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AREQUIPA:

Los trabajadores de la empresa minera Buenaventura S.A.A, unidad Tambomayo, en la región Arequipa, anunciaron hoy la paralización de sus labores pues temen por su vida al haberse registrado casos positivos a Covid-19 y la presencia de varios casos sospechosos en aislamiento.

Imagen: FNTMMSP

Exigen la realización urgente de pruebas para detectar el Covid-19 entre los trabajadores y el cumplimiento del plan de vigilancia contra la pandemia.

Tambomayo es -según su portal web- una operación subterránea de oro y plata de alta ley que se ubica en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región Arequipa, a 4,800 metros sobre el nivel del mar.

Según los últimos reportes del propio Ministerio de Energía y Minas, habría más de 800 casos de contagio entre los trabajadores mineros a nivel nacional. Esto ocurre a pesar de haberse aprobado los protocolos del sector minero frente a la pandemia para el reinicio de sus operaciones, en el marco de la Fase I de la reactivación económica.

Por Dionel Martínez, Camila Delgado e Ivan Lopez*
Cooperaccion.org.pe
Análisis de Coyuntura – Amazonía peruana y Covid-19[1]

El 27 de abril, CoorperAcción Publicó un artículo de análisis[2] titulado “comunidades nativas y focos de contagio por Covid-19 en la Amazonía peruana”. En dicho artículo analizamos la información de contagiados por coronavirus, actualizada al 23 de abril, en 11 departamentos amazónicos del país. Según el nivel de desagregación de la información (distrital y provincial) de las Direcciones Regionales de Salud, encontramos que para esa fecha, eran 13 provincias y 38 distritos de la Amazonía, los que registraban un total de 1304 casos confirmados y 50 personas fallecidas por Covid-19. En 24 de estos 38 distritos, existían alrededor de 410 comunidades nativas, que se encontraban expuestas al peligro de contagio.

A más de tres semanas de haberse realizado el mencionado análisis territorial, estamos haciendo el seguimiento de la evolución de la pandemia en los territorios amazónicos, con presencia de comunidades indígenas. Para ello, hemos hecho un corte de información de contagiados al 15 de mayo. Los resultados generales del análisis muestran un crecimiento exponencial de contagiados. Existen 5 526 casos positivos y 1316 víctimas fatales[3] de Covid-19 en un total de 134 distritos y 3 provincias, de 12 departamentos amazónicos.

Es decir que, del 23 de abril al 15 de mayo la cifra de contagiados se ha multiplicado por cuatro y la de fallecidos por el insólito número de 26. Por otro lado, el número de comunidades nativas expuestas al peligro de contagio, ha pasado de 400 a 1080. Los departamentos que concentran el mayor número son Loreto con 454, Ucayali con 231, Amazonas con 135 y Junín con 128 comunidades. La penetración de la pandemia hacia el interior de los territorios departamentales, es innegable.

Es preocupante que hasta el cierre de la edición del presente artículo, el gobierno aún no haya desarrollado una plataforma digital de libre acceso, que permita visualizar la distribución geográfica hasta la escala local de la Covid-19. El análisis territorial local de la pandemia, permitiría elaborar mejores estrategias de control y/o contención, sobre todo en los territorios que presentan alta vulnerabilidad, como es el caso de aquellos en donde viven las comunidades nativas.

En los últimos días hemos tenido un amplio debate público acerca de la famosa curva de evolución de la pandemia. A la luz de la realidad, ese debate parece ser estéril, pues estamos mirando las tasas globales y no el comportamiento diferenciado del coronavirus en los territorios a través del tiempo. La ausencia de esta mirada territorial, se hace cada vez más notoria en los errores de la gestión de la emergencia. Por lo que es momento de apelar a una verdadera gobernanza territorial de la emergencia, donde no solo haya una respuesta desde el nivel central, sino más bien un mayor protagonismo de los gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales de base.

Anexos:
* Dionel Martínez es coordinador colegiado de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial. Y Camila Delgado e Ivan López son miembros del equipo de geógrafos de CooperAcción.
[1] Artículo publicado originalmente el 22 de mayo del 2020, en la Edición Especial Digital de la revista Signos. Ver, Martínez, D. (2020). Amazonía Peruana y Covid-19. Signos, pp 3. Recuperado de https://cep.com.pe/publicaciones/signos-digital-22-mayo-2020/.
[2] Ver, Martínez, D., Delgado, C., Guiop, I. (27 de abril de 2020). Comunidades nativas y focos de contagio por COVID-19 en la Amazonía peruana. CooperAcción Opina. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/comunidades-nativas-y-focos-de-contagio-en-la-amazonia/.
[3] La cifra incluye los casos sospechosos de víctimas fatales de Covid-19, reportadas por la Dirección Regional de Salud de Loreto.

25 de mayo de 2020

Leonidas Wiener R.
22/05/2020
Imagen: El Comercio

A fines de febrero del presente año, días antes que se inicie la emergencia generada por el coronavirus (COVID-19), la empresa minera Las Bambas obtuvo un permiso del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para aumentar su flota de camiones para el transporte de los minerales, a través del denominado corredor minero. Como se conoce, este corredor ha sido el epicentro de diversos episodios de conflictos sociales de suma gravedad, originados principalmente por los impactos ambientales y sociales que conlleva el tránsito diario de cientos de volquetes, y la afectación al derecho de propiedad de las comunidades e individuos que tienen sus terrenos en los contornos de esta carretera. Las capacidades de los últimos gobiernos para afrontar esta situación no han sido suficientes, lo cual ha llevado a declarar casi ininterrumpidamente el estado de emergencia en el corredor minero por 3 años seguidos. Si a los limeños les resulta inusual este estado de emergencia originado por el COVID-19 que se ha iniciado hace más de dos meses, imaginen la situación de la población que habita en estas zonas cercanas al corredor minero, y que tienen que soportar una permanente militarización de la zona y la restricción de sus derechos a la libertad, el tránsito y a la reunión.

Por los motivos descritos, la situación en el corredor minero no debe ser colocada en un segundo plano, aún en una situación de emergencia sanitaria como la que viene generando el COVID-19 a nivel nacional. Dicho esto, y tal como se señaló al inicio, el 28 de febrero de 2020 se aprobó el denominado Plan Ambiental Detallado (PAD) a Las Bambas, mediante Resolución Directoral 047-2020-MINEM/DGAAM. Este PAD permite a Las Bambas aumentar el número de sus camiones en supuestos de contingencias. A partir de un análisis de este PAD y la norma que lo regula, se han podido identificar una serie de irregularidades que se sintetizan a continuación:

El PAD aprobado a Las Bambas y que permite a la empresa aumentar el número de camiones no ha tomado en cuenta los informes realizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y que determinaron los impactos ambientales (aire, ruido) que venía generando el transporte de los minerales, así como también los potenciales daños adicionales que se podían generar si se aumentaba el número de camiones. Ello dio lugar al dictado de medidas preventivas contra la empresa para disminuir el número de camiones que venía transitando y para implementar medidas de reducción de los impactos ambientales. Ni la evaluación realizada por el OEFA, ni los alcances de las medidas preventivas dictadas por este órgano, fueron tomadas en cuenta por el MINEM para evaluar y aprobar el PAD a Las Bambas.
Los PAD constituyen instrumentos de gestión ambiental que son regulados en el Reglamento de Cierre de Minas. Pero los PAD tienen como finalidad adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la respectiva certificación ambiental. En esa medida, los PAD incorporarían estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo EIA. Hasta acá surge una pregunta que salta a la vista: ¿por qué el PAD se encuentra comprendido en el Reglamento de cierre de minas y no en el Reglamento Ambiental Minero? El primero tiene como finalidad regular las acciones de las empresas mineras para que sus actividades de cierre restituyan el ecosistema afectado a la situación previa antes de que se inicie la explotación (en la medida de lo posible). El PAD no tiene esa finalidad, y por lo tanto no tiene sentido que se encuentre regulado en el Reglamento de Cierre de Minas. Ello altera la unicidad e integralidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En la misma línea de lo anterior, resulta irregular que el PAD sea aprobado por el MINEM y no por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). Desde el 2015, el SENACE asumió la competencia de aprobar todos los EIA de grandes proyectos, como es el caso de Las Bambas. Como se recuerda, antes el que cumplía esa función era el MINEM, lo cual generaba una distorsión en el proceso de certificación ambiental, puesto que el mismo sector encargado de promover las inversiones mineras era a la vez el encargado de ponerle límites. En ese sentido, ¿por qué generar una mayor dispersión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al regresar una competencia al MINEM que ya había sido transferida al SENACE?
En ese sentido, no existe fundamento legal para que la competencia de su aprobación siga a cargo de la DGAAM del MINEM. Además, se ha podido identificar que el SENACE no participó en el proceso de evaluación del PAD aprobado a Las Bambas. El hecho es que la norma que regula los PAD tampoco obliga al MINEM a derivar la evaluación de los PAD al SENACE. El problema descrito vulneraría el principio de competencia como requisito de validez de los actos administrativos, y además el principio de legalidad, regulados ambos en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por último, la norma que regula los PAD (Decreto Supremo N° 013-2019-EM) vulnera una norma de rango superior, que es la Ley de Creación del SENACE (Ley 29968). La Ley del SENACE determina que este órgano sea el encargado de evaluar y aprobar los EIA de grandes proyectos mineros, como el caso de Las Bambas. Pero pueden establecerse exclusiones, con la salvedad de que sean aprobadas por un decreto supremo que tenga el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Sin embargo, en el caso de los PAD, la norma que los aprueba (la modificatoria del Reglamento de Cierre de Minas) solo cuenta con la aprobación del presidente y los ministros del ambiente y energía y minas. En ese sentido, la norma que regula los PAD tendría otra causal de invalidez que podría plantearse en una demanda judicial de acción popular.
Por los motivos descritos, existen diversas irregularidades en el PAD aprobado a la minera Las Bambas y que permite el aumento del número de camiones para el transporte de sus minerales. Estos problemas no solamente abarcan al PAD aprobado a Las Bambas, sino que también refiere a la misma naturaleza de los PAD y la forma cómo se encuentran regulados. Este instrumento podría ser utilizado por otras empresas mineras para regularizar componentes o actividades de sus procesos operativos que no hayan sido aprobados previamente en un EIA. Y para ello no tendrían la obligación de acudir al órgano correspondiente (SENACE), sino que podrían hacerlo a través del mismo MINEM, generando una distorsión en el SEIA que -aparentemente- ya se había superado con la creación del SENACE. Como se indicó al inicio, la emergencia sanitaria generada por el COVID, no debe hacer perder de vista otros importantes temas relacionados con la gobernanza de las actividades mineras en el país, y que pueden desencadenar en futuros conflictos sociales si no se corrigen a tiempo.

Para acceder al análisis legal sobre el PAD aprobado a Las Bambas, hacer click aquí.
http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/05/An%C3%A1lisis-RD-que-aumenta-n%C3%BAmero-de-camiones-Las-Bambas.pdf

José De Echave C.
20/05/2020
Imagen: El Comercio

Ayer se conoció que en apenas una semana los casos positivos de Covid 19 en la empresa Marcobre (Marcona, Ica), que lleva adelante el proyecto de Minas Justa, pasaron de 38 a 128. Ya son más de 600 trabajadores mineros en todo el país que han dado positivo en diferentes regiones del país, con el lamentable deceso de uno de ellos.

Luego del primer caso declarado en la empresa Cerro Verde (Arequipa), los casos positivos se fueron presentando en varias empresas en otras regiones como Pasco, Junín, Cusco, La Libertad, Ancash, Puno, Moquegua (ver mapa).

Una de las situaciones más complicadas se presentó en Antamina (Ancash), que hasta el momento ha registrado 210 casos de Covid 19. De esa manera esta empresa minera presentaba más casos positivos que varias regiones del país.

Sin embargo, en estos días CooperAccion ha recibido denuncias de trabajadores mineros de diferentes partes del país que señalan que las cifras que se conocen corresponden solamente a los trabajadores que mantienen una relación directa con la empresa minera titular de la operación y que no se estaría registrando los casos positivos de trabajadores mineros de empresas contratistas e intermediarias.

Sería importante que las autoridades correspondientes del sector Energía y Minas o de Trabajo, aclaren si se está monitoreando al total de trabajadores mineros del país y si su registro incluye a todos. Como se sabe, del conjunto de trabajadores que laboran en la minería formal, apenas alrededor de un 30% mantiene una relación contractual de manera directa con la empresa minera; la gran mayoría son trabajadores de empresas contratistas o intermediarias que enfrentan los mismos o mayores riesgos de contagio.

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18/05/2020
Foto: Imagen referencial

La minera de metales preciosos Hochschild Mining ha cumplido todos los requisitos para reiniciar las operaciones en Perú, y tiene como objetivo lograr la producción total en las próximas semanas.

La compañía minera comenzaría a aumentar progresivamente sus operaciones en las minas Inmaculada y Pallancata, en Ayacucho.

“Tenemos la intención de ejecutar una movilización disciplinada de nuestra fuerza laboral de acuerdo con los protocolos y directrices de salud prescritos por el gobierno. En estos tiempos sin precedentes, seguimos priorizando la salud y el bienestar de nuestros empleados y de las comunidades en las que operamos”. dijo el CEO Ignacio Bustamante.

Hochschild dijo que volvería a emitir su guía para todo el año una vez que se lograra la producción completa y el impacto general de las suspensiones fuera claro.

El mes pasado, Hochschild retiró su pronóstico para el 2020 citando incertidumbres relacionadas con la crisis del coronavirus.

En línea con las pautas gubernamentales actuales, se espera que el programa de exploración brownfield de la compañía vuelva a comenzar en julio.

En Argentina, Hochschild reinició las operaciones de la mina San José y está siguiendo un proceso de aceleración gradual.

Fuente: Gestión

Hochschild reiniciará minas peruanas Inmaculada y Pallancata

19/05/2020
Imagen refencial / Foto: Christian Sprogo

En marzo, la minera Freeport McMoran presentó un arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), ahora se suma su socia SMM Cerro Verde con una participación del 46,44 % en la concesión minera Cerro Verde, en la región de Arequipa, uno de los productores de cobre más importantes del Perú.

El 13 de mayo de 2020, la Secretaría del CIADI registró la presentación del arbitraje de SMM Cerro Verde BV contra Perú invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Países Bajos-Perú (1994).

El origen de la disputa con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se relaciona con un acuerdo de estabilidad fiscal de 1998 que la compañía firmó con el gobierno peruano e impuestos originados en el período 2006-2008. A finales de 2019, la compañía pagó 711,1 millones de soles (más de USD214 millones) por regalías durante esos años.

Los propietarios de Cerro Verde argumentan que no les correspondía pagar este concepto por tener un Contrato de Estabilidad Tributaria firmado en 1998, que es anterior al de regalías mineras, contribución que fue creada en 2004.

Al amparo de ese contrato, la minera realizó en 2004 otro proyecto, una planta de sulfuros primarios para repotenciar su planta de lixiviación. La controversia surge porque para Sunat, el contrato de estabilidad regía para la planta de lixiviación pero no para la de sulfuros primarios. Por eso le cobró regalías correspondientes de los años 2006, 2007 y 2008. Cerro Verde apeló las disposiciones y llegó hasta el Poder Judicial para revertir estos cobros. Pero estos procesos le fueron adversos.
El otro arbitraje

La estadounidense Freeport McMoran es propietaria del 53,56 % de la concesión y el pasado 16 de marzo inició el arbitraje de inversiones contra Perú ante el CIADI.

Freeport-McMoran invoca el incumplimiento del Acuerdo de Promoción del Comercio EE.UU. – Perú para reclamar sus derechos sobre Cerro Verde.

“En 2018, el ente recaudador (peruano) dio a conocer que Cerro Verde tenía una deuda pendiente de 1.100 millones de soles (unos 330 millones de dólares) por regalías no canceladas entre 2006 y 2011”, dijo el diario El Comercio en su edición en línea.

Freeport McMoran, compañía con sede en Arizona (EE.UU.) opera activos con importantes reservas de cobre, oro y molibdeno. Cerro Verde es la productora de cobre más importante de Perú.

Fuente: Ciar Global

Perú enfrentará nuevo arbitraje por mina Cerro Verde

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Alerta informativa 19/05/2020
En un reciente video, el Sindicato de empleados de la empresa minera Shougang Hierro Perú, ubicada en el distrito de Marcona, en la región Ica, rechazó las acciones que atentarían contra la seguridad y salud en el trabajo por parte de la mencionada empresa y Marcobre.

Imagen: Rumbo Minero
La asesora legal del sindicato Marilia Melendez, señaló en el video que hasta la fecha “la empresa no ha comunicado ni al sindicato ni a los trabajadores de la aprobación ni el contenido del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 conforme a lo establecido por resolución ministerial 128 y 129-2020 del MINEM que exigen que ese plan sea verificado previamente por ese ministerio y el MINSA.”

Asimismo recalcó “Sin ese plan no pueden reiniciar operaciones. Sin embargo la empresa estaría convocando nuevo personal sin cumplir esas normas. De esta manera se expone la seguridad y salud de los trabajadores y la población de Marcona.”

También exigió a la empresa que cualquier cambio sobre la jornada de trabajo debe respetar el convenio colectivo firmado con los trabajadores, debe respetarse el contrato de trabajo, el horario y reconociendo los sobretiempos. Debe haber un consenso con el sindicato previamente.

En Marcona hay 33 casos confirmados de Covid.19. Los hospitales del MINSA y Essalud no cuentan con la infraestructura adecuada para atender los casos, por lo que el sindicato está vigilante de cualquier acción que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores.

Finalmente hizo un llamado a la empresa a que ponga la vida y el capital humano por encima de sus ganancias.

cooperaccion.org.pe
15/05/2020
Desde que se reportó el primer caso de contagio por Covid-19 en una unidad minera (Cerro Verde, Arequipa), el 25 de marzo[1], la cifra ha ido en aumento. El 07 de mayo, el Gran Angular[2] informó que hasta el cierre de su edición, se registraban 266 trabajadores mineros contagiados en 10 minas de todo el país. Ese mismo día, la Red Muqui reportó[3] que 6 trabajadores de Quellaveco, de propiedad de Anglo American, habían dado positivo al test de coronavirus.

Según las últimas actualizaciones, hechas hasta el día de ayer, los nuevos casos de contagiados en unidades mineras, casi se han duplicado en una semana. El Gobierno Regional de La Libertad, a través de un comunicado oficial[4], señaló que el Consorcio Minero Horizonte, practicó 1008 pruebas rápidas de descarte de Covid-19 a sus trabajadores, teniendo como resultado 195 casos positivos. Además agrega el comunicado, que la empresa Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), ha reportado oficialmente a 4 trabajadores infectados con coronavirus.

Por otro lado, la empresa minera Marcobre S.A.C. (Marcona) propietaria de Mina Justa, el día ayer, confirmó a través de un comunicado a la opinión pública[5], que de las 600 pruebas rápidas realizadas a sus trabajadores, para descartar la presencia del coronavirus, los resultados han arrojado 38 casos positivos.

Al cierre de la edición del presente informe, se contabiliza un total de 509 trabadores mineros contagiados con Covid-19, en su mayoría de unidades mineras en producción (12), 2 en exploración y una empresa de almacenamiento de minerales (Impala Terminals). La mayoría de casos pertenecen a la Compañía Minera Antamina S.A. (216) y el Consorcio Minero Horizonte (195).

Unidades mineras con trabajadores contagiados con Covid-19

CooperAcción ha cuestionado la decisión del Ministerio de Energía y Minas de autorizar la actividad minera en medio de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional[7], dado que el desarrollo de la minería implica la constante movilización de trabajadores desde y hacia las minas. Los trabajadores, en la mayoría de casos viven en las grandes ciudades, que en la actualidad presentan las mayores tasas de casos positivos de Covid-19.

La continuidad de la actividad minera, en las condiciones actuales, no solo es un riesgo para la salud de sus trabadores, sino que expone al contagio a poblaciones contiguas a las operaciones mineras, muchas de ellas en alto grado vulnerabilidad, Hoy queda claro, que varias unidades mineras en el país, se están convirtiendo en focos de contagio del coronavirus[8], por lo que el sector debería hacer una evaluación muy seria de cómo ha venido operando en estos tiempos de pandemia e implementar protocolos de bioseguridad obligatorios o suspender sus operaciones como viene ocurriendo en varios países en todo el mundo.

Anexos:
[1] CooperAcción (26/03/2020). Primer caso reportado de Covid-19 en el sector minero. CooperAcción Informa. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/primer-caso-reportado-de-covid-19-en-el-sector-minero/.
[2] El Gran Angular (07/05/2020). Trabajadores de Chinalco paralizan operaciones y reportan nueve casos de Covid-19. Recuperado de http://elgranangular.com/blog/reportaje/trabajadores-de-chinalco-paralizan-operaciones-y-reportan-nueve-casos-de-covid-19/.
[3] Red Muqui (07/05/2020). Moquegua: Ya son 6 trabajadores de Anglo American contagiados de Covid-19. Muqui Informa. Noticias. Recuperado de https://muqui.org/noticias/moquegua-ya-son-6-trabajadores-de-anglo-american-contagiados-de-covid-19/.
[4] Gobierno Regional de La Libertad (14/05/2020). Comunicado Oficial [Facebook status update]. Recuperado de https://www.facebook.com/GRLaLibertad/photos/a.264981636858188/3119735848049405/?type=3&theater.
[5] El Gran Angular (14/05/2020). 38 trabajadores de la mina Marcobre (Minsur) tienen COVID-19, con estos casos el sector minero ya reporta más de 500 casos de trabajadores con coronavirus [Facebook status update]. Recuperado de https://www.facebook.com/PortalGranAngular/photos/a.574092626079599/1587280434760808/?type=3&theater.
[6] Impala Terminals, es una empresa que prestadora de servicios logísticos, entre ellos el de almacenamiento de minerales.
[7] CooperAcción (14/04/2020). En emergencia las decisiones deben tomar en cuenta a todos los actores. CooperAcción Opina. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/en-la-emergencia-las-decisiones-deben-tomar-en-cuenta-a-todos-los-actores/.
[8] Sobre este tema el equipo de geógrafos de CooperAcción está realizando una investigación de aquellas unidades mineras donde se han registrado casos positivos de coronavirus y la posible relación directa con contagios por Covid-19 a poblaciones de centros poblados aledaños.

Leonidas Wiener R.
13/05/2020
Imagen: Diario Correo

La semana pasada, el MINEM aprobó el “Protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector electricidad” (RM 128-2020-MINEM/DM). Este establece una serie de medidas preventivas para la detección temprana y respuesta que eviten o controlen la propagación del COVID-19 entre los trabajadores de estos subsectores. Este Protocolo se enmarca en los lineamientos aprobados por el MINSA para ser aplicados en los distintos espacios laborales conforme al rubro económico respectivo.

De esa manera, en el marco del aun inicial proceso de reactivación económica que viene impulsando el gobierno para enfrentar los estragos que ha ocasionado el COVID-19, se están disponiendo las condiciones sanitarias mínimas para que las actividades extractivas estén entre las primeras en reanudar sus actividades. Sin embargo, una interrogante muy importante no se ha podido aclarar hasta la fecha: ¿cómo se van a seguir desarrollando las relaciones comunitarias por parte de las empresas extractivas?; o, dicho de otra manera, ¿de qué manera se van a llevar a cabo las relaciones entre estas empresas y la población de su zona de influencia en un contexto de emergencia sanitaria?

Los planes de relaciones comunitarias, o planes de gestión social, son uno de los componentes de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos extractivos, sea de minería o hidrocarburos. Estos varían de acuerdo a las características del proyecto, pero por lo general, incluyen programas de comunicación e información con la población de la zona de influencia (stakeholders), sistemas de atención de reclamos, códigos de conducta, planes de contratación temporal de personal de la zona, programas de desarrollo local, planes de negociación y compensación por las tierras, entre otros. El propósito de estos planes es generar condiciones sociales mínimas para la ejecución de un proyecto de inversión. Inevitablemente su aplicación, genera un contacto permanente entre trabajadores de la empresa y la población, sea para negociar la compra o el alquiler de un terreno comunal, verificar los avances de un proyecto de irrigación o innovación agropecuaria financiado por la empresa, o designar a un grupo de personas que realizará labores temporales.

La pregunta que salta a la vista es: ¿estas relaciones se mantendrán de la misma manera en un contexto de COVID-19? Hasta la fecha el gobierno no ha aprobado ningún lineamiento o protocolo para evitar la propagación del COVID-19 entre la población que reside en las zonas de influencia de estas industrias extractivas. Como se sabe, esta población corresponde principalmente a comunidades campesinas y nativas en situación de pobreza y pobreza extrema, muchos de ellos adultos mayores, altamente vulnerables a los efectos de esta pandemia.

La omisión de un protocolo de estas características representa una delicada omisión que el gobierno no ha podido resolver hasta la fecha. Sobre este punto, en la RM 129-2020-MINEM/DM, que aprueba los criterios de focalización territorial para reiniciar las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad, se hace una pequeña mención en el sentido que las empresas deben socializar y difundir sus planes internos de contención del COVID-19. Pero tal como está redactado, más parece una guía de buenas prácticas que una obligación fiscalizable. Esta norma tampoco desarrolla criterios sobre la forma cómo se van a desarrollar estas acciones de difusión ni quién les va a hacer seguimiento, dejándolo a la decisión discrecional de las empresas.

Tampoco se tiene información si es que las grandes empresas extractivas que operan en el país vienen adecuando sus prácticas internas para adecuar sus relaciones comunitarias en este escenario de COVID-19. Por lo visto hasta la fecha, muchas empresas mineras no han estado actuando con la debida diligencia, reportándose más de 250 casos de trabajadores infectados (a pesar de que supuestamente las empresas estaban operando confinadas todo este tiempo), y produciéndose además, tensiones sociales en distintas partes del país por la falta de transparencia de algunas empresas mineras para informar sobre los traslados del personal para los relevos respectivos .

Muchas interrogantes por responder y temas que requieren ser aclarados, pero que lamentablemente parecen encontrar cada vez menos eco en un gobierno fuertemente presionado por sectores empresariales privados que por las urgencias del día, no tienen reparos en dejar de lado obligaciones y compromisos ambientales y sociales

José De Echave C.
12/05/2020
Imagen: Jornal Dia Dia

En mis épocas de estudiante, un profesor de economía nos explicaba que las crisis pueden ser clasificadas utilizando tres letras:

Hay crisis que son en V. Son las presentan una caída abrupta de la economía pero al mismo tiempo se produce una recuperación o rebote rápido. ¿Un ejemplo? La que ocurrió el año 2008. Caracterizada como una típica crisis financiera, tuvo su origen en el colapso de una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que rápidamente se expandió al resto del mundo: los bancos de inversión comenzaron a registrar pérdidas importantes en todo el mundo, mientras que los bancos centrales tuvieron que salir al rescate, inyectando fuertes fondos (algo que en estos días suena familiar), para evitar crisis de liquidez y una quiebra generalizada del sistema. Sin embargo, al año siguiente las cosas habían regresado más o menos a la normalidad y varios indicadores de la economía global comenzaron a recuperarse del bache (por ejemplo, los precios de las materias primas se recuperaron rápidamente y el súper ciclo continuó algunos años más). En el caso del Perú, el shock externo provocó que su PBI pasara de una tasa de expansión de 8% o 9% a apenas 1%. Sin embargo, el año siguiente se recuperaron las tasas de crecimiento previas a la crisis.
Hay otras crisis que son en U. También registran una caída abrupta de la economía, pero con un período de recesión y estancamiento que dura bastante más tiempo. En este tipo de crisis, el shock externo puede estar acompañado de shocks internos. Se puede decir que un ejemplo de este tipo de crisis ocurrió a finales de la década del 90, luego del estallido de la denominada crisis rusa y asiática que afectó a toda la economía global, provocando entre varias efectos, la caída drástica de las cotizaciones de las principales materias primas. En el Perú, el shock externo estuvo acompañado de un conjunto de pésimas decisiones en política económica y, sobre todo, de una crisis política (la fase final de la dictadura fujimorista) que agravó la situación.
Finalmente, tenemos las crisis en L, que son las más complejas y duras porque implican períodos bastante largos de recesión. Estas crisis pueden tener diferentes orígenes: guerras mundiales o conflictos bélicos que afectan a regiones enteras y por supuesto destrozan la economía; grandes epidemias y los propios colapsos económicos y financieros que cada cierto tiempo golpean los mercados globales. En este tipo de crisis también se combina el shock externo con el interno y para salir se necesita poner en marcha maquinarias complejas de rescate de diferente tipo. ¿Ejemplos de crisis en L? Las dos guerras mundiales y los posteriores años de reconstrucción; los conflictos bélicos que han afectado varias regiones en el mundo, la propia década del 80, que para varios países representó casi toda una década perdida, etc.

¿Qué tipo de crisis es la estamos viviendo y sobre todo qué es lo que se nos viene? Para comenzar, definitivamente no será en V. Los que piensan que el próximo año la economía va a rebotar como ocurrió entre el 2008 y 2009, no están entendiendo la real dimensión de los acontecimientos. Lo cierto es que estamos frente a una o quizás la peor contracción de la actividad económica desde que se iniciaron los registros: el comercio global está colapsado, lo mismo que la conectividad, y se proyecta que la economía mundial registre una fuerte caída del producto bruto. Por supuesto, todo esto tendrá un impacto muy fuerte en las economías latinoamericanas: la CEPAL identifica por lo menos seis canales de transmisión que tendrán un impacto negativo en las economías de la región (ver gráfico).

Fuente: Comisión Económica para América Latina

En el caso de la economía peruana todo indica que el retroceso también será uno de los peores de nuestra historia. Si queremos buscar antecedentes, lo que puede ocurrir este año y el próximo nos remonta, probablemente, a los años de la guerra con Chile y sus efectos devastadores; por lo que la tarea en los próximos años será casi de reconstrucción nacional (mensaje para los que pretenden ser sucesores de Vizcarra). Hay consenso en proyectar una caída del Producto Bruto Interno de dos dígitos, algo que no se había visto desde hace un buen tiempo, lo que significa el colapso de varios sectores, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo (de hecho, según las últimas encuestas, el 31% de peruanos y peruanas ya se han quedado sin trabajo desde que se decretó el confinamiento) y, lo que es más dramático, un porcentaje alto de la población pasará a engrosar las filas de pobres y pobres extremos.

Además, todo indica que en el manejo de las crisis, los márgenes de autonomía para intentar hacerle frente pueden ser muy limitados. Un ejemplo: por el momento se viene enfrentando la emergencia rompiendo los “chanchitos” de ahorros acumulados en las últimas décadas (dicho sea de paso esos ahorros debieron ser mucho más importantes si se hubiese implementado una reforma tributaria; se hubiese cobrado el impuesto a las sobre ganancias a las mineras y; se hubiese luchado contra la evasión y elusión fiscal, etc.); sin embargo cuando se acaben estos fondos la alternativa que queda será endeudarse con todo lo que eso implica en materia de autonomía.

En suma, la caída será abrupta (de hecho ya la estamos viviendo), la recuperación será muy lenta por el impacto devastador en todo el aparato productivo y con márgenes muy estrechos de maniobra. Todo indica que nos moveremos entre una crisis en U con el riesgo que se pueda convertir en L.
Fuente: Cooperaccion