Foto: Presidencia de la República
Jorge Frisancho
Luego de las elecciones congresales de la semana pasada, el triunfo del Ejecutivo sobre la mayoría parlamentaria aprofujimorista que buscó vacarlo es total, y ha de haber sido motivo de justificado regocijo en los pasillos de Palacio.
Pero harían mal el presidente Martín Vizcarra y sus asesores políticos en asumir que se trata de una victoria sobre la oposición legislativa en su conjunto. No lo es (y estoy seguro de que todos los involucrados lo ven con claridad diáfana). Tan huérfano de bancada como siempre, con respecto al parlamento Vizcarra aún camina sobre un campo minado.
La aritmética lo confirma. Al momento de escribir estas líneas, tres de las organizaciones políticas que en septiembre intentaron declarar a Vizcarra “temporalmente incapaz”, suspender su gobierno y juramentar a Mercedes Aráoz como Presidenta (AP, APP y FP) suman 62 escaños. Eso debería bastarles para cualquier iniciativa requerida de mayoría simple. Con apenas cuatro votos más, alcanzan una mayoría absoluta, lo que les permitirá elegir a la junta directiva, censurar gabinetes y modificar leyes orgánicas. Para llegar a la mayoría calificada con la que se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional o se reforma la Constitución, les faltan 25 votos: tarea ardua pero no imposible en un Congreso tan fragmentado como el que viene.
Así, pues, un bloque opositor renovado tendría el mango de la sartén, o buena parte de él, todavía en la mano. La pregunta es si sus intereses llegarán a aglutinarse y si podrán actuar de forma concertada, y la respuesta no está del todo clara.
La bancada más nutrida, Acción Popular, proviene de un partido quebrado en dos facciones y no tiene hoy una línea definida, como no la tuvo en septiembre. Parece haber hecho una declaración de principios (harán “obstruccionismo democrático”, en la sintomática expresión de su entonces candidata Mónica Saavedra, hoy virtual congresista electa), pero el alcance de esa voluntad está severamente constreñido por las circunstancias. Para AP, el tema más importante en los meses que vienen será cómo capitalizar en las elecciones generales del 2021 su actual tendencia al alza, y es probable que ese interés mantenga a las dos facciones alineadas en la figura de una “oposición constructiva” a nivel del Congreso, mientras intentan resolver sus disputas internas lejos de la vista del público y la prensa.
Alianza para el Progreso, la segunda bancada, está en una posición similar, pero con algunas diferencias significativas. Una es su tendencia a la baja con respecto a elecciones previas, que los pone por necesidad en una postura defensiva. Otra es que si bien ha mantenido sus bastiones (como muestra este interesante análisis de Jesús Cosamalón), no ha cuajado como plataforma nacional. En ese contexto, es difícil de que APP deje de funcionar en el Parlamento de la forma en que ha funcionado hasta ahora: básicamente, como furgón de cola y volumen de votos para iniciativas ajenas.
Junto al imperativo 2021, por su parte, Fuerza Popular tiene una urgente tarea adicional: proteger a su cúpula de los procesos judiciales anticorrupción. La suma de esas dos necesidades (y la presencia de Martha Chávez) probablemente dé como resultado una oposición cerril que los distanciará de sus antiguos socios pro-vacancia. Un rapproachement estratégico no es imposible, pero no viene dado.
Sin embargo, sería un error descartar a FP como fuerza parlamentaria, y no solo porque cuenta con 15 escaños (pocos pero pesan). Una lección importante del paso del APRA por el último Congreso es que una bancada chica puede lograr grandes victorias, si sabe manejarse y mantiene una bien planificada política de alianzas. Y en este Congreso, Fuerza Popular tiene espacio para maniobrar y sumar.
Fuerza Popular tiene claros puntos de intersección con el Frepap (15 escaños), Unión por el Perú (13 escaños) y Podemos Perú (11 escaños) en temas de seguridad ciudadana, derechos civiles y política educativa, y no hará falta demasiada astucia para aprovecharlos. Además de la ideología, el tema es estratégico: el potencial de crecimiento de estas agrupaciones en la ruta del 2021 radica en disputar bolsones electorales con la izquierda, tanto en el Sur (UPP), como en Lima y Lima Región (PP, Frepap), y no es difícil imaginar escenarios que los lleven a la confluencia con el fujimorismo más oscurantista (es decir, con todo el fujimorismo).
¿Cómo puede el gobierno construir parapetos parlamentarios en esta coyuntura? Por ahora, de la misma manera en que lo ha hecho siempre: buscando apuntalarse en lo que fuera la “bancada liberal”, hoy parte del Partido Morado (9 escaños) y desglosando cuanto interés regional pueda ser desglosado de todas las organizaciones en la liza, a través de iniciativas legales, proyectos de infraestructura o algunas otras formas de desembolso.
Vizcarra cuenta hoy con dos ventajas. La primera es un considerable respaldo ciudadano, mantenido desde el referéndum. La segunda es la brevedad del periodo congresal que se inicia, que acortará los plazos de negociación de las distintas bancadas y les mantendrá la vista fija en sus necesidades electorales. La principal desventaja es que sus apoyos parlamentarios son todavía más endebles de lo que eran el año pasado, y no puede confiar en que se mantengan.
Herida de gravedad en la disputa con UPP, PP y el Frepap, la izquierda no tiene ya ningún incentivo para jugar en la cancha del gobierno. Por lo demás, el único grupo de izquierda que queda en la escena parlamentaria es el Frente Amplio, que solo ha jugado a favor de Vizcarra a regañadientes y cuando ha sido absolutamente necesario. Para el FA, no hay de otra: mantener una agenda opositora propia es asunto de supervivencia.
Mientras tanto, el rol que el Partido Morado jugará en el Congreso sigue siendo una incógnita: entran con esa bandera algunos viejos aliados de Vizcarra, pero también se han alzado desde ahí voces vagamente antiderechos y pro-Keiko. No es exagerado interpretar estas dos últimas intervenciones, así hayan sido hechas a título personal y por tentativas que parezcan, como invitaciones a la conversa. ¿Para qué? Imposible saberlo, pero quizá pronto se empiecen a ver negociaciones más abiertas para la conformación de directivas y comisiones.
Pero incluso si Palacio pudiera contar con el FA y el PM como puntales sólidos (y no puede), la suma no alcanza. El Ejecutivo tiene la iniciativa, pero deberá negociar con todas las bancadas dispuestas a hacerlo e hilar una agenda que les sirva a todas ellas. Es probable que tal agenda aparezca como un sancochado de concesiones en temas de fondo, desde la reforma electoral a las políticas laborales, pasando por el enfoque de género. Eso le serviría para mantener a su oposición dividida, pero tendrá un precio.
No será fácil que Vizcarra salga de ese proceso sin magulladuras. El dato fundamental, por ahora impredecible, es quién sabrá usar el Congreso para aprovecharlo en su beneficio y quién se desinflará en el intento.
http://noticiasser.pe/index.php/opinion/vizcarra-en-un-campo-minado
Autoridades y dirigentes cusqueños demandan ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore
3 febrero, 2020 DHSF
Luis Gárate
Foto: Observatorio de Conflictos Mineros
Ayer, lunes 27 de enero, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de nueve años de un proceso lleno de cuestionamientos; la colegiatura del Poder Judicial de Cusco, conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez, dictó sentencia absolutoria a favor de diez defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.
El presidente 
Comunidades campesinas de Chumbivilcas retomaron una paralización indefinida el 27 de enero después de más de 100 días sin diálogo por el conflicto del Corredor del Sur Andino y la contaminación que denuncian de parte la empresa minera MMG Limited Las Bambas.
Tras varios años de juicio, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, finalmente resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.