Argentina

Piden liberación de detenidos en protesta antiminera

28/04/2021
Vecinos y organizaciones antiminera reclaman por el avance del megaproyecto Mara (Minera Agua Rica Alumbrera). En enero la Corte de Justicia de Catamarca habilitó la explotación.

El pasado 10 de abril más de cuatro mil personas se movilizaron en Andangalá, al norte de la provincia de Catamarca, en contra de la megaminería en la región. La protesta avanzó y se registraron destrozos en la sede de un local político, el despacho de un legislador y la sede de la compañía Agua Rica, una de las empresas involucradas en el megaproyecto Mara (Minera Agua Rica Alumbrera). Tras el acto, detuvieron a varios manifestantes y hasta el día de hoy 12 activistas medioambientales continúan detenidos.

Frente a este escenario, allegados y grupos políticos se manifestaron en las últimas horas en la puerta del edificio del Ministerio de Ambiente de la Nación para exigir la libertad de los detenidos y reafirmar el rechazo al uno de los proyectos más grandes de explotación minera en la región. Además, distintos activistas denunciaron que son «hostigados» por la policía local que impulsó la vigilancia de sus domicilios con «drones» y «patrulleros».

Los vecinos de Andangalá y distintas organizaciones ambientalistas alertan que el avance de la actividad minera en la región les quita el acceso al agua potable y que cada vez es mayor el caudal de ríos afectados por la contaminación. «Yamana Gold -empresa canadiense- impulsa la minería de escala Mara sin licencia social. Mientras la comunidad de Andalgalá se defiende de la agresión, aún permanecen detenidos 12 vecinos defensores del agua y el Aconquija», publicó en sus redes la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC).

En las últimas horas, el diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Groso, y sus pares del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, se sumaron al pedido de liberación y dejaron mensajes en sus redes sociales. «Exigimos su libertad inmediata», coincidieron todos. Días atrás el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) también se pronunció al respecto y pidió revisar las acusaciones contra los ambientalistas.

Punto de quiebre
Si bien es un conflicto que data de décadas, en enero la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza 09/16 del municipio de Andalgalá que prohibía la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, a pesar de decir que el fallo se ajusta a derecho, el gobernador Raúl Jalil les aclaró a los titulares de la minera Agua Rica que la explotación no se llevará a cabo si no hay garantías de que no se afectará al medioambiente. La advertencia quedó en agenda y los grupos antimineros señalaron que comenzó la movilización de infraestructura para iniciar las operaciones, por lo que decidieron iniciar las protestas.

Luego de los reclamos que terminaron en disturbio, la Policía provincial desplegó una serie de allanamientos y aprehendió, a más de una docena de personas entre los que había activistas, militantes, exfuncionarios y trabajadores municipales. Al día de hoy, doce continúan presos. Además, se abrió una causa judicial y la encargada de conducir la recopilación de datos es la fiscal Soledad Rodríguez.
Fuente: El Intransigente
https://www.aimdigital.com.ar/nacionales/piden-liberacin-de-detenidos-en-protesta-antiminera.htm

Argentina

Raúl Jalil envía recursos a Andalgalá donde explotó el conflicto entre mineros y ambientalistas

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo
Por El Intransigente
24/04/2021
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil, decidió poner un manto de piedad al conflicto en Andalgalá. El mandatario acordó un aporte de $2.500.000 para el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. El dinero serán destinados a la asistencia de familias afectadas por las inclemencias climáticas. Pero además parte de este dinero está destinado a subsidiar la actividad gastronómica y los gimnasios de la comuna.

La asistencia financiera llegó en una semana compleja. Fueron días de cortocircuitos entre el jefe comunal y el oficialismo. Por las protestas antimineras, el Partido Justicialista presentó una denuncia contra Córdoba. De acuerdo a los demandantes el Intendente liberó la zona para que se produzcan desmanes. Además al menos una decena de dirigentes oficialistas salieron a criticar al titular del Ejecutivo municipal.

Por eso no es extraño este gesto político de Raúl Jalil. El mandatario llegó con $1.000.000 no reintegrables. Este dinero será destinado a la actividad gastronómica y gimnasios. Ambos rubros se vieron gravemente afectados por las medidas dispuestas en la emergencia sanitaria. Andalgalá es una ciudad que suele recibir muchos visitantes durante el verano. No tener temporada turística afectó gravemente al sector gastronómico.

En tanto, el $1.500.000 restante se asignó a las familias que fueron afectadas por las inclemencias del tiempo en el departamento tiempo atrás. “Continuamos en forma constante con el auxilio financiero a todos los municipios y siempre con la mirada puesta en los que más precisan. Los aportes que se realizan son en razón a las necesidades más urgentes, para que se llegue a un desarrollo integral, equilibrado y sin desigualdades en toda la provincia”, aseguró el ministro de Gobierno, Jorge Moreno que participó del acto.
Subsidio agrícola

Otro de los sectores que más se enfrenta a la minería es el de los agricultores locales. Para ellos el Gobierno también trajo subsidios. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizará aportes no reintegrables de $2, $1,5 y $1 por kilogramos a los pequeños productores que elaboren hasta un límite de 20.000 kilos.

Argentina, Internacional, Litio

El agua vale más que el litio

Lógica predatoria
Horacio Machado Aráoz 23/04/2021
Fuentes: CTXT [Imagen: Mina de litio. PICASA]

Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del alcalino es decidir qué vidas valen más que otras; cuáles valen, a secas, y cuáles son sacrificables

Días pasados, los habitantes de Catamarca (Argentina) nos enteramos por la prensa –sin previo aviso, como es costumbre–, de la firma de un convenio entre dos grandes empresas transnacionales para aliarse en la explotación de un mineral ‘disponible’ en el territorio provincial. Se trata de un contrato por 334 millones de dólares por la que la alemana BMW firma un acuerdo de provisión de litio con la minera norteamericana Livent (ex FMC Co.) que desde más de 20 años viene explotando las salmueras de litio del Salar del Hombre Muerto, en el departamento puneño de Antofagasta de la Sierra.

La escenografía de la noticia refleja a cabalidad y en alta definición la anatomía fisiológica del nuevo pacto colonial que, en nombre de la “sustentabilidad” y la “transición energética”, se viene sellando, ahora aceleradamente, en el contexto de la crisis pandémica global. En el centro de la escena, una empresa automotriz, fabricante emblemática de autos de lujo, firma un convenio con una de las primeras piezas del mercado oligopólico mundial de litio, para asegurarse el abastecimiento de un insumo estratégico para su nuevo producto estrella, el coche eléctrico. Al costado, cumpliendo los roles secundarios de servicios, funcionarios del gobierno estatal argentino. Fuera de escena y de todo lugar, sin arte ni parte en esta historia –como actualizando aquel viejo adagio colonial hegeliano–, las comunidades habitantes y productoras del territorio donde se extrae el llamado “oro blanco”.

Las crónicas periodísticas destacan que, por el acuerdo, “Argentina” (sic) se convertirá en el segundo proveedor de litio de BMW, detrás de Australia. Lo presentan como un logro de la nación, ya que el secretario de Minería, Alberto Hensel, había presentado meses atrás, en una videoconferencia a las autoridades de BMW, las bondades y potencialidades del “litio argentino”; aparentemente, con una oratoria muy convincente. La empresa Livent agradeció el apoyo técnico de la Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, que “resultó fundamental para el acuerdo celebrado”. BMW, por su parte, expresó que “al obtener litio de un segundo proveedor, estamos asegurando los requisitos para la producción de nuestra quinta generación actual de celdas de baterías. Al mismo tiempo, nos estamos volviendo tecnológicamente, geográficamente y geopolíticamente menos dependientes de proveedores individuales”. Así, el vocero de la empresa alemana, con una sinceridad inusual en el lenguaje corporativo, fue al grano y puso el dedo en la llaga. Porque ¿de qué se trata el colonialismo, sino de estructuras y relaciones de dependencia?

Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas

Eso sí. Las asimetrías histórico-estructurales se reproducen ahora con nuevas complicidades, nuevos formatos tecnológicos y ropajes ideológicos. En estos tiempos del “fin del mundo” (de los recursos infinitos), todo debe hacerse en nombre de la sacrosanta “sustentabilidad”. Todo se expresa en un discurso que, apelando al viejo culto colonial, desarrollista y tecnólatra, aparece ahora revestido de “conciencia ambiental”, presentando a las empresas liderando el cambio cultural y tecnológico hacia una economía post-carbono; un mundo feliz de aguas claras, aires puros y paisajes prístinos que se pueden disfrutar, ahora, desde las ventanillas de un auto eléctrico; o mejor aún, como lo ofrece BMW, desde el encanto de un “descapotable”.

En su página web, lo “sustentable” satura el mensaje de BMW. Es su primera palabra de presentación. Con el trasfondo de una imagen de generadores eólicos, habla de su “ADN sostenible”, como “enfoque integral desde la cadena de suministros”. Livent, por su parte, no se queda atrás en la grandilocuencia verde; nos cuenta que su propósito es “aprovechar la tecnología del litio para impulsar la vida de las personas para un mundo más limpio, saludable y sostenible”.

Y en el caso concreto de este convenio, como no podía ser de otro modo, la “sustentabilidad” se presenta como el criterio fundamental en función del cual se tomó la decisión corporativa. Las crónicas destacan que BMW eligió a Livent en función de “estudios ambientales y sociales encargados” a las universidades de Alaska Anchorage y de Massachusetts Amherst, “que indicaron que dicha empresa emite 25 % menos de gases de efecto invernadero (GEI) que los métodos tradicionales de producción (sic) de litio, tiene un uso y manejo eficiente del agua y no realiza agregados de químicos nocivos en su producción”.

Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo

Esa frase me dispara mil preguntas. Empezando por el agua. ¿A qué llamarán “uso y manejo eficiente del agua”? ¿Qué pensarán las y los antofagasteñxs de tal dictamen? ¿Tendrán noticias de esos dichos “estudios”? ¿Alguien se les habrá acercado a preguntarles su opinión y saber? ¿Alguien los habrá tenido en cuenta para algo; ni qué hablar de consulta y consentimiento? Uno de los más usados efectos mágicos del lenguaje colonial consiste en invisibilizar mundos y producir desapariciones/ausencias ontológicas. Otro, correlativo, es el de ocluir el pasado, petrificar la alteridad como anacronía, y aniquilarla con el golpe de una puerta que se abre a un futuro inexorable, a la vez pletórico de escenas encantadoras y también ineludibles. “La transición energética es un hecho”; “la electromovilidad es el futuro”, se nos dice, y nos espera para hacernos “disfrutar las bellezas naturales desde un descapotable eléctrico”.

Cuando hablamos de GEI y de calentamiento global, me pregunto: ¿qué responsabilidad les cabe a las comunidades puneñas al respecto? ¿Cuál es su huella ecológica acumulada y qué proporción representa su consumo energético histórico dentro del capitaloceno? ¿Cuál es su consumo energético actual respecto de la media mundial? ¿Qué piensan y sienten ellxs, que tradicionalmente hicieron sus caminos a lomo de burro, y que conocieron las ‘4×4’ cuando llegaron las mineras? ¿Qué probabilidades tienen de ser beneficiarios –no digamos de la electromovilidad– sino ya de una cuota más justa de energía? ¿Qué proporción de “energía limpia” les tocará con las explotaciones de litio en su territorio?

Poner en contexto. Dimensionar el saqueo

Antofagasta de la Sierra es un departamento típico de la Puna sudamericana. Una región extremadamente árida, donde el régimen pluviométrico (que oscila entre 20 y 200 mm anuales) no parece explicar la capacidad de sustentar la vida si al territorio no le agregamos la profunda complejidad de sus cuencas, con misteriosos meandros y conexiones entre cursos diminutos de agua superficial, deslumbrantes espejos lacustres, salares, vegas y acuíferos insondables de aguas fósiles, que hablan de recargas de millones de años atrás.

En esa región de volcanes y salares, comunidades agropastoriles han tejido un territorio hidrosocial, haciendo del agüita y las aguadas, el sustento suficiente de sus majadas, sus crianzas y sus cultivos; de sus lanas, sus tejidos y demás artesanías. Hasta que un día la minería llegó a comunicarles que eran “subdesarrollados”, que estaban “atrasados” y que ellos venían a abrirles las puertas al futuro.

Desde 1997, la entonces Minera del Altiplano SA (filial de FMC Lithium, hoy Livent) se instaló en el principal salar del departamento para extraer sales de litio, a un ritmo de 20.000 toneladas anuales que exporta a sus plantas industriales en Estados Unidas y China, vía puertos chilenos. El proceso extractivo consiste en bombear aguas subterráneas a grandes piletas evaporíticas donde se extrae el mineral concentrado. Cada día de operación, la minera consume 7400 metros cúbicos (m3) de agua, a razón de 5.100 litros por segundo. Como dato complementario, la operación de la planta en el salar requiere de cinco grupos electrógenos a base de diesel, que representan un consumo eléctrico de 0,5 MW/año; el transporte de 2310 ton/semana de insumos y un consumo de 1034 m3/ de diesel oil sólo para el abastecimiento de sus flotas de camiones.

En el año 2012, el gobierno de Catamarca hizo un reclamo a la empresa minera por las facturas impagas del canon de agua. Desde el inicio de sus operaciones, Minera del Altiplano jamás había pagado el canon correspondiente, por entonces, al valor de un centavo (0,01 dólar) por cada mil litros de agua. El litigio se dilató hasta 2015, cuando la empresa consintió arribar a un acuerdo con el Gobierno por el que invertiría parte de la deuda en un Fideicomiso para financiar obras de infraestructura para el departamento, además de abrir una oficina en la provincia y contratar personal local. En noviembre de 2019, la empresa y el gobierno inauguraban un parque solar fotovoltaico de 600 kilowatts financiado con aquella vieja deuda del canon de agua; lo que se dice, un negocio redondo: cambiar una deuda por una publicidad permanente.

Comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra que violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT

Eso, sin embargo, es anecdótico. A fines de 2017, la empresa comunicó su decisión de invertir 300 millones de dólares para duplicar su extracción anual de litio hasta llegar a 40.000 toneladas anuales. Para ello, el gobierno le concedió nuevos permisos de agua por 650 m3/hora, habilitó instalaciones de bombeo y el trazado de un acueducto de 32 km desde el Río Los Patos hasta la planta de Livent. Las medidas provocaron la inmediata protesta de los pobladores locales, que años atrás habían denunciado el desecamiento de vegas y aguadas del río Trapiche, justamente por el desvío de aguas para la minera. Con cortes de ruta mediante, lograron paralizar las obras. En el 2019, antes de las elecciones el intendente y el senador del departamento posaron para las fotos en apoyo a las protestas de los vecinos con chalecos que rezaban “El Río Los Patos no se toca”.

Tras las elecciones, los apoyos políticos mutaron en persecuciones y represalias. En un escenario de abismal asimetría, vecinos y comuneros de Antofagasta y la comunidad indígena atacameña del Altiplano siguen resistiendo a una obra, que no sólo presenta irregularidades en su Estudio de Impacto Ambiental, sino que además violó abiertamente el Convenio 169 de la OIT. Su concreción pende como una sentencia de muerte para la economía lugareña. Me pregunto cómo habrán registrado los estudios ‘científicos’ encargados por BMW este conflicto y esta contradicción estructural. Me pregunto si a eso le llaman “uso y manejo eficiente del agua”.

Agua vs litio: el insoslayable “dilema” de la electromovilidad

La fachada verde de la electromovilidad es demasiado precaria, burda. No resiste el menor análisis. En lugar de empezar por otras prioridades, por sectores económicos realmente esenciales y necesidades vitales, la transición energética comandada por las estructuras oligárquico-corporativas que diseñan el mundo empiezan por los automóviles, esto es, como lo definiera André Gorz hace casi cincuenta años atrás, por un “producto de lujo antisocial”. Siguiendo su análisis, luego, la masificación de algo que fuera gestado “para el placer exclusivo de la minoría de los más ricos” y no para la satisfacción democrática, igualitaria y universal de una necesidad humana, conllevó el escalamiento progresivo y hasta ahora indetenible del deterioro generalizado de nuestro hábitat. El automovilismo de masas consolidó la ideología burguesa al tiempo que fue horadando la calidad del aire, de las ciudades y de las relaciones sociales. “De objeto de lujo y fuente de privilegios, el coche pasó a convertirse en objeto de una necesidad vital: lo superfluo se ha vuelto necesario (…) porque el universo pasó a estar organizado en función del auto”.

Hoy, todo eso que se hizo posible a costa de un descomunal dispendio de las reservas energéticas fósiles del planeta, en un tiempo que estamos ya padeciendo sus consecuencias geológicas y climáticas, ya no es viable: las automotrices saben que no pueden seguir con su negocio tal como está por mucho tiempo más. Entonces, el automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial.

La ficción de la electromovilidad como solución a la crisis climática y como transporte del futuro no resiste el menor análisis porque, por empezar, es incapaz de responder a una pregunta elemental: ¿para cuántos y para quiénes está pensado ese mundo? Se trata de un artefacto ideológico que ocluye no sólo los verdaderos costos ambientales que implicaría mudar el parque automotor hoy existente hacia vehículos eléctricos, sino también sus consecuencias humanitarias y sociales.

Pensando la cuestión en términos exclusivamente físicos, la electromovilidad se devela como el nuevo caballo de Troya de los dueños del mundo y de la “dueñidad” (como Rita Segato nombra a la estructura básica de la subjetividad y la institucionalidad hegemónica del orden colonial-patriarcal-moderno): un producto diseñado para extender y profundizar el principio estructurador de un mundo de pocos y para pocos. Una elemental economía de materiales revela este carácter oligárquico del “bien” en cuestión1.

El automóvil (ahora eléctrico) ataca de nuevo y se convierte en la punta de lanza de la transformación capitalista de la matriz energética mundial

Sin entrar a considerar los múltiples puntos ciegos que implica la ficción de la electromovilidad particular como base de una movilidad sustentable2, centrándonos en el caso del consumo hídrico del litio y tomando como base el caso de la explotación del Salar del Hombre Muerto por parte de Livent, podemos dimensionar el efecto exterminista del patrón de electromovilidad actualmente en gestación. Hoy, Livent consume 135 m3 de agua por cada tonelada de litio carbonatado que exporta; las 20.000 tn anuales de litio cuestan 2.701.000 m3 de agua. Y si consideramos que la empresa proyecta alcanzar las 60.000 tn anuales en los próximos años, eso significa triplicar el drenaje hídrico que efectúa la empresa en una región extremadamente árida, donde la población nativa vive por gracia de haber aprendido a administrar el agua escasamente disponible para la satisfacción prioritaria de sus necesidades vitales.

En un comunicado reciente, la Comunidad Indígena Atacameña del Altiplano plantea: “Nos vemos en la necesidad de advertir que se continúa negando la existencia de nuestra comunidad indígena y se avanza sobre nuestros territorios ancestrales sin nuestro consentimiento. (…) El Ministerio de Minería debería estar atendiendo y resolviendo el daño ambiental ya causado: tenemos una vega seca de más de 9 km producto de la extracción incesante de agua del Río Trapiche por parte de la empresa FMC-Livent”. El comunicado termina con una afirmación ontológico-política crucial: “El agua vale más que el litio”.

Ciertamente, esa afirmación de la comunidad atacameña –que es afirmación de su existencia como pueblo– coloca claridad a la naturaleza de la disputa en cuestión: no se trata apenas del debate sobre la inconmensurabilidad de los lenguajes de valoración, sino de la intrínseca politicidad del valor de la vida. Definir y dirimir el valor del agua respecto del valor del litio es decidir cuáles vidas valen más que otras; qué vidas valen, a secas, y qué vidas son sacrificables.

El contrato entre BMW y Livent se hace a la sombra de la naturalización del abismal valor diferencial que, para esta sociedad hegemónica, hay entre la vida de un alemán o europeo (en este caso, no “medio” sino bastante “superior” a la media) y la de un/a antofagasteña/o. Ese contrato sella ese diferencial del valor; asegura a BMW la provisión de litio para sus autos de lujo, a costa de la economía vital de un pueblo. Ese acuerdo deja expuesto el cinismo obsceno del “ecologismo” genocida que se viene fraguando al calor del capitalismo verde y la transición energética de mercado.

Cuando la “sustentabilidad” retroalimenta el exterminismo colonial

El tiempo del ecocapitalismo tecnocrático está signado por el discurso de la “sustentabilidad” como último umbral de la depredación. Lo “sustentable” nombra hoy las nuevas tecnologías de la expropiación vital. Sólo así BMW y Livent pueden mostrarse como empresas a la vanguardia de un “nuevo mundo más saludable y sostenible”.

El litio –así como el resto de los minerales– que abastecerá el promisorio mercado de autos eléctricos se extraerá a costa del sacrificio de pueblos enteros, pueblos que seguramente han quedado, sí, afuera de la historia: de la historia trágica del capitalismo fósil; pueblos cuya huella energética constituye una porción infinitesimal, nanonésima de la del capitaloceno. Sin embargo, en nombre de la “salvación del ambiente”, sus territorios, ancestralmente sostenibles, serán sacrificados. El litio seca las agüaditas de las majadas.

Así, la era del automóvil eléctrico nació vieja, obsoleta. No tiene nada de futuro promisorio. El auto eléctrico viene impregnado de un rancio olor al pasado colonial. Nació para andar por las calles de un mundo más oligárquico aún; más insostenible, aún; más inhumano y des-humanizante, aún. El acuerdo entre BMW y Livent viene a recrear en el siglo XXI la lógica implacable de la división colonial de mundo que se fraguó en el siglo XVI. Viene a recordar a ingenuos y crédulos tecnólatras que el problema radical de la sustentabilidad no es apenas el de la quema de combustibles fósiles, sino el de la dinámica depredadora del capital y sus conexiones necesarias, geosociometabólicas, con el colonialismo, el racismo, el patriarcado.

Aunque, ciertamente, el despegue y la mundialización asfixiante del capitalismo sobre el mundo es un hecho histórico (y físico) inseparable del consumo incesante de hidrocarburos, eso no significa que la obligada transición energética nos lleve a dejar atrás, ipso facto, las raíces de la depredación. La lógica predatoria del capital, de un mundo de pocos y para pocos, se sigue reproduciendo, ahora, en el “nuevo mundo” (a conquistar) de las “energías limpias” y la transición energética de las grandes corporaciones. Son ellas, los nuevos/viejos conquistadores. Desde las cúspides autocráticas de sus transnacionales, los pocos dueños del mundo están tomando las riendas del “post-fosilismo” y dirigiéndonos a la parte más obscura de un largo callejón sin salida.

Notas:

1. Los estudios actuales señalan de modo unánime que los autos eléctricos implican un mayor consumo de minerales respecto a los equivalentes a combustión. Un estudio realizado en 2018 concluyó que mudar a eléctrico el 100 % del parque automotor mundial implicaría un aumento de los volúmenes de extracción de 2511 % para el litio, 1928 % de cobalto, 264 % de grafito, 118% de níquel, 100 % de tierras raras, 135 % de manganeso, 35 % de cobre. Véase De la Torre, Álvarez Pelegri y Espí Rodríguez (2019) “Protagonismo de las materias primas minerales en el desarrollo del vehículo eléctrico”. Revista Economía Industrial N° 411, Madrid.

2. Esto supondría abordar el tema del aumento del consumo energético que implicaría el parque automotor; la capacidad de generar toda esa electricidad partir de fuentes renovables; el costo energético y de emisiones que implica cambiar la infraestructura de provisión energética; el consumo de materiales de esas nuevas infraestructuras de generación y distribución; el consumo energético del transporte a escala global de volúmenes gigantescos de minerales e insumos, sólo por mencionar algunos.

Horacio Machado Aráoz es miembro del equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (CITCA-CONICET-UNCA, Argentina).

Fuente: https://ctxt.es/es/20210401/Firmas/35738/litio-agua-BMW-mineria-Argentina-Livent-energia-combustibles.htm

El agua vale más que el litio

Argentina

¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA
POLÍTICA DEL SUR
CITCA -CONICET -UNCA
¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral

“Las revueltas son el lenguaje de aquellos a quienes nadie escucha» (Martin Luther King)
En estos momentos, lxs catamarqueñxs de todo signo y condición, nos hayamos conmovidxs por los
acontecimientos de público conocimiento del pasado sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá.

Más allá de la desinformación y falta de certezas que cubren los hechos, lo cierto es que tras los
humos y los vidrios rotos de las instalaciones de la empresa canadiense Yamana Gold en Andalgalá,
inmediatamente emerge el montaje de un discurso “republicano” y “democrático” que repudia “la
violencia”, llama a la “paz social” y al “respeto de las instituciones”, estigmatizando y condenando,
en el mismo acto, a los así llamados “antimineros” como responsables; como “fanáticos
ecoterroristas” que están detrás de los “ataques” a la propiedad privada de una empresa.

Ante la consternación social y la confusión política generada, desde los sectores hegemónicos del
poder se pretende instalar una interpretación unívoca y superficial sobre los acontecimientos en
cuestión (empezando por considerarlos aisladamente, separado de la larga cadena de hechos y
procesos sociales de corta y larga duración que los anteceden y conforman la matriz históricopolítica de su emergencia).
Frente a ello, nos parece necesario advertir y tomar distancia de tan elementales operaciones ideológicas,
para dejar lugar a un ejercicio de reflexión colectiva que nos ayude como sociedad a comprender
lo que ha pasado y lo que nos está pasando.

Justamente, la tarea y la función social de la ciencia es la de contribuir a la producción y validación
de conocimientos, profundizando los mecanismos de reflexividad social, a partir de una sistemática
y metódica inspección exhaustiva de las creencias de sentido común y las concepciones
naturalizadas de y sobre la vida social que -muchas veces desde el poder-se impone como “verdad”.

La ciencia moderna nació así. Bajo los cielos del Iluminismo, luchando contra el dogmatismo
religioso medieval, la filosofía moderna procuró hacer de la verdad una cuestión de masas, y del
buen gobierno, una tarea del entendimiento colectivo y la voluntad popular. Esas ideas incubaron
acontecimientos políticos a través de los cuales las sociedades humanas, en distintos momentos,
buscaron vías de escape a formas consolidadas de opresión y privación, hacia alternativas
superadoras; digamos, liberadoras. Es la historia de las rebeliones populares y las revoluciones
políticas modernas.

Creemos que eso es lo que subyace a los acontecimientos recientes en Andalgalá. El velo ideológico
que desde las cumbres del poder social (estatal, corporativo, mediático y sus agencialidades
satélites) se elaboró rápidamente sobre los mismos, condenando, hipócritamente, la violencia,
ocluye, en realidad, la naturaleza política del conflicto y prepara las armas de una escalada represiva.
Con una lógica de “sentido común” se llama a “preservar la paz”, a “respetar las instituciones”, la
“propiedad privada”; se presenta a los hechos como actos delictivos; de determinados sujetos
individuales e individualizables, cuyas conductas no merecen otro registro y otro trato que las
disposiciones del código penal.

La verdad, esa interpretación y vía de tratamiento de los hechos, no sólo es insostenible desde un
elemental análisis crítico, sino que, además, es políticamente inconducente para abrir paso a las
reparaciones y la resolución democrática de las contradicciones que emergieron y se expresaron en
la quema de las oficinas de una empresa minera.
Siguiendo la fundacional regla durkheimiana del procedimiento científico -que nos conmina a
“desechar sistemáticamente todas las prenociones”-, es necesario prevenirnos de no incurrir en la
grosera confusión entre un acontecimiento político y meros hechos delictivos. Los estallidos sociales
son eminentemente políticos. Los ojos del poder, tienden a invisibilizar las causas estructurales que
engendran la violencia; su reflejo es darles un tratamiento meramente judicial, vía la represión y la
penalización. Los ojos de la ciencia no pueden incurrir en esa trampa ideológica. Confundir la
expresión política de un conflicto territorial estructural con burdos actos de vandalismo constituye
un ominoso error epistémico y político.

Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold (por lo
demás, una empresa que tiene un abultado prontuario de violaciones a los derechos humanos y
ambientales, no sólo en el caso del Proyecto Agua Rica donde, por lo menos, se halla infringiendo la
Ley Nacional 26639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares, y
haciendo caso omiso de la Ordenanza Municipal 029/16 y la resolución de la Corte Suprema de la
Nación ante la Acción de Amparo presentada por vecinxs de Andalgalá, sino también en diferentes
países donde tiene operaciones), no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de
más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene
sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y
adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura.

Como acontecimiento político, el del sábado, es un acto eminentemente colectivo, social; no se
trata de hechos individualizables. Aunque lo hayan materializado algunos sujetos, esos sujetos
expresaron una fuerza social colectiva. Años de indignación y bronca contenidas cargaron las piedras
que rompieron esos vidrios. Es una falta a la verdad y a la justicia, acusar a quienes se atrevieron a
hacerlo. Porque ellxs -sean quienes sean- no son lxs gestores de la violencia. No son lxs que
“desataron” la violencia; apenas reaccionaron ante una violencia sistemática que en los últimos
tiempos se hizo asfixiante; insoportable. La reacción ante una opresión que se torna insoportable,
eso es precisamente, científicamente, un acto de rebelión popular.

Desde un análisis franco y objetivo de los hechos, no podemos ingenuamente “condenar la
violencia”. Debemos preguntarnos qué es lo que realmente violenta la paz social. ¿Puede haber paz
en una sociedad edificada sobre la guerra (y la sociedad moderna es cabalmente una sociedad
emergente de una larga guerra de conquista)? Si la condena a la violencia se hace honesta y

seriamente, es preciso que se interpele sobre los orígenes de la violencia. Si se la quiere erradicar
como forma de lo político, es necesario poner una mirada en las profundas fallas estructurales de
nuestro “sistema de gobierno y de administración de justicia”. La única paz duradera y deseable es
aquella que nace de la justicia y de un orden plenamente democrático.
Si de verdad queremos condenar la violencia, y no hacerlo desde el lugar hipócrita y cínico del
“respeto a las instituciones” (liberales, coloniales, bajo cuya sujeción nos hallamos) debemos
admitir, como nodo radical de los problemas que subyacen a la misma, los profundos déficits
democráticos y de justicia que agobian a nuestra sociedad local concreta y al modelo societal
hegemónico y global, en general.

Antes que la paz, en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia. Antes que la propiedad
privada de una corporación, se ha violado el derecho territorial de un pueblo. En este caso, lo
primero que violenta la voluntad popular y el gobierno de la mayoría, es la legislación minera de los
’90, fácticamente, una imposición del Banco Mundial, pensada y diseñada para el interés exclusivo
de las corporaciones transnacionales, no para el de nuestros pueblos.
El marco normativo que rige la minería transnacional en el país ha creado un muro de privilegios
para un tipo de explotaciones completamente controlada y dominada por el capital extranjero. La
anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de
desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo
enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente
sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad;
factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política.

Como sector emblemáticamente oligopólico, concentrado y transnacional, este tipo de minería no
puede dar lugar a ninguna expectativa razonable de “desarrollo”; mucho menos si lo queremos
sustentable, inclusivo, democrático. Su “cadena de valor” es la que nos tiene atados como meros
proveedores pasivos de materias primas para el abastecimiento subordinado de la industria
mundial. A la hora de analizar científicamente los impactos de la minería en nuestra región, bien
vale recordar una conclusión de un prestigioso geógrafo inglés: “Tanto el siglo XIX como el XX han
estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una
clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio
natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y
crecientemente empobrecida” (Anthony Bebbington, 2007).

El pueblo de Andalgalá está de pie y se viene manifestando desde hace años, con ejemplar
perseverancia en ya 587 caminatas semanales, contra ese perverso “destino minero”. Si hay algo
que está claro en este mar de confusiones y de contaminación ideológica, es que la minería
transnacional no tiene licencia social en Andalgalá, así como probablemente también, en muchos
otros pueblos, localidades, departamentos y franjas sociales de la provincia. No ha habido, en
general, un proceso serio de información veraz y consulta democrática a la población sobre si estaría
dispuesta a aceptar y asumir los impactos y consecuencias de este modelo.

Desde una perspectiva histórica y científicamente informada, comprometida políticamente con los
intereses mayoritarios de nuestro pueblo, no podemos dejar de denunciar la violencia primera que
significa este tipo de explotaciones. En el caso de los acontecimientos de Andalgalá, perseguir a
quienes días pasados provocaron destrozos parciales a las oficinas de Yamana Gold, es un acto de
injusticia política y de ceguera epistémica. Ningún formalismo hipócrita puede ocultar y desconocer
que, en pleno siglo XXI, la minería transnacional sigue siendo la herida colonial más sangrienta y
lacerante de América Latina; la vena abierta por donde se desangran nuestras posibilidades de
convivencia autónoma, en paz, justicia y democracia.

12 de abril de 2021, Catamarca (Argentina).
Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET -UNCA.
Horacio Machado Aráoz (Investigador Adjunto Conicet – CITCA, Cátedra de Sociología II, Fac. de
Humanidades, UNCA), Claudia Inés Sosa (Docente Investigadora, Cátedra de Investigación de las
Cs. Sociales, Fac. de Humanidades, UNCA), Mariela Analía Pistarelli (Docente Investigadora,
Cátedras de Sociología, Fac. de Humanidades, UNCA), María Belén Verón Ponce (Docente
Investigadora, Coordinadora de la Especialización en Políticas de Género y Violencia, Fac. de
Humanidades, UNCA), Ana Belén Castro (Docente Investigadora, Cátedras de Ética y Deontología
Profesional y de Planificación, Fac. de Humanidades, UNCA), Gustavo Mario Pisani (Becario
Doctoral Conicet, Docente de la Cátedra de Antropología, Territorio y Sociedad, Escuela de
Arqueología, UNCA), Noelia del Valle Cisterna (Becaria Doctoral Conicet, Docente de la cátedra de
Ciencia Política, Fac. de Humanidades, UNCA), Estela Romina Cruz (Becaria Doctoral ConicetCITCA, Docente de la Cátedra de , Fac. de Humanidades, UNCA), Ornella Castro (Docente
Investigadora, Cátedra de Zootecnia General, Fac. de Cs. Agrarias, UNCA), Aimée Martínez Vega
(Becaria Doctoral Conicet- CITCA) Leonardo Javier Rossi (Becario Doctoral Conicet -CITCA),
Federico Vega Castillo (Estudiante y Ayudante alumno en Trabajo Social II Fac. De Humanidades,
UNCA ), María Zalazar (Estudiante Fac. de Humanidades, UNCA).
https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Vandalismo-o-estallido-social-.pdf

Argentina

GOBIERNO PROVINCIAL DE CATAMARCA Y MINERA YAMANA GOLD

DECLARAN LA GUERRA AL PUEBLO ANDALGALÁ EN ARGENTINA
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con
el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura
lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua
Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado
diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en
contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado
todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado
la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal
29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los
habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os
de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte
del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a
las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y
judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con
sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las
comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al
gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la
desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre
determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFE

Argentina, Criminalización de la protesta

APOYO DE LAS COMUNIDADES DIAGUITA AL PUEBLO DE ANDALGALÁ

19/04/2021
Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá
Compartimos el apoyo de los Caciques en representación de sus comunidades diaguita y en apoyo al pueblo de Andalgalá.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca.

“Exigimos, pues, la liberación inmediata de los hermanos que fueron detenidos por defender la vida y el medio ambiente, nuestra Pachamama”.

Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá

 

 

Argentina, Internacional, Litio

Orocobre y Galaxy Resources se fusionan para crear un gigante del litio en una operación de US$ 3 mil millones

De acuerdo con los términos de la fusión, los accionistas de Galaxy recibirán 0,569 acciones de Orocobre por cada uno de los títulos en su poder.
20/04/2021
MINERÍA CHILENA
(La Tercera) Las compañías mineras australianas Orocobre y Galaxy Resources han acordado una fusión entre iguales, en una operación valorada en 4.000 millones de dólares australianos (cerca de US$ 3.100 millones), con el objetivo de crear un nuevo gigante global en el segmento de la producción de litio, según han anunciado este lunes en un comunicado conjunto.

SEA publica nuevas guías para la evaluación de proyectos
Al cierre de la operación, los actuales accionistas de Orocobre ostentarán el 54,25 del capital social de la empresa conjunta, mientras que los accionistas de Galaxy serán dueños del 45,8% restante.

La fusión entre iguales ha sido recomendada de forma unánime por ambos consejos de administración. Ambas compañías han asegurado que la empresa conjunta tendrá una capitalización bursátil de cerca de US$ 3.100, lo que situará a la empresa en el ‘top 5’ de compañías productoras de litio por valoración en Bolsa.

Tras la operación, el presidente no ejecutivo de Galaxy Resources ocupará ese mismo cargo en la empresa conjunta, mientras que el presidente de Orocobre, Robert Hubbard, pasará a ser vicepresidente.

El director gerente y consejero delegado de Orocobre, Martín Pérez de Solay, ocupará ese mismo cargo en el nuevo grupo. Por otro lado, las oficinas principales de la firma estarán en Buenos Aires, Argentina, mientras que la sede corporativa estará en la Costa Este de Australia y contará con otra oficina en la ciudad australiana de Perth.
https://www.mch.cl/2021/04/20/orocobre-y-galaxy-resources-se-fusionan-para-crear-un-gigante-del-litio-en-una-operacion-de-us-3-mil-millones/

Argentina

Recrudecen los conflictos por la megaminería en el país y desafían los planes del Gobierno

Después del revés en Chubut, en Andalgalá se desencadenaron hechos de violencia que finalizaron con activistas detenidos por movilizarse contra el proyecto de Agua Rica
Juan Piscetta
18/04/2021
[email protected]

Marcha minera en Andalgalá, Catamarca, contra el proyecto Agua Rica

En Andalgalá, provincia de Catamarca, la encrucijada sobre avanzar o no en un modelo minero se sella con violencia. Doce personas permanecían detenidas este domingo, acusadas de haber participado del incendio y los destrozos de las oficinas de la minera Agua Rica. El incidente, ocurrido el sábado 10 de abril, se produjo cuando un grupo de manifestantes que logran irrumpir en los ingresos de la compañía en un clima de caos y movilización. Explotaron, además, cinco vehículos y destrozos en la sede del PJ de Andalgalá. La semana continuó con una dura respuesta policial y judicial, que avanzó con allanamientos hacia los domicilios de los sospechosos que, por su crudeza, ameritó una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

El incidente en el pueblo norteño es el tercer eslabón de una cadena de protestas que desafía el plan de inversiones mineras de la gestión de Alberto Fernández. Entre los empresarios del sector y las autoridades de las provincias mineras preocupa cuando la tensión escala a ese punto.

Antes había sido Mendoza, a comienzos de 2020, donde una multitudinaria movilización volteó una reforma para habilitar la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Solo habían pasado dos meses de la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador, que tuvo que dar marcha atrás. En el verano de 2021 le tocó a Chubut: el gobernador Mariano Arcioni no pudo imponerse al rechazo social de su proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química, de plata cobre y plomo en departamentos como los Telsen y Gastre.

Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La ira se disparó mientras transcurría la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.

Los activistas ambientalistas y sociales en contra del desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.

“Estamos en un punto de quiebre. Después de 11 años de lucha y caminatas, tenemos como única respuesta la violencia”, aseguró a Infobae Ana Chayle, miembro de la Asamblea El Algarrobo, una de las organizaciones impulsoras de la protesta. “El hartazgo y cansancio social hizo que tengamos una caminata histórica el 10 de abril. Nosotros denunciamos la presencia de infiltrados y operadores políticos por los incidentes, pero nadie puede desconocer que Andalgalá está despierta y enojada por la violación de las garantías y derechos”.


La paz social no está garantizada en Andalgalá y la desconfianza está instalada entre los protagonistas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rechazó los hechos de violencia “contra la propiedad privada” y ratificó la política minera por los ingresos que implica en materia regalías, retenciones y su “efecto multiplicador”.

Además, aclaró que no hay otras alternativas donde “el 80% del suelo provincial es de montaña”. “El proyecto de Agua Rica está siguiendo todos los pasos, estamos siendo estrictos”, indicó en radio Con Vos. “No se puede incendiar una empresa internacional, hemos mandado al secretario de Derechos Humanos para que vea la situación de los presos”, agregó.

Todo el sector privado minero y público cerraron filas y expresaron su repudio a lo ocurrido. “Vemos como preocupante el uso de la violencia para reemplazar a los argumentos, así como la negativa a participar en los espacios de debate. Creemos que siempre se deben buscar opciones superadoras”, sostuvo a Infobae el presidente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia. “Argentina cuenta con recursos y puede ponerlos a producir, para mejorar la calidad de vida de su población. Tal vez la discusión debería centrarse en “cómo” debe ser la minería argentina, en términos de sustentabilidad, control y calidad”, añadió.

Detrás de la ebullición local hay una larga historia que data al menos desde hace 24 años. El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem inauguró el modelo minero de Bajo la Alumbrera, ubicada en el departamento de Belén. Se prometieron 6000 puestos de trabajo, un barrio para 5000 personas y un hospital de alta complejidad. Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold son las firmas que ponen en funcionamiento el yacimiento de cobre, oro y molibdeno. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, que confluye en una unión transitoria de empresas (UTE) con Minera Alumbrera.

El proyecto de Agua Rica, que está en etapa de exploración, es auspiciado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral.

“Después de 20 años de explotación de Bajo la Alumbrera, Andagalá sigue siendo un pueblo pobre, con calles destruidas y sin servicios básicos, y Catamarca es la provincia que más IFE necesitó en el inicio de la pandemia. Se construyó un hospital con fondos de regalías mineras que es pura fachada, sin agua caliente y nos faltan especialistas. No queremos que nos vendan espejitos de colores y promesas que ni siquiera pueden cumplir. La megaminería es una gran farsa, una economía de enclave para luego extraer las riquezas y levantar las valijas, dejando a nuestros pueblos más divididos”, sostuvo la asambleísta Ana Chayle.

El presidente Alberto Fernandez junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en una reunión sobre el proyecto de rezonificación minera de Chubut

El desafío minero

Para el Gobierno, la minería es considerada como uno de los polos para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quiere revisar la carga tributaria que pesa sobre los proyectos mineros, con el objetivo de facilitar las inversiones millonarias que se pueden recibir en el sector. El presidente Alberto Fernández apoya el enfoque.

“La industria minera puede ser un pilar útil en el proceso de recuperación del país. Pensemos que a hoy en día genera más de 82.000 puestos de trabajo y es el sexto complejo exportador generando durante el 2020 alrededor de U$D 2.600 millones en exportaciones e –incluso en contexto de COVID-19 aportó al sector público más de $61.000 millones de pesos”, señaló Alberto Carlocchia, titular de la CAEM.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene puesta la mirada en la producción de una materia prima crítica para las industrias tecnológicas. A comienzos de abril, constituyó la Mesa Nacional del Litio junto a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. El funcionario considera el recurso como esencial para la transición energética y la denominada “revolución verde” en la que avanza el mundo. El “oro blanco” se utiliza en muchas de las innovaciones técnicas de las últimas décadas: celulares, tablets, notebooks, cámaras digitales y autos eléctricos. Argentina podría satisfacer el 17% de la demanda global del mineral.

Sin embargo, este tipo de proyectos mineros requieren, igual que otros, de la licencia social. En Jujuy, en la zona de Salinas Grandes -el tercer salar más grande de Latinoamérica- y de la Laguna de Guayatayoc, la explotación del litio en la Puna es resistida hace años por las comunidades indígenas, con un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En otras latitudes, como en Santa Cruz, existe un mayor apoyo de la población.

Algunos proyectos no logran obtener la licencia social y son rechazados

“La industria minera argentina es plenamente consciente de las expectativas que tienen las comunidades con relación a cómo se manejan las cuestiones de sustentabilidad, tanto ambiental como social”, sostuvo Carlocchia a este medio. “Por eso, cuando de diseña en un proyecto minero, además de las cuestiones puramente operativas, las empresas trabajan en paralelo desde el día cero los temas de sustentabilidad y de desarrollo de la comunidad”, agregó.

No es el caso de Andalgalá. La minería, en la etapa de exploración de Agua Rica, por el momento promete unos 150 empleos, algo insuficiente para los activistas y pobladores. El diálogo está quebrado. En las detenciones y allanamientos ordenados por la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro se imputaron a las 12 personas acusadas por los delitos de violación de domicilio, daños, hurto calificado e incendio doloso. Cuatro de ellos están en prisión domiciliaria, y dos son personas mayores de edad, jubiladas.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- repudiaron el accionar judicial y pidieron el freno a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció también la “criminalización de la protesta”.

“Muchas de las personas que están detenidas son conocidos por levantar las banderas en contra de la megaminería, otros que son vecinos con una clara identificación partidaria y tres son comunicadores de prensa de El Algarrobo. Quieren atemorizarnos para que nos dejemos de manifestarnos, hay una clara persecución política”, apuntó Ana Chayle de la Asamblea El Algarrobo.
https://www.infobae.com/politica/2021/04/18/recrudecen-los-conflictos-por-la-megamineria-en-el-pais-y-desafian-los-planes-del-gobierno/

Argentina

Conflicto Minero en Andalgalá: Pastoral Social reclama diálogo

6/04/2021
San Fernando del Valle de Catamarca (AICA)
El equipo diocesano de Catamarca exhortó a las partes a dirimir las controversias en forma pacífica y mediante el camino del diálogo. También se ofreció a contribuir para llegar a un entendimiento.
Conflicto Minero en Andalgalá: Pastoral Social reclama diálogo Protestas por proyecto minero en Agua Rica
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El Equipo Diocesano de Pastoral Social de Catamarca se pronunció tras los episodios violentos que se registraron en Agua Rica en el marco del conflicto minero en Andalgalá, y recordó a las partes que por más complejas que sean las controversias deben dirimirse en forma pacífica y mediante el diálogo.

Tras citar mensajes del papa Francisco sobre la necesidad de siempre ir por ese camino frente a estas situaciones conflictivas, sostuvo: “Estamos convencidos de que los conflictos, por más complejos que sean, si hay buena voluntad entre las partes involucradas se pueden resolver pacíficamente”.

“Hace falta que todos nos determinemos a elegir el camino del diálogo sereno, generoso y racional. Es necesario que todos nos determinemos a elegir la paz y no la violencia, que nos determinemos a poner siempre el Bien Común por encima de los intereses particulares de cualquier tipo y sectores que sean”, agregó.

La Pastoral Social de Catamarca exhortó al diálogo recordando el refrán “Conversando se entiende la gente” y manifestó su disposición, si fuera necesaria, de colaborar para que “pueda concretarse esa conversación”.

Texto del comunicado
La minería es una actividad humana compleja y en muchas latitudes su concreción ha generado conflictos. El conflicto ambiental, social y político, de larga data, que se ha generado en la ciudad de Andalgalá por la cuestión relacionada con la futura explotación minera de Agua Rica, se ha manifestado en su último episodio de forma violenta.

Estamos convencidos de que los conflictos, por más complejos que sean, si hay buena voluntad entre las partes involucradas se pueden resolver pacíficamente. Al respecto, el papa Francisco nos enseña que “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad” (Evangelii Gaudium, N°226).

“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros ingresan de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones, y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar la existencia del conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso superador en beneficio de la comunidad involucrada. Recordamos lo que dice el Evangelio: “¡Felices los que trabajan por la paz! Mt 5,9” (Evangelii Gaudium, N°227).

Nos parece que estas enseñanzas nos pueden iluminar y suscitar nuevos ánimos para afrontar la delicada cuestión planteada. Se trata de una cuestión en la que está en juego nada más ni nada menos que el cuidado de nuestra casa común y de los que viven y vivirán en ella.

Hace falta que todos nos determinemos a elegir el camino del diálogo sereno, generoso y racional. Es necesario que todos nos determinemos a elegir la paz y no la violencia, que nos determinemos a poner siempre el Bien Común por encima de los intereses particulares de cualquier tipo y sectores que sean.

Exhortamos al diálogo recordando el refrán“Conversando se entiende la gente”. Si hace falta nuestra colaboración para que pueda concretarse esa conversación, estamos a disposición de brindar lo que desde la Iglesia podemos ofrecer. Paz y Bien.+
https://aica.org/noticia-conflicto-minero-en-andalgala-pastoral-social-reclama-dialogo

Argentina

Dique de colas de la mina Josemaría será casi tan grande como Los Caracoles

15/04/2021
Proyecto Josemaría en la provincia argentina de San Juan. / Cortesía de Josemaria Resources.
En el informe de Impacto Ambiental (IIA) que entregó la empresa Deprominsa, subsidiaria de la canadiense Lundin, para su aprobación al Ministerio de Minería local, se puede comprobar que el dique de colas de la mina Josemaría– emprendimiento de cobre y oro, ubicado en San Juan, Argentina- será de gran tamaño, como lo afirmó, en octubre del 2020, el CEO del proyecto minero, Alfredo Vitaller.

El dique que se construirá para almacenar los residuos o relaves remanentes del proceso de extracción del mineral será enorme, casi tan grande como el dique Caracoles, aguas arriba del río San Juan – Argentina.

La superficie del dique minero ocupará 1.020 hectáreas, apenas un 20% menos que las 1.284 hectáreas que ocupa Los Caracoles en su área de embalse. Este dique en lugar de contener agua, contendrá los desechos obtenidos tras el procesamiento del material.

Además, el muro principal de ese depósito alcanzará una pared de 192 metros, con lo cual superará en un 33% al que hasta ahora era el más alto, el de la presa Los Caracoles, que tiene una altura máxima de 128,8 metros.

La muralla de roca y tierra aluvional poco permeable -obtenida del mismo lugar donde se cave-, tendrá en el primer año una altura de 50 metros a 4.100 msnm e ira creciendo año tras año, hasta alcanzar la altura mencionada anteriormente. Junto con otros dos muros más chicos, tendrá la misión de domar y contener nada menos que mil millones de toneladas (MT) de desechos húmedos (exactamente 997.659.106 MT), a lo largo de 19 años de operación de la mina.

El depósito de colas tendrá un circuito cerrado de filtración que captará el agua que traigan los relaves o deshechos, para recuperarla y recircularla para su uso en el procesamiento. El IIA informa que su construcción cuenta con todas las normas de seguridad ante terremotos, lluvias, tormentas, etc.

El propio Vitaller dijo hace seis meses que a diferencia del dique de colas que colapsó en Brasil hace unos años, aquí se va a armar una fundación muy sólida, más firme y más costosa que la que se usó en aquel país.

Cuando la mina ubicada en el norte de Iglesia, cerca del limite con La Rioja, entre en operación, procesará aproximadamente 150.000 toneladas diarias de minerales. Ese proceso generará dos tipos de residuos:

Las colas o deshechos provenientes del proceso de flotación gruesa (el primer proceso al que se somete a la rocas para extraer el mineral), las cuales contienen bajos contenidos de azufre, serán enviadas a través de una tubería a una zona del dique llamada Depósito de Colas Principal donde serán espesadas (o sea, se les sacará el agua) hasta un 60% de sólidos de su peso.
Las colas provenientes de un segundo proceso de flotación de limpieza, cuyo contenido de azufre es elevado, irán a un Depósito de Colas de Limpieza dentro del mismo dique, se espesarán hasta alcanzar un 40% de sólidos de su peso y serán dispuestas en forma subacuática, inicialmente en el mismo lugar y luego en el depósito principal, en una sección delimitada.

El dique de colas constará de tres muros, el principal, el muro Norte y el Sur, los cuales poseerán un revestimiento de suelo de baja permeabilidad y una zona de filtración.
Características de la mina Josemaría

El proyecto Josemaría es un yacimiento de cobre y oro que se sitúa en el distrito de exploraciones Vicuña, en la alta Cordillera de los Andes, en Iglesia, al noroeste de la provincia de San Juan, limitando al Oeste con la región de Atacama, Chile.

El proyecto plantea la explotación convencional a cielo abierto, con perforación, voladuras, carga y transporte de mineral utilizando camiones autónomos de 360 toneladas de capacidad. El material estéril, sin valor comercial, proveniente de la explotación minera se almacenará en superficie en dos escombreras adyacentes a la mina, mientras que las colas resultantes del proceso serán dispuestas en el depósito preparado para tal fin.

El mineral con contenido cobre, luego es derivado a las instalaciones donde será triturado, molido, acopiado, procesado por flotación, filtrado y secado para la obtención de un concentrado de cobre, con contenido de oro y plata como producto final. La producción anual promedio de metales será de 131.000 toneladas de cobre metálico, 224.000 onzas de oro y 1.048.000 onzas de plata.
El Dato

223 mil trescientos ochenta KW/A es el consumo de energía anual que demandará el dique de colas, por la estación de bombeo para hacer circular las colas a su destino final.
Al no existir normativa de referencia local para presas de depósitos de colas, los diseños de los muros han sido desarrollados para cumplir con los estándares internacionales de las mejores técnicas disponibles: la Asociación Canadiense de Presas y la Comisión Internacional de Grandes Presas.
USD 3.090 millones planea invertir la empresa Josemaría Resources para construir la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

Argentina: Dique de colas de la mina Josemaría será casi tan grande como Los Caracoles