11/02/2020 ERICK CAMARGO

Complementando la agresión extractivista iniciada con el AMO en Venezuela
Por: Erick Camargo (Corresponsal OEP)

Para Observatorio de Ecología Política de Venezuela

El miércoles 5 de febrero del 2020, el presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó un proyecto de ley comparable al Decreto 2.248 referido al Arco Minero del Orinoco en Venezuela. Esta ley firmada por Bolsonaro permite la minería y la generación de energía eléctrica en los territorios que funcionan como reservas indígenas, localizados la gran mayoría en el Amazonas.

Esta firma de ley es en cumplimiento de una de las promesas de campaña más polémicas del mandatario brasileño, la cual ha generado un enorme rechazo entre los pueblos originarios del Brasil, grupos ecologistas y ciudadanos que temen por la sostenibilidad de la vida humana en el planeta. En medio de la firma y al puro estilo del cinismo político, Jair Bolsonaro comentó “Espero que ese sueño (…) se concrete. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros”; mientras pisotea esa humanidad, esos deseos, y ataca ese corazón al despojarlos de lo más sagrado que puedan tener, sus tierras de reservas para entregarlas al voraz extractivismo. Algo que asemeja la política venezolana, que mientras en el discurso alaba y defiende a los pueblos indígenas, en su acción política los despoja, persigue y condena a una nueva extinción.

A esto se suma la noticia sobre la demanda que la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) la cual aglomera más de 300 tribus, contra el presidente Bolsonaro, por un video publicado la penúltima semana del mes de enero en la cual declaraba “El indio está evolucionando y convirtiéndose cada vez más en un ser humano como nosotros”. Los líderes tribales alegan que esto forma parte de un plan con el fin de perpetrar un etnocidio destinado a eliminar su cultura.

Esta semana el proyecto será debatido en el Congreso para buscar la aprobación de las cámaras legislativas, en las que no se espera una fuerte oposición a las disposiciones del Presidente de Brasil; más bien la expectativa es alta en un parlamento dominado por representantes de los intereses extractivistas, que han visto al Amazonas como un almacén a la espera de ser aprovechado. Habría que esperar cómo responden las organizaciones ecologistas, los grupos indígenas (que han estado muy movilizados últimamente) y demás agrupaciones políticas que tengan conciencia del grave peligro que corre, no sólo Brasil, sino el planeta entero de concretarse esta ley.

Vemos además, con grave preocupación, como la ola extractivista empieza una desregulación de los espacios protegidos y reservados en Parques Nacionales, Reservas Indígenas, Reservas de Biosferas; buscando ampliar cada día más las fronteras mineras y agrícolas con el fin de aumentar los portentos económicos, en medio de una reprimarización de las economías latinoamericanas. Luego de los ruidosos fracasos de los gobiernos del llamado “ciclo progresista”, los cuales no representaron un real alivio para la situación socio ambiental del continente, la nueva ola política y económica que vive el continente parece apuntar a un incremento en la intensidad extractivista de los gobiernos, sobre todo en aquellos en los que sus modelos económicos construidos durante el siglo XX han llegado a sus límites.

Bolsonaro firma proyecto de ley del “Arco Minero de Amazonas”

En el occidente del estado Bolívar se encuentra un municipio que abarca una gran proporción territorial del estado, prácticamente toda su región occidental, el municipio Cedeño, el cual es más grande que varios estados del país. La cabecera del municipio es Caicara del Orinoco, frente a Cabruta y cercana a la confluencia entre el Apure y el Orinoco. Caicara se conecta a través de la carretera nacional Troncal 13 con Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, siendo la única conexión por tierra, de forma continua que tiene el estado Amazonas con algún otro estado del país. En esta vía se encuentra dos parroquias del municipio Cedeño, La Urbana y Los Pijiguaos.

Los Pijiguaos es un sitio remoto, olvidado por muchos, alejado de todas las noticias comunes sobre el estado Bolívar, la minería y los conflictos armados que tradicionalmente suelen aparecer en la prensa; apenas se hizo referencia al mismo en medios cuando fue secuestrado un periodista europeo en sus cercanías. Esta localidad es de las llamadas de “vocación minera”, pues apareció en los mapas con el descubrimiento de los fabulosos yacimientos de bauxita que llevan su nombre, y que generaron el establecimiento de las empresas de aluminio en Ciudad Guayana, Bauxiven, Interlaumnina, hoy Bauxilum, además de la consolidación de Alcasa.

El descubrimiento de Bauxita cambió totalmente la región, permitiendo la llegada de la carretera, una pequeña pista aérea y además la construcción de dos núcleos urbanos, el campamento de la empresa minera y el pueblo llamado Morichalito, formado por los aspirantes a trabajar en la empresa y quienes además prestaban servicios a esos empleados y a la misma empresa; el pueblo original de los Pijiguaos permanece inerme entre estos dos nuevos núcleos, como atrapado en una burbuja de tiempo.

En 2016 permanecí más tiempo en los Pijiguaos que en Caracas, viajando por sus pueblos, trabajando y tratando de conocer cómo funcionaban las cosas allí, además de ver como venían cambiando a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco en su primera etapa. De ello escribí una reseña sobre lo que vi de aquel pueblo. Fui atendido por una familia que me dio cobijo, trabajo y me enseñó a desenvolverme en la comunidad; una familia con la que siempre estaré agradecido. Esta familia tenía una licorería y un fundo en Paraguaza; con la licorería obtenían efectivo e intercambiaban con él, como banqueros, pues no existían ni agencias bancarias o cajeros en las cercanías, salvo el del campamento de la empresa, controlado por una mafia  muy severa.

Lamentablemente esa misma familia sufrió un golpe cuando varios de sus miembros fueron asesinados por el hampa en la carreta Troncal 13 al ser bloqueado su camino con el fin de robarles la mercancía que traían desde Maracay y el dinero en efectivo que manejaban. Un golpe del que no se recuperarían y los obligaría abandonar los Pijiguaos. Antes de irse del país, pudimos vernos en Caracas y despedirnos, en esa despedida pude actualizar mi información sobre la situación de esa tierra lejana y olvidada.

Ya en el 2016 era notoria la presencia de los grupos guerrilleros en la zona, de hecho unas personas me llegaron hacer un interrogatorio sobre mis intenciones al estar en aquel pueblo. La minería era el tema fundamental de las conversaciones económicas, así como el bachaqueo y contrabando de gasolina; recuerdo que incluso para devolverme tuve que posponer por dos semanas el viaje, pues no había combustible para ir a Puerto Ayacucho, pero si habían galones que se mandaban a diario para Colombia por el paso a Puerto Carreño.

Sin embargo hoy en día la situación se ha agravado. Por lo que estuvimos hablando, cuando nos vimos a mediados de 2019 en Caracas, las amistades que cultivé allá, antes de irse del país, me actualizaron sobre el sombrío panorama de los Pijiguaos, tres años después.

Los Pijiguaos, un pueblo en eterna agonía, sin encontrarse a sí mismo; parecía volver a la tradición agropecuaria producto de la crisis alimentaria; sin embargo el recio control que los grupos armados irregulares han venido ejerciendo allí han frenado ese reencuentro. Los grupos armados se han hecho cada vez más visibles y asfixiantes; en 2016 presencié cómo los mismos controlaban la carretera entre Caicara y Puerto Ayacucho, el transporte que me llevó de la primera hasta Pijiguaos utilizaba códigos en las alcabalas o al comunicarse con vendedores en la vía, como una especie de lenguaje que señalaba que estaba cubierto.

Sin embargo, me comentan que en la actualidad el control es total y absoluto, han construido una especie de para-estado en la parroquia, teniendo incluso una sede a la cual acudir para dirimir conflictos entre vecinos; se pasean por los predios que se encuentran desde Parguaza hasta Turiba y hasta la propia Caicara. Esa misma situación es la que ha motivado el abandono del pueblo por la familia, pues sospechan de complicidad de los actores del múltiple homicidio con estos grupos, por el control de negocios que aún no se sometían a su autoridad y arbitrio.

Pijiguaos es un pueblo sumamente pobre, no existe ninguna calle asfaltada, salvo la carretera nacional; de resto todas las calles, caminos y veredas son de tierra, en muy mal estado; el campamento de la empresa Bauxilum sí contaba en cambio con calles asfaltadas, el dispensario y otras instalaciones de servicios del pueblo se encuentran en abandono total. Ya en 2016 la correa minera estaba paralizada, no había extracción de bauxita; hoy en día la situación financiera de la empresa es deplorable. Los empleados de Bauxilum hacían una especia de clase media-alta en la región, con grandes sueldos, gran capacidad de consumo y una importante acumulación de bienes; lo cual hoy se ha visto degradado a lo sumo, con salarios que no cubren los gastos básicos, esta vieja clase-media es ahora una de las más depauperadas, sus casas envidiables antaño, se encuentran en franco deterioro. El motor económico del pueblo abandonó la bauxita por el ideal del oro azul.

El coltán ya se extraía en 2016 en las cercanías de Suapure, pero ahora se extiende su extracción hasta Parguaza, Turiba y demás territorios aledaños. La población se ha enfocado masivamente en el trabajo minero de coltán. A pesar de ser una localidad que expulsa a los jóvenes que buscan mejor futuro en otras ciudades, el pueblo se ve invadido por foráneos de todo el país que buscan fortuna en las minas de la zona, todas controladas por grupos irregulares.

Se han visto aparecer empresas mineras, las cuales establecen oficinas y centro de reclutamiento en el pueblo; se ofrecen villas y castillos a los pobladores, se habla del nacimiento de una nueva empresa, a la par de la vieja Bauxilum, que volverá a darle prosperidad al pueblo; que se regularizará la minería del coltán, que se expulsaran a las mafias. Pero lo que no nos cuentan, es que existe una convivencia entre estas empresas, que no duran más de dos meses, aparecen y se van, como algo que arrastra el viento, emplean a la mitad del pueblo, muchos en las minas, otros para supuestas actividades administrativas, otorgan unos cuantos sueldos, mientras la empresa permanece, luego desaparecen del mapa.

Blue Gold C.A es el nombre una de estas compañías, o mejor dicho, un nombre muy repetido, que ha aparecido y reaparecido con algunas variantes, como para darle fuerza a la alegoría de la riqueza que produce el coltán; aunque lo que deja es destrucción y miseria en un pueblo que aspira a volver a unos años dorados, que nunca fueron.

Algo que me sorprendió y que no esperaba es la noticia de la explotación de minas de estaño, de las cuales anteriormente no tenía conocimiento. Me informan que el estaño se explota en las montañas cercanas a la mina de bauxita y en la región de Parguaza, se transporta hasta el paso de El Burro hacia Puerto Carreño (Colombia) y allí es vendido en dólares, que entran a circular en la economía de la localidad. Este estaño por lo tanto no entra dentro de las estadísticas nacionales, pero sí en las de la hermana república, así como el grueso de las producciones mineras ilegales. Sin embargo, me comentan que la explotación de estaño es más informal que la del propio coltán.

Así los Pijiguaos, una región que siempre ha sufrido el abandono general y el olvido, ahora se encuentra en una situación cada vez más perentoria, en dónde la empresa que había logrado crear un puntico en los mapas del estado Bolívar para señalar la existencia de la comunidad, ahora se encuentra en total decadencia. Los grupos irregulares funcionan como autoridad estatal, imponiendo sus normas y reglas a todas las actividades económicas, fundamentándose en una minería desordenada, vinculada al crimen organizado y la extorción de la población. El comercio, generalmente de contrabando, se limita a exportar el producto de las minas e importando los bienes de consumo y alimento, desalentando la producción agropecuaria que parecía una alternativa hace apenas tres años. Una organización para-estatal que no le importa el bienestar de los pobladores, los servicios públicos, la tranquilidad y libertad de las personas; mucho menos el cuidado del ambiente, la salud y la protección de todas las formas de vida, humana, animal o vegetal de los alrededores; dónde se ve toda vida como fuente de recursos para ser extraídos y absorbidos.

Una región en eterna agonía que ahora sufre una destrucción sin precedentes, como nunca había visto, sus ríos envenenados, sus bosques deforestados, carentes de los servicios más básicos y elementales; pero sobre todo de un futuro.

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70 % en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao —un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos—, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

Una semana después, el anuncio cobró mayor relevancia con la visita del ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, a los yacimientos del estado Bolívar en compañía de los gobernadores de Bolívar, Barinas y Delta Amacuro para realizar una inspección previa a la entrega. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguna gobernación venezolana había recibido la mina de oro para administrarla.

Para el exsenador y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, la decisión de entregar minas a las gobernaciones responde a una lógica en la que el gobierno intenta implicar a la población y hacerla responsable de la destrucción del país. El exsenador encuentra relación entre este caso y el programa de los “lingoticos”, oficialmente “Plan de ahorro en oro”, que invitaba a la población a comprar el metal dorado proveniente del Arco Minero al Banco Central de Venezuela (BCV).

“Esta es una política de repartición del territorio geográfico en grupos de interés. En el caso de Bolívar, se decide que a los 20 gobernadores se les da un pedazo del estado (…) Es una aberración porque convierte al país en un campo para ser depredado sin ninguna salida alterna. Es tratar de buscar la riqueza fácil y repartirse el territorio en tajadas”, concluye.

Luzardo insiste en que tal decisión atenta contra todo principio de ordenación del territorio, preservación ambiental y cualquier propuesta económica de sustentabilidad. Álvarez Iragorry tiene una visión todavía más preocupante sobre el anuncio: en una zona controlada por bandas criminales y grupos guerrilleros, las autoridades regionales se verían obligadas a pedirles permiso para extraer el oro. “¿Cuál es el mensaje? Que cada gobernador tiene que entenderse con el “pran” (palabra que se usa para referirse a un líder criminal de las cárceles en Venezuela, cuyo uso se extendió a las minas) local. A mí me asombra el nivel de irresponsabilidad”, reclama.

A todo ello se suma la propuesta de la Asamblea Nacional de avanzar con una Ley de Minas, en manos de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, que pretende normar la actividad extractivista y agrupar todas las legislaciones relacionadas con el tema en un mismo documento, en el que se establezca un nuevo ministerio que sea la máxima autoridad del país en la materia.

Pese a que el proyecto hasta ahora no es de conocimiento público, especialistas como Luzardo advierten que una nueva ley sería incluso peor que otro Arco Minero, porque implicaría ver “a todo el país como un campo de extracción” y avalar en el fondo un “ecocidio sistemático”.

Además para el especialista en derecho ambiental, esta polémica ley echaría a perder  todos los avances logrados por el órgano legislativo (de mayoría opositora) en el área, que van desde la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco —la obra concebida por el gobierno de Maduro que creó una zona de explotación de minerales de casi 112 mil kilómetros cuadrados—, pasando por los informes de investigación relacionados con las continuas masacres ocurridas en estos territorios, hasta la aprobación en 2018 de la Ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco, que impulsó la creación de un corredor ecológico conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “En Venezuela somos víctimas de una reedición permanente del mito del dorado”, enfatiza.

Lo grave: la militarización de los territorios indígenas

En apenas un año, el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el mismo que alberga al Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994), ha sido escenario de tres hechos de sangre. Entre las víctimas fatales están seis indígenas pemones que han quedado indefensos frente a sus victimarios: las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde del municipio, la intención en cada una de estas incursiones ha sido el apoderarse de sus territorios ancestrales para explotar sus minerales. Esto fue lo que sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando decenas de hombres armados cometieron una masacre en la comunidad de Ikabarú, que a pesar de estar fuera de los límites del Arco Minero del Orinoco, fue catalogado por Maduro como un “Bloque Especial” del mismo. Allí mataron a ocho mineros, incluyendo a un indígena.

Aunque la versión oficial del hecho indica que los autores materiales fueron los miembros de la banda criminal armada de “El Ciego”, que desde hace años controla los yacimientos de La Paragua y El Manteco, los pobladores de Ikabarú y las ciudades cercanas están convencidos de que se trató de un ataque militar: algunos identificaron entre los presuntos homicidas a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El gobierno buscó la salida más simple: guardar silencio. La Fiscalía General de la República se pronunció 13 días después para anunciar la detención de ocho de los presuntos implicados. Sin embargo, Delgado asegura que los capturados son habitantes de comunidades cercanas, incluyendo a una persona que resultó herida en el hecho. La zona permanece bajo la vigilancia de los uniformados.

Al respecto, Álvarez Iragorry confirma que en Gran Sabana hay tensiones por conflictos de tierras. “Quieren [los militares] sacar del juego algo que el año pasado les molestaba, que era el control territorial pemón, porque los pemones tienen su propio sistema de autoridades”, expresó el especialista, quien acotó que en los últimos años comunidades indígenas de zonas como Urimán y Alto Paragua denunciaron que los soldados ingresaban a sus minas para intentar tomarlas. Para ese momento, ninguno lo había logrado porque los aborígenes los expulsaban. A finales del año pasado, todo cambió.

En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima, donde se practica la minería en balsas en el río Carrao desde 2013. Ese día, funcionarios de la DGCIM que se hicieron pasar por turistas, secuestraron una embarcación y la hicieron dirigirse a la zona minera, en donde dispararon contra los indígenas. El hecho dejó un muerto y dos heridos. Todos eran pemones.

Continúa leyendo esta noticia junto a las imágenes , aquí:https://es.mongabay.com/2019/12/mineria-parques-nacionales-derrames-balance-ambiental-venezuela-2019/

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70% en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao –un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos-, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

Fuente:https://ladobe.com.mx/2019/12/mineria-imparable-parques-nacionales-invadidos-y-derrames-que-no-cesan-las-deudas-ambientales-de-venezuela-en-el-2019/?fbclid=IwAR3_FYS-IK2hVdDOkng1hCqKpV56L8_lDnIlinTvKoGbhpej-w_KwN1WwiU

Con información de Revista SIC

Las autoridades legítimas del pueblo indígena pemón del sector VI, que reúne 28 comunidades del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela, denuncian en el presente comunicado ante las instancias nacionales e internacionales, la masacre perpetrada en Ikabaru, el pasado 22 de noviembre de 2019, con 8 fallecidos entre ellos un indígena de la comunidad indígena de Manak Krü. En el documento exlican los principios básicos de su existencia (territorio, autodeterminación, medioambiente y economía, educación, cultura, espiritualidad); y analizan sus derechos consagrados en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), especialmente lo relacionado con el derecho a la vida, que actualmente son violentados por el Estado venezolano. Finalmente condenan y exigen que se investigue la masacre en Ikabarú.

COMUNICADO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DEL PUEBLO INDÍGENA PEMÓN DEL SECTOR VI

AKURIMÖ (SANTA ELENA DE UAIRÉN)

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Que la Constitución de la República Bolivariana establece en su Art. 119 “El Estado reconocerá la existencia de los Pueblos Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres…” por ende esta comunicación, tendrá toda la facultad de exigir el cumplimiento de sus miembros y las instituciones públicas y privadas.

Nosotros, pueblos indígenas Pemón de la Gran Sabana bendecidos con el color de nuestra madre Tierra, por nuestro creador, desde la época de nuestros ancestros, honramos a la tierra como el hogar de todos los seres vivientes, sobre ella hemos construido una cultura, una historia y una  visión del mundo que nos ha permitido coexistir en armonía con la naturaleza.

NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRA EXISTENCIA:

TERRITORIO

Los pemones fuimos situados en nuestra madre tierra para que cuidemos la belleza y diversidad de Vida. Pertenecemos a la tierra y no podemos estar separados de nuestras tierras y territorios.

AUTODETERMINACION

Nuestra Autodeterminación es una de las bases esenciales de la libertad, la justicia y la paz. Sin el reconocimiento de este derecho, no se puede hablar de Democracia.

MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA

Nosotros tenemos una relación íntima con la naturaleza, transmitiendo respeto, interdependencia y equilibrio. Por esta razón hemos desarrollado modelos económicos, sociales y culturales. Que respeten la naturaleza.

EDUCACION

Nuestra educación es un intercambio de sabiduría y valores culturales en constante armonía entre la naturaleza y la humanidad.

CULTURA

Nuestra cultura es un todo en el cual todos los aspectos necesarios para una existencia digna están reunidos.

ESPIRITUALIDAD

Nuestra espiritualidad se basa en la interrelación de los círculos de la vida.

ANTE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MANIFESTAMOS LA VIOLACION NUESTROS DERECHOS:

DERECHO A LA VIDA: Al no reconocer nuestros derechos al territorio donde hemos desarrollado toda una riqueza cultural, social, económica y política el Estado nos está negando nuestro derecho que según la Constitución de la República de Venezuela es inviolable.

DERECHO AL HONOR: La inmanente dignidad nuestra es violada constantemente al no valorar nuestro aporte a la cultura mayoritaria, cuando se nos trata como una raza inferior en documentos, investigación social, trabajos periodísticos, noticias infamantes, así como también autorizan sin nuestro consentimiento la ejecución de obras o incursión miliar, turismo nacional e internacional, en nuestro territorio, tomar fotografía en nuestras viviendas con fines comerciales y pretenden sacar todo tipo de beneficio personal y económico en nombre nuestro.

DERECHO AL CONTROL DE SUS PROPIAS INSTITUCIONES, LOPCI Artículo 5. “Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural”.

DERECHO A LA CONSULTA, LOPCI. Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes.

LOPCI Artículo 12. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten gravemente o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

DERECHO AL RESPETO A LA AUTORIDAD LEGÍTIMA, LOPCI. Artículo 18. Establece que “Los órganos, entes y demás organismos del Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”

DERECHO A LA TITULARIDAD DE TIERRA. LOPCI. Artículo 20. El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

DERECHO A LA SEGURIDAD, LOPCI. Artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integral.

DERECHO AL INTERCAMBIO FRONTERIZO ENTRE PUEBLOS INDIGENAS, LOPCI. Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o comunidades.

DERECHO A LA PLANIFICACION Y PARTICIPACION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN en su Artículo 11. Los pueblos indígenas como parte integrante del pueblo venezolano, único, soberano e indivisible, participarán activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.

DERECHO A LA POLITICA INDIGENA. LOPCI. Artículo 131. El derecho indígena está constituido por el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.

DERECHO A LA JUSTICIA PROPIA, LOPCI Artículo 132. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la presente Ley.

INSPIRADO EN NUESTRO PRINCIPIOS Y NUESTRA REALIDAD

CONDENAMOS Y DENUNCIAMOS: ante las instancias nacionales e internacionales, el homicidio ocurrido en Ikabaru el pasado 22 de noviembre de 2019. Donde la población de Ikabaru, presenciaron la masacre, dando con 8 fallecidos entre ellos un hermano Indígena nativo de la Comunidad Indígena de Manak Kru.

EXHORTAMOS: al Gobierno Nacional se haga una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena

RECHAZAMOS: cualquier tipo de proyecto inconsulto, referente a la minería o el proyecto de arco minero dentro de nuestro sector VI Akurimö, sin la presentación previa del estudio de impacto ambiental e impacto sociocultural.

RECHAZAMOS: la militarización del aeropuerto y la instalación de la alcabala móvil antes del 5102 Escamoto cerca del puente dirección la Línea (Brasil) -Santa Elena de Uairen, sin cumplir con los procedimientos de consulta, establecidas en la CRBV, y leyes especiales.

TOTAL REPUDIO al amedrentamiento por parte de algunos efectivos militares hacia nuestro cuerpo de seguridad Indígena y la incursión que se pretende realizar en las comunidades indígenas de algún órgano de seguridad.

REPUDIAMOS: la presencia de grupos armados en territorio indígena.

EXIGIMOS: el reconocimiento de nuestro derecho de propiedad y posesión de la tierra que ocupamos y hemos poseído ancestralmente, durante toda nuestra vida desde nuestros ante pasados hasta el sol de hoy en forma continua, no interrumpido.

REAFIRMAMOS: nuestro derecho a ser libre e iguales a todos los demás seres humanos, en cuanto a dignidad y derecho, que todas las prácticas de superioridad racial étnica y cultural son jurídicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas.

PEDIMOS: que el Estado cumpla y aplique eficazmente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos o lo que se refiere a nosotros los indígenas.

AFIRMAMOS: que debemos tener acceso libre a informaciones y participar efectivamente de los procesos decisorios de cualquier programa o proyectos a realizarse en nuestra zona

QUEREMOS: que se cumplan todos los derechos consagrados en los convenios, tratados internacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y que la política cultural del Estado se desarrolle dentro de un ambiente de reconocimiento de la existencia de nuestra cultura.

EXIGIMOS: cese la persecución e intimidación a nuestras autoridades legítimas

APOYAMOS: rotundamente nosotros las 28 Comunidades Indígenas del Sector VI Akurimö (Santa Elena de Uairén) con sus autoridades legítimas al Sector VII Ikabaru y nos unimos para seguir luchando por la libre determinación de nuestros pueblos. Con la frase si tocan a un indígena tocan a todo el pueblo pemón.

Para terminar recordamos, Simón Bolívar, Libertador, Padre de la Patria, quien se refirió de nosotros los indígenas, en sus actuaciones políticas, militares, jurídicas y económicas. Todos los venezolanos sabemos reflexionar sobre lo que dijo el 26 de octubre de 1825, en carta dirigida al General Santander: YO PIENSO HACERLES TODO EL BIEN POSIBLE; PRIMERO POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD, SEGUNDO, PORQUE TIENEN DERECHO A ELLO Y ÚLTIMAMENTE PORQUE HACER EL BIEN NO CUESTA NADA Y VALE MUCHO.

NOSOTROS LOS PEMONES

Comunicado Sector 6, Akurimö, 28 comunidades indígenas del municipio Gran Sabana

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/12/06/comunicado-oficial-las-autoridades-pemon-ante-la-masacre-ikabaru/

En el marco de la Movilización Mundial por el Clima, alertamos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, que podría implicar que seamos el primer país en perder la totalidad de glaciares en la región.

La Sierra Nevada de Mérida tenía 10 km² de hielo en 1910. En 2018, tiene menos de 0,1 km² de superficie glaciar. De las Cinco Águilas Blancas que cantó Tulio Febres Cordero, los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland (ambos formaban un águila), Concha, León y Toro, queda uno solo: el de Pico Humboldt, el cual se derrite aceleradamente.

De acuerdo con un equipo de científicos venezolanos, el Humbolt, el último glaciar de Venezuela podría desaparecer en 20 años. Esto motivado a que las temperaturas están subiendo más rápido en las partes elevadas de la Tierra que en los llanos.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos perdido todo esto”, expresa Daniel Llambí, ecólogo de la Universidad de Los Andes de Mérida.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido encogiendo en el último siglo y medio -agravada por la actividad humana y por la quema de combustibles fósiles- hace que los científicos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Aunque estamos en un periodo interglacial y la tendencia es que la tierra se caliente, según la NASA, el ritmo de calentamiento actual supera diez veces el promedio de las antiguas eras. En una década, el ritmo de deshielo de los glaciares en Antártida se ha triplicado. La Cordillera de los Andes perdió de 30 a 50% de su área glaciar en los últimos 30 años.

El 2018 registró temperaturas sin precedentes en todos los continentes. En julio, una ola de calor en Canadá mató a 54 personas con picos de 36,6 grados celsius en Montreal; en la costa de Siberia con el Océano Ártico las temperaturas alcanzaron más de 32 grados celsius y en Argelia 51,3 grados celsius, la temperatura más alta registrada en el continente africano.

Hay consenso científico sobre la relación entre el aumento de temperatura y la concentración de gases invernadero, como dióxido de carbono y metano. Desde la Revolución Industrial, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado un 35%, y los de metano se han duplicado. Esos gases son, en su mayoría, generados por actividades humanas. Estamos acelerando el calentamiento del planeta.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra en las regiones polares, también hay glaciares en algunas montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, comenta Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas continuas, según Llambí, e incluso en las mejores circunstancias, no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque Nacional Sierra Nevada de Venezuela, ubicada a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar.

 “El cambio climático es real y hay que documentarlo. Hay que estar ahí”. expresa Daniel Llambí.

La vulnerabilidad climática de Los Andes

Mientras que la mayoría de las tundras tienen escasa vegetación, los páramos son famosos por sus frailejones, plantas que pueden ser más altas que un ser humano y que parecen una cruza de cactus y palmera. La zona almacena agua que alimenta las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de América del Sur reciben agua de Los Andes”, detalla Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Universidad de las América de Quito.

La región está a la vanguardia del cambio climático. Los glaciares de Los Andes tropicales se han estado derritiendo más rápidamente que los demás glaciares desde que los científicos comenzaron a monitorear este fenómeno en la década de 1970, dado que las latitudes tropicales reciben el Sol y la radiación con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que queda al principio es un «lecho de roca»: a veces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, desgastada por siglos, si no milenios, de contacto con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y líquenes colonizan la zona. Descomponen los minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren y se transforman en materia orgánica, el primer paso en la formación de tierra. La tierra es la base del nuevo ecosistema pues ofrece una estructura que puede retener agua y donde pueden crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia entre un ecosistema que surge rápidamente y uno que se demora siglos”, comenta Llambí.

¿Qué podría quedar?

En las rocas que quedarán al descubierto con el derretimiento del glaciar los científicos creen que podría surgir un nuevo ecosistema parecido al de los páramos. Sin embargo, hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas el surgimiento de tierra? ¿Las especies animales y vegetales que sobreviven a baja altura podrán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero una economía que gira desde hace décadas en torno a la demanda del combustible ha resultado inestable. Llambí cree que tiene una obligación especial de ayudar a informar al público acerca del impacto del cambio climático en un país en el que un ciclo caracterizado por altibajos en la exploración de combustibles fósiles ha dado forma a la vida de casi todos los venezolanos.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/27/venezuela-sera-primer-pais-perder-todos-glaciares-la-region/?fbclid=IwAR3RSiQDsU2NidPB6MMb0A7GZ7nVe7Wx0mVxIwzmOqrjrWLd3d7f8XtxkWI

Como parte de nuestras #AlertasOEP reproducimos de manera íntegra el reporte de la Revista SIC del Centro Gumilla, en el que la investigadora Minerva Vitti Rodríguez expone los trágicos eventos acontecidos el 22 de noviembre en el poblado de Ikabarú, al sur de Venezuela, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que cobraron la vida de al menos tres integrantes de la comunidad pemón en ese poblado como producto de la guerra del oro desatada por el avance del extractivismo y la minería en la región.

El Ministero Público confirmó el día 24 de noviembre la muerte de seis personas en la masacre de Ikabarú que habría ocurrido a las 9pm. Las víctimas fueron identificadas como Antonio José Perera Flores, de 46 años y sargento retirado de la Guardia Nacional (GN), Máximo Jeremy Muñoz Solano,de 17 años, alias Coquito; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años, Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años y quien se desempeñaba como vigilante; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años, y Edison Ramón Soto Suárez,de 46 años, alías el Vaquiro.

Con información de representantes del pueblo Pemón

Una nueva masacre se está perpetrando al sur de  Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre  las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

Según las notas de voz y los informes de los pobladores que recibimos en la redacción de la revista SIC, a la 1:02 am del sábado 23 de noviembre de 2019; la noche del viernes 22 de noviembre de 2019 llegó un grupo armado a Ikabarú e inició un tiroteo al frente del negocio de Dany Tomedes, uno de los habitantes del lugar. En las notas se confirma la muerte de un efectivo de la Guardia Nacional de apellido Perera, un indígena del pueblo pemón habitante de Manak Krü y otra persona aún sin identificar.

“Yo estaba en la Iglesia, la Iglesia que está al frente, eso fue donde Dany Tomedes,  ya ahí estaba el grupo de gente, y empezamos a escuchar tiros, y el desespero, y la gente corriendo, entonces hubo un muchacho que entró con un tiro en la cabeza hasta allá y todo,  y una muchacha que fue a dar esa información, un señor del aeropuerto me nombró a su hijo, me dijo que estaba en una esquina herido (…) Y ellos pasaron por el frente de la casa y dijeron ‘mire, llegó fulanito, un sindicato’ (…) después de eso anduvieron por todas la casas, buscando (…) Si era la autoridad no debieron llegar así porque mataron mucha gente, no pudo haber sido la autoridad, no pudo haber sido la autoridad…”

“(…) Si, pasó una desgracia aquí tremenda, hay una cantidad de muertos (…) Perera lo mataron, mataron a Báquiro, no se sabe si Erebys está muerto, el sobrino de Asdrúbal, no se sabe cuántos muertos hay, pero si, esa tragedia está aquí, dos muertos hay, todo fue verdad, todo fue verdad, fue verdad…”

“Ese muchacho venía casi muerto de lo asustado que estaba y dijo ‘yo me vine descalzo porque llegó el gobierno, ese poco de gente negrita, vestido de negro, disparando echando plomo’. Y el muchacho llegó muy asustando y allí se escucharon las ráfagas esas…”

“Eso fue a tiro de las siete de la noche. Irrumpieron, llegaron ahí de repente, en todo el frente del negocio de Dany Tomedes, y empezaron a disparar, bueno, Perera trató de defenderse, sacó el revólver y le dispararon…y Báquiro, que ya le habían disparado, salió corriendo, cayó junto a la Iglesia que está en la plaza…”

Una de las versiones apunta que el sindicato del Ciego (el que controla La Paragua) llegó para tomar el control de la zona de un hombre llamado Cristóbal quien mantiene el control de la mina La Caraota. Pero esta información no está confirmada. Los representantes del pueblo pemón insisten que lo que está pasando en las minas de El Callao, Sifontes y La Paragua ocurre en territorio Pemón de la Gran Sabana y que hay muchos reportes de la muerte de personas inocentes.

También agregan que a las 12:04 de la medianoche, un Toyota chasis largo pasó por el punto de control indígena Secorfront con efectivos de la Guardia Nacional hacia Ikabarú. Este último dato es importante porque complejiza aún más la situación y los pobladores se preguntan: ¿se trata de grupos armados asociados a sindicatos o son los propios funcionarios militares los que están perpetrando estas masacres para controlar la explotación aurífera en estos territorios?: “La Guardia Nacional tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Hacemos esto de conocimiento público ante todas las instancias, la violación del derecho a la vida en Ikabarú, territorio indígena Pemón y el incumplimiento del gobierno venezolano de su deber de PROTEGER a sus ciudadanos indígenas y no indígenas”, apunta uno de los informantes.

El último reporte enviado desde el punto de control indígena Secorfront N° 6 a las 10 am recoge lo siguiente:

• 2 testigos han confirmado que los hechos ocurrieron entre las 7 a 7:30pm del viernes 22 de noviembre 2019, frente el negocio de Dany Tomedes en el pueblo de Ikabaru.
• Según los informes extra oficiales que estamos recibiendo van 8 muertos.
• Señores y señoras vamos a dar seguimiento a estos hechos. No lo van a esconder ni van a justificar esto con lo de “pelea entre bandas” para seguir matando a personas inocentes. ¡El derecho a la vida es sagrada!

En el informe se aclara que los hechos no ocurrieron en una mina y que no hay ninguna niña entre los fallecidos, con ello desmienten algunas informaciones publicadas en varios medios de comunicación nacional. Del mismo modo, denuncian que en horas de la mañana de este sábado los guardias nacionales les estaban quitando los celulares a los pobladores en Ikabarú, al parecer querían evitar que fotografiaran los cadáveres que aún permanecían en las calles.

Al cierre de esta nota (4:40pm) los representantes del pueblo pemón informan que se ha perdido comunicación con la comunidad de Ikabarú. La última información que se tiene es que a la comunidad estaban entrando cinco carros pertenecientes al Ejército y un helicóptero de Corpoelec. Lo que recuerda el patrón de la masacre ocurrida el 8 de diciembre de 2018 en la comunidad de Canaima y la brutal represión perpetrada entre el 22 y 24 de febrero de 2019 en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria. Ambas ejecutadas por agentes del Estado venezolano.

Estos asesinatos ocurren en un contexto de auge de la minería en el sur de Venezuela promovida por Nicolás Maduro, desde el Ejecutivo Nacional.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/11/25/masacre-a-comunidad-pemon-ikabaru-producto-la-guerra-del-oro-venezuela/?fbclid=IwAR0YhLStlXix65YUaMiVrINnpJb1xnRD-868F2LHM7N2OK80ArG7SJ_qw1Q

Los asesinatos se dieron en una zona donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

Una nueva masacre se dio al sur de Venezuela por el control de las minas de oro adjudicadas por el régimen de Nicolás Maduro a grupos terroristas En esta oportunidad entre 6 y 8 personas habrían sido acribilladas en el estado Bolívar.

Este es uno de los estados más importantes del país en materia económica, y tras la caída de la producción petrolera se ha convertido en escenario de masacres perpetradas por guerrillas y pandillas que pretenden adueñarse del oro venezolano. Aunque no existe información oficial por parte de la tiranía, se conoció que los asesinatos se dieron en Ikabarú, una zona al sur del país donde se encuentra buena parte de los yacimientos de oro y diamantes.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reseñó que el viernes 22, alrededor de las 7 de la noche, a la comunidad indígena pemón llegó un grupo armado presuntamente ligado al “sindicato del Ciego” buscando al jefe de una mina en la zona. Por su parte la agencia de noticias Reuters señala que entre los fallecidos hay un indígena y un militar.

Según la ONG, los grupos delictivos o “sindicatos” mineros buscan el control a través de la violencia, para implantar un sistema de explotación en la zona “con convivencia estatal».

Un reporte de fines de octubre de la Washington Office on Latin America (WOLA) destaca que actualmente los ingresos de la minería proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas en Venezuela y son de suma importancia para mantener el poder.

“La falta de transparencia en la rendición de cuentas del Gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo. Llámalos guerrilleros, sindicatos, ‘pranes’ o facciones corruptas del Ejército: están allí para quedarse”, señala.

Tras la masacre, el presidente (e) Juan Guaidó se pronunció: “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir (…) ¿Va a seguir la Fuerza Armada tolerando semejante humillación a nuestro pueblo?”.

No es primera vez que Venezuela sufre una masacre por la disputa en el control de las minas de oro; en mayo de 2018 20 personas fueron asesinadas por la guerrilla colombiana ELN. En 2016 también se produjo la masacre de Tumeremo, que fue perpetrada por pandillas lideradas por Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como el Topo, y causó la muerte de 28 mineros.

La importancia de Bolívar y el negocio de la minería

En los últimos años el estado Bolívar se ha mantenido en manos del chavismo. Era de esperarse que en las pasadas elecciones regionales el régimen hiciera hasta “lo imposible” para adjudicarse la gobernación a pesar de haber sido derrotado. Es allí, al sur del país, donde las zonas mineras de Bolívar viven el asedio de grupos armados y la impunidad reina ante los ojos de la gobernación de la entidad.

En Venezuela las minas de oro han sido entregadas por el régimen a contratistas, testaferros, bandas delictivas y grupos armados como la guerrilla colombiana ELN, en expresa violación y abuso de los recursos de la nación.

El arco minero del Orinoco está ubicado en este estado, y contempla una zona de aproximadamente 114 000 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela, limítrofe con Brasil. Allí se extraen minerales como el carbón, el manganeso, oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita, níquel, diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.

De acuerdo con un reportaje del periodista holandés Bram Ebus, las mafias, muchas de ellas dirigidas desde las cárceles, comenzaron a tomar el control de las minas venezolanas desde 2011, luego de que el Gobierno de Venezuela nacionalizara gran parte de su industria minera.

Explica Ebus que los militares venezolanos están clandestinamente involucrados en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una parte de sus ganancias: “Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como ‘vacuna’, a los pranes o líderes carcelarios, a cambio de que se les permita trabajar”.

Actualmente, es casi imposible calcular la cantidad de oro existente en el Arco Minero Venezolano. Se cree que podría haber unas ocho mil toneladas, que equivalen a más de docientos cuarenta mil millones de euros.

 El pueblo de Simón Planas se moviliza en defensa del Cerro La Vieja y sus cuevas contra el intento de explotación minera por parte de una alianza Estado-Capital Privado

El Cerro “La Vieja” está ubicado al frente de Sarare, Municipio Simón Planas del Edo. Lara. Tiene una superficie 524 hectáreas y 683 m2, de gran valor histórico, cultural, agrícola y ecoturístico. Del cerro se alimentan, en sus bordes, el Río Sarare y la Quebrada La Cimarrona. Ha vivido varios intentos de explotación minera (el primero de ellos, en los 90), que han sido derrotados por la movilización popular.

En la actualidad, el cerro está viviendo un nuevo intento de explotación por una alianza Estado-Capital Privado, impulsada por la Gobernación del Estado Lara; con un grave impacto para los  derechos humanos de la población del municipio, entre ellos: Violación de derechos culturales “Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo…son poseedoras de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2005” (Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano) La Cueva de La Vieja, que está dentro del Cerro, forma parte del Catálogo citado, con lo cual es oficialmente un Bien de Interés Cultural objeto de protección.

El Catálogo cita hallazgos arqueológicos como lozas con jeroglíficos, piezas de cerámicas, cocos labrados, vasijas gigantes, osamentas y huesos sueltos, que sugieren una densa historia de uso del cerro y que explican su rol en la generación de la cultura local. “Existe la creencia –señala el Catálogo- que esta cueva se comunica con las Minas de Buría y que fue allí donde el Negro Miguel escondió el famoso tesoro que nunca apareció”[7]. La rebelión del Negro Miguel contra la opresión española y su paso por el cerro, es motivo de orgullo de los pobladores de Simón Planas.

Otra de las Cuevas del Cerro se llama Estefanía, en honor a una de las hijas del Negro Miguel. Esa cueva es lugar de culto del espiritismo venezolano o Marialoncero y en su interior se pueden observar más de 500 objetos de culto de las distintas Cortes de esta religión venezolana; además de impresionantes estalagmitas y estalactitas, de hasta 5 metros. Pero además de los usos religiosos o el valor histórico, es muy fácil constatar el vínculo de los pobladores de Simón Planas con su cerro.

El cerro es una presencia visual hermosa desde todos los puntos de Sarare. La gente mira al cerro y sabe si lloverá, porque es una muralla a los vientos húmedos del sur que facilita la acumulación de nubes. Los colegios y liceos organizan frecuentemente excursiones al cerro, por lo que la inmensa mayoría de los/as Sarareños/as lo han visitado y disfrutado. Gente de otras partes del país viene al municipio a conocerlo o a usar sus paredes para la práctica deportiva de la escalada en roca o a realizar observación de aves, convirtiendo al cerro en un lugar ecoturístico que produce gran orgullo local. La explotación minera, realizada con explosivos, volvería insegura las cuevas.

Generaría derrumbes (de hecho ya hay deslizamientos en la Cueva La Vieja) e imposibilitaría el uso religioso, ecoturístico, recreacional, deportivo o científico del cerro. Un señor que participó de la marcha convocada por el “Comité Pro Defensa del parque Municipal Cerro La Vieja”, confiaba en que “Los Naturales” (especies de duendes que habitan el cerro) impedirían que eso ocurriera: “Ya antes volvieron locos a los trabajadores de la empresa que intentó explotar el cerro”. Minería en el Cerro La Vieja. El Capital contra los Derechos Humanos del Pueblo de Simón Planas Por Antonio J. González Plessmann / Surgentes. Colectivo de DDHH

El Cerro “La Vieja” está ubicado al frente de Sarare, Municipio Simón Planas del Edo. Lara. Tiene una superficie 524 hectáreas y 683 m2, de gran valor histórico, cultural, agrícola y ecoturístico. Del cerro se alimentan, en sus bordes, el Río Sarare y la Quebrada La Cimarrona. Ha vivido varios intentos de explotación minera (el primero de ellos, en los 90), que han sido derrotados por la movilización popular. En la actualidad, el cerro está viviendo un nuevo intento de explotación por una alianza Estado-Capital Privado, impulsada por la Gobernación del Estado Lara; con un grave impacto para los  derechos humanos de la población del municipio.

1. Violación de los derechos a la información, a la consulta previa y al protagonismo popular

“Nosotros mandamos obedeciendo al pueblo, no mandar mandando, no mandar triturando a los pueblos; así es que mandan los capitalistas, así es que mandan los tiranos” (Hugo Chávez[1])

El artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala que es “…de la competencia exclusiva de los estados: … 5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional…”. La Gobernación del Estado Lara cuenta con un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero No Metálico del Estado Lara”[2], que implica una asociación Estado-Capital Privado, en el que se enmarca la explotación de piedra caliza en el Cerro La Vieja. Cuenta la Gobernación, además, con la “Empresa de Minerales No Metálicos Jacinto Lara”, que se define como “ente rector del manejo de los minerales no metálicos del estado”[3]. La misma es presidida por el Médico Veterinario Yoel Morales. Hasta ahí la información disponible.

La CRBV señala, en su artículo 128, que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio […] que incluya la información, consulta y participación ciudadana”.

El pueblo de Simón Planas no ha sido ni informado ni consultado por la Gobernación sobre el actual proceso de explotación minera, del que se sabe informalmente que existe una licencia entregada; se han escuchado detonaciones y se pueden constatar la construcción de una carretera, la deforestación de un sector a las faldas del cerro y el movimiento de maquinaria del Estado (de las empresas CAVIM y Pedro Camejo). También se sabe, que en nombre de esa empresa actúa un abogado de nombre Jorge Alberto Rodríguez Morán, que ha dirigido agresiones y amenazas contra campesinos del sector y que ha sido imputado de varios delitos, incluyendo la estafa y la violencia de género.

El pueblo de Simón Planas desconoce el nombre de la empresa que avanza la explotación, el alcance temporal y espacial de la licencia o si pretende explotar otros minerales distintos a la caliza. Ese mismo pueblo que no ha sido ni informado ni consultado, se ha movilizado expresamente, tanto en el pasado como en la actualidad, para condenar la explotación de su cerro. A mediados de la década pasada, una movilización popular logró que el Municipio declarara al Cerro como «Parque Municipal y Patrimonio Ambiental y Ecológico del Municipio Simón Planas«[4]. El Decreto, en su artículo 2, “prohíbe…el aprovechamiento de la piedra caliza; ya que las explosiones en las cuevas del Cerro La Vieja, pueden ocasionar derrumbes y destruyen el patrimonio natural y ambiental del Municipio”[5].

En un reciente foro, realizado el 16.05.19, en Barquisimeto, por la Empresa de Minerales No Metálicos Jacinto Lara, su presidente, Yoel Morales, atribuyó el malestar del pueblo de Simón Planas, a “disputas políticas internas” del Municipio. Sin embargo, en la marcha que ocurrió el sábado 18.05.19 desde Sarare hasta el Cerro La Vieja, se observó un interesantísimo espíritu de unidad en la diversidad en torno a la defensa del Cerro. Aunque el sector del PSUV que dirige la Alcaldía  guarda silencio sobre la explotación minera en el cerro, tampoco ha salido a defenderla, lo que sugiere que está obedeciendo una línea “de arriba” con la que no tiene pleno acuerdo. Por su parte, el chavismo de base y militantes de todos los partidos del GPP están abiertamente en contra de la explotación del cerro. Resulta muy interesante, además, que esa lucha mueve un pluralismo de la sociedad civil plebeya. A ella se han sumado escaladores deportivos que usan el cerro de manera permanente, pequeños productores que se benefician de sus aguas, comuneros de El Maizal, sectores religiosos que usan sus cuevas para celebrar cultos espiritistas, sectores de la iglesia católica local y muchos pobladores no organizados, que tienen un vínculo físico y cultural muy fuerte con su cerro y que acudieron al llamado del “Comité Pro Defensa del Parque Municipal Cerro La Vieja”.

Todo parece indicar que la opacidad en la información y la falta de consulta, apuntan, a desconocer y a obstaculizar la expresión del protagonismo del pueblo de Simón Planas, que desde hace más de dos décadas se está oponiendo a la destrucción de su cerro. A la Gobernadora Carmen Meléndez le tocará evaluar, entonces, si revierte su decisión actual para “mandar obedeciendo” o si ratifica su alianza con el capital para explotar el cerro y entonces “mandar triturando”, que es como “mandan los capitalistas […] los tiranos”, como recordaba Chávez.

2. Violación de derechos culturales

“Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo…son poseedoras de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2005” (Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano[6])

La Cueva de La Vieja, que está dentro del Cerro, forma parte del Catálogo citado, con lo cual es oficialmente un Bien de Interés Cultural objeto de protección. El Catálogo cita hallazgos arqueológicos como lozas con jeroglíficos, piezas de cerámicas, cocos labrados, vasijas gigantes, osamentas y huesos sueltos, que sugieren una densa historia de uso del cerro y que explican su rol en la generación de la cultura local. “Existe la creencia –señala el Catálogo- que esta cueva se comunica con las Minas de Buría y que fue allí donde el Negro Miguel escondió el famoso tesoro que nunca apareció”[7]. La rebelión del Negro Miguel contra la opresión española y su paso por el cerro, es motivo de orgullo de los pobladores de Simón Planas. Otra de las Cuevas del Cerro se llama Estefanía, en honor a una de las hijas del Negro Miguel. Esa cueva es lugar de culto del espiritismo venezolano o Marialoncero y en su interior se pueden observar más de 500 objetos de culto de las distintas Cortes de esta religión venezolana; además de impresionantes estalagmitas y estalactitas, de hasta 5 metros.

Pero además de los usos religiosos o el valor histórico, es muy fácil constatar el vínculo de los pobladores de Simón Planas con su cerro. El cerro es una presencia visual hermosa desde todos los puntos de Sarare. La gente mira al cerro y sabe si lloverá, porque es una muralla a los vientos húmedos del sur que facilita la acumulación de nubes. Los colegios y liceos organizan frecuentemente excursiones al cerro, por lo que la inmensa mayoría de los/as Sarareños/as lo han visitado y disfrutado. Gente de otras partes del país viene al municipio a conocerlo o a usar sus paredes para la práctica deportiva de la escalada en roca o a realizar observación de aves, convirtiendo al cerro en un lugar ecoturístico que produce gran orgullo local.

La explotación minera, realizada con explosivos, volvería insegura las cuevas. Generaría derrumbes (de hecho ya hay deslizamientos en la Cueva La Vieja) e imposibilitaría el uso religioso, ecoturístico, recreacional, deportivo o científico del cerro. Un señor que participó de la marcha convocada por el “Comité Pro Defensa del parque Municipal Cerro La Vieja”, confiaba en que “Los Naturales” (especies de duendes que habitan el cerro) impedirían que eso ocurriera: “Ya antes volvieron locos a los trabajadores de la empresa que intentó explotar el cerro”.

3. Violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado

“No le importa al capitalismo acabar los bosques, acabar las aguas y acabar la vida […] El capitalismo es un modelo que destroza la vida. El capitalismo destroza […] tanto a la naturaleza como al hombre que es parte de la naturaleza”

(Hugo Chávez[8])

El artículo 129 de la CRBV, señala que “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”. No se ha realizado ningún estudio previo a la explotación en curso en el cerro La Vieja. La sola inexistencia de estos estudios implica la ilegalidad de la explotación, hace nula la licencia entregada por la Gobernación y obliga al Estado (al Poder ejecutivo municipal, estadal y nacional; al Poder Judicial o a la Defensoría del Pueblo si alguien acciona ante ella) a corregir de inmediato la vulneración en curso. De hecho, los funcionarios que entregaron las autorizaciones sin el estudio de impacto ambiental deben ser sancionados “…con arresto de tres meses a un año [e] inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la pena principal”, según señala el artículo 43 de la Ley Penal del Ambiente.

Aunque por la falta del estudio de ley se desconoce con rigurosidad científica el daño ambiental que generaría la explotación del cerro, hay datos que permiten sugerir posibles daños; así como hechos concretos actuales que ya configuran delitos ambientales.

El cerro absorbe como una esponja la humedad de los vientos del sur que vienen a chocar contra el principio de los Andes. Además de alimentar al Río Sarare y a la Quebrada La Cimarrona, drena hacia un sistema natural de agua subterránea que beneficia a la producción agrícola de todo el Municipio. El uso de pozos es una de las principales fuentes de acceso al agua en la zona, según explican los pequeños productores del municipio. Es posible suponer que la explotación del cerro disminuiría el acceso al agua y, con ello, la productividad agrícola de la zona.

Por otra parte, la empresa modificó el curso del Río Sarare y construyó una carretera a menos de 20 metros del Río, pese a que la Ley de Aguas señala explícitamente, en su artículo 54, que son “…zonas protectoras de cuerpos de agua: …1.- La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de radio en proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua. 2.- La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los ríos…”. Esta acción de la empresa, realizada con maquinaria estatal, constituye además un delito ambiental, tipificado en la Ley Penal del Ambiente (artículo 56) y sancionado “…con prisión de uno a cinco años…”.

La lucha en contra de la explotación del cerro La Vieja condensa una de las contradicciones centrales de nuestro tiempo. De un lado se encuentra la apuesta rentista, con su promesa de extraer minerales para ser convertidos en una riqueza que se supone será distribuida. El “bien” que generaría esta operación (la distribución de la riqueza) justificaría los daños inevitables (vulneración de derechos) en el ambiente, la cultura, la producción agrícola y la vida de la población. De ese lado está la Gobernación de Lara y empresarios que tienen formalmente el 49% de las acciones del proyecto, pero que utilizan a las instituciones (cuerpos de seguridad, gobernación, INTI, Fiscalía) como extensiones de sí mismos. Del otro lado hay una apuesta productiva agrícola, que incluye formas comuneras junto a decenas de pequeños productores que trabajan en las faldas del cerro para producir alimentos (en momentos en los que el bloqueo de EEUU amenaza con generar una hambruna en el país); así como una diversidad de actores que defienden su cerro, liderados por movimientos del chavismo de base y popular, que han aprendido en 20 años de Revolución Bolivariana a movilizarse para la defensa y exigibilidad de sus derechos. Es un pueblo que sabe que “… El capitalismo es un modelo que destroza la vida” (Hugo Chávez) y que no duda en plantar cara a quienes hablando en nombre de la Revolución se convierten en meros instrumentos del Capital.

4. Violación del derecho a la tierra, del derecho a la integridad personal y a la libertad de la población campesina

“»Hay que poner orden a la propiedad de la tierra, tierra para los campesinos, para el que la trabaje» (Hugo Chávez)

Existen denuncias que señalan a Jorge Alberto Rodríguez Morón (C.I. 7.358.624), operador local de la alianza Estado-Capital, como responsable de violencia contra los campesinos de las zonas aledañas al cerro. Ejercida tanto de manera directa como en alianza con cuerpos de seguridad y el INTI.  El objetivo sería desalojar a los campesinos de las faldas del cerro para garantizar protección a la explotación. Según cuentan voceros del “Comité Pro Defensa del parque Municipal Cerro La Vieja”, el INTI revirtió al menos un título de tierras; el CONAS de la GNB, sembró armas y abrió procesos penales contra un grupo de campesinos que se oponen a la explotación (que estuvieron arbitrariamente detenidos y actualmente están bajo régimen de presentación) y el propio Rodríguez amenazó directamente junto a hombres armados a varios productores, mientras que a otros ofrecía comprarle las tierras. Las denuncias de estos hechos han sido presentadas a las instituciones, sin haber obtenido justicia. Se trata, claramente, de una lógica de despojo y criminalización de sectores populares, que revierte avances de la Revolución Bolivariana.

5. Movilización popular y alianza amplia para la reinvención del campo popular

Este caso es apenas uno de los 17 proyectos que la Gobernación pretende desarrollar en el Municipio y uno de los 130 que pretende desarrollar en el estado[9]. El eslogan con el que acompaña el Plan es: “Un Plan de Desarrollo Estratégico Productivo Post-rentista”. Es difícil comprender como puede presentarse la apuesta minera como “postrentista”, pero fácil evidenciar que la alianza Estado-Capital Privado está atentando contra los derechos humanos de la población del Municipio Simón Planas.

Una alianza amplia se conformó dentro del Municipio para enfrentar este nuevo intento de explotación. Rápidamente se fueron movilizando otros sectores del estado y del país para acompañarla y apoyarla. Y es que la lucha digna que impulsan los pobladores de Simón Planas se emparenta con los diagnósticos, sentimientos y líneas de acción de militantes populares de todo el país: hay que desvelar las alianzas entre el Estado y el Capital; hay que denunciar a quienes tienen la indignidad de hablar en nombre del pueblo y actuar en función de sus propios interese; hay que interpelar el cortoplacismo e inviabilidad de la lógica rentista. Y hay que hacerlo desde la experiencia vivida en estos años, de una alianza entre el Estado y el Poder Popular; desde el protagonismo popular que nos ha garantizado tantos logros en materia de inclusión, justicia social y disfrute de derechos y; desde un modelo de producción comunalizado que ahí en donde es fuerte, ha demostrado eficacia a la hora de garantizar dignamente la vida material y espiritual de la población.

Esta lucha es, a un tiempo, enormemente importante en lo local y en lo nacional. Permite potenciar debates estratégicos que apunten a la reinvención y fortalecimiento del campo popular, a través del recurso que más logros nos ha dado: la movilización por nuestros derechos.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/05/26/mineria-cerro-la-vieja-capital-los-derechos-humanos-del-pueblo-simon-planas/?fbclid=IwAR26fyKoqgoO1LIpF2qBz4XTD5tsQzBB5fjKKBNT78hFmRK6TAY1aBH7AeE