En el marco del proceso de evaluación de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Coroccohuayco, que representa una ampliación la mina Tintaya – Antapaccay, CooperAcción ha interpuesto un recurso administrativo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), para que este organismo corrija la omisión del mecanismo de audiencia pública con las comunidades de la zona de Coroccohuayco, como parte del procedimiento de participación ciudadana establecido por ley.

Es importante recordar que recientemente el Primer ministro Vicente Zeballos se reunió con representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco. En dicha reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días.

Una de las principales demandas de las comunidades es que se socialicen los contenidos de esta MEIA, particularmente considerando los graves impactos potenciales que su aprobación podría generar sobre los derechos humanos de estas comunidades. Este problema ha sido advertido incluso por el mismo SENACE en su informe de observaciones emitido a la MEIA del proyecto Coroccohuayco. Por tales motivos, no resulta claro por qué este organismo ha omitido hasta la fecha un componente tan esencial de la participación ciudadana, como son las audiencias públicas. El recurso administrativo presentado por CooperAcción busca corregir esta omisión, para que a través de la implementación de la audiencia pública se pueda generar un espacio de discusión y debate sobre los contenidos de la MEIA en el cual participen las comunidades afectadas.

No debe dejarse de lado que la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana, como es la audiencia pública, no resta méritos a las demandas que vienen planteando las comunidades de esa zona, para que en el marco del proceso de consulta previa que próximamente se ha anunciado, pueda también ponerse en discusión los contenidos de la MEIA.

Adjuntamos el escrito presentado al SENACE.

Lea la carta completa aquí:

Cargo carta presentada a SENACE queja por defecto de tramitacion (2)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-recurso-para-que-se-realice-audiencia-publica-sobre-coroccohuayco/?fbclid=IwAR0QmBG1Z6HNpnl8tsm_PQLdP4wsjTrPfhj8dZ7WTQU2RPu_HEBHPQk0FL8

El ministro de Agricultura y Riego, Ing. Agríc. Jorge Montenegro Chavesta, inauguró la Qocha “Wayñaccota” en el distrito de Sangarará, provincia de Acomayo, Cusco, acto simbólico con el que se dio inicio a la etapa de entrega de 33 qochas que se construyen en esa región.

De esta forma, se ponen en marcha las obras desarrolladas por la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”  en los distritos de Rondocan (3 qochas), Sangarará (3), Coporaque (18), Espinar (2), Accha (3) y Ccatca (4) ubicadas en las provincias de Acomayo, Espinar, Paruro y Quispicanchi, cuya inversión supera los S/. 3‘142,371.94.

Las qochas beneficiarán a 663 familias de pequeños productores de la agricultura familiar y tendrán un alcance de almacenamiento de 927,051.76 metros cúbicos de agua de lluvia, para irrigar 941.3 hectáreas.

“Estas obras, da las garantías a los pequeños agricultores de tener agua para que, en la apoca de su ausencia, puedan aprovecharla para más cultivos, tener pastos mejorados, forrajes, más alimentos”, señaló el titular del sector.

Fuente:https://agronoticias.pe/clima/cultura-del-agua/cusco-construyen-33-qochas-para-sembrar-y-cosechar-agua/?fbclid=IwAR2RjhSR4LDAk1OKRv0mo7DXsEUzrU4AfzRbldJdgT2kaxVeUdW9NcPm2Ko

Habitantes de este distrito de la provincia de Pataz, acusan a Consorcio Minero Horizonte de contaminar ríos con relaves y afectar el aire con residuos de materiales tóxicos usados para la extracción aurífera.

Pobladores del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, denuncian que la minería no sólo está acabando con los recursos naturales de esta zona de la región La Libertad, sino que viene afectando también su salud, causando graves e irreversibles daños por los que nadie se responsabiliza. Aseguran que el oro, ese metal que tanto ansían los extractores formales e ilegales que operan en este sector, no les deja ningún rédito.

“Desde hace años respiramos el polvo de los relaves y esto nos está provocando enfermedades respiratorias y en la piel, pero quienes más lo sufren son nuestros niños”, afirma el teniente gobernador, Eusebio Mendoza, una de las pocas autoridades de esta zona que se anima a denunciar las secuelas de la extracción de oro, no sólo por mineros ilegales, sino incluso por formales como el Consorcio Minero Horizonte.

En un documento presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fines de octubre, y al que tuvimos acceso, se indica que la minera en mención estaría vertiendo sus relaves de manera irresponsable en las aguas del río Retamas, que recorre el anexo del mismo nombre hasta desembocar en la laguna de Pías, la más importante de este sector.

“Antes podíamos pescar en el río y en la laguna, ahora ya no. Los pocos peces que quedan en estas aguas no están aptos para el consumo humano, tienen metales pesados. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018 así lo demuestra”, explica Mendoza.

Lo más grave de todo, es que dicho consorcio opera de manera formal, con licencia del Estado, desde hace varias décadas. “Lo hace de manera irresponsable y sin ningún tipo de control”, acusan los . En noviembre del 2016, las rondas campesinas de Tayabamba, Chilia, Llacuabamba y Parcoy se unieron para exigir que la OEFA investigue el grave daño ambiental que la minera causaba en la zona.

“Hubo un paro de varios días, que consiguió llamar la atención de las autoridades por un momento, pero después todo quedó en nada. Llevamos años luchando para que se detenga esta depredación de recursos y que el Estado ponga mano firme, porque es la salud de nuestros hijos la que está en juego. Nosotros no nos oponemos a la minería, pero tiene que haber un control adecuado”, agrega Mendoza.

En esta comunidad de la sierra liberteña, lo único que esperan sus pobladores es la presencia del Estado, tanto para fiscalizar como para velar por una actividad minera responsable, que beneficie a todos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/la-libertad-contaminacion-causada-por-minera-afecta-salud-de-pobladores-en-parcoy/?fbclid=IwAR2B8XsC2QyoJ4I9ajJwPyz8FU51pbrMm9lWwE9FWHk0rQ4JYjUnAidNsFg#.XdnzWPcsfMc.facebook

Una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, arribó al Centro Poblado Tintaya Marquiri en Espinar, Cusco, el día 19 de noviembre, con el objetivo de sostener una reunión con los representantes de las 13 comunidades originarias del área de influencia directa de la unidad minera Tintaya – Antapaccay que habían iniciado una medida de lucha los días previos.

El titular de la PCM destacó que este espacio de diálogo ha permitido intercambiar opiniones, diagnósticos, responsabilidades y respuestas para alcanzar una articulación entre los tres niveles de gobierno y la población.

Tras más de cinco horas de trabajo, se alcanzaron algunos acuerdos, entre los que destacan la conformación de un grupo de trabajo para la implementación de un fondo de emergencia social, que será liderado por el Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó un informe que explicaría los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta previa antes de la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el año 2010, lo cual era una de las principales demandas de las comunidades. En el Acta de la reunión se indica que esta omisión por parte del Estado de realizar el proceso de consulta previa aún queda pendiente de ser resuelta.

De igual manera, con relación a la ampliación del proyecto Tintaya – Antapaccay, denominado Proyecto Coroccohuayco, el MINEM anunció que en el plazo de 30 días se iniciarán las acciones para la implementación del proceso de consulta previa respecto a este nuevo proyecto minero, que representa una continuación de la unidad minera Tintaya – Antapaccay. En dicho lapso, este sector trabajará la normativa que corresponda para dicho fin, sin especificar en qué consistirá. Además se conformará una comisión multisectorial para evaluar presuntas afectaciones en el territorio de las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar. Lo que el acta de la reunión no deja en claro es qué se consultará y que se necesita una nueva normativa.

La comisión gubernamental presente en Espinar estuvo integrada también por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la Viceministra de Ambiente, Lies Linares; el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell; el viceministro de Minas, Augusto Cauti; la alta comisionada para el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, así como representantes del ministerio de Agricultura y Riego y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.

También estuvo presente el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri; el alcalde de Espinar, Lolo Arenas; y representantes de las comunidades de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.

Los problemas del Corredor minero

La más reciente medida de lucha se dio la medianoche del 12 de noviembre, cuando 13 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el proyecto Integración Coroccohuayco, perteneciente a la transnacional suiza Glencore, iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Estado que haga valer su derecho a consulta previa. Se reportaron bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

Cabe recordar que el pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el MINEM.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el 2010, exigiendo una compensación económica a la empresa. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación Coroccohuayco. Es importante resaltar que en la actualidad se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) la Modificatoria del EIA del Proyecto Coroccohuayco, y una de las principales demandas de las comunidades de la zona (particularmente de la zona de Coroccohuayco) busca que los contenidos del EIA sean discutidos en el marco de la ejecución del proceso de consulta. Sin embargo, las normas sectoriales que desarrollan este derecho para el sector minería, señalan que la consulta previa solo se aplica antes de la autorización del inicio/reinicio de actividades de un proyecto minero, es decir, cuando todos los demás permisos (incluido el EIA) se encuentran aprobados. Diferentes instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en desacuerdo con la oportunidad de aplicación de la consulta previa (antes de la aprobación del inicio de operaciones), y demandan que este sea implementada durante el proceso de evaluación de los EIA, pues de lo contrario perdería eficacia y no garantizaría un adecuado ejercicio de este derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Es importante que el Estado abra los espacios multiactor para dar una solución integral y permanente a las comunidades de la zona de influencia de la mina en la provincia de Espinar, y mejorar los mecanismos de participación y consulta previa que se han venido implementando hasta la fecha.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-tras-paralizacion-comunidades-de-espinar-logran-acuerdos-con-el-ejecutivo/?fbclid=IwAR26qNqg7DvKWwR_10FzbAuY1HWNE_KBx5_hy7nGvUZWzxo7CgA6uSmcDKk

El Gobierno permitirá el proceso de consulta previa para el proyecto de ampliación de la unidad minera Antapaccay, en la provincia de Espinar, en la región Cusco. “El Ejecutivo solo hará “consulta esta vez” y solo para el proyecto Integración Coroccohuayco, refiere el medio Gestión.

El presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos detuvo la huelga indefinida que trece comunidades de la provincia cusqueña de Espinar el pasado jueves 14 de noviembre debido a la omisión del derecho a la consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay, de la gigante de las materias primas Glencore.

El mismo día, Zeballos dirigió un oficio al presidente de la comunidad campesina Alto Huancané, Flavio Huanqque Ccapa, quien también es el representante de los trece pueblos adyacentes al proyecto minero.

En el documento, Zeballos le comunicó al dirigente que el próximo martes 19 de noviembre, o sea mañana, estará en la provincia de Espinar “para dialogar directamente con las autoridades de las trece comunidades originarias de dicha provincia, sobre sus preocupaciones respecto a la actividad minera que se desarrolla en sus ámbitos”.

“El reto que tenemos como gobierno es generar un desarrollo económico que este articulado con el desarrollo social. Es importante la minería, pero cuán importante es que esta esté destinada a darles mejores condiciones a nuestros ciudadanos. Hemos llegado para que tengan ustedes un Estado a su lado, que los acompañe”, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, desde el  distrito de Haquira en Apurímac.

Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. Es un yacimiento con reservas de 290Mt de mineral con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco  tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la región Cusco, a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.

La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la exmina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay. Integración Coroccohuayco es un proyecto de US$590 millones.

Fuente:https://www.energiminas.com/ejecutivo-aceptara-proceso-de-consulta-previa-para-proyecto-integracion-coroccohuayco/

12 de nov. Desde la medianoche de hoy, trece comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el Proyecto Minero Antapaccay– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco de la transnacional ‘Glencore Antapaccay’, iniciaron un paro indefinido exigiendo al Estado haga valer su derecho a consulta previa. Se reportan bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

‘Desde las cero horas de hoy hemos iniciado el levantamiento de las Comunidades Originarias de Espinar en defensa de la Consulta Previa. Hemos intentado por más de ocho meses que el Estado atienda nuestras justas demandas, a través de la vía del diálogo, sin obtener respuestas a las mismas.’ Señaló, a través de radios locales, Flavio Huanqque, vocero de la Asamblea Multicomunal por la Consulta Previa en Espinar

Por otro lado, las comunidades, que desde marzo del presente año iniciaron un proceso de articulación para exigir se respeten sus derechos, emitieron un pronunciamiento que se hizo público ayer. En el documento cuestionan que desde el Gobierno no se priorice el diálogo, y que históricamente se les ha impuesto la minería.

‘Desde hace más de 38 años, las Comunidades Originarias de Espinar venimos soportando los efectos de las operaciones mineras que se nos ha impuesto desde el Estado Peruano y que impunemente ha venido destruyendo nuestros territorios y recursos al extremo de poner en riesgo nuestras propias vidas’. Cita textualmente el pronunciamiento.

Las comunidades en protesta, denuncian que han participado en espacios de diálogo tanto con el Estado como con la empresa minera Antapaccay, con el objetivo de pactar acuerdos a favor del medio ambiente, su territorio y respetar su derecho a consulta previa como pueblos indígenas, sin embargo no han obtenido respuestas a sus pedidos.

Principales demandas

El pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el Ministerio de Energía y Minas, por ello exigen un diálogo directo con el Presidente de la República, Martín Vizcarra y el Primer Ministro, Vicente Zeballos, sobre todo para evitar se les quite sus tierras y sean reasentados en otra zona.

Respecto a la omisión a la consulta previa del proyecto Antapaccay (primera extensión), exigen que el Estado asuma las responsabilidades por la vulneración de derechos, implementando un plan de reparaciones para las comunidades afectadas. Sobre el proyecto Coroccohuayco (segunda extensión), exigen que se identifique los daños causado en la etapa de exploración y otros que se vienen causando en territorio de las comunidades.

Finalmente, exhortan a la empresa minera a dialogar con las comunidades respecto a los incumplimientos de los acuerdos suscritos.

Datos:

*La PCM, a través del Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martinez, envió una carta a Flavio Huanqque, solicitando retomar el diálogo el 18 de noviembre del presente año.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-comunidades-indigenas-inician-protestas-en-contra-de-la-mineria/

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

La decisión del presidente peruano, Martin Vizcarra, de otorgar luz verde a un proyecto de cobre con un retraso prolongado, se está convirtiendo en una prueba clave de su capacidad para aliviar la oposición a la minería, que ha descarrilado miles de millones en inversiones en el productor número 2 del mundo.

Los opositores de los 1.400 millones de dólares propuestos por Southern Copper Corp propusieron que la mina Tía Maria preparara los planes para una huelga indefinida, un día después de que el gobierno de Vizcarra le concediera a la empresa una licencia de construcción que dos de sus predecesores se habían negado a emitir.

Se espera que Tía Maria agregue 120,000 toneladas de cobre anualmente a la cartera de producción de Southern Copper al «costo en efectivo muy competitivo» de $ 1 por libra, dijo el Servicio de Inversores de Moody.

La comunidad empresarial peruana aclamó la decisión de otorgar la licencia de construcción, considerándola como un caso raro en el que un proyecto minero descarrilado por las protestas podría revivir.

Pero en la provincia de Islay, en el sur de Perú, donde al menos seis personas murieron en protestas contra el proyecto en esta década, se desató la ira y los votos para detenerlo.

«Es un golpe traidor», dijo a Reuters Julio Cornejo, alcalde de la ciudad de Cocachacra, por teléfono.

Cornejo y otros opositores de Tia Maria temen que el proyecto interfiera con la agricultura y contamine los suministros de agua, y se opone incluso después de que Southern Copper hizo planes para construir una planta de desalinización.

Las protestas están programadas para comenzar el lunes y continuarán hasta que el permiso sea anulado, dijo Cornejo.

Unos 400 agentes de policía fueron transportados a la provincia de Islay a última hora del martes para controlar posibles brotes de violencia, dijo Hernán Vale, prefecto de Arequipa.

Vizcarra, en el cargo hace poco más de un año, es de Moquegua, una pequeña región minera junto a Islay. Una vez ayudó a liderar las protestas que exigían una mayor parte de los ingresos de otras unidades de Southern Copper en la región. Más tarde, como gobernador, ayudó a negociar una solución entre Anglo American y los residentes locales que se oponen a su proyecto Quellaveco.

Southern Copper ha enfatizado que, incluso con la concesión de la licencia, la construcción del proyecto no comenzará hasta que se resuelvan las preocupaciones de los residentes locales, algo que la compañía lleva años intentando hacer.

Pero Southern Copper tiene que mostrar a las autoridades que ha activado el proyecto de alguna manera para mantener la aprobación de su permiso ambiental vigente, dijo José de Echave, director del grupo ambientalista Cooperación y ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente.

El plan ambiental de la compañía, aprobado en 2014, debía expirar el 1 de agosto, una razón clave por la cual el gobierno otorgó la licencia de construcción ahora.

Vizcarra dijo a Reuters en mayo que Tia Maria aún carecía del tipo de apoyo local necesario para comenzar la construcción. Pero dijo que pensó que llegaría allí, en parte a través de un programa de desarrollo para la región en la que estaba trabajando con las autoridades locales.

Pero ahora muchas de esas autoridades dicen que se sienten decepcionados.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1668

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

Un derrame de relaves ha sido reportado en la mina de cobre Cobriza de Doe Run Perú (CRP) en Huancavelica, Perú, y los informes indican que los relaves se han metido en el río Mantaro.

La agencia supervisora de inversiones en energía y minería del país (Osinergmin) está investigando para determinar la causa del derrame del 10 de julio y quién es el responsable.

Con Doe Run Perú en un proceso de liquidación, los trabajadores han culpado del derrame al liquidador por la mala gestión de la operación durante el proceso de liquidación.

«Este tipo de errores ocurren, por lo que pedimos que este liquidador sea cancelado en sus funciones y que DRP pase a manos de sus trabajadores de inmediato porque sabemos cómo gestionarlo, así como el centro metalúrgico Oroya donde solo está funcionando uno de los nueve hornos. Es decir, el 90% de ellos están paralizados y la mina Cobriza produce cobre con una buena calificación y merece una mejor atención y no se subasta», dijo el líder de los trabajadores, Luis Castillo.

Unas tres empresas han expresado interés en comprar Cobriza (UMC) en un proceso que está a cargo de Carrizales, dos de los cuales se consideran extranjeros y uno peruano. Cobriza está valorada en entre US$47 y US$53 millones.

Cobriza tiene capacidad para producir 20,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, pero ha estado operando a una tasa significativamente menor.

El proceso para vender los activos de Doe Run ha visto varias subastas fallidas.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1678

El 08 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la primera reunión ampliada entre representantes de la DIRESA Cusco, Red de Salud Canas Canchis Espinar, Hospital y Asociación Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS Espinar), representantes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar, Derechos Humanos Sin Fronteras, comunidades campesinas de Huarca, Alto Huancané, Huisa, Bajo Huancané, Huisa Ccollana, Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, entre otros. El principal motivo del espacio de articulación es la atención que se realizará del 18 al 22 de noviembre en Espinar como parte del Plan de Acción de Salud Integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención.

Cabe señalar que la DIRESA Cusco socializó el plan de atención en mención,  indicando que se viene trabajando coordinadamente con DHSF y comuneros interesados de las zonas de influencia directa del proyecto minero Antapaccay. “El día 17 de noviembre el personal médico de 9 especialidades, urología, dermatología, neurología, ginecología, nefrología, entre otros, llegarán desde Lima para instalarse en la provincia y poder iniciar la atención desde el 18 hasta el 22 de noviembre”, manifestó la Lic. Karen Choque, responsable de la estrategia regional para metales pesados de la DIRESA Cusco.

Sin embargo, las y los comuneros que participaron en la reunión, indicaron que en el pasado las atenciones no habían sido de prioridad para las comunidades afectadas ubicadas en el entorno minero. ‘En agosto que también hubo atención, vimos con mucha pena que nuestros hermanos de comunidades se regresaron porque no tenían SIS y no se les dio prioridad para atenderlos’ señaló Carmen Chambi, vocera de Espinar en la Plataforma Nacional de Afectados por metales Tóxicos. Además, los comuneros manifestaron que ‘ya están cansados’ de que solo se les proporcione paracetamol, sabiendo que sus problemas de salud son de gran complejidad.

Por otro lado, los comuneros evidenciaron que la mayoría de personas afectadas por metales tóxicos viven en comunidades campesinas, y es difícil (económica y geográficamente) trasladarse hasta el Hospital de Yauri (donde será la atención), por ello solicitaron apoyo, principalmente para el traslado de  adultos mayores, exigiendo que el personal de salud tenga especial atención con ellos.

En base a todas estas observaciones y preocupaciones planteadas desde las comunidades campesinas, las instancias presentes se han comprometido a mejorar la atención en salud y que ello se enmarca en los siguientes acuerdos:

1. La Municipalidad Provincial de Espinar, a partir de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, pondrá a disposición 01 movilidad que apoye en el traslado de comuneras/os que no puedan viajar hasta Yauri. Mientras que la Gerencia de Desarrollo Social brindara carpas, sillas y alimentación durante el proceso de atención.
2. Con respecto a las malas atenciones que pudieron darse en el pasado, la DIRESA ratifica su compromiso de mejorar la atención desde el equipo que acompañe este proceso. Así mismo la DIRESA se compromete en remitir al MINSA la relación de personas que no cuenten con SIS y que se encuentren expuestos a su salud por metales pesados, para que así puedan recibir la atención gratuita completa.
3. La Red de salud Canas Canchis Espinar, Hospital de Espinar, Microred y CLAS Espinar se compromete en operativizar la atención garantizando todo el recurso humano necesario.
4. DHSF se compromete a capacitar y promover la participación de traductores e intérpretes quechuas que acompañen los días de atención en salud.
5. Finalmente, las comunidades campesinas se comprometen a socializar estos acuerdos en sus bases para garantizar la atención de sus comuneras/os los días programados. Así mismo registrar a las personas que requieren urgente atención de salud para que puedan gestionar su ingreso al SIS.

Desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos que es importante resaltar este tipo de acuerdos, que involucran a todos los actores sociales e institucionales, pues permitirán garantizar la salud de las comunidades campesinas que desde hace muchos años exigen atención de calidad.