Foto: Informe OCM
Lima, 17/07/2020 (Prensa Latina) La decisión del nuevo primer ministro peruano, Pedro Cateriano, de destrabar proyectos mineros pendientes, tiene como contexto una conflictividad social en gestación o potencial, revelado por un panel de expertos en el tema.

El panel se realizó en la presentación del informe semestral del Observatorio de Conflictos mineros y coincidió con la juramentación de un nuevo gabinete ministerial encabezado por Cateriano, quien considera fundamental el llamado destrabe para superar la crisis económica causada por la emergencia contra la Covid-19.

Los participantes en el encuentro coincidieron en que la agenda conflictiva del sector minero debe ser atendida con urgencia ante la crítica situación y con el diálogo como vía de solución de los problemas, lo que excluye el uso de la fuerza.

El informe consignó que a los 139 conflictos pre-existentes, en el primer semestre del año se sumaron 36 nuevos, pese a la cuarentena contra la Covid-19, en la que cerca de tres mil trabajadores mineros fueron contagiados.

El panelista José De Echave, investigador de la organización no gubernamental CooperAcción, señaló que las entidades empresariales presionaron mucho para mantener activa la minería, sin pensar en las consecuencias y sin proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas.

De Echave apuntó que uno de los retos del nuevo ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde -de perfil empresarial-, será garantizar la seguridad de los trabajadores en las operaciones, en las que, dijo, se redujo la exigencia de los protocolos y la Federación de Trabajadores mineros no ha sido consultada.

El defensor adjunto del Pueblo para conflictos sociales, Rolando Luque, señaló que los nuevos diferendos se originan en torno a las quejas por los insuficientes protocolos sanitarios aplicados por las empresas mineras durante la cuarentena.

El reporte advierte también, además, que se reactivaron conflictos pre-existentes, el más importante debido a que la transacional Southern reactivó su campaña para retomar el proyecto minero Tía María, congelado por el rechazo social.

La población del área de influencia, que ha derramado sangre en años anteriores en defensa de su entorno, realizó dos protestas contra la campaña de la empresa, cuyo proyecto cuprífero adversan por considerar que arruinará, la rica agricultura de la zona

En la campaña de presión que derivó en la renovación del gabinete ministerial, Tía María fue mencionado como una especie de emblema de la necesidad de sacar adelante los proyectos mineros pese a la oposición de las poblaciones, esta vez alegando la crisis económica causada por la pandemia.

En el sur andino se destacaron las protestas de las organizaciones sociales y comunidades campesinas del llamado Corredor Minero del Sur denunciaron la actividad excesiva de la empresa minera Las Bambas, que el año pasado motivó un largo conflicto social.

Luque advirtió también que en la provincia surandina de Espinar y en otros territorios, las organizaciones reactivan sus reclamos de atención a problemas pendientes, a los que se han agregado nuevos.

‘Es necesario que el Estado se comunique con ellos y renueve su compromiso con el diálogo que se vio interrumpido en el marco de la pandemia’, aseveró.

Los panelistas coincidieron en que el Gobierno debe evitar decisiones arbitrarias y definir apropiados mecanismos de diálogo como forma de llegar a la solución de los conflictos.

El ex viceministro de Minería, Miguel Incháustegui, recordó el carácter histórico de la conflictividad en la minería que han dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019 y se debe ir a las causas y hacer el esfuerzo por generar consenso y resolver temas.

Rechazó la consigna neoliberal de que ‘la minería va, sí o sí’, pues ‘buscando el consenso y viendo las bondades y riesgos, se puede llegar a definir si en determinada región puede haber minería o no’.
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=382479&SEO=destrabar-proyectos-mineros-puede-generar-mas-conflictos-en-peru

Foto: CooperAcción
19/07/2020
Como parte de las estrategias de fortalecimiento de la economía comunal en tiempos de COVID-19 y de autonomía económica para el empoderamiento de las mujeres del Sur Andino, el pasado lunes la Asociación de Mujeres Emprendedoras Pachamama junto a CooperAcción inauguraron el primer invernadero en la comunidad campesina de Siwincha (distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, Cusco).

La pandemia ha afectado la economía de la agricultura familiar que actualmente tiene amenazada la continuidad de su labor para asegurar la alimentación de las familias y el abastecimiento de mercados. Así mismo, debido a las heladas y los cambios en el clima en las regiones del Sur Andino, los cultivos se ven amenazados y se requiere de estrategias y acciones que ayuden a reducir estos daños. Este contexto está acentuando los impactos en la vida de las mujeres rurales, debido a su sobrecarga en responsabilidades del cuidado de la familia y también por el trabajo que implica el cuidado y la defensa de sus territorios. Recordemos que, pese al confinamiento y el estado de emergencia, las mujeres no han dejado de plantear, articular, organizar y trabajar alternativas para la vida.

Este proyecto de invernadero, liderado por mujeres campesinas y de pueblos originarios, se ha venido organizando con el fin de fortalecer sus conocimientos de trabajo con la tierra y de generar una economía básica que beneficia, principalmente, a sus familias y con ello a sus comunidades. Este grupo de mujeres horticultoras hará uso del invernadero para focalizarse en la producción de fresas por un espacio de dos años, las cuales podrían ser altamente valorizadas en el mercado y generar ingresos semanales.

Es importante resaltar la presencia de actores locales en la ceremonia de inauguración como funcionarios de la Municipalidad de Chamaca y el equipo pastoral de la localidad, los cuales legitiman y reconocen el valor de la organización sobre todo en tiempos de pandemia. Las mujeres reconocieron este paso como una oportunidad para fortalecer su economía comunal, generar ingresos para sus familias y a la vez continuar con su autoreconocimiento como mujeres líderes, defensoras del ambiente y la soberanía alimentaria, innovadoras y emprendedoras.

Por NoticiasporelMundo –
15/07/2020
La población de la provincia cusqueña de Espinar empezó esta madrugada una protesta para exigir a la empresa minera Antapaccay (del grupo Glencore) que apruebe el desembolso de S/ 50 000 000 del Convenio Marco para entregar un bono de S/ 1000 a favor de cada elector espinarense.

La protesta empezó luego que la noche del martes no hubo acuerdos en el diálogo entre autoridades y dirigentes de Espinar con la representación del Ejecutivo nacional y la empresa minera.

El impasse surgió luego que el Comité de Gestión del Convenio Marco, que es un fondo económico constituido por el aporte voluntario de la minera que equivale al 3% de sus utilidades anuales, aprobó un proyecto para entregar el bono económico.

No obstabte, Antapaccay se opone a la entrega del fondo económico, porque no cumple con los fines establecidos en el reglamento del Convenio Marco y, según sostiene la empresa minera, porque pone en riesgo el desarrollo de proyectos que ya estaban aprobados.

Además del bloqueo del Corredor Minero del Sur, hay marchas en varias capitales distritales, porque la protesta no sólo implica reclamar el bono sino también el rechazo al proyecto de ampliación del proyecto Ccorocohuayco, así como piden el cambio de jueces y fiscales y policias, y reclaman atención a las personas afectadas o contaminadas con metales pesados.
https://noticiasporelmundo.com/bono-de-mil-soles-cusco-espinar-inicio-protestas-contra-minera-antapaccay-lrsd-sociedad-noticias-peru

Luis Gárate – Cooperaccion
17/07/2020
Imagen: Gestión
El gobierno de Martín Vizcarra ha cambiado su gabinete y ha nombrado como Presidente del Consejo de Ministro a Pedro Cateriano, un político de trayectoria y experiencia que ya ocupó antes ese puesto y que tiene una abierta posición favorable a la actividad minera.

Estos cambios en el gobierno que preside Martín Vizcarra tienen varias lecturas. Una es que el gabinete necesitaba refrescarse debido al desgaste propio de atender la crisis que ha traído la pandemia del COVID19y a un Estado que se ha visto desbordado en su capacidad de atender a la población. Por otro lado, el nuevo jefe del gabinete ha mostrado actitudes firmes y ha sido confrontacional con sus adversarios políticos.Lo fue con la alianza fujiaprista que dominó el anterior Congreso.

Pero con esa misma firmeza y vehemencia, Cateriano también es un férreo defensor de las inversiones privadas y el libre mercado. Se ha expresado innumerables veces en ese sentido. Lo hizo por ejemplo, cuando ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, sobre todo cuando se reactivó el conflicto social en el Valle de Tambo en Islay, Arequipa, cuando se intentaba sacar adelante el proyecto minero Tía María. En ese momento declaró que:»El Perú es un país minero. La minería del pasado con tecnología antigua ya no es la que se aplica hoy. Hay que persuadir a la población. También hay que hacer comprender a los empresarios que la riqueza debe ser compartida. La inversión genera riqueza. La única manera de salir de la pobreza es generando riqueza».[1]

En ese momento también tuvo expresiones muy duras en contra de los agricultores que salieron a protestar por la reactivación de Tía María. Pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que actúen para que los detenidos en Islay no salgan libres: “Exhorto al presidente del Poder Judicial y la Fiscalía para que apliquen la Constitución y la ley”, dijo en una conferencia de prensa en abril de 2015.[2]

Cateriano participó en ese momento en una mesa de diálogo que se formó con autoridades regionales y locales. Insistióen que el diálogo era importante paraabsolver las dudas técnicas que tenía la población para que este proyecto se pueda implementar y de esa manera llevar bienestar para la región. Sin embargo, luego de eso, no se terminaron de responder las dudas técnicas de la población y la empresa tuvo que optar por una nueva pausa. Como se sabe, hasta ahora, el proyecto sigue detenido.

En sus primeras declaraciones, Cateriano ha reiterado que su principal misión seráenfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica. Ha señalado que una de sus principales acciones será “destrabar” las inversiones mineras, reiterando -como lo dijo años atrás- que el Perú es un país minero y requiere de estas inversiones.

En ese mismo sentido cabe mencionar que entre los cambios del gabinete se ha nombrado a Rafael Belaúnde, nieto del ex Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry. El flamante ministro es un personaje vinculado al sector minero, habiendo sido parte de la empresa minera Argento y de otra empresa denominada Remediadora Ambiental SAC.

Queda claro que con el ingreso de Cateriano y ministros, como Belaúnde, el gobierno busca acelerar el proceso de reactivación económica. Pero como se puede advertir, claramente los nuevos ministros envían señales de estar más cerca de los gremios e intereses empresariales que de los sectores sociales más vulnerables y las comunidades.

Si bien es cierto que amplios sectores de la sociedad coinciden en que se debe reactivar la economía, esto debe hacerse tomando las precauciones del caso. El sector minero ha sido uno de los que más descuido ha mostrado en la aplicación de protocolos sanitarios entre sus trabajadores: ya son casi 3 mil trabajadores mineros contagiados a la fecha. Por otro lado, conflictos sociales como Tía María, siguen latentes y la población se encuentra expectante. Estaremos atentos a la actuación del nuevo gabinete.

[1]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/05/pedro-cateriano-sobre-tia-maria-el-peru-es-un-pais-minero/jorgepaucar/

[2]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/15/tia-maria-y-la-mano-dura-de-pedro-cateriano/jorgepaucar/

14/07/2020
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcciónen el marcode este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el informe del Observatorio de Conflictos Mineros correspondiente al primer semestre de este año, el cual será presentado el próximo miércoles 15 de julio desde las 5:30 pm en una transmisión oficial del portal Wayka.pe. En la mesa participarán la Congresista Rocío Silva Santistevan, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, al ex Viceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de FEDEPAZ David Velazco.

Inscríbete y recibe en exclusiva el informe aquí: https://forms.gle/i9ZLgvJMU9MPoWoq6

13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe