Un tribunal de Estados Unidos hizo público el jueves que la minera canadiense Crystallex tome fondos del gobierno de Venezuela depositados en una cuenta de un banco de Nueva York para saldar un pago.

La decisión judicial llega después de una disputa entre Crystallex y el gobierno venezolano iniciada en 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, «Las Cristinas».

Según un reporte de la agencia Reuters, que tuvo acceso a la resolución del tribunal, la empresa canadienseespera obtener cerca de US$1.200 millones, más otros US$200 millones de intereses, que le demanda al gobierno venezolano.

Para ello, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le autorizó a Crystallex a confiscar los recursos de Venezuela en una cuenta del Bank of New York Mellon Corp.

Sin embargo, aún no es de conocimiento público si la cuenta del gobierno de Venezuela tiene los fondos suficientes para cubrir el reclamo.

El mismo presidente Chávez había otorgado en 2002 la concesión a Crystallex para operar en la mina «Las Cristinas», uno de los yacimientos de oro más grandes del país sudamericano.

Tras la nacionalización de 2008, la minera canadiense exigió una compensación, y al no obtener un pago llevó el caso ante los tribunales de arbitraje internacional del Banco Mundial y del sistema de justicia de EE.UU.

Luego del litigio, el pasado 26 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió la orden dada a conocer el jueves para que los fondos de Venezuela en el Bank of New York Mellon Corp. sean intervenidos.

Hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha hecho algún pronunciamiento público sobre esta acción judicial en Estados Unidos.

Frentes abiertos

El gobierno de Venezuela tiene abiertas disputas con unas 20 empresas que buscan compensaciones luego de las nacionalizaciones que ejecutó el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil Corp a la pequeña minera de oro Gold Reserve, varias firmas han ganado juicios en contra del gobierno Venezuela.

Sin embargo, el cobro de las demandas ha sido complicado por las resoluciones judiciales necesarias para embargar recursos monetarios venezolanos fuera de su territorio.

El presidente Nicolás Maduro ahora también enfrentanuevas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos en contra de altos funcionarios, políticos y el mismo gobierno.

El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadania en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.

Desde el año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países, principalmente de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. A continuación reproducimos el comunicado con la convocatoria, la cual puede ser suscrito por organizaciones e individualidades para la convocatoria a través del correo [email protected].

22-J: ASAMBLEA PÚBLICA CONTRA EL ARCO MINERO Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

El 24 de febrero de 2016 el gobierno nacional firmó el decreto N° 2248 para el desarrollo del proyecto «Arco Minero del Orinoco» (A.M.O), que contempla el seccionamiento del 12% del territorio nacional para la explotación minera por parte de 150 empresas transnacionales y nacionales. El gobierno argumenta que, ante la caída de los precios del petróleo, y la consecuente disminución de ingresos para el país, el proyecto antes mencionado se justifica como vía para la búsqueda inmediata de divisas y de mantener negocios y acuerdos con los organismos financieros internacionales. En este sentido Venezuela se suma a la dinámica de endeudamiento y entrega de territorio que suponen los proyectos mega-mineros llevados a cabo en países latinoamericanos durante los últimos 20 años. Se ignora además el efecto del pago de una deuda pública con componentes ilegítimos.

El decreto contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la República Bolivariana de Venezuela, así como de tratados internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna. Lo anterior se puede corroborar directamente en el contenido de los siguientes artículos constitucionales:

Art.119.- «… Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.»

Art. 120.- «El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…»

Art. 127.- «Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado… Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.»

Art.128.- «El estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana…»

Art.129.- » Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural….»

Aunque el ejecutivo lo plantea como un plan para «diversificar la economía» y darle «salida» a la crisis actual, el proyecto supone en la práctica en una profundización del rentismo en el país. La actividad minera que realizan las empresas transnacionales en países suramericanos es sumamente expansiva y desastrosa. Se construyen minas gigantescas, que pueden llegar a tener una extensión de más de 1,5km de diámetro y más de 300m de profundidad, para procesar millones de toneladas de mineral sin ningún tipo de límites. Estas compañías se enriquecen aceleradamente y los pueblos quedan padeciendo la miseria, la degeneración social y la destrucción ambiental que deja dicha actividad. De fondo se plantea una diversificación del extractivismo en Venezuela que pone en total riesgo la reserva hídrica más importante del país y más del 70% de la electricidad generada en el país, generada por las represas hidroeléctricas ubicadas en la región de Guayana.

A poco más de 16 meses de haberse hecho el anuncio, se han firmado cartas de intención y acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad en la ocurrencia de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a manera de ejemplo el caso de la Barrick Gold Corp. que actualmente afronta una demanda internacional por la contaminación de 7 ríos en San Juan, Argentina. Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de negocios ocultos en las que el estado está constituyendo empresas mixtas con transnacionales cuyos números de la bolsa estaban en estado crítico hace más de un año, como la Gold Reserve. Y tenemos el caso de las empresas «fantasmas» o de «maletín», como Faoz Corp. de la cual no se tiene registro de su actividad, su página web oficial es un cascarón vacío y su sede oficial en Caracas, que no posee ningún tipo de aviso o anuncio, no corresponde a una compañía que realice trabajos de minería.

De facto la zona A.M.O comprende un Estado dentro de otro Estado, al formar un entramado legal contrario al marco constitucional. En el proyecto se generan una serie de beneficios arancelarios y tributarios para las compañías mineras, llegando a disminuir o eliminar el cobro de impuestos como el IVA o el ISLR. Además, se cercenan derechos democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la organización sindical (de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del decreto), derecho a vivir en entornos saludables, entre otros; y el alto mando militar designado para la zona pasa a ser la máxima autoridad de la región, teniendo potestades ejecutivas a través del decreto, así como económicas a través de CAMINPEG, empresa militar constituida en 2016. De igual manera, las condiciones en las que se desenvuelve el AMO conforman unas instancias asociadas a la burocracia ambiental del país que tienen como mandato cubrir la formalidad del resguardo ambiental de la zona, y encubrir el inmenso daño ambiental con base en una supuesta «minería ecológica».

Al analizar las condiciones y consecuencias del AMO en el marco de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República, con unas bases comiciales plagadas de vicios anti-democráticos y en el contexto de una serie de sucesos irregulares relacionados con el proceso de inscripción de candidaturas, resulta alarmante la intención de modificar la Carta Magna habida cuenta de las presiones ejercidas por las corporaciones transnacionales para desregular la actividad minera, la manera inconsulta e inconstitucional como fue aprobado el proyecto del Arco Minero del Orinoco y la creación de las denominadas Zonas Económicas Especiales, mediante la «Ley de regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria», entra en plena contradicción con los artículos 119, 120, 127, 128, y 129 de la CRBV.

Es preocupante que las dirigencias políticas de los polos PSUV-MUD relegan del debate nacional el proyecto A.M.O como una cuestión secundaria, cuando debería tener prioridad en la búsqueda de alternativas al modelo rentista extractivista, y no su profundización. En el último año, ha quedado en evidencia discursos contradictorios de ambos. Los dirigentes del PSUV, que constantemente hablan de «Paz», «Respeto a la Constitución» y «Eco Socialismo» defienden un mega-proyecto capitalista, inconstitucional, entreguista, etnocida, ecocida y que se contrapone al quinto objetivo del Plan de la Patria, el cual es ley de la república desde el 2013 y que estos mismos aseguran defender. Por otro lado la MUD, cuya mayoría en la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el plan megaminero en junio de 2016, queda en contradicción cuando Julio Borges, presidente del poder legislativo, aclara en una carta del 17 de Mayo de 2017 dirigida a los organizadores del «Latin America Down Under», que los contratos y acuerdos firmados con el actual gobierno quedan invalidados, pero que una vez cambie la situación nacional y «se restablezca la democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo«.

Ante esta situación diferentes organizaciones, grupos e individualidades nos hemos dado a la tarea de hacer un llamado amplio a un gran Asamblea Pública de luchadores contra el Arco Minero del Orinoco, en defensa de la soberanía y de los derechos constitucionales. El año transcurrido desde la promulgación del decreto, nos muestra la imperiosa necesidad de generar un espacio de discusión de todos los sectores críticos de esta cruda realidad. El reto es el de incorporar a ambientalistas, luchadores sociales, líderes y activistas comunitarios, indígenas, trabajadores, profesionales, intelectuales, indígenas, luchadores sociales, dirigentes comunitarios, trabajadores y estudiantes, en espacios asamblearios de discusión y articulación de acciones, apoyándonos en los acuerdos y sin obviar las diferencias que puedan existir. Consideramos que ante la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de una política minera seria.

Lograr la derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y defender nuestros derechos constitucionales, vinculados al tema ambiental, indígena y de soberanía nacional, constituye una tarea titánica y de largo aliento, que estamos dispuest@s a asumir. Creemos que con la organización y la movilización democrática y autónoma del pueblo venezolano podremos alcanzar ese objetivo. Por ello hacemos el llamado a este Encuentro de Luchadores entendido como un espacio amplio, democrático, diverso y plural para el debate nacional y la lucha contra los proyectos extractivistas que amenazan al conjunto de la vida en Venezuela y el resto del continente.

Fuente:https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html

Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero, se pronunció este jueves sobre las acusaciones de “ecocidio” que varios sectores del país han realizado desde que el Gobierno anunció la extracción de oro en territorio venezolano.

“Quienes dicen que vamos a cometer un ecocidio en el Arco Minero están equivocados”, expresó, asegurando que dicha medida generará recursos importantes para el país.

Explicó que el Arco Minero, además de la minería, también fomenta el crecimiento en sectores de construcción y agricultura.

Arreaza dijo que la oposición está “atentando contra el desarrollo económico del país”, por lo que instó a integrarse en los procesos correspondientes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asegurando que será instaurada por “el bien del país”.

“La expresión más grande de paz es la elección de Constituyentes”, destacó el ministro.

Fuente:http://noticiaaldia.com/2017/05/arreaza-la-expresion-mas-grande-de-paz-son-las-elecciones-de-constituyentes-para-la-anc/

Tres envío, hizo una tonelada de oro, vienen más se afirma, pero de las obligaciones nada se dice. Así como el Ministro de Minería Ecológica habla con tanto orgullo de oro, debe halar de los planes ecológicos. Debe explicar cómo se extrajo la tonelada de oro si dañar el ecosistema o de lo contrario cuál fue el impacto al respecto medido. Dee ser dual su alegría ¡Aquí está el oro Venezuela!, ¡Aquí está su impacto!.

Ante la primera tonelada de oro, Ministro Arreaza preséntele al país el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Sociocultural, pues son derechos de carácter nacional e internacional que tienen el pueblo venezolano y que el Estado Gobierno está obligado a cumplir.

El Ministro Jorge Arreaza conjuntamente con el ministro de Ecosocialismo y Agua deben presentar el plan del impacto Ambiental y la manera cómo van a mitigar la contaminación de los ríos el deterioro de los suelos y el bosque, así como el impacto sociocultural de la población afectar. De lo contario serán violadores a la Constitución, las leyes y decretos respectivos a cumplir.

De igual manera, además del plan y reparación ambiental, se debe presentar el plan social, en donde se va a invertir eses dinero proveniente del oro, diamante y coltán.

No quieren llevar el modelo extractivista a la Constituyente

Si se tratase en verdad de una Constituyente medianamente democrática el tema del oro, o del desastre de la minería ilegal de más de 20 años en el Sur del país; así como discutir la minería que se pretende realizar por parte del Estado y las trasnacionales mineras impariales. Este tema toca la Venezuela profunda, la que no se ha discutido aún. Allí está presente todo el lado oscuro de la otra Venezuela, la que debe abordarse para hacer una patria soberana y socialista, respetuosa a la constitución, a los derechos humanos y a la vida.

Se dice que se ha sacado miles de toneladas de oro delante de los ojos del Gobierno y el país todo, y que se seguirá sacando, al igual que el diamante y el coltán gubernamental. De esta irregularidad también debe dar cuente los hombres y mujeres del Gobierno, pues ya lleva casi dos décadas conociendo de este asunto sin superar la parálisis. Cuál ha sido el impacto social, cultural, financiero, ambiental, de salud, de soberanía, ético, y paren de contar. Si no se evalúa esta situación nada nos garantizará que explotar miles de toneladas más que aún quedan de minerales el asunto cívico militar, ambiental va a cambiar.

Dual es la hoja de ruta

Cuál es diagnóstico complejo que al respecto tiene el Ejecutivo Nacional, cual es la propuesta que al respecto se tiene para el reimpulso del Arco Minero del Orinoco. Queremos conocerlo. Cuál será la hoja de ruta de soberanía cuando las empresas trasnacionales continúen con su única política conocida mundialmente: la contaminación y la destrucción. Así como la violación a la soberanía de los Estados Naciones.

Nos preocupa que va a pasar con los frágiles ecosistemas del sur del Orinoco y su delta.

Quizás, Jorge Arreaza y el militar que está en el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, estén en un par de años en el Ministerio de la Juventud el primero y el segundo quizás en el Ministerio de la Vivienda. ¿Quién va a responder?, ¡el Estado!, ah bien, que difícil es esto en materia ambiental, más si están involucrados capitales imperiales, chinos o rusos, o iraníes.

El ambiente está ligado con la calidad de vida de la población. Los hombres y mujeres del Gobierno no lo saben, o les importa un comino. Sólo meter my sacar oro de las bóvedas de BCV.

Fuente:https://www.aporrea.org/actualidad/a246349.html

La periodista venezolana, Valentina Quintero, denunció que la compra de más 300 kilogramos de oro que hizo el ministro de Minería, Jorge Arreaza, es ilegal y aseguró que eso conlleva a la destrucción de la naturaleza.

«Esa pequeña minería es ilegal. Y es ilegal porque no es para la’vida’ como usted dice. Es para la muerte. Para la destrucción de nuestras aguas y de nuestra naturaleza», dijo Quintero en su cuenta en Instagram.

La conductora del otrora programa Bitácora, explicó que cuando se extrae el mineral de esa manera «el oro se pega del mercurio y así es más sencillo sacarlo de la arena».

Advirtió que para separar el mercurio del oro hay que quemarlo y la consecuencia de eso es el envenenamiento del agua.

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Aseguró además que no solo ha dañado la naturaleza sino también con los indígenas «yekuanas en la zona de Caur, esclavizó a los sanemas y prostituyó a muchas de sus mujeres».

En el mismo mensaje, que acompañó con una imagen de Arreaza con los lingotes de oro, señaló que a través de esa publicación ha hecho un reconocimiento a que el Gobierno de Venezuela «promueve» la minería ilegal y la destrucción del Parque Nacional Canaima, uno de los patrimonios naturales de la humanidad.

«El arco minero es otra forma de matar el futuro de todos los venezolanos», concluyó Quintero.

Fuente:http://www.ntn24.com/noticia/denuncian-que-oro-extraido-de-el-callao-por-el-ministro-arreaza-causa-un-grave-dano-al-ecosistema-140749

Cronicas Venezuela / Este martes llegó a Caracas un total de 238 kilogramos de oro proveniente del Arco Minero del Orinoco, recurso que servirá para ampliar las reservas internacionales y aumentar la inversión social en el país, informó el ministro para el Desarrollo Minero, Jorge Arreaza.

Desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, donde fue recibido el lote del oro proveniente de El Callao, estado Bolívar, Arreaza indicó que una vez ingresada esta cantidad de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela, se comenzará el proceso para que el mineral se convierta en recursos para el Estado Nación.

El recurso aurífero se convertirá en «reservas internacionales, en financiamientos, en educación, salud, viviendas», expresó el ministro, quien destacó que gracias a la creación del Motor Minería de la Agenda Económica Bolivariana, estos recursos pueden ser utilizados en beneficio de la patria.

Recordó que a través del Motor Minería el Ejecutivo ha articulado alianzas con pequeños mineros y mineras a quienes se les compra el oro de manera directa y reciben un pago digno por su trabajo.

«Aquellas mafias que pretendian llevarse el oro de la República para el exterior como contrabando de extracción de un mineral fundamental, están pasando a la historia, se están quedando en el pasado», recalcó Arreaza, tras recordar que la minería en Venezuela era ejercida por mafias que se llevaban los recursos al extranjero y se enriquecían sin aportar nada al país.

Arreaza resaltó que la minería se ha constituido en una fuente alternativa de ingresos económicos para el país y es la segunda más importante después del sector petrolero. «Es el motor que dará mayores ingresos al país dentro de los 15 Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana».

El ministro resaltó que el despacho de este martes representa el traslado de oro más grande realizado por la Corporación Venezolana de Guayana (Minerven) ubicada en El Callao, es decir, el mayor lote de la historia de la minería aurífera nacional.

La entrada Para ampliar reservas internacionales Arco Minero aportó 238 kilos de oro aparece primero en Actualidad Venezuela.

Fuente:http://www.entornointeligente.com/articulo/9893804/VENEZUELA-Para-ampliar-reservas-internacionales-Arco-Minero-aporto-238-kilos-de-oro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupae, ubicada en el Callao estado Bolívar, para que exploten la minería. “Es el mecanismo que le da estatus y garantía legal al proceso del desarrollo de diamantes y piedras preciosas”, destacó Maduro durante la revisión del motor número 8 de turismo y minería. Por su lado, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, informó que una parte del oro extraído del Arco Minero del Orinoco se utilizará para las reservas del país y la otra para el fondo de las misiones.

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En el Arco Minero del Orinoco las empresas Metales del Sur, Oro Azul y FAO se disponen a empezar trabajos de exploración sin antes el Gobierno Nacional con el apoyo del Ministra Indígena Aloha Núñez demarcar sus territorios, violando así la Constituciones y las leyes de la República y Convenios Internacionales. Funcionarios públicos de los ministerios relacionados con minas, ambiente e indígenas  presionan sin escrúpulos a comunidades y líderes indígenas del pueblo Huottoja: Parhuaza y , Suapure para que acepten cambiar sus territorios de vida por las dádivas prometidas por el Presidente Maduro a través de los medios de comunicaciones.

Este artículo se lo dedicamos a los compañeros Jorge Arreaza y a Aristóbulo Istúriz

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El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este viernes el plan de financiamiento 2016-2017 para el Arco Minero.“Ya a finales de este años vamos recogiendo 1.500 millones de dólares para completar algo más de 4.500 millones de dólares que vendrían como ingresos, como dividendos para la República. Aprobado plan de financiamiento 2016-2017 del motor minero número siete de los 15 de la Agenda Económica Bolivariana”, puntualizó Maduro.

A través de una transmisión por Periscope de la cuenta de twitter del ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, el Mandatario nacional indicó que este financiamiento permitirá obtener dividendos por el orden de los 4.000 millones de dólares.

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