Foto: Diario Correo
Enver Quinteros Peralta. APRODEH.

Siendo 24 de marzo, el coronavirus no presenta ningún caso positivo en Apurímac. Solo registra 17 casos pendientes de resultado y 1,606 personas en aislamiento domiciliario preventivo. Sin embargo, este agente patógeno mortal viene poniendo a prueba al Perú y al planeta en su conjunto. Al contexto de emergencia climática, de migración forzada de millones de personas, de empobrecimiento de las mayorías, así como de desprotección de derechos y asesinato de centenas de defensores y defensoras de la tierra, se suman los impactos sociales, políticos, económicos y demográficos de este virus. Son miles los que han muerto y otras centenas de miles los contagiados en el globo. Y esto lamentablemente seguirá sucediendo sino se logra controlar la pandemia.

¿Cómo se vive este escenario en Apurímac?, ¿cómo se está previniendo y cuál es el papel de los diferentes actores frente a esta amenaza que puede poner en riesgo mortal a una región que sigue viviendo una postguerra, con una enorme mayoría rural y pobre, en medio de un boom minero cuyos impactos no se sienten en el Índice de Desarrollo Social de la gente y con un sistema regional de salud precario?

Estando en la fase 3 (contagio comunitario), nuestro país registra 395 casos positivos y lamentablemente 5 víctimas mortales. Esta realidad viene poniendo a prueba nuestra débil y compleja institucionalidad estatal -sobre todo la de salud-, pero también el talante de los liderazgos de nuestras principales autoridades así como el tipo de ciudadanía y de sociedad que construimos en este periodo de postguerra y auge neoliberal del siglo XXI.

En tal sentido, es importante señalar el liderazgo del Presidente Vizcarra y su gabinete, buscando hacer funcionar nuestra precaria institucionalidad para amortiguar el contagio exponencial y evitar pasar a la fase 4 de la pandemia. La declaratoria del estado de emergencia nacional y de inmovilización obligatoria -toque de queda incluido-, son medidas duras que si bien han sido respaldadas ampliamente por la ciudadanía, también es cuestionada por quienes ven los posibles efectos colaterales de está, que afectarían a la enorme población que depende de las economías informales del país y, sobre todo, de aquellas que residen en regiones donde no hay contagio.

La respuesta de la sociedad apurimeña

Tal vez por ello, el primer día de la medida de excepción, el sector informal de la PEA salió a trabajar a las calles de Abancay, Andahuaylas, Cotabambas y las otras provincias con normalidad. Centenas de pequeños comerciantes, vendedoras ambulantes, canillitas, estibadores, lustrabotas, vendedoras de emoliente y desayuno, así como decenas de taxistas salieron a laborar, desacatando la medida en busca del ingreso económico del día. Pero también lo hicieron los sectores formales, que no tenían necesidad de hacerlo, conformado por tiendas y cadenas comerciales de teléfonos, ropa y zapatos, artefactos, ferreterías, restaurantes, empresas de transporte, e incluso por empresas mineras transnacionales como MMG. A todo ello se sumó las miles de personas que transitaron con normalidad.

Si por un lado el desacato de este sector que vive en las economías informales se debió a la búsqueda de ingresos del día, otros lo hicieron sencillamente porque no estaban informados, y muchos otros, estándolo, no les importó el riesgos de la expansión de la crisis sanitaria en la región. En varias provincias fulbito, cerveza y reuniones sociales fluyeron con normalidad. Incluso, en el marco del toque de queda, que produjo muchas detenciones de ciudadanos, ocurrió la de un polémico Juez del juzgado unipersonal de Abancay.

Así a pesar de que las escuelas, universidades, varias instituciones estatales y privadas, y muchas familias acataron la medida, el primer y segundo día del estado de emergencia en Apurímac, puso en evidencia nuestra precariedad cívica ante un escenario terriblemente adverso a nivel global.

¿Que explica esta conducta social en una región con alta vulnerabilidad y riesgo de contagio frente al estado de emergencia, una medida, dicha sea de paso, frecuentemente impuesta por el Estado en el pasado y la actualidad? La respuesta a estas preguntas merece otro espacio. Aquí solo señalaremos un par de ideas generales. Primero, lo ya señalado. Existe un grueso significativo de la población que al depender su economía del día a día, no le queda otra opción que anteponer la canasta familiar del hogar, aunque resulte paradójico, a su propia salud e incluso al riesgo de ser detenido por la PNP.

Segundo, si bien cabe precisar que en efecto el conjunto de la región vivió como norma cotidiana los estados de emergencia durante el periodo del Conflicto Armado Interno-CAI, uno podría esperar que en el marco de la dimensión de la amenaza y la restricción de derechos –muy conocida en el pasado por la región-, la gente de las ciudades y zonas rurales asumiría otra respuesta frente a las medidas de excepción. Pero un gran sector no lo vio así. Tal vez ello se deba a diversos factores entretejidos como el cambio de la composición social, generacional y económica de la región.

No obstante, considero que un elemento central que está a la base de esta conducta social, en general tiene que ver con el entramado de características que logro imponer el modelo neoliberal hegemónico en la construcción de la ciudadanía y la sociedad de este siglo XXI. En ese marco, si bien tradiciones andinas como reciprocidad y solidaridad han ido interactuando con los valores occidentales desde hace tiempo atrás, incluso en muchos territorios resistiendo, es innegable que los valores del modelo dominante se han impuesto hegemónicamente. Así, el individualismo, el emprendedurismo rapaz, el privilegio de la economía, la desinformación, el historicidio social, el extractivismo radical y otro, están a la base de las diversas conductas sociales de la gente, como las observadas en el contexto de esta crisis producida por el Covid 19.

La situación de las comunidades campesinas y los espacios rurales.

¿Y cómo se vive y enfrenta la situación en las comunidades y las zonas rurales. Precisando que si bien por un lado las medidas de excepción dejaron de ser regionales acabado el CAI, cabe señalar que estas son moneda corriente en el contexto minero extractivo de la región. En este marco, provincias y territorios específicos como Cotabambas, Grau y el corredor minero fueron declarados en estado de emergencia a lo largo del último quinquenio. No obstante hoy, en el marco del estado de excepción que rige al país, preocupa constatar que dicha medida se ejerciese con flexibilidad y desapego al interés de salubridad nacional. No solo por mucha gente de la zona, sino también por la empresa MMG y el proyecto Las Bambas.

En efecto, llama poderosamente la atención que si bien del día 2 en adelante, la gente fue acatando las medidas gubernamentales, la empresa transnacional no hiciera lo propio. Amparada en las medidas excepcionales logradas ante el Ejecutivo mediante la Confiep, emitió un comunicado (el 16 de marzo) señalando que en el marco del estado de emergencia, “las labores de la empresa se mantendrían, contando con todos los controles y medidas de vigilancia” y que “los trabajadores de las áreas de soporte que no realicen operaciones críticas” trabajarían desde sus casas. Si bien al respecto el Presidente Vizcarra señaló (el 20 de marzo) ante la prensa que no hubo presión de ningún sector y de ningún tipo, tampoco fue categórico en precisar porque dichos sectores no se sometían al régimen de excepción como el resto del país, afirmando así, la percepción de que en efecto los sectores mineros y, otros como los agroexportadores, gozan de privilegios.

Ante esta realidad de sentirse desprotegidas por el Estado, las organizaciones sociales de Challhuahuacho y diversas comunidades campesinas asumieron sus propias medidas de protesta, protección y autoprotección. Las organizaciones, a través un pronunciamiento (también publicado el 16 de marzo) y señalando su preocupación “por la salud de toda la humanidad”, exigieron que MMG y las diversas empresas subcontratistas (cuyo personal duerme y se alimenta en la ciudad), acaten el estado de emergencia ya que “Chalhuahuacho es una zona altamente pandémica por la gran afluencia de personas de diferentes partes…”.

Por su lado las comunidades campesinas del área de influencia como Huanccuire, Pumamarca, Chuicune, Choaquere y Fuerabamba hicieron lo propio. Emitieron un pronunciamiento el 18 de marzo en la que cuestionaban con dureza al Ejecutivo por el privilegio otorgado a MMG de la medida de excepción. Más aún, algunas otras comunidades como Tambulla, San Juan de Llahua y Haquira de Cotabambas, asumieron medidas más drásticas que implico el bloqueo de las entradas y salidas a sus territorios.

De otro lado, en la parte norte de la región, específicamente en Andahuaylas, las comunidades de Cotahuacho, Argama, Tocctopata del distrito de Pacucha y Huancabamba, Mulacancha, Barrio Lliupapuquio de Andahuaylas, tomaron la misma medida. Lo propio hicieron las comunidades de Capaya y Lucre en la provincia de Aymaraes. En ambos casos, más allá de desconocer los motivos específicos, el temor al contagio y la sensación de desprotección, están a la base de tales decisiones comunales. En el mismo sentido, corrió el rumor en las redes sociales de que en algunas partes de la zona rural estaría produciéndose el robo de alimentos de los centros educativos (almacenes) proveídos por el programa Qali Warma. Más allá de la certeza de este último hecho, las redes virtuales también evidencian un alto nivel de especulación noticiosa, temor y miedo ante la falta de mecanismos de información oficiales de parte del Estado.

El papel del estado y gobierno regional.

En este contexto, ¿cuál es el rol o papel que viene cumpliendo el Estado y gobierno regional? ¿Cómo está respondiendo nuestro sistema regional de salud?

Si bien en el aspecto salud y seguridad hay importantes esfuerzos, la acción estatal y del gobierno regional en su conjunto aún no es estratégica, integral y menos aún es conocida por la opinión pública apurimeña. En efecto, a diferencia del fundamental papel que desarrolla Vizcarra y su gabinete en y desde Lima, en Apurímac los esfuerzos tienen que mejorar sustancialmente y pronto buscando hacer funcionar la aún más precarizada institucionalidad regional.

La conformación y/o activación de la Comisión Regional Multisectorial de Emergencia de Apurímac, si bien es un hecho positivo, esta no solo debe exigir la participación real y permanente de las Direcciones Regionales claves que deben trabajar enfrentando la amenaza, sino y sobre todo deben implementar una estrategia de comunicación potente que dé cuenta (en días y horas fijas) de las estrategias, avances y retos ante una opinión pública mayoritariamente desinformada y un sector de la prensa local proclive al amarillismo y sensacionalismo (algunos medios afirmaron irresponsablemente que habían casos positivos que sumaron al pánico y miedo colectivo).

Por ello, la conferencia brindada por el Gobernador Regional, el día previo al estado de emergencia, en la cual apenas señaló el cierre de instituciones, la suspensión de obras, el pago de haberes a construcción civil, dio cuenta de la falta de una mirada estratégica para abordar el escenario de riesgo. En efecto, si bien parcialmente esta percepción fue superándose con las dos siguientes conferencias dadas, acompañadas por el General PNP y el Director de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), preocupa que el conjunto de temas descritos líneas arriba no sean evaluados como parte integral del problema y por ende comunicados a la opinión pública. Por esa razón -y ante la situación crítica que vive la región Piura por inacción de su gobierno regional- la PCM emitió un comunicado llamando a las regiones a trabajar estratégicamente ante el contexto que enfrentamos.

Pero como hemos señalado también hay importantes esfuerzos en salud y seguridad en Apurímac. En el caso de salud bajo el liderazgo de la DIRESA se vienen preparando 3 centros de emergencia para enfrentar la crisis. Estos son los hospitales de Abancay y Andahuaylas y la infraestructura de EsSalud situada también en Abancay. Se informó además que en el hospital de la capital de la región se están construyendo ambientes temporales para atender posibles casos de contagio y que se ha gestionado la transferencia de 1,174 millones para dotar de equipos necesarios a los hospitales. Igualmente se comunicó las coordinaciones para la compra de 10 ventiladores mecánicos que se sumaran a los 4 existentes. Por otro lado, se señaló que desarrollaran un programa de vacunación contra los neumococos “casa en casa” para los adultos mayores de los 84 distritos. Al cierre de esta nota, trascendió que el Gobernador y la DIRESA, preveían visitar al hospital de procedencia alemana, “Diospi Suyana”, situada en el distrito de Curahuasi, a una hora de Abancay, con el objetivo de trabajar conjuntamente ante la crisis.

Desde el Frente Policial de Apurímac se señaló que se cuenta con 1,945 efectivos, de los cuales 657 operan en Abancay (el personal del Ejército solo se ubica en la provincia de Andahuaylas). Informó además que desde el primer día se cerraron todos los accesos viales en las fronteras de la región y que hasta el 21 de marzo, en el marco del toque de queda, se habían intervenido a aproximadamente 400 personas en la región, 33 de los cuales habían sido detenidos por desacato a la medida y resistencia a la autoridad. Sobre Cotabambas informo que se apoyó a la movilización de 1,000 trabajadores de MMG entre el 19 y 21 de marzo y que en el distrito de Cachora, Abancay –ruta turística a Choquequirao-, 15 turistas extranjeros y nacionales vienen acatando la medida de excepción.

Finalmente debemos señalar que aún hay temas y agendas pendientes a trabajar dentro de la perspectiva estratégica e integral. El mecanismo de funcionamiento de la política subsidiaría (bono de 380 soles), para los sectores menos favorecidos es un tema urgente, más aún cuando se entiende que dicha medida solo focaliza a los pobres y pobres extremos registrados en las ciudades y no en las zonas rurales. Precisar, aclarar y comunicar dudas en torno a esta política concreta, ayudara, en parte, a que las comunidades se sientan menos abandonadas por el Estado. Igualmente es importante conocer cómo funcionarán los mecanismos de asistencia a los adultos mayores; o si los proyectos mineros informales e ilegales están operando o no. Así mismo, implementar y comunicar un mayor y detallado registro de incidentes diversos que acontecen en las ciudades y en las zonas rurales de la región. Y no menos importante, definir mecanismos de apoyo (donación de alimentos u otros) dirigida a la comunidad venezolana en nuestra región.

Es fundamental exhortar y exigir a la PNP cumplir con su mandato en el marco estricto de la ley. Si bien ello viene sucediendo así, es fundamental reforzar en el personal policial este principio democrático fundamentado y sustentado en nuestra constitución política y las normas internacionales de derechos humanos como lo sostiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Invitación al optimismo y a repensarnos como sociedad

Si por un lado lo descrito líneas arriba evidencia una mirada parcial y subjetiva que linda con el pesimismo -es difícil abstraerse de un contexto como este-, ello no debe desmerecer sino por el contrario debe ser una oportunidad para rescatar y resaltar los muchos otros aspectos positivos que ha sacado a luz está difícil coyuntura. Numerosos -pequeños y grandes- esfuerzos y gestos que nos invitan a tener esperanza y optimismo.

No nos referimos al hecho de no tener ningún caso positivo en la región, ni solamente a la enorme e histórica labor que vienen desarrollando los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, técnicos, etc.), de la familia policial, bomberos o personal de limpieza que debe ser saludada y reconocida. O a la labor de nuestros hermanos y hermanas campesinas que siguen produciendo los alimentos para abastecer nuestros mercados y estómagos.

También es vital reconocer los gestos de ciudadanas y ciudadanos anónimos que a través de las redes se ofrecieron a asistir a aquellos adultos mayores o personas con discapacidad. Los que solidariamente compartieron un café, pan o fruta con los efectivos policiales y la comunidad venezolana. Los que como barrio o vecindad se organizaron, vía redes, para juntar y donar víveres a la policía y a los que lo necesiten.

Queda una semana por acatar el estado de emergencia y el toque de queda. Pero también queda un tiempo mayor para sobreponernos a todas las crisis que dejara tras de sí esta crisis a nivel nacional y el planeta. Y para trabajar en torno a ese reto y hacer posible construir otra sociedad, que mejor que compartir este poema reescrito por la ex docente Kitty Omeara de Marylan, Baltimore, publicado hace unos días.

“Y la gente se quedó en casa.

Y leía libros y escuchaba. Y descansaba y hacía ejercicio.

Y creaba arte y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto. Y se detenía.

Y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban.

Alguno bailaban. Algunos hallaron sus sombras.

Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó.

Y, en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar.

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados».

#YoMeQuedoEnCasa

Imagen: La República

No a costa de las vidas

Armando Mendoza, economista.

En principio, se justificaría que el sector minero siga operando, pues en la actual situación es necesario minimizar el daño a la economía y mantener funcionando, en lo posible, a sectores clave. Por supuesto, ello no puede ser a ciegas ni a costa de la seguridad de las personas. Se debe aprovechar el aislamiento en que operan muchos campamentos mineros para imponer estrictas medidas sanitarias, así como establecer una bonificación extraordinaria para los trabajadores por este periodo. Lo justo es lo justo, señores de Confiep. Además, urge reevaluar y corregir el marco tributario minero, pues sería inaceptable que en un año en que el Estado necesita más ingresos, la minería tenga un aporte negativo, tal como sucedió el 2015.

“Confiep ganó el pulseo”

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

La Confiep ganó el pulseo. La minería seguirá operando en la emergencia. Si bien en un comunicado el MEM habla de operaciones críticas, lo cierto es que se incluyeron todas las operaciones mineras y sin la posibilidad para que un organismo de fiscalización haga su tarea. El Covid-19 es un problema urbano en Perú: 99% de los casos se presentaron en ciudades. Los territorios rurales no fueron tocados. La minería se ubica, sobre todo, en zonas rurales, pero sus trabajadores provienen de ciudades y por los sistemas de trabajo, tienen gran movilidad, entran y salen de campamentos, se trasladan a sus ciudades de origen. La decisión tomada representa un retroceso y aumenta el riesgo de expansión del virus.
*Entrevistas publicadas en La República el 22 de marzo de 2020

24/03/2020

Cooperaccion

19/03/2020

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó este martes que se incluyó a la minería en la relación de actividades que quedan exceptuadas durante el estado de emergencia decretado por 15 días ante el avance del coronavirus (COVID-19).

En el decreto supremo del domingo no figuraba, lo que motivó las quejas y reparos de la jefa de la Confiep, María Isabel León, quien remarcó que «no se puede pensar que los campamentos mineros van a paralizar durante 15 días»

«De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se ha incluido al subsector minero en la relación de actividades exceptuadas. La finalidad es garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con personal mínimo indispensable en resguardo de la salud, seguridad y ambiente», señaló.

Según el Minem, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del 17 de marzo de 2020, otorgó la conformidad a la propuesta que incluye en la relación de actividades exceptuadas previstas en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM al subsector minero.

El dispositivo señala que durante la cuarentena se permitirá «la actividad minera y otras actividades conexas, que incluye explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados».

Para tal efecto, las mineras deben cumplir las siguientes disposiciones:

◉ Las compañías mineras podrán trasladar hacia la unidad minera el personal indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la emergencia. Cada empresa definirá el personal (propio y de contratistas) mínimo indispensable que garantice el sostenimiento de las operaciones críticas.

◉ La empresa debe adecuar y actualizar el Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 037-2017-EM.

◉ Cada compañía debe aprobar e implementar los lineamientos de monitoreo y seguridad durante el periodo de aislamiento social obligatorio en las Unidades Mineras que garantice la protección de la salud durante el estado de emergencia.

◉ Las empresas deben cumplir con el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para prevenir, contener y mitigar el contagio del Covid-19, en el marco de las acciones de control sanitario.

Por último, señala el dispositivo, de conformidad con lo previsto en el numeral 8.3 del artículo 8 y numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional, las mineras quedan facultados para continuar con el transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré y otros, carga y mercancías y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico.

https://redaccion.lamula.pe/2020/03/17/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/redaccionmulera/

Luis Gárate
Cooperacción.org.pe
Imagen: Perú21 19/03/2020
En estos días, en los que atravesamos una de las crisis sanitarias más complejas de los últimos años y que nos encontramos bajo rígidas medidas de emergencia en todo el país, surge el tema de la importancia del agua como una de las principales vías para prevenir el contagio del Covid 19.

Según la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, el lavado de manos con agua y jabón es una de las formas más seguras para prevenir el contagio de diversas enfermedades, incluyendo el nuevo coronavirus. Pero como resulta obvio se requiere acceso permanente al agua potable para que las recomendaciones puedan ser implementadas adecuadamente.

Por lo tanto, se pone en el tapete la importancia de que el Estado garantice y salvaguarde las fuentes de agua que abastecen a las ciudades y poblaciones en general. Se sabe que sólo en la ciudad de Lima, medio millon de personas no tiene acceso a agua potable, cifra que a nivel nacional se eleva a cerca de 5 millones de personas. Estas cifras muestran la alarmante situación en la que viven de manera cotidiana millones de compatriotas y que se agrava aún más en una situación de emergencia.

En esa línea, es preciso recordar que una de las principales amenazas al abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima y el Callao –agua que proviene de tres cuencas: Rímac, Chillón y Lurín- es el tema de la contaminación ocasionada por las industrias y las poblaciones ribereñas y el riesgo que representan depósitos de relaves como el de Tamboraque y la construcción del proyecto minero Ariana. Este proyecto minero pretende construirse en medio de todo el sistema hídrico de Marcapomacocha, que es nuestra principal infraestructura para el abastecimiento de agua para la población de Lima y Callao.

Precisamente, sobre el caso del proyecto minero Ariana un colectivo ciudadano y la campaña denominada “Día Cero Perú”, ha presentado una demanda de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que lo que busca es detener la construcción del proyecto minero. Se argumenta que Ariana representa un riesgo inminente en la medida que se ubica en medio de varias lagunas y reservorios y, sobre todo, su cancha de relaves está muy cerca del Túnel Trasandino que trasvasa las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac.

Como lo vimos en la crisis que atravesamos como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero del año 2017 y lo estamos comprobando nuevamente con la llegada del Covid 19, los equilibrios son sumamente precarios, las carencias son enormes y se necesita actuar con mucha responsabilidad para cubrir las enormes brechas de acceso al agua y al saneamiento. Precisamente frente a la emergencia, se necesita que todos nosotros y sobre todo nuestras autoridades actúen con responsabilidad y previsión. No hay que poner en riesgo nuestras fuentes de agua; es más, la tarea es potenciarlas para afrontar en mejores condiciones situaciones de crisis como la que estamos viviendo.
Cooperacción.org.pe

Leonidas Wiener R.
17/03/2020

Imagen: Ministerio de Energía y Minas

De acuerdo a las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno contra el coronavirus, todas las actividades económicas que no se relacionen con las acciones de prevención y contención de la propagación de este virus, no tendrían motivo para seguir funcionando. De hecho, si uno ha tenido la oportunidad de observar las calles estos días, desde que se declaró la emergencia, ha podido identificar que solo los establecimientos comerciales o productivos que son indispensables en estas circunstancias se mantienen abiertos: mercados de alimentos, farmacias, bancos, establecimientos hospitalarios en general, y ahí se para de contar. La lógica del gobierno es que sigan funcionando aquellos establecimientos que tienen algún tipo de relación con la propagación o contención del virus.

Bajo esa lógica, no resulta entendible que muchas unidades mineras en el país sigan funcionando con total normalidad. Pero el Ministerio de Energía y Minas ha sacado un comunicado el día de hoy precisando que, salvo escasas restricciones, las operaciones mineras pueden seguir funcionando. Cabe plantearse si esta medida no puede ser peligrosa para la propagación de este virus. Y el ejemplo más notorio es el de Las Bambas, que recién ha sacado un comunicado indicando que las labores en la operación se mantendrán a pesar de la emergencia.

Imagen: Las Bambas

Uno podría sustentar la continuidad de las operaciones de Las Bambas, en el sentido de que existen procesos operacionales que, si son suspendidos, podrían generar cuantiosos daños a la empresa titular. Estas restricciones por parte del Gobierno serían injustificables si la minera adopta un régimen estricto de cuarentena, que limite las entradas y salidas de la mina. Pero en el caso de Las Bambas no ocurre esta situación. Cabe recordar que Las Bambas transporta cientos de camiones diarios a través del denominado corredor minero, que implica también el acompañamiento de camionetas pick up de la empresa. Además, se conoce de buena fuente que los trabajadores siguen entrando y saliendo del campamento minero sin ningún tipo de control.

Imagen: Chinalco

Si en muchos casos esta enfermedad del coronavirus es asintomática, cabe plantearse: ¿qué podría pasar si un trabajador de Las Bambas regresa al campamento infectado y comienza a diseminarse el virus dentro de las instalaciones de esta minera? Aquellos trabajadores que acaban sus turnos podrían salir y a la vez mezclarse con otro sector de la población y así se alimentaría el crecimiento exponencial de esta pandemia. De hecho, el 13 de marzo la minera Chinalco emitió un comunicado respecto al caso de un trabajador que regresó al campamento de la unidad minera Toromocho en un bus de transporte público y podría estar infectado del coronavirus. En la imagen se adjunta el comunicado de la empresa minera sobre estos hechos.

Lo anterior refiere a los problemas en el aspecto sanitario. Pero, además, cabe otra reflexión: ¿por qué las empresas mineras requerirían un trato diferenciado respecto a otras actividades económicas que sí han tenido que sacrificarse para combatir esta pandemia? Otras mineras como Cerro Verde ya han detenido su producción (https://www.energiminas.com/cerro-verde-paraliza-su-produccion-por-15-dias-debido-al-coronavirus/). En todo caso, ¿las empresas pueden unilateralmente decidir si paralizan o no sus actividades en estas circunstancias? Sería oportuno que el Gobierno peruano aclara de una vez esta situación.

www.cooperaccion.org.pe

Representante del Frente Amplio dice que no debe haber minería en zonas donde se ubican fuentes de agua de consumo humano. Participó en protesta.
La República, 14/03/2020
Juan Vejarano Vergara

Pobladores de la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, acataron el viernes un paro contra la exploración minera que realiza la empresa Barrick, según ellos en zonas de cabeceras cuenca, donde se ubican las fuentes de agua de consumo humano y que serían afectadas por agentes contaminantes.

Al respecto al congresista del Frente Amplio, Lenín Bazán Villanueva, sostuvo que las empresas mineras, con el aval de Gobierno, se instalan en zonas donde están las fuentes de agua y realizan sus actividades de exploración y explotación, contaminando todo y sin importar las consecuencias en la población. Por ello exigió el inmediato cese de operaciones del proyecto Antonio de Chuco por carecer de la licencia social y poner en alto riesgo la vida y la salud de miles de santiaguinos.

Cientos de manifestantes, acompañados por el congresista liberteño, se volcaron a las calles de la capital santiaguina exigiendo al Gobierno y a la empresa el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 14-2018-MPSCH, que dispone la protección de las fuentes de agua en toda la jurisdicción de dicha provincia; y las declara áreas de conservación municipal y establece zonas de amortiguamiento.

“El agua es vida y vamos a defenderlo siempre”, sostuvo Bazán durante su intervención en la plaza principal de Santiago de Chuco y se comprometió a convocar a una mesa técnica con la participación de la empresa, autoridades, sociedad civil, OEFA, ANA, Minan, Minem y congresistas de La Libertad, a fin de iniciar acciones frente a los problemas medioambientales de la región.

Reactivarán proyectos

Asimismo, señaló que a fin de evitar este tipo de conflictos en todo el país, reactivará los proyectos impulsados por la bancada del Frente Amplio en el Congreso pasado, como el de una nueva Ley de Minería y la Ley de Ordenamiento Territorial.

La paralización fue convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil de Santiago de Chuco y acatada en su totalidad por la población que, cansada de los múltiples atentados contra el medio ambiente y la agricultura que cometen las empresas mineras en la zona, acataron la medida de fuerza para llamar la atención del Ejecutivo.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/congresista-lenin-bazan-apoyo-paro-que-acataron-pobladores-de-santiago-de-chuco-contra-la-mineria-lrnd/

El día de hoy, 13 de marzo, se dio inicio a la reunión preparatoria entre la Comunidad de Pacopata y el Ministerio de Energía y Minas, con motivo de la realización del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, en la región Cusco. Sin embargo esta reunión fue suspendida.

La suspensión se debió a la inasistencia de los representantes del Ministerio de Cultura (MINCUL), a pesar que previamente habían confirmado su presencia en esta reunión. La inasistencia se dio pese a las coordinaciones que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) había realizado.

Durante la reunión, el presidente de la Comunidad Originaria de Pacopata, Felipe K’ana, realizó una llamada telefónica a una funcionaria del MINCUL para consultar sobre su inasistencia. La funcionaria le informó que no pudieron asistir a la reunión debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid19 (coronavirus) en el país. Existe una responsabilidad del MINEM por no haber realizado las coordinaciones previas para garantizar la asistencia de un representante del MINCUL en la reunión.

Es importante resaltar que en la reunión preparatoria que se tuvo con las otras once comunidades implicadas en este proceso de consulta previa, sí participó el MINCUL en su condición de ente rector de los pueblos indígenas en el país y garante de que el proceso de consulta previa se lleve a cabo con normalidad.

Imagen: IDL

En esa misma línea, también se ha demandado la presencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, debido a que las demandas de la Comunidad de Pacopata se orientan a cuestionar los contenidos de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco. Este instrumento ha sido aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad adscrita al sector ambiente.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, se considera fundamental su presencia en su condición de entidad garante de los derechos de la Comunidad de Pacopata. No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en más de una oportunidad en el sentido de que resulta necesario someter a consulta previa los Estudios de Impacto Ambiental, e incluso se ha manifestado para que se consulte la MEIA del Proyecto Coroccohuayco.

Por los motivos expuestos, la Comunidad Originaria de Pacopata solicitó la suspensión de la reunión, y que esta sea reprogramada en una siguiente fecha. Asimismo pidieron que en esta próxima cita deben estar las entidades estatales mencionadas, luego que la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus sea controlada, para evitar riesgos para los participantes.

Se adjunta acta de la reunión del día de hoy.
Cooperaccion

Luis Gárate
13/03/2020
Imagen: Jorge Chávez Ortiz
Uno de los problemas que se aprecia en nuestro país tiene que ver con la manera en que la Policía Nacional del Perú (PNP) se conduce en los conflictos y el trato que aplica a las comunidades y organizaciones sociales.

Recientemente un juzgado en la ciudad de Tambobamba (Apurímac), dictó una sentencia absolutoria a 19 acusados, miembros de las comunidades, en medio de un conflicto en la zona de influencia del proyecto Las Bambas el año 2015. Las acusaciones fiscales apuntaban a la tenencia de armas, pero la defensa de los acusados argumentó que la PNP habría obligado a algunos de los manifestantes a disparar armas para luego incriminarlos.

Estos hechos se vinculan con las relaciones distorsionadas que se mantienen entre algunas empresas mineras y la PNP. Por eso es importante recordar que el 11 de abril de 2019 el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó una demanda de amparo contra un convenio firmado entre la empresa minera que opera el proyecto Las Bambas y la PNP. Este convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del ex Ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Este tipo de convenios, de “servicios policiales extraordinarios”, como los denomina el Decreto Legislativo Nº 1267, permiten a la PNP prestar servicios de seguridad a cambio de un pago de las empresas. En la demanda, se exige que el convenio suscrito entre la PNP y Las Bambas sea anulado. Este convenio -como los más de 138 que se han firmado en todo el país-, según señalan los demandantes, viola los derechos humanos y quiebra los principios del estado de derecho.

Recientemente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior –mediante un escrito judicial– ha insistido en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la PNP y la empresa minera Las Bambas. Se señala que “dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”. En ese sentido, rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Este tema plantea una discusión de fondo. Es conocido que la PNP tiene presupuestos exiguos y su personal vive con salarios bajos y condiciones difíciles. Sin embargo, la delgada línea por la que el personal policial puede pasar a servir como seguridad privada de grandes empresas, supone una situación que atenta contra la naturaleza de su función.

Un estudio presentado en el 2019, que fue elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Earthrights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mostró precisamente los problemas que se presentan a raíz de esos convenios y como estos han contribuido a la criminalización de la protesta[1].

La razón de ser de la PNP es la de proteger el orden interno y la seguridad ciudadana. El informe señala que la celebración de convenios constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación; en concreto, tratándose de discriminación por razón económica, en perjuicio de la población y en beneficio de la empresa.

La PNP tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano peruano, independiente de su condición socioeconómica, étnica, de género. Pero en una situación donde entidades privadas, como las empresas mineras, tienen convenios mediante los cuales financian la logística a la autoridad policial, se rompe ese papel de intermediador en un conflicto. En concreto, la PNP puede terminar siendo -como ha mostrado el estudio- parte de la defensa de las corporaciones privadas, vulnerando de esa manera los derechos de las comunidades eventualmente afectadas por algún conflicto.

En este marco de reflexión cabe recordar a varios académicos, como el prestigioso sociólogo Francisco Durand, que señalan que vivimos en una suerte de República Empresarial. De esta manera subraya que instituciones públicas del Estado peruano se han acostumbrado a responder a las presiones de algunos sectores corporativos en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos.

El presidente Vizcarra dijo que se jugaría con nuevas reglas y que pondría por delante el dialogo antes que la represión en los conflictos sociales. Sin embargo, hasta el momento no se notan cambios. Una buena señal sería que defina una posición clara respecto a este decreto y a esta situación irregular que se mantiene.

[1] El documento se titula: Informe: “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.

Cooperacción

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.

Están a punto de cumplir un mes desde que vinieron desde su natal Cerro de Pasco con el fin de encontrar una solución en favor de la salud de sus hijos. Los padres de los niños con 12 metales pesados en la sangre y diagnóstico de leucemia esperaron diariamente recibir una respuesta efectiva por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para poder recibir un tratamiento especializado que en el Perú no existe, pero lo único que recibían era indiferencia.

El último martes, con 23 días haciendo protestas fuera del Minsa y ante la desesperación e impotencia, los padres de familia decidieron tomar la pista de la avenida Salaverry para que fueran atendidos por la propia ministra de salud Elizabeth Hinostroza, sin embargo, lo único que recibieron fue la represión de más de una docena de policías que usaron la violencia hasta con los propios niños afectados por la minería.

La presencia de los medios de comunicación hizo que representantes del Minsa se sientan obligados a brindar algún tipo de solución a este caso. Convencieron a los padres de ‘levantar’ la protesta y los hicieron ingresar al ministerio con el fin de conversar y llegar a un consenso. En comunicación con El Popular; Junior Castañeda, hermano mayor de una de las menores afectadas, afirma que existió un acuerdo entre ellos y los representantes del Minsa para que puedan viajar a Argentina a que los niños sigan el tratamiento adecuado para su enfermedad.

Sin embargo, el viaje está programado para quincena del próximo mes de abril y hasta esa fecha su ubicación se convirtió incierta ya que, según Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, los niños no deberían estar expuestos en ese ambiente.

Según Junior Castañeda, el viceministro de vivienda David Alfonso Ramos López les ofreció ser reubicados para que no sigan en las calles de la avenida Salaverry mientras esperan el viaje, pero el lugar resulta ser inhóspito y escandaloso: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima o más conocido como Maranguita.

«El lugar es sumamente cochino, las puertas están rotas, las frazadas están sucias y hay manchas de sangre por todos lados. Ahí tampoco podemos exponer a nuestros niños», aseguró.

Consultado por este tema, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, rechazó tajantemente que se haya realizado una propuesta de este tipo. «Es imposible que se haya ofrecido algo así, ya que el Ministerio únicamente participa con la entrega de las viviendas definitivas y no cuenta ni administra albergues», refirió.

El funcionario agregó que, del diálogo y acompañamiento permanente que reciben estas cinco familias por parte del Sector, dos de ellas ya han sido reubicadas en departamentos que ellos mismos seleccionaron, a través del Fondo Mivivienda.

Asimismo, las tres familias restantes están por realizar su traslado, aunque dos de ellas están evaluando aún otras opciones de proyectos habitacionales.

PLOMO EN LA SANGRE
A mediados de 2017, un informe médico mostró presencia de altos niveles de cadmio, plomo, mercurio y arsénico en el organismos de niños menores de 15 años de Cerro de Pasco y La Oroya. En 2015, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas) del Minsa tomó muestras de sangre a 83 niños de Pasco, en donde se encontró hasta 22 microgramos de plomo en su organismo, cuando el límite permitido es 9.9 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo peor, aseguran que no hay ningún médico toxicólogo en la mencionada provincia que atienda a los afectados por metales pesados, solo pediatras y médicos internos.
https://elpopular.pe/actualidad/2020/03/12/padres-ninos-plomo-aseguran-ministerio-vivienda-quiere-enviar-maranguita-mientras-esperan-viaje-argentina-pasco-cerro-pasco-plomo-sangre-mineria-volcan-3257

Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.
Se pide al nuevo Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú sobre la Transparencia y el Acceso a la Información, así como al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con los compromisos de Perú frente a la Iniciativa Mundial EITI sobre transparencia en industrias extractivas.

Lima, 2 de marzo de 2020.- Más de 30 organizaciones civiles emitieron ayer un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.

Esto toma especial relevancia frente al escenario de corrupción ampliado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como a la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, asociada a sospechas de corrupción, y que viene ocasionando -entre otros- el incumplimiento de los compromisos del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que tiene por fin publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.

Al respecto, uno de los puntos más graves es el débil compromiso del gobierno con respecto a EITI, los cambios sectoriales han producido retrasos, como es el caso es la publicación del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, donde se transparentaría información de pagos ambientales de estas industrias. Este incumplimiento pone en riesgo al Perú de ser suspendido como miembro de esta Iniciativa mundial.

Otra de las principales demandas es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen[1] hasta este año para que entre en vigencia.

Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.

Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.

Nota al pie

[1] A la fecha el Acuerdo ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, estando pendiente en el caso de los últimos tres países el depósito formal de las ratificaciones en Naciones Unidas.

https://www.dar.org.pe/noticias/piden-al-estado-que-asegure-condiciones-de-transparencia-en-industrias-extractivas-y-de-infraestructura/