Derechos Humanos sin Fronteras ha publicado en el 2019 el libro ‘Mujeres, Minería y Salud Mental. Afectaciones psicoemocionales en las mujeres en comunidades del entorno minero Tintaya-Antapaccay en Espinar, Perú’, que es el producto de una investigación que inició en el 2017. En las siguientes lineas compartimos con ustedes el contexto social en la provincia cusqueña de Espinar,  principales hallazgos, metodología que se usó para la investigación y recomendaciones.

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Contexto

Es reconocido a nivel mundial que proyectos mineros de gran escala generan una afectación mayor y diferenciada en las mujeres que en los varones, por su condición de desventaja social. Esta situación es preocupante para las mujeres de la provincia de Espinar, quienes por más de 35 años, son afectadas por los cambios sociales, ambientales y económicos generados por la actividad extractiva.

Objetivos

Se realizó este estudio para identificar las afectaciones psicoemocionales que genera el actual proyecto minero Tintaya-Antapaccay en las mujeres, como consecuencia de los impactos que genera en el tejido social, la economía y en la salud fisiológica de los pobladores de comunidades aleñadas al proyecto y en la ciudad de Yauri. Específicamente, se evaluó la presencia de estados emotivos negativos como la depresión y ansiedad y sus principales causantes.

Metodología

Durante 2017 y 2018 se realizaron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con 56 participantes: mujeres directamente afectadas, representantes de organismos del Estado y miembros de organizaciones sociales en Espinar, y se aplicó test psicológicos a 40 mujeres de 8 comunidades del entorno del proyecto minero.

Resultados

Se identificaron las siguientes emociones y principales factores causantes, directamente relacionados a los impactos diferenciados que el proyecto minero genera en las mujeres:

· Preocupación por sobrevivir

· Miedo a padecer enfermedades

· Frustración por ingresos económicos restringidos

· Tristeza y soledad por la venta de terrenos

· Indignación por el no cumplimiento de acuerdos

· Angustia por omisión a la asistencia familiar

· Desconfianza de todos

· Menosprecio de la mujer por “dejar valores”

La aplicación de los tests y entrevistas psicologicas revelaron que 26 de las 40 mujeres tamizadas sufren de algun tipo de depresion clinica (por comunidad minimo un caso) y que de esta cifra, 16 mujeres presentan un nivel de depresion leve; 9 moderado y 1 grave.

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Principales Hallazgos

El enfoque en las afectaciones psicoemocionales identifico casos de depresión clínica en casi dos tercios de las mujeres tamizadas que junto con la expresión del conjunto de emociones negativas, relacionadas con la depresión y ansiedad clínica, por la mayoría de las mujeres entrevistas y que surgen y son directamente relacionadas por los impactos diferenciados del proyecto minero, revelan un estado frágil y preocupante en su salud mental.

Problemas a nivel personal, familiar y comunal, centrados en dificultades económicas, la soledad física e incertidumbre sobre el estado de su salud y supervivencia, más las consecuencias de los problemas sociales que se dieron en la zona durante el conflicto social de 2012, fueron factores y eventos más resaltados por mujeres diagnosticadas con depresión clínica.

La contaminación ambiental, la desolación y las consecuencias socioeconómicas negativas que el proyecto minero genera en la mujer, se vuelven factores agraviantes y causantes de estados de emotivos negativos.

El contexto de conflicto significa ruptura de lazos sociales, desintegración de espacios organizativos e incremento de enfrentamientos y situaciones sociales negativas, que altera el estado psicoemocional de las mujeres, lo cual es preocupante ya que esta situación también destruye el soporte emocional que ellas necesitan para manejar y sobrellevar las situaciones negativas.

La violencia continua que viven las mujeres es como una falla central, situando su salud mental en un estado de fragilidad. Junto con la suma de afectaciones diferenciadas que ellas viven por el proyecto minero, las mujeres son más vulnerables a desarrollar estados psicoemocionales negativos y trastornos psicológicos.

Recomendaciones

Soporte y atención psicológica: Mujeres viviendo en este contexto minero requieren de soporte emocional de profesionales y la creación de espacios no profesionales, para revertir el desarrollo de estados depresivos leves y moderados ya presentes, al igual que fortalecer su capacidad de manejar emociones negativas y traumas, limitando el desenlace de trastornos psicológicos. Esta atención y espacios para las mujeres deben de ser continuos, con enfoque de interculturalidad, de derechos y de género, ya que la salud mental y estados emotivos no se pueden remediar con una sola intervención.

Entidades del estado (a nivel local, regional y nacional), como garantes de derechos frente a los impactos diferenciados y en su responsabilidad de proveedor de servicios básicos como salud y

acceso a la justicia, deben tomar todas las medidas necesarias para atender y prevenir la afectación negativa en la salud mental de poblaciones impactadas por el proyecto minero, lo que abarca las dimensiones económica, social y ambiental, asegurando que el plan integral de salud incluya atención de salud integral –psicológica y física- especialmente para pobladores que viven en el entorno del proyecto minero, con enfoque especial en las mujeres que viven en asilamiento.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/5289-2/?fbclid=IwAR3Yn3kF2O2yfXj9GKXdGrtRepAK-F82VgncbxWQK_1t8hkvAj0kgDz7OFQ

En noviembre, la Defensoría del Pueblo reportó 81 focos de convulsión social en territorios concesionados a mineras. Canadá es un país minero como el Perú y se configura como panacea de buenas prácticas comunales. ¿En verdad existe una receta para evitar los conflictos sociales?

En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Vizcarra emitió una norma y esta fue modificada dos veces en un lapso de 48 horas. El 12 de diciembre publicó el Decreto de Urgencia 026-2019[1], que resolvió declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac-Cusco”, y que autorizaba al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a expropiar “las áreas que resulten necesarias para tales fines”, dejando a este sector en libertad de precisar quiénes serían los afectados.

Como lo advirtió CooperAccion[2] el mismo día que se publicó esta norma, esta contenía graves vicios de inconstitucionalidad. Lo más resaltante era que el procedimiento de expropiación contenido en esta norma no cumplía con dos condiciones necesarias: 1) La reserva de ley (solo puede ser aprobada por el Congreso), y 2) Que sea determinable en cuanto al sujeto y el bien a expropiar.

Quizás por tales motivos, en horas de la tarde del mismo 12 de diciembre, el Gobierno publicó una Fe de Erratas de este primer Decreto. En esta se retiró el término “expropiación” del título y del objeto de la norma. Luego, dos días después, el 14 de diciembre, se publicó un segundo Decreto de Urgencia (027-2019) que modificaba varios contenidos del primero. En esta última norma se retira la palabra “expropiación” en todo el articulado. También se cambia la palabra “afectados” por “beneficiarios”. Tal vez el Gobierno consideró que el impacto de esta medida sobre las comunidades sería menor si se les nominaba como beneficiarios y no afectados (o perjudicados).

Sin embargo, los vicios de inconstitucionalidad persisten. Si bien se ha excluido el término “expropiación”, los procedimientos de adquisición de las propiedades en el corredor minero dejan abierta la posibilidad de cometer arbitrariedades e incurrir en prácticas confiscatorias por parte del Gobierno, afectando la propiedad y el territorio de las comunidades ubicadas a lo largo del corredor minero. Por ejemplo, el primer Decreto de Urgencia estableció que, en caso el “afectado” se negara a aceptar la compensación o entregar su propiedad, se procedía automáticamente a aplicar la expropiación y ejecución coactiva del bien. Sin embargo, en la última modificación se señala que en ese mismo supuesto “se aplicará la ley que corresponda”; es decir, no precisa de ninguna manera qué pasaría en esas circunstancias.

La “ley que corresponda” a la que se hace referencia, no puede ser otra que el Decreto Legislativo 1192[3], que regula el proceso de adquisición y expropiación de bienes inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. Esta norma señala explícitamente, que la expropiación solo puede ser aprobada por ley expresa del Congreso. Imaginemos entonces un escenario en el cual un comunero de Cotabambas se niega a entregar su propiedad. ¿El Gobierno se animaría a expropiarlo vía decreto de urgencia u otra norma de menor rango? ¿Cómo se procedería en ese caso si aún no hay un Congreso instalado? Preguntas que quedan sueltas, pero que no deben dejar de ser aclaradas si nos atenemos a los antecedentes de Las Bambas, y las distintas arbitrariedades cometidas por el Estado y la empresa contra la población de Apurímac y Cusco a lo largo de la existencia de esta mina.

Como es de público conocimiento, Las Bambas y su corredor minero viven continuas crisis de gobernabilidad desde hace ya varios años. Se han creado numerosos espacios de diálogo, se han establecido varios acuerdos con la población, e incluso recientemente se ha creado la figura de Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial del Sur, cargo que recae en la ex ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Paola Bustamante. Nos preguntamos: ¿para qué tanta burocracia y recursos públicos comprometidos si se siguen adoptando medidas inconsultas? Una norma inconstitucional aprobada de espaldas a la población, y de una forma tan desacertada que ha obligado al Gobierno a hacer dos rectificaciones en menos de dos días ¿Existe alguna estrategia o idea de lo que se quiere hacer con Las Bambas y el corredor minero? Consideramos que en las reuniones de la mesa de dialogo que se reanudan esta semana, debería ser un momento para aclarar estos temas.

[1] Como se tiene conocimiento, el 30 de octubre pasado se disolvió el Congreso, y hasta el período de instalación del nuevo Parlamento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar mediante decretos de urgencia, que tienen rango de ley.

[2] Ver: http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/.

[3] Que se desarrolla mediante el Decreto Supremo 011-2019-VIVIENDA.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/corredor-minero-de-las-bambas-entre-la-torpeza-y-la-improvisacion/?fbclid=IwAR3moLP195kAFQteb24C-ZD7oFUeTIBMpZrP_RwS6DDhwCqbnVEBERq4-dE

Decisión fue tomada a causa de supuestas actividades ilegales de extracción por parte Aurillac.

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra, entregó la Resolución Regional N° 007-2018-GRA/DREM que dispone la “suspensión de las labores de exploración del Proyecto Minero César Jesús”, perteneciente a la empresa minera Corporación Minera Aurillac.

Una medida que tiene como origen la inspección realizada el 26 de enero en la que se detectaron labores de perforación en zonas no autorizadas y riesgos en la calidad del suelo y la cobertura vegetal.

En la sesión de la entrega del documento estuvieron presentes, asimismo, dirigentes de Picup, Cochac Alto, Pacuash, Huamarín, José Carlos Mariátegui y Ucro, que abarca 52 comités de la Cordillera Negra. Para Jhon Santos, del centro poblado de Quenuayoc, el “logro no es de los dirigentes, es de toda la población”.

“Agradecemos la decisión asumida por el gobernador. Estamos firmes en nuestra posición y haremos valer nuestros derechos en otras instancias”, concluyó Santos.

La autorización concedida a la minera Aurillac fue emitida el año 2014. Sin embargo, el rechazo de la población de la Cordillera Negra se hizo sentir desde el primer momento. Los habitantes de dicha localidad argumentan que la presencia de la minera hace peligrar los 84 ojos de aguas y bofedales del lugar.

Fuente:https://camiper.com/tiempominero/gobierno-ancashino-suspendio-actividades-de-minera-aurillac/

En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

 El informe del Grupo de Trabajo de Tumilaca, creado por el Gobierno para despejar las dudas de los agricultores, concluirá la quincena de enero de 2020.

Según el coordinador Guido Herrera, en esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca.

Los técnicos de los organismos del Estado, así como de los agricultores, realizaron la semana pasada un trabajo de georreferenciación en el campamento. Herrera dijo que regresarán nuevamente a realizar el monitoreo. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.

Mencionó que cabe la posibilidad de que se amplíe el trabajo unos 15 días. En Tumilaca, los agricultores protestaron hasta en dos oportunidades en contra del proyecto cuprífero. Temen que con la construcción se contamine el agua de la cuenca.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/12/moquegua-en-enero-de-2020-acaban-mesas-por-quellaveco-lrsd/

Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.

Al cumplirse un año de este hecho, los dirigentes que encabezaron las protestas continúan exigiendo que la empresa se haga responsable de los daños producidos y una de las principales acciones que vienen realizando, tiene que ver con el seguimiento a la denuncia que interpusieron en la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cajamarca en contra de Gold Fields.

El dirigente Víctor Hugo Cruzado publicó la Cédula de Notificación 2424-2019 incluyendo la Disposición N° 07-2019-FEMA, en la que se informa que Gold Fields solicitó al Ministerio Público la acumulación de la investigación de dos hechos. El primero por “la presunta infiltración permanente y continua del relave contenido en la relavera de la Unidad Minera Cerro Corona, de la Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A. hacia aguas subterráneas – manantial Las Tomas”, de acuerdo a un informe de la Administración Local del Agua Chotano Llaucano de febrero del 2019. El segundo hecho, se refiere al derrame producido el 16 de diciembre del 2018 y que ya es de conocimiento público. No obstante, la conclusión de la Fiscal Gricelda Ysla fue que no procede la acumulación solicitada por la empresa, debido a que los hechos no son los mismos y, por lo tanto, las investigaciones preliminares tampoco investigan el mismo presunto hecho.

Asimismo, Víctor Hugo Cruzado junto al también dirigente Niño Benavides Marín, difundieron una carta abierta dirigida al alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, en la que le exigen que haga presión ante el gobierno nacional para que se cumplan los acuerdos firmados por los ministros de Energía y Minas y de Salud, durante una reunión a principios de febrero de este año y entre los que destacan la atención médica por dos años a personas y niños contaminadas con metales tóxicos como plomo y arsénico; construcción del hospital de Bambamarca y culminación del expediente técnico, financiamiento y construcción de la planta de tratamiento de agua potable para Bambamarca; igualmente, le solicitan que se continúe respaldando las acciones de protesta para que la empresa Gold Fields a modo de indemnización, construya una planta de tratamiento de aguas ácidas y realice la limpieza y descolmatación del río Tingo – Maygasbamba.

“Seguimos firmes en la defensa de la salud de nuestros hijos y población en general. Ahora se recuerda un año de la contaminación de la minera Gold Fields que derramó sus relaves matando todo ecosistema, hábitat y las aguas superficiales y subterráneas. Nuestra lucha contra los relaves de Gold Fields tiene que fortalecerse y todos retomar el paro suspendido hasta lograr justicia”, posteó Víctor Hugo Cruzado.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/exigen-que-el-gobierno-y-minera-gold-fields-respondan-por-derrame-producido-hace-un-ano-en?fbclid=IwAR2aExbVX2YC7DB6pVnf9xwaFp5bqaQrNyTkZtntjhET-61rWzRXscByZ7g

Fuente:https://muqui.org/noticias/ariana-y-quiruvilca-dos-caras-de-una-misma-empresa-beneficiada-en-perjuicio-del-peru/?fbclid=IwAR3CYyK_yMuZPoFJcdrNsGJ4xXjqaVTkfzIHlmvt0P3vhgZkTAYHCgOsrzw

Fuente:https://kaosenlared.net/peru-el-viejo-cuento-de-agua-si-oro-tambien-otra-vez/?fbclid=IwAR1bQRQxyK_MqAzkIbVTEJjDHxS6sfaiZ5bnxtA57A3FTuHz6IoQhOJFn4U

El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.

Fuente:https://gestion.pe/peru/las-bambas-publican-decreto-de-urgencia-para-expropiar-terrenos-en-corredor-vial-apurimac-cusco-nndc-noticia/?fbclid=IwAR2FVFZG6DbBiyK0Jz1MY74qJ9oz_JqUi8E7VVW2p4Bw16Xo_4quEAqTh5Q

En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

16 de diciembre 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/?fbclid=IwAR3ZzdT_lYcPZU6mgxTKTpVaSYoYdhUxgptFEHCD-G5T6plxBKyXCV4Lf3g