Cooperacción 26/01/2024
Foto: Andina

El 18 de enero de 2024, la Comisión Permanente del Congreso de la República intentó debatir un dictamen que podría contribuir a la impunidad y la depredación del ambiente, como lo es la extensión del Registro de Formalización Minera (REINFO).
Lo cual ha despertado preocupación entre expertos y defensores del ambiente, también del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y de la Defensoría Del Pueblo. A pesar de este panorama, los proyectos se encuentran pendientes de votación.

Dicho dictamen busca extender por 90 días más el plazo de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que, según expertos, permitiría que mineros ilegales se disfracen de informales para operar y destruir los bosques con total impunidad.

En el programa “La hora verde” del 25 de enero, se abordó el tema con 3 especialistas. Olinda Orozco, socióloga y presidenta del Instituto Redes de Desarrollo Local, César Ipenza especialista en derecho ambiental y Leonidas Wiener, investigador en temas de minería.

Al respecto, Olinda Orozco, señaló que la condición de informalidad y legalidad no es inherente a la actividad misma, ya que es consecuencia de la ausencia del Estado. La experta indicó que a la fecha hay 81.000 mineros artesanales, mientras que solo 15.000 mineros se han ido formalizando a nivel nacional.

“Una gran mayoría en este sector está en condiciones de informalidad, donde siguen operando”, agregó.

La especialista mencionó que es necesario la formalización y apoyar al sector que quiera hacerlo, pero antes de eso es necesario diferenciar lo que son los mineros formales y lo que es la minería ilegal que está vinculada a la criminalidad (tala ilegal, trata de personas, etc.).

Sobre los partidos políticos, Orozco mencionó que hay una agenda de intereses particulares que están elaborando proyectos de ley que los beneficien. “Acordémonos que los temas ambientales no están manejados seriamente en estas organizaciones y menos en los partidos políticos. (…) Todas estas actividades ilegales están llegando al poder vía estas agrupaciones”.

En esa línea, César Ipenza, especialista en derecho ambiental, comentó que en el Perú las organizaciones criminales ya están en el poder. “Vemos grupos de interés en el Congreso de la República que representan a los intereses de la minería ilegal”, señaló.

En ese sentido, el abogado indicó que la intención de expandir el Reinfo es la impunidad para los criminales ambientales ya que si estos mineros ilegales llegan a ingresar a este registro no podrán ser procesados por la Fiscalía y tampoco se les podría sindicar por algún delito ambiental ya que hay una exención de responsabilidad penal.

Para ejemplificar el tema, mencionó el megaoperativo en donde se detuvo a la red ‘La Gran F.A.’ dedicada a la minería ilegal, en donde estaban implicados cinco suboficiales de la Policía, entre ellos un coronel de la PNP.

“En las escuchas y en las transcripciones se ve que muchos de estos mineros vinculados a la actividad ilegal señalan que vienen negociando con el Congreso de la República para abrir el Reinfo y que les permita seguir operando con ese manto de ilegalidad”, añadió.

El experto alertó que es posible que se ponga a debate esta iniciativa en la próxima agenda y se apruebe a la medianoche, como sucedió con la Ley Forestal, conocida por activistas y líderes indígenas como la Ley Antiforestal.

Leonidas Wiener, especialista sobre temas mineros, apuntó que en los últimos años se ha ido desarrollando un nuevo fenómeno de la minería artesanal, la cual se ha expandido tanto que ha ido afectando a las operaciones de grandes empresas mineras como ha sucedido con La Poderosa , Las Bambas, Ares, entre otras.

Para profundizar más en ello, mencionó que hay un cuello de botella en este proceso de formalización llamado “Acuerdo-contrato-explotación”. Lo que implica es que el minero artesanal tiene que ponerse de acuerdo con el titular de la concesión, sobre este aspecto, el experto mencionó que aquí hay un problema.

“En muchos casos los titulares de las concesiones mineras no quieren a los mineros artesanales en el área de sus concesiones, como también, hay arreglos verbales o acuerdos, a través de los cuales los mineros artesanales otorgan parte de sus minerales al titular de la concesión y luego esto lo pueden blanquear o lo comercializan a través de sus propias concesiones y les pagan una especie de regalía”, explicó.

Wiener señaló que hay titulares de concesiones que prefieren seguir en ese tipo de negociación informal con los mineros artesanales antes de pasar a un acuerdo de explotación que permitiría avanzar hacia la formalización de la pequeña minería.

Puedes ver el programa completo en: https://bit.ly/3Ogv8tW

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Fiscalía de Huancabamba decide archivar investigación penal seguida
contra 15 personas defensoras de derechos humanos que en defensa de
la tierra y el ambiente se oponen al proyecto minero “Río Blanco”
Lima, 18 de enero del 2024
Al mismo tiempo, contradictoriamente y sin contar con elementos de convicción, decide continuar con la
investigación preparatoria contra 11 personas defensoras por supuesto delito de lesiones graves.

Hace unos días, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancabamba (Carpeta Fiscal No. 189-
2020), procedió a notificar la Disposición Fiscal No. 07-2023, por la cual decide archivar, en parte, la
investigación preliminarla seguida por supuesto delito de de tortura, lesiones graves, coacción,
secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado que seguía contra 15 personas
defensoras de derechos humanos y el ambiente, entre ellos el párroco de la Parroquia de
Huancabamba y el Alcalde de Carmen de la Frontera, siendo los demás miembros de la Comunidad
Campesina de Segunda y Cajas, ubicada en la provincia de Huancabamba en la Region Piura.

Sin embargo, en forma contradictoria, sin contar con elementos de convicción que respalden su
decision, en la misma Disposición Fiscal No. 07-2023, resuelve continuar con la investigación
preparatoria contra otras 11 personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, a quienes,
también venía investigando, todos miembros de la Comunidad Campesina antes citada.

Como se recordará, con fecha 6 de enero de 2020, la antes citada Fiscalía decide abrir investigación
preliminar por supuesto delito de secuestro, lesiones graves, tortura, etc., contra 26 personas
defensoras de derechos humanos, entre ellos diversos dirigentes de las Rondas Campesinas de la
provincia de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas. Dicha investigación
preliminar, incluyó como investigados al Presidente de las Rondas Campesinas de la Provinicia de
Huancabamba, Octavio Cunaique Labán; al que fuera Alcande Provincial de Huancabamba, Ismael
Huayama Neyra, al Párroco de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba, Fray Jorge Rumi Cóndor y

otros más..
Al respecto, los ronderos señalaron que no cometieron delito de secuestro, que, en realidad, de lo
que se trató es de una falsa denuncia del supuesto agraviado Manuel Francisco Julca Campos,
agente de seguridad de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (como lo aceptó la empresa en un
pronunciamiento público que circuló el 30 de diciembre de 2019), quien venían generando acciones
de division al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, interfiriendo en las decisiones
comunales, ofreciendo dinero a algunos miembros de dicha Cmunidad Campesina para que se
expresen a favor de la actividad minera y desprestigien a los dirigentes que están en contra de la
presencia de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A..

Por ello, los dirigentes de la Comunidad de Segunda y Cajas, así como de las Rondas Campesinas de
Huancabamba, al tomar conocimiento de los actos de division comunal e intento de compra de
conciencias de algunos miembros de la Comunidad Campesina, por parte del supuesto agraviado,
lo sometieron, legítimamente, a justicia comunal, tal como lo establece el artículo 149o de la
Constitución Política del Perú, que en modo alguno supuso la vulneración de sus derechos.

Después de culminarse la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos
de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las
personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo
de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; lo denunciados sólo
retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de
cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la
investigación.

Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defesnoras de derechos
humanos investigados contra los que si se ha formalizado investigación preparatoria y continúa la
investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuesto de los 15 otros
investigados a los que si se ha archivado la investigación.

En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
(organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú) que
asumió la defensa legal de las personas defensoras de derechos humanos investigadas a quienes
ahora se les ha archivado la investigación, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la
Disposición Fiscal, al mismo tiempo expresa su rechazo por la que considera una injusta decision de
formalizer investigación preparatoria contra otras 15 personas defensoras de derechos humanos a
las que en realidad, también, debió archivarse la investigación, reitera, por encontrarse en los
mismos supuestos de hecho que aquellas 11 personas defensoras a quienes si se les archivó dicha
investigación. Ello, precisamente, porque lo único que hicieron fue defender sus derechos
fundamentales como campesinos, respect a su derecho a la tierra y su derecho a gozar d euna a su
ambiente sano y equilibrado..

Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las
defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que
ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a
todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen
públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose,
igualmente, que el único propósito, del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan
protestando.

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12/01/2024 Observatorio de Conflictos Mineros del Peru Alerta informativa

Representes de diversas organizaciones sociales del distrito de Chalhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) suscribieron un pronunciamiento en el que dan al Gobierno un plazo de 72 horas para “reiniciar el diálogo al respecto de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental” del proyecto de la empresa china MMG Las Bambas.

Los dirigentes expresan su rechazo a esta nueva modificatoria y cuestionan el accionar del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad responsable de la evaluación de la misma. Señalan que el SENACE “no cumplió con la entrega de la información de los componentes, instrumentos y documentos sobre todo el proceso de certificación ambiental al respecto de la 4ta. MEIA Las Bambas a la sociedad civil”.

Así mismo señalan una serie de incumplimientos adicionales por parte del SENACE, en particular que no se ha promovido la participación de los actores sociales y autoridades locales y que no existiría “una propuesta de diálogo veraz, verídico, de buena fe y de confianza” en el proceso de aprobación de esta modificatoria de EIA.

De no cumplirse con su pedido, los dirigentes anuncian acciones legales a nivel nacional e internacionales, incluyendo posibles denuncias contra la empresa minera Las Bambas por los presuntos delitos de contaminación ambiental agravada, discriminación y racismo contra las comunidades campesinas. Los dirigentes evalúan así mismo medidas de protesta y de lucha de no ser tomado en cuenta su pedido de diálogo.

«Solicitamos inmediatamente la presencia de la ministra en el despacho del Ambiente en un plazo de 72 horas a partir de la fecha de urgencia para reestablecer, reiniciar el diálogo respecto de la cuarta modificatoria del estudio ambiental (4ta. MEIA), caso contrario, iniciaremos acciones legales ante la instancia nacional y organismos internacionales pertinentes (…) contra la empresa minera Las Bambas por el delito de contaminación ambiental agravada, delito de discriminación y racismo contra nuestras comunidades campesinas y el distrito de Challhuahuacho», precisa el pronunciamiento.

En los primeros días de enero, funcionarios del SENACE realizaron audiencias públicas en las comunidades de Queuña (Challhuahuacho) y Quello (Tambobamba), las mismas que han sido rechazadas por los dirigentes debido a la escasa información proporcionada, según informó el medio local Pregón.

Cabe recordar que la 4ta MEIA de Las Bambas identifica 92 cambios en el proyecto, según se identificó en un análisis realizado por CooperAcción. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la casi duplicación del tamaño del tajo Ferrobamba, la ampliación de la presa de relaves, entre otros.
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Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38) y Lambayeque (29
Milagros Gonzáles Sánchez Diciembre 2023

Conflictividad y desgobierno. Un total de 218 conflictos sociales fueron reportados durante noviembre de 2023. Más del 67 % de conflictos socioambientales involucran a la minería, y cerca del 21 % a hidrocarburos.

Como cada mes, la Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales, información que se mantiene pública, pese a los cambios en la entidad. Es así que en noviembre se dio cuenta de 218 conflictos sociales, de los cuales 170 están activos y 48 están latentes.

Protestas
Se registraron 366 acciones colectivas de protesta en noviembre. Los lugares que registraron mayor número de estas manifestaciones entre plantones y marchas fueron Lima Metropolitana (42), Arequipa (38), Lambayeque (29), Piura (26), Puno (24), La Libertad (22), Áncash (20).

En noviembre también sucedió la huelga nacional del Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL. Tambien se reportaron en este mismo mes protestas a nivel nacional de trabajadores de Salud.

Conflictos sociales por departamento
Loreto (30) sigue siendo el departamento con más casos. Siguen en la lista Cusco (18), Apurímac (17), Áncash, Puno, y Piura (14 cada uno). Lima provincias cuenta con 6 casos y Lima Metropolitana con 3, lo que suman 9 casos para este departamento. Ica y el Callao no registraron conflictos sociales en noviembre.

En cuanto a conflictos multirregionales se presentaron 7 casos , y en conflictos a nivel nacional fueron 3 casos.

La Crisis política desde diciembre de 2022 y el Caso de la Federación de Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos figuran entre los conflictos sociales a nivel nacional casos son a nivel nacional.

Entre los siete conflictos sociales multirregionales destaca el Caso REPSOL en el centro del país: Lima y Callao. Dentro de poco se cumplirán dos años de aquel desastre ecológico.

Conflictos socioambientales: Minería e Hidrocarburos entre los principales protagonistas
Hasta noviembre de 2023 se han reportado 218 conflictos sociales, de los cuales 135 son conflictos SOCIOAMBIENTALES, es decir, cerca del 62 %. Entre los otros tipos están los Comunales (23), Asuntos de gobierno nacional (17), Asuntos de gobierno regional (16), Asuntos de gobierno local (11), Laborales (4), Demarcación territorial (4), Cultivo ilegal de coca (1), y otros asuntos (7).

Además, de los 138 conflictos SOCIOAMBIENTALES, 91 casos de éstos involucran a la minería entre sus principales actores (el 67,4 % de conflictos socioambientales). Y 28 casos corresponden a actividades de hidrocarburos (20,7 % de los casos socioambientales).

Noviembre: 218 conflictos sociales, 91 casos relacionados con minería y 28 con hidrocarburos

PRECISA QUE EL INCREMENTO DE CONFLICTOS SOCIALES Y REACTIVACIÓN DE PROTESTAS
COLECTIVAS, EN LOS ÚLTIMOS MESES, GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA LEGAL E ILEGAL,
ES POR LA FALTA DE DIALOGO DE LAS AUTORIDADES ESTATALES
Lima, 14/12/2023

El día de hoy, 14 de diciembre a las 9:00 am se llevó a cabo la presentación del 33° Reporte del
Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides.
El evento se desarrolló según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e
internacional, que se mostró vigilante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con la
minería, el ambiente y la conflictividad social del último semestre del 2023.
En el reciente informe, se comentó que según la data que maneja la Defensoría del Pueblo en los
últimos meses hubo un incremento en el número de conflictos y reactivación de las protestas
colectivas, siendo las regiones del norte que tienen un incremento de hasta 92%, seguidas del sur
que tiene un 34% de conflictividad social.

Al respecto, José De Echave de Cooperación inicio la presentación, haciendo hincapié en que la data
que viene siendo registrada por la Defensoría del Pueblo, contradice a la narrativa que maneja el
ejecutivo en el cual menciona que la mayoría de conflictos ligados a actividades extractivas en el
corredor del sur vienen siendo pacificados.

Del mismo modo, mencionó la preocupación que sienten las personas que habitan tanto en el
corredor del sur y en las regiones de Piura, Amazonas y Cajamarca respecto al avance de actividades
mineras que se vienen dando de manera informal en las cabeceras de cuencas de zonas productoras
de agua que abastecen sus territorios.

Por su parte, Ana Leyva de Cooperacción compartió su preocupación ante el avance del proyecto
minero “Ariana” que pone en riesgo la zona productora de agua que abastece a la las ciudades de
Lima y Callao.

La actividad de este proyecto minero, que cuenta con el permiso del estado peruano, ha conllevado
una afección de manera directa al ecosistema del territorio en donde está ubicado.
Frente a esta situación Cooperacción ha presentado una demanda de amparo contra la empresa
minera “Ariana”.

A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación frente al avance de la minería
informal en las provincias de San Pablo, Contumazá, Hualgayoc y Celendín ubicadas en la región de
Cajamarca.

Del mismo modo mencionó, que la falta de un pronunciamiento por parte de las autoridades
regionales y provinciales pone en riesgo la integridad de la población que vive en zonas aledañas a
los sitios en donde se realizan estas actividades extractivas.

Esto se debe a que, en muchas ocasiones la actividad de minería ilegal es promovida por el
narcotráfico, quien acciona de manera violenta hacia las y los comuneros que defienden su
territorio.

David Velazco, en representación de FEDEPAZ empezó su parte agradeciendo a las organizaciones
que trabajaron en la redacción de este informe, por otro lado, mostró su inconformidad con el
Estado Peruano al mencionar que:

“A nivel nacional el Estado pretende aprobar concesiones mineras, de manera desmedida sin
importarles si es dentro de territorios indígenas, rurales o si están cercanas a estas poblaciones”
Sosteniendo qué en lugar de estas medidas, el estado peruano debería tender canales de dialogo
con las poblaciones demandantes, para evitar el incremento de conflictos sociales; en donde es el
mismo estado que estigmatiza, criminaliza e instrumentaliza el derecho en contra de quienes
defienden sus territorios ante la afectación de su ecosistema producto de las actividades mineras.
David Velazco, mostró su preocupación ante los intentos por parte del Estado Peruano que durante
las últimas semanas ha venido aprobando normas que vulneran los derechos fundamentales que
tienen las personas, según el Art. 3 de la Constitución, para ejercer libremente su derecho a la
protesta pacífica.

En suma a ello, sostuvo que el decreto legislativo N° 1574, que modifica el art. 205° del código penal,
conlleva a que la policía puede tener el libre criterio para intervenir a una persona si considera que
estaría vinculado a un acto delictivo, pidiéndole su identificación o verificación de artículos
personales.

Adicionalmente, menciono que el Dec. Leg. N° 1574 podría implicar situaciones de discriminación
hacia personas que se movilizan del interior del país para ejercer su derecho a la protesta pacífica o
personas extranjeras que según la norma aprobada podrían quedar en detención hasta un máximo
de 12 horas después de ser intervenidas.

Por otro lado, precisó que el Dec. Leg. 1589, crea la figura agravada del delito de entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y de disturbios, confundiendo esta agravante con los
delitos básicos aquí mencionados y sobrecriminalizando, sin ninguna técnica legislativa, estos tipos
penales que pueden ser sancionados, incluso, con penas más graves que las de un homicidio culposo
que protege un bien jurídico mucho más importante.

Finalmente, preciso que estas modificaciones normativas evidencian que el gobierno lo que
pretende es criminalizar la protesta social y coactar el ejercicio libre de los derechos fundamentales
como el derecho a la proetsta, en lugar de tender puentes de diálogo para resolver los conflictos
que se van generando. A la par que prioriza la solución de fuerza frente a dicha conflictividad al
punto que hace uso de la fuerza de manera criminal asesinando a los ciudadanos que salen a
protestar.

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José De Echave C. 19/12/2023

Tajo de Ferrobamba, unidad minera Las Bambas. Imagen: Energiminas

Apurímac es la cuarta región productora de cobre y molibdeno a nivel nacional, con una participación del 11.0% y 13.5%, respectivamente. Según el geoportal de CooperAcción, Apurímac es una de las regiones más concesionadas del país: las concesiones mineras ocupan 1´095,616.73 hectáreas, lo que representa el 51.89% del territorio regional.

En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, Apurímac presenta 17 conflictos, siendo la tercera región con el mayor número de casos. De estos, 15 conflictos están activos y 9 de ellos están vinculados con la actividad minera. Sin discusión, destacan los casos vinculados a las actividades de la empresa Las Bambas.

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, declaró en varios medios de comunicación que uno de los resultados de la gestión del actual gobierno es la calma que se ha logrado en todo el corredor del sur andino. Sin embargo, hechos recientes muestran que esto no es muy exacto y que los equilibrios siguen siendo precarios en la zona. Algunos ejemplos: en un nuevo capítulo de enfrentamientos, las comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas retomaron acciones de protesta el 16 de noviembre, en reclamo por incumplimientos reiterados de acuerdos suscritos tanto por el gobierno como por la empresa minera Las Bambas. El corredor fue bloqueado a la altura de la comunidad campesina de Cancahuani, en Ccapacmarca. Estas manifestaciones también se han extendido a otros puntos como Ahuichanta y Colquemarca.

Las demandas principales incluyen el saneamiento legal de los terrenos comunales, con énfasis en el pago justo por dichos terrenos y la exigencia del mantenimiento vial por parte de la empresa multicomunal, conformada por 8 comunidades de Chumbivilcas. Sin embargo, se ha señalado que la empresa minera no estaría mostrando interés en cumplir con este acuerdo, generando aún mayor malestar en la zona.

A pesar de las promesas del Gobierno de declarar como Zona de Atención Especial a las comunidades del corredor y ofrecer proyectos para impulsar su desarrollo, hasta el momento no hay mayores avances, lo que ha aumentado la frustración de los habitantes de las comunidades. Estas acciones de protesta podrían intensificarse si no se atienden las demandas de manera efectiva y concreta. Mientras el gobierno anuncia que el corredor ha sido pacificado, lo cierto es que puede ocurrir un nuevo estallido, tanto contra el gobierno como contra la empresa Las Bambas.

Por otro lado, en un pronunciamiento emitido el pasado 21 de noviembre, los comuneros de Carmen Alto en Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), se declararon en paro contra la empresa minera MMG Las Bambas debido a supuestos incumplimientos de acuerdos. Según el comunicado de la comunidad, la empresa minera habría roto el diálogo el pasado 26 de octubre, negándose a cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo que se instaló el 11 de agosto de 2022, con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas.

Desde las 00:00 horas del 23 de noviembre, los comuneros iniciaron un paro, bloqueando varios puntos estratégicos como Lamarpata, Puente Álamos y Chacat’occo, impidiendo el paso de vehículos y trabajadores de las diferentes contratistas que intentaban ingresar al campamento minero.

Al no recibir respuesta alguna por parte de MMG Las Bambas, las tensiones aumentaron. Pasadas las 16:00 horas, los efectivos policiales, en un intento de abrir la vía, emplearon bombas lacrimógenas. Según medios locales, la situación se salió de control cuando las fuerzas policiales lanzaron bombas lacrimógenas a zonas de mayor concentración de la población, impactando en transeúntes y dejando desmayada a una menor de edad por los efectos de los gases.

La movilización continuó el 24 de noviembre, en esta ocasión en el distrito de Challhuahuacho. Los acuerdos que no se habrían implementado tienen que ver con servicios de lavandería, hospedaje, transporte, desarrollo comunitario, monitoreo ambiental y otros aspectos. Representantes de la empresa no emitieron declaraciones.

La comunidad de Carmen Alto en Challhuahuacho ha hecho un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que aborden esta situación, instando por la pronta atención a sus demandas y el respeto a la integridad de sus habitantes.

Finalmente, también se abrió un conflicto en el terreno laboral: El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas (SUTEMLB) emitió un comunicado señalando que luego de haberse reunido con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera y los directivos de la empresa minera y no haber logrado un acuerdo, iniciaban el martes 28 de noviembre una huelga general indefinida.

Señalaron que lamentan no haber llegado a acuerdos en las reuniones con el ministerio de Energía y Minas y con los propios directivos de la empresa Las Bambas. Se quejan por el incumplimiento del convenio colectivo y de los malos tratos de funcionarios hacia sus trabajadores.

Según el comunicado emitido por el SUTEMLB se sienten decepcionados de los resultados, ya que recibirán aproximadamente la mitad de lo que recibían el 2021. La empresa tampoco quiso conversar con el sindicato sobre un bono, porque recién van a evaluarlo en marzo del 2024.

Asimismo, fueron notificados con la resolución directoral general No. 232-2023 MTPE/2/14, que declara la improcedencia de la huelga. Sin embargo, tomaron la decisión de continuar con la medida de fuerza: “la autoridad no va a apagar las voces de lucha y seguirán firmes, y más fortalecidos”.

Las Bambas, el canon y la deuda tributaria

Otro tema que está en el centro de las preocupaciones en la región Apurímac tiene que ver con el hecho que recibieron este año la mitad de lo que se había estimado por concepto de canon minero: 119.7 millones de soles[1]. Como se sabe, Las Bambas es el principal aportante en esta región.

No se tiene certeza sobre el pago del Impuesto a la Renta que ha pagado la empresa, ya que se trata de información que no es de libre acceso. Sin embargo, haciendo una aproximación con los datos publicados en los reportes anuales de su casa matriz, Minerals and Metals Group (MMG), se puede entender que hubo una sobreestimación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el monto que finalmente se iba a recibir.

Cuando el Grupo Propuesta Ciudadana hizo la consulta al MEF para saber por qué no se había realizado la segunda transferencia, recibió la siguiente respuesta: ”… conforme la normativa vigente, cuando el monto del adelanto del Canon Minero es mayor a la Cuota Anual del Canon Minero, no aplica asignación y eso es lo que ha ocurrido en julio 2023 con GL y GR del Departamento de Apurímac. En consecuencia, esta DG ha cumplido con la asignación del Canon Minero en el presente año”.

Esta situación ha generado malestar en Apurímac, ya que ha afectado la programación y ejecución de obras en la zona, dado que los gobernadores esperaban recibir un monto mayor. Además, se ha generado preocupación en la población de la región ya que la postergación de obras los afecta de manera directa.

Por otro lado, cabe mencionar que, según una reciente investigación publicada por Ojo Público, Las Bambas sería la principal deudora del país. La SUNAT habría identificado, luego de auditorías al Impuesto a la Renta y de Tercera Categoría, una nueva deuda de esta empresa de 3,581 millones de soles. Con ello, acumularía una deuda total de 6,293 millones de soles, superando así a Telefónica del Perú (5,506 millones de soles). La empresa ha rechazado esta nueva deuda tributaria y ha iniciado desde octubre un litigio.

Todos estos temas generan una mayor suspicacia sobre la actuación de la empresa Las Bambas y su real compromiso con la zona.

[1] Portal de Transparencia del MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS. Obtenido en: https://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx

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Imagen: CooperAcción 01/12/2023
Especialistas llaman la atención que la suspensión de las operaciones de la mina Ariana, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao, dictada por el Sexto Juzgado de la Corte Superior de Lima, haya sido apelada también por la PCM y por el ANA.
Fue durante la presentación del libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía el riesgo que representa un proyecto minero ubicado en el centro de la zona productora de agua que abastece a Lima, se presentó el miércoles 29 de noviembre el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito”, editado por CooperAcción, que tiene la autoría de José De Echave, Marisa Glave, Ana Leyva y Paul Maquet.

Además del riesgo para el abastecimiento de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao, en la presentación del libro se puso énfasis en cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de los informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.

El proyecto Ariana se propone realizar una explotación subterránea de yacimientos de cobre y zinc, localizado en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, Junín, cuya concesión se superpone a una zona estratégica que forma parte del sistema Marcapomacocha, donde existen lagunas, represas y se trasvasan aguas de la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac. La ciudad de Lima depende de todo este sistema hídrico y la ejecución de este proyecto representa un serio riesgo para el abastecimiento de agua para más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao.

Ante esta amenaza, el 24 de abril del 2019, José De Echave, representante de CooperAcción y las entonces congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, presentaron una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Gracias a esta acción legal, se logró suspender las operaciones de este proyecto minero.

La publicación fue presentada por dos de sus coautores: José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción y Marisa Glave, excongresista e investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- Desco

De Echave, destacó que, si se reanuda la construcción del proyecto Ariana, le va a pasar a Lima lo que le viene pasando -desde hace décadas- a varias comunidades por la presencia de actividades extractivas que afectan sus fuentes de agua. “Ariana es un ejemplo de la desprotección de las cabeceras de cuenca. Urge discutir en el país en dónde conviene que haya minería y en dónde no, y eso tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial” expresó.

Por su parte, Marisa Glave alertó que además de los riesgos naturales que enfrenta Lima, como huaycos, derrumbes e inundaciones, se le suman otras amenazas por la actividad extractiva minera, como son los 390 pasivos ambientales a lo largo de la cuenca del Rímac y que generan contaminación. La excongresista también destacó que la suspensión del proyecto ha sido apelada no solo por la empresa sino también por la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y por el ANA.

En el panel de comentarios

Congresista Ruth Luque: el Estado, como muestra el caso Ariana, no realiza un control (riguroso) al tener una institucionalidad ambiental débil.
Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente: Hay que recordar que hay varias amenazas en la cuenca del Rímac, como los relaves de Tamboraque.
Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL: Marcapomacocha se creó con el fin de generar electricidad. Es una zona vulnerable, altamente sísmica y que se pone en riesgo con una mina en medio de este complejo»

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