Tomaron parte de la carretera del Corredor Minero del Sur, impidieron el tránsito de los camiones de las empresas Glencore y MMG Limited y lograron que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos acepte una reunión con ellos. Los ciudadanos afectados por el proyecto minero Antapaccay (Glencore) se reunirán con el Jefe del Gabinete Ministerial el próximo martes 19 de noviembre.

La reunión se llevará a cabo en la comunidad de Tintaya. La protesta la realizaron 13 comunidades de la provincia de Espinar (Cusco). Este martes, los ciudadanos decidieron protestar con una toma en el Corredor Minero del Sur en la zona de la comunidad de Marquiri.

Los comuneros reclaman al Estado peruano que haga respetar la consulta previa por el proyecto minero Antapaccay. Flavio Huanqque Ccapa, vocero de la Asamblea Multicomunal de las 13 comunidades afectadas, señaló que se espera una respuesta del Estado desde hace meses.

“Nosotros esperamos que el martes 19 el Estado peruano reconozca la omisión de la consulta previa en Antapaccay y también que se comprometa a que se hará en el caso de Coroccohuayco. No nos oponemos a la explotación minera, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos”, señaló Huanqque.

Como informa el Observatorio de Conflictos Mineros, las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado peruano reconozca la omisión del proceso de consulta previa en 2012 para el proyecto minero Antapaccay.

Además, las comunidades piden que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación de Coroccohuayco y que se implemente un plan de reparaciones para los daños sociales y ambientales que se habrían cometido desde el 2012.

Sobre el proyecto minero Antapaccay, el Estado peruano preve que para el 2022, está previsto el desarrollo del proyecto Integración Coroccohuayco, a cargo de la Compañía Minera Antapaccay (590 millones de dólares).

En setiembre pasado, una comitiva del Ejecutivo, encabezada por el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell, llegó a Espinar para reunirse con las comunidades.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/11/15/cusco-espinar-mineria-antapaccay-glencore-tintaya-vicente-zeballos/jorgepaucar/

La población del valle de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, continúa protestando en contra de los estudios hídricos que viene realizando la empresa minera Yanacocha en el sector denominado China Linda, cerca al caserío Totoracocha, a través de la instalación de piezómetros.

El lunes por la tarde, diversos medios de comunicación daban cuenta del incendio de maquinaria en la zona de China Linda y poco después, la empresa a través de sus redes sociales, confirmó que unas 80 personas fueron las responsables: “Incendian maquinaria de Yanacocha dentro de propiedad de la empresa en la zona de China Linda. A unos metros, aproximadamente 80 personas de Llaucán, quienes iniciaron este siniestro”, difundió la empresa. Según los videos que circulan e información del Frente Policial de Cajamarca, se incendiaron dos unidades móviles con plataformas que mantienen una máquina perforadora. Cabe indicar que este hecho se produjo dos días después de que se informara sobre la presencia de agua turbia en el sistema de Totoracocha, lo que fue relacionado por la población a los estudios hídricos.

Desde hace varios días atrás, la empresa ha venido invocando al diálogo e informando que los estudios que se están realizando no afectan a las fuentes de agua cercanas, algo que la población de Llaucán no cree; asimismo, en uno de sus últimos comunicados, la minera afirma haber desarrollado reuniones informativas: “Yanacocha mantiene abiertas sus puertas para hacer más reuniones informativas, como las 36 que ya realizó sobre estos estudios con participación de más de 2,320 personas de diversos caseríos de los distritos de La Encañada y Bambamarca”, se indica.

Sin embargo, el conflicto crece con el paso de los días. Este martes, ronderos y ronderas de los caseríos de Totoracocha, San Juan de Corralpampa y del Centro Poblado El Alumbre del Valle de Llaucán, llegaron hasta la ciudad de Cajamarca para realizar un plantón en las afueras del local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigiendo que se anulen los permisos otorgados a Yanacocha para la realización de los estudios. Durante la protesta, un grupo de ronderas agredieron a correazos a una persona de sexo masculino a quien acusaron de infiltrado.

Alcalde provincial de Hualgayoc se pronuncia

El alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, también llegó a Cajamarca acompañando a la población para solicitar una reunión con funcionarios de la ANA para que le informen el estado de un recurso de apelación que la Municipalidad de Hualgayoc presentó en contra de la Resolución N° 1167-2018, que precisamente autoriza a Yanacocha la instalación de piezómetros; asimismo, informó que se ha oficiado a otras instituciones para que intervengan y se solucione el conflicto: “La población requiere que se anule la resolución. Toda lucha que se inicia tiene dos componentes, uno que es el tema social y el otro el tema legal que obviamente lo tenemos que asumir (como Municipalidad). Hemos enviado un documento a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental a efectos de que tenga que actuar inmediatamente y a la Fiscalía de Prevención del Delito de Bambamarca. Esto no es ninguna manifestación, hay un justo reclamo”, declaró.

Por su parte, el alcalde del Centro Poblado El Alumbre, Segundo Ortiz Herrera, consultado sobre el incendio de las unidades móviles dijo que cuando se originan reclamos, la empresa está acostumbrada a acusar a los ronderos, además, ratificó su posición de rechazo a la actividad minera: “No queremos minería. Los campesinos vivimos de la agricultura y ganadería”, dijo.

Finalmente, se informó que continuarán protestando hasta lograr que la empresa suspenda sus trabajos.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/escalan-protestas-contra-minera-yanacocha-con-incendio-de-maquinaria-en-bambamarca?fbclid=IwAR0rR3ofezSgiS9FKp6BvI4kBt-UjfFMSeDo7Jwvc_WK79X12VK0AePQ4NM

En el distrito de Curasco, provincia de Grau (Apurímac), desde el 19 de noviembre comuneros realizan jornadas de lucha contra una minera que denuncian operaría ilegalmente en la zona.

En los días que lleva la protesta, más de cien manifestantes se han movilizado en la localidad frente a la empresa minera J.A.H. Perugia E.I.R.L. Según el sector de Energía y Minas, esta empresa estaría operando de manera ilegal en la zona.

Durante el primer día de protesta los comuneros bloquearon una vía de tránsito hacia la mina y forzaron a la policía a recuar de la zona. Desde entonces las medidas de fuerza contra la minera se han radicalizado, produciendo un incendio en el campamento minero durante en la madrugada del 20 de noviembre.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/21/apurimac-se-registran-fuertes-protesta-en-curasco/

El 19 de noviembre se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo liderada por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay e integración Coroccohuayco. En la reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días, para lo cual el Ministerio de Energía y Minas daría la normativa respectiva.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

• La consulta previa en minería se realiza antes de la emisión de la resolución que establece el inicio de operaciones. Es decir, al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar.
• Ante esta situación, las comunidades de la zona de influencia han venido demandando consulta al EIA de la mina Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco, pues en el EIA se establecen los impactos del proyecto y las obligaciones que cumplirá la empresa para evitar o mitigar daños. Esta demanda se ampara en la jurisprudencia internacional, en el derecho comparado, pero también en numerosas resoluciones judiciales a nivel nacional, como las sentencias del Lote 116 y de la Hidrovía Amazónica. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en múltiples ocasiones en ese sentido.
• Hasta la fecha, en ningún caso los pedidos de consulta previa para el EIA han sido acogidos por las autoridades administrativas competentes. En un caso, SENACE no lo admitió bajo el argumento de no contar con el mandato para realizarla y la potestad normativa para establecerla en sus procedimientos de aprobación de la certificación ambiental.
• Actualmente, la considerada ampliación de la mina Antapaccay, llamada Coroccohuayco, se viene evaluando a través de una modificatoria del EIA (MEIA). Esto plantea un tema aparte, bastante discutible: si incorporar nuevos tajos en un amplio territorio puede ser considerado ampliación o una nueva unidad productiva. Al margen de ello, la extensión de la ampliación y sus posibles impactos, implica consultar esa modificatoria del EIA. La Defensoría del Pueblo ha señalado que si la decisión impacta en derechos colectivos de pueblos indígenas, debe ser consultada.
• Las comunidades del territorio donde se efectúa la “ampliación” han solicitado consulta y no ha sido concedida. Confiamos que el acuerdo mencionado, que señala que el MINEM dará la normativa necesaria para la consulta que se realizará en 30 días, esté referido a incorporar la consulta previa antes de la aprobación del EIA y en sus modificatorias cuando éstas puedan tener un fuerte impacto en los pueblos indígenas.
• Cabe precisar que la necesidad de realizar el proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA del proyecto Coroccohuayco resulta particularmente esencial, dado que su ejecución podría generar graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades de esa zona. Los planes de Glencore para este proyecto (descritos en la MEIA) contemplan la adquisición de numerosas tierras comunales, e implicaría la pérdida de infraestructura de uso colectivo. En ese sentido SENACE ha observado el plan de adquisición de tierras de la empresa, ya que ello implicaría obtener el consentimiento de las comunidades. La empresa no ha aceptado este requerimiento y SENACE no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.
• Finalmente, es importante recordar que en esta zona se viene desarrollando actividad minera desde mediados de los ochenta del siglo pasado en la antigua mina de Tintaya, cuyas operaciones se ampliaron luego con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010. Recordemos también que la explotación minera ha generado hasta ahora graves impactos ambientales y sociales, como la afectación de la calidad y cantidad de agua disponible o serios problemas de salud relacionados con la presencia de metales tóxicos en el organismo de los pobladores que habitan en las zonas aledañas de estas operaciones mineras.

Por lo tanto, consideramos que el gobierno tiene la gran oportunidad de cambiar un comportamiento que ha excluido a las comunidades. Puede hacer que se visibilicen los impactos en los derechos colectivos y de que en el EIA se adopten las medidas necesarias para evitar daños y riesgos sobre las condiciones de existencia de esas comunidades. La consulta de esta modificatoria del EIA puede ser la gran oportunidad para que los propios pueblos indígenas hagan respetar sus derechos.

Lima, 26 de noviembre de 2019

Firman:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

CooperAcción

Red Muqui

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Derechos Humanos sin Fronteras

Instituto de Defensa Legal

Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Proyecto Amigo – Huamachuco

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS

Un nuevo conflicto social está a punto de estallar en la región Cajamarca. Involucra una vez más a la empresa Minera Yanacocha y a las comunidades aledañas a su explotación y exploración.

Este martes, pobladores de las localidades de Totoracocha, Suan Juan de CorralPampa y El Alumbre llegaron a la ciudad de Cajamarca acompañados de su alcalde provincial, Dr. Marco Antonio Aguilar, para levantar su voz de protesta ante las autoridades pues acusan que la empresa Minera Yanacocha habría contaminado sus captaciones de agua.

Según relató el alcalde de Hualgayoc – Bambamarca, el pasado viernes los moradores de estas zonas vieron que el agua que salía de sus grifos presentaba una consistencia y color distintos, por lo que pidieron la presencia de los funcionarios de la Minera, los mismos que acudieron al lugar, y al ver las evidencias firmaron un acta en la que se comprometieron a entregar agua embotellada y en cisternas.

Los efectos de esta presunta contaminación no solo afectarían a los caseríos antes mencionados, sino que alcanzarían también a todo el valle llaucano.

Fuente:http://www.cajamarcaviral.pe/2019/11/hualgayoc-nueva-acusacion-de.html?fbclid=IwAR0gX_JTv3PEMLpD7kNP9gpD9rMRpV-UcwaKl0K_ZCX06KulazKMO9ziKiU

Puno: desborde de relavera minera causa una muerte en Ananea

Una poza de sedimentación de residuos mineros se desbordó el miércoles 14 de noviembre en horas de la noche en el sector Sillacunca, cerca de la vía Ananea-La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El derrame del material altamente tóxico sobre la vía causó la muerte de un ciudadano natural del distrito de Quilcapuncu, Faustino Apaza Mamani (34 años).

Los trabajadores de la minera declararon que la poza del siniestro no contaría con un sistema para la evacuación de lodos. Pese a ello, la empresa minera San Francisco de la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap), propietaria de la poza, cuenta actualmente con autorización para explotar oro de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y ha pasado las fiscalizaciones sin ninguna observación durante años.

Ante lo sucedido, la ciudadanía local ha reclamado a la DREM que fiscalice efectivamente las instalaciones de las empresas mineras en la zona.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/43240-peru-desborde-de-relaves-mineros

La extracción de los minerales que requiere Europa la sufren en carne y hueso las poblaciones de Perú. Para sensibilizar tanto a políticos como a la sociedad, una delegación peruana visitó Bruselas. DW habló con ella.

Las mujeres que conviven con proyectos mineros en el Perú, en este caso el corredor minero sur andino en Cusco y Apurímac, están siendo parte de procesos de cambios económicos, políticos, culturales y ambientales. Las provincias de Espinar, Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) conviven con algunas de las principales inversiones mineras en el país: empresa Hudbay con el proyecto Constancia (Chumbivilcas), empresa Glencore con el proyecto Antapaccay (Espinar) y empresa MMG con el proyecto Las Bambas (Cotabambas). No obstante en esta convivencia se dan una serie de vulneraciones a los derechos, las cuales generan impactos diferenciados y muchas veces invisibilizados en las mujeres.

Si bien es cierto que la minería ha generado directa e indirectamente dinámicas económicas en los territorios, también se debe señalar que esta actividad ha expuesto a las mujeres a situaciones de violencia sexual, económica, y cultural que han agudizado las brechas de desigualdad y de vulneración que viven las mujeres. Debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, ellas ahora se ven en la obligación de incorporarse a trabajos adicionales que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de  rol de cuidado cotidiano. Esto les ha perjudicado en el núcleo familiar y comunal, ya que por un lado los cónyuges se han sentido amenazados ante la independencia y empoderamiento que las mujeres van obteniendo, lo cual termina algunas veces en situaciones de violencia física o psicológica. Por otro lado, se suma el despojo de sus territorios, teniendo que salir de sus comunidades y mudarse a los “centros” de dinámica comercial generadas principalmente por los servicios para la minería, dejando de lado sus principales círculos de apoyo y soporte comunales/culturales.

A las mujeres originarias y campesinas de Cusco y Apurímac les es difícil salir de los círculos de violencia, sobre todo por estar aún en contextos de pobreza, analfabetismo y desnutrición. En el siguiente cuadro podremos ver que las provincias de Cusco y Apurímac, las cuales cuentan con la presencia de los mayores proyectos mineros del país, presentan el mayor porcentaje de mujeres que fueron agredidas alguna vez por el Esposo o compañero. A pesar de que hacen falta estudios que ahonden en el vínculo del desarrollo de actividades mineras y el incremento de la violencia de género en los territorios, los testimonios de mujeres dan cuenta de un incremento de los casos de violencia familiar en las provincias que abarca el corredor minero.

El rol de cuidado de las mujeres del corredor minero refuerza sus preocupaciones en el futuro de sus hijos, sus animales y sus principales actividades productivas: la agricultura, la ganadería y la horticultura. Es por eso que manifiestan que hay contaminación en el agua, lo cual viene afectando a los animales que habitan en los ríos y a los seres vivos que se sirven de este: animales para la ganadería y las personas que lo consumen. Así mismo, la salud de las mujeres y de sus familiares viene siendo afectado por la contaminación de los metales pesados. Recordemos que de un dosaje realizado el 2017 en Espinar a 897 personas[1], más de 700 tenían arsénico, cadmio y mercurio en su sangre. Las mujeres insisten en que hay contaminación, no solo en su fuente principal de vida el agua, sino también en el aire. Y es que para ellas el tránsito de camiones de las empresas perjudica con el polvo a la agricultura, generando impactos a corto y mediano plazo en sus cultivos y afectando también la salud de sus familias. Actualmente son alrededor de 170 centros poblados los que son atravesados por el Corredor Minero, en el cual se registra el paso de 370 camiones de la empresa china MMG que además del polvo generan ruidos insoportables y temblores que rajan las viviendas. A pesar de esto, las mujeres se han organizado y quieren ser consideradas como defensoras del medio ambiente desde antes que llegara la empresa minera.

“No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», Virginia Pinares, defensora de Cotabambas y vice Secretaria General de la FIDTACCHEPG en una entrevista a la prensa internacional.[2]

La violencia también radica en la poca transparencia y respeto que la empresa ha desarrollado en estos territorios en su vínculo con las comunidades. Para las mujeres organizadas del sur andino el debilitamiento de las organizaciones sociales mixtas, de las comunidades e incluso de las familias está muy ligada a la presencia de las empresas mineras con sus estrategias de división, manipulación y corrupción. Un ejemplo claro de ello es el quiebre del tejido social y cultural en la provincia de Espinar, complejo y difícil pero no imposible de resarcir para las mujeres K´ana. A ello se suma la afectación a la salud mental por los engaños con los que muchas veces ha entrado la actividad minera en estos territorios, cuentan las hermanas del sur “la mina nos decía que traeríamos el desarrollo, tu hijo será profesional, tendrá becas, pagaremos por tu casa” lo cual muchas veces era aceptar por necesidad y para que las nuevas generaciones “rompan el círculo de la pobreza”. En la actualidad, la estrategia de las empresas mineras se ha enfocado en la criminalización de la protesta, la cual en su punto más álgido y doloroso contó con 3 fallecidos[3] tras el conflicto de Las Bambas del 2015. Estas muertes dejaron esposas, madres, hijos e hijas que han tenido que re aprender su estar en el mundo, no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino por la injusticia y la no reparación de las vidas.

Si bien las mujeres del corredor minero del sur andino están organizadas en asociaciones u organizaciones en sus respectivos territorios, todavía se muestra una debilidad de conocimiento y posibilidad para sus intervenciones en los diversos espacios de incidencia y/o diálogo en los cuales se toman decisiones que afectan a sus territorios. Las mujeres tienen dificultades para participar activamente de espacios de consulta, mesas de diálogo, así como de discusiones que las afectan como la Ley Marco sobre Regulación del Cambio Climático y la consulta previa de dicha norma. Es por esto que es urgente establecer buenas prácticas  como la generación de espacios de participación exclusiva para mujeres originarias e indígenas. Además existe el gran reto de incorporar a las mujeres jóvenes en las organizaciones de base y/o en la sensibilización sobre la sostenibilidad del territorio rural. Teniendo una perspectiva de género e interculturalidad en los espacios de diálogo, se podrán generar las condiciones para una verdadera participación de mujeres en los espacios de tomas de decisión del corredor minero del sur andino.

25 de noviembre de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/?fbclid=IwAR1BJyvRmWngOIeRS3580mhpDxXlYkJR8BRwuTagWhwGtvGDA4rK_8g4gKg