Analítica 06/07/2022
La ONG venezolana SOS Orinoco alertó este martes que entre los años 2000 y 2021 se han perdido «al menos 135.318» hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería de oro en la zona.

«Entre 2000 y 2021, el territorio Esequibo perdió al menos 135.318 ha (hectáreas) de bosques tropicales. Esta destrucción supera la huella de la minería aurífera evidente en el estado Bolívar, donde la actividad minera es promovida agresivamente por la política del Arco Minero del Orinoco», denunció la ONG en un informe.

La organización identificó 1.499 espacios mineros dentro de este territorio en disputa, «lo que representa un total de 1.091 kilómetros cuadrados impactados por la actividad minera de oro».

Refirió que esta explotación equivale a una producción anual de oro estimada en 19 toneladas, para lo que se emplean, aproximadamente, 29 toneladas de mercurio cada año, siempre según el reporte.

SOS Orinoco aseguró que esta actividad genera costos ecológicos «incalculables» y, además, afecta territorios indígenas y los derechos de las poblaciones asentadas en estos espacios.

«Los costos de este impacto ecológico son incalculables por la pérdida de servicios ambientales que esta región ofrecería en términos de bioprospección, reservorio de carbono, pérdida de productos madereros, no madereros, pérdida de recreación, de especies, entre otros», subrayó la investigación de la ONG.

Ante esto, la organización instó al régimen de Venezuela a «ofrecer una alternativa a esta destrucción ecológica y cultural».

El pasado marzo, la ONG venezolana Fundaredes denunció las «constantes violaciones a los derechos humanos» y la presencia sin control de «minería ilegal» que, aseguró, tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco (AMO) -ubicado en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas- y que afectan, principalmente, a las comunidades indígenas asentadas en la zona.
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/sos-orinoco-alerto-sobre-perdida-de-bosques-por-mineria-en-el-esequibo/

06/01/2021
oepvzla
Prensa OEP
Con información del Correo del Caroní

El 22 de diciembre, en plena temporada navideña y flexibilización de la cuarentena en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro publicó en Gaceta Oficial Nº 42.032 un decreto presidencial para la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una zona cercana al territorio esequibo.

El decreto presidencial permite a la FANB retomar el control de esta zona y establece la simplificación de trámites y permisos para actividades diversas de extracción de recursos naturales en la zona, entre las que mencionan a la minería.

De esta manera se establece que el área pasará a ser regida por el Ministerio para la Defensa y se oficializa la creación de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn) que servirá de ente comercial para la extracción de recursos naturales.

¿Cuál es el alcance y objetivos de esta zona militar para la extracción de madera y minerales?

El documento detalla que uno de los objetivos de la denominada zona especial militar de desarrollo forestal es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.

Se desconoce la extensión territorial específica de esta zona especial militar, que será en el ente administrativo encargado de regir el área, pero la Gaceta indica que al menos una de las coordenadas está incluida dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco.

También el decreto presidencial del 22 de diciembre de 2020 contempla la creación del Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo la gestión de la Guardia Nacional, para la gestión de esta zona económica especial.

El artículo 6 del documento indica que este Servicio tendrá como objeto principal la planificación, administración y vigilancia de estas zonas en cuanto a la guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), “así como el saneamiento ambiental y el resguardo minero”. Este servicio estará a cargo de esta y otras zonas económicas especiales militares en materia forestal y de recursos naturales.

Entre la larga lista de atribuciones otorgadas a este servicio, se detalla por ejemplo en el numeral 14: “Efectuar el estudio y ejecutar los procesos aplicables para el aprovechamiento de semillas, material genético, cortezas, resinas, plantas y materias primas en todo tipo de selvas tropicales u otro tipo de bosques, pudiendo entre otros objetivos realizar la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, todo tipo de actividades de investigación y desarrollo en el campo de la biología, la botánica, la identificación de nuevas especies o variedades, biotecnología y otras actividades de carácter científico, productivo, industrial o manufacturero.”

También se indica que el ente se encargará de la tramitación para la obtención de exoneraciones y beneficios fiscales según el tipo de actividad requerida, “así como actividades de fomento para la obtención de financiamientos o planes de inversión en las distintas contrataciones que se celebren u obtención de proyectos productivos endógenos, sustentables y sostenibles dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, en apoyo a la iniciativa privada”.

Si bien las atribuciones de este órgano incluyen garantizar y ejercer la vigilancia, control y protección del ambiente, también podrá autorizar y emitir permisos para construcciones, talado, dragado y cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la FANB. De igual manera, se le otorga la atribución de autorizar y emitir permisos para la ocupación de terrenos para tendidos eléctricos, acueductos, gasoductos, vías de acceso, pistas de aterrizaje, embalses y estaciones de servicios en los espacios bajo su resguardo.

La Zeemdef prevé la creación de “mecanismos de simplificación de trámites correspondientes para la obtención de permisos de forma expedita y sencilla” a las personas naturales y jurídicas, “públicas o privadas, nacionales o extranjeras y demás organizaciones”, que se dediquen a actividades económicas, incluida la minería, así como “actividades productivas con las potencialidades disponibles en la zona, de conservación, de turismo, deportivas, culturales, de investigación, inversión, desarrollo sustentable, actividades ecológicas, minería, entre otras afines”.

Ley Antibloqueo y extractivismo galopante

Diversas de estas atribuciones indicadas en el documento permiten entrever una clara intención de militarizar la extracción de recursos naturales en la región, evadiendo así las propias disposiciones constitucionales y legales de la nación que prevén los mecanismos de protección de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su diversidad socioambiental.

Ya en febrero de 2019, el gobierno de Maduro había aprobado la creación de una empresa mixta forestal denominada Mavetur (Empresa Mixta Maderas de Venezuela y Turquía), entre la empresa estatal venezolana Maderas del Orinoco, antiguamente Proforca, y la compañía turca Glenmore Proje Insaat, S.A., una de las inversiones extranjeras contempladas y amparadas por el nuevo instrumento jurídico aprobado en el 2020 de manera irregular como supraconstitucional de la Ley Anibloqueo.

En mayo de 2019, Maduro anunció también la creación de la primera Zona Económica Espacial Militar, en Aragua, para fortalecer la capacidad productiva del país. Según el gobernante, el sector militar constituye uno de los motores de la economía nacional. Aseguró entonces que la FAN «con su disciplina, organización y capacidad de acción y extensión territorial puede ser un motor súper especial».

Estas llamadas zonas económicas especiales militares están contempladas en el artículo 25 de la llamada Ley «Constitucional» de la FAN, aprobada por la constituyente en enero de 2020, que las define como un espacio geográfico donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la Fuerza Armada Nacional en unión cívico militar, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas, contribuir con el fortalecimiento de la industria militar y con el Desarrollo Nacional, dentro del ámbito de influencia de los Ejes de Desarrollo Económico Estratégico establecido por el Ejecutivo Nacional».

La meseta de Nuria, Imataca, bajo control militar de sus recursos

La meseta de Nuria suele reconocerse también con el nombre geográfico de Imataca, y el Acta Botánica de Venezuela de Julián Steyermark precisa que se extiende desde las inmediaciones de Upata, municipio Piar, hacia el sureste, pasando por El Palmar y terminando hacia el Esequibo. Se trata de una zona mayoritariamente cubierta por una selva densa, pero también hay sabanas onduladas con selvas de galerías y pasos de morichales.

La altiplanicie de Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Amacuro, forma parte de la región amazónica venezolana que concentra 32% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía, de acuerdo con el atlas Amazonía bajo presión.

El decreto presidencial que contempla la creación de los entes militares detallados para la extracción de recursos forestales y naturales en general no excluye la práctica de actividades económicas como la minería en esta zona especial de desarrollo forestal, que resguarda una variedad de especies de flora superior a la de zonas cercanas como la Sierra de Imataca, según estudios de Steyermark.

Tanto la extracción de recursos forestales, que viola la Ley de Bosques de nación, como la extracción de minerales, que iría en contra del régimen de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su biodiversidad estarán en franca violación de lo establecido en distintos instrumentos legales del país que buscan resguardar el ambiente, por lo que no resulta sorprendente que se estipule la administración directa del sector militar como actor central de esta estrategia de extractivismo rapaz de los recursos naturales de Venezuela.

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

02/12/2020
oepvzla

Como parte de nuestras #AlertasOEP compartimos de manera íntegra el resumen ejecutivo del reciente informe en materia de derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco, megaproyecto extractivista del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. El documento fue elaborado por la fundación Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), la agrupación Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y colaboradores, y desde el OEP suscribimos su contenido y nos sumamos a la campaña de divulgación del mismo que busca la adherencia de la mayor cantidad de voces diversas para denunciar la grave situación de vulneración de los DDHH en esta zona de nuestro territorio en la que el gobierno ha impuesto la violenta lógica criminal de la minería.
Imagen de portada Codehciu/ Correo del Caroní

Para descargar el Informe completo, hacer click AQUÍ: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”

(Agosto 2019 – Agosto 2020)

RESUMEN EJECUTIVO

El presente texto constituye la actualización del informe de la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y el territorio ubicado al sur del río Orinoco, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. El mismo ha sido elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la organización Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, y está estructurado en cuatro capítulos principales que le dan continuidad al contenido presentado en el informe de derechos humanos de 2019: 1) situación jurídica y socio-territorial de comunidades indígenas, 2) situación jurídica e impactos ambientales, 3) salud y condiciones sanitarias, y 4) contexto socioeconómico, político e institucional.

Este informe representa una sistematización y análisis de hechos y acontecimientos ocurridos en el período mencionado, y de trabajos de investigación y de escrutinio publicados en tiempos recientes. Cabe acotar que cada capítulo del informe presenta párrafos introductorios con datos e información contenida en el informe anterior (2019), con el fin de darle continuidad al informe y contextualizarlo para que se pueda percibir la evolución de las circunstancias con mayor facilidad. En la exposición de ciertos asuntos, se aborda el desarrollo de determinadas situaciones acaecidas en años anteriores y además se tratan con mayor profundidad aspectos que no fueron incluidos en el informe anterior.

En cuanto a la situación de las comunidades indígenas, se mantiene el contexto de violación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos indígenas que habitan dentro del territorio delimitado por la poligonal de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO). A pesar de que para enero de 2018 el gobierno dio por concluido el proceso de consultas a las comunidades indígenas, para la mayoría de los expertos y varias organizaciones indígenas, tal proceso no cumplió con las pautas establecidas en la legislación nacional e internacional que norma dichas consultas, lo cual se suma a las denuncias de múltiples organizaciones indígenas que han manifestado públicamente su rechazo a la implementación del proyecto minero y que no han sido incluidas en procesos de consulta conforme a lo dictado por la ley.

Por otra parte, los derechos a la participación política de estos pueblos están siendo vulnerados, pues de acuerdo a un reglamento emitido por la máxima autoridad comicial en junio de 2020, la elección de la representación indígena a la Asamblea Nacional se hará a través un voto indirecto, en dos grados y mediante votación pública a mano alzada. Esta resolución viola derechos políticos de todos los venezolanos consagrados en la Constitución, así como pactos y convenciones internacionales de derechos civiles y democráticos universales. Asimismo, la demarcación del hábitat y tierras colectivas indígenas en general está pendiente para todos los pueblos indígenas del país, en especial aquellos ubicados al sur del Orinoco. Sólo se han entregado títulos de tierras (conucos). De acuerdo a nuestra Constitución del año 1999, estas demarcaciones debieron ser realizadas en los 2 años siguientes a su promulgación. A pesar de propuestas de autodemarcación elaboradas con mucho esfuerzo por varios pueblos y organizaciones indígenas, ninguno de los pueblos asentados tradicionalmente en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, los cuales concentran la mayor proporción de población indígena del país, poseen títulos colectivos del territorio. Esto es particularmente relevante, pues la poligonal del AMO se superpone parcialmente a territorios indígenas autodemarcados, de al menos 6 pueblos originarios, donde están presentes 197 comunidades.

En general se ha agravado la situación de las comunidades indígenas en términos de la militarización de sus territorios, la represión y control por parte de cuerpos de seguridad del estado, la incidencia de situaciones violentas, por parte de bandas delictivas vinculadas al negocio minero, y la presencia y control del territorio cada vez más manifiesta de cuerpos armados irregulares colombianos. Muchas comunidades indígenas han tenido que irse adaptando a estas dinámicas extractivistas criminales e irregulares que se están posicionando y a los cambios en la economía totalmente afectada por las tramas e intercambios en torno al oro. Otras comunidades han terminado por desplazarse. Sin embargo, es de particular relevancia que especialmente este año han habido importantes manifestaciones de autodeterminación de grupos de comunidades de varios pueblos indígenas, donde se indica principalmente el rechazo a la minería y a los grupos delincuenciales y armados en sus territorios, a la violencia en general. A la vez manifiestan la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar sus territorios y sus recursos de acuerdo a sus culturas y en armonía con la naturaleza.

A nivel ambiental, la actividad minera aurífera ilegal, informal e irregular, principalmente de tipo aluvial semimecanizada que implica la utilización desproporcionada de mercurio, continúa extendiéndose de forma cada vez más acelerada y descontrolada en la enorme área establecida por el Arco Minero del Orinoco y más allá de sus límites, vale decir, en innumerables áreas del territorio al sur del Orinoco de los estados Bolívar y Amazonas. Se siguen produciendo daños a los ecosistemas de la Guayana y Amazonía venezolana, afectando la base misma de la vida de forma profunda y muchas veces irreversible. Los impactos se extienden a varias sub-cuencas que hacen parte de la cuenca del río Orinoco, y el delta del mismo. La afectación y envenenamiento de los cauces y fuentes hídricas de la región, de la que dependen las poblaciones humanas, la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico, tiende a agravarse por la reciente imposición vía decreto -por parte del Ejecutivo- de autorizar la explotación minera en espacios fluviales de seis importantes ríos, todos afluentes del río Orinoco -excepto el Cuyuní, que tributa al Esequibo- lo cual es violatorio de la legislación nacional que protege los cuerpos de agua. La decisión de realizar y fomentar el desarrollo de minería con balsas y dragas hidráulicas en estos grandes ríos, podría conllevar a la alteración de la morfología del delta del Orinoco, la contaminación de éste y del golfo de Paria, del mar Caribe y del océano Atlántico, con implicaciones ambientales a nivel regional.

Es importante destacar que posterior a la Resolución Nº 0010, el gobierno decidió instalar las primeras balsas mineras en el espacio fluvial del río Caura designado para tal fin. La cuenca del Caura es muy emblemática debido a su enorme belleza y por ser una cuenca totalmente prístina hasta hace 15 años atrás. Esto ha traído un aumento de la conflictividad social entre autoridades del gobierno y pobladores criollos e indígenas de la zona que se oponen a la destrucción de sus fuentes de agua y medios de subsistencia, a lo que se ha sumado, en tiempos muy recientes, la presencia de la guerrilla que está tomando control del territorio. Se reproduce el mismo patrón que se ha observado desde que se promulgó el AMO: fomento de la expansión minera exacerbada, devastación eco-ambiental, conflictos socioambientales con incremento de la criminalidad, irregularidad e impunidad, problemas de control territorial e inclusive de soberanía, entre otros.

En cuanto a la situación de salud y las condiciones sanitarias, en la región al sur del Orinoco continúa la epidemia de malaria como consecuencia del auge minero, enfermedad que se expande a otras regiones del país y hacia países vecinos por la movilidad de las personas que se dedican a esa actividad. A pesar de que el país ha recibido ayuda internacional para paliar la enfermedad, el poco control de la malaria y el respaldo de la expansión minera por parte del gobierno venezolano, ponen en riesgo el control epidemiológico en la región latinoamericana. Otro problema sanitario que persiste por la minería es la contaminación de las aguas por mercurio, acarreando graves consecuencias en la salud de las poblaciones indígenas y locales que viven en las riberas de los ríos, motivo por el cual, en el último año, varias comunidades han denunciado las precarias condiciones en las que viven como consecuencia del auge de la minería y por las distintas enfermedades que han contraído, que en no pocos casos han provocado la muerte de menores y mujeres por desnutrición.

A toda esta situación se suma ahora la pandemia de COVID-19 que pone en mayor riesgo a la población al sur del Orinoco, especialmente en un país como Venezuela que se encuentra padeciendo una Emergencia Humanitaria Compleja, y donde la carencia de insumos, la deteriorada edificación de los ambulatorios y centros hospitalarios y el escaso personal sanitario, es una realidad cada vez más extendida. La criminalidad y la violencia impera en la región, con nuevos casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se reportan nuevas masacres, algunas en lugares en los que no habían ocurrido anteriormente, y se visibiliza un crecimiento considerable de las ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas pasaron a ser la forma de violencia más común, al representar la mayor cantidad de muertes por armas de fuego registradas desde 2019. En menos de dos años se han registrado más de 340 ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Un dato importante es que las fuerzas de seguridad del estado, principalmente el Ejército, DGCIM y FAES, están involucradas directamente en la mayoría de las modalidades violatorias de derechos humanos.

Testimonios de sobrevivientes, pobladores y familiares de víctimas son denunciados públicamente, a pesar del clima de terror, hostigamiento y zozobra que padecen a diario. Muchos de estos testigos y/o familiares prefieren mantener su identidad oculta; sin embargo, otros sí se arriesgan a romper el silencio impuesto en los municipios del sur. Sus relatos reflejan no solo cruentos actos de violencia, sino un entorno en el que predomina la impunidad en un contexto donde la institucionalidad estatal ha sido destruida y se caracteriza por su incapacidad, indolencia y desidia.

La extracción minera y la comercialización de minerales se ha propagado y ha menoscabado abruptamente actividades económicas tradicionales de Guayana, instalando nuevas formas de economías ilegales e inhumanas alrededor de las zonas mineras. La trata de personas, el secuestro y la explotación son de los negocios más comunes, en los que las poblaciones femeninas viven de forma diferenciada y acentuada la violencia en la región. Un modelo económico transversalizado por la violencia, criminalidad, ilegalidad y corrupción, que resultó tanto en la quiebra de las empresas nacionales y de la infraestructura industrial, así como en la informalidad administrativa de todas las rutas de comercialización de minerales en el país y a nivel internacional. Instituciones nacionales públicas y privadas vinculadas directamente al mercado aurífero, como el Banco Central de Venezuela o empresas mineras respectivamente, se manejan con total opacidad y sin mecanismos de contraloría. Por otro lado, se han reportado varios casos de corrupción e irregularidad con cargamentos de oro provenientes de Venezuela.

Las poblaciones del sur del país se mantienen indefensas y muy vulnerables ante la expansión minera, en particular las comunidades indígenas y rurales, debido a la presión de vivir acosadas tanto por la presencia de grupos armados irregulares como por el estado de militarización de numerosos territorios, lo que incluye hasta la suspensión de derechos civiles. Sus condiciones de vida se han visto sumamente afectadas por la degradación acelerada del entorno natural que tradicionalmente les prodigaba alimentos, acceso a agua limpia y opciones de trabajo. Adicionalmente, en la región se suma el problema de la escasez de combustible que dificulta la movilidad cotidiana de sus habitantes, el abastecimiento de insumos y alimentos procesados, e impide el traslado a los servicios sanitarios ubicados en los centros urbanos.
Para acceder al informe de DDHH de 2019 haga click aquí: https://www.ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-DDHH-AMO-2020_Final.pdf

Carta de solicitud de adhesiones a la actualización del “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco”: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljnQTfQCEKISq5jspGlw53e_pAh9MrbhHDMIQUYxdzrx5YQ/viewform

Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco

por Venezuela Unida Editores 02/11/2020
Desde 2013 inició una crisis económica en Venezuela que trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.
Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo (UNT), asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de Venezuela, violando los preceptos de nuestra Constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero, lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.
Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, el río Orinoco representa el 12.2% de territorio nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

El Arco Minero, un ecocidio sin precedentes en Venezuela

La representante de UNT, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo que representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

Patricia Salazar, Secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado Minero, Agrícola, Pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones, reseñó la Asamblea Nacional.

https://www.caraotadigital.net/nacionales/a-siete-anos-de-autorizar-la-explotacion-del-arco-minero-estos-son-los-resultados

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”
Por
Redacción Web – 01/11/2020
(Cortesía)
Desde que inició la crisis económica en el año 2016, trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.

Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo, asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de nuestro país, violando los preceptos de nuestra constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Rodríguez, puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.

Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro representa el 12.2% de territorio Nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

En tal sentido, la representante de la tolda azul, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

En tal sentido, Patricia Salazar, secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado minero, agrícola, pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones.

Ambas expertas coinciden que la violencia generada en esta zona es innecesaria y resulta importante que nuestro país detenga los daños de hoy en día para fomentar la apertura de la Bolsa Nacional de Oro y Diamante, proyecto financiero y económico que traería orden y progreso, no solo al Estado Bolívar en lo social, cultural y económico sino estabilidad a todo nuestro majestuoso país.

Desarrollando en primera línea a los municipios Sifontes, Roscio, El Callao y La Gran Sabana y en pleno a todo el estado Bolívar. Dando un verdadero giro a las precarias condiciones de pobreza y salubridad en la entidad que hoy son parte de la cotidianidad del Estado Bolívar, aumentando la aparición de enfermedades como la Malaria y Paludismo aunado al Covid-19, aseguró Salazar, reseña el Centro de Comunicación Nacional.

El Arco Minero, el peor ecocidio de la historia de Venezuela

Laura Clisánchez @mlclisanchez
05/10/2020
La mayoría de las víctimas murieron en operativos de las FAES y el Cicpc de acuerdo con el monitoreo de medios de Codehciu.

176 personas han sido potencialmente ejecutadas por los cuerpos de seguridad oficiales en Bolívar entre enero y agosto de 2020 en cinco municipios de la entidad: Caroní, Sifontes, El Callao, Angostura del Orinoco y Piar.

Caroní es el municipio en el que estos asesinatos adquieren más visibilidad mediática. En agosto, sumaba 91 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las cifras corresponden al balance de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

En el municipio Sifontes, una de las zonas mineras más violentas del estado Bolívar y que se posicionó como el epicentro de las desapariciones forzadas vinculadas con el conflicto en el Arco Minero del Orinoco, hubo al menos 20 asesinatos en presuntos enfrentamientos y operativos de efectivos de seguridad. En Angostura del Orinoco, hubo 38 presuntos ajusticiamientos.

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES | Fotos William Urdaneta | Archivo Correo del Caroní

68% de los asesinatos fueron perpetrados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), las Fuerzas Armadas Especiales (FAES), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de la Policía del estado Bolívar (Siepeb) y la División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb).

La mayoría de las personas murió en operativos del Cicpc, un total de 58; mientras que 27 personas fueron asesinadas por efectivos de las FAES, 14 por la Siepeb, siete por la FANB y cinco personas fueron asesinadas por la Diepeb.

De los 30 asesinatos ocurridos solo en agosto en la entidad, tres fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos. Cuatro personas murieron en medio de operativos conjuntos entre las FAES y la Siepeb y las FAES junto a la Policía Municipal de Caroní.

Una política estatal
Aunque la pena de muerte está prohibida en Venezuela y las leyes orgánicas de distintas fuerzas policiales y militares permite el uso de la fuerza letal solo para proteger la vida de un funcionario de seguridad o un tercero, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha documentado desde 2014 ajusticiamientos por parte de efectivos del Estado sin que haya un enfrentamiento.

De acuerdo con la Misión, el Cicpc, la PNB y las FAES fueron responsables del 59% de los asesinatos ocurridos entre 2014 y 2019.

Familiares y testigos de algunos hechos han asegurado a la prensa que los funcionarios limpian las evidencias, ejecutan a quienes consideran criminales en lugar de apresarlos y el asesinato queda impune mientras familiares de algunas de las víctimas exigen limpiar el nombre y la memoria de sus seres queridos.

La investigación determinó que existe una violación sistemática y deliberada de Derechos Humanos empleada como política de Estado, las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Misión ocurrieron en el contexto de operaciones policiales o militares destinadas a “combatir la delincuencia”.

Aunque la Misión solicitó al Gobierno nacional el avance de las investigaciones de los asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad del Estado, no han recibido respuesta.

Codehciu reitera la importancia de continuar investigando y documentando estos hechos pues son insumos que pueden abrir paso a la construcción de un caso que permita enjuiciar a los autores de estos delitos en un tribunal internacional.
30 asesinatos ocurrieron en agosto, tres de ellos fueron desmentidos por familiares de las víctimas y fueron señalados como ajusticiamientos

Uno de los casos más recientes y con impacto mediático fue el asesinato de los comerciantes Johandris Blanco y José Enrique González en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Una comisión de las FAES entró en la casa donde ambos hombres dormían y, de acuerdo con declaraciones de su familia, fueron golpeados, desnudados y puestos de rodillas antes de dispararles en el estómago y en el pecho.

La esposa de González aseguró que vio cómo las FAES limpiaron la evidencia e informaron que se trató de un enfrentamiento contra criminales.
http://www.correodelcaroni.com/sucesos/7096-91-personas-han-sido-asesinadas-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado-en-caroni-entre-enero-y-agosto

07/09/2020
A través de un comunicado rechazaron la apertura de una oficina de la Corporación Minera Venezolana, que es la que coordina todo el ecocidio que se realiza en el marco del llamado Arco Minero, un invento chavista para saquear los recursos de Venezuela.

Una comunidad indígena cuyos miembros pertenecen a la Primera Nación Pemón emitió un comunicado rechazando la apertura de una oficina de la estatal Corporación Minera Venezolana en su territorio tradicional. Los pemones de la comunidad Santo Domingo de Turasén en el municipio Gran Sabana del sureste del estado Bolívar, dijeron que rechazan el hecho de que una minera nacional haya decidido abrir una oficina en su terreno sin consultarlos debidamente.

“Nos preocupa el hecho de que durante los últimos 20 años de la transición propuesta hacia una sociedad más justa y democrática, ha sido imposible desplazar o quebrar a la élite corrupta y desacreditada [que gobierna el país], que no ha establecido adecuadamente canales de comunicación con la mayoría de los pueblos indígenas”, se lee en el comunicado.

El grupo recordó al régimen de Nicolás Maduro que tanto la Constitución venezolana como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas establecen que se requiere consentimiento previo, informado y libre antes de iniciar cualquier proyecto que pueda afectar las tierras indígenas y sus recursos. Esto incluye la minería y otras industrias extractivas.

La apertura de la nueva oficina, que estaría ubicada en Santa Elena de Uairén -la principal localidad que da servicio al área donde se ubica su comunidad-, es vista por la comunidad como una forma de promover y formalizar las actividades mineras en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. También se ve como una forma de implementar políticas públicas que promuevan la división entre diferentes comunidades indígenas y debiliten las estructuras organizativas de las Primeras Naciones venezolanas.

“No están siguiendo los principios de respeto a la soberanía, sustentabilidad, visión sistemática de los pueblos indígenas, desarrollo bajo principios ecológicos y, en particular, de profundo respeto a los pueblos indígenas”, afirma el comunicado. “Por eso exigimos que todos los actores e instituciones gubernamentales cumplan con lo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de consulta previa, informada y libre, respetando los criterios de interculturalidad, buena fe y tiempos ancestrales”.

Problema de larga data

Desde hace años, grupos ambientales, de derechos humanos y de las Primeras Naciones denuncian el saqueo de recursos minerales en diferentes parques nacionales del estado Bolívar, particularmente desde el establecimiento del Arco Minero de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional del Río Orinoco, que es un área de concesión de 111,843 kilómetros cuadrados que equivale al 12.2% de la superficie terrestre del país y donde se encuentran oro, diamantes, mineral de hierro, Se permite extraer cobre, bauxita, coltán, entre otros recursos.

Aunque se suponía que el Arco regularía la minería en la región, en realidad, se llevan a cabo operaciones turbias en y alrededor de su extensión. El Parque Nacional Canaima, que alberga enormes ríos y cascadas y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha convertido en un área de interés particular. Esta situación preocupa tanto a los pemones como a los ambientalistas, que han pedido reiteradamente el cese total de las actividades extractivas en la zona.

Según estos grupos, la extracción de oro no regulada está contaminando el río Carrao y sus afluentes dentro del parque, amenazando la seguridad y el sustento de las comunidades indígenas que han vivido allí durante siglos.
Con información de Mining.

Pemones se alzan a Maduro y exigen fin de la minería ecocida en el Parque Nacional Canaima

Por Jhoalys Siverio @jhoalys
31/08/2020
De acuerdo con la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, 13 mujeres y 64 hombres desaparecieron en zonas mineras del sur de Bolívar entre 2012 y agosto de 2020.

Puerto Ordaz. Las zonas mineras del sur de Bolívar significan para muchos una opción de rebusque económico. Sin embargo, para otros significó la muerte o su desaparición física. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos contabilizan al menos 77 desaparecidos desde 2012 hasta el 15 de agosto de 2020.

La investigación señala que de esas 77 personas (13 mujeres y 64 hombres) la mitad continúa desaparecida. 39 % de las víctimas tienen edades comprendidas entre los 20 y los 30 años de edad.

El municipio Sifontes acumula 43 % de las desapariciones en las zonas mineras, correspondiente a mineros o comerciantes.

“Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar. En este municipio no solo se documentó la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal. También la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares”, recuerda la ONG Codehciu.

Las desapariciones forzadas se profundizaron en 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco. De acuerdo con el informe de Codehciu y La Vida de Nos, 74 % de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020.

“Los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio, en el sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa”, revela la investigación.

Día Internacional
El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela se inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio. Este mes se amplía a la plataforma Indelebles. Se trata de un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.

a publicación de la investigación coincidió con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta fecha la declaró la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 30 de agosto de 2011.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.
https://cronica.uno/bolivar-contabiliza-77-desapariciones-en-zonas-mineras-desde-2012/

Laura Clisánchez
16/07/2020
Al menos 45% de las víctimas no pudieron ser identificadas por la brutalidad de los crímenes o por el estado de descomposición en que se encuentran, mientras familiares de personas desaparecidas en el territorio emprenden la búsqueda bajo amenazas y sin resultados.
@mlclisanchez
La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido -desde su creación en 2016- el epicentro de la violencia armada, tratos crueles, inhumanos y degradantes y las desapariciones de personas vinculadas a la minería ilegal y a la comercialización de productos con el oro como medio de pago.

137 personas han muerto en territorios mineros del estado Bolívar, entre 2019 y lo que va de 2020, de acuerdo con el más reciente monitoreo de violencia armada y ejecuciones extrajudiciales de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

45% de las víctimas no han sido identificadas por órganos policiales por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, por múltiples heridas de bala en sus rostros y por carecer de documentos de identidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos luchan para que las víctimas que no han sido identificadas no sean solo números, sino huellas de un patrón de violencia que el Estado venezolano no frena.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso este miércoles en Ginebra las múltiples violaciones de los derechos humanos en medio de la anarquía minera al sur de Bolívar y reconoció que quienes dominan la zona son bandas criminales en complicidad con efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas, por lo que tienen patente de corso para delinquir, asesinar, torturar y desaparecer a quienes no cumplan con el orden establecido por ellos.

El aumento de la violencia surge a medida que la minería ilegal gana espacios por la agudización de la crisis económica, mientras que el Ejecutivo no pone orden pues se beneficia de la actividad como alternativa económica frente a una industria petrolera en declive.

Los más violentos

El municipio que encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales y homicidios como resultado de enfrentamientos entre grupos criminales y Fuerzas Armadas es Sifontes, con 47 fallecidos y 2 heridos. Estos últimos son dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) heridos en una incursión militar que dejó un saldo de cinco muertos en El Pariche, en marzo de 2019.

En El Callao murieron al menos 41 personas, mineros y miembros de grupos armados irregulares en su mayoría. Este es el segundo municipio minero más violento. Fue allí donde ocurrió una de las muertes más emblemáticas del 2020 en el estado Bolívar: el asesinato del cultor Carlos Clark, quien también era minero y dueño de la mina Las cuatro esquinas. Clark fue el fundador de la agrupación de calipso La Nueva Onda y grupos armados lo acribillaron luego de que denunció la invasión de su mina, cuyo desalojo logró con ayuda de la Guardia Nacional.

Rosalba Mara Valdez, una exconcejala de El Callao, también fue asesinada por grupos armados en diciembre de 2019 en la entidad callaoense. Valdez fue presidenta de la Cámara Municipal de El Callao y candidata a la Alcaldía en 2008 y también había sido sacada de su casa a la fuerza por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en una oportunidad. Había denunciado la incursión de grupos irregulares en las minas de El Perú, Nacupay y Los Caballos.

En este pueblo minero se han documentado hasta 10 asesinatos en menos de 48 horas.

Si bien la violencia armada al sur del estado Bolívar es mayor, los enfrentamientos y homicidios se han diseminado hacia municipios urbanos como Caroní, donde han muerto 15 personas en año y medio, sin ignorar el subregistro.

En este grupo está el líder de la banda Zacarías, conocida por tener el control de los sectores mineros El Perú, Nuevo México y Finlandia en El Callao. El hombre fue asesinado junto a otros tres miembros de la banda.

En el municipio Caroní también murió este año un efectivo de la Policía del estado Bolívar (PEB) y su cuñado, que estaba vinculado a una banda delictiva que opera también en El Callao, de acuerdo con el parte oficial.

Víctimas de “El sistema”

Los mineros y comerciantes informales son los más perjudicados por el conflicto. Codehciu documentó el asesinato de 39 mineros y 2 comerciantes entre 2019 y lo que va de este año, en su mayoría a manos de grupos criminales o bandas delictivas vinculadas indirectamente con el pranato minero.

17 de estos mineros fueron asesinados por sujetos que no pertenecen a agrupaciones criminales, a menudo otros mineros. Los asesinatos fueron perpetrados tanto con armas de fuego como con armas blancas, como machetes.

El oro es el elemento que desencadena los frecuentes enfrentamientos entre bandas delictivas, disputas entre mineros, asesinato de denunciantes y activistas; así como la desaparición de mineros, comerciantes y quien guarde relación con la compra, venta o extracción de este mineral o el contrabando de combustible. De estas consecuencias no han escapado cultores ni dirigentes políticos en el periodo de estudio.

Comunidades indígenas y no indígenas que quedan en medio del conflicto minero intentan sobrevivir a la zozobra, toda vez que familiares de desaparecidos emprenden la búsqueda por cuenta propia o se resignan a la pérdida. Codehciu documentó la desaparición de 66 personas entre 2012 y 2020 en su más reciente informe.

Entre 2019 y lo que va de 2020 al menos 63 miembros de bandas delictivas relacionados al pranato minero también perdieron la vida en enfrentamientos con el Ejército, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dgcim. 66% de los miembros de grupos criminales murió en enfrentamientos con el Ejército.

De acuerdo con los partes oficiales, todos estaban vinculados al robo, extorsión, homicidios y cobros de vacuna, como se le conoce al porcentaje del oro extraído que debe pagarse al grupo criminal que domina la zona. Sin embargo, estas ejecuciones extrajudiciales también son una violación a los derechos humanos, por lo que la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra.

El conflicto armado sigue cobrando vidas mientras las víctimas colaterales como mineros y comerciantes informales se enfrentan al epicentro de la violencia para sobrevivir a la emergencia humanitaria.
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6059-137-personas-han-muerto-en-municipios-mineros-al-sur-de-bolivar-entre-2019-y-2020

EXTRACCIONES, TERRITORIOS Y SUBJETIVIDADES

PUBLICACION: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/17/la-mineria-en-la-gran-crisis-venezolana-extracciones-territorios-y-subjetividades/
Índice

Un fantasma depredador recorre Venezuela – Francisco Javier Velasco Páez
LA DISPUTA SIMBÓLICA EN TORNO A LA MINERÍA EN VENEZUELA: Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco – Emiliano Teran Mantovani
Minería aurífera: la fiebre como síntoma de la enfermedad – María A. Oliveira Miranda
Los lodos rojos de Guayana: una bomba de tiempo socioambiental ENTREVISTA REALIZADA A GUSTAVO MONTES Por Francisco Javier Velasco
Oro, cocaína y control: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del estado Amazonas – Alicia Moncada
Minería, territorio y opciones societales alternas: una mirada desde una perspectiva indígena. ENTREVISTA REALIZADA A JUAN CARLOS LA ROSA VELAZCO Por Francisco Javier Velasco
La Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco: una experiencia alternativa de resistencia antiextractivista en Venezuela – Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
El extractivismo minero al sur del río Orinoco: desafíos y resistencias de los afrovenezolanos – Karina Estraño
Minería en la Amazonía Venezolana. Organizaciones Indígenas y Aspectos legales – Luis Jesús Bello
Sobre los autores
Sobre los entrevistados
Introducción

El furor por los minerales y, en particular por el oro, hace estragos en Venezuela. Amparada y alentada por un discurso oficial que pregona el “desarrollo minero” como una panacea para salir de la descomunal crisis que estremece a nuestra nación, y aunque mayormente centrada en el sur del país, la frontera minera se extiende voraz y velozmente a otros ámbitos del territorio.

La actividad minera no es reciente en Venezuela, pero en el último lustro ha tenido una notable aceleración. En un contexto más amplio, este proceso forma parte de un saqueo acumulado de norte a sur en el continente en el que, a la búsqueda mercantil de minerales, se agregan nuevas estrategias de apropiación del suelo y los recursos presentes en los ecosistemas. Esta siniestra dinámica es causa de desastres ecológicos y constituye una forma de atentar directamente contra derechos fundamentales inherentes a la sociedad y la naturaleza. La minería a cielo abierto o subterránea, legal o ilegal, avanza impunemente, en un marco de convergencia entre intereses de una nomenklatura civil-militar que persigue perpetuarse a toda costa en el poder, grupos mafiosos e intereses de poderosas corporaciones transnacionales. La ambición de este verdadero flagelo no tiene límites y su lógica se impone a troche y moche propagando la injusticia social y ambiental. A pesar de pretensiones oficiales, empresariales y “expertas” de sustentabilidad, diversificación económica y beneficio social, la minería constituye hoy por hoy un grave y creciente problema que nos confronta como sociedad. La evidencia reciente y numerosas experiencias históricas muy bien documentadas, demuestran hasta la saciedad que los países y regiones que se especializan en la minería o hacen de ella un componente fundamental de sus políticas de “desarrollo,” no logran superar sus grandes males. Sucede todo lo contrario, quedando atrapados en una “lógica de la abundancia” que deja tras de sí desempleo, subempleo, pobreza, aculturación, devastación ambiental, violencia, enfermedades, fragmentación territorial y pérdida de soberanía.

Frente al pillaje minero, en medio de sistemáticascensuras, hostigamiento y criminalización,han surgido importantes iniciativas y procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos y ambientales. No obstante, se necesita ampliar grandemente esta acción con una reflexión participativa más profunda y una incidencia política y colectiva más articulada y contundente, que sean capaces, con el concurso de las grandes mayorías del país, de detener y trascender el avance de esta catastrófica situación.

Reconociendo que las sociedades humanas, en su amplio espectro de diversidad y maneras de existir en el mundo, necesitan una determinada cantidad de minerales para poder satisfacer ciertas necesidades, apostamos por un orden de cosas en el que ciertas actividades mineras puedan realizarse con gran moderación y control estricto en todas sus fases, lo que a veces supone la moratoria o incluso la prohibición. Esto implica enfrentar con eficacia la vorágine extractiva minera, basados en criterios de soberanía expresada como modo y sentido del aprovechamiento sostenible de lo que nos ofrece la naturaleza, de autoafirmación, autodeterminación y justicia social.

Conscientes de que nos encontramos en una encrucijada histórica, en un marco de crisis nacional y global, que no admite postergaciones ni indiferencias ante la lucha por la preservación de la vida, desde Territorios Comunes hemos decidido dedicar este número 3 de nuestra publicación al fenómeno de la minería que se extiende peligrosamente en la Venezuela de nuestros días La secuencia de los contenidos seleccionados comienza con el abordaje que hace Francisco Javier Velasco Páez de la temática minera en términos de un marco de referencia general que incluye: aspectos relativos a la significación de la actividad minera en la historia de Venezuela; la conceptualización de la minería, su tipos, riesgos e impactos en el medio social y natural; y una problematización de la crecientemente compleja y aguda realidad de la minería en la Venezuela de hoy. Concluye el autor esta sección con una breve reflexión sobre la necesidad de superar la situación presente en nuestro país, configurada en torno al vórtice de la minería.

Continúa en la sucesión de contenidos Emiliano Terán Mantovani, quien desarrolla una argumentación con el fin de desmontar lo que él mismo denomina “Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco”, las cuales, en su opinión forman parte de un conjunto más amplio de operaciones de manipulación, deformación y engaño, con gran resonancia simbólica, que tienen por objeto legitimar los planes y proyectos megamineros en el sur del país. De esta manera, Terán se propone tributar al debate suscitado por el conjunto de personalidades, movimientos y agrupaciones que han expresado su firme rechazo al megaproyecto “Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco” impulsado por el gobierno nacional. Sigue en la cadena de artículos el texto elaborado por Tina Oliveira, en el cual, partiendo de una caracterización del contexto nacional del presente, acomete el análisis de la situación planteada con la expansión de la minería del oro y, en menor medida de otros minerales, en la Amazonía venezolana. En este sentido, destaca Oliveira la conexión de esta dinámica con la caótica realidad que se ha conformado en otras regiones de la región amazónica continental y pone de relieve sus dramáticas consecuencias ambientales y sociales, resaltando en este último caso sus impactos en los pueblos y comunidades indígenas.

Después, se presenta la entrevista realizada por Francisco Javier Velasco a Gustavo Montes en torno a la situación creada por los llamados “lodos rojos” en Guayana, resultantes del procesamiento de la bauxita para obtener a aluminio. Abunda el entrevistado en detalles relativos al proceso de generación de estos residuos tóxicos, sus características físico-químicas, su elevado potencial destructivo, los volúmenes y modo de almacenamiento en Venezuela y otros países, los riesgos y consecuencias de su derrame y dispersión, así como en referencias a grandes desastres socioambientales ocasionados por ellos en varias localidades y regiones del mundo. Cierra la entrevista con el llamado hecho por Gustavo Montes a emprender con urgencia una investigación científico-tecnológica interdisciplinaria que sirva de base a una acción ingenieril tendiente a conjurar la amenaza de los lodos rojos en nuestro país.

A continuación, Alicia Moncada diserta sobre la presencia de actores del conflicto armado colombiano, en combinación con organizaciones criminales, en el negocio de la minería ilegal del oro en estado Amazonas y sus vínculos con el narcotráfico. Aborda la autora dos casos de devastación minera que involucran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), subrayando la fuerte incidencia de esta organización guerrillera en cambios socio-culturales que han afectado a pueblos indígenas asentados ancestralmente en territorios actualmente en disputa por diversos grupos armados. Este escrito concluye con un llamado a la creación de políticas y estrategias, centradas en el respeto a los derechos humanos y ambientales, para hacer frente a la acción de grupos irregulares. Igualmente, plantea la necesidad de lograr el apoyo a los procesos de resistencia indígena y campesina por parte de la sociedad civil.

En sexto lugar este número de la revista contiene una entrevista, también hecha por Francisco Javier Velasco, a Juan Carlos La Rosa, quien expone desde una perspectiva militante indígena, sus puntos de vista sobre la problemática de la minería, su relación con los fenómenos que ocurren en los territorios y las posibilidades de creación de opciones societarias alternas. Se extiende este activista en la crítica al modelo de Estado y sociedad rentistas que han dominado la escena nacional por más de un siglo, la consideración de la crisis estructural que hace eclosión en la Venezuela “bolivariana”, las incidencias en los pueblos indígenas de las políticas públicas impulsadas por el chavismo y la actividad actividad minera de los últimos años. Finalmente, La Rosa plantea la importancia de construir alternativas de sociedad no estandarizadas, conformadas desde abajo con criterio de diversidad y soberanía plural, y enraizadas en el conocimiento que deriva de la experiencia.

Le sigue a esta entrevista un artículo en el que se narra de manera sucinta la experiencia de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), en tanto que fórmula alterna de resistencia anti-extractivista en Venezuela. En clave histórica, el equipo de esta organización, examina pluralmente los antecedentes y el surgimiento de la plataforma al calor del rechazo generado por el anuncio de la creación de este megaproyecto minero, analiza el contexto indígena en el que se impone el Arco Minero del Orinoco, presenta un panorama de las limitaciones que afronta la resistencia anti-extractivista y culmina con una reflexión sobre los desafíos que plantea en el futuro inmediato la lucha contra el A.M.O, enmarcada en una estrategia orientada hacia la consolidación de un escenario social post-extractivista.

Se agrega al corpus de la revista un artículo de Karina Estraño acerca de los retos y resistencias que plantea la minería presente en el sur del Orinoco a los pueblos afrodescendientes de la región de Guayana, en particular a las comunidades que hacen vida en la cuenca del río Caura. Esta autora señala una serie de factores que, a su parecer, se oponen a los planes y estrategias que buscan prestar atención a las poblaciones afrovenezolanas de Guayana. Cierra el artículo con una recomendación hecha a investigadores y activistas involucrados en la preocupación por los temas ambientales, para que tomen más en cuenta a las poblaciones afrodescendientes y, muy especialmente, a aquellas que hasta la fecha han permanecido fuera del imaginario predominante referido a la afrovenezolanidad.

Llega a su fin la sucesión de artículos con el trabajo de Luis Bello que pone de relieve la intensa y creciente penetración de la minería en territorios indígenas de la porción amazónica que se sitúa al sur del Orinoco. Aunque el autor reconoce que la minería es un fenómeno de vieja data en el estado Amazonas, destaca el surgimiento de nuevas realidades vinculadas a la expansión experimentada por la minería en la región en los últimos años. Bello hace referencia a las consecuencias, abordadas desde la visión indígena, de esta actividad minera en los planos ecológico y sociocultural. Por último, incorpora la consideración de ciertos aspectos legales vinculados a la extracción de minerales.

Con la mejor intención y en solidario espíritu de compromiso, esperamos que este material sea de utilidad para la reflexión y el debate sobre los temas planteados, así como para apuntalar las acciones de resistencia y búsqueda de alternativas que pudieran derivarse de dichas actividades.