Argentina

PIDEN LA CLAUSURA DE AGUA RICA

05/05/2021
Comunicado de la Asamblea El Algarrobo y Resolución del Ministerio Público Fiscal en relación con el emprendimiento minero Agua Rica del 22 de abril de 2021. La Fiscalía resuelve que no se opondrá al pedido de medidas cautelares y clausura de Agua Rica hasta tanto se verifique la existencia de glaciares.

Desde Asamblea El Algarrobo, queremos hacer conocer a la comunidad que se solicitó la suspensión de las obras de perforación avanzada y la clausura preventiva del yacimiento Agua Rica en Comodoro Py, y que ésta cuenta con el apoyo del Dr. Guillermo Marijuan, fiscal de la Nación.

Como es sabido, la Asamblea El Algarrobo desde su nacimiento en el año 2010, viene exigiendo su derecho a vivir en un ambiente sano y que se cumpla el ordenamiento legal vigente.

El 25 de Octubre de 2019, vecinxs de Andalgalá nos presentamos ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que luego del sorteo correspondiente dio intervención al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 de Comodoro Py de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Fiscal Federal Dr. Guillermo F. Marijuán.

Allí denunciamos la violación de leyes ambientales en los acuerdos de integración entre Agua Rica, Minera Alumbrera e YMAD, y particularmente la violación de la ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, debido a la existencia de los mismos en los Nevados del Aconquija, agregando las pruebas correspondientes tanto del IANIGLA (INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES), del SEGEMAR (Servicio Geológico Minero) además de otras pruebas, por lo que se solicitó la suspensión del inicio de las obras de perforación avanzada del Yacimiento Agua Rica y la clausura preventiva del yacimiento Agua Rica.

Asimismo, se le hizo saber al fiscal sobre los nuevos hechos de violencia institucional sufridos por la población de Andalgalá, perpetrados para atemorizar a las vecinas y los vecinos que hace más de 11 años venimos expresándonos en contra de la actividad megaminera en el yacimiento Agua Rica, y lo hemos hecho por todos los caminos institucionales.

La empresa y el gobierno provincial, en connivencia con el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, pretenden hacernos quedar como violentos y delincuentes, para favorecer los intereses económicos de una empresa privada, poniendo a éstos últimos por encima de los bienes comunes y el resguardo de las poblaciones afectadas por la megaminería.

Es vergonzoso que vecinas y vecinos deban emplear su voluntad, su tiempo y sus recursos económicos para defender algo que es obligación del Estado defender. Sin embargo, aquí continuamos con la lucha institucional, así como también en las calles, en las redes y en todos los espacios en los que haya que continuarla, hasta que nuestros cerros estén libres de megaminería y nuestrxs vecinxs desprocesados.

Aquí no se rinde nadie. Basta de persecución a los pueblos que luchan por su agua.


Bajen inmediatamente las máquinas del Aconquija, liberen a nuestro cerro!
#AndalgaláResiste
#NoEsNo
#FueraYamanaGold
#Andalgalá
#AguaRicaIlega

Piden la clausura de Agua Rica

Argentina

ARCIONI INSISTE CON EL TRATAMIENTO DE LA LA ZONIFICACIÓN MINERA

0/05/2021
El gobernador Mariano Arcioni insistió con el proyecto de zonificación minera y afirmó “Tenemos que saber la provincia que queremos”. ¿Es que acaso no registra cuál es la provincia que el pueblo quiere?

Aquí, una nota de ADN Sur que también publica “El inversor minero” ¿Queda claro a quiénes se refiere Arcioni cuando enuncia el “nosotros”.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, habló de la necesidad de que los diputados debatan el proyecto de zonificación minera en la provincia.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, lo manifestó al sostener la importancia de que se trate el proyecto de zonificación minera en la Legislatura. «El futuro que tiene Comodoro y que tienen otras zonas lo tiene que tener también la meseta”, aseguró.

«Claro que sí», respondió ante la consulta sobre si los diputados del Chubut deberían avanzar en el análisis del proyecto, al señalar que es «un proyecto de zonificación minera y un proyecto de desarrollo para mirar la provincia para adelante. Tenemos que saber la provincia que queremos», dijo.

«Yo quiero una provincia con una matriz productiva muy fuerte y bien diferenciada en cada una de las regiones. La zonificación en la meseta central se tiene que llevar a cabo con el desarrollo minero, como se lleva a cabo en la cuenca del golfo San Jorge la cuestión petrolera y la metal mecánica, así como en la el VIRCh tenemos pesca, aluminio, tenemos turismo», argumentó.

«La meseta central merece también tener las oportunidades que tienen las otras regiones. Los ciudadanos de la meseta necesitan tener un futuro. Nadie de nosotros le podemos cercenar ese sueño y esa esperanza de progresar porque de eso va el progreso de la provincia, como viene del petróleo y del aluminio».

El gobernador recordó que así como hay gente que llega a «Comodoro porque genera trabajo , también ocurre con los vecinos de la meseta deben emigrar hacia otras localidades porque no tienen futuro».

«El futuro que tiene Comodoro, y que tienen otras zonas, lo tiene que tener también la meseta”, puntualizó el gobernador.

«Voy a seguir dando la discusión. Y yo no me detengo en cuestiones políticas egoístas. Yo sé que hay que mirar la provincia para adelante. Tenemos una provincia de excepción y excepcional. Nosotros tenemos que tener la provincia que todos los ciudadanos y los vecinos de la provincia se merecen», concluyó sobre este tema.

INVERSIÓN EN MATERIA ENÉRGETICA

El gobernador anunció que » hicimos un paso importantísimo» con respecto al parque eólico en El Escorial. » Venimos trabajando hace mas de 8 meses. Yo no lo quería anunciar hasta que no tengamos el proyecto técnico y una fuente de financiación».

Sin embargo, adelantó que «lo cierto es que la semana anterior se firmó con la empresa mas importante de energía de China , que es la empresa que hoy esta haciendo las represas en Santa Cruz, y nos presentaron el proyecto ejecutivo- técnico del proyecto del escorial en la meseta».

Indicó que se trata de 200 megavatios y con una inversión de 330 millones de dólares. «Es una obra que va a llevar un tiempo pero siempre mirando para adelante. No puede ser que cuando teníamos una provincia de 130 un barril sigamos teniendo 27 localidades con grupos electrógenos de energía. No podemos hablar de desarrollo sino tenemos energía. Dimos un paso importantísimo para nuestra provincia con este parque eólico en el escorial. Y próximamente vamos a tener novedades para Comodoro Rivadavia», adelantó sin dar detalles al respecto.

Arcioni insiste con el tratamiento de la la zonificación minera

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Liberan a detenidos de protesta antiminería de Andalgalá

29/04/2021
Las personas fueron detenidas hace dos semanas en la comisaría de la ciudad catamarqueña. A pesar de su liberación, cargan con causas judiciales armadas.

Los presos políticos de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, que estaban detenidos en la comisaría departamental desde el 12 y el 14 de abril, fueron liberados este lunes tras el pago de una fianza de 150 mil pesos por cada uno de ellos. No obstante, cargan con causas armadas por estar en contra de la megaminería y a favor de la defensa del agua en su territorio.

Se trata de Matías Paz, Walter “Ají” Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel, quienes hoy recuperaron su libertad, pero seguirán vinculados a las causas al igual que Aldo Flores, Sara Fernández y Ailén Diamante Saracho, que habían sido arrestados en sus domicilios. «Nuestra lucha continúa hasta que no haya ningún compañero más judicializado por defender el agua de nuestra cuenca», advirtieron.

El grupo de ambientalistas forma parte de la Asamblea El Algarrobo, que se opone desde hace años a la explotación ilegal de once pozos que permitió el gobierno de Catamarca en el emprendimiento minero Agua Rica de la empresa multinacional canadiense Yamana Gold.

La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, hizo lugar al pedido del abogado defensor Juan Figueroa y accedió a bajar la caución que impuso de 300 mil a 150 mil pesos. Así, los familiares de los activistas lograron llegar al monto y el grupo recuperó la libertad, pasado el mediodía.
Sin embargo, los asambleístas seguirán acusados por incidentes en las oficinas de Minera Agua Rica- Alumbrera (Mara) y de la sede del Partido Justicialista de esa localidad. «Cargan con cargos por causas judiciales muy cuestionadas y en las que abundan testigos allegados a las mineras», consigna la agencia de noticias Tierra Viva.

Según el portal El Ancasti, la fiscal Nieva dispuso ahora que deberán presentarse cada diez días en las oficinas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial y no podrán ausentarse de sus domicilios sin la autorización judicial. Además, no se les permitirá mantener contacto con los denunciantes, entre otras medidas que deberán cumplir.

Tras el reencuentro de sus integrantes en la vereda de la comisaría, la Asamblea publicó un comunicado en sus redes, en el que denuncia la situación de persecución política-policial-judicial de la que son víctimas sus miembros por defender el medio ambiente de la codicia extractivista minera.

«Armaron un escenario patético, donde un personaje ligado a la empresa minera atropelló a dos compañeros, uno de ellos hoy recién liberado. Literalmente se lo llevó sobre el capot 30 metros, y luego quiso pegarle. Pero los violentos somos nosotros. Militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestros vecinos. ¿Y aún así quieren instalar que nosotros somos los violentos?», se preguntaron.

«Tuvieron que apretar a 12 vecinos, mantenerlos en prisión, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de los asambleístas con métodos de la época de la dictadura, y aun así, no pueden obtener la licencia social», afirmaron.
Fuente: InfoNews
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/liberan-a-detenidos-de-protesta-antiminera-de-andalgal.htm

Argentina

Piden liberación de detenidos en protesta antiminera

28/04/2021
Vecinos y organizaciones antiminera reclaman por el avance del megaproyecto Mara (Minera Agua Rica Alumbrera). En enero la Corte de Justicia de Catamarca habilitó la explotación.

El pasado 10 de abril más de cuatro mil personas se movilizaron en Andangalá, al norte de la provincia de Catamarca, en contra de la megaminería en la región. La protesta avanzó y se registraron destrozos en la sede de un local político, el despacho de un legislador y la sede de la compañía Agua Rica, una de las empresas involucradas en el megaproyecto Mara (Minera Agua Rica Alumbrera). Tras el acto, detuvieron a varios manifestantes y hasta el día de hoy 12 activistas medioambientales continúan detenidos.

Frente a este escenario, allegados y grupos políticos se manifestaron en las últimas horas en la puerta del edificio del Ministerio de Ambiente de la Nación para exigir la libertad de los detenidos y reafirmar el rechazo al uno de los proyectos más grandes de explotación minera en la región. Además, distintos activistas denunciaron que son «hostigados» por la policía local que impulsó la vigilancia de sus domicilios con «drones» y «patrulleros».

Los vecinos de Andangalá y distintas organizaciones ambientalistas alertan que el avance de la actividad minera en la región les quita el acceso al agua potable y que cada vez es mayor el caudal de ríos afectados por la contaminación. «Yamana Gold -empresa canadiense- impulsa la minería de escala Mara sin licencia social. Mientras la comunidad de Andalgalá se defiende de la agresión, aún permanecen detenidos 12 vecinos defensores del agua y el Aconquija», publicó en sus redes la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC).

En las últimas horas, el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Groso, y sus pares del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, se sumaron al pedido de liberación y dejaron mensajes en sus redes sociales. «Exigimos su libertad inmediata», coincidieron todos. Días atrás el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también se pronunció al respecto y pidió revisar las acusaciones contra los ambientalistas.

Punto de quiebre
Si bien es un conflicto que data de décadas, en enero la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza 09/16 del municipio de Andalgalá que prohibía la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, a pesar de decir que el fallo se ajusta a derecho, el gobernador Raúl Jalil les aclaró a los titulares de la minera Agua Rica que la explotación no se llevará a cabo si no hay garantías de que no se afectará al medioambiente. La advertencia quedó en agenda y los grupos antimineros señalaron que comenzó la movilización de infraestructura para iniciar las operaciones, por lo que decidieron iniciar las protestas.

Luego de los reclamos que terminaron en disturbio, la Policía provincial desplegó una serie de allanamientos y aprehendió, a más de una docena de personas entre los que había activistas, militantes, exfuncionarios y trabajadores municipales. Al día de hoy, doce continúan presos. Además, se abrió una causa judicial y la encargada de conducir la recopilación de datos es la fiscal Soledad Rodríguez.
Fuente: El Intransigente
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/piden-liberacin-de-detenidos-en-protesta-antiminera.htm

Argentina

Raúl Jalil envía recursos a Andalgalá donde explotó el conflicto entre mineros y ambientalistas

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo
Por El Intransigente
24/04/2021
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, decidió poner un manto de piedad al conflicto en Andalgalá. El mandatario acordó un aporte de $2.500.000 para el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. El dinero serán destinados a la asistencia de familias afectadas por las inclemencias climáticas. Pero además parte de este dinero está destinado a subsidiar la actividad gastronómica y los gimnasios de la comuna.

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo. Por las protestas antimineras, el Partido Justicialista presentó una denuncia contra Córdoba. De acuerdo a los demandantes el Intendente liberó la zona para que se produzcan desmanes. Además al menos una decena de dirigentes oficialistas salieron a criticar al titular del Ejecutivo municipal.

Por eso no es extraño este gesto político de Raúl Jalil. El mandatario llegó con $1.000.000 no reintegrables. Este dinero será destinado a la actividad gastronómica y gimnasios. Ambos rubros se vieron gravemente afectados por las medidas dispuestas en la emergencia sanitaria. Andalgalá es una ciudad que suele recibir muchos visitantes durante el verano. No tener temporada turística afectó gravemente al sector gastronómico.

En tanto, el $1.500.000 restante se asignó a las familias que fueron afectadas por las inclemencias del tiempo en el departamento tiempo atrás. “Continuamos en forma constante con el auxilio financiero a todos los municipios y siempre con la mirada puesta en los que más precisan. Los aportes que se realizan son en razón a las necesidades más urgentes, para que se llegue a un desarrollo integral, equilibrado y sin desigualdades en toda la provincia”, aseguró el ministro de Gobierno, Jorge Moreno que participó del acto.
Subsidio agrícola

Otro de los sectores que más se enfrenta a la minería es el de los agricultores locales. Para ellos el Gobierno también trajo subsidios. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizará aportes no reintegrables de $2, $1,5 y $1 por kilogramos a los pequeños productores que elaboren hasta un límite de 20.000 kilos.

Argentina, Internacional, Litio

El agua vale más que el litio

Lógica predatoria
Horacio Machado Aráoz 23/04/2021
Fuentes: CTXT [Imagen: Mina de litio. PICASA]

Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del alcalino es decidir qué vidas valen más que otras; cuáles valen, a secas, y cuáles son sacrificables

Días pasados, los habitantes de Catamarca (Argentina) nos enteramos por la prensa –sin previo aviso, como es costumbre–, de la firma de un convenio entre dos grandes empresas transnacionales para aliarse en la explotación de un mineral ‘disponible’ en el territorio provincial. Se trata de un contrato por 334 millones de dólares por la que la alemana BMW firma un acuerdo de provisión de litio con la minera norteamericana Livent (ex FMC Co.) que desde más de 20 años viene explotando las salmueras de litio del Salar del Hombre Muerto, en el departamento puneño de Antofagasta de la Sierra.

La escenografía de la noticia refleja a cabalidad y en alta definición la anatomía fisiológica del nuevo pacto colonial que, en nombre de la “sustentabilidad” y la “transición energética”, se viene sellando, ahora aceleradamente, en el contexto de la crisis pandémica global. En el centro de la escena, una empresa automotriz, fabricante emblemática de autos de lujo, firma un convenio con una de las primeras piezas del mercado oligopólico mundial de litio, para asegurarse el abastecimiento de un insumo estratégico para su nuevo producto estrella, el coche eléctrico. Al costado, cumpliendo los roles secundarios de servicios, funcionarios del gobierno estatal argentino. Fuera de escena y de todo lugar, sin arte ni parte en esta historia –como actualizando aquel viejo adagio colonial hegeliano–, las comunidades habitantes y productoras del territorio donde se extrae el llamado “oro blanco”.

Las crónicas periodísticas destacan que, por el acuerdo, “Argentina” (sic) se convertirá en el segundo proveedor de litio de BMW, detrás de Australia. Lo presentan como un logro de la nación, ya que el secretario de Minería, Alberto Hensel, había presentado meses atrás, en una videoconferencia a las autoridades de BMW, las bondades y potencialidades del “litio argentino”; aparentemente, con una oratoria muy convincente. La empresa Livent agradeció el apoyo técnico de la Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, que “resultó fundamental para el acuerdo celebrado”. BMW, por su parte, expresó que “al obtener litio de un segundo proveedor, estamos asegurando los requisitos para la producción de nuestra quinta generación actual de celdas de baterías. Al mismo tiempo, nos estamos volviendo tecnológicamente, geográficamente y geopolíticamente menos dependientes de proveedores individuales”. Así, el vocero de la empresa alemana, con una sinceridad inusual en el lenguaje corporativo, fue al grano y puso el dedo en la llaga. Porque ¿de qué se trata el colonialismo, sino de estructuras y relaciones de dependencia?

Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas

Eso sí. Las asimetrías histórico-estructurales se reproducen ahora con nuevas complicidades, nuevos formatos tecnológicos y ropajes ideológicos. En estos tiempos del “fin del mundo” (de los recursos infinitos), todo debe hacerse en nombre de la sacrosanta “sustentabilidad”. Todo se expresa en un discurso que, apelando al viejo culto colonial, desarrollista y tecnólatra, aparece ahora revestido de “conciencia ambiental”, presentando a las empresas liderando el cambio cultural y tecnológico hacia una economía post-carbono; un mundo feliz de aguas claras, aires puros y paisajes prístinos que se pueden disfrutar, ahora, desde las ventanillas de un auto eléctrico; o mejor aún, como lo ofrece BMW, desde el encanto de un “descapotable”.

En su página web, lo “sustentable” satura el mensaje de BMW. Es su primera palabra de presentación. Con el trasfondo de una imagen de generadores eólicos, habla de su “ADN sostenible”, como “enfoque integral desde la cadena de suministros”. Livent, por su parte, no se queda atrás en la grandilocuencia verde; nos cuenta que su propósito es “aprovechar la tecnología del litio para impulsar la vida de las personas para un mundo más limpio, saludable y sostenible”.

Y en el caso concreto de este convenio, como no podía ser de otro modo, la “sustentabilidad” se presenta como el criterio fundamental en función del cual se tomó la decisión corporativa. Las crónicas destacan que BMW eligió a Livent en función de “estudios ambientales y sociales encargados” a las universidades de Alaska Anchorage y de Massachusetts Amherst, “que indicaron que dicha empresa emite 25 % menos de gases de efecto invernadero (GEI) que los métodos tradicionales de producción (sic) de litio, tiene un uso y manejo eficiente del agua y no realiza agregados de químicos nocivos en su producción”.

Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo

Esa frase me dispara mil preguntas. Empezando por el agua. ¿A qué llamarán “uso y manejo eficiente del agua”? ¿Qué pensarán las y los antofagasteñxs de tal dictamen? ¿Tendrán noticias de esos dichos “estudios”? ¿Alguien se les habrá acercado a preguntarles su opinión y saber? ¿Alguien los habrá tenido en cuenta para algo; ni qué hablar de consulta y consentimiento? Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas. Otro, correlativo, es el de ocluir el pasado, petrificar la alteridad como anacronía, y aniquilarla con el golpe de una puerta que se abre a un futuro inexorable, a la vez pletórico de escenas encantadoras y también ineludibles. “La transición energética es un hecho”; “la electromovilidad es el futuro”, se nos dice, y nos espera para hacernos “disfrutar las bellezas naturales desde un descapotable eléctrico”.

Cuando hablamos de GEI y de calentamiento global, me pregunto: ¿qué responsabilidad les cabe a las comunidades puneñas al respecto? ¿Cuál es su huella ecológica acumulada y qué proporción representa su consumo energético histórico dentro del capitaloceno? ¿Cuál es su consumo energético actual respecto de la media mundial? ¿Qué piensan y sienten ellxs, que tradicionalmente hicieron sus caminos a lomo de burro, y que conocieron las ‘4×4’ cuando llegaron las mineras? ¿Qué probabilidades tienen de ser beneficiarios –no digamos de la electromovilidad– sino ya de una cuota más justa de energía? ¿Qué proporción de “energía limpia” les tocará con las explotaciones de litio en su territorio?

Poner en contexto. Dimensionar el saqueo

Antofagasta de la Sierra es un departamento típico de la Puna sudamericana. Una región extremadamente árida, donde el régimen pluviométrico (que oscila entre 20 y 200 mm anuales) no parece explicar la capacidad de sustentar la vida si al territorio no le agregamos la profunda complejidad de sus cuencas, con misteriosos meandros y conexiones entre cursos diminutos de agua superficial, deslumbrantes espejos lacustres, salares, vegas y acuíferos insondables de aguas fósiles, que hablan de recargas de millones de años atrás.

En esa región de volcanes y salares, comunidades agropastoriles han tejido un territorio hidrosocial, haciendo del agüita y las aguadas, el sustento suficiente de sus majadas, sus crianzas y sus cultivos; de sus lanas, sus tejidos y demás artesanías. Hasta que un día la minería llegó a comunicarles que eran “subdesarrollados”, que estaban “atrasados” y que ellos venían a abrirles las puertas al futuro.

Desde 1997, la entonces Minera del Altiplano SA (filial de FMC Lithium, hoy Livent) se instaló en el principal salar del departamento para extraer sales de litio, a un ritmo de 20.000 toneladas anuales que exporta a sus plantas industriales en Estados Unidas y China, vía puertos chilenos. El proceso extractivo consiste en bombear aguas subterráneas a grandes piletas evaporíticas donde se extrae el mineral concentrado. Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo. Como dato complementario, la operación de la planta en el salar requiere de cinco grupos electrógenos a base de diesel, que representan un consumo eléctrico de 0,5 MW/año; el transporte de 2310 ton/semana de insumos y un consumo de 1034 m3/ de diesel oil sólo para el abastecimiento de sus flotas de camiones.

En el año 2012, el gobierno de Catamarca hizo un reclamo a la empresa minera por las facturas impagas del canon de agua. Desde el inicio de sus operaciones, Minera del Altiplano jamás había pagado el canon correspondiente, por entonces, al valor de un centavo (0,01 dólar) por cada mil litros de agua. El litigio se dilató hasta 2015, cuando la empresa consintió arribar a un acuerdo con el Gobierno por el que invertiría parte de la deuda en un Fideicomiso para financiar obras de infraestructura para el departamento, además de abrir una oficina en la provincia y contratar personal local. En noviembre de 2019, la empresa y el gobierno inauguraban un parque solar fotovoltaico de 600 kilowatts financiado con aquella vieja deuda del canon de agua; lo que se dice, un negocio redondo: cambiar una deuda por una publicidad permanente.

Comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra que violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT

Eso, sin embargo, es anecdótico. A fines de 2017, la empresa comunicó su decisión de invertir 300 millones de dólares para duplicar su extracción anual de litio hasta llegar a 40.000 toneladas anuales. Para ello, el gobierno le concedió nuevos permisos de agua por 650 m3/hora, habilitó instalaciones de bombeo y el trazado de un acueducto de 32 km desde el Río Los Patos hasta la planta de Livent. Las medidas provocaron la inmediata protesta de los pobladores locales, que años atrás habían denunciado el desecamiento de vegas y aguadas del río Trapiche, justamente por el desvío de aguas para la minera. Con cortes de ruta mediante, lograron paralizar las obras. En el 2019, antes de las elecciones el intendente y el senador del departamento posaron para las fotos en apoyo a las protestas de los vecinos con chalecos que rezaban “El Río Los Patos no se toca”.

Tras las elecciones, los apoyos políticos mutaron en persecuciones y represalias. En un escenario de abismal asimetría, vecinos y comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra, que no sólo presenta irregularidades en su Estudio de Impacto Ambiental, sino que además violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT. Su concreción pende como una sentencia de muerte para la economía lugareña. Me pregunto cómo habrán registrado los estudios ‘científicos’ encargados por BMW este conflicto y esta contradicción estructural. Me pregunto si a eso le llaman “uso y manejo eficiente del agua”.

Agua vs litio: el insoslayable “dilema” de la electromovilidad

La fachada verde de la electromovilidad es demasiado precaria, burda. No resiste el menor análisis. En lugar de empezar por otras prioridades, por sectores económicos realmente esenciales y necesidades vitales, la transición energética comandada por las estructuras oligárquico-corporativas que diseñan el mundo empiezan por los automóviles, esto es, como lo definiera André Gorz hace casi cincuenta años atrás, por un “producto de lujo antisocial”. Siguiendo su análisis, luego, la masificación de algo que fuera gestado “para el placer exclusivo de la minoría de los más ricos” y no para la satisfacción democrática, igualitaria y universal de una necesidad humana, conllevó el escalamiento progresivo y hasta ahora indetenible del deterioro generalizado de nuestro hábitat. El automovilismo de masas consolidó la ideología burguesa al tiempo que fue horadando la calidad del aire, de las ciudades y de las relaciones sociales. “De objeto de lujo y fuente de privilegios, el coche pasó a convertirse en objeto de una necesidad vital: lo superfluo se ha vuelto necesario (…) porque el universo pasó a estar organizado en función del auto”.

Hoy, todo eso que se hizo posible a costa de un descomunal dispendio de las reservas energéticas fósiles del planeta, en un tiempo que estamos ya padeciendo sus consecuencias geológicas y climáticas, ya no es viable: las automotrices saben que no pueden seguir con su negocio tal como está por mucho tiempo más. Entonces, el automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial.

La ficción de la electromovilidad como solución a la crisis climática y como transporte del futuro no resiste el menor análisis porque, por empezar, es incapaz de responder a una pregunta elemental: ¿para cuántos y para quiénes está pensado ese mundo? Se trata de un artefacto ideológico que ocluye no sólo los verdaderos costos ambientales que implicaría mudar el parque automotor hoy existente hacia vehículos eléctricos, sino también sus consecuencias humanitarias y sociales.

Pensando la cuestión en términos exclusivamente físicos, la electromovilidad se devela como el nuevo caballo de Troya de los dueños del mundo y de la “dueñidad” (como Rita Segato nombra a la estructura básica de la subjetividad y la institucionalidad hegemónica del orden colonial-patriarcal-moderno): un producto diseñado para extender y profundizar el principio estructurador de un mundo de pocos y para pocos. Una elemental economía de materiales revela este carácter oligárquico del “bien” en cuestión1.

El automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial

Sin entrar a considerar los múltiples puntos ciegos que implica la ficción de la electromovilidad particular como base de una movilidad sustentable2, centrándonos en el caso del consumo hídrico del litio y tomando como base el caso de la explotación del Salar del Hombre Muerto por parte de Livent, podemos dimensionar el efecto exterminista del patrón de electromovilidad actualmente en gestación. Hoy, Livent consume 135 m3 de agua por cada tonelada de litio carbonatado que exporta; las 20.000 tn anuales de litio cuestan 2.701.000 m3 de agua. Y si consideramos que la empresa proyecta alcanzar las 60.000 tn anuales en los próximos años, eso significa triplicar el drenaje hídrico que efectúa la empresa en una región extremadamente árida, donde la población nativa vive por gracia de haber aprendido a administrar el agua escasamente disponible para la satisfacción prioritaria de sus necesidades vitales.

En un comunicado reciente, la Comunidad Indígena Atacameña del Altiplano plantea: “Nos vemos en la necesidad de advertir que se continúa negando la existencia de nuestra comunidad indígena y se avanza sobre nuestros territorios ancestrales sin nuestro consentimiento. (…) El Ministerio de Minería debería estar atendiendo y resolviendo el daño ambiental ya causado: tenemos una vega seca de más de 9 km producto de la extracción incesante de agua del Río Trapiche por parte de la empresa FMC-Livent”. El comunicado termina con una afirmación ontológico-política crucial: “El agua vale más que el litio”.

Ciertamente, esa afirmación de la comunidad atacameña –que es afirmación de su existencia como pueblo– coloca claridad a la naturaleza de la disputa en cuestión: no se trata apenas del debate sobre la inconmensurabilidad de los lenguajes de valoración, sino de la intrínseca politicidad del valor de la vida. Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del litio es decidir cuáles vidas valen más que otras; qué vidas valen, a secas, y qué vidas son sacrificables.

El contrato entre BMW y Livent se hace a la sombra de la naturalización del abismal valor diferencial que, para esta sociedad hegemónica, hay entre la vida de un alemán o europeo (en este caso, no “medio” sino bastante “superior” a la media) y la de un/a antofagasteña/o. Ese contrato sella ese diferencial del valor; asegura a BMW la provisión de litio para sus autos de lujo, a costa de la economía vital de un pueblo. Ese acuerdo deja expuesto el cinismo obsceno del “ecologismo” genocida que se viene fraguando al calor del capitalismo verde y la transición energética de mercado.

Cuando la “sustentabilidad” retroalimenta el exterminismo colonial

El tiempo del ecocapitalismo tecnocrático está signado por el discurso de la “sustentabilidad” como último umbral de la depredación. Lo “sustentable” nombra hoy las nuevas tecnologías de la expropiación vital. Sólo así BMW y Livent pueden mostrarse como empresas a la vanguardia de un “nuevo mundo más saludable y sostenible”.

El litio –así como el resto de los minerales– que abastecerá el promisorio mercado de autos eléctricos se extraerá a costa del sacrificio de pueblos enteros, pueblos que seguramente han quedado, sí, afuera de la historia: de la historia trágica del capitalismo fósil; pueblos cuya huella energética constituye una porción infinitesimal, nanonésima de la del capitaloceno. Sin embargo, en nombre de la “salvación del ambiente”, sus territorios, ancestralmente sostenibles, serán sacrificados. El litio seca las agüaditas de las majadas.

Así, la era del automóvil eléctrico nació vieja, obsoleta. No tiene nada de futuro promisorio. El auto eléctrico viene impregnado de un rancio olor al pasado colonial. Nació para andar por las calles de un mundo más oligárquico aún; más insostenible, aún; más inhumano y des-humanizante, aún. El acuerdo entre BMW y Livent viene a recrear en el siglo XXI la lógica implacable de la división colonial de mundo que se fraguó en el siglo XVI. Viene a recordar a ingenuos y crédulos tecnólatras que el problema radical de la sustentabilidad no es apenas el de la quema de combustibles fósiles, sino el de la dinámica depredadora del capital y sus conexiones necesarias, geosociometabólicas, con el colonialismo, el racismo, el patriarcado.

Aunque, ciertamente, el despegue y la mundialización asfixiante del capitalismo sobre el mundo es un hecho histórico (y físico) inseparable del consumo incesante de hidrocarburos, eso no significa que la obligada transición energética nos lleve a dejar atrás, ipso facto, las raíces de la depredación. La lógica predatoria del capital, de un mundo de pocos y para pocos, se sigue reproduciendo, ahora, en el “nuevo mundo” (a conquistar) de las “energías limpias” y la transición energética de las grandes corporaciones. Son ellas, los nuevos/viejos conquistadores. Desde las cúspides autocráticas de sus transnacionales, los pocos dueños del mundo están tomando las riendas del “post-fosilismo” y dirigiéndonos a la parte más obscura de un largo callejón sin salida.

Notas:

1. Los estudios actuales señalan de modo unánime que los autos eléctricos implican un mayor consumo de minerales respecto a los equivalentes a combustión. Un estudio realizado en 2018 concluyó que mudar a eléctrico el 100 % del parque automotor mundial implicaría un aumento de los volúmenes de extracción de 2511 % para el litio, 1928 % de cobalto, 264 % de grafito, 118% de níquel, 100 % de tierras raras, 135 % de manganeso, 35 % de cobre. Véase De la Torre, Álvarez Pelegri y Espí Rodríguez (2019) “Protagonismo de las materias primas minerales en el desarrollo del vehículo eléctrico”. Revista Economía Industrial N° 411, Madrid.

2. Esto supondría abordar el tema del aumento del consumo energético que implicaría el parque automotor; la capacidad de generar toda esa electricidad partir de fuentes renovables; el costo energético y de emisiones que implica cambiar la infraestructura de provisión energética; el consumo de materiales de esas nuevas infraestructuras de generación y distribución; el consumo energético del transporte a escala global de volúmenes gigantescos de minerales e insumos, sólo por mencionar algunos.

Horacio Machado Aráoz es miembro del equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (CITCA-CONICET-UNCA, Argentina).

Fuente: https://ctxt.es/es/20210401/Firmas/35738/litio-agua-BMW-mineria-Argentina-Livent-energia-combustibles.htm

El agua vale más que el litio

Argentina

¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA
POLÍTICA DEL SUR
CITCA -CONICET -UNCA
¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)
En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los
acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá.

Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los
humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá,
inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la
violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando,
en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos
ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.

Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del
poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en
cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y
procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia).
Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas,
para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender
lo que ha pasado y lo que nos está pasando.

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación
de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática
y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones
naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder-se impone como “verdad”.

La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo
religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del
buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron
acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos,
buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas
superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones
políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico
que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades
satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia,
ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva.
Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la
“propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos
individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las
disposiciones del código penal.

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un
elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las
reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en
la quema de las oficinas de una empresa minera.
Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a
“desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la
grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales
son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que
engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la
penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la
expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye
un ominoso error epistémico y político.

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo
demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y
ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la
Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y
haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la
Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes
países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de
más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene
sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y
adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se
trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos
expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras
que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a
hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que
“desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos
tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable,
eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la
violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz
en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad
emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y

seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar
como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de
nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”. La única paz duradera y deseable es
aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del
“respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos
admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits
democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal
hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad
privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo
primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los
’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo
de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos.
El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios
para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La
anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de
desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo
enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente
sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad;
factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política.

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no
puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos
sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros
proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria
mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien
vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han
estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una
clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio
natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y
crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar
perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo
que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería
transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos
otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en
general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría
dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo.

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los
intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que
significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a
quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de
injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer
que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y
lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de
convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia.

12 de abril de 2021, Catamarca (Argentina).
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.
Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de
Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las
Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora,
Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente
Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de
Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología
Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario
Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de
Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de
Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral ConicetCITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente
Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega
(Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA),
Federico Vega Castillo (Estudiante y Ayudante alumno en Trabajo Social II Fac. De Humanidades,
UNCA ), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).
https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Vandalismo-o-estallido-social-.pdf

Argentina

GOBIERNO PROVINCIAL DE CATAMARCA Y MINERA YAMANA GOLD

DECLARAN LA GUERRA AL PUEBLO ANDALGALÁ EN ARGENTINA
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con
el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura
lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua
Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado
diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en
contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado
todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado
la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal
29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los
habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os
de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte
del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a
las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y
judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con
sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las
comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al
gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la
desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre
determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFE

Argentina, Criminalización de la protesta

APOYO DE LAS COMUNIDADES DIAGUITA AL PUEBLO DE ANDALGALÁ

19/04/2021
Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá
Compartimos el apoyo de los Caciques en representación de sus comunidades diaguita y en apoyo al pueblo de Andalgalá.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca.

“Exigimos, pues, la liberación inmediata de los hermanos que fueron detenidos por defender la vida y el medio ambiente, nuestra Pachamama”.

Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá

 

 

Argentina, Internacional, Litio

Orocobre y Galaxy Resources se fusionan para crear un gigante del litio en una operación de US$ 3 mil millones

De acuerdo con los términos de la fusión, los accionistas de Galaxy recibirán 0,569 acciones de Orocobre por cada uno de los títulos en su poder.
20/04/2021
MINERÍA CHILENA
(La Tercera) Las compañías mineras australianas Orocobre y Galaxy Resources han acordado una fusión entre iguales, en una operación valorada en 4.000 millones de dólares australianos (cerca de US$ 3.100 millones), con el objetivo de crear un nuevo gigante global en el segmento de la producción de litio, según han anunciado este lunes en un comunicado conjunto.

SEA publica nuevas guías para la evaluación de proyectos
Al cierre de la operación, los actuales accionistas de Orocobre ostentarán el 54,25 del capital social de la empresa conjunta, mientras que los accionistas de Galaxy serán dueños del 45,8% restante.

La fusión entre iguales ha sido recomendada de forma unánime por ambos consejos de administración. Ambas compañías han asegurado que la empresa conjunta tendrá una capitalización bursátil de cerca de US$ 3.100, lo que situará a la empresa en el ‘top 5’ de compañías productoras de litio por valoración en Bolsa.

Tras la operación, el presidente no ejecutivo de Galaxy Resources ocupará ese mismo cargo en la empresa conjunta, mientras que el presidente de Orocobre, Robert Hubbard, pasará a ser vicepresidente.

El director gerente y consejero delegado de Orocobre, Martín Pérez de Solay, ocupará ese mismo cargo en el nuevo grupo. Por otro lado, las oficinas principales de la firma estarán en Buenos Aires, Argentina, mientras que la sede corporativa estará en la Costa Este de Australia y contará con otra oficina en la ciudad australiana de Perth.
https://www.mch.cl/2021/04/20/orocobre-y-galaxy-resources-se-fusionan-para-crear-un-gigante-del-litio-en-una-operacion-de-us-3-mil-millones/