29/06/2024 Observatorio de Conflictos Mineros en el Peru
Masivo paro se realizó en la Provincia de Cotabambas ayer 18 y hoy 19 de junio, la movilización de 48 horas fue convocado por diversas organizaciones sociales y locales de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso provincia Grau en la región Apurímac. Esta medida de protesta surgió como respuesta a la falta de un acuerdo económico satisfactorio con la empresa minera MMG Las Bambas, tras la reunión del pasado 13 de junio en la Casa de la Cultura del distrito de Tambobamba.

Cabe mencionar que, en la reunión del 13, los dirigentes locales rechazaron las propuestas económicas presentadas por Las Bambas, que incluían una inversión de S/ 134 millones en Obras por Impuestos, S/ 8.6 millones para asistencia técnica, un aporte social voluntario de S/ 21 millones para el período 2024-2026, siendo rechazada esta propuesta, la empresa hizo otra contra propuesta de S/ 50 millones a distribuirse en cinco años a entregarse por única vez.

Frente a estas propuestas, los representantes de Cotabambas, el distrito de Progreso, rechazaron la propuesta de la empresa y exigieron un aporte anual de S/ 100 millones y la inclusión del monto de asistencia técnica como parte del aporte social voluntario, respaldados por el Oficio N° 007-2024-FREDIPOD.

La tensión en la provincia de Cotabambas y en los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia Grau, se mantuvo latente, con manifestaciones pacíficas.

Durante el primer día de paro, las voces de los dirigentes locales resonaron con fuerza en la mayoría de los distritos que acataron la huelga, bloqueando vías estratégicas del corredor minero, como el puente Ichuray y la intersección de las vías de entrada a Challhuahuacho, Las Bambas y Cotabambas.

El segundo día de paro se hizo con contundencia, pobladores de la provincia de Cotabambas, el distrito de Progreso y Huayllati se congregaron en el puente Manantiales entrada a Challhuachuacho, intersección a la entrada de la minera Las Bambas, y con arengas marcharon hacía el pueblo de Challhuahuacho, haciendo un recorrido por las avenidas principales del distrito.

Tras un larga marcha, se dirigieron hacia la entrada Gareta de la minera Las Bambas, lugar donde se reunieron para dar informe del segundo día de paro. Los dirigentes del frente de defensa provincial de Cotabambas y los distritos de Pogreso y Huayllati , en el sector de Manantiales- Challhuahuacho, anunciaron el paro indefinido que iniciará el 22 de julio, frente a la negativa de la empresa Las Bambas de atender su demanda frente al Convenio Marco.

Uno de los anuncios más destacados fue la próxima conformación del Comité de Lucha del Convenio Marco, una instancia que unificará y fortalecerá la lucha organizada de los diversos frentes distritales.
Los representantes del Frente de Defensa del Distrito de Tambobamba, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara, Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas y los distritos de Progreso y Huayllati de la provincia Grau, se comprometieron a unificar su lucha para el anunciado paro indefinido del 22 de julio y advirtieron en radicalizar medidas de fuerza, hasta lograr el Convenio Marco de s/. 100 millones anuales.

26/06/2024
Desde CooperAccion manejamos la hipótesis de que la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y, en escenarios cada vez más complejos, aparecen con mayor fuerza diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, destacan los casos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal en varios departamentos del país y en las zonas con presencia de minería formal, se proponen agendas diversas: oposición a la entrega de concesiones mineras; negociaciones complejas de aportes económicos a través de convenios marco, entre varias otras demandas.

Algunos ejemplos de estos escenarios complejos y diversos: en Ayacucho, el pasado 9 y 10 de abril se llevó a cabo un paro agrario que tenía como agenda central el rechazo a las concesiones y actividades mineras. Si bien la protesta se inició en Vilcashuamán, el paro fue de carácter regional y se concentró en la ciudad de Ayacucho, donde se suspendieron clases, se bloquearon algunas avenidas principales y se cerraron locales comerciales.

Por otro lado, en Cajamarca, los frentes de Chetilla, El Ronquillo y Cajamarca, se movilizaron y emitieron un comunicado rechazando la ejecución del proyecto Colpayoc. La población exige la nulidad de la Resolución Directoral N. 169-2023-MEM-DGAAM, que aprobó la ficha técnica ambiental de exploración en el cerro Colpayoc, zona que es considerada como una importante cabecera de cuenca de los ríos Jequetepeque y Ronquillo.

En Cotabambas, la negociación sobre el aporte económico de la empresa propietaria de Las Bambas a la provincia sigue siendo un tema de controversia. Mientras que la empresa plantea el esquema de “obras por impuestos”, la población propone un aporte de 100 millones de soles por año. El entrampamiento de las negociaciones provocó un paro de 48 horas el pasado 18 y 19 de junio.

En el Valle de Tambo, el rechazo al proyecto minero Tía María se mantiene. Frente a las versiones de la empresa Southern que, supuestamente, tendrían una mayor aceptación de sectores de la población, se publicó un comunicado firmado por un conjunto de representantes de diversas organizaciones sociales de la zona y personalidades, en el que se ratifica que el proyecto minero Tía María y la Tapada es inejecutable.

Otro conflicto, en este caso vinculado a la minería ilegal en la Amazonía, es lo que viene pasando con el pueblo indígena awajún. El pasado 8 de junio, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de la Frontera Norte (ODECOFROC) inició un bloqueo en el río Comainas, a la altura de la comunidad de Canga, en el distrito de El Cenepa (zona fronteriza con Ecuador), para impedir el ingreso de mineros ilegales a las comunidades de Kusu Kubaim y Pagata. Como parte de este operativo fueron detenidos 10 mineros.

Todos estos casos muestran la diversidad de agendas y una clamorosa ausencia del Estado peruano en los territorios. Los pueblos indígenas amazónicos exigen la presencia del Estado para que enfrente a la minería ilegal que los afecta, pero hasta el momento no reciben ninguna respuesta. En otras zonas los reclamos son diversos (económicos, sociales, ambientales) y el común denominador es que las autoridades siguen sin asumir su rol de facilitadores de acuerdos serios y duraderos. Y, menos aún, ni siquiera cumplen con garantizar los derechos de la población.

Es fundamental la presencia del Estado en los territorios, para que se pueda actuar de manera preventiva frente a posibles conflictos y no como ocurre en la actualidad. Además, cualquier estrategia preventiva no puede excluir a los actores originarios, a sus organizaciones y autoridades. Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo en territorios con presencia minera sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías. Estas asimetrías deben ser enfrentadas.

27/06/2024

Cooperaccion
En medio de la criminalización de sus voceros, la población del valle de Tambo realizó una exitosa asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la histórica plaza San Francisco de Cocachacra. Se acordó la medida de lucha para el 19 de julio frente a la pretensión del gobierno y la empresa Southern Copper Perú de imponer el proyecto minero Tía María.

La asamblea también contó con la presencia y el respaldo del presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – base de la CGTP-: Elmer Arenas; del Comité de Lucha de Arequipa, representado por Jorge del Carpio y el representante de los distritos del cono sur de Arequipa: Ramiro Ponce.

Criminalizados
Actualmente, dos exdirigentes reconocidos y mencionados en la asamblea, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, vienen purgando un año de prisión acusados por delitos como entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín durante las protestas del 2015. Los sentenciaron injustamente a más de seis años de prisión bajo la figura de “coautoría no ejecutiva”. Es decir, no por haber ejercido directamente algún disturbio, sino por ser dirigentes que convocaron a una protesta contra el proyecto minero Tía María.

Además, otras tres personas: Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca se encuentran en la clandestinidad por haber sido sentenciadas por los delitos de tortura y disturbios durante las protestas del 2015. Cuando detuvieron a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, en julio y junio del 2023, ambos se encontraban en la clandestinidad. Miguel Meza, uno de los principales voceros del valle de Tambo, también está siendo criminalizado. Ha logrado superar tres acusaciones fiscales junto a su defensa legal, pero todavía tiene pendiente una acusación más por disturbios, que va camino a archivarse, según David Velasco, su abogado.

El abogado de Jaime de la Cruz y que ha litigado 48 juicios defendiendo a los agricultores de valle de Tambo, Hector Herrera, también está siendo criminalizado. Hace dos meses le llegó una notificación de una acusación fiscal de más de dos mil folios, en la que lo señalan de ser el brazo legal de una organización criminal. En octubre de 2022, el periodista Marco Sifuentes reveló el reglaje político que hacían las fuerzas armadas a varios políticos y personas, entre ellas figuraba el abogado Herrera.

Desde el 2015, la empresa minera y su gremio, sus aliados mediáticos, y gobiernos de turno, excepto durante el periodo de Castillo, impulsaron una ofensiva criminalizadora para descabezar la organización y dirigencia del valle de Tambo, y lograr imponer el proyecto Tía María. Lograron hacer desaparecer el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, a través de una denuncia de que se trataba supuestamente de una red criminal, que la Fiscalía acogió, pero al final no pudo demostrar. Sin embargo, lograron infundir el temor en la población para que dejara de organizarse y ejerciera algún protagonismo en la protesta. En los últimos años, la figura que adoptó el pueblo del valle, para evitar la criminalización de la lucha, ha sido nombrar voceros y voceras del valle, un cometido que no ha logrado cumplir, ya que la persecución judicial ha continuado.

Durante la asamblea, en la que muchos prefirieron el anonimato producto del temor que infunde haber sido involucrados en procesos penales y pocos alzaron su voz y se identificaron, los habitantes coincidieron con Marilú Marroquín en manifestarse por continuar la lucha y expresaron que no tenían miedo en seguir luchando a pesar de todo lo vivido y lo que sigue pasando. El papel de las mujeres ha sido clave en las anteriores jornadas de protesta. Varias se sumaron a las comisiones para organizar las asambleas en los distritos pendientes.

En contraste con los criminalizados en la lucha por el valle de Tambo, solo un miembro de la policía ha sido sentenciado por abuso de autoridad, sin pena efectiva ni pago de reparación civil. El uniformado debió enfrentar la justicia, por haber participado en un montaje que sufrió el agricultor Antonio Coasaca el 2015, a quien la policía forzó a sostener clavos en la mano para detener y acusar por disturbios. Ese año, durante las protestas, la policía detuvo a 105 personas del valle.

La medida de lucha y el proceso organizativo
Tras la intervención de otros representantes de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra y Mollendo, la asamblea acordó por mano alzada realizar una jornada de lucha el 19 de julio junto con las organizaciones populares de Arequipa para rechazar la imposición del proyecto minero Tía María.

Acordaron fortalecer la organización distrito por distrito, por lo que el 14 de este mes habrá una asamblea en Punta de Bombón y posteriormente en Dean Valdivia y Mollendo. Para enfrentar la continua criminalización de dirigentes, la asamblea es la que decide y se organiza a través de comisiones y delegados.

Otro de los acuerdos fue enviar un comunicado formal al gobernador regional, Rohel Sánchez, para que rectifique su posición de apoyo al proyecto minero, tal como señaló en campaña cuando visitó el valle de Tambo. También enviarán comunicados a los alcaldes para que se pronuncien a favor de la agricultura contra el proyecto minero en mención.

Plantón a las afueras de evento prominero en Ilo, Moquegua.
En la misma asamblea, también se acordó realizar un plantón en los exteriores de la cumbre minera en Ilo-Moquegua, evento organizado por la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el 6 y 7 de junio, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez. El presidente de Southern también estaba anunciado en el programa, pero no llegó a la cumbre minera.

De esta forma, los agricultores, comerciantes y ciudadanos en general del valle de Tambo van fortaleciendo su organización, que se encontraba debilitada, y cumpliendo sus acuerdos de cara a la medida de lucha del 19 de julio. (Con información de Red Muqui)

Paul E. Maquet
26/06/2024
Fuente: Perú21
La madrugada del viernes 28 de junio tuvo lugar un sismo de 7 grados de magnitud, en Caravelí, Arequipa, al sur del Perú. El movimiento telúrico dejó al menos seis personas heridas, entre ellas tres niños, así como derrumbes de viviendas y de carreteras.

Las imágenes de los derrumbes, que han bloqueado las vías de comunicación en varios puntos en la Panamericana y la carretera a Chivay, entre otros, muestran toda la energía que puede liberar este tipo de eventos. Cabe recordar que nuestro país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y es frecuente la ocurrencia de sismos. De hecho, el mapa de acoplamiento sísmico muestra la energía que se viene acumulando en distintas zonas de la costa, y en especial frente a la región de Lima, que no es epicentro de un terremoto de gran magnitud desde la década de los 70.

Fuente: Gladys Pereyra

Es imposible ver las imágenes de los derrumbes en Arequipa y no pensar en el enorme riesgo latente en Lima, no solo por la precaria infraestructura urbana y las construcciones deterioradas e informales. Además de ello, la capital del país vive una amenaza permanente, como si tuviera una navaja constantemente tocando su cuello: los relaves y pasivos ambientales acumulados por décadas en la cuenca del río Rímac.

Cuando vemos Tamboraque, que acumula decenas de miles de toneladas de desechos tóxicos en el talud del cerro casi encima del curso del Rímac, o Millotingo, una relavera totalmente expuesta, uno se pregunta qué ocurriría (o qué ocurrirá) si un sismo de gran magnitud ocasiona en esas zonas derrumbes como los de Arequipa. No es una posibilidad lejana que alguna de esas bombas de tiempo colapse, contaminando con metales tóxicos las fuentes de agua de las que dependemos más de 10 millones de personas.

Peor aún, el Gobierno actual y la empresa Southern Peaks insisen en construir un nuevo proyecto minero que depositaría sus relaves en medio del sistema de lagunas de Marcapomacocha, que es el que abastece de agua a nuestra ciudad.

Existen 375 pasivos mineros registrados a lo largo de la cuenca del Rímac, un riesgo que nos puede explotar en la cara en cualquier momento. Es urgente actuar ya para remediar estos pasivos y trasladar y encapsular los relaves que amenazan nuestras fuentes de agua, antes de que sea demasiado tarde. El sismo que viene, no nos avisará cuándo llegará.

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30/05/2024
El miércoles 29 de mayo tuvo lugar en Zug (Suiza) la Asamblea Anual de Accionistas de la empresa minera Glencore, uno de los mayores productores mundiales de cobre, zinc, cobalto, entre otros minerales. En ese marco, ciudadanos de distintos países se han unido para denunciar el legado tóxico de esta empresa mediante acciones de protesta que se desarrollaron en Lima, Cerro de Pasco, Bogotá, Londres, Frankfurt, Berlín, Munich, Washington DC, así como en la propia ciudad de Zug, sede de la empresa.

Esta polémica empresa tiene acusaciones de malas prácticas, corrupción, contaminación y otras vulneraciones a los derechos de las comunidades en sus diversas operaciones en el mundo, en países como Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Colombia, Argentina, Canadá y Australia, entre otros.

En el Perú, la empresa es titular de la unidad minera Antapaccay, ubicada en Espinar (Cusco), con múltiples cuestionamientos por la contaminación con metales tóxicos que viene afectando a la población, lo que ha sido demostrado por recientes informes de la autoridad ambiental que concluyen que dicha contaminación se origina en las operaciones de la unidad minera. Así mismo, entre 2017 y 2024 Glencore ha sido accionista mayoritaria de Volcan, una empresa cuestionada por sus impactos ambientales en la región de Pasco. También es accionista de Antamina, proyecto ubicado en Áncash, y que viene afectando gravemente al medio ambiente y la salud de la población.

Es así que en nuestro país organizaciones también se sumaron a esta jornada internacional, con un plantón llevado a cabo frente a las oficinas de la empresa Glencore Antapaccay ubicadas en el distrito de Surco, y con un plantón desarrollado en la ciudad de Cerro de Pasco, así como con un tuitazo. Así mismo, la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMETEC) y ciudadanos afectados de Pasco emitieron un pronunciamiento en el que demandan acciones concretas de manera urgente para solucionar el grave daño ambiental generado por la empresa en sus localidades, así como reparaciones para las personas afectadas.

Cabe indicar que, en el marco de las estrategias de presión internacional sobre la empresa, organizaciones de solidaridad con los afectados lograron tomar la palabra durante la Asamblea de Accionistas y hacer preguntas. Sobre el caso peruano, el Perú Support Group, grupo de solidaridad basado en Reino Unido, pudo hacer preguntas específicas sobre los casos de Espinar y Pasco, sobre las evidencias de impactos ambientales y contaminación con metales tóxicos y sobre el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe añadir que las acciones de protesta a nivel internacional han sido convocadas por numerosas organizaciones, entre ellas la red internacional Sunrise Project; la London Mining Network, el Perú Support Group y la campaña Resist Glencore de Reino Unido; la iniciativa Free Bruno de Alemania; la Asamblea El Algarrobo de Argentina; la Plataforma La Guajira le habla al país, de Colombia; a las que se han sumado desde el Perú la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, CooperAcción, Red Muqui y Derechos Humanos Sin Fronteras.

Glencore tóxico: en diversas ciudades del mundo se realizan protestas ante asamblea de accionistas de la empresa minera

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Alerta informativa 31/05/2024

El día jueves 30 de mayo, la represión policial contra miembros de dos comunidades del entorno de la empresa MMG Las Bambas dejó como saldo varios heridos y causó la indignación de la población. Se trata de dos conflictos diferentes en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac: por un lado, el caso de Huancuire, donde se denuncia la afectación a las fuentes de agua por las operaciones de la mina; y, por otro, el de la comunidad de Pumamarca, donde comuneros reclaman la recuperación de terrenos vendidos a la empresa en 2011 en una transacción que consideran injusta. En ambos casos, el común denominador ha sido el excesivo uso de la fuerza policial.

Huancuire

Según relataron a este Observatorio fuentes de la comunidad de Huancuire, el día miércoles 29 una comitiva de entre 50 y 80 personas ingresó a la zona donde se ubican los trabajos del tajo Chalcobamba, el segundo de los tajos del proyecto Las Bambas. En la delegación se encontraban los miembros de la junta directiva de la comunidad así como decenas de comuneros, acompañados de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

La comitiva buscaba constatar la situación de las fuentes de agua, debido a que los comuneros denuncian escasez de agua en su territorio y desaparición de manantiales. “Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca”, denunció la fuente consultada por el OCM. “Anteayer hemos entrado al tajo donde están trabajando, para constatar los ojos de agua, y el agua está de color azulino”, detalló. Al ver esa extraña coloración del agua, la delegación decidió permanecer en el lugar, de manera pacífica, hasta que autoridades o funcionarios de la empresa se apersonen a darles una explicación. Así, pasaron las horas hasta que se hizo de noche.

Imagen compartida por la periodista Jacqueline Fowks

Sin embargo, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 30 de mayo inició la represión policial con bombas lacrimógenas para desalojar a los comuneros. Producto de dicho desalojo, al menos una mujer ha resultado herida por impacto de una bomba lacrimógena, según la información obtenida por el OCM.

Pumamarca

En el caso de Pumamarca, el conflicto tiene que ver con un área de terrenos que fue vendido por la comunidad a la empresa MMG Las Bambas entre el 2011 y 2012, en una transacción que comuneros consideran fue injusta y asimétrica.

“Nosotros estamos viviendo en nuestro territorio hace miles de años, antes de que exista el Estado peruano”, explicó al OCM el exdirigente comunal Melchor Vargas. “El 2011 vinieron a estafarnos con el cuento de que iba a haber empleo y desarrollo, vinieron con esa propuesta de comprarnos terrenos y nos han valorizado a 20 céntimos el metro cuadrado. Por eso el 2020 nosotros hemos dicho que nos devuelvan esos terrenos para usufructuarlos para nuestra agricultura y pastoreo”, explicó.

Es así que desde el 2020 se encontraba en la zona denominada Sallawi un campamento con decenas de carpas y cabañas en las cuales un grupo de unos 30 o 40 comuneros se había asentado y realizaba sus actividades, entre ellas agricultura y ganadería.

Hasta ayer 30 de mayo cuando, también de madrugada, la Policía ingresó a realizar un desalojo sorpresivo, según indicó Vargas. “Nos han sorprendido a las 4 de la madrugada, entraron a destruir nuestras cabañas, nuestras carpas, y ha empezado un enfrentamiento”, relató. Producto de este enfrentamiento hay al menos ocho personas heridas. No se reporta ninguna persona detenida.

Vargas señala que nunca se les notificó de ninguna orden de desalojo. “Legalmente debieron notificarnos, pero nunca se nos notificó”, explica.

“Queremos diálogo, no queremos más enfrentamientos ni muertes”, demandó.

Cabe indicar que la comunidad de Pumamarca vendió parte de sus tierras a la empresa MMG Las Bambas en abril del 2011. En esta negociación, llevada a cabo de manera muy asimétrica, el gran ausente fue el Estado, que no cumplió con un rol activo de acompañamiento a la comunidad ni como garante de derechos. No obstante, luego la comunidad planteo una renegociación de precios y formalización de compromisos, pedido sobre el cual la empresa no estaba de acuerdo. En el marco de ello se creó una mesa de diálogo, con la participación de la Defensoría del Pueblo, pero sin llegar a acuerdos a la fecha.

Además, acorde a lo afirmado por fuentes consultadas, en la zona que se señala como vendida, parte de la comunidad vendría desarrollando minería informal. “Eso es lo que nos calumnian, pero no es así. Nosotros somos mineros artesanales desde nuestros ancestros, no somos ilegales”, afirmó un comunero consultado por el OCM.

Por otro lado, según los estatutos vigentes de la comunidad de Pumamarca, en su artículo 82, esta área de Sallawi se considera “intangible y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, etc., en proporciones iguales para cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso”.

En tanto, la empresa señala ser la titular de la tierra por la compra/venta y busca tomar el control de la misma, y en el marco de ello solicitó la presencia de la PNP para el desalojo.

Hasta el cierre de esta nota sigue la tensión en la zona y podrían ocurrir nuevos enfrentamientos, pues pese a que varias de las carpas han sido quemadas, los comuneros siguen resistiendo con su presencia en el área.

Al respecto, el director de CooperAcción, Abel Gilvonio, hizo un llamado a que las autoridades actúen respetando los derechos de las comunidades y eviten el uso desproporcionado de la fuerza policial. Así mismo, señaló que los canales institucionales, tales como la Defensoría del Pueblo y el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, deberían tomar cartas en el asunto para que se retomen los canales de diálogo y se encuentren soluciones que respondan a las legítimas demandas de las comunidades.

La medida de lucha se realizaría junto a miembros de las juntas de usuarios de Tacna y Moquegua.
DIARIO VIRAL 23/05/2024
redaccion@diarioviral.pe

Nuevamente se revive el conflicto entre los pobladores del valle de Tambo y la empresa minera Southern Copper Corporation tras las declaraciones del vicepresidente de finanzas de la compañía, Raúl Jacob Ruisánchez que afirmaba empezaría la construcción del proyecto Tía María este año o en el 2025.
El vocero del Frente de Defensa del valle de Tambo, Mario Chiparo Roque, advirtió que si Southern continúa con estas provocaciones la población se levantaría y empezarían a protestar en contra del proyecto minero junto a miembros de las juntas de usuarios de Tacna y Moquegua, con quienes se reunieron con anterioridad.

“Cada vez que Jacob Ruisánchez se pronuncia la gente sale a protestar. Es evidente que estan desesperados porque saben que si este Gobierno se cae ya no van a poder sacar adelante el proyecto y lo peor es que nos toman de ignorantes” señaló el dirigente Chiparo Roque.

Chiparo Roque detalló su molestia con la gestión del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, quien no duda en mostrar su posición a favor de destrabar Tía María. También, señaló estar enojado con las declaraciones contradictorias del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, con respecto a la ejecución del proyecto minero.

Además, indicó que la empresa Southern no apoya a la economía local debido a que solo contrata a gente del exterior que no tiene la secundaria completa y esto se ve reflejado en los más del 96 % de los habitantes de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón quienes están en contra del proyecto minero, según una encuesta realizada por tres emisoras del valle de Tambo.

Cabe destacar que la compañía minera requiere de una licencia social para ejecutar el proyecto que contempla una inversión de 1400 millones de dólares. Sin embargo, este proceso podría prolongarse considerablemente debido a la oposición de los agricultores, quienes temen que la empresa Southern contamine sus cultivos y los recursos hídricos.
https://diarioviral.pe/provincias/pobladores-del-valle-de-tambo-advierten-protestas-ante-provocaciones-de-southern–25411

Ayala Huamán

El pliego de demandas exige la cancelación de las Concesiones Mineras en toda la región de Ayacucho, así como la paralización de todos los trámites mineros.
El paro regional antiminero, se viene desarrollando en la región de Ayacucho durante los días 21, 22 y 23 de mayo, ocasionando a la sorpresa de la población, por lo que la ciudadanía dice desconocer los motivos del paro, así como sus principales demandas y el desencadenante para esta jornada de protestas.

¿Qué originó del paro?
El paro anti minero de 72 horas, tiene como antecedente, el intento de diálogo de las comunidades de Vilcas Huamán con las autoridades nacionales y regionales; exactamente en los días 12 y 25 abril se dieron cita, donde las autoridades competentes desconocieron la problemática y se negaron a brindar alguna solución.

Tras esta situación, los frentes de defensa de las comunidades de la provincia de Vilcas Huamán unidos con el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) acordaron convocar este paro de manera pacífica y con todas las garantías a la propiedad privada, tales como los negocios y el transporte interprovincial.

¿Cuáles son sus demandas?
El pliego de demandas exige la cancelación de las Concesiones Mineras en toda la región de Ayacucho, así como la paralización de todos los trámites mineros que comprometan los territorios de las comunidades campesinas de la provincia de Vilcas Huamán y la región de Ayacucho.

El segundo reclamo es el derecho comunal sobre el suelo y subsuelo, que como dice el Fredepa pretende, “terminar con la herencia colonial del régimen de propiedad de la tierra” así se pretende lograr el reconocimiento pleno del derecho comunal de propiedad del suelo y subsuelo de los territorios de comunidades campesinas y nativas.

El tercer pedido es la conservación de recursos hídricos, por lo que exigen la declaración de intangibilidad a las cuencas hidrográficas, donde se ubican ojos de agua, nacientes de ríos, puquiales, lagos, lagunas y bofedales que estén bajo el derecho de las comunidades y pueblos originarios en toda la región Ayacucho.

El cuarto pedido es el aumento en el presupuesto para el desarrollo de sistemas de irrigación en todo el territorio productivo, así como asegurar el suministro de guano de isla, además de recursos para la forestación de toda la cadena de cerros de la provincia de Vilcas Huamán y la región Ayacucho con variedades de árboles nativos y protegidos.

Otro pedido es la conservación de restos arqueológicos, para ello se pide mayor presupuesto para la conservación y puesta en valor de los restos arqueológicos que se encuentran en la provincia de Vilcas Huamán y la región Ayacucho.

Se exige también el mejoramiento de vías de comunicación; así exigen la ampliación y pavimentación de las carreteras que conectan a las comunidades con las capitales de la provincia y distritos, incluyendo tramos críticos como Sayacc Mayo (Vischongo), Mayocc-Izcuchaca-Huanta y la carretera Libertadores Wari.

El pliego de pedidos incluye la exigencia de creación del Centro de Innovación Tecnológico y Parque Agroindustrial, en la región Ayacucho con participación de las comunidades campesinas a fin de abrir paso a la industrialización del agro y mejoramiento de la producción regional.

Otra demanda del pueblo de Vilcas Huamán, es el desarrollo del plan de instalación del sistema de gas domiciliario y desarrollo de la industria petroquímica para frenar el alza de costo de vida; así como el uso de energía renovable para la industria.

Entre otras demandas, se exige la interpelación del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho por presuntamente desconocer la actividad minera en Vilcas Huamán en una reunión del 12 de abril, así como no asistir a la mesa de trabajo convocada para el día 25 de abril en la provincia de Vilcas Huamán.

Se exige además la renuncia del director Regional de Energía y Minas, Sabino Plinio Estrada Muñoz por lo querer suscribir con formalidad el acta de la mesa de Trabajo de la Provincia de Vilcas Huamán el día 25 de abril.

Estos son los principales reclamos del paro regional antiminero proagrario, por lo que los dirigentes mencionaron estar dispuestos al diálogo con las autoridades; así mismo el presidente del Fredepa, John Lapa Oré señaló que habría posibilidad de una tregua al paro en este segundo día de marcha si hay voluntad política de las autoridades para dar solución a sus demandas.

Demandas del paro proagrario antiminero de 72 horas en Ayacucho: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122141464166125911&set=a.122106471962125911&locale=es_LA

¿Qué reclaman en el paro antiminero de 72 horas?

José De Echave
16/05/2024
La noticia está en todos los medios: “El Perú venció a minera Cerro Verde en litigio”; “CIADI falló a favor del Perú en arbitraje con Cerro Verde”. Casos como este llevan a reflexionar sobre el comportamiento de las empresas en relación con sus deudas tributarias y todos los mecanismos a los que recurren para no pagar lo que deberían de pagar o dilatarlas.

Vamos por partes: ¿cuál es el origen de la disputa arbitral de Cerro Verde con nuestra autoridad tributaria? Si bien la disputa se hizo pública el año 2018, lo cierto es que el reclamo de la SUNAT corresponde al concepto de regalías no pagadas por Cerro Verde en el período 2006 y 2011.

¿Qué argumentaba Cerro Verde para no pagar sus obligaciones? La empresa señalaba que contaba con un contrato de estabilidad tributaria y, por lo tanto, no le correspondía pagar regalías y el impuesto especial a la minería. Cabe señalar que, antes de esta resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), la empresa había perdido en todas las instancias nacionales e incluso, entre el 2008 y 2019, el Tribunal Fiscal rechazó sus reclamos y la solicitud de no pagar multas e intereses.

¿Cuál fue la posición de la SUNAT? Que el contrato de estabilidad solo involucraba a la planta de lixiviación y no a una nueva planta concentradora que fue construida entre 2004 y 2006. Luego del pronunciamiento del Tribunal Fiscal, la SUNAT, con el respaldo de los fallos administrativos favorables, comenzó a exigir los pagos pendientes. Es en estas circunstancias que la empresa se vio obligada a hacer los pagos, pero bajo la modalidad de protesto, mecanismo que le permite seguir litigando la deuda y, en caso tengan un fallo favorable, pueden recuperar el monto pagado.

Pero en paralelo a todas estas acciones, la empresa minera, a través de su socio mayoritario, Freeport McMoran Inc., anunció el 16 de marzo de 2020 el inicio de un arbitraje contra el Estado peruano, bajo el amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Luego de varios años de litigio ̶ lo que ha representado un costo importante para el Estado peruano ̶ finalmente se ha conocido el fallo que le da la razón a la posición de nuestras autoridades tributarias peruanas. ¿Lecciones? Casos como el de Cerro Verde muestran las diferentes estrategias empresariales que buscan postergar sus obligaciones tributarias, todos los mecanismos que utilizan, incluso los internacionales, y el hecho de que sigue existiendo una larga lista de grandes deudores tributarios que optan por mantener largos litigios en la SUNAT, en el Poder Judicial y hasta en instancias internacionales.

El Grupo de Justicia Fiscal ha propuesto algunas pistas para acabar con los largos litigios tributarios: identificar la ruta crítica en la cadena de reclamos e impugnaciones en las sedes administrativas y judiciales; fortalecer la capacidad de la SUNAT y el Tribunal Fiscal; y definir responsabilidades en los representantes legales de las grandes empresas de los grandes deudores que buscan dilatar los proceso.

Saquemos lecciones de casos como el de Cerro Verde.

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29/04/2024
El día 25 de abril se informó de la aprobación de una serie de cambios a la normativa ambiental minera. Estas modificaciones aceleran aún más la certificación ambiental y debilitan la necesaria rigurosidad de los procesos de aprobación de las autorizaciones que requiere el sector minero.

Según se informó en prensa, el Ejecutivo ha decidido aprobar la Resolución Ministerial N° 091-2024-MINAM para modificar el reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma fue pre publicada en marzo y, vencido el plazo para recibir opiniones, fue aprobada.

Varios de los cambios tienen que ver con la “aceleración” de los procesos. Se define que existe un plazo máximo de 5 días para que, una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la empresa, el órgano responsable de revisarlo determine si los documentos presentados cumplen con los requisitos necesarios para continuar con el proceso.

Pero según ha anunciado el MINAM, se vienen más cambios.

Este mes, el Minam emitió la Resolución Ministerial (RM) Nº 126-2024-MINAM, a fin de modificar la Ley 30230 (el “paquetazo antiambiental” del 2013) en lo vinculado a la “solicitud de opiniones para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental”. La propuesta plantea cambios para “agilizar” los plazos de los permisos para dar luz verde a los proyectos. La norma ha sido prepublicada para recibir comentarios, y el plazo para ello venció el 26 de abril, con lo que se puede esperar su próxima aprobación.

La norma también busca una aprobación automática de títulos habilitantes relacionados al Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM: autorizaciones de uso de agua, vertimiento, reúso, tratamiento y disposición de aguas residuales, desbosque, extracción de materiales acarreo y derecho de uso de área acuática, estudio de riesgo y plan de contingencia.

Otra norma en cuestión es la RM 125-2024-MINEM/DM, que busca permitir que los titulares de una mina puedan elevar hasta en 10% su producción autorizada diaria sin pagar un derecho de vigencia adicional. Actualmente, el límite es de 5%.

Por otro lado, la Resolución Ministerial N° 484-2023-MINEM/DM pretende crear un nuevo instrumento para la gestión de Planes Ambientales Detallados (PAD), con el objetivo de que las empresas tengan una herramienta más flexible para gestionar sus planes ambientales.

Cabe indicar que desde hace más de 10 años, una y otra vez se han dado normas y modificaciones para “acelerar” los trámites relacionados a las autorizaciones ambientales de los sectores extractivos, con el argumento de que eso permitirá atraer más inversiones. “Pero luego de todos estos paquetazos nunca se ha podido demostrar con cifras concretas que estas normas hayan hecho crecer la inversión. Los hechos muestran que los flujos de inversión están más asociados a los cambios en las cotizaciones de los minerales que a la normativa ambiental”, opinó Paul E. Maquet, coordinador del Programa Nacional de CooperAcción. “Lo que esta flexibilización hace, en el fondo, es debilitar la autoridad ambiental, pues se quiere siempre acelerar los procesos sin aumentar el presupuesto para una mayor plana técnica y científica por parte de las autoridades ambientales, lo que redunda en permisos aprobados a la apurada, sin la rigurosidad que se requiere para garantizar que los proyectos extractivos no afecten negativamente el ambiente y los derechos de las comunidades”, añadió.

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