chubut, pero no tienen nada que ver. PAS es una empresa canadiense fundada por Ross Beaty en 1994. Beaty –quien está próximo a retirarse– hace gala de una imagen de empresario innovador, “self-made”, comprometido y preocupado por el medio ambiente, al punto de regentear una fundación que se dedica a la conservación de panteras, por lo que recibió un premio.

En 2016 se viralizó una foto de Ross Beaty dialogando con el entonces presidente Mauricio Macri en el marco del “Mini-Davos” realizado en septiembre de 2016. También se lucían en las fotos el Ministro Juan José Aranguren y Eduardo Elzstain, de IRSA, que compró el 40% del Proyecto Suyai para explotar el Cordón Esquel en 2016. En esa ocasión se informó que Beaty le había agradecido al presidente “los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la minería responsable en todo el país”. Mientras que Macri confirmó que “a partir del diálogo, la transparencia de los procesos y una operación ambientalmente impecable, se lograrán condiciones necesarias para generar nuevas fuentes de trabajo en Chubut”.

Además de PAS, Beaty fundó y dirigió varias empresas mineras que explotan yacimientos en diferentes lugares del mundo, como Equinox Gold Corp. y Lumina Copper Corp. Beaty suele dar entrevistas, a través de las que cultiva su perfil entrepreneur, de hombre de negocios dinámico y sin pelos en la lengua. “Yo soy un ambientalista y creo que hay algunos emprendimientos mineros que no deberían hacerse”, declaró en una entrevista en La Nación. Claro que los yacimientos que desde su perspectiva no deberían explotarse no suelen coincidir con los que gestionan sus empresas.

El discurso de Beaty sobre los proyectos mineros no se diferencia demasiado de los de otros CEOs colegas ni de los promotores mineros locales: habla de crear trabajo, de aprovechar lugares donde aparentemente “no hay nada”, de ir por los “grandes proyectos” y no por los “chicos” que tienen los mismos problemas pero menores retribuciones e incluso que hay que ir a trabajar a lugares “duros” como Rusia, Indonesia o China.

Si bien dice estar enamorado de la Argentina desde que escaló el Aconcagua en la década del setenta, comenzó a invertir en el país durante el kirchnerismo y Manantial Espejo, la mina que PAS controla en Santa Cruz, está activa desde 2009. Supuestamente está próxima a cerrar pero constantemente se le estira la vida útil. Haber hecho buenos negocios no le impide ser un rabioso crítico del kirchnerismo: “El sector minero no se desarrolló por culpa del gobierno anterior. Ellos Kirchner fueron pro minería, pero sus políticas no lo fueron. Muchas compañías se quemaron en los años de Cristina Kirchner, y es difícil hacer que vuelvan a confiar”.

Desde 2009 Manantial Espejo declara haber minado del suelo cruceño 2,6 millones de onzas de plata. Es un caso extraño de un Papá Noel que no trae regalos sino que los extrae y se los lleva lejos.

No es No

Mariano Arcioni llegó a la vicegobernación de Chubut en la fórmula que Mario Das Neves encabezó en 2015. Das Neves fue el responsable del endeudamiento en dólares que hoy jaquea a la provincia, pero se murió y dejó a su vice con la misión de pagar los platos rotos.

La dupla gubernamental había basado su campaña y los primeros tramos de gestión en un discurso fuertemente asociado a la defensa del agua y el no a la minería. En aquel momento las fuerzas del Partido Justicialista más cercanas al kirchnerismo gobernaban la provincia e impulsaban las transformaciones legales que permitieran el desembarco minero. Una situación en negativo de lo que ocurre hoy.

Chubut produce primordialmente petróleo, aluminio, electricidad y pesca. Pero no captura prácticamente nada de dichas rentas. Es la provincia más lanera y ovejera del país, aunque ello apenas significa un 2% de su producto geográfico bruto. Tiene condiciones ecológicas como para autoabastecer sus necesidades alimentarias, pero importa frutas y verduras desde el norte del río Colorado. Con estos recursos y una población de apenas 600.000 personas, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, la propuesta no es construir un modelo productivo sino profundizar un esquema de enclave extractivo con la promesa de un futuro derrame de empleos y bienestar que ya se ha demostrado fallido en Catamarca, San Juan o Santa Cruz.

Frente a lo que parecía ser una derrota inminente, en 2019 Arcioni se lanzó como candidato a gobernador con el apoyo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados por el oficialismo. Acordó paritarias superiores al 40% con todos los gremios estatales y se puso al día con el pago de salarios atrasados. Pero apenas ganó volvió al pago escalonado que llevó en 2020 y 2021 a un retardo de dos y tres meses en los haberes.

Durante 2020, en plena pandemia, comenzó con ímpetu su carga para sancionar la ley de zonificación minera, normativa hecha a la medida de Pan American Silver y sobre la que todos sospechamos que se trata de la cabeza de playa que prepara un desembarco masivo para todas las regiones de la provincia. Entre diciembre y marzo, cuatro veces estuvo a punto de votarse en la Legislatura Provincial el proyecto de zonificación repudiado por la población. Las cuatro veces la movilización popular, forzada a organizarse a pesar del riesgo de contagio y el hastío de no ser escuchada, obligó a suspender su tratamiento.

El ingenio popular bautizó como “Traicioni” al escribano oriundo de Comodoro Rivadavia, que ha tenido la habilidad de sobrevivir en el cargo de gobernador a pesar de haber tenido a todos los gremios estatales en contra, haber perdido meses de clases en la escuelas y tener paralizados a los hospitales y los tribunales.

Los que nunca se pelearon con Arcioni fueron los petroleros. Todo parece apuntar a que la alianza entre el petróleo, la pesca, el aluminio y el latifundio ha liado un sólido nudo en la hegemonía provincial. Por más que los trabajadores y las trabajadores estatales recurran a las medidas más extremas, no bastan para romper el balance que sostiene la espiral descendente del Chubut.

El Desquite

Lo que detuvo en 2003 al proyecto minero El Desquite, en Esquel, fue una masiva movilización que forzó al poder municipal a realizar un plebiscito que adoptó forma de ley en la 5001. Una resistencia ciudadana similar pudo detener el proyecto de zonificación minera necesario para la operatoria legal de Pan American Silver. Pero estas demandas no encuentran canalización posible en el marco institucional chubutense. No es que formalmente los canales no existan sino que están bloqueados, ocluidos o distorsionan todo lo que allí circula.

El proyecto de ley de iniciativa popular es un ejemplo. Chubut prevé constitucionalmente que la ciudadanía pueda presentar directamente proyectos de ley si los avalan con una cantidad de firmas proporcional a la población. Las asambleas de la provincia presentaron dos veces un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto. La primera terminó en un escándalo cuando los legisladores no sólo pervirtieron la letra del proyecto para convertirlo en una zonificación encubierta sino que un fotógrafo registró en el recinto a Gustavo Muñiz recibiendo instrucciones por celular de parte de un gerente minero durante el tratamiento de la ley. La segunda iniciativa popular está en comisiones en este momento, durmiendo el sueño de los justos mientras con la mano izquierda se apura el proyecto de zonificación de PAS.

Las marchas y actos se repiten regularmente, pero ni los votos, ni las movilizaciones, ni la presentación de proyectos de ley conlleva efecto alguno para formalizar las decisiones de una mayoría de la población que las instituciones se niegan a reconocer. Hoy el conflicto está cada vez más en manos de la represión policial, alimentada por la actitud que el ministro de Seguridad Federico Massoni le imprime a una dirigencia que no puede dar respuestas políticas.

Las piruetas discursivas de los actores políticos son otro índice de la degradación de la dirigencia chubutense. Desde Sebastián López (PRO), que pedía “cien lucas” para hacer lobby minero hasta Carlos Linares (FdT), quien pasó de reunirse en Telsen con el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a ser antiminero ahora que tiene aspiraciones a Gobernador. Y por supuesto “Traicioni”, quien puede decir una cosa como la otra.

Y es que no se pueden ganar elecciones en Chubut con un discurso prominero. De manera que la parábola es recurrente para la clase política local: es antiminera en la oposición y prominera en el gobierno, con las honrosas excepciones de algunos legisladores y legisladoras y cuadros intermedios y territoriales.

En definitiva, aquí la antipolítica nace desde las instituciones políticas. El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras sobrevuela la provincia únicamente detenido por una ciudadanía que ha fijado el No a la Mina como unas de esas líneas que se trazan en el suelo e indican que, más allá de este punto: no se puede.

Tierra de fuego y rocas

A mediados de marzo, Alberto Fernández y una comitiva llegaron al noroeste de Chubut unos días después de que el fuego destruyera más de 360 casas, miles de hectáreas de bosques y toda la infraestructura habitacional de la región. Pese a la voluntad presidencial de anunciar subsidios y apoyos para la reconstrucción, el vehículo en que se trasladaba a Fernández resultó apedreado por “militantes antimineros”.

Este es un hecho nuevo. Otros presidentes y altos funcionarios han estado cerca de la zona, incluso en momentos complicados, y nunca resultaron agredidos. Las asambleas y los movimientos antimineros siempre fueron pacíficos en sus modos de manifestación y protesta. De hecho, repetidamente han resultado víctimas de las agresiones, sea por la policía o por patotas políticas o sindicales promineras. No es un medio propio de las asambleas antimineras el recurso a la acción violenta.
Pero es necesario comprender el contexto en que una decena de manifestantes agredieron a la comitiva presidencial. Los últimos años han sido dramáticos en el Chubut, especialmente en la zona cordillerana: incendios, desalojos, represiones, desapariciones y muertes se han sucedido sin tregua. A nivel provincial la conflictividad asociada a la falta de pago de salarios, que se ha extendido por más de tres años, determina el ánimo social en las últimas épocas.

Sumado a ello, todo el verano pandémico estuvo atravesado por marchas, manifestaciones, escraches y movilizaciones destinadas a frenar un madrugazo legal que habilite el proyecto de zonificación en todas las ciudades de la provincia.

En este marco, diferentes interpretaciones -algunas más, otras menos aberrantes- se suceden como explicaciones posibles de los incendios. Una versión muy extendida en la comarca cordillerana afirma que los fuegos en Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, el paraje Golondrinas (que es parte de Puelo) y Cholila, fueron no sólo intencionales sino una forma de represalia por manifestarse contra la megaminería; que los mineros quemaron la Cordillera. Otra, complementaria, dice que el presidente comparte la vocación minera de Arcioni y que su supervivencia como gobernador sólo responde al apoyo que ha recibido por parte del gobierno nacional. Si bien Alberto dice que es un tema de los chubutenses, las acciones del Secretario de Minería parecen indican otra cosa.

Este estado de efervescencia y posdesastre, caldo de cultivo para operaciones policiales, judiciales y políticas de diversa índole, quizás aporte elementos para interpretar lo acontecido con la caravana presidencial así como el carácter que podrían asumir las confrontaciones en el Chubut en adelante.

POR: HERNÁN SCHIAFFINI
FOTOGRAFÍA: LUAN – COLECTIVA FOTOGRÁFICA

El #chubutaguazo y los traicioni

12/03/2021
La jueza Marta Yáñez, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Rewilding Argentina, solicitando el cese y/o abstención de iniciar cualquier labor de prospección minera en cercanías a Cuevas de las Manos. La provincia había autorizado la exploración en 2016, luego fue confirmada en fallo judicial por el juez Marcelo Bersanelli.

Fuente: TiempoSur
A fines de 2016, la empresa Patagonia Gold obtuvo un permiso de la Secretaría de Minería de la provincia de Santa Cruz para realizar perforaciones dentro de la Estancia Cueva de las Manos con el fin de relevar la existencia de minerales. Las mismas se pensaban en zonas muy cercanas y fácilmente visibles desde la emblemática Ruta 40, a mitad de camino entre el Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad Cueva de las Manos y la ciudad de Perito Moreno. Además, como toda la zona, se trata de un área de gran riqueza arqueológica en donde se han identificado numerosos restos arqueológicos de alto valor de conservación. Si la exploración arroja como resultado la existencia de oro en concentraciones rentables para la empresa, su extracción solamente sería factible en un emprendimiento minero a cielo abierto, a la vista de todo visitante que quiera conocer el Sitio Cueva de las Manos, y con el daño irreversible que tal actividad generaría en el paisaje y los yacimientos arqueológicos existentes en el área.

En su momento, el Gobierno provincial explicaba que el proyecto “se encuentra dentro del área de amortiguamiento y no afecta ningún sitio arqueológico identificado en la Ley Provincial que resguarda justamente dichos sitios”.

Judicialización

Ante tan preocupante panorama, y como propietaria de las tierras impactadas, la por entonces Fundación Flora y Fauna, hoy Fundación Rewilding Argentina, presentó, a finalizar el 2016, un amparo en defensa de ese sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que era la justicia provincial la que debía dirimir la cuestión. Las primeras audiencias celebradas entre las partes en 2017 no llegaron a buen puerto, aunque tampoco las últimas.

Fue recién en 2019, el 5 de noviembre, que el juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, rechazó el recurso de apelación que interpuso la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo en Cerro Bandurria, ubicado a 17 kilómetros de La Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.

Vale la pena mencionar que la resolución de Bersanelli no permitía los trabajos de cateo a Patagonia Gold (y podría ser apelada por la fundación hasta el Tribunal Superior) ya que guardaba relación con un amparo ambiental que la fundación presentó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia. El mismo se expidió en las últimas horas.

Minería abstenerse

En las últimas horas, TiempoSur tuvo acceso a la sentencia de la jueza federal de Caleta Olivia, Dra. Marta Yáñez, la cual hace lugar a la acción de amparo promovida por Fundación Rewilding Argentina y, en consecuencia, condena “a Patagonia Gold S.A. y a la Provincia de Santa Cruz a abstenerse de autorizar, iniciar o continuar actividades de prospección o explotación minera en las áreas incluidas en el Decreto 817/2019, hasta tanto se obtenga la intervención y aprobación ¨previa y vinculante¨ de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos”.

Entre los considerandos explicó que la Fundación Rewilding Argentina ha argumentado la existencia de bienes culturales merecedores de tutela especial, ubicados no sólo en la parte del inmueble

denominada “Estancia Cueva de las Manos”, sino también en una porción mayor de la Cuenca del Río Pinturas, ubicada en la zona noroeste de la Provincia de Santa Cruz, es por ello que solicitó al Juzgado Federal de Primera Instancia el dictado de una sentencia mediante la cual se impidiera allí la realización de actividades de prospección o explotación minera, fundamentando que en noviembre de 2015 adquirió la estancia para su restauración ecológica y para el fortalecimiento de la actividad turística sustentable de la zona.

Por el contrario, Patagonia Gold S.A. ha sostenido que goza de una autorización del Estado provincial para realizar tareas de prospección minera, la que ha sido dictada previa realización y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, además de la lejanía del sitio a explorar entendiendo que no correría peligro de ser dañado o afectado. Mientras que la Provincia de Santa Cruz –además de resistir su citación al proceso– entiende que la pretensión de la amparista y la intervención de la justicia federal, atentan contra el federalismo, las facultades no delegadas a la Nación y el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

En este punto, el fallo resalta que “si bien la Provincia de Santa Cruz resulta la

titular de los recursos naturales existentes en su territorio –aspecto sobre el cual no puede existir controversia (arts. 121 y 124 CN)– lo cierto es que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se ha introducido el “principio de congruencia”, mediante el cual se busca lograr una aplicación coherente de la legislación ambiental al interior de los diferentes niveles del Estado Federal”.

No a la minería en Cueva de las Manos

05/03/2021
El secretario de Minería, Alberto Hensel, afirmó hoy que el Gobierno nacional impulsará en mayo el relanzamiento del sector con la presentación del plan estratégico que se encuentra actualmente en desarrollo y a partir del cual se podrán delinear políticas públicas para los próximos 30 años.

Hensel se refirió de esta manera al discurso que el presidente Alberto Fernández realizó ayer en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en la que anunció la “actualización del Acuerdo Federal Minero” que data de 1993 y que permitió una primera ola de inversiones en la llamada megaminería.

En ese espacio se busca “consensuar estrategias de desarrollo a largo plazo y con el diagnóstico y el desafío del escenario actual que demanda de contar con minerales fundamentales para la transición energética y de las energías limpias como el litio y el cobre”.

En esa mesa nacional se está avanzando en el diseño de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino en el que se define los atributos de actividad minera que requiere el país, y que demanda ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada y competitiva atravesada por la nueva institucionalidad.

“En mayo vamos a estar presentando el plan estratégico que el país se debía para salir de la discusión de si hacer o no minería, sino cómo aprovechar esta actividad para el desarrollo económico y social”, anticipó el funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo.

En otro momento de su participación, el secretario reseñó que la Argentina hoy esta “en una situación de déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, acompañado por el déficit fiscal y el endeudamiento que rápidamente el Gobierno nacional salió a renegociar con los acreedores privados y avanzadas con el FMI”.

“El Presidente entiende que para revertir esta situación Argentina necesita producir, crecer, exportar y generar divisas, y allí el rol de la minería es crucial, tanto en litio como en el cobre -complementado con proyectos de oro y plata- donde hay posibilidades de inversión por los próximos 4 años por unos US$ 20.000 millones”, reiteró el funcionario.

Para Hensel, la minería “es una gran oportunidad para acompañar este proceso de generar inversión extranjera directa, puestos de trabajo, cadenas de valor, empleo de calidad y una mayor recaudación tributaria en los Gobiernos nacional, provincial y municipal”.

Hoy el sector tiene una participación en el PBI del 0,6%, muy por debajo de países de la región como Chile o Perú que cuenta con similares recursos geológicos.

Tan sólo en cobre el país ofrece a los inversores globales cinco proyectos de clase mundial y en litio cuenta con dos emprendimientos en operación y en proceso de ampliación, otro en construcción y 17 mas en proyecto para multiplicar por diez su producción actual.

Finalmente, Hensel reseñó la situación del sector durante 2020 y el impacto de la pandemia en sus resultados finales con un comportamiento disímil de acuerdo a cada producto.

Si bien las exportaciones se ubicaron 19% por debajo de la media de todo el sector exportador, esto se debió a que el oro y la plata tuvieron reducciones de volúmenes que fueron compensados con un mayor precio de los metales en los mercados internacionales.

De esta manera, en la minería de oro hubo una reducción del 40% en producción y exportación pero en valores de exportación registró una caída del 20%, mientras que en plata los volúmenes se retrajeron un 20% pero en valores exportables apenas se redujeron 4% respecto a la pre pandemia.

Fuente: GrupoLaProvincia

En mayo se actualizará el Acuerdo Federal Minero de 1993