Venezuela

Devastación minera es rechazada por la iglesia venezolana

José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

Fuente:http://acn.com.ve/devastacion-minera-rechazada-iglesia/

Venezuela

Comunidad indígena de Sifontes denuncia violencia minera y presiones del gobierno para apropiarse de sus territorios

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios

Venezuela

Explotación, deforestación y muerte en el Arco Minero de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro entregó, en 2016, concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación legal de coltán, oro y diamante.
•    En este territorio que se superpone a cinco parques nacionales conviven mafias, mineros ilegales, traficantes de drogas junto con indígenas que se han sumado a las labores mineras, así como militares y exintegrantes de las FARC.
En el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas nacionales y extranjeras pueden hoy  explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Con esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la minería en un 12 % del territorio nacional, con  la esperanza de que esta actividad  sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de ingresos para el Estado.
Desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este grupo el gobierno venezolano no  cumplió con realizar un estudio de impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los pueblos indígenas, como manda la Constitución.
Otra razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
Luego de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
1.- ¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?
En ciudad Bolívar, existen mafias carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin embargo  gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.
Pero la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años, cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda, explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona, pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego quedan contaminados por este metal pesado.
El gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Las Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar— que es invadida diariamente por mineros ilegales. Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados “pranes”.
Aunque Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10 000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar, los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.
2.- Los bosques que se pierden
De acuerdo con el Global Forest Watch, al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares (Panthera onca), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), además de que alberga la cascada de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.
La región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000 hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní (que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus ecosistemas.
3.- La presencia de los indígenas
En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Uno de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
Algunas ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.
El ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de oro de Venezuela a otros países, explica Brian Clark, líder indígena en Jobochirima, una comunidad cerca de Las Claritas.
En el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de 2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.
4.- Entre el Ejército y los remanentes de las FARC
La proximidad del Arco Minero de Venezuela y del estado de Amazonas con Colombia, complica aún más las cosas. Se ha registrado la presencia de guerrilleros colombianos en estas tierras venezolanas. Integrantes de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y grupos disidentes de las FARC están en el Estado de Bolívar y no solo les interesa la minería de oro, también del coltán, que  pasan de contrabando a Colombia.
Las poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena, sostienen varias fuentes, para que mantenga bajo el precio del coltán.
La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones en minerales ocultos.
Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también han solicitado lo mismo.
Cuando Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una Zona Económica Militar para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, mientras aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región.
Los ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo negocios con el ejército y la Guardia Nacional.
Según de Grazia, la mayoría de la minería venezolana se lleva a cabo por grupos armados ilegales, que controlan un gran número de pequeños mineros. El diputado también dice que el oro “legal” que las compañías estatales dicen producir no es realmente explotado por ellos, sino más bien por minas y mineros ilegales.
Algunas minas son operadas directamente por el ejército, y una parte de la producción va al banco central de Venezuela.
Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.

5.-Vivir bajo amenaza

La región de Guayana —que incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y madera. Las mismas que traen consigo pago de sobornos a algunos militares y policías, cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la presencia del narcotráfico.
En ese contexto, los defensores ambientales y quienes se enfrentan a la ilegalidad son víctimas constantes de amenazas y ataques.
Uno de ellos es Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), una ONG dedicada a la divulgación y denuncia socioambiental. Lanz, también exmilitar de inteligencia, recibe mensajes acompañados de amenazas e insultos, le dicen que se cuide, que deje de denunciar, que piense en su familia. En una ocasión mientras participaba de una inspección junto a un militar en actividad, fue interceptado por mineros ilegales y soldados.
Al funcionario castrense lo hirieron de un disparo y a Lanz lo subieron a una lancha y lo golpearon.
En septiembre pasado, la ONG que dirige fue atacada y a uno de sus automóviles le cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de sus hijos. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar, confirmó reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa Lanz.
Otra persona que se ha enfrentado a la corrupción es el Mayor General Clíver Alcalá Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana), entre septiembre de 2012 y julio de 2013. Llegó para combatir la minería ilegal, pero se encontró con una red de complicidad entre militares e ilegales. “Quien intentase poner orden, iba a entrar en conflicto con los ilegales”, declaró a Mongabay Latam. El general, ahora retirado, forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la concesión del Arco Minero de Venezuela.
El 22 de septiembre de 2017 fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del Orinoco, donde  fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje Arc of Desperation, sobre los efectos de la explotación minera en los bosques húmedos de Venezuela. Días después fue nuevamente detenido en su hotel de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes indagaron sobre su labor periodística, dijo Ebus a Mongabay Latam.
Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.
También se reportó el asesinato de otros 11 mineros por enfrentamientos entre personas que controlan los yacimientos ilegales y militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero de Venezuela se presentaba como una alternativa económica para el país, pero lo que se presenta hasta ahora es una combinación de ilegalidad, destrucción de biodiversidad y muerte.
Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2018/02/explotacion-deforestacion-y-muerte-en.html
Venezuela

La apuesta minera contra el Escudo Guyanés

En Venezuela, la zona delimitada como parte del Arco Minero coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería.

Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.

El fuerte ruido de los generadores acompaña el trabajo duro de los mineros ilegales, a solamente un kilómetro del pueblo de El Callao. Cubiertos de lodo, se deslizan en los fosos mineros donde hacen un barrido de oro, más hoyos o saquean grandes cantidades de lodo con oro que será procesado con mercurio. Lo último lo hacen las máquinas vibrantes del generador instaladas al lado de la mina. En ese mismo lugar, solía haber un bosque, pero muchas capas de vegetación han sido devastadas para hacer lugar a la minería.

“Si hay una razón para no avanzar con el Arco Minero es el ambiente”, de acuerdo con Edgar Yerena, un biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. “Es una muy mala idea. Es la peor idea. No hay peor uso, en mi opinión, para el Escudo Guayanés”.

En Venezuela, el Escudo Guayanés coincide por completo con el estado Bolívar y también incluye los estados Amazonas y Delta Amacuro. La región es, según expertos ambientales, de suma importancia para la generación de agua y para la conservación de especies. Por lo mismo debería evitarse la minería. “Desde una perspectiva ecológica, [el área] funciona como un sistema diferente al resto del país. Es muy delicado porque los suelos generados están muy lixiviados y muy lavados. Tiene pocos nutrientes, es muy arenoso y la recuperación ambiental de cualquier impacto en el Escudo Guayanés es muy lento, si no irreversible”, explica Yerena.

Las observaciones de Yerena están respaldadas por otro especialista ambiental venezolano. “Los suelos son muy finos y cuando son removidos será muy difícil restaurar”, asevera Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel de Paz en 2007 y experto en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El laureado también advierte que en los bosques del Escudo Guayanés funciona un hábitat para especies endémicas que se verán severamente impactadas. Hay 9.411 especies de flora, de los cuales 2.136 son endémicas.

No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés, dice Sánchez. “Todas las tierras dedicadas a la minería y en particular a la minería de superficie serán un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”.

Cerca del 75 por ciento del territorio en Bolívar está ambientalmente protegido, pero no contra el Arco Minero. Las tierras exuberantes están declaradas como parques nacionales, monumentos naturales, zonas protegidas, reservas forestales. El parque nacional Canaima incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial. Todo esto parece no importar. Las reservas forestales sufrirán especialmente las consecuencias inmediatas de la extracción mineral en el Arco Minero.

Adicionalmente, el impacto en las fuentes de agua traerá repercusiones negativas. Bolívar opera básicamente como una fábrica de agua para el país al poseer la undécima reserva más grande de agua en el mundo. Por ejemplo, la represa Guri, en la cuenca del río Caroní, genera energía hidroeléctrica para 65 por ciento del país gracias, siendo el principal proveedor de energía de Venezuela.

Según Yerena, su productividad puede verse perjudicada: “La minería daña la calidad del agua. El tema del potencial hidroeléctrico en Guayana no solo depende de la cantidad, sino también de la calidad del agua, que depende del poco sedimento que arrastre el río”. Mala suerte, el Caroní que bordea la región minera se ha sedimentado, y el impacto ambiental puede ser irreversible.

Expertos explican que, a largo plazo, los daños ambientales pueden no sopesar las ganancias del sector de las que el país nunca se benefició económicamente. Yerena añade: “El estado venezolano tiene una historia de no saber cómo administrar la minería. ¿Por qué sabrían cómo hacerlo ahora?”.

El desconocimiento también representa un problema para los movimientos de justicia ambiental que tienen poca investigación adelantada para argumentar. “Es complicado porque hasta ahora, la defensa se ha basado en el concepto del proyecto y la forma en cómo han intentado implementarlo”, explica Yerena. “Pero aún no hay una evaluación ambiental estratégica, y debería haber información pública para que la academia y el sector ambiental pudiesen revisar adecuadamente. Hasta ahora, solo hemos fraccionado información extraoficial muy puntual. No hay mecanismos claros para obtener información oficial por personas curiosas por saber qué ocurre con el proyecto”.

Dos riesgos de la minería que aún no se discuten en Venezuela son la deforestación y la contaminación por mercurio. “Como yo lo interpreto, según la normativa ambiental venezolana, no debería estar pasando. Esto se fundamenta en la ilegalidad de que todo el proyecto no ha emprendido un estudio sobre la evaluación ambiental”, dice Yerena.

Alexander Luzardo, exsenador que redactó los estándares ambientales en la actual constitución de Venezuela, duda de que hacer minería valga la pena a cambio de beneficios económicos. Y es que nunca ha habido una prueba certificada de que el país posea las cantidades de oro y de coltán tan grandes como las que dice tener.

El ahora profesor dice que puede tratarse de un mito, una estrategia para desarrollar proyectos que facilitan el lavado de dinero. “La creación de empresas fantasmas, sin ninguna experiencia, sin conocimiento, se prestan al juego de la elevación [mercado de especulación] y al lavado de dinero”, afirma. “La minería es vinculada a negocios ilícitos y a actividades financieras ilegales ligadas al lavado de dinero”. Según él, estas compañías comprarán y comerciarán minerales extraídos ilegalmente, o tratarán de especular y vender su proyecto al mejor postor.

El “show de buenas noticias” del gobierno sobre depósitos minerales enormes es, según Luzardo, una oferta engañosa para el país. “Es la lotería de la minería. Apostarlo siempre a todo: ‘Tenemos las reservas más grandes del mundo’”, dice riendo. La distracción de la crisis económica y política ignora asuntos más importantes que están en riesgo. “No es sobre el trabajo, ni la educación, la organización o la diversificación energética y tampoco sobre asumir grandes riesgos”, ironiza.

Su nombre, el Arco Minero, resulta molesto para Luzardo. Argumenta que el término es un reduccionismo lingüístico. “Uno reduce todo al Arco Minero”, explica. “Ya con el nombre se cede el territorio [a la minería]”. Plantea que un Arco de Diversidad encajaría mejor y haría más justicia, en papel, a las áreas protegidas ambientales.

De acuerdo con Luzardo, todavía hay esperanza. El profesor refiere a una decisión de la Asamblea Nacional que anuló el decreto del Arco Minero el 14 de junio de 2016. “No se puede legalizar un crimen ambiental”, gruñe el profesor, pero el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce la decisión del Parlamento ni ninguna otra acción de la marginada Asamblea Nacional desde el 11 de enero de 2017.

Mientras tanto, continúa la crisis política y económica de Venezuela, llevando a más venezolanos desesperados y desempleados a poblar las zonas mineras. Ellos continúan cavando en lodo valioso de El Callao y de muchas otras áreas en el sur del país. Por ahora, a la oposición política contra el Arco Minero no le quedan armas legales. La deforestación acelerada y una frontera minera expandida son consecuencias innegables de la crisis en el país, que luce muy lejos de llegar a su fin.

* Este reportaje se produjo gracias a una alianza entre Infoamazonía y el Correo del Caroní con financiación del Pulitzer Center. En Colombia cuenta con el apoyo de DeJusticia y Amazon Conservation Team.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-apuesta-minera-contra-el-escudo-guyanes-articulo-734137

Venezuela

Arco Minero- Impuesto a la explotación minera será establecido por el Presidente –

La Ley del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero deja en manos del presidente de la República la fijación del impuesto que cobrará el país por las actividades de explotación minera, según señala el instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y publicado en la Gaceta Oficial N° 41.310 con fecha 29 de diciembre de 2017.

El artículo 2 de la Ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro en septiembre, señala que “los enriquecimientos netos anuales de fuente territorial (…) se gravarán con base a lo dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Detalla algunos criterios para establecer la alícuota de Impuesto sobre la Renta, entre ellos la capacidad de producción y procesamiento. Adicionalmente, señala que las empresas tendrán que destinar el monto correspondiente al pago del ISLR a la inversión de bienes de capital, adquisición de nuevas tecnologías, ampliación o mejoras y equipamiento del parque industrial, a la diversificación productiva e incremento de empleo, a la ampliación y desarrollo de la infraestructura empresarial, a la constitución de sociedades mercantiles o adquisición de acciones, así como a programas en materia de adecuación tecnológica de la pequeña minería».

Por otra parte, se determina que el Impuesto sobre la Renta “que se genere con ocasión de la venta del oro en el exterior autorizada por el Banco Central de Venezuela, se determinará y pagará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.

El gobierno de Nicolás Maduro impulsa desde 2010 el llamado Arco Minero, una zona económica especial de unos 111.846 kilómetros cuadrados, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, rico en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Fuente:http://globovision.com/article/impuesto-a-la-explotacion-minera-sera-establecido-por-el-presidente

Venezuela

Militarización y minería en Venezuela

Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno.

Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38243-militarizacion-y-mineria-en-venezuela

Venezuela

Maduro: El 2018 debe ser el año de expansión de la actividad minera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que en el año 2018 será de expansión para actividad minera por lo que firmó autorizaciones para impulsar el trabajo minero en un total de 23 comunidades del estado Bolívar.

Estas son las Comunidaes: Apanao, Bloque El Callao, Guasipati-El Callao, Sifontes Nortes, El Foco, El Triunfo, Gran Corazón de Jesús, Guaniamo, Ojalata 1, Ojalata 2, Increíble 12, Increíble 16 y 17, Increíble 4, Nuevo Callao, Nuevo Zupano, Río Carichapo, San Miguel La Ceiba, San Pollo, Guaitó y Yuruari.

A su vez, el jefe de Estado instó al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, producir no menos de 2 millones de dólares en oro.

«El Oro se convierte en riqueza e inversión para nuestro pueblo, por eso estamos reorganizando e impulsando el motor minero. La meta es producir no menos de 2 mil millones de dólares en el año 2018».

Fuente:http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/176033/maduro–el-2018-debe-ser-el-ano-de-expansion-de-la-actividad-minera.html

Venezuela

Corrupción y daño ambiental se han acentuado en el Arco Minero del Orinoco

Los periodistas Edgar López y Julett Pineda, autores del trabajo Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, dieron a conocer durante el Foro Guayana Sustentable, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello de la región, que la corrupción y el daño ambiental se han acentuado con el Arco Minero.
López aseguró que en los pueblos mineros hay una mafia que controla el negocio del oro y que los militares que están en los alrededores de las zonas mineras no entran al lugar, reseñó Correo del Caroní.

Destacó que, a pesar de las promesas del gobierno, no hay garantía de una minería ecológica, pues los trabajadores continúan usando mercurio a pesar de su prohibición, lo que ha incidido en el aumento de la tasa de mortalidad.

Por su parte, Pineda hizo referencia a las 150 empresas con las que se firmarían los convenios para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, de las cuales solo se conocen 13, entre ellas Gold Reserve, trasnacional que se alió con el Estado para crear dos empresas de maletín que no tienen oficina pero que se llevan la mayor parte del Arco Minero.

Monitoreos de la NASA determinaron que 200 hectáreas de bosque se perdieron entre diciembre de 2016 y abril de 2017. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a que es un área de protección.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38046-corrupcion-y-dano-ambiental-se-han-acentuado-en-el-arco-minero-del-orinoco
Venezuela

Explotación y minería en la Amazonia venezolana

Al sur del río Orinoco, en un área mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba, están las mayores riquezas minerales de Venezuela. Minerales como oro y diamante descansan en las entrañas del Macizo de Guayanés por millones de años. Es allí donde queda el cinturón de Orinoco, en la frontera de Venezuela con Brasil, donde viven los Yanomami y que representa el mayor territorio indígena cubierto por bosques en todo el mundo.

Como la mayoría de los pueblos indígenas del continente, los Yanomami probablemente migraron por el Estrecho de Bering entre Asia y América unos 15.000 años atrás, siguiendo lentamente hacia América del Sur. Con más de 9,6 millones de hectáreas, el territorio Yanomami en Brasil es el doble del tamaño de Suiza. En Venezuela, los Yanomami viven en la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, de 8,2 millones de hectáreas.

El pontífice de la conferencia La caída del cielo – Palabras de un shaman Yanomami. El profesor adjunto de Antropología en la Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC José Antonio Kelly Luciani habló recientemente sobre la cuestión de los Yanomami. Al analizar la obra del chamán Kopenawa, él dice que «el autor revela en su libro una inclinación propiamente filosófica de cuestionamiento continuo sobre la vida y el cosmos Yanomami, los motivos de sus antepasados, la sociabilidad de los espíritus, etc., así como la vida y las motivaciones de los blancos, particularmente informado por su experiencia del interés incesante de los blancos por la tierra de los indios, por los minerales y por las mercancías «.

Lo que amenaza su soberanía en los días actuales es la acción de garimpeiros, que trabajan ilegalmente transmitiendo enfermedades mortales como la malaria y contaminando los ríos y los bosques con mercurio. Los ganaderos están invadiendo y deforestando la frontera este de sus tierras. La salud Yanomami está debilitada y los servicios médicos esenciales no llegan a ellos, especialmente en Venezuela.

Para empeorar, en febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como la Zona Nacional de Desarrollo Estratégico del mineral del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su antecesor en ejercicio, anunció al país en 2011. La iniciativa de Maduro viene como un intento desesperado de llenar las arcas de la nación.

La riqueza insuficientemente explotada de los depósitos minerales es el incentivo ofrecido a los inversores nacionales y extranjeros, que se apresuraron a crear empresas para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para financiar el proyecto de minería a gran escala, el gobierno venezolano afirmó haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero sólo 16 firmaron acuerdos y cuatro joint ventures fueron creadas, de las cuales sólo una tiene presencia visible en la parte oriental del país.

Los más afectados son los pueblos indígenas que desde los tiempos ancestrales ocupan el territorio interpuesto, así como los ecosistemas de interés global, ya que el Orinoco hace parte de la Amazonia. El proyecto progresa sin los estudios de impacto ambiental y sociocultural correspondientes. Hasta el momento, la región se ha reducido a una promesa impracticable del gobierno de reinvertir el beneficio de la minería en dividendos para los sectores más pobres de la población.

En una región cercana a Orinoco, el gobierno brasileño recientemente amenazó con adoptar una postura semejante al venezolano. Fue por poco que la Reserva Nacional de Cobre y Asociados – Renca, en la selva amazónica, no se convirtió en blanco de la explotación de las mineras. Con la reacción de ambientalistas y de la comunidad internacional tras la liberación de la actividad en el área, el presidente Michel Temer precisó volver atrás y anunció la extinción total del decreto que preveía la apertura del área para la entrada de empresas mineras.

Fuente:http://www.ihu.unisinos.br/572304-explotacion-y-mineria-en-la-amazonia-venezolana

Venezuela

“Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio…”

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además,  una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en San Diego de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Pao Cachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces  aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.

Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…

Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar  el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.

Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.

El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.

Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?

Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.

Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.

Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.

Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela.  Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.

Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a  quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.

Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.

E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.

Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial.  Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.

Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente.  Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.

Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.

Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.

Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.

Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yukpa fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.

Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.

Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Fuente:https://www.aporrea.org/imprime/n313971.html