Avance. PCM se reunió con ellos y estos convencerán a dirigentes, para que planteen su pliego ante gobierno. Elaborarán propuesta para dejar sin efecto el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur.

El lunes se define si habrá diálogo entre el Gobierno nacional y los campesinos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Una docena de comunidades de los distritos de Colquemarca, Velille y Ccapacmarca cumplen una huelga indefinida desde el 22 de septiembre pasado. Exigen la suspensión, en forma definitiva, del paso de camiones de la minera MMG Limited, dueña de la mina Las Bambas.

Ayer los alcaldes distritales y el provincial de Chumbivilcas se reunieron con una comitiva de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Se comprometieron a convencer a los líderes comunales para sentarse en una mesa de diálogo y atender sus reclamos.

Las autoridades convocarán a una reunión multisectorial a todas las comunidades y gremios de Chumbivilcas para este 4 de noviembre. Allí deberán elaborar su agenda de pedidos y propondrán fecha para el diálogo.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) elaborará la propuesta para dejar sin efecto el estado de emergencia decretado en el Corredor Minero del Sur, en el tramo que corresponde a Chumbivilcas. El proyecto será presentado el día que se instale el diálogo. El vicepresidente de Rondas Campesinas de Quiñota, Andrés Dávila, dijo que espera que la cita del lunes, en Santo Tomás, sea el inicio para resolver los reclamos campesinos.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, sostuvo que esperan que la agenda esté orientada a resolver los problemas que ocasiona el uso del corredor por las mineras.

Mientras tanto, la alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, señaló que, en general, «vamos a trabajar por el cierre de brechas de acceso a servicios básicos y estamos hablando de agua, saneamiento, conectividad, luz, internet y transporte. Eso es lo primero: buscar el desarrollo”. Bustamante y el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, presidieron la reunión. Con ellos estuvieron el gobernador Jean Paul Benavente y los alcaldes de Chumbivilcas. Todos esperan que este lunes haya “humo blanco” para el diálogo.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/10/30/alcaldes-de-cusco-tienen-mision-de-abrir-dialogo-en-chumbivilcas-lrsd/

El Ejecutivo ha extendido esta medida en parte del corredor vial Apurímac, Cusco, Puno, incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos en los distritos de Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca y Velilla de la provincia de Chumbivilcas.

Ante esto, los presidentes de las comunidades de dicha provincia realizaron una conferencia de prensa en la que manifestaron que el artículo 137 de la Constitución sostiene que se puede declarar en estado de emergencia el territorio peruano o parte de éste en caso de perturbación de la paz y del orden interno. “Esto no se cumple”, sostiene Mario Vallejo, presidente de la comunidad Calcahuani. “Nosotros hemos aclarado a los ministros en el primer diálogo que sostuvimos que no hemos perturbado la paz. El transporte público transita con normalidad, las rutas están abiertas. Lo que hicimos fue cerrar el paso a Las Bambas porque nos traía mucha contaminación”, agregó.

Todos los dirigentes coincidieron en que cuando defienden sus derechos los persiguen. “Todos estamos perseguidos, el Estado nos ha privado de derechos. No queremos estar enfrentados a la policía. No quisiera que pase lo de Ecuador. Lo hacemos porque los capsulados pasan todos los días por nuestras comunidades y contaminan con la polvareda y el ruido”, concluye el presidente de la comunidad de Ccapacmarca.

Maritza Quispe, abogada del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas, sostiene: “Se han vulnerado los derechos de las comunidades del corredor minero. No basta la simple invocación a la afectación del orden público para restringir sus derechos. Se ha declarado el estado de emergencia en zonas donde no se ha probado mediante ningún medio probatorio la existencia de convulsión social o perturbación de la paz social o el orden interno que afecte la vida de la nación, conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución. La falta de este requisito está generando la violación de los derechos de la población que viven en estas zonas”.

Fuente:https://idl.org.pe/vuelven-a-declarar-en-emergencia-parte-del-corredor-vial-minero/?fbclid=IwAR2Jl-qkBacd3pl1E1pv6kvMiiWPdI0OAS4MkqfRb1f-NrhpkQtagKnT5ZI

Fuente:https://gestion.pe/peru/tia-maria-alcalde-de-cocachacra-sobre-confirmacion-de-licencia-de-tia-maria-la-gente-no-va-a-parar-en-su-lucha-noticia/?utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=tia-maria&fbclid=IwAR1FCCUrYL7zMP0ss_L_RkYd-LUZ_Lk7CX7-Sxsw8L-cVLOGnIfPC42gomU

El 5 de noviembre, los agricultores del sector de Tumilaca, en el distrito de Torata y otras organizaciones retomarán las protestas contra la empresa minera.

Los agricultores del sector Tumilaca, en el distrito de Torata, y otras organizaciones de Moquegua anunciaron el reinicio de un paro indefinido a partir del 5 de noviembre.

Según el dirigente Miguel Vizcarra Sarasa, la medida se acordó en la última asamblea de la noche del miércoles. Asegura que no hay ninguna actitud de intransigencia de parte de ellos. Recordó que la protesta de agosto pasado quedó suspendida tras las promesas de cuatro ministros de solucionar a la brevedad sus reclamos; empero, esto no ha ocurrido.

Vizcarra Sarasa asegura que no hay mucho avance en el trabajo de los grupos técnicos creados en la zona para evaluar la calidad del recurso hídrico, el medio ambiente y el modelamiento del proyecto Quellaveco. Además, temen que sus informes y conclusiones no sean vinculantes.

En Tumilaca, culpan a Anglo American de contaminar el agua y el medio ambiente con la construcción de Quellaveco. La minera sostiene que realizan monitoreos constantes en la cuenca y no hay alteración de la calidad del recurso hídrico.

Sin embargo, los agricultores aseveran que, desde que se iniciaron los trabajos de edificación del proyecto cuprífero, el agua ha variado de color. El lunes último, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, hizo una visita inopinada a Quellaveco.

Después se reunió con dirigentes y agricultores en el local comunal de La Chumba. Miguel Vizcarra señala que no están pidiendo proyectos, sino que se deje de contaminar el agua. Liu Yonsen regresará hoy a Moquegua a intentar dialogar con los agricultores.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/10/25/agricultores-de-moquegua-anuncian-reinicio-de-protestas-contra-quellaveco-lrsd/

El 17 de octubre fue publicada la Ley 31007, que fue uno de los últimos actos del disuelto Congreso de la República. Esta Ley extiende el plazo del proceso de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE[1]) hasta diciembre de 2021, y además reabre la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por 120 días.

Como se recuerda, al inicio del gobierno de PPK se dio un nuevo impulso a la formalización de la MAPE, que en la práctica representaba una continuación del proceso iniciado en el anterior gobierno de Humala. Así, se creó el REINFO para incorporar a aquellos mineros que no habían sido inscritos previamente, y se estableció que este proceso duraría 36 meses a partir del cierre de este registro. Esto último se produjo en agosto de 2017, por lo que el plazo final para la formalización tenía como fecha límite agosto de 2020.

Sin embargo, la Ley 31007 modifica nuevamente las reglas de juego, y ahora concurrimos a un nuevo capítulo en torno a la formalización de la MAPE, en una historia que parece no tener fin. Pero, ¿cómo explicar una nueva extensión de los plazos? Para comprender de forma más clara la situación actual, resulta importante hacer un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo hasta este momento en torno a las acciones desarrolladas por los últimos gobiernos para regular y establecer límites a esta actividad.

La Ley General de Minería no había incorporado en sus inicios, un régimen especial para la MAPE. Recién en el 2002 se aprobó la Ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, primer intento por crear un marco legal para adecuar la MAPE bajo estándares ambientales, de seguridad y laborales. Esta Ley creó las figuras del pequeño producto minero (PPM) y del productor minero artesanal (PMA), incorporando el régimen de la MAPE al régimen general, que ya regulaba la mediana y gran minería.

Esta Ley fue parte del impulso al proceso de descentralización del país, emprendido por el gobierno de Toledo. Probablemente ello determinó que la MAPE quedara bajo las competencias de los gobiernos regionales. Pero estas reformas normativas no vinieron acompañadas de una política clara de impulso a la formalización de la MAPE, o una noción de cómo se sostendría. El gobierno central no brindó el acompañamiento y la asistencia técnica necesarios para fortalecer a los gobiernos regionales, motivo por el cual estos no pudieron afrontar estas funciones de forma eficaz.

De esa manera, durante estos primeros años no se desplegaron mayores esfuerzos para regular efectivamente esta actividad, que progresivamente empezó a proliferar y expandirse en todo el país, sobre todo en el contexto del alza de los precios internacionales del oro y otros minerales. Cuando comenzaron a hacerse públicos los graves problemas sociales y ambientales que ocasionaba -particularmente en el departamento de Madre de Dios- se harían más evidentes las limitaciones del Estado para afrontar esta situación. En ese contexto, a fines del segundo gobierno de Alan García se llegó al convencimiento de que era necesario adoptar medidas más concretas. Se declaró de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios (estableciendo zonas prohibidas para la minería), y se creó un Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal. Sin embargo, estas iniciativas no tuvieron impacto, probablemente porque ya para esos momentos, el gobierno de García estaba de salida, y además debilitado por los efectos del Baguazo.

Ya sería al inicio del siguiente gobierno de Humala que se decidió atacar con mayor decisión este problema, mediante la aprobación de un paquete de decretos legislativos que crearon un procedimiento extraordinario de formalización para la MAPE, con requisitos aparentemente más simplificados que los establecidos en el procedimiento ordinario de formalización (creado con la Ley 27651 y sus normas reglamentarias). Este paquete de normas permitió marcar una línea divisoria entre la minería informal y la minería ilegal; entre aquellos que quisieran formalizarse y los que no, los últimos de los cuales serían criminalizados y perseguidos.

Sin embargo, en la práctica el gobierno de Humala otorgó más fuerza y visibilidad mediática a la lucha contra la minería considerada ilegal. Difícil olvidar en ese período los grandes operativos de interdicción dirigidos por el general Daniel Urresti, que tenían como objetivo destruir maquinarias u otros equipos de los mineros ilegales. Estos operativos fueron muy difundidos como grandes logros del gobierno, generando la impresión de que era un gobierno fuerte que estaba tomando acciones concretas contra la minería ilegal y toda la criminalidad asociada a ella. Bajo este esquema, el Ministerio del Ambiente, conducido por Manuel Pulgar Vidal, también tuvo una influencia muy importante para fortalecer el enfoque represivo del gobierno. Resulta sintomático que el gobierno de Humala tuviera tal voluntad de atacar a la minería ilegal, mientras paralelamente aprobaba normas que otorgaban diversas facilidades a las empresas de la mediana y gran minería: los recordados “paquetazos ambientales” de 2013 y 2014.

Pero lo concreto es que estas acciones contra la minería ilegal no tuvieron una correlación con un mayor acompañamiento o apoyo a los mineros que sí tenían intenciones de formalizarse. Al parecer, para el humalismo las interdicciones eran más rentables políticamente que alcanzar logros concretos relacionados con la formalización. Estas acciones del gobierno tampoco facilitaron la generación de lazos de confianza con las organizaciones de mineros.

Además, en la práctica, los requisitos para alcanzar la formalización eran casi imposibles de ser cumplidos dentro de los plazos establecidos. Aquellos mineros que iniciaron sus trámites chocaron con las limitaciones e incapacidad de los gobiernos regionales, y también con las mafias que se crearon entre varios de sus funcionarios y consultores externos que los mineros obligatoriamente tenían que contratar para que les elaboren sus instrumentos de gestión ambiental y otros documentos. Al final del gobierno de Humala solo se llegó a formalizar menos de 200 mineros, de un total aproximado de 70.000 que se encontraban inscritos.

Como las relaciones entre el gobierno de Humala y las organizaciones de mineros habían sido muy conflictivas, el recién iniciado gobierno de PPK trató de conciliar posiciones para relanzar el proceso de formalización. De esa manera, se realizaron diversos ajustes a las normas creadas durante el gobierno de Humala, con la finalidad de simplificar los trámites para los mineros. Además, se creó el REINFO, que en la práctica implicaba una segunda reapertura del registro de inscripción de mineros[2]. Se estableció como plazo para alcanzar la formalización agosto de 2020, cumplidos 36 meses del cierre del REINFO (lo cual ocurrió en agosto de 2017). También se debe resaltar que esta reapertura del registro exoneraba de responsabilidad penal a aquellos mineros que no se habían inscrito en los registros anteriores, y que eran considerados como mineros ilegales durante el humalismo.

En este nuevo escenario, el gobierno central logró inicialmente mejorar las relaciones con los mineros y promover redes de gobernanza. A esto contribuyó también, un mayor apoyo presupuestal a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) y a las direcciones regionales de energía y minas (DREM). A inicios de 2018 se logró superar la meta de 5000 formalizados, cifra considerable tomando en cuenta los magros resultados que había obtenido el gobierno anterior. Pero este impulso inicial del gobierno central comenzaría a declinar a partir del segundo semestre de ese año, coincidiendo con la crisis política que derivó en la renuncia de PPK: el personal de la DGFM se redujo sustantivamente, y se perdió presencia en los espacios de la MAPE.

Esta situación de anomia y repliegue del gobierno central no ha cambiado mucho desde entonces. Y si bien el número actual de formalizados se aproxima a los 7000, todavía esa cifra es muy pequeña con relación al total de mineros inscritos en el REINFO (54 857 en total[3]), y –aparentemente- aún más pequeña respecto a la totalidad de personas que se dedican a esta actividad (cientos de miles de personas de acuerdo a algunos gremios mineros) y que no se han inscrito en ningún registro, prefiriendo mantenerse en la ilegalidad.

Con un proceso de formalización próximo a culminar (mediados del 2020) y con escasos avances, las organizaciones de mineros y sus congresistas aliados han podido granjearse otros apoyos en el Parlamento y así viabilizar la aprobación de la Ley 31007. Esta sería la tercera reapertura del registro, y además extiende hasta finales de 2021 un proceso de formalización extraordinario que, en su concepción inicial, tenía que culminar en el 2014. Uno podría preguntarse hasta acá: ¿qué intenciones reales podría tener un minero de incorporarse en el registro y formalizarse, si es que sabe que en cualquier momento el registro puede reabrirse? Y, además, ¿qué mensaje se da a aquellos mineros que tienen todas las intenciones de formalizarse, cuando saben que sus compañeros no tienen ningún problema manteniéndose en la ilegalidad? ¿Cómo el Estado podría modificar una práctica social sin constancia o coherencia en sus acciones?

Con la finalidad de que el Estado no siga desplegando esfuerzos inútiles, que, tal como en el mito de Sísifo, conduzcan inevitablemente a una nueva prórroga, resulta necesario describir algunos puntos críticos que vienen limitando las posibilidades de que el Estado (incluyendo gobierno central y regionales) cumpla sus funciones sobre la MAPE de forma eficaz, y se alcance una formalización integral. Este tema es bastante extenso, y en el presente artículo solo se esboza algunos temas de necesaria atención para tratar de destrabar este problema:

1. La ausencia de una línea base: desde el año 2002 en adelante, el marco normativo y las políticas relacionadas con la MAPE se han venido gestando sin contar con un diagnóstico o línea base que permita determinar el número real de personas dedicadas a esta actividad, sus condiciones laborales, niveles socioeconómicos, o la condición jurídica y social del territorio donde vienen operando. Como indica una conocida frase, “lo que no se mide, no se puede mejorar”.
2. Cuellos de botella en la legislación minera: partiendo del principio jurídico que no pueden existir en un mismo espacio territorial más de dos concesiones mineras simultáneas, la acreditación del acuerdo de explotación entre los mineros y el titular de la concesión se ha convertido en el principal obstáculo para avanzar en el proceso de formalización. Este es un requisito que, en última instancia, depende de la buena voluntad del titular de la concesión, pues no existe ni ha existido norma que lo obligue a concretar acuerdos con los mineros. En este contexto, ni la DGFM ni las DREM han impulsado iniciativas que permitan facilitar los procesos de negociación entre el titular y los mineros. Además, la mayoría de concesiones activas no han logrado avances efectivos en exploración o explotación, pudiendo mantenerse inactivas hasta por 30 años de acuerdo con las últimas modificaciones normativas. La mayoría de estas concesiones corresponden a PPM y PMA, y se sabe que la mayoría de mineros artesanales y en pequeña escala las vienen ocupando. Es un juego de suma cero: los mineros no pueden formalizar sus actividades (y tributar al Estado) y la concesión no es explotada por el titular, pudiendo mantenerla “ociosa” o con fines especulativos hasta por 30 años.
3. Ausencia del Estado y debilidad institucional: lo que ha ocurrido con la experiencia de la MAPE, refleja una profunda debilidad institucional de las entidades estatales encargadas de hacer cumplir las leyes, y sus limitaciones para posicionarse como autoridades en los espacios territoriales de MAPE. En la práctica, esto se traduce en la existencia de muchas “zonas liberadas” para la MAPE, tal como en las viejas historias que retratan las sucesivas “fiebres del oro” en los Estados Unidos. Por citar algunos ejemplos recientes, a inicios del mes de octubre del presente año, fallecieron 4 personas como consecuencia de un enfrentamiento entre un grupo de mineros artesanales y personal contratado por el titular de una concesión en el Cerro el Toro (provincia de Huamachuco, La Libertad)[4]. Otro caso es que a mediados del mismo mes se aprobó la Resolución Suprema N° 132-2019-IN, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la Cordillera del Cóndor (provincia de Condorcanqui, Amazonas) para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en este punto fronterizo y de difícil accesibilidad, donde desde hace mucho tiempo, hay serios conflictos con los pueblos indígenas awajún y wampis que habitan esta zona.
4. Falta de incentivos concretos que impulsen a los mineros a formalizarse: este es el meollo por resolver. Es indispensable implementar alguna política concreta que genere reales incentivos para que los mineros quieran formalizarse y mantenerse así, mejorando paulatinamente sus medidas de seguridad e incorporando tecnologías limpias en sus procesos productivos. Ello implica una profunda transformación en el esquema de gobernanza que ha venido aplicando el Estado hasta el momento respecto a la MAPE, y que conlleva a enfocar esta actividad principalmente como un problema social, pues de ella dependen miles de personas que carecen de bienes básicos y que no tienen muchas opciones para mejorar sus ingresos económicos, ante mercados débiles y un Estado ausente en muchos aspectos.

[1] La denominación “minería artesanal y en pequeña escala” – MAPE, es un término que viene siendo usado en distintos países para referirse a las actividades de pequeña minería o minería artesanal.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/formalizacion-de-la-mineria-artesanal-una-historia-de-nunca-acabar/?fbclid=IwAR3g2uXH_hWNI4LkogRpNE41yb3DnCxSBdEK2e11l97V3nSrz2tHkFWPWZM

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/951-encuentro-nacional-conforma-grupo-nacional-de-proteccion-de-rios

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/952-necesitamos-un-cambio-de-paradigma-en-todas-nuestras-actividades-economicas-incluida-la-mineria

Dirigentes comunales y distritales de la provincia cusqueña de Chumbivilcas se reunieron en Cusco para exigir al Gobierno de Martín Vizcarra la derogatoria del estado de Emergencia en el corredor minero del sur. Los dirigentes, en alianza con organizaciones como la FARTAC y la FIDTACHEPG, organizaron una conferencia de prensa a la que sorpresivamente asistió el Gobiernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, quien se sumó al pedido de los comuneros.

Los dirigentes cuestionaron la decisión del Gobierno Central, pues consideran que es inconstitucional, además de ser una estrategia para desmerecer sus demandas y ‘proteger los intereses de las grandes transnacionales’.

Por otro lado, manifestaron que no están dispuestos a aperturar un espacio de diálogo mientras el estado de emergencia se mantenga vigente. ‘Nuestros hijos no están acostumbrados a ver tantos policías armados en nuestras plazas, están muy asustados, con estas condiciones no se puede dialogar’ señalaron durante la rueda de prensa.

A culminar la conferencia, los dirigentes y el Gobernador Regional mantuvieron una reunión, donde decidieron enviar una carta al Presidente de la República, Martín Vizcarra solicitando la derogatoria del D.S. N° 169-2019 – PCM, el cual declara en estado de emergencia el corredor minero vial Apurímac-Cusco-Arequipa, asumiendo el compromiso de iniciar un proceso de diálogo al día siguiente de la derogatoria. Incluso proponen reunirse en el sector Huaranpampa, del distrito de Ccapacmarca.

Datos

*Dirigentes comunales de Paruro han sido denunciados por la Procuraduría Pública por ser los presuntos causantes de que una comunera pierda un ojo durante el conflicto.

*Las organizaciones sociales y comunales también han enviado un documento a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncia sobre la situación que enfrentan en el corredor minero del sur.

*Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas están siendo citados por la policía para que declaren sobre hechos ocurridos en algunas zonas del corredor minero.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-gobernador-regional-y-dirigentes-se-unen-para-exigir-la-derogatoria-del-estado-de-emergencia-en-el-corredor-minero-del-sur/