06/032022
El discurso del sector minero responde al programa creado por nueve de las mayores empresas transnacionales mineras. Fue encargado al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad. Compartimos un análisis sobre los discursos en torno a la actividad realizaado por Manuel Fontenla*, en total sintonía con aquella nota producida por nuestra asamblea.
Fuente: Página 12
Hace apenas unos años, y producto del recrudecimiento de la crisis climática, se ha instalado en la opinión pública mundial, la necesidad de debatir sobre la sustentabilidad. No obstante, dentro de círculos más cerrados y de menos circulación, el tema tiene una larga historia de discusión y el mundo empresarial de la minería, no ha sido la excepción.

Desde 1999, a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, nueve de las mayores empresas transnacionales mineras encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, el programa “Mining, Minerals and Sustainable Development” (MMSD); con el objetivo de enfrentar los nuevos contextos en que se desarrollaría la actividad.

En 2002, el programa MMSD, recomendó a las empresas del sector, que era necesario un “cambio cultural”, que debían construir un nuevo modelo discursivo y un lenguaje común. Este cambio, fue conocido en el mundo de la minería como “el enfoque MMSD”, y fue recomendando y publicitado en múltiples cumbres internacionales del sector, especialmente en Resoursing Future, la conferencia global de 2002 en Toronto, Canadá. El informe publicado ese año bajo el título “Abriendo brechas. Reporte final”, contaba específicamente con una línea de acción y un enfoque particular para la actividad en América del Sur[1].

De acuerdo a la concepción de estos grupos y sus documentos publicados, la “minería sustentable” es un paquete discursivo que contiene tres variables. En primer lugar, crecimiento económico; en segundo, protección ambiental, y tercero, equidad social. El orden de las variables lejos de ser aleatorio, está, obviamente, configurado por orden de importancia. Además de estas tres variables, propusieron una filosofía de comunicación, que sería la base del imaginario de la “Minería Sustentable”.

Lo principal e “innovador”, de esta filosofía de la comunicación, fue que los nuevos discursos sobre minería, ya no debían estar destinados a los propios empresarios, ni a los inversores, sino a la comunidad exterior al negocio. El cambio cultural, debía empezar por hablar a otros sectores sociales (el Estado local, Sociedad Civil (Ongs) y actores de impacto directo (las comunidades afectadas en sus territorios)). Y ese “hablarles” significaba elaborar un lenguaje de dominio cultural que le diera legitimidad a la minería en un contexto creciente de denuncias y conflictos. Para esta iniciativa, las empresas apelaron como principal recurso a lo que hoy se conoce como “Think Tank”; a saber, grupos de pensamiento e investigación al servicio de un interés corporativo o de lobby político. Estos grupos, apoyados en instituciones científicas, empezaron a construir ideas y discursos bajo el eje de “cuidar el ambiente para el desarrollo” (nótese la prioridad en la formula). Producto de estos primeros años de cambio de paradigma empresarial, podemos mencionar la hoy famosa “Responsabilidad Social Empresarial” que ha ido mutando hasta nuestros días bajo las formas de “Buenas prácticas empresariales” “Gestión social de la minería”, “Relaciones comunitarias”, etc.

En resumen, a partir de fines de los 90´, las transnacionales del sector minero, se pusieron a la tarea (millonaria tarea) de construir un lenguaje común que les permitiera confrontar contra los discursos sociales ambientales. Así fue que organizaron toda una “filosofía del diálogo”, no para buscar un desarrollo sustentable, sino para garantizar la coexistencia del desarrollo minero dentro de un lenguaje de sustentabilidad y responsabilidad, a pesar de los discursos y resistencias que provenían de las alarmas climáticas. Vale la pena, citar, aunque sea uno de los principios de esta ideología empresarial. Por ejemplo, al hablar de estrategias corporativas, señalaban como prioritario operar como un funcionamiento inclusivo-integrador, con modalidades persuasivo-seductoras, para convertir la capitalización de la naturaleza y el interés corporativo en un factor de “desarrollo humano”.

Es decir, las empresas señalaban que debían convencernos que, su interés corporativo, es clave para el desarrollo de todos. Y peor aún, que si las empresas ganan, que si la naturaleza se capitaliza, eso significa “desarrollo humano”. Este tipo de conversión y trastrocamiento del discurso, es clave para entender, cómo en un mundo donde se insiste en que debemos dejar de explotar la naturaleza, debemos dejar de empujar los limites planetarios a un punto de no retorno, las empresas, puede seguir profundizando el extractivismo con discursos “verdes” y de “desarrollo sustentable”.

A su vez, esta “filosofía del diálogo”, que señalaba como fundamental incluir a todos los grupos de interés en la interlocución, se basa en una falsa premisa de igualdad de poder a la hora de entablar dicha conversación. Se trata de una estrategia que camufla las enormes e innegables diferencias de poder entre sectores, proponiendo un ficticio escenario de igualdad en la negociación y análisis de los proyectos. Esta posición fue convenientemente reforzada con la idea de que aquel que no dialogaba, se oponía al futuro, aquel que no dialogaba, no participaba de la democracia (del mercado). Como experiencia, podemos remitirnos a los intentos de negociación que realizo Lucia Corpacci con Livent por el pago de canon de agua en Antofagasta. Fue una clara muestra, de que ni siquiera los gobiernos locales pro-mineros, adulados y embelesados por viajes y más viajes a Canadá, tienen poder real de negociación cuando de pagar se trata.

Bajo este marco, es que debe entenderse como funcionan las tres variables del discurso sustentable de la minería. En primer término, la idea es garantizar la continuidad y profundización de la capitalización de la naturaleza y el aumento de las ganancias. Para sostener este objetivo, es que aparece la segunda estrategia de apaciguar y mitigar las obvias consecuencias climáticas, a través de ceder espacios de protección ambiental. Esta estrategia es la que más se está utilizando en la puna argentina. Equipos interdisciplinarios financiados por empresas y ongs, se instalan con discursos de preocupación y cuidado del territorio en las futuras zonas de sacrificio, para convencer a la población de “la importancia de cuidar el territorio y señalar estas áreas protegidas”. Una vez que la comunidad acepta, las empresas empiezan su trabajo de explotación y de manera deliberada y sin consecuencia alguna, avanzan sobre esas áreas, violando los propios convenios que por debajo de la mesa han financiado. Esta es una descripción exacta de lo que sucede hoy en Fiambala con el proyecto Tres Quebradas. Es la misma empresa Liex, quien reconoció avanzar sobre un área de protección ambiental, tal como consta en su IIA de 2016 de Etapa de Exploración en la página 39, en el apartado, justamente de “Áreas Protegidas”: “El sitio de exploración, se enmarca en el sitio Ramsar “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”2, (Figura 14). La designación como Sitio Ramsar a los humedales altoandinos, bajo la denominación “Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, no implica que no pueda desarrollarse la actividad minera”[2]. Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar, un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975, y que señala estos lugares como de vital importancia para el clima por su biodiversidad e importancia ecosistémica. Si Liex quisiera tener una “minería sustentable”, lo que mínimamente debería hacer, es no explotar un Sitio Ramsar. Lo mismo vale para el Gobierno cuyo discurso de “control” de las empresas y cuidado del ambiente da muestras de ser pura palabras al viento.

Finalmente queda la tercera variable, que es la de menor interés para las empresas, la equidad social. Para este objetivo, la modalidad ha sido la de intervenir de manera contundente en la sostenibilidad económico de los Estados locales. La vieja estrategia de generar dependencia económica y desde allí, sustraer y corroer la autonomía y la capacidad de decisión. Catamarca, para que insistir, sigue siendo la mejor prueba viva, de que ni la vieja Megamineria (que no contaminaba) ni la actual “Minería Sustentable”, pueden demostrar ningún margen de mejora, crecimiento o progreso. Ni mucho menos, pueden soportar la comparación de los niveles de maximización de ganancias privadas (miles de billones de dólares anuales) con “ganancias” locales (una ruta o un puente, que de manera indirecta sirve también a las mineras).

¿Qué significa pues “sustentabilidad” en el discurso empresarial?

Más allá de denunciar los efectos devastadores de la mega minería, mas allá de los posicionamientos en contra de la actividad, mas allá de los pueblos que en su plena autonomía no quieran (o quieran) tener mega minería (de oro o litio), es muy importante, en el actual contexto dramático que vivimos, entender que no se trata de decir que el concepto de minería sustentable es mentira, sino entender que cuando las empresas hablan de sustentabilidad, no están hablando de la sustentabilidad del ambiente y nuestras vidas, sino de la sustentabilidad del negocio y la actividad, en un contexto de crisis climática y crecimiento de los conflictos socio-ambientales. Para Livent y Agua Rica, minería sustentable, significa, profundización e intensificación de las ganancias a costa de un daño ambiental “controlado”, sin redistribución económica ni equidad social, pero con “derrame capitalista”. Por eso, nunca las empresas van a poder hablar de “Extractivismo Sustentable” o de “Explotación sustentable”, o de “Modelo primario de exportación de materias primas sustentable”. Porque su paradigma de sustentabilidad no cuestiona los fundamentos económicos-mercantiles (capitalistas) de la destrucción de la naturaleza. En el universo ideológico de las empresas, no existe la posibilidad de que la actividad pueda, siquiera, ir un poco más lento. Los conceptos de crecimiento económico, maximización de la ganancia, intensificación de la producción, oportunidad de desarrollo, capitalización de la naturaleza, inclusión de la comunidad, protección ambiental, responsabilidad social empresarial, etc.; son todos conceptos construidos en una filosofía que busca garantizar la sustentabilidad de la minería, no del ambiente. Son todos conceptos y discursos, incompatibles con la idea de sustentabilidad de la naturaleza y la vida local.

[1] Esta breve reconstrucción ha sido elaborada en distintas investigaciones por Mirta Alejandra Antonelli, especialmente en, “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”.

[2]Se puede consultar aquíIIA_3Q_Junio_2016

*Docente e investigador.

¿Qué significa minería sustentable para una empresa minera?

El colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por campesinos y asambleas, cuestiona la profundización del modelo extractivo y sus impactos en territorios y cuerpos. Denuncian que el Gobierno haya dejado de lado la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para pequeños productores.
«Sequías, incendios, ola histórica de calor, trigo transgénico, mega granjas porcinas, petroleras en el mar, pandemia. Parece el guion de una película apocalíptica pero no lo es. Lamentablemente es la radiografía de la Argentina de 2022», así comienza el documento del colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Coordinadora por un Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), la Asamblea Tandil Sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos y el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, entre otras, conformaron la Plataforma Socioambiental en agosto de 2021 con la premisa de «resistir al mal-desarrollo y construir la justicia social y ambiental».

Su primera actividad fue un «panazo» en Plaza de Mayo, contra el trigo transgénico de la empresa Bioceres-Indear (donde confluyen empresarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al inicio del 2022 emitieron un comunicado titulado «Basta de Ecocidio» que puntualiza los ejes de la crisis climática y los impactos sociales que acarrea. «Las comunidades y trabajadores de la tierra de muchas provincias reclaman porque se mueren sus animales y no pueden seguir produciendo debido a la falta de agua en un contexto de sequías alarmante», explican.

Puntualizan la seguidilla de incendios en la Patagonia, Litoral, Buenos Aires, San Luis y Salta, entre otros lugares. Recuerdan que, desde 2019, se declaró en la Argentina la «emergencia climática y ecológica», pero cuestionan que «son muy pocas» las medidas que se tomaron en materia ambiental para evitar o reducir estos desastres socioambientales. «El agronegocio, las petroleras, la deforestación, las mineras, el fracking, el negocio inmobiliario, son algunas de las caras más destructoras y contaminantes del modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la vida humana, la naturaleza y los bienes comunes», denuncian.

Jeremías Chauque es mapuche y es integrante de la experiencia agroecológica Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe). «En nuestro linaje antiguo está marcado a fuego la circularidad, la semilla vuelve a nacer y nada es casual. Y así llega el tiempo donde es necesario dejar en claro qué urgencias y prioridades estamos labrando y poniendo en agenda los pueblos. La producción debe ser sinónimo de sociedad, de ambiente, de cultura. Tenemos claro que si una actividad contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo», afirma.

El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional confirmó que se tratará el proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (sector que nuclea a todas las grandes empresas del agronegocio) y se dejó afuera los proyectos de Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para los pequeños productores, impulsada por la UTT desde hace años. «Queda en evidencia que la agenda del Gobierno tiene más que ver más con extractivismo, con los grupos concentrados, que en dar respuesta a nuestro sector. Seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI y deja en evidencia que nunca le interesó el proyecto de Acceso a la Tierra para los que producimos alimentos para el pueblo», cuestionó Agustín Suárez, de la UTT.

El comunicado de Plataforma Socioambiental recuerda que las y los vecinos se organizan para apagar los fuegos, para frenar la deforestación, para cuidar los mares y las montañas, para sembrar agroecología, para abastecerse de agua, pero también apunto al rol gubernamental: «La respuesta a un problema tan estructural no puede depender únicamente de la solidaridad y la autogestión de nuestros pueblos. Necesitamos políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan. Las emergencias ambientales no pueden quedar en una declaración de principios. Necesitamos políticas contundentes para hacerle frente a las consecuencias que el modelo extractivista nos deja».

Diciembre de 2021 dejó otra muestra de que la megaminería no tiene licencia social en Chubut. Al igual que Mendoza en 2019, las ciudades chubutenses salieron a la calle y lograron la derogación de la ley minera que había impulsado el gobernador Mariano Arcioni. A 1800 kilómetros de Rawson, en La Rioja, la población lleva catorce años en rechazo a la instalación de empresas mineras. En la actualidad se mantiene la movilización en el Departamento de Vinchina, al oeste provincial, con más de 90 permisos mineros y un yacimiento de la empresa Pathfinder al pie de las Sierras del Famatina que puede afectar al río Valle Hermoso, única cuenca hídrica que alimenta al pueblo.

María Pía Silva, asambleísta de La Rioja, precisa que existen más de 40 proyectos dentro de la reserva provincial Laguna Brava, Corona del Inca y otros sitios de alto valor biológico y arqueológico que conservan humedales andinos. «El glaciar El Potro, el más grande de nuestra cordillera riojana, está rodeado de proyectos mineros y a tan sólo dos kilómetros de allí pretende ponerse en marcha el mega yacimiento Josemaria –en San Juan–. Por eso, los vecinos y vecinas iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras que están explorando la cordillera riojana y ya están impactando las fuentes de agua. Las asambleas riojanas exigimos anulación de los permisos mineros», explicó Silva.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 14 de febrero 2022.
** Foto: Matías Barutta. Agencia Tierra Viva.

09/02/2022
La avanzada minera con vistas a abastecer a tecnológicas y automotrices no se agota en el litio. La presencia de elementos y materiales que demandan europeos y estadounidenses desvela a organizaciones de empresarios y entidades nacionales, que ya sueñan con nuevos yacimientos. Genocidio y contaminación, en el ADN de estos minerales.
Por Patricio Eleisegui Fuente: Sudestada
Que la explotación de litio es una obsesión para tecnológicas, automotrices y proyectos políticos como el anterior y el actual es algo que a esta altura ya no se discute. Una muestra cercana de este interés está en la decisión oficial de una ley de “movilidad sustentable” que, prevista para ser tratada en las inminentes sesiones extraordinarias, no es más que una excusa de la cartera de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas para consolidar la minería en los salares de la Puna.
Pero la voracidad extractivista lejos está de agotarse en el litio que hoy se explota en el norte. Hay otros anhelos que crecen. Alentados por un aparato doméstico minero, técnico y dirigencial que no deja de esforzarse por vender a la Argentina como un territorio clave para la bonanza económica del capital trasnacional.

Es a partir de esa perspectiva que en el seno de la actividad minera comenzó a profundizarse, mayormente en la última década, la búsqueda local de aquellos elementos que enceguecen sobre todo a los fabricantes de vehículos “verdes” y la electrónica en general. Lo preocupante es que estos materiales yacen en el subsuelo argentino. Y arrecia la decisión de generar negocios en torno a su extracción en el corto plazo.

Uno de estos minerales es el coltán, protagonista de una historia de sangre y fuego en latitudes como África. Este mineral fue el principal argumento detrás del genocidio que inició en la República del Congo –territorio que concentra el 80 por ciento de las reservas mundiales del material– a partir de 1998.

La pugna por el control del coltán –material compuesto por columbita y tantalita o tantalio– dio pie a una contienda que se extendió por 5 años, enfrentó a fuerzas armadas de 9 naciones y provocó 5 millones de muertes.

A fines de los 90, sendas investigaciones periodísticas efectuadas en Europa expusieron que gigantes de la industria tecnológica como Apple, Intel y Nokia, entre otras, alentaron el cruce bélico para, justamente, garantizarse la provisión de este mineral de sangre.

¿Qué aplicación se le da al coltán? Se lo incluye en distintos componentes de la industria electrónica actual. Computadoras, celulares, televisores de pantalla plana, cámaras digitales y videojuegos, son algunos de los tantos ejemplos de dispositivos que contienen apenas unos gramos de este mineral color azul verdoso.

Pero no sólo eso. Su uso se extiende a la aeronáutica y hasta al desarrollo de centrales atómicas. Es insumo de la fabricación de capacitores dado que es un efectivo conductor de electricidad –se estima que hasta 80 veces más veloz que el cobre–. En el mercado internacional el kilo de coltán promedia los 360 dólares.

En las últimas dos décadas, la necesidad por hacerse con el mineral abrió la búsqueda más allá del continente africano. Las empresas comenzaron a efectuar múltiples monitores alrededor del mundo. Australia, Tailandia, Brasil, Canadá, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Malasia fueron parte de la investigación, que arrojó -en mayor o menor medida- resultados positivos. A ese grupo se sumaron, luego, Colombia y Venezuela.

Aquí, el interés por diseñar planes para la futura explotación del coltán comenzó a tomar cuerpo en abril de 2012. Ya en aquel entonces, y ante una indagación periodística que inicié con vistas a profundizar en el tema, desde el seno de GEMERA, cámara que integra a las mineras que realizan tareas de exploración, un alto directivo no escatimó detalles y, en simultáneo a reconocer el sector discutía propuestas de cara a las próximas décadas, afirmó que el Estado sabe de la existencia de reservas locales del metal desde los años 70.

“El coltán se forma en macizos de base granítica. Argentina y Brasil presentan ese tipo de formaciones”, me comentó la fuente, que también señaló que el SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino– constató la presencia del mineral en distintas zonas de las provincias de Córdoba, San Luis y Salta.
“Se hizo una evaluación de toda la zona pampeana. También hay indicios en Catamarca y La Rioja. En su momento, el coltán estuvo presente en los viejos programas de exploración iniciados por Fabricaciones Militares. De hecho, en los años 70 ya se evaluaba cómo extraerlo. Con el paso del tiempo y los sucesivos cambios de gobierno ese interés se fue diluyendo”, sostuvo el directivo.

En Córdoba en particular, sendos reservorios de coltán fueron detectados en el valle de Calamuchita y el área correspondiente a las Sierras de los Comechingones.
“En Córdoba se sabe que existe. Pero como el coltán está en basamentos de rocas de entre 200 y 600 millones de años, también es muy probable que esté presente en zonas del norte de Cuyo, por ejemplo. Y también en algunos puntos de Santiago del Estero y en elevaciones y macizos de Tucumán”, me reconocieron desde muy cerca del SEGEMAR.

Entre los mineros hay coincidencias en que las empresas del rubro suelen ocultar este tipo de hallazgos. Y que probablemente ya se esté dando una exportación sin declarar en la Aduana, lo cual debe asumirse como un auténtico caso de contrabando de minerales.

El otro material que excita al empresariado extractivista comprende, en realidad, un abanico de varios elementos: son las llamadas “tierras raras”, una combinación de materiales como lantano, lutecio, escandio, itrio, cerio y neodimio, entre otros, que sólo se encuentran presentes en, también, determinados macizos graníticos.
Al igual que con el coltán, son demandadas por las automotrices que promueven vehículos híbridos, las empresas de celulares y los dueños del negocio de la fibra óptica. El monopolio de este conjunto de elementos es potestad de China, que controla el 90 por ciento de la provisión mundial. La potencia asiática tomó el control del mercado de las “tierras raras” a fines de los años 90 cuando, por política de gestión ambiental, Estados Unidos cerro su mina californiana de Mountain Pass.

Desde entonces, el bloque europeo y los países de relevancia en cuanto a producción tecnológica como Japón, Corea y, por supuesto, Estados Unidos, dependen de la producción china, que a nivel anual promedia las 120.000 toneladas extraídas. El valor de mercado de las “tierras raras” oscila según el material: va de los 52 a los 3.400 dólares el kilo. Ante estos números y frente a la perspectiva en términos de demanda, los popes de la minería argentina no dejan de relamerse.

Ocurre que las compañías exploradoras de GEMERA han dado con “tierras raras” en provincias como San Luis, Córdoba, Jujuy, Catamarca o Santiago del Estero. De hecho, ya existen pedidos de permisos de exploración solicitados por compañías de Canadá y Australia.

Documentos de marzo del año pasado impulsados por el Gobierno de Catamarca con respaldo de Nación mencionan a proyectos como Vil Achay, enclavado en el flanco suroriental de la sierra de Fiambalá y hoy enfocado a la extracción de estaño, como uno de los espacios en los que se ha certificado la presencia de estos elementos.

En 2005, investigadores del CONICET verificaron la presencia de estos compuestos en cercanías a la localidad de Jasimampa, en Santiago del Estero. El área ya había sido monitoreada en la década del ’70, pero en ese momento la actividad estuvo acotada a la búsqueda de reservorios de manganeso.

“En el norte de San Luis hace un buen tiempo que se viene trabajando en la detección de ‘tierras raras’. En este momento estamos definiendo las áreas con más potencial para comenzar a promocionar la inversión privada. La idea es poner en valor esas reservas cuanto antes de manera que la provincia pueda salir a buscar oportunidades en el exterior”, me informó un directivo de SEGEMAR hace menos de dos años.

“Las reservas locales tienen la misma calidad que ofrece China o África. Lo relevante para la economía será poder cumplir con las cantidades de ‘tierras raras’ o coltán que demanden los países europeos que hacen nuevas tecnologías”, añadió, sin disimular entusiasmo.

Por supuesto que no hubo mención del desastre ambiental que provoca la extracción de ese conjunto de elementos. Justamente en China, la explotación de “tierras raras” se caracteriza por demandar millones de litros de agua, generar gases con peligrosas concentraciones de azufre y distintos ácidos y, también, originar desechos radiactivos.

En zonas como Baotou, Mongolia Interior, la extracción de estos materiales contaminó suelos y agua de manera irreversible, además de provocar una auténtica epidemia de cáncer en los pueblos cercanos a los yacimientos.

Por las características de estos elementos, la labor en las minas es llevada a cabo mediante métodos prácticamente artesanales. A raíz de estas tareas, es común que los operarios de los yacimientos resulten afectados por enfermedades graves dada la interacción permanente con químicos tóxicos y el ambiente contaminado.

De activarse este tipo de explotaciones –tal como pretende el sector privado y los actores públicos alineados con la economía extractivista–, la catástrofe es la perspectiva que abrirá otra explotación minera signada por el desastre humano y ecosistémico. Apuesta que, como viene ocurriendo en estas últimas décadas de dirigencia argentina, se cocina a fuego lento.

A espaldas de una sociedad que hoy ya no sabe cómo hacer pie en pleno colapso de los hábitats. Y con ínfulas indisimuladas de potencial financiamiento fresco para nuevas políticas retrógradas (al menos) en términos ambientales.

Las “tierras raras”. El extractivismo que viene…

10/02/2022
¿Qué hay de nuevo viejo? Al parecer, la pregunta que Bugs Bunny le hace a su «cazador» resulta una analogía para pensar las continuidades entre los gobiernos del PRO y del FdT.

EL PROYECTO RELACIONADO CON LA MINERÍA QUE CHINA FINANCIARÁ EN ARGENTINA
La inversión de 23.700 millones de dólares es la cifra total que abarca los diversos memorándums de entendimiento entre ministerios de China y Argentina y el resultado de las reuniones que los gobernadores que integran la comitiva presidencial -Arabela Carreras, de Río Negro; Axel Kicillof, de Buenos Aires y Raúl Jalil, de Catamarca- mantuvieron con distintas empresas chinas. en Argentina se realizará en dos tramos, uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del DECCE (Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica). Y un segundo paquete por 9.700 millones de dólares, aproximadamente, que la Argentina presentará en el Grup Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda. El acuerdo se presentó como un enorme logro del gobierno en un contexto crítico para el país por los vencimientos de intereses de la deuda fraudulenta contraída por ex mandatario Mauricio Macri.

«Argentina necesita de dólares, así que todo lo que llegue en forma de dólares ayuda al acuerdo con el Fondo, y ayuda a la situación económica argentina, cuyo principal problema es la escasez de dólares”, dijo Hernán Letcher, director del centro de estudios de política económica CEPA. “Es su forma [de China] de ayudar a Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo, no le da un préstamo para reemplazar al FMI, pero ayuda con el acceso a los dólares”.

El acuerdo incluye la creación de un centro de investigación minera. Este es uno de los proyectos que suscribieron los presidentes de Argentina y China, Alberto Fernández y Xi Jinping. El centro chino-argentino de investigación en geociencias fomentará la investigación conjunta de los servicios geológicos de ambos países para aumentar el conocimiento sobre los recursos naturales de Argentina, especialmente en las provincias ricas en litio de Catamarca, Jujuy y Salta. Sin embargo, no se revelaron las inversiones, la ubicación ni el calendario.

Debido a los esfuerzos de Argentina por convertirse en un actor clave del litio en la región, se esperaba que los anuncios de inversión relacionados con la electromovilidad y la producción de baterías de litio se incluyeran entre los acuerdos recientemente firmados, pero los funcionarios no dieron a conocer detalles.

El año pasado, inversionistas chinos iniciaron una competencia por los activos de litio, lo que arrojó un primer resultado la semana pasada cuando Zijin Mining completó la adquisición de la canadiense Neo Lithium en un acuerdo en efectivo valorado en CA$960 millones (US$755 millones) en la que se pretendía controlar el proyecto de litio en salmueras de US$370 millones Tres Quebradas (3Q).

En 2021, Zijin prometió invertir US$319 millones en el 3T, pero luego de una reunión reciente con funcionarios argentinos, elevó el monto a US$380 millones.

Además, los anuncios relacionados con posibles inversiones en el sector a corto plazo pueden provenir del BID, cuyos representantes se reunieron recientemente con la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.

Hasta aquí, un compendio de las noticias de los últimos días tomadas de La Nación y BNAméricas tras la gira del Presidente argentino Alberto Fernández. Sin embargo, allá por 2017, en Diálogo Chino, y casi como un espejo, se leía un análisis como el que sigue:

CHINA PISA FUERTE EN EL SECTOR MINERO DE ARGENTINA. GOBIERNO ARGENTINO QUIERE INCENTIVAR LA EXPLORACIÓN MINERA
La presencia de China en el sector minero de Argentina dio un paso significativo con la reciente adquisición de Shandong Gold del 50% de la mina Veladero – criticada por sucesivos derrames – de la canadiense Barrick Gold. La compra llega en un momento de encrucijada para el sector en el país, impulsado desde el gobierno nacional pero sin licencia social de gran parte de la población.

Argentina es hoy el productor N° 13 mundial de oro, N° 20 de cobre y N° 10 de plata y exporta la mayor parte de su producción sin procesarla. Del total de las exportaciones mineras, el 96% se corresponde a la minería metalífera, compuesta por un 67,6% de oro, 13,8% de cobre, 12,8% de plata y el 5,8% de otros. La minería representa el 6,1% de las exportaciones argentinas.

Sin embargo, Argentina es todavía un país minero en potencia comparado con vecinos de la región con características similares. Es así que Chile exporta U$S 40.000 millones por año comparado con los U$S 3700 millones de Argentina. Con ese escenario en mente, el gobierno busca un fuerte crecimiento del sector, ofreciéndoles beneficios a los inversores interesados en Argentina.

El primer paso fue eliminar las retenciones a las exportaciones, argumentando que los impuestos al sector desincentivaban la llegada de inversores. El gobierno espera inversiones en el sector por US$ 20.000 millones y para ello evalúa también firmar un acuerdo federal minero con las provincias, dueñas del recurso y con una mirada heterogénea con respecto a la actividad.

“Hay una voluntad expresa de llevar adelante emprendimientos mineros incluso en provincias donde hay conflictividad social. Estamos muy preocupados. La minería sólo genera renta para las empresas extranjeras, no se crean más puestos de trabajo gracias a la actividad”, sostuvo a Diálogo Chino Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Argentina se encuentra entre los países con más conflictos activos en relación a proyectos mineros, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Eso ha llevado a que leyes locales hayan prohibido la minería a cielo abierto en ocho provincias, frenando la expansión del sector deseada por el gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno está finalizando la publicación de los mapas que delimitan las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, sancionada en 2011. Cuando ello ocurra, habrá proyectos mineros que deberán ser cancelados por su ubicación en zonas periglaciares, como es el caso de la mina Veladero en San Juan, Viale asegura.

“Las señales del gobierno apuntan a la desregulación del sector, dándole facilidades para promover la inversión. Las empresas se acostumbraron a actuar sin controles en Argentina y cambiar eso va a ser complejo. Se necesita un sistema regulatorio nuevo y otra actitud gubernamental”, sostuvo a Diálogo Chino Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El rol extranjero
La minería en Argentina tiene una fuerte participación de actores privados, en especial empresas internacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos y China, con un creciente rol. Las minas son dominio del estado pero éste no puede disponer de ellas. Es por eso que las minas deben explotarse mediante concesiones mineras.

Varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation está haciendo prospección en Neuquén y Jinchuan está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones. El gran atractivo es el litio, del cual Argentina tiene el 37% de las reservas mundiales junto a Chile y Bolivia.

“China está especialmente interesado en litio, cobre y oro. La estrategia que aplica es conseguir concesiones en forma directa o asociándose con empresas que ya están trabajando. China absorbe todos los minerales que pueda encontrar ya que los necesita para crecer”, afirmó a Diálogo Chino Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino China.

La minera canadiense Barrick Gold anunció recientemente el traspaso del 50% de la mina de oro y plata de Veladero a la empresa estatal china Shandong Gold. Con U$S 960 millones mejoró la oferta de su competidora, la también china Zijin Mining Group. Este fue el primer paso en un acuerdo que cooperación que vienen negociando desde abril de 2016.

La alianza con Shandong, nombrada por el gobierno chino como empresa amiga del ambiente, puede aportarle una lavada de cara a Barrick luego del reciente derrame en Veladero, el tercero en un año y medio. El más grave fue en 2015 cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos.

El Estado Nacional debe garantizar un ambiente sano y preservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo a la Constitución de Argentina. Es por eso que desde el estado se presentó una demanda ante la justicia por los sucesivos derrames. Mientras tanto, grupos ambientalistas piden por el cierre de Veladero ya que al tercer derrame una mina debe ser cerrada, de acuerdo al Código Minero.

“El rol de Barrick siempre ha sido lamentable en Argentina. Se ganó la mala fama en la que coinciden todos. Hasta el propio gobierno le soltó la mano con la demanda. Shandong se está comprando un problema al invertir en Veladero ya que el lugar donde está la mina está prohibido por la Ley de Glaciares”, sostuvo Viale.

Señales mixtas en América Latina
Mientras que Argentina busca impulsar la minería, América Latina presenta un panorama diverso, con países que comparten el entusiasmo por la actividad y otros que la han prohibido luego de sucesivos derrames. Sin embargo, el denominador común es la conflictividad social en los lugares donde se desarrollan emprendimientos.

El Salvador prohibió recientemente la minería metálica, volviendo ilegal la extracción, explotación, exploración y procesamiento a cielo abierto y subterráneo. El 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas por lo que el gobierno tendrá una difícil tarea para restaurar las fuentes de agua en los próximos años.

Mientras tanto, Ecuador ha impulsado abiertamente la minería al considerar al sector estratégico para la economía del país luego de la caída del precio del petróleo. El presidente Rafael Correa sostuvo que el país “pasará a una nueva era minera” ya que Ecuador está “sentado en un saco de oro”. Sin embargo, los cinco principales proyectos mineros todavía no han dado sus frutos y el mandato de Correa está por terminar.

“Todos los países de la región se han percatado que la ciudadanía está preocupada por la minería. No podemos terminar con la industria ya que dependemos de ella pero tienen que cambiar las regulaciones. Las empresas mineras tienen que ser parte de la solución y aceptar que son vistas como parte del problema”, afirmó a Diálogo Chino René Mauricio Valdes, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin dudas, no tan distintos. Las continuidades hablan por sí mismas.

Fuentes: La Nación, BNAMËRICAS, Diálogo Chino

Continuidades Macri-Fernández: las inversiones mineras de China en Argentina.

06/02/2022
Ambiente, extractivismos y desarrollo: las premisas erradas para debatir alternativas
El 22 de enero pasado, La Nación publicó el artículo Cómo conciliar el cuidado del ambiente con la explotación de recursos naturales Lo que sigue, es la imprescindible reflexión/respuesta de Eduardo Gudynas.

Cualquier institucionalidad ambiental organizada desde juicios errados entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos socioambientales y las demandas ciudadanas. Es por eso que a la ciudadanía no le queda otra alternativa que movilizarse.
Por Eduardo Gudynas
Fuente: América Latina en Movimiento

La discusión sobre la gestión de los recursos naturales aunque siempre presente en Argentina, se ha acentuado después de las protestas ciudadanas contra la minería en el sur o frente a la intención de explotar petróleo en la costa atlántica. En ese contexto, dos académicos, Roy Hora y Juan Carlos Hallak, publicaron en el periódico La Nación de Buenos Aires, una columna sobre cómo “conciliar” la “explotación” de los recursos naturales con el “cuidado” del ambiente. Ese aporte, desde la academia, y específicamente desde la economía y la historia, es bienvenido en tanto demostraría una mayor atención a la problemática ambiental desde el mundo universitario.

Sus conclusiones, tales como señalar la carencia de credibilidad institucional, también son atendibles. Esos señalamientos no son novedosos, porque han sido repetidos desde por lo menos la década de 1980, mientras que las oposiciones entre fines económicos y preservación ambiental son todavía anteriores, desde los años sesenta.

Sin embargo, el modo por el cual estos autores abordan los conflictos sobre desarrollo y ambiente expresan varias limitaciones que merecen analizarse. Algunas tal vez se deban a que desconocen la evidencia e información acumulada en las últimas décadas en el campo de las políticas ambientales, en tanto estos autores provienen de otras disciplinas.

Pero lo preocupante es que su abordaje no es inusual sino que expresa concepciones que, en vez de contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales, alimentan y repiten los problemas actuales que desembocan en conflictos socioambientales.

Es así que los autores plantean una interrogante inicial que condiciona las respuestas. Se preguntan si las personas están conscientes de las pérdidas de empleo, ingresos fiscales y divisas que ocurrirían cuando se cancelan proyectos extractivos mineros o petroleros. En esa pregunta se da como un hecho verdadero que esas actividades tienen esos beneficios netos en empleo y dinero. Sin embargo, esa es una premisa errada.

A medida que se acumula más información, sea en Argentina como en otros países, se encuentra que los balances económicos de los extractivismos son modestos o incluso negativos. Las esperadas ganancias en la práctica se reducen e incluso se anulan por los subsidios explícitos o implícitos que el Estado otorga a esas empresas, o cuando se contabilizan sus impactos ecológicos y sociales. Argentina está repleta de ejemplos en ese sentido.

Desde aquella postura, Hora y Hallak afirman que las granjas de salmón o la megaminería en la Patagonia no sólo son posibles, sino que además son “deseables”. Redoblan su apuesta porque ellos ya sabrían que pueden llevarse adelante con “sólidas salvaguardas ambientales”. Otra vez hay juicios previos anclados en asumir que esas actividades son ventajosas económicamente, que existe tecnología que puede manejar o anular sus impactos, y que ello aseguraría el desarrollo. Pero en todo eso aún no hay certezas ni conclusiones finales.

En efecto, la experiencia de actividades similares en Argentina o en la región muestra que los beneficios económicos son limitados como ya se indicó, que los riesgos de impactos son altos, que los accidentes se repiten, y que los efectos terminan siendo sufridos o financiados por la sociedad y el ambiente.

¿Para salir del “subdesarrollo” hay que apostar a más extractivismo?

El artículo avanza con otro juicio previo: “Argentina está muy lejos del desarrollo” y, por esa razón, sus necesidades de bienestar y empleo obligarían a exportar sus recursos naturales. O sea, que para salir del “subdesarrollo” se debería ser más extractivista –una idea ya muy conocida en varios países latinoamericanos.

Otra vez debe señalarse que para muchos la vinculación es exactamente la inversa: seguir exportando materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la subordinación a la globalización. Disponemos ahora de información recopilada en las últimas décadas sobre las desigualdades ecológicas en el comercio global, de cómo los países del sur global terminan padeciendo desproporcionadamente más impactos sociales y ambientales.

Otra dificultad conceptual análoga ocurre cuando esos autores sostienen expresiones como “prohibicionismo” o “extractivismo” implican una banalización. Es difícil saber a qué se refieren con la etiqueta de “prohibir”, porque hay muchas actividades que por sus impactos están sujetas a regulaciones que las limitan. Por ejemplo, prohibir arrojar residuos tóxicos en un arroyo es legítimo o necesario; nada hay de banal ni extremista en ese tipo de regulaciones.

Pero es todavía más sorpresivo que se diga que usar la palabra “extractivismo” es una polarización o una banalización. Esa palabra corresponde a modos específicos de apropiación de recursos naturales; la megaminería, la explotación petrolera o el monocultivo de soja son extractivismos, y esa es la calificación adecuada. No usarla, rechazarla o cuestionarla, puede deberse a manías académicas o maniobras políticas para disimularlos, pero no anula sus severos impactos ambientales ni la subordinación global.

El pedido de Hora y Hallak de una nueva institucionalidad ambiental tambalea si se funda en impedir que se utilicen ciertos términos o se anula la posibilidad que existan actividades que deban ser prohibidas por sus impactos sociales o ambientales. Al mismo tiempo, parecería que el artículo por momentos no tiene en cuenta informaciones acumuladas en los últimos veinte años en ecología política. Es como si nos regresaran a posiciones de fines de la década de 1990.

¿Conciliar con las comunidades locales o con las empresas extractivistas?

Llegar a la conclusión que las instituciones públicas tienen un déficit de credibilidad en su capacidad de control es obvio. Eso se viene denunciando en Argentina y en los demás países desde hace décadas. Distintos arreglos institucionales se han ensayado, desde ministerios de ambiente a agencias autónomas. De organismos de contralor a tribunales, y más. Pero ninguna de ellas ha resuelto los problemas de fondo ni evitado los conflictos. La cuestión es, por lo tanto, ¿por qué se repiten esos fracasos bajo todo tipo de ideologías políticas?

Ante esas situaciones, lo que asoma en estos años es que eso se debe a que la política convencional aunque puede producir distintos arreglos institucionales, a la vez los limita o condiciona. Se los blinda por medio de posturas previas y metas que se dan como obvias o válidas, con componentes que no están dispuestas a cuestionar, y asuntos que sistemáticamente se evitan. De ese modo, las contradicciones entre ambiente y desarrollo se repiten, y eso hace que una y otra vez estallen los conflictos ambientales.

Toda esta explicación sirve para mostrar que el artículo de Hora y Hallak demanda una alternativa, pero lo hacen desde juicios previos que son funcionales a la explotación de la naturaleza e impiden alternativas de desarrollo. Entre ellos está el de indicar que hablar de extractivismo es un extremismo banalizador, que deben aprobarse proyectos de salmoneras o mineras, que hay tecnología que anula los impactos, que hay beneficios económicos indudables, y así sucesivamente.

Esa mirada hace que ese intento de “conciliar” muchas veces caiga en el extremo de habilitar la depredación ecológica y excluir a las comunidades locales. El drama es que la conciliación puede terminar operando como un apaciguamiento de la protesta local. Aquel es un reclamo de alternativas condicionado por ideas previas, muchas de las cuales son causantes de los problemas ambientales actuales.

De ese modo, cualquier institucionalidad ambiental organizada desde aquellos juicios previos entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos sociales y ambientales, y muchas demandas ciudadanas. Entonces a esos actores no les queda otra salida que movilizarse.

Una verdadera alternativa no solo debe permitir, sino que debe poner en discusión todo el espectro de ideas, llegando a las bases conceptuales que sostienen al desarrollo y el papel de los extractivismos. Cualquiera de sus componentes debe revisarse, desde los justificativos económicos al papel de las soluciones tecnológicas, y así sucesivamente. Habrá, por lo tanto, opciones conciliables y otras que no lo serán. En ese esfuerzo deben participar todos los interesados, también sin exclusiones.
https://noalamina.org/argentina/item/45797-ambiente-extractivismos-y-desarrollo-las-premisas-erradas-para-debatir-alternativas

31/01/2022
La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”
«La megaminería y la cosmovisión ancestral de las comunidades mapuche, son “incompatibles” afirma Néstor Vidal, Analista del Centro de Investigación Forense, Ciencias y Nuevas Tecnologías, y cuál es describe la situación existente en la Provincia de Río Negro, Argentina.
Fuente: ANB
El gobierno de Río Negro otorgó permisos de cateo a una minera. Lo hizo sin la consulta previa a las comunidades originarias, el cual es de carácter constitucional. Las entidades mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios los cuales se encuentran siempre en disputa.

La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo, el Ex Gobernador Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora Arabela Carreras no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero debe tener arraigo en la población local”.

En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar dicha actividad.

La cita anterior es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.

“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que ésta había rechazado”, sostiene Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta” indico Carriqueo.

A partir de ese momento, las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo, “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.

“En realidad, nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.

Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El 7 de julio, un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche, es inviable cualquier proyecto minero; para nosotros, es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.

“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que, junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena), se reunió con personal de la firma.

BUEN VIVIR

Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico, sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas, están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello, la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.

ORO, PLATA, URANIO Y OTRAS BARATIJAS

Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.

En Río Negro, se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque, en el año 2005, la Ley 3.981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para, por lixiviación, obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.

Cerca de Valcheta, la empresa canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.

Si bien el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes -se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio-, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto, aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas, pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.

Además de estos casos en etapa de exploración y estudio, podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en el año de 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales, son probadas muestras de que el “desarrollo promisorio” de la minería no tiene buenos augurios.

Por Néstor Vidal
ANALISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORENSE, CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La llegada de las mineras: “una nueva etapa de la Campaña del Desierto”